El Rol Clave de las Estadísticas

El sistema estadístico nacional ha sido menospreciado desde siempre: mientras menos accesibles y más opacas sean las estadísticas, mejor les va a quienes medran ilegítimamente de erario público

 La pandemia ha puesto en evidencia cuán importante es contar con estadísticas confiables y oportunas para tomar decisiones, no solo (evidentemente) en el campo de la salud para decidir las medidas de política pública necesarias para enfrentar la crisis, sino también en el campo de las cifras demográficas, de facturación de negocios, de ingresos de las familias, de empleo o de pobreza necesarias para tomar decisiones empresariales y de política económica. Sin estadísticas confiables, vivimos en un mundo donde el gobierno da palos de ciego en sus políticas económicas y sociales; donde los inversionistas desperdician su dinero sin saber dónde enfocarse; y, donde los ciudadanos divagan sin saber por qué ni por cuánto reclamarles a sus dirigentes políticos.

 Por desgracia, el sistema estadístico nacional ha sido menospreciado desde siempre, sin que los líderes gubernamentales, empresariales y académicos logren valorar el rol clave de las estadísticas para el buen funcionamiento de la política, la economía y la sociedad. Incluso pareciera que a muchos, que medran del desorden en el aparato estatal, no les conviene que existan datos confiables que revelen cuántos empleados públicos hay y dónde están sus plazas, o dónde están las familias más pobres que deben recibir su transferencia dineraria, o cómo se relacionan las cifras de empleo con las tributarias, o cómo se cruzan los datos demográficos con los del padrón electoral, o  cuáles son y dónde están las empresas que más venden al gobierno. Mientras menos accesibles y más opacas sean las estadísticas, mejor les va a quienes medran ilegítimamente de erario público y peor les va a quienes -desde el ámbito público y el privado- quieren hacer las cosas correctamente.

 Por ello, la reforma del sistema estadístico nacional (que implica necesariamente fortalecer el Instituto Nacional de Estadística -INE-) debiera ser una prioridad. La fortaleza de las oficinas nacionales de estadística descansa en dos pilares: la calidad técnica de la información que producen y su habilidad para resistirse a las presiones políticas a las que están expuestas. Por ejemplo, las cifras del empleo o de la actividad económica pueden manipularse para desviar las decisiones de endeudamiento e inversión y las cifras de inflación pueden manipularse para encubrir los problemas económicos, por lo que los políticos a veces se ven tentados a manipular los datos. El trabajo de la oficina de estadísticas es resistirse a esas presiones políticas y mantener los números honestos y creíbles.

 Para tal efecto es imprescindible, por un lado, que el INE tenga un presupuesto adecuado y una estructura de gobierno corporativo moderna y robusta y, por otro, que sus autoridades y técnicos puedan trabajar sin obstáculos ni presiones políticas a fin de que sus estadísticas gocen de calidad y credibilidad. Actualmente, aunque su gerente es un técnico reconocido y respetado, el INE tiene un presupuesto miserable y un gobierno corporativo débil y propenso a la politización, lo cual menoscaba la calidad y credibilidad de las estadísticas que produce. Para que es institución pueda rescatar su credibilidad es necesario goce del respaldo -político y financiero- que le permita adoptar las mejores prácticas en materia de recopilación y difusión de estadísticas, así como de la autonomía operativa y financiera necesaria para respaldar su trabajo. Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a sus autoridades y adquirir el mandato de adoptar estándares internacionales en materia estadística. Existe al menos una iniciativa de ley en el Congreso que apunta a reformar la Ley Orgánica del INE en ese sentido. Ojalá pudiera discutirse y aprobarse con la prontitud que las circunstancias demandan.

Darle Sentido al Censo

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes.

Aunque con un atraso significativo (seis años después de lo que la ley mandaba y un año después de finalizada la etapa censal), el acto de presentación de los resultados del censo de población (en el escenario del Teatro Nacional) resultó prematuro: las cifras –según admiten as propias autoridades- son aún preliminares y están sujetas a ajustes. En los censos anteriores nunca hubo un acto público de presentación de datos preliminares, sino que los resultados se publicaron hasta que ya estaban técnicamente conciliados. El reconocimiento de que las cifras sean preliminares solo contribuido a que surjan abundantes suspicacias respecto de los datos publicados, por varias razones.

El dato de 14.9 millones de habitantes resultó ser bastante más bajo que el de las proyecciones que publicaban los organismos internacionales y el propio INE, que rondaban los 16.6 millones para 2018, y resulta muchísimo más bajo que el dato de 19.7 millones de guatemaltecos registrados en el Renap ese año. En el nuevo censo, la tasa de crecimiento anual de la población se ubica en 1.8% anual, que no solo es la más baja de toda la historia de los censos, sino que es significativamente más baja con la tasa de crecimiento poblacional que el propio INE aún publica y que en los últimos años superaba el 2.5% anual.

Estas diferencias son muy significativas, y pueden ser atribuidas a diversas causas: 1) una alta omisión censal; es decir, que el censo dejó de contabilizar a un número importante de habitantes –error que ha sido habitual en los censos anteriores-; 2) un aumento de las emigraciones –que ocasionaría que el número de guatemaltecos aumentase más en el exterior que dentro de nuestras fronteras-; 3) una reducción de las tasas de fecundidad y natalidad –lo cual que es normal en toda transición demográfica-; y, 4) un aumento de la tasa de mortalidad –algo muy poco probable-.

Por su parte, las discrepancias con las cifras del Renap podrían deberse a que los sistemas de esta entidad son tan precarios que no son capaces de registrar los decesos ni, mucho menos, las emigraciones (cabe comentar que en la mayoría de países desarrollados ya no se realizan censos para medir el tamaño de la población, sino que este se determina mediante diversos sistemas de información centrados en  un padrón continuo, de gestión informatizada, más barato y certero que cualquier censo).

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes que permitan desvanecer las dudas y suspicacias que se han generado con la prematura publicación de los datos, indicando cuáles de las causas aquí identificadas (u otras) explican las diferencias entre las cifras nuevas y las que se habían estado manejando los últimos años. En ello se juega su credibilidad.

El Retraso del Censo

Las leyes ordenan ciertas acciones o medidas específicas, pero nadie las cumple ni las hace cumplir

La semana anterior anunciaron las autoridades que, finalmente, pronto se publicarán los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, un largo año después de concluido el trabajo de campo (etapa censal). Pero este retraso –justificado con el argumento oficial de que no convenía publicar cifras de población en medio del proceso electoral, para no correr el riesgo de politizar el censo- no es lo más preocupante. Lo verdaderamente grave es que el último censo, anterior a este, data de 2002 (hace dieciocho años), cuando la propia Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas dispone explícitamente (en su artículo 28) que los censos de población y de vivienda deben realizarse, como mínimo, cada diez años. Desde 1940 que no se tenía tal nivel de retraso en la realización de un censo.

La referida (e incumplida) disposición legal de censar la población cada diez años no es una ocurrencia de los legisladores, sino que es una buena práctica que ha sido ampliamente recomendada e impulsada a nivel internacional. En efecto, tomando en cuenta el carácter crucial que la información demográfica tiene para la efectividad de las políticas públicas, la ONU indica que los censos deben levantarse a intervalos regulares, a fin de disponer de información comparable en una secuencia fija, recomendando que se levante un censo nacional por lo menos cada diez años, aunque en algunos casos señala que es necesario levantar censos con más frecuencia, por la rapidez con que se producen cambios importantes en la población y en las condiciones habitacionales.

Este incumplimiento de plazos del censo pone de manifiesto, una vez más, uno de los problemas recurrentes en la gestión gubernamental en Guatemala: las leyes ordenan ciertas acciones o medidas específicas, pero nadie las cumple ni las hace cumplir (los ejemplos de disposiciones legales que se incumplen son abundantes en la Ley Orgánica del Presupuesto, la ley de compras, la de los consejos de desarrollo, etcétera). En el caso del censo, es al propio INE a quien más le compete y conviene velar porque su ley se cumpla, aunque puede ser que su debilidad institucional dé una excusa a sus autoridades para aducir que no tienen el presupuesto ni gozan del apoyo gubernamental necesarios para cumplir con su mandato. Sin embargo, el INE –que hasta ahora se ha librado de ser acusado por incumplimiento de deberes- podría al menos emitir un reglamento específico para la realización de censos, en el que se establezcan todos los pasos preparatorios para que cada diez años se haga uno y para que se le insista al Ejecutivo que presupueste los recursos financieros correspondientes.

También el Congreso de la República tiene mucho que hacer en este campo, en cumplimiento de su obligación de fiscalizar al gobierno y de velar porque las leyes emitidas por ese organismo tengan el debido cumplimiento. El Congreso debería haber citado –hace más de un lustro- a las autoridades del INE para exigirles cumplir con los plazos del censo. Además, el Congreso tiene en sus manos al menos un buen proyecto de reforma legal para fortalecer las capacidades del INE y debería darle la necesaria consideración. Las estadísticas demográficas y habitacionales son demasiado importantes como para que nadie en el Estado les ponga la atención que se merecen.

Hagamos grande a Centroamérica otra vez

“Si usted viviera allí”, le sugieren Shultz y Aspe a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”

George Shultz fue secretario de Trabajo y del Tesoro (finanzas públicas) de Richard Nixon, así como secretario de Estado (relaciones exteriores) de Ronald Reagan. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas De Gortari. Ninguno de los dos, evidentemente, es un enemigo de la libre empresa ni del sistema capitalista. La semana pasada publicaron en el Wall Street Journal un artículo que titularon “Make Central America Great Again”, con la presumible intención de hacerlo llamativo para los funcionarios de la administración Trump.

Shultz y Aspe sostienen en su artículo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Trump para detener el flujo de migrantes ilegales del Triángulo Norte es invertir para mejorar esos países. Y es que los flujos de migrantes ilegales ocurren porque estos buscan en los Estados Unidos las oportunidades económicas y la seguridad personal que no encuentran en sus lugares de origen debido a la baja calidad de las instituciones de gobierno, a la violencia, a la falta de empleo y a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. “Si usted viviera allí”, le sugieren a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”.

Los países ricos necesitan de un flujo continuo -pero ordenado- de migrantes para renovar sus envejecidas poblaciones y dar sostenibilidad a sus economías. Pero en la realidad (como ocurre con los migrantes centroamericanos) esos flujos se dan por oleadas atropelladas que causan agobio y malestar en muchas sociedades industrializadas. Lo que es más grave es que esas oleadas vendrán en el futuro de países más grandes, y con más pobreza, que los del Triángulos Norte, tal el caso de Nigeria, Congo, India o Paquistán. Por ello el llamado a la acción es a los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, para que, si quieren evitar las consecuencias de estas oleadas, contribuyan a cambiar la situación en los países emisores de migrantes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Y lo anterior solo se logra mejorando la calidad de sus gobiernos, fortaleciendo sus instituciones y aumentando su capacidad de proveer los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad y justicia). Entre las herramientas con las que, para el efecto, cuenta el gobierno estadounidense para contribuir al desarrollo de Centroamérica está su presupuesto de ayuda externa, su propia experticia y su músculo en organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo- para impulsar un programa profundo de fortalecimiento de capacidades en nuestra Región.

Por desgracia, ni el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Obama, ni el “Plan Marshall” del gobierno de López Obrador, ni -mucho menos- las políticas de construcción de muros y de separación de familias migrantes del gobierno de Trump se enfocan en atender los problemas de fondo del Triángulo Norte. Más bien parece que buscaran atender la conveniencia política y no soluciones de largo plazo, las cuales, aunque más difíciles de aplicar, resultan a la larga más efectivas. Ojalá los funcionarios del gobierno estadounidense pongan la debida atención a los consejos de Shultz y Aspe, por el bien de su propio país… y del nuestro.

¿Qué Buscan los Emigrantes?

Detrás de las migraciones de centroamericanos hay un problema esencialmente económico; y, detrás de este, la fallida institucionalidad de unos Estados incapaces de generar un ambiente propicio para la actividad económica, la inversión y el empleo

El continuo éxodo de centroamericanos, amplificado por la marcha de miles de catrachos que comenzó hace unos días, recorre como un escalofrío la espina dorsal de la Sierra Madre, desde Honduras hasta Arizona, afectando la vida política de la región -incluyendo las elecciones legislativas en los Estados Unidos- y poniendo en entredicho sus políticas públicas -incluyendo el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-. Independientemente de si la marcha de los emigrantes hondureños fue provocada por intereses políticos o si, por el contrario, fue espontánea, el hecho es que esta no podría haber sucedido sin el factor de desesperación que induce a los refugiados económicos a huir en busca de mejorar su nivel de vida.

Está demostrado que los ingresos económicos que una persona puede generar dependen grandemente del lugar donde vive. Una persona de clase media en los Estados Unidos es mucho más rica que un clasemediero centroamericano y supremamente más que un pobre que no encuentra siquiera oportunidades de obtener un empleo por estos lares. Los habitantes de los países desarrollados ganan más dinero debido, en parte, a que sus mejores niveles de nutrición y de educación los hacen más productivos. Pero la productividad también depende, y crucialmente, de las condiciones del entorno, como lo demuestran los hechos y los datos.

Un estudio del Centre for Global Development mostró que, después del terremoto de Haití en 2010, el ingreso monetario de un grupo de campesinos haitianos que pudo viajar con visas de trabajo a los Estados Unidos se incrementó rápidamente en más de 1,400% respecto del ingreso de quienes se quedaron en la isla. Simplemente el haberse trasladado a un país donde impera la ley, con buena infraestructura y servicios públicos esenciales, con instituciones fuertes, y con mercados funcionales y empresas sofisticadas, hizo que los haitianos se tornaran dramáticamente más productivos. Y lo mismo pasa, seguramente, con los emigrantes centroamericanos que, en cuanto llegan a los Estados Unidos, envían remesas por montos que superan con creces los magros ingresos que generaban cuando vivían acá.

La tragedia humanitaria de la que estamos siendo testigos en tiempo real no puede ser abordada adecuadamente si no se reconocen las causas económicas subyacentes a la desesperada decisión de emigrar. El gobierno estadounidense debe reconocer que mientras las diferencias del entorno sean tan abismales entre su país y el nuestro, no habrá muros ni batallones que detengan a los atribulados emigrantes centroamericanos. Y los gobiernos del Triángulo Norte deben admitir el fracaso estatal en proveer las condiciones básicas que impulsen la productividad de nuestros conciudadanos: imperio de la ley, instituciones eficientes, y servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación básica, nutrición infantil, salud primaria, infraestructura esencial). Hacia estas prioridades debería enfocarse los esfuerzos (los de Estados Unidos y los nuestros) en una verdadera Alianza para la Prosperidad.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

La Generación de los Treintañeros

En momentos de transiciones políticas trascendentales, los relevos generacionales pueden cobrar una importancia crucial. Se vislumbra en Guatemala una nueva generación de líderes capaces de darle rumbo y esperanza al futuro del país.

Guatemala está viviendo una importante transición política –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- que se está tornando lenta y costosa debido no solo a la inútil confrontación entre un bando de radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y otro de reaccionarios (que quieren retornar al status quo imperante antes de 2015) sino que, también, debido a una preocupante ausencia de liderazgos que conduzcan el proceso. ¿Quién puede conducir la transición e impulsar las reformas institucionales que le den sostenibilidad y propósito?

Décadas de conflicto armado interno dejaron un cierto talante autoritario y reacio al diálogo a la generación de los que ahora rondan la edad de setenta años, mientras que infundieron una actitud de desidia y evasión entre quienes estamos alrededor de los cincuenta. Afortunadamente, la generación de los treintañeros que ahora está tomando la estafeta, parece estar encontrando formas más novedosas y efectivas de expresarse e incidir en las esferas del poder.

He tenido el gusto de conocer e interactuar con muchos de estos treintañeros, genuinamente interesados es ser partícipes de la transformación del país. Se trata de una generación más urbana, más educada, más tecnológica y más cosmopolita que sus antecesoras. Una generación que cada vez se parece menos al cauto, discreto y reservado arquetipo del guatemalteco. Muchos de ellos le dieron vida y forma a las manifestaciones de la Plaza en 2015.

Esta generación puede darle rumbo y sentido a la transición que hoy vivimos, pues posee las herramientas y las actitudes necesarias para liderarla: su familiaridad con las tecnologías informáticas, su apertura a nuevas expresiones culturales, su tendencia a trabajar en redes y su búsqueda constante de nuevos conocimientos, experiencias y soluciones, son características que los hacen ser cada vez más ciudadanos del mundo, alejados de los aislacionismos obscuros que impiden el progreso económico y social de los países.

Para la naciente élite de treintañeros, el régimen patrimonialista que saqueó el Estado mediante corrupción y tráfico de influencias es un sistema arcaico que debe cambiarse; por ello está llamada a jugar un rol central en el esfuerzo de darle forma al país que anhelamos. No se trata, claro está, de un grupo homogéneo: existen entre ellos naturales diferencias, rivalidades y ánimos de protagonismo. Pero también tienen entre ellos más aspiraciones e ideas en común que las que tuvieron las generaciones anteriores con sus traumas de guerra y sus desconfianzas viscerales.

Como están bien informados, saben que en el mundo (hoy más accesible que nunca) existen experiencias de cambio exitosas que pueden emularse y, como saben que la corrupción y la debilidad del Estado y sus instituciones les han robado las oportunidades de vivir en una sociedad moderna y próspera, le apuestan decididamente a los beneficios que acarrean las reglas claras, el imperio de la ley y la transparencia. Muchos de ellos ya han tenido ocasión de participar en la función gubernamental y en puestos de elección popular; otros influyen en los tanques de pensamiento existentes o inciden desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas creadas por ellos mismos.

Nada garantiza que vayan a tener más éxito que nosotros, los de generaciones anteriores, en construir un mejor país; pero ahora es su turno, inevitablemente. Nos corresponde cederles gradual, pero prontamente, la estafeta. Y aconsejar, acompañar y empoderar a esta nueva generación de líderes más enfocados en los valores y en las ideas, que en los antiguos órdenes e ideologías.

Transporte Pesado en las Ciudades

Para regular la circulación de transporte pesado en los centros urbanos -y, con ello, solucionar una de las principales causas del insoportable tránsito citadino- no hay que inventar en agua azucarada. Basta ver las medidas racionales y efectivas que aplican en otras partes del mundo.

El transporte de mercancías es de vital importancia para la economía de cualquier región y, a pesar de que la demanda por este servicio va en aumento a media que las poblaciones urbanas crecen, las distintas autoridades no le han prestado la necesaria atención a la planificación, diseño, operaciones de los camiones y contenedores, así como de las vías por las que estos deben transitar. Esta falta de regulaciones adecuadas ocasiona aumentos en la congestión vehicular, costosos retrasos y genera riesgos a la seguridad física de las personas, tal como lo atestiguan los trágicos accidentes acontecidos hace pocos días en las afueras de la ciudad capital. Todo ello reduce la productividad de las áreas urbanas y obstaculiza su desarrollo económico.

En Guatemala, al igual que muchos países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional y la tasa de urbanización han avanzado más rápidamente que la oferta de infraestructura y de servicios de transporte. Una gran parte de las vías está deteriorada o sin asfaltar; el creciente tráfico se agrava por la mezcla de diferentes transportes que incluyen desde carretas haladas por personas hasta vehículos motorizados en mal estado. Los barrios marginales, parte del paisaje urbano, tienen necesidades y características de suministro diferentes que otras áreas de la ciudad.

En este escenario resulta esencial establecer medias que minimicen los problemas de congestión, polución e ineficiencia económica generados por el transporte pesado en las áreas urbanas. Ls países civilizados han aplicado con éxito medidas de este tipo, entre las que destacan la segregación de la circulación de camiones en tres ámbitos: las restricciones según el tonelaje de los camiones, la creación de vías especiales, y la limitación de horarios de circulación. Esta última se ha aplicado en la ciudad de Guatemala para forzar la circulación de camiones en horarios pico y así reducir la congestión.

Pero las medidas de restricción de horarios deben complementarse con otras como la prohibición (o al menos el cobro de peajes) de circular o estacionar en ciertas calles: cualquiera que haya visitado un país desarrollado habrá podido ver que ni siquiera los camiones medianos –mucho menos los contenedores- circulan por la ciudad, además de que aplican restricciones al estacionamiento, así como horarios estrictos para hacer fletes o repartir productos. Algunas ciudades han empezado a explorar la creación de carriles exclusivos para camiones, separándolos del resto del tráfico, con el propósito de reducir el tiempo de viaje, mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema, y reducir las emisiones en el movimiento de bienes en áreas urbanas.

Otras medidas más convencionales, aún ausentes en Guatemala, tienen que ver con la segregación del transporte según el tonelaje del vehículo. En las ciudades avanzadas los contenedores se quedan estacionados en grandes terminales específicas ubicadas en las afueras del área urbana, y la distribución de mercaderías se hace en camiones de bajo tonelaje. Solo excepcionalmente se permite a grandes camiones transitar (en horas de la madrugada) con permisos especiales.

Para aplicar estas medidas (normales en otras latitudes) hace falta un profundo cambio que actualice el confuso marco regulatorio del tránsito de vehículos y del ordenamiento urbano en el país. Hoy carecemos de instituciones y autoridades con un mandato preciso en la materia. El desorden prevaleciente está teniendo no solo enormes costos económicos y de bienestar para los habitantes de la ciudad sino que, lo que es peor, está costando valiosas vidas de guatemaltecos.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

En Defensa de las Migraciones

Aunque no suelen ser populares (en el país que los recibe) los inmigrantes siempre han sido, a lo largo de la historia, una fuerza positiva para el progreso cultural y material de las naciones

Soy hijo de un inmigrante; más precisamente, de un refugiado de guerra. Guatemala recibió a mi padre de buen agrado, y aquí encontró acogida, empleo, esperanza, amor y prosperidad. Aquí maduró y formó una familia. Y aquí murió. Sé muy bien, por propia experiencia, que desde un punto de vista personal y familiar, la migración es un fenómeno que, sin estar exento de dolor y exigencias, puede dar frutos abundantes que benefician tanto al migrante como a la nación anfitriona.

De mi padre aprendí los elementos básicos del liberalismo (decimonónico, el de mi abuelo), y supe desde pequeño que cuanto más abierta esté una sociedad al libre tránsito de bienes y de personas, más próspera y civilizada será. El liberalismo --en oposición al populismo hoy tan de moda- generalmente favorece no sólo el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino también el libre movimiento de trabajadores, como factores que propulsan el desarrollo de las naciones.

Soy, además, economista, y en las aulas y en los libros aprendí que los flujos de migrantes (especialmente si son legales) resultan muy beneficiosos para la economía de los países recipiendarios. Los migrantes calificados llevan consigo conocimientos y pericias que generan empleo y riqueza. Los migrantes no calificados también contribuyen a la economía del país receptor al desempeñar labores que los locales no pueden o no quieren realizar. Sin migrantes, las economías de los países industrializados (aquejadas por el decrecimiento o el envejecimiento poblacional) habrían dejado de crecer.

Por todo ello, me llena de desconsuelo la ola de sentimientos anti-inmigración que se expande por el mundo. Me preocupa más aún que esos sentimientos incluyan el rechazo a los refugiados de guerra que solo buscan un lugar de amparo para sobrevivir y reconstruir su existencia. Y es triste que esto esté ocurriendo en países compuestos principalmente por inmigrantes (como Australia, Nueva Zelandia o los Estados Unidos de América) que parecen sufrir ahora de una “fatiga de compasión” hacia los migrantes.

Es cierto que las migraciones masivas y crecientemente ilegales requieren de ciertas regulaciones y de un tratamiento cuidadoso. Pero los temores respecto de que los migrantes roban los puestos de empleo a los trabajadores nativos, o que solo llegan a aprovecharse de los beneficios sociales del país anfitrión, o que son el germen de los movimientos terroristas, son todos temores infundados o, al menos, evidentemente exagerados.

La realidad histórica es que las migraciones han sido beneficiosas, aunque hay que reconocer que rara vez han sido populares. Por eso corresponde contrarrestar las preocupaciones y recelos que las migraciones despiertan con argumentos científicos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas para demostrar y potenciar los efectos positivos de las migraciones. Ello debe hacerse tanto a nivel multilateral (como el Pacto Mundial para una Migración Segura que se discute en la ONU), como a nivel de políticas domésticas bien diseñadas (como la ejemplar política migratoria de Canadá).

Guatemala también debe tener una política migratoria bien estructurada y de doble vía, que no solo defienda internacionalmente el derecho de los guatemaltecos de emigrar, sino que acoja sistemática y ordenadamente a quienes buscan nuestro país como destino. Los movimientos migratorios son inevitables y, si son ordenados y bien administrados, siempre son beneficiosos. No debemos cansarnos de afirmarlo en medio de esta ola de nacionalismos y aislacionismos que amenazan el progreso de las naciones y la paz mundial.

Desarrollo Urbano Integral

Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana

La humanidad es hoy, por fin, mayoritariamente urbana. Hace 11 mil años, al final de la última glaciación, el ser humano empezó a congregarse en pueblos; le tomó otros seis mil años construir las primeras ciudades de la civilización antigua. Hasta hace doscientos años, sólo el 3% de la población mundial era urbana. Pero en el último siglo ese porcentaje pasó rápidamente del 13% al 50%, gracias a la industrialización y los avances tecnológicos y médicos que permitieron que los grandes centros urbanos crecieran sin caer en los antiguos peligros de las pestes (como los del medioevo europeo) y del agotamiento de los recursos (como en las ciudades mayas).

Ese proceso de urbanización, que también refleja un número sin precedentes de migrantes rurales hacia las ciudades, no es ajeno a Guatemala. Para un país cuya cultura y sociedad han sido moldeadas durante siglos junto a los granos de maíz, resulta notable que hayamos alcanzado un hito: los guatemaltecos de ciudad son hoy (casi seguramente) más numerosos que los rurales. Como en el resto del mundo, el proceso ha sido veloz. Según el censo de 1921, la población urbana representaba entonces el 26.6% del total. En el censo de 1981 tal proporción subió a 32.7%, y en el más reciente (2002), a 46.1%. Las proyecciones del INE indican que para 2015 la población urbana sería ya mayoría.

La urbanización aumenta porque las ciudades funcionan. Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana. La ciudad ha sido a lo largo de la historia un centro de intercambio de bienes e ideas y, con ello, en un centro de aprendizaje, aculturación e innovación, virtudes que se aceleran en un entorno urbano donde las personas están en un contacto mutuo que facilita los flujos financieros y de mercancías necesarios para el crecimiento económico.

De manera que, en la historia económica del mundo –y nuestro país no puede ser la excepción-, la urbanización ha acompañado siempre a la aceleración del crecimiento y del desarrollo. El entorno urbano genera tal proximidad de los factores de producción que ocurre una reducción en los costos de transacción y el surgimiento de mercados más grandes y cercanos, así como de una tendencia natural hacia la especialización en áreas de alto valor.

Pero la historia también demuestra que el proceso de urbanización puede ser difícil y causar sufrimiento y pocas mejoras económicas. Los arrabales de la Roma antigua o del Manchester industrial fueron tan tétricos como los que vemos hoy en Calcuta o en nuestra ciudad de Guatemala. Pero la gente sigue migrando a la ciudad porque, aún con sus deficiencias, las oportunidades que ofrece la vida urbana superaron a las del campo. La pregunta relevante es, entonces, cómo manejar mejor la urbanización.

La rápida expansión y mala planificación de las grandes ciudades, el aumento de los barrios marginales donde viven millones de pobres, la contaminación y la congestión insoportable que sufren las ciudades en rápido crecimiento, el creciente poder de las pandillas urbanas y del crimen organizado, son elementos que sugieren la necesidad de una política de desarrollo urbano integral que promueva un proceso próspero de urbanización.

Tal política debe incluir una institucionalidad que provea a las ciudades de reglas y regulaciones estables y adecuadas: las ciudades económicamente más exitosas son aquellas donde el marco legal es fuerte y donde impera la ley. El atractivo económico de la ciudad pasa también por un diseño urbano bien pensado y ordenado que minimice la congestión y la contaminación. Y pasa por contar con un presupuesto transparente, eficiente y suficiente que asegure la sanidad financiera de la ciudad.

Por desgracia, en Guatemala estos aspectos son muy precarios en las políticas públicas nacionales y municipales. En cuanto al desarrollo rural, tenemos una política vigente y varios proyectos de ley (algunos muy mal logrados) en el Congreso. Pero de desarrollo urbano (donde descansa gran parte del futuro económico del país), nada de nada. No hay que negar que la pobreza en el área rural es terrible, pero no hay que olvidar que ser analfabeto, no tener vivienda, o carecer de agua potable o de inodoro puede ser mucho más intolerable en una ciudad llena de gente que en el campo.

Doble Personalidad

En Guatemala coexiste, por un lado, un estado moderno con instituciones de mercado funcionales y, por el otro, un estado que tolera el crimen y la corrupción

Si fuese una persona, Guatemala podría estar diagnosticada con trastorno disociativo de personalidad, por las dicotomías que presenta. Por un lado está la personalidad de la economía más grande, estable y sofisticada de Centroamérica, con su enorme riqueza cultural y sus sectores de alta productividad –como el azúcar, entre los más eficientes del mundo-. Por el otro, está el país cuasi-africano en sus indicadores de nutrición y pobreza, de negocios pequeños que crecen muy lentamente en el mar de la informalidad. En el mismo territorio coexiste un estado moderno con instituciones de mercado funcionales, y el estado que tolera el crimen y la corrupción.

La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI II 2013-, publicada recién por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha revelado muchas de estas dicotomías. La gran división que existe entre estos tipos de economía es uno de los factores que ha impedido que el crecimiento económico de Guatemala rebase los mediocres niveles registrados en las últimas décadas que reflejan, fundamentalmente, a una baja productividad del factor trabajo.

La ENEI, que se llevó a cabo en octubre de 2013, muestra que la tasa de desempleo abierto, que representaba sólo el 4.2% de la población económicamente activa (PEA) en 2011, se redujo a 3.0% en la encuesta más reciente. Si bien es cierto que la tasa de desempleo es baja si se le compara con otros países, su nivel esconde un grave problema de subempleo que, en Guatemala, hace las funciones de lo que sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal.

El subempleo mide el grado de informalidad laboral, incluyendo los trabajadores que perciben ingresos inferiores al nivel normal y que laboran menos del horario completo. La tasa de subempleo visible reportada por el INE se situó en 14.4%, mientras que el número de personas con empleo informal se mantuvo en un muy elevado 69.2%; esta categoría incluye a las personas que aunque reciban ingresos promedio, no tienen acceso a prestaciones de seguridad social (solamente el 36% de los asalariados están afiliados). La informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en el área metropolitana (78% frente a 46%) y afecta a los pueblos indígenas (82%) mucho más que a los no indígenas (60%).

La actividad que absorbe el mayor porcentaje de personas en la informalidad es la agricultura, con 40.5%; seguida por el comercio, con 31.2%; otras actividades de servicios con 10.4%; y la industria con 9.1%. Estas cuatro actividades absorben el 91.2% de la población en el sector informal. La estructura ocupacional altamente desigual de Guatemala es más evidente en los datos de ingresos: el 20% de los trabajadores de menores ingresos (quintil 1), perciben en promedio un ingreso mensual de Q297, mientras que el 20% de los trabajadores con mayores ingresos (quintil 5) recibe en promedio Q4,590 mensuales. El ingreso promedio nacional (que en cierta medida mide la productividad laboral) es de sólo Q1,893 al mes, por debajo del salario mínimo legalmente obligatorio; esta proporción se eleva a Q2,714 mensuales en la zona metropolitana, nivel muy superior a los Q1,478 que se registra en las zonas rurales. Las personas que trabajan en la agricultura perciben los ingresos más bajos, con sólo Q991 mensuales, mientras que los mejor remunerados están en los sectores inmobiliario (Q5,392 al mes) y de información y comunicaciones (Q3,508). La ENEI también muestra que sólo 17.2% de los ocupados activamente terminó la escuela primaria, una tasa que, por mucho, es una de las más bajas de América Latina.

Identificar las políticas necesarias para mejora la productividad es relativamente fácil: educación, salud, infraestructura, impartición de justicia. Lo difícil  es llevarlas a cabo, pues ello implica abandonar costumbres y prácticas arraigadas, lo cual requiere no sólo de la consabida voluntad política, sino también de construir nuevas capacidades y formas de hacer negocios. En última instancia, la capacidad que tenga Guatemala de crecer aceleradamente depende de que podamos construir una economía moderna donde las empresas florezcan y prosperen siendo formales, cumpliendo con sus obligaciones (incluyendo las de tributar), e inspirando a otras a imitarlas en su éxito.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

Informalidad y Subempleo

El gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el elevado subempleo

 La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI-, publicada la semana anterior por el Instituto Nacional de Estadística –INE-,  y que se levantó entre abril y mayo de 2013, es la única información oficial que existe respecto del empleo a nivel nacional, por lo que su elaboración y uso debería ser una prioridad para el gobierno, y sus resultados deberían convertirse en un referente para analistas y estudiosos.

Desafortunadamente la ENEI no ha alcanzado esa prioridad ni es esa referencia pues el INE, a lo largo de muchos años, no ha logrado sistematizarla ni posicionarla adecuadamente. Entre otras razones porque el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica: en los últimos diez años sólo se ha efectuado la encuesta en seis de ellos; la ENEI 2012 se hizo en julio, mientras que la del presente año, en abril, lo cual impide que los resultados puedan compararse de un periodo a otro. Por si esto fuera poco, dese la ENEI 2012 se introdujo varios cambios metodológicos, como el de incrementar (de 10 a 17 años) la edad de las personas aptas para trabajar, lo que, si bien significó adoptar el estándar internacional, implicó que las cifras no sean comparables respecto de las de encuestas previas.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que la ENEI 2013 (con todo y que el INE, inexplicablemente, no ha facilitado su acceso al gran público en su sitio web) proporciona datos e información valiosa respecto de la situación del empleo y de la evolución de los ingresos de los trabajadores, que vale la pena analizar y aprovechar para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Según el informe del INE la población económicamente activa –PEA- se situó en 5.9 millones, que representan el 60.7% de los individuos en edad de trabajar. La agricultura sigue generando la mayor parte del empleo (30.4%), seguida por el comercio (29.6%) y por la industria manufacturera (13.2%).

Los datos muestran que la tasa de desempleo abierto representaba sólo el 3.5% de la PEA en 2010, subió a 4.2% en 2011, se redujo significativamente a 2.9% en 2012, y se volvió a elevar a 3.2% en 2013, el dato más reciente. Si bien es cierto que esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con tasas regionales y mundiales (por ejemplo, la tasa equivalente en Estados Unidos es de 7.3% y en España de ¡26.2%!), su nivel esconde un grave problema del subempleo: en Guatemala el subempleo hace las funciones de lo que en los países desarrollados sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal.

En efecto, el gran problema estructural del mercado laboral guatemalteco está en el subempleo, cuyo índice (que contabiliza a los trabajadores que perciben ingresos inferiores al nivel normal y que laboran menos del horario completo) refleja un elevado grado de informalidad económica. La tasa de desempleo visible reportada por el INE para 2013  se situó en 16.9% de la PEA. El número de personas con un empleo informal aumentó a un muy elevado 69.2%; esta categoría incluye personas que, aunque perciban los ingresos promedio, no tienen acceso a prestaciones de seguridad social (56.3% de la PEA). La informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas (78% frente a 44%) y afecta a los pueblos indígenas (86.2%) mucho más que a los no indígenas (58.9%).

Las asimetrías también son evidentes en los datos de ingresos. El ingreso promedio por trabajador es de sólo Q1,917 al mes (inferior, incluso, al salario mínimo); la cifra se eleva a Q2,841 mensuales en el área urbana, muy superior a los Q1,499 que registra el área rural. Los trabajadores agrícolas perciben los ingresos más bajos (Q1,101 mensuales en promedio), mientras que los mejor remunerados están en los sectores financiero (Q3,439) y de información y comunicaciones (Q3,869). La ENEI también muestra que sólo el 17.7% de los ocupados terminó la escuela primaria, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.

Los bajos niveles de ingresos y de formalidad son un reflejo de la poca productividad del aparato económico nacional y de la enorme debilidad de nuestras instituciones económicas. Por ello, el capital humano, la infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones siguen siendo las grandes materias pendientes del Estado guatemalteco.

El Futuro es Urbano

La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia. 

Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7 millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.

La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar artificialmente antiguos sistemas de producción  rurales-, corresponde a las autoridades procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la lucha continua y el éxito irrestricto.

En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65% de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas. Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.

Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.

Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano, por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.

Pero para aprovechar al máximo las transformaciones demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano, macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.

A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.

Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad generalizada e inestabilidad política.

Una Economía de Servicios

El crecimiento en el sector servicios contribuye más a reducir la pobreza que el crecimiento en la agricultura

Durante mucho tiempo se enseñó a los niños guatemaltecos que nuestro país era “eminentemente agrícola”, pero ese hace mucho tiempo que dejó de ser cierto. El año pasado el sector primario (compuesto por la producción agrícola, pecuaria y forestal) aportó menos del 14% del valor total producido por la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-). En contraste, el sector secundario o transformativo (que incluye industria manufacturera, minería, generación de energía y construcción) aportó un 24% del total. Eso deja al sector terciario o de servicios (transporte, telecomunicaciones, comercio, servicios privados y públicos, intermediación financiera), que aporta el 64% del PIB, como el sector más grande de la economía nacional.

El sector terciario es, además, el más dinámico: mientras que en los once años transcurridos desde 2001 el PIB creció a una tasa acumulativa promedio de 3.5% cada año, el sector de servicios lo hizo a una tasa de 4.7%; por su parte, el sector primario creció esos años en un promedio de 3.1% y el sector secundario lo hizo en 2.4%. Esta terciarización de la producción guatemalteca refleja un conjunto de facetas, positivas y negativas, de la economía guatemalteca sobre las que merece la pena reflexionar.

En primer término, vele la pena preguntarse si para superar el subdesarrollo es factible apostar por una economía de servicios. Veamos los casos contrastantes de India y China, ambos reconocidos por su rápido crecimiento económico. China ha crecido especializándose en la exportación de bienes manufacturados, mientras que India lo ha hecho exportando servicios modernos. El caso de India, entonces, parece demostrar que los países en desarrollo pueden saltar directamente de la agricultura a los servicios como una fuente de crecimiento, de creación de empleos y de reducción de la pobreza.

La industrialización no es, pues, la única ruta hacia el desarrollo. Diversos estudios demuestran que los países con un alto crecimiento en los servicios tienden a tener un alto crecimiento económico general o, al contrario, que los países con alto crecimiento económico en general tienen un crecimiento alto del sector servicios (sin que esté clara la causalidad de esta relación). La experiencia de India muestra que la productividad del trabajo en el sector servicios está por encima de la de la industria, y que su crecimiento ha contribuido a reducir la pobreza.

Otros estudios indican que el crecimiento en el sector servicios está más estrechamente vinculado a la reducción de la pobreza que el crecimiento en la agricultura. Los servicios ayudan a reducir la pobreza porque suelen ser intensivos en mano de obra y, por ende, proporcionan una dinámica fuente de nuevos empleos; esos empleos, a su vez, generan ingresos que impulsan una mayor demanda de bienes y servicios y, de nuevo, de fuentes de trabajo.

El potencial del sector servicios como motor del desarrollo se base en que la globalización y la tecnología hacen que ahora (a diferencia de hace veinte años) los servicios sean transables en los mercados internacionales, lo cual ofrece a los países en desarrollo oportunidades alternativas para encontrar nichos de mercado –más allá de la industria y la agricultura- en los cuales especializarse.

Pero para aprovechar ese potencial, los servicios deben trascender las muchas actividades de la economía informal menos modernas y productivas que en la actualidad emplean a la mayoría de trabajadores que viven en la pobreza (por ejemplo, chicleros, guardias de seguridad, ascensoristas) y trasladarse –como en India- hacia los "servicios modernos de alto valor " (como la informática y los servicios financieros) que creen puestos de trabajo que respondan a las necesidades de una población cada vez más urbanizada, que aumenten la productividad y que abran nuevos mercados de exportación.

Los desafíos para lograrlo son enormes (nuestro deficiente sistemas educativo, la pobre infraestructura de comunicaciones, o los privilegios y las regulaciones que inhiben la competencia, por ejemplo), pero hay que enfrentarlos porque, aunque quizá un sector de servicios dinámico no sea suficiente para salir de la pobreza, al menos da una esperanza razonable para la generación de empleos de calidad que nuestro país necesita desesperadamente.

Trabajar Más Años

En los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro

El empresario mexicano Carlos Slim se pronunció hace algunos días, en la sede de la ONU en Ginebra, a favor de aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral a fin de incentivar el empleo. Su razonamiento se basa en que décadas atrás, cuando se estableció el límite actual de edad de retiro, el trabajo era más físico y la gente se moría mucho más joven,  mientras que hoy vivimos en la edad del conocimiento, donde la experiencia y sabiduría de los adultos resulta más valiosa y debe aprovecharse al máximo.

Estas razones suenan lógicas y pueden ser dignas de consideración. Pero hay, alrededor del mundo, otras razones más apremiantes y pragmáticas que están llevando a muchos países a aumentar la edad mínima de jubilación: los crecientes costos que para los gobiernos de muchos países representan los pagos de pensiones a los jubilados. Estos costos se han elevado en los últimos años por razones puramente demográficas.

La población mundial aumentará de unos 7 millardos de habitantes actualmente a unos 9 millardos en 2050, y continuará cambiando su composición: la tasa de personas mayores de 65, como proporción de las personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) en el mundo se ha elevado de 17 en 1970, a 24 en 2010, y se espera que aumente a 48 en 2050. Esto quiere decir que cada vez habrá menos personas activas sosteniendo con su trabajo el consumo de los jubilados.

Diversos análisis y experiencias demuestran que el aumento gradual de la edad de jubilación puede ayudar no sólo a contener el gasto en pensiones sino, como sostiene Slim, a aumentar el empleo y el crecimiento económico. Claro que, si de reducir los costos de las pensiones se trata, también están las opciones de disminuir el monto de los beneficios para los pensionados o de aumentar las cuotas laborales y patronales, opciones que, evidentemente, son más difíciles desde el punto de vista político y social.

Por tal razón, en los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se están implementando tales aumentos (la excepción notable es Francia, cuyo nuevo presidente, François Hollande, prometió revertir la decisión de aumentar la edad de jubilación a 62 años). Ello se debe a que la OCDE proyecta que el gasto de los gobiernos en pensiones aumentará de un 8% a un 11% del PIB entre 2010 y 2050, debido a que en la mayoría de países los pensionados viven cada vez más años: por ejemplo en 1970 un jubilado francés vivía, en promedio, diez años pensionado; ahora vive 23 años.

En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en 1970 el guatemalteco promedio vivía 54 años. En 1990 su esperanza de vida había aumentado a 63 años (tres más que la edad de jubilación para los afiliados al IGSS); para 2010 era ya de 72 años, y sigue en aumento. Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión.

Estos cambios tienen implicaciones clave tanto para las autoridades como para los contribuyentes, ya que el consumo de las personas mayores que ya no forman parte de la fuerza laboral debe ser financiado por los ciudadanos más jóvenes, ya sea por medio de las pensiones públicas o privadas, de subsidios del Estado, del apoyo de sus familias o de los ahorros que los adultos mayores hayan podido acumular durante su vida productiva. A medida que aumenta la proporción de personas mayores respecto de personas en edad de trabajar, se vuelve más costosa su financiación a través de transferencias públicas o privadas.

Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión (públicos y privados) existentes en el país deban aplicar ajustes en sus parámetros que implican elevar la edad de jubilación. Una de las decisiones más importantes de toda sociedad, a medida que aumentan sus miembros de la tercera edad, es cómo financiar su consumo en una forma sostenible: ya sea retrasando la edad de la jubilación, apoyándose más en la familia, aumentando las transferencias públicas, o acumulando más activos. Cualquier de estas opciones tiene sus costos. El reto consiste en reformar los sistemas de apoyo a los mayores sin afectar la sostenibilidad financiera de dichos sistemas a fin de evitar la pobreza en la vejez.