AUTONOMÍA SÍ; IMPUNIDAD NO

La autonomía fortalece al Estado solo cuando va acompañada de transparencia y rendición de cuentas

La existencia de entidades autónomas dentro del Estado responde a una lógica institucional perfectamente razonable. Hay funciones públicas cuya naturaleza exige estabilidad, especialización técnica e independencia respecto de los vaivenes políticos. Por ello existen bancos centrales, universidades estatales, organismos electorales y otras instituciones con distintos grados de autonomía. Pero la autonomía nunca fue concebida como un fin en sí mismo. Lejos de ser un privilegio, la autonomía debe ser vista como un contrato con la sociedad para cumplir un mandato específico.

En efecto, la experiencia internacional demuestra que las entidades autónomas sólo justifican su existencia cuando concurren cuatro condiciones básicas: un mandato claro y acotado; una gobernanza que incorpore pesos y contrapesos; independencia funcional para ejercer sus competencias; y mecanismos robustos de rendición de cuentas. Cuando alguno de estos elementos desaparece, la autonomía deja de ser una fortaleza institucional y se convierte en un problema.

En Guatemala, con demasiada frecuencia se ha confundido autonomía con soberanía. Algunas municipalidades han pretendido utilizarla para obstaculizar proyectos nacionales; otras entidades actúan como si estuvieran fuera del aparato estatal. El caso más preocupante es, probablemente, el de la Universidad de San Carlos. La Constitución le garantiza una posición privilegiada: autonomía, patrimonio propio, exenciones fiscales y una asignación no menor del cinco por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Para 2027 ello representará más de Q3,200 millones provenientes de los contribuyentes.

Precisamente por disfrutar de ese privilegio constitucional, la obligación moral de rendir cuentas debería ser aún mayor. Durante años, las actuales autoridades universitarias han sido objeto de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en los cargos. Independientemente de esas acusaciones y de las consecuentes controversias jurídicas, lo que sí resulta inevitable señalar es que toda institución cuya legitimidad es tan cuestionada debería responder con más transparencia, no con menos.

La comparación con la Universidad Nacional Autónoma de México resulta ilustrativa. La UNAM publica sistemáticamente estados financieros, informes presupuestarios, resultados de auditorías, indicadores académicos y abundante información que permite evaluar objetivamente su desempeño. La transparencia forma parte de su estrategia para proteger su autonomía. La USAC ha dado algunos pasos positivos en esa dirección, pero todavía está lejos de ofrecer un nivel comparable de rendición de cuentas.

Sería una sorprendente señal de recuperación institucional si las autoridades universitarias decidieran, por iniciativa propia, abrir completamente la información sobre el uso de los recursos públicos recibidos durante estos años; publicar indicadores verificables sobre sus resultados académicos y financieros; y, aun cuando la ley no las obligue, someter periódicamente sus estados financieros y su gestión a auditorías externas verdaderamente independientes.

La autonomía no se fortalece levantando muros frente al resto del Estado ni refugiándose en privilegios constitucionales. Se fortalece demostrando, todos los días, que la sociedad puede confiar en quien administra recursos públicos. Las entidades autónomas pueden ser claves para una república moderna y eficaz. Pero sólo lo serán si recuerdan que siguen siendo parte del Estado y que, en última instancia, su verdadero mandante no es su burocracia interna sino los ciudadanos que las financian.

LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

LA TARDANZA PUEDE SALIR CARA

Modernizar la ley contra el lavado ya no es opcional. Retrasarla tendría costos mayores

En Guatemala solemos cometer un error recurrente en materia legislativa: esperar demasiado tiempo para corregir un problema y, cuando finalmente decidimos hacerlo, pretender resolverlo repentina, indolora y definitivamente. Muchas veces, en ese intento, terminamos entrampando las reformas hasta volverlas políticamente inviables. Algo de eso está ocurriendo con la discusión de la Iniciativa 6593, la nueva Ley Integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El país ya cuenta desde hace años con una legislación en esta materia. Y conviene reconocerlo: esa ley, con todas sus limitaciones, permitió a Guatemala mantener niveles razonables de cumplimiento frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el mundo cambió. Las modalidades del crimen financiero evolucionaron, los estándares internacionales se endurecieron y el marco legal guatemalteco empezó a quedarse rezagado.

Por esa razón, desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a modernizar esta legislación. El problema es que el tema nunca recibió la prioridad política necesaria. Ahora el tiempo empieza a agotarse. En 2027 Guatemala será objeto de una nueva evaluación internacional por parte de GAFI y llegar tarde tendría costos importantes para el país. No se trata únicamente de evitar una mala nota burocrática. Una evaluación negativa podría afectar la reputación internacional de Guatemala, aumentar costos de cumplimiento para bancos y empresas y deteriorar la relación del sistema financiero nacional con mercados y corresponsales internacionales. En un mundo crecientemente vigilante frente al lavado de dinero, la reputación regulatoria también es un activo económico.

 La Iniciativa 6593, aunque perfectible, representa un avance respecto de la legislación vigente. El dictamen favorable de la Comisión de Economía le introdujo mejoras relevantes para fortalecer la certeza jurídica y hacer más proporcionales algunas obligaciones. Y varias de las enmiendas consensuadas posteriormente también contribuyen a perfeccionar el texto. Ese proceso gradual de mejora institucional debería verse como algo normal. La ley vigente mejora con la iniciativa; la iniciativa mejora con el dictamen; y el dictamen mejora con las enmiendas. Pretender que una legislación compleja nazca impecable es desconocer cómo funcionan los procesos democráticos y regulatorios modernos.

Por supuesto, todavía existen aspectos que merecen ajustes adicionales. Uno de ellos es el relacionado con el registro de accionistas y beneficiarios finales. El combate al lavado de dinero exige transparencia razonable, pero también prudencia institucional. La información societaria sensible no debería convertirse en un repositorio masivo, vulnerable o sujeto a accesos indiscriminados. La experiencia comparada muestra que incluso países con alta capacidad institucional han empezado a privilegiar modelos más proporcionales y respetuosos de la privacidad y del debido proceso. Ese tipo de mejoras puede seguir perfeccionándose posteriormente. Pero lo que no parece aconsejable es paralizar nuevamente toda la reforma por la aspiración de alcanzar una versión ideal que probablemente nunca llegará.

Claro que la nueva ley tendrá costos de cumplimiento para diversos actores económicos. Pero la pregunta correcta es si esos costos son menores o mayores que los beneficios de evitar sanciones, preservar la credibilidad del sistema financiero y mantener a Guatemala integrada a la economía internacional. Y la respuesta parece bastante evidente.

EL ESPEJISMO DE LAS POSTULADORAS

No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia

Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas clave de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.

La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de Comisiones de Postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.

La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos electos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.

Quisimos sacar la política por la puerta…
y regresó por la ventana, con toga académica.

Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones clave, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.

Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.

En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.

EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.

La inversión no prospera en tierra incierta

 La inversión privada —nacional y extranjera— no depende solo de incentivos, discursos o promesas de crecimiento. Depende, sobre todo, de reglas claras, instituciones sólidas y previsibilidad. Allí donde la ley es ambigua, la justicia es errática o las decisiones públicas son discrecionales, la inversión se retrae, espera… o se va.

En esta columna, publicada originalmente en República dentro del espacio Compás Institucional, argumento que el principal obstáculo para el desarrollo económico de países como Guatemala no es la falta de capital, sino la debilidad institucional. Sin certeza jurídica, sin respeto efectivo a los contratos y sin un Estado que se autolimite, el riesgo percibido aumenta y el costo de invertir se vuelve prohibitivo.

La evidencia internacional es contundente: los países que crecen de manera sostenida son aquellos que ofrecen un “terreno firme” para invertir. No se trata de ideología, sino de incentivos. Y mientras no entendamos que fortalecer instituciones es una política económica de primer orden, seguiremos atrapados en un crecimiento mediocre y frágil.

👉 La versión original de esta columna fue publicada en República, como parte del espacio Compás Institucional.

https://republica.com/columna-de-opinion/la-inversion-no-prospera-en-tierra-incierta-20261258012

CRECER EN LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre global no justifica la inacción interna: para crecer más, hay que hacer reformas

Guatemala —siendo una economía pequeña y abierta— no decide los precios internacionales, pero sí puede decidir con qué reglas los afronta. Y esa distinción, que a veces se pierde en medio del ruido geopolítico, es crucial para entender el desafío que hoy plantea el crecimiento económico. Venimos de una secuencia de shocks poco habituales: pandemia, disrupciones logísticas, inflación global y un endurecimiento monetario sincronizado. A ello se suma hoy un mundo más fragmentado, con tensiones geopolíticas crecientes, tentaciones proteccionistas y un “nuevo orden” cada vez menos regido por reglas claras. Para países como el nuestro, que viven de comerciar, atraer inversión y generar confianza, el entorno externo es todo menos cómodo.

Aun así, todo indica que la economía guatemalteca continuará creciendo a un ritmo constante, aunque relativamente moderado, similar al de las últimas décadas. El problema no es tanto ese crecimiento coyuntural, como su techo estructural. Desde hace décadas, el país crece más lento que muchos de sus pares en otras latitudes, invierte menos que sus vecinos y casi no mejora su productividad. Y lo más preocupante es que la agenda de reformas —la única capaz de elevar ese techo estructural— sigue siendo débil, fragmentada o postergada indefinidamente.

En materia de políticas macroeconómicas, el contraste es evidente. La política monetaria ha preservado su disciplina y credibilidad. Hay más dudas con las finanzas públicas que, aquí y en buena parte del mundo, se expanden aceleradamente a fuerza de endeudamiento. Esa expansión del gasto, el deterioro de la calidad presupuestaria y la ausencia de reglas fiscales claras contribuyen a reducir los márgenes de maniobra del Estado. Reequilibrar la combinación de políticas es impostergable: una consolidación fiscal creíble debe reconstruir amortiguadores, sin sacrificar inversión pública prioritaria ni gasto social efectivo. No hacerlo es hipotecar el futuro para comprar tranquilidad presente.

Pero el crecimiento no se decreta desde el presupuesto. Depende, sobre todo, de las instituciones. Mejorar la gobernanza —fortalecer el Estado de derecho, elevar la eficacia del gobierno y enfrentar con seriedad al crimen organizado— no es un lujo moral, sino una condición para un buen desempeño económico. Sin reglas claras y cumplimiento creíble, la inversión se retrae o se encarece. Impulsar la inversión privada requiere, además, mejorar el clima de negocios, fomentar la competencia y abrirnos más al comercio internacional, no cerrarnos tras aranceles que encarecen insumos y castigan productividad. La inversión pública, por su parte, debe ser mejor ejecutada, más transparente y orientada a cerrar brechas reales, no a multiplicar proyectos políticamente rentables pero económicamente estériles.

Finalmente, crear empleos formales y elevar la productividad exige enfrentar la informalidad y modernizar el mercado laboral, incluso para adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial. Proteger el empleo del pasado no garantiza el empleo del futuro. Nada de esto ocurrirá si la clase política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral. Las reformas que generan crecimiento no suelen dar réditos inmediatos, pero sí evitan el círculo vicioso de bajo crecimiento, frustración social y populismo. La incertidumbre global no es excusa para postergar reformas. Al contrario: es cuando el mundo se vuelve más incierto que las reglas internas deben volverse más sólidas. Guatemala no controla el nuevo orden mundial, pero sí puede decidir si quiere crecer dentro de él… o resignarse a padecerlo.

SALARIO MÍNIMO: MUCHO RUIDO, POCO DESARROLLO

Como todos los años, el Presidente fijó por decreto el salario mínimo, luego de que la comisión negociadora —empleadores y sindicatos— volviera a fracasar en su mandato legal de alcanzar un acuerdo. No es una anomalía: es la norma. Este año, el aumento fue menor al del año pasado, aunque superior a la inflación, lo que implica un incremento real del costo laboral para las empresas. Y, como todos los años, la decisión desató una avalancha de opiniones técnicas, políticas, ideológicas y sentimentales. En redes sociales, el debate adquiere tonos épicos, como si del salario mínimo dependiera el futuro del país. Y al final gastamos demasiada energía social discutiendo un tema que, aunque relevante, es secundario frente a los verdaderos desafíos del desarrollo económico de Guatemala.

Un dato basta para poner las cosas en perspectiva: cerca del 79% del empleo en Guatemala es informal. Son trabajadores que no reciben salario mínimo, no cotizan al IGSS ni pagan ISR. Para ellos, el salario mínimo es una cifra abstracta, ajena a su realidad cotidiana. El salario urbano promedio no supera los Q2,800 mensuales, precisamente porque una parte significativa del empleo se da fuera de relaciones laborales formales. Incluso dentro de empresas formales abundan esquemas de pago por tarea, por producto o por servicios facturados: construcción, comercio, servicios profesionales. Discutir el salario mínimo como si describiera el “salario típico” del país es, sencillamente, incorrecto.

 Discutir salarios es importante, pero no más importante que discutir productividad. Los salarios en Guatemala no son bajos porque los empresarios paguen “menos de lo justo”, sino porque la economía produce poco valor por trabajador. El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce. La mayoría del empleo se genera en empresas pequeñas, con poco capital, baja tecnología y escasa escala. Cuando una empresa produce poco, no puede pagar salarios altos, aunque quiera. A esto se suma la falta de competencia por los trabajadores: en muchas regiones hay pocas empresas formales y pocas oportunidades reales de cambiar de empleo. Sin competencia, los salarios se estancan.

Subir salarios por decreto puede tener efectos positivos en casos puntuales. No lo niego. Pero cuando se hace sin respaldo en aumentos de productividad, suele traducirse en más informalidad, menos empleo o menor inversión. Un reciente artículo de The Economist fue claro al advertir que insistir en alzas automáticas del salario mínimo desvía la atención de reformas más profundas y efectivas. El problema de fondo no es solo el monto del salario mínimo, sino un mecanismo legal obsoleto, que incentiva decisiones políticas antes que técnicas, y una obsesión colectiva por discutir la distribución del ingreso sin hablar seriamente de cómo se crea.

Si de verdad queremos salarios más altos y sostenibles, la ruta es otra: más inversión, más empresas formales, más capacitación técnica, más competencia por el talento y más movilidad laboral. Primero hay que crear valor; luego se puede repartir mejor. Intentar hacerlo al revés es una ilusión que la región ya probó —y pagó— demasiadas veces. La productividad es difícil de explicar, difícil de medir y, ante todo, difícil de mejorar. Pero es ineludible: la única forma sostenible de elevar el nivel de vida de un país es producir más con los mismos recursos. No hay atajos. Tal vez ya sea hora de bajar el volumen del debate anual sobre el salario mínimo y usar esa energía —escasa y valiosa— para hablar en serio de cómo hacer a Guatemala más productiva.

UN ÁRBITRO TÉCNICO PARA EL CONGRESO

Sin un análisis fiscal independiente, el Congreso legisla en la oscuridad y compromete el futuro

En el Congreso se legisla demasiado a ciegas: se aprueban leyes, ampliaciones y transferencias millonarias sin que exista un análisis técnico independiente que mida su impacto sobre la sostenibilidad fiscal del país. Las consecuencias son graves: compromisos ocultos, déficits crecientes y decisiones clientelares que hipotecan el futuro. En los últimos años, el Legislativo ha multiplicado los decretos que asignan fondos a entidades y programas sin respaldo técnico ni evaluación del gasto. Los ejemplos abundan: aportes extraordinarios a Consejos de Desarrollo, transferencias a municipalidades sin planes de ejecución y subsidios de dudoso impacto económico. Cada quetzal aprobado así, es un paso más hacia la opacidad y la pérdida de disciplina fiscal.

A diferencia de tal precariedad, el Congreso de los Estados Unidos -por ejemplo- cuenta desde 1974 con la Congressional Budget Office (CBO), una oficina técnica y no partidista creada precisamente para evitar que la política destruya la aritmética. La CBO estima el costo real de cada ley que se discute, proyecta los ingresos y gastos del gobierno a diez años y analiza el efecto de las decisiones legislativas sobre el déficit y la deuda. Su credibilidad es tal que ningún partido se atreve a ignorar sus cálculos. No dicta política. sino pone sobre la mesa los números; pero eso basta para ordenar el debate. Si una propuesta tiene un impacto fiscal insostenible, la CBO lo advierte y los legisladores deben ajustarla o justificar su costo. Su transparencia e independencia técnica son el mejor antídoto contra el populismo presupuestario. 

El contraste con Guatemala es evidente. Aquí, ninguna comisión de trabajo del Congreso tiene ese rol técnico, ni el personal especializado, ni los modelos de proyección y de información completa. No existe la práctica obligatoria de acompañar cada iniciativa con un estudio de impacto fiscal. En la práctica, los diputados deciden sobre miles de millones de quetzales sin saber cuánto cuestan sus decisiones ni cómo se financiarán.

Esa debilidad institucional amenaza nuestra estabilidad macroeconómica. Lo que empezó como excepciones “temporales” —asignaciones extraordinarias, fondos discrecionales, ampliaciones de última hora— se ha vuelto la norma. Los recursos públicos se reparten según afinidades políticas, no conforme a prioridades nacionales. Y mientras tanto, la deuda pública crece y los incentivos para gastar sin control se multiplican.

El Congreso necesita su propio órgano técnico de análisis fiscal: una oficina independiente, integrada por economistas y especialistas en finanzas públicas, con mandato legal y autonomía suficiente para emitir análisis imparciales sobre toda iniciativa que implique gasto, exoneraciones o deuda. Su creación requeriría una reforma institucional seria, pero sería una de las más trascendentes en décadas. Esa oficina —una suerte de CBO guatemalteca— debería tener tres virtudes: independencia frente a los partidos, estabilidad presupuestaria y transparencia metodológica. Sus informes deberían ser públicos, con supuestos claros y cálculos replicables, a fin de ganarse la confianza ciudadana y convertirse en árbitro creíble entre el entusiasmo político y la prudencia fiscal.

Modernizar la forma en que el Congreso analiza, aprueba y fiscaliza el presupuesto es una necesidad urgente. Sin una brújula técnica que ponga límites al desorden, el país seguirá condenado a repetir el ciclo de improvisación y despilfarro que cada año erosiona la estabilidad conquistada con tanto esfuerzo. No se puede seguir legislando sin saber cuánto cuesta hacerlo.

UNA PIEZA EN EL ROMPECABEZAS ANTICORRUPCIÓN

Una nueva Secretaría de Integridad Pública sería muy positiva, pero solo apenas un primer paso 

Hace unos días, el Presidente Arévalo anunció una iniciativa para crear una Secretaría de Integridad Pública en sustitución de la Comisión Nacional contra la Corrupción. La propuesta de ley busca fortalecer la transparencia y la coordinación de las políticas anticorrupción desde la Presidencia. La iniciativa merece una valoración positiva: es un gesto político relevante, un reconocimiento de que la corrupción sigue siendo un problema central para el desarrollo y una señal de que el Ejecutivo quiere relanzar el tema.

Sin embargo, si algo enseñan la experiencia internacional y la literatura especializada, es que una nueva secretaría, por sí sola, difícilmente transformará la realidad. Por ejemplo, el reciente libro “La corrupción bajo una nueva lupa” (de Carroll Ríos, David Casasola y José Gálvez), ofrece un enfoque claro: la corrupción no es solo un asunto moral o de voluntad política, sino un fenómeno sistémico que responde a incentivos, estructuras institucionales y niveles de impunidad. Su combate exige un conjunto de medidas más amplio y sostenido.

Entre las lecciones más importantes que aporta el libro destacan cuatro. La primera es la profesionalización del servicio civil: donde los cargos públicos siguen siendo botín partidario, la corrupción florece. Guatemala necesita un sistema meritocrático que premie la capacidad y reduzca la dependencia de padrinos políticos. La segunda es la digitalización de la gestión pública y de las contrataciones: plataformas abiertas y en tiempo real (como las que ya funcionan en Chile o México) reducen la discrecionalidad y permiten la fiscalización ciudadana en cada etapa del gasto.

La tercera es la reducción de la discrecionalidad política en la asignación de recursos (especialmente en los fondos y transferencias donde hay espacios propicios para el clientelismo), adoptando una distribución con criterios técnicos, transparencia total y auditorías externas. La cuarta es el fortalecimiento de la justicia: el factor disuasivo central no es la severidad de las penas, sino la certeza de castigo. Si las investigaciones no prosperan en tribunales independientes y eficaces, la corrupción seguirá siendo un negocio rentable.

A estas dimensiones se suma un aspecto crucial: el papel de las entidades fiscalizadoras superiores. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas debería ser el verdadero freno institucional contra el despilfarro y la captura de recursos públicos. Hoy, sin embargo, la CGC carga con la percepción de ser un ente burocrático, lento y politizado. Transformarla en una institución independiente, profesional y tecnológicamente avanzada es quizás la reforma más urgente del sistema anticorrupción. Eso implica mejorar la forma en que el Contralor es electo; que las auditorías se realicen en tiempo real; y que los hallazgos se traduzcan en procesos judiciales y en información accesible a la ciudadanía. 

Una Secretaría de Integridad puede llegar a ser una pieza positiva en este rompecabezas, pero no debemos sobrestimar su alcance. Si queremos pasar de los gestos a los resultados, la prioridad está en reformar los sistemas que generan los incentivos equivocados y en fortalecer las instituciones que pueden sancionar efectivamente. Celebramos la intención presidencial, pero recordemos que la verdadera lucha contra la corrupción también requiere reformas estructurales. Una secretaría puede coordinar, pero el corazón de la integridad pública está en la profesionalización, la digitalización, la justicia independiente y, sobre todo, en una Contraloría independiente, profesional y con dientes de acero.

PUERTOS: LA GRAN REFORMA PENDIENTE

Los puertos son una llave de su competitividad futura del país: se necesita una reforma integral

La infraestructura portuaria es, para un país pequeño y abierto como Guatemala, mucho más que un asunto técnico: es un eslabón crítico que conecta nuestra economía con el mundo. No obstante, el sistema portuario nacional funciona hoy con leyes incompletas, gobernanzas fragmentadas y limitaciones que frenan tanto la eficiencia operativa como la atracción de inversión. El reciente Summit de Infraestructura: Puertos para el Desarrollo -en el que participé como panelista- volvió a poner sobre la mesa la urgencia de una reforma legal integral.

Actualmente, en el Congreso se discuten dos iniciativas de ley para rediseñar el sistema portuario nacional: una presentada por el Ejecutivo y otra por una diputada que preside la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura. Ambas iniciativas contienen elementos valiosos, pero también carencias y vacíos. Lejos de ser contrapuestas, deberían entenderse como complementarias: la tarea clave del parlamento es articular lo mejor de cada una en un marco normativo coherente.

En mi participación en el panel sobre certeza jurídica y autoridad para el desarrollo portuario destaqué cinco desafíos que el Congreso debe superar si quiere aprobar una buena ley. El primero es no legislar con precipitación: la ley de la Autoridad Portuaria aprobada el año pasado dio al Ejecutivo 120 días para presentar un proyecto integral, pero el Congreso no está sujeto a plazos. Es preferible tomarse un tiempo prudencial, escuchar a expertos y aprender de las mejores prácticas internacionales. El segundo desafío es diferenciar con claridad los problemas de corto plazo —dragado, mantenimiento de muelles y rompeolas— de los retos de largo plazo –como ordenar la institucionalidad y habilitar nuevas inversiones—.

Para atender los problemas de corto plazo habría que identificar las “cirugías legales” que deben practicarse a las leyes orgánicas de las portuarias existentes para destrabar operaciones. Pero para los asuntos de mediano y largo plazo se requiere de una reforma integral que otorgue certeza jurídica, ordene la estrategia nacional en materia portuaria, establezca una autoridad rectora técnica y autónoma, y defina mecanismos claros de financiamiento, fiscalización y participación privada. Esa visión coincide con lo que los mejores marcos legales a nivel internacional establecen para el funcionamiento de un sistema portuario eficiente: institucionalidad robusta, gobernanza con contrapesos, reglas claras para concesiones y alianzas público-privadas, todo ello contemplando un régimen de transición ordenado del viejo sistema hacia el nuevo modelo de desarrollo portuario.

La discusión de la reforma portuaria debería asumirse como un asunto de Estado

Conviene recordar que las leyes no son instrumentos de gestión operativa; son marcos de actuación. La gestión recae en las juntas directivas y en las autoridades portuarias. Por ello, la ley debe ser lo suficientemente clara para habilitar soluciones y dar certeza jurídica, pero no tan detallada que intente administrar la cosa pública desde el Legislativo. Lo fundamental es que fije los objetivos estratégicos, los equilibrios institucionales y los incentivos correctos.

La discusión de la reforma portuaria debería asumirse como un asunto de Estado. Guatemala necesita dejar de lado las banderas partidarias y construir consensos amplios para una reforma de largo plazo que modernice nuestros puertos, los convierta en verdaderas plataformas logísticas regionales y libere el potencial competitivo del país. La oportunidad está servida: o seguimos remendando con soluciones de coyuntura, o apostamos de una vez por esta gran reforma pendiente.

NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES

Intentar acelerar obras sin reformar el Estado es como inyectarle aire a un globo pinchado

La semana pasada participé en un programa radial de opinión en el que discutimos la situación del gasto del gobierno, incluyendo su transparencia, velocidad y calidad de ejecución. En la entrevista insistí en la idea de que incrementar el gasto público en infraestructura solo impulsará el desarrollo si el aparato estatal está a la altura del desafío. Los datos lo confirman: aunque al primer semestre de 2025 el gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria superior a la de los dos gobiernos anteriores en el mismo periodo, ese aumento no se tradujo en inversión real: solo se ejecutó el 30.1% del gasto de inversión. La inversión pública no despega mientras el gasto de funcionamiento absorbe más del 70% del gasto ejecutado.

Es cierto que existen razones legítimas que explican por qué al gobierno le cuesta ejecutar su presupuesto; pero reconocerlas no significa claudicar del compromiso de mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos. El lento ritmo del gasto refleja la persistencia de tres lastres: corrupción enquistada en el aparato estatal, un servicio civil con escasa capacidad y sin incentivos adecuados, y funcionarios paralizados por el temor a una justicia disfuncional y politizada. La tentación de buscar “atajos” para tratar de superar esos obstáculos –como la iniciativa de “Ley de agilización de la inversión pública”— es fuerte, pero equivale a renunciar a reformar los problemas de fondo. Ese es el riesgo: sacrificar la esperanza de una transformación duradera del aparato estatal en nombre de resultados inmediatos que, sin una institucionalidad sólida, nunca llegan a realizarse o, simplemente, se dilapidan.

"No basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado"

Y es que no basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado. Aquí aplica el viejo axioma neoclásico: si la cadena productiva es defectuosa, meter más insumos solamente genera más desperdicio. En el océano de gastos que atraviesa nuestro Estado, sin controles, sin capacitación, sin incentivos y sin supervisión, el dinero se evapora o se convierte en obras incompletas, sobrevaloradas o fuera de tiempo.

Existen, empero, algunas salidas pragmáticas que podrían explorarse para acelerar el gasto y mejorar su calidad sin recurrir a atajos simplistas. A corto plazo, como lo planteamos en una columna anterior, es factible crear fondos específicos de propósito especial enfocados en temas clave (infraestructura, electrificación, nutrición) y diseñados con una gobernanza ágil, transparente y responsable. Esa arquitectura aislaría proyectos estratégicos del ruido burocrático que los retrasa o desvirtúa. También es viable acudir a convenios con actores internacionales —como el acuerdo al que llegó el gobierno con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para rescatar la actividad portuaria en la Costa Sur— que permitan apalancar capacidades externas y sistemas con resultados probados.

La clave de un gasto público más eficaz está más bien en las reformas estructurales que el país demanda desde hace años: fortalecer el servicio civil, profesionalizar la supervisión de obra pública, modernizar el sistema de contrataciones e institucionalizar la transparencia y rendición de cuentas. Estas reformas no son políticamente fáciles ni ofrecen réditos inmediatos, pero son imprescindibles y eficaces. Hoy, la administración electa por su promesa de cambio y combate a la corrupción enfrenta una encrucijada: tomar el camino fácil del atajo con fines electoreros, o apostar por una reforma con visión de Estado. De lo que decida dependerá si el gasto público deja de ser un globo pinchado y se convierte en trampolín de desarrollo real.

LAS REGLAS DEL JUEGO SÍ IMPORTAN

 Las inversiones no llegan por decreto: se construyen con certeza, instituciones y visión de largo plazo

La semana pasada participé como panelista en un foro organizado por FUNDESA sobre los habilitadores para atraer inversión extranjera directa a Guatemala. Fue una oportunidad valiosa para reflexionar, desde la perspectiva del entorno institucional, sobre por qué Guatemala no crece más rápido, ni recibe los flujos de inversión que su ubicación y estabilidad merecerían. En el panel me tocó comentar dos aspectos clave para la generación de inversiones: el estado de nuestro sistema de justicia y la calidad de nuestras políticas públicas; dos temas que suelen estar en la última página del PowerPoint, pero que deberían ocupar la primera.

Empecemos por lo primero. La inversión, tanto nacional como extranjera, es un acto de confianza. Y esa confianza depende, en buena medida, de la existencia de un sistema de justicia independiente e imparcial, pronta y cumplida, profesional y eficiente. Sin certeza jurídica, no es posible que se produzca una inversión sostenida. Y sin inversión, no hay desarrollo económico ni generación de empleo. No se trata únicamente de combatir la corrupción o despolitizar el sistema. Se trata de rediseñar su arquitectura institucional: de garantizar independencia mediante una mejora sólida y precisa de la forma en que se eligen y permanecen los jueces; de asegurar su profesionalismo con una verdadera carrera judicial; y de blindar al sistema contra capturas e injerencias por parte de grupos de interés externos.

Sin embargo, una reforma estructural puede tomar tiempo en llegar; en el ínterin, urge fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto, existen esfuerzos que han venido promoviendo una reforma integral a la Ley de Arbitraje. Esta modernización se enfoca en adoptar estándares internacionales, acortar los tiempos de resolución de disputas y ofrecer un canal confiable, ágil y menos politizado para resolver conflictos mercantiles y de otra índole. El Organismo Judicial ha manifestado su anuencia para respaldar una iniciativa para reformar y modernizar la vía del arbitraje para la resolución de disputas, lo cual es alentador. Ello no solo contribuirá a descongestionar los tribunales ordinarios, sino que puede enviar una señal positiva a los inversionistas de que en Guatemala hay voluntad de modernizar las reglas del juego.

La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza y reglas claras

Pero no basta con reformar leyes. También es indispensable que las políticas públicas —las decisiones cotidianas del Estado— estén alineadas con los principios de transparencia, participación y responsabilidad institucional. Hoy en día, muchas decisiones públicas en Guatemala aún se toman bajo lógicas clientelares, con escasa planificación, débil rendición de cuentas y mínima evaluación de resultados. Eso limita tanto la calidad del gasto como la efectividad de las inversiones públicas. La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza, instituciones funcionales, reglas claras y una visión de largo plazo. Como lo han reiterado expertos y agencias calificadoras: la debilidad estructural de Guatemala no es macroeconómica, sino institucional.

Si queremos atraer inversión que transforme, necesitamos un Estado que funcione. Y para ello, se requiere algo más que promesas: se necesita continuidad en las reformas, voluntad política para enfrentar intereses enquistados y una ciudadanía que exija resultados. Guatemala tiene potencial. Pero el potencial no basta: hay que liberar su energía productiva con las reglas correctas, instituciones fuertes y una brújula de largo plazo. De eso se trata, al final, la inversión: de apostar por un país donde valga la pena quedarse.

ENTRE RISAS Y REZAGOS

Guatemala sonríe más de lo que progresa… y eso debería preocuparnos

En semanas anteriores, mientras el país celebraba la clasificación de la selección de fútbol a la siguiente ronda, pasaron relativamente desapercibidas dos publicaciones que nos confrontan con una realidad menos festiva. Se trata del más reciente Reporte de Felicidad Mundial y del nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contienen datos reveladores sobre Guatemala y —más allá de su interés técnico— ofrecen pistas valiosas sobre las prioridades que deberíamos adoptar como sociedad.

El primero evalúa el nivel de satisfacción con la vida en 146 países, con base en una encuesta que se realiza a nivel global. Guatemala ocupa el puesto 44 a nivel mundial, y el noveno en América Latina, superada por países como Costa Rica, México y Uruguay. Aunque seguimos ubicados por encima de la media global, lo cierto es que en apenas cuatro años descendimos 14 posiciones, desde el lugar 30 en 2021.

Resulta llamativo que, a pesar de los bajos niveles de ingreso, seguridad o escolaridad, los guatemaltecos seguimos reportando una vida razonablemente satisfactoria. Esto se explica, en parte, por nuestras sólidas redes familiares y comunitarias: comemos juntos, ayudamos al vecino, donamos generosamente. De hecho, Guatemala aparece en el lugar 20 en el subíndice de donaciones. Pero cuando se trata de confiar en extraños, policías o instituciones, nos hundimos al fondo: puesto 127. Esa mezcla de calidez interpersonal y desconfianza estructural es, sin duda, muy chapina.

El segundo informe, el IDH, mide aspectos más tangibles: esperanza de vida, escolaridad y nivel de ingresos. Guatemala aparece en la posición 137 de 193 países, apenas dos puestos mejor que el año anterior. Estamos entre los rezagados de América Latina, por delante solo de Honduras y Haití. Aunque ha habido progreso desde los años noventa, hoy el avance está estancado. Y si se ajusta por desigualdad, nuestro índice cae una cuarta parte.

Somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo

En resumen: somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo. Esta paradoja chapina se sintetiza en una frase: sonreímos mucho, pero progresamos poco. Una paradoja que debería alarmarnos pues, si no hacemos algo, podríamos quedarnos atrapados en esa cómoda pero engañosa sensación de optimismo.

Ambos índices apuntan a los mismos nudos: baja inversión en capital humano, servicios públicos de mala calidad y un entorno institucional que genera mucha desconfianza. Romper esa trampa requiere más que crecimiento económico: exige que el Estado invierta mejor en su gente. Tres áreas son prioritarias. Primero, nutrición y primera infancia: se debe duplicar la inversión en los primeros mil días, pues un niño bien nutrido aprende más, gana más y vive mejor. Segundo, educación de calidad: hay que dejar de contar aulas y comenzar a medir aprendizajes, mejorar capacidades docentes, formación continua y evaluaciones serias. Tercero, confianza institucional: cuando las reglas se cumplen y la ley se aplica, florecen la economía y el bienestar.

En la columna anterior destacamos la resiliencia de nuestra economía, pero esa resiliencia no basta si el progreso no se traduce en vidas más largas, más educadas y plenas. No basta con tener amortiguadores macroeconómicos si seguimos condenando a la gente a la informalidad, la malnutrición o la desconfianza crónica. Guatemala se caracteriza porque su gente quiere salir adelante, confía en su círculo cercano, y enfrenta la adversidad con una sonrisa. Pero hace falta que esa sonrisa venga acompañada de capacidades reales y oportunidades efectivas. Solo entonces seremos, al mismo tiempo, felices y desarrollados.

NAVEGAR EN AGUAS TURBULENTAS

 Guatemala debe reforzar sus amortiguadores macroeconómicos ante el nuevo entorno global incierto

El nuevo episodio de proteccionismo global, exacerbado por el gobierno de Estados Unidos, ha sumido a la economía mundial en aguas agitadas. Con aranceles que alcanzan máximos en los últimos cien años —y con reacciones negativas en los mercados de acciones, bonos y divisas—, el entorno global se ha tornado volátil y riesgoso. La OMC advierte que el volumen del comercio mundial podría contraerse este año; el Banco Mundial y el FMI han recortado sus previsiones de crecimiento global; y la inflación, lejos de disiparse, podría repuntar como efecto colateral de los aranceles. La advertencia es clara: estamos navegando un ciclo de creciente incertidumbre internacional.

Guatemala, aunque relativamente blindada y resiliente, no está exenta de riesgos ante esta turbulencia. Nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos —que representan más del 30% del total— podrían perder competitividad frente a países como México, que quedó exento del arancel base del 10%. Ya se reportan cancelaciones de pedidos para productos agrícolas clave como frutas y vegetales. Además, un menor crecimiento en los Estados Unidos podría ralentizar el envío de remesas —nuestro principal sostén externo— y generar presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, la primera línea de defensa es nuestra política macroeconómica.

La buena noticia es que no partimos de cero. Contamos con amortiguadores que es menester preservar: una baja deuda pública, un déficit fiscal moderado, un tipo de cambio estable, superávit en la balanza de pagos y un nivel vigoroso de reservas monetarias internacionales. Pero estos colchones no son inmutables. Para mantenerlos, se requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria. No es momento para aventuras fiscales (como la de seguirse endeudando solo para aumentar el gasto público ineficiente), ni para intervencionismos cambiarios. Los errores en estas áreas no se notan de inmediato… pero cuando lo hacen, ya suele ser tarde para corregirlos sin dolor.

La segunda acción es política: urge tomar la iniciativa y sentarse a negociar con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha señalado formalmente ciertas prácticas administrativas guatemaltecas que considera "desleales". En lugar de caer en la tentación de la confrontación ideológica, convendría ofrecer mejoras regulatorias e institucionales a cambio de un trato arancelario preferencial. No sería la primera vez que corregir una deficiencia interna nos abre una puerta externa. Y en el proceso, se fortalecería nuestra institucionalidad pública.

"Requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria"

Pero quizá lo más importante es mirar más allá de la tormenta coyuntural. Esta crisis debería ser el detonante para retomar una agenda de reformas estructurales que hemos postergado por demasiado tiempo. Mejorar la productividad sistémica requiere inversión en infraestructura, educación, conectividad y tecnología, pero también un Estado funcional, con instituciones confiables, reglas claras y justicia efectiva. La más reciente misión del FMI lo dejó entrever: la estabilidad económica guatemalteca es valiosa, pero necesita ser acompañada por una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la gobernanza.

La historia lo ha demostrado: los países que emergen fortalecidos de las crisis no son los que se refugian en la inercia, sino los que las aprovechan para reformar y construir. Guatemala ha demostrado resiliencia. Pero resistir no basta. Ni se trata solo de capear el temporal: se trata de aprovechar la tormenta para corregir el rumbo, a fin de salir de ella más robustos y resilientes.

LA MADRE DE LAS REFORMAS ELECTORALES

 LO MÁS IMPORTANTE ES FORTALECER EL TSE, QUE HOY VIVE SU HORA MÁS OSCURA

Si el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados, permite que profesionales con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente cooptable.

El TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia

Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- avanzan, pero con un enfoque superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos, sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda, pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia.

El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos -o, incluso, tentados hacia la corrupción- por gestiones puramente operativas; y, (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.

El colapso del sistema de partidos es una crisis paralela que preocupa y amerita atención, pero el colapso de la autoridad electoral es una amenaza aún más grave. Sin un TSE fortalecido, independiente y profesional, Guatemala corre el riesgo de perder lo que aún queda de su frágil democracia. La clase política debe entender que no se trata de preservar privilegios o de seguir administrando la crisis, sino de evitar que el país entre en una espiral de desconfianza institucional de la que difícilmente podrá salir.

El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestos a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.

POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025

TANTO EN EL CONGRESO COMO EN EL EJECUTIVO PARECEN DECANTARSE POR OBTENER VICTORIAS FÁCILES

La semana pasada se revelaron las que podrían ser las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025. En el Legislativo trascendió que, por ahora, las principales bancadas acordaron una agenda mínima que incluye la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Cooperativas, una ley de incendios forestales, y las reformas a le Ley de Tarjetas de Crédito. Además, el presidente del Congreso agregó algunas iniciativas cuya inclusión en la agenda está avanzando: una ley de medicamentos, una ley para la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, la Ley de Cine, una ley contra la violencia en el sistema educativo, una ley para sancionar la trata de personas en el sistema penitenciario y una ley de acceso a la tecnología educativa. 

Aunque esta agenda incluye alguna ley interesante, la misma dista mucho de ser ambiciosa. Las iniciativas incluidas parecen buscar “quick wins” políticos que signifiquen (o aparenten) logros legislativos a la vista de los votantes; pero no deja de decepcionar que no se estén considerando reformas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado y de sus instituciones. La ausencia de propuestas para reformar el sistema de justicia, el sistema de control del gasto público, el sistema de servicio civil, el proceso presupuestario o el propio sistema electoral deja un vacío en la agenda legislativa y muestra una falta de conciencia sobre las transformaciones estructurales que el país necesita.

Por su parte, el Ejecutivo también hizo públicas sus prioridades de política pública al incluir en su informe anual al Congreso un capítulo que describe “la futura cosecha” que pretende impulsar en 2025. En educación, prioriza el mantenimiento de la infraestructura escolar, la contratación de docentes y el programa de alimentación escolar. En salud, ampliar la cobertura de servicios y aplicar un modelo eficiente de abastecimiento de medicamentos. Ofrece profundizar la iniciativa "Mano a Mano" (empleo temporal, vivienda, distribución de alimentos) y fortalecer la agricultura familiar, así como mantener las transferencias monetarias condicionadas.

En política económica ofrece fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la calificación de riesgo-país, al tiempo que se optimiza el gasto público. Asimismo, prioriza el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la modernización del sistema penitenciario. Busca mejorar la eficiencia en la administración pública mediante plataformas tecnológicas e impulsar medidas ambientales centradas en la gestión del agua y la conservación de cuencas. Y en el campo internacional se enfoca en la protección a los migrantes.

Así, también en el caso del Ejecutivo se vislumbra una agenda relativamente poco ambiciosa. En particular, brillan por su ausencia dos cuestiones cruciales en las prioridades de políticas públicas que deberían ser los “buques insignia” del gobierno para 2025: el combate a la desnutrición infantil y una estrategia integral de lucha contra la corrupción. La desnutrición infantil es el elefante en la cristalería del que nadie quiere hablar y que ha sido injustificadamente ninguneado durante décadas por los distintos gobiernos; eso debería cambiar radicalmente. Y el combate a la corrupción es la bandera con la que el actual gobierno hizo campaña y, presumiblemente, la razón por la cual los votantes lo eligieron para gobernar. Los avances en este campo son aún muy pocos. Se necesita una política integral de fomento a la transparencia que no se base solo en la buena voluntad y la ética de los funcionarios públicos, ni solo en la veleidosa apuesta de la persecución penal.

 

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA QUE NO SIGAN DISPERSAS Y POSTERGADAS, ES NECESARIO FOCALIZARLAS Y PRIORIZARLAS

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo -especialmente- los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso, que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral) que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que a nivel mundial están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.