viernes, 30 de julio de 2010
Las Prioridades del Estado
§ POLÍTICAS PÚBLICAS
LAS PRIORIDADES DEL ESTADO
El estado de Guatemala está organizado, se supone, con el propósito de lograr el bien común como fin supremo. Una manera de comprender cuáles son las prioridades del estado para alcanzar tal fin consiste en ver de qué manera gasta sus recursos financieros. Al respecto, las cifras de ejecución del presupuesto de egresos que publica el Ministerio de Finanzas Públicas pueden ser muy ilustrativas.
Un primer aspecto que resulta llamativo, dados los embates de la delincuencia en los últimos tiempos, es que la provisión de seguridad ciudadana y de justicia no parece ser una prioridad del estado guatemalteco. En esta materia, sumando los rubros de defensa, seguridad interna y administración de justicia, el gasto efectuado por el gobierno en los últimos años no rebasa el 12% del total de egresos de presupuesto. Este porcentaje resulta menor, por ejemplo, al destinado a educación (que, incluyendo cultura y ciencia, ocupa un 22% del presupuesto), o al del pago de la deuda pública (que, entre intereses y amortizaciones, utiliza más del 15% del presupuesto).
Conviene aclarar, eso sí, que las cifras indican que esta priorización no es exclusiva de la actual administración. El gasto público en seguridad y justicia ha ocupado más o menos la misma prioridad, en términos de porcentaje del presupuesto total, desde 2002 hasta ahora; solamente en los años previos (por ejemplo en 2000 y 2001) este rubro llegó a sobrepasar el 15% del total del gasto presupuestario. Lo anterior obedece, fundamentalmente, a que el gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa ha reducido su participación dentro del total del presupuesto de gastos de un 7.3% en 2001 a 2.6% en 2009 (en tanto que el de Gobernación se ha mantenido en un 5% del total de gastos estatales).
Según la finalidad del gasto gubernamental, es incuestionable que el rubro de educación ha gozado de una creciente preferencia por parte de los distintos gobiernos en los últimos años. En efecto, la ejecución presupuestaria desde 2000 hasta 2008 reflejó un gasto en educación, cultura y ciencia de alrededor del 19% del total, porcentaje que, como se indicó, subió a 22% a partir de 2009; esto último refleja el aumento en el gasto de planilla derivado del impulso a la gratuidad en los servicios de educación en la actual administración.
Algo similar, aunque en menor escala y por razones similares, ha ocurrido con el gasto gubernamental destinado a la salud y al saneamiento, que en 2009 llegó a representar un 10.5% del total de la ejecución gubernamental, cuando en los diez años anteriores no sobrepasaba el 9% del mismo.
En virtud de que para 2010 no hubo un presupuesto aprobado por el Congreso de la República, es factible recurrir a las cifras que sobre modificaciones presupuestarias publica el Ministerio de Finanzas Públicas para ver las prioridades de gasto del gobierno en el transcurso del año. Según la finalidad del gasto, las cifras oficiales dan cuenta que, al 20 de julio, el presupuesto se había ampliado en Q1,271 millones, para alcanzar un total de Q51,301 millones de los cuales, a esa fecha, se había ejecutado un 49%.
Según la finalidad del gasto, el rubro de “Protección Social” era el que más había aumentado (en Q1,134 millones) respecto del presupuesto inicial, es decir que este rubro concentra el 90% de la ampliación del presupuesto y a esa fecha se había ejecutado en un 52.5%. Tomando en cuenta que en el referido rubro se incluyen primordialmente los gastos de los programas de transferencias de efectivo y bolsas de ayuda a las familias, es evidente que es allí donde están las prioridades del gasto este año. En contraste, los rubros que han visto reducido su presupuesto de gastos incluyen los de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Educación, y Asuntos Económicos.
Para saber cuáles son las preferencias y prioridades del estado de Guatemala para cumplir con su fin supremo no hace falta elucubrar ni filosofar mucho acerca de las intenciones de los gobernantes. Basta con ver la evidencia clara en las propias cifras fiscales.
Opinión de los lectores
Ramiro Asturias Zamora 27-07-2010 05:33:34 horas
No deja de ser curioso que esas "remesas familiares internas" sigan a todo tren, pese a NO originarse en dolares ganados con el sudor de la frente de nuestros emigrados (a excepcion de Arizona?) Me parece que al menos una porcion de las mismas se deberia usar en sembrar muchos mas arboles frutales, segun las caracteristicas de cada area. Hay frutas saludables y nutritivas: nueces, datiles, moras, mango y ese arbol autoctono (?) Pero quien sabe si aun podamos seguir pidiendole peras, al olmo...
jueves, 22 de julio de 2010
Debilidad en Nuestras Políticas Públicas
§ POLÍTICAS PÚBLICAS
DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas en Guatemala son las más débiles de Latinoamérica, con excepción de las de Paraguay, según un estudio reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que le asigna calificaciones a las distintas características de dichas políticas para medir su efectividad y su calidad; de los dieciocho países latinoamericanos, Chile (para no variar), Uruguay y Brasil son los que mejores políticas públicas aplican (y que mejor desempeño muestran, consecuentemente, en términos de desarrollo económico y social), en tanto que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Paraguay son los peor calificados.
Nuestras políticas públicas son erráticas: con demasiada frecuencia, al menor cambio en los vientos políticos, las medidas de política pública se interrumpen o se revierten, lo cual le imprime un alto grado de volatilidad al quehacer de las entidades gubernamentales. Recordemos, a manera de ejemplo, la supuestamente exitosa política de “Creciendo Bien” impulsada en el gobierno anterior, de la que hoy no queda más que el recuerdo. Los países más exitosos, como Chile, son capaces, al contrario, de mantener en el tiempo la mayoría de sus políticas públicas y cuando las modifican es para adaptarlas a las cambiantes condiciones económicas o para corregir alguna falla que se haya detectado.
Esa capacidad de adaptar las políticas a las necesidades de los tiempos también está ausente en nuestro país, bien sea porque el proceso de formulación y aplicación de las mismas se entorpece por la ineficiencia burocrática, o bien por las propias trabas legales que, a veces con la buena intención de evitar discrecionalidades de los funcionarios públicos, se convierten en camisas de fuerza que limitan la adaptabilidad de las políticas públicas.
Otra debilidad que destaca el estudio del BID es la poca coordinación que existe entre los distintos actores involucrados en el proceso de las políticas públicas, lo cual genera incoherencias en su aplicación que se traducen en ineficacia. Cuando la coordinación es crucial para el éxito de las políticas, como en el caso de la política fiscal y la política monetaria, Guatemala ha logrado establecer los mecanismos adecuados; sin embargo, en el caso de otras políticas que también requieren coordinación, como por ejemplo en la relación entre las políticas de salud y de educación o entre la política nutricional y la de transferencias condicionadas de efectivo, se ha evidenciado no sólo descoordinación sino también traslapes e, incluso, rivalidades, disputas y contradicciones en su implementación.
Algo peor ocurre en los pocos casos en que sí existen políticas bien diseñadas, que han logrado pasar apropiadamente el debate legislativo, pero que en la práctica son inefectivas. Pueden mencionarse entre ellas la política de seguridad alimentaria y nutricional, o la política de seguridad pública incorporada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; en ambos casos se trata de políticas ampliamente discutidas, consensuadas e internacionalmente reconocidas, plasmadas en sendas leyes de la República que simplemente no han sido aplicadas debido, entre otras razones, a la falta de voluntad política, a la escasez de funcionarios capaces e independientes, y a la debilidad de los mecanismos judiciales que obliguen a cumplir con la ley.
Por si lo anterior fuera poco, el estudio del BID también encuentra que nuestras políticas públicas también merecen una baja calificación en términos de su eficiencia, tanto en lo que se refiere al desperdicio de recursos financieros (aspecto que, posiblemente, está asociado a la falta de transparencia en el gasto), como en lo que respecta al alcance y cobertura de las políticas para beneficiar a grandes grupos de la población y no solamente a unos pocos favorecidos.
Comentarios de los lectores
Ramiro Asturias Zamora 20-07-2010 10:56:27 horas Convendria preguntarnos: Que le ha permitido a Chile diferenciarse tanto de Venezuela? O, al Uruguay de Ecuador? O, al Brasil, del Paraguay? Dicho en terminos mas inmediatos, por que se ha venido pareciendo nuestra amada Guatemala mas a Paraguay, que al Brasil? Mas a Ecuador, que al Uruguay? Y mas a Venezuela, que a Chile?He alli la cuestion!
sábado, 17 de julio de 2010
Horizonte Sombrío
§ POLÍTICAS PÚBLICAS
HORIZONTE SOMBRÍO
Luego de que el año pasado nuestra economía casi no creció y el ingreso per cápita de los guatemaltecos se redujo en términos reales, con el consiguiente aumento de la pobreza, el corriente año empezaba a registrar una recuperación incipiente, halada por el dinamismo del comercio exterior que, a su vez, respondía al recobrado crecimiento de la actividad productiva en los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportaciones.
Por desgracia, ahora se atisban nubarrones en el horizonte que podrían impedir que la recuperación económica se consolide. En primer lugar, ha habido un aumento significativo de los riesgos asociados a la elevada deuda pública de importantes países europeos (como España), que amenazan con elevar la incertidumbre en los mercados financieros mundiales y, con ella, el nivel de las tasas de interés, lo cual podría contagiarse a la economía estadounidense y, consecuentemente perjudicar la buena marcha de nuestras exportaciones.
Pero, más que las amenazas externas, son las realidades domésticas las que amenazan con retrasar el crecimiento económico que apenas empezaba a manifestarse. Pocas dudas caben de que la inseguridad ciudadana es, hoy día, el principal obstáculo que enfrenta la mayoría de decisiones de inversión o de iniciar un negocio en el país. Un país donde cada cuarenta y cinco minutos alguien es asesinado, donde las empresas tienen ya incorporado en sus costos de producción los pagos periódicos por extorsión que exigen las maras, donde innumerables locales comerciales instalan (para protegerse) barrotes de metal que separan a la clientela de los productos, no es un país que fomente el emprendedurismo ni la inversión privada. Lo que es peor, estos costos que imponen la inseguridad y la delincuencia generalizadas resultan más difíciles de sobrellevar para los micro y pequeños empresarios, lo cual da como resultado un sector empresarial cada vez más concentrado y menos equitativo, cada vez más cauto y menos competitivo.
La incertidumbre derivada de la criminalidad se ve agravada por la escasez de políticas de largo plazo que den alguna orientación sobre el rumbo del Estado y sus prioridades. Si al menos se supiera que existe una política de Estado enfocada a la construcción de caminos vecinales, o al combate a la desnutrición infantil, o a la mejora en la calidad de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria (por mencionar ejemplos de políticas que deberían ser prioritarias), ello podría dar a los agentes económicos alguna certeza respecto del norte que siguen las acciones gubernamentales.
En realidad, al contrario, ni siquiera existe certeza respecto a cuál es el verdadero presupuesto de ingresos y gastos del Estado para este año, ni sobre la magnitud y posibles fuentes de su financiamiento, ni sobre la probabilidad de que en pocos meses se quede sin recursos para continuar funcionando, ni mucho menos sobre las intenciones de modificar la estructura tributaria del país.
Por si lo anterior fuera poco, el horizonte sombrío se oscurece más si se toma en cuenta el modestísimo avance (y, en muchos casos, el retroceso) que han vivido las instituciones estatales necesarias para el funcionamiento del sistema democrático y el buen desempeño de los mercados. Un Ministerio Público acéfalo se combina con una Policía Nacional Civil sin espíritu de cuerpo y con unos tribunales de justicia atrofiados para producir niveles escandalosos de impunidad, a cuyo combate poco contribuye una CICIG enfocada en resolver crímenes pasionales. Hasta el propio proceso electoral que se avecina empieza a ensuciarse por culpa de los escándalos y la ineficiencia que se atribuyen al Registro Nacional de las Personas.
Opinión de los lectores
Alejandro. 13-07-2010 10:08:59 horas Las fuerzas de seguridad, se han dado a la tarea nada fácil de investigar y buscar en qué lugar se halla “la inteligencia”, con instrucciones precisas de la superioridad, al ser hallada de ponerla a la disposición del Ministerio de Gobernación, MP, tribunales, incluso a los “peludos”, para que de inmediato procedan a “combatir” la violencia, que se ríe a mandíbula batiente y haciéndoles señales obscenas por su incapacidad. Una vez solventado esto, dará inicio la recuperación económica ipso facto.
sábado, 10 de julio de 2010
Números de Catástrofe
§ POLÍTICAS PÚBLICAS
El pasado viernes se hicieron públicas, finalmente, las estimaciones oficiales del impacto económico de la tormenta Ágatha en Guatemala, calculadas por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, conforme a la metodología que dicha entidad ha venido aplicando para este tipo de desastres. Las cifras son útiles porque permiten contar con un registro de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos.
Las cifras sirven también para vincular la magnitud del desastre con y la demanda de recursos económicos que de ella se deriva, así como para comparar dichas cifras con otros desastres similares, ambos temas muy importantes para fines de programación fiscal. En ese sentido, conviene hurgar un poco dentro de las cifras oficiales e interpretar cuidadosamente su significado.
Para el efecto, resulta útil la distinción que la CEPAL hace de los dos tipos de impacto económico del desastre. Por un lado están los daños propiamente dichos, que se refieren al impacto directo que se produce por la destrucción parcial o total del stock o acervo de activos físicos (infraestructura, maquinaria e inventarios); estos daños suceden específicamente al momento de la catástrofe y, en el caso de Ágatha, se calculan en Q4,800 millones. Por otro lado están las pérdidas que suceden después del evento y a lo largo de un período relativamente prolongado; estas pérdidas indirectas se reflejan en cambios en los flujos económicos esperados que, para Ágatha, la CEPAL estima en Q3,055 millones.
Resulta evidente que ambos conceptos son diferentes y que los gastos de reconstrucción del país solamente pueden estar referidos al primero de ellos (los daños). Además, no todos los daños deben forzosamente ser cubiertos con recursos del Estado, ya que los mismos incluyen daños al acervo privado. Esto es importante tenerlo presente para evitar confusiones respecto de la necesidad de recursos por parte del fisco para la reconstrucción post-Ágatha, los cuales no deberían ser superiores a los referidos Q4,800 millones, en vez de los más de Q7,800 millones que varios medios de comunicación publicaron (sin mayor análisis) como necesarios.
Las cifras publicadas también resultan útiles para comparar el impacto económico de Ágatha con, por ejemplo, los ocasionados por la tormenta Stan en 2005. Sumando los daños y pérdidas que estimó la CEPAL para cada uno de esos eventos, se puede apreciar que el impacto estimado para Ágatha suma Q7,856 millones, mientras que los que en su oportunidad se atribuyeron a Stan fueron del orden de Q7,512 millones, lo cual implica un aumento de 4.6% de aquella catástrofe a la actual. Es más, si se toma en cuenta que los precios de los bienes y servicios entre 2006 y 2010 han aumentado en alrededor de 25%, se puede decir que el impacto económico de Ágatha es, en términos reales, mucho menor al producido por Stan y, casi seguramente, al del huracán Mitch de 1998.
Es importante que las autoridades de gobierno y los legisladores tengan en cuenta estas consideraciones a efecto de que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar los efectos del desastre se apeguen a la realidad y que eviten usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos. En las actuales circunstancias, un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio de los compromisos de gasto, lo cual podría generar unos números incluso más catastróficos que los de la propia tormenta tropical en términos de inestabilidad económica y pérdida de bienestar para los guatemaltecos.
Antonio Morales 06-07-2010 17:33:43 horas |
Lo que queda claro es que el Gobierno pretende inflar las cifras de la tragedia para usarlas de excusa y así inflar el gasto público con fines electorales. Es una vergüenza que los reportes de prensa no hayan tenido el cuidado de expulgar bien las cifras que, según el lic. García Lara, son la mital de lo que el Gobierno anda diciendo que necesita para la reconstrucción. Qué vergüenza. |
domingo, 4 de julio de 2010
INESTABILIDAD EN EL GABINETE
Opinión
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Esperemos que los recién estrenados ministros gocen del debido respaldo por parte del Presidente. | |||||
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ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS
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