SUBSIDIOS NO ¿ENTONCES QUÉ?

LA AMENAZA DE UNA CRISIS ALIMENTARIA ACONSEJA MEDIDAS MÁS EFICACES

Finalmente, los altos precios de los combustibles y de los alimentos, agravados por la guerra en Ucrania, impactaron sobre las cifras de inflación en Guatemala. En los primeros cinco meses del año, el Índice de Precios al Consumidor reporta que el costo de los alimentos ha subido más de cuatro por ciento y el del transporte se ha elevado en más de nueve por ciento. Los precios internacionales de los productos básicos y alimentos ya se habían elevado bastante el año pasado, y la invasión rusa de Ucrania en febrero los llevó niveles récord. Por ejemplo, Rusia y Ucrania exportan una cuarta parte de todo el trigo comercializado internacionalmente; la guerra interrumpió esas exportaciones y elevó su precio en más del cincuenta por ciento. Algo similar ocurrió con otros granos básicos y con la energía.

Los consumidores guatemaltecos de menores ingresos son muy vulnerables a los precios más altos porque los alimentos representan una proporción grande de su gasto diario. Los precios del combustible, en cambio, afectan más a los hogares de ingresos más altos, que tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos. Las políticas públicas para mitigar el impacto social del aumento de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y procurar que los pobres no reciban un impacto desproporcionado. Por ello, los subsidios no son la medida más efectiva para enfrentar la situación.

Los subsidios al combustible distorsionan las señales de precios, que son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten, que induzcan un ajuste de la demanda y animen a las personas a ahorrar energía. Del lado de los alimentos, un ajuste de la demanda es más difícil, porque las personas necesitan comer aproximadamente la misma cantidad. Aún así, los subsidios a los alimentos tampoco son eficientes para proteger a los más vulnerables, porque también son costosos, desplazan gastos más productivos y, al distorsionar los precios, reducen los incentivos para productores y distribuidores.

Una respuesta más adecuada y eficiente ante esta crisis pasa más por otorgar transferencias directas (en efectivo o en vales), temporales y focalizadas, a los consumidores más vulnerables y por fortalecer las redes de protección social del Estado. Esto implica eficientar los programas sociales existentes. Si la carestía de alimentos se agrava, será necesario expandir esos programas sociales, ampliando su cobertura y niveles de beneficios, pero utilizando herramientas digitales para registrar a los beneficiarios y entregar las ayudas más eficazmente. Esto tendrá un costo fiscal que podrá compensarse desmantelando gradualmente los subsidios que ahora están vigentes. La facilitación de las importaciones, el apoyo a los productores locales y la distribución directa de alimentos por parte del gobierno serán medidas a considerar si se agrava la amenaza a la seguridad alimentaria del país. Y las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) para contener la inflación también deberán cumplir un rol fundamental. Pero de estas hablaremos la próxima semana.

LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

Una Ley Engañosa

LA RECIENTE REFORMA A LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ES ENGAÑOSA Y -POTENCIALMENTE- PERVERSA

La semana pasada el Congreso logró aprobar las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, una de las muy pocas leyes aprobadas este año. El evento fue celebrado con gran autobombo por bancadas de diferente signo ideológico como un gran logro legislativo en pro del combate a la desnutrición y el fomento a la escolaridad. También lo celebraron diversos analistas y ONGs entusiasmados con los loables objetivos de la reforma. Lamento decepcionarlos, pero creo que se fueron con la finta: la ley aprobada no combate la desnutrición, difícilmente fomente la educación y probablemente tenga consecuencias perversas. Me explico.

La ley aprobada simplemente aumenta la cantidad de recursos fiscales que debe destinarse a comprar alimentos para ser repartidos a los alumnos y amplía la cobertura de dicho reparto a alumnos de secundaria, lo cual no asegura que se cumpla ninguno de los objetivos que justificaron su aprobación. En primer lugar, la ley no contribuirá a combatir la desnutrición crónica infantil porque es conocido que las intervenciones más importantes en materia de nutrición deben realizarse antes de la edad en la que los niños se integran al sistema educativo, amén de que hasta ahora los actuales programas de alimentación escolar nunca han formado parte de una política integral de combate a la desnutrición.

En segundo lugar, dado que la reforma se aprobó sin que se hayan conocido los resultados del informe anual de la Comisión Interinstitucional que debe evaluar el impacto de la alimentación escolar, y estando en medio de una pandemia que mantiene a los niños alejados de los centros educativos, resulta imposible saber si el reparto de alimentos -de la forma en que se ha estado haciendo hasta ahora- tiene algún efecto en la asistencia de los alumnos y en su desempeño escolar. En tercer lugar, es sabido que el reparto de alimentos en las escuelas ha sido utilizado como herramienta de proselitismo político y, en el peor de los casos, como fuente de negocios oscuros en la adquisición de los mismos.

En cuarto lugar, la ley fue aprobada con un desdén imperdonable respecto de sus consecuencias fiscales, como si el reparto de los escasos recursos financieros del Estado se tratara de organizar una piñata. Las reformas aprobadas implicarán un aumento en el gasto gubernamental de entre quinientos y mil millones de quetzales cada año, sin que nada asegure que tales recursos se gastarán eficiente y transparentemente. La ley se aprobó también sin especificar la fuente financiera de los recursos y, presumiblemente, violando el principio de Unidad Presupuestaria consagrado en el artículo 237 constitucional. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y la recientemente aprobada reforma a la Ley de Alimentación Escolar es un ejemplo de ello pues resulta engañosa y potencialmente perversa, por muy aplaudida y mayoritariamente bien acogida que haya sido su aprobación. Como dijo Jean Cocteau: no debe confundirse la verdad, con la opinión de la mayoría.

Enfocarse y Priorizar

¿CUÁN DIFÍCIL ES ENFOCARSE EN LO IMPORTANTE Y PRIORIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

La semana pasada se señaló en este espacio que las instituciones son un factor esencial del crecimiento económico y, consecuentemente, que los esfuerzos para reformarlas y fortalecerlas deberían ser centrales en la estrategia de desarrollo nacional. También se destacó, sin embargo, que los resultados de tales esfuerzos solo llegan a verse en el mediano plazo, razón por la cual la reforma institucional no suele estar entre las prioridades de los líderes políticos del país. Por otra parte, también la semana pasada el gabinete económico presentó -¡por fin!- un plan para la reactivación económica, compuesto por más de sesenta medidas que, ojalá, puedan implementarse rápidamente, aunque casi seguramente se toparán con la sempiterna incapacidad de ejecución del aparato estatal (que se ha hecho aún más evidente durante la pandemia).

Por ello, en tanto los poderes del Estado se animan a emprender las necesarias reformas institucionales, y en tanto la maquinaria gubernamental logra afinarse para impulsar las múltiples acciones de reactivación anunciadas, quizá algo más pragmático y racional sería centrarse en gestionar un conjunto más acotado y manejable de prioridades qué sí puedan hacer una diferencia positiva en las posibilidades de progreso del país.

Una de las primeras lecciones que aprenden los estudiantes novicios de economía es que las necesidades (personales, empresariales o gubernamentales) son infinitas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas son finitos. De ahí surge la exigencia de que esos recursos escasos (el oikos) deban gestionarse con prudencia y disciplina (el nomos). Para nadie es un secreto que los recursos (financieros, humanos e institucionales) de los que dispone un Estado como el guatemalteco son extremadamente escasos, por lo que debería caer de su peso que es imposible para cualquier gobierno resolver todos los problemas del país al mismo tiempo.

Otro gallo le cantaría a Guatemala si los gobiernos, en vez de pretender satisfacer todas las demandas sociales simultáneamente (lo cual es imposible, especialmente con un aparato público famélico y disfuncional), se enfocaran en proveer los cuatro servicios públicos esenciales que necesitan la economía y la sociedad para operar con un mínimo de eficiencia. Primero, la atención primaria en salud y la nutrición infantil, aspectos cuyo fortalecimiento es fundamental en la lucha contra la pandemia en los próximos meses. Segundo, la educación primaria, que es esencial para proveer oportunidades para todos y aumentar la productividad sistémica. Tercero, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia, sin las cuales continuará imperando la incertidumbre jurídica y el caos social. Y, cuarto, la infraestructura física que provea las comunicaciones y la energía que se requieren para que los intercambios económicos y sociales fluyan con abundancia.

Enfocarse en esos pocos temas, priorizar los recursos hacia su atención y perseverar en no desviarse de esas prioridades siempre ha sido un desafío para cualquier gobierno. Un sistema político desnaturalizado y una persistente miopía de sus líderes hacen muy difícil superar tal desafío. Tampoco ayuda que la opinión pública carezca de una agenda estratégica y que las élites tengan múltiples objetivos dispersos. Si eso no cambia -y si continuamos como sociedad sin enfocarnos en resolver esos cuatro temas esenciales- el gasto gubernamental (financiado con recursos provenientes de los impuestos actuales y del endeudamiento público que deberá pagarse con impuestos en el futuro) seguirá siendo, esencialmente, un desperdicio.

La Desnutrición se Agrava con la Pandemia

Un buen primer paso es el programa de emergencia de transferencias de efectivo; pero luego de la pandemia hay que restructurar toda la política de seguridad alimentaria.

El Covid-19 ha desatado múltiples crisis: sanitaria, económica, de confianza, de liderazgo… a las que ahora se suma un agravamiento en los indicadores de desnutrición. El confinamiento forzoso ha impedido que muchas personas puedan trabajar normalmente, lo que reduce sus ingresos y, por ende, su capacidad para adquirir alimentos. Esto afecta particularmente a los hogares de menores ingresos que quizá han debido desviar su dieta hacia alimentos menos nutritivos.

La pandemia también ha perjudicado la oferta de alimentos, debido a una reducción en la producción local: la escasez de liquidez causada por una menor demanda de alimentos y una caída de las remesas, se agrava porque, al mismo tiempo, se produce una escasez temporal de mano de obra por las restricciones a la movilidad de las personas. La disponibilidad de alimentos también se ve perjudicada por trabas en los procesos de transporte y distribución, que son claves para conectar a los productores con los consumidores. Y, encima de todo, las medidas restrictivas al comercio internacional que están aplicando muchos gobiernos alrededor del mundo redundan en una menor oferta de alimentos importados que podrían satisfacer la demanda de aquellos cuya producción doméstica es insuficiente.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años se triplican durante el primer mes de la pandemia: los cuatro mil quinientos casos (19.8 por cada diez mil niños menores de cinco años) que se registraban el año pasado, se elevaron a trece mil setecientos a finales de abril de 2020 (58.5 por cada diez mil). Estamos, pues, ante una evidente crisis alimentaria que precisa la adopción urgente de medidas para apoyar la alimentación de la población vulnerable y en situación de pobreza. Un buen primer paso es el programa de emergencia de transferencias de efectivo. Sin embargo, este apoyo no atiende a las familias vulnerables que no están bancarizadas, que no logran registrarse en el programa o que se encuentran en lugares remotos. Para dichas familias, se requiere acelerar el programa de reparto de alimentos a cargo del Ministerio de Agricultura.

Pero una vez concluida la etapa de emergencia contra la pandemia, es menester implementar programas que restructuren y consoliden la lucha contra la desnutrición. Resulta imprescindible dirigir recursos presupuestarios para darle sustento, estructura y sostenibilidad a los programas de seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, debe plantearse la creación de un Fondo Específico de Nutrición, como un vehículo financiero de propósito especial para asegurar una ejecución coordinada y eficiente de los programas e instituciones que combaten la desnutrición, basado en una gobernanza profesional y técnica para administrar los recursos.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. El marco legal que rige el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- puede potenciarse con un fondo como el propuesto que podría ser clave para hacer que funcione ese sistema de coordinación institucional.

Hay que Invertir en Capital Humano

El Estado gasta poco, y mal, en las que deberían ser las prioridades de sus políticas púbicas: atención primaria en salud, nutrición infantil, educación primaria. Mucho del presupuesto gubernamental de gastos se desperdicia en objetivos secundarios y superfluos. Urge corregir y re-priorizar el presupuesto; y los partidos políticos deberían tener tal cosa como una oferta central de su campaña electoral

A los economistas nos gusta hacer el símil entre el capital físico (equipo, planta, maquinaria e infraestructura) de un país y su capital humano (es decir, la cantidad, calidad, grado de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso productivo). Formalmente, el concepto de capital humano fue desarrollado por Theodore Schultz y Gary Becker, quienes lo consideraron como cualquier otro tipo de capital, que si se invierte en él puede traer múltiples beneficios para la sociedad. En efecto, el crecimiento económico de los países se puede explicar considerando el capital humano como un factor clave de la producción, pues invirtiendo en él se puede aumentar la productividad sistémica, impulsar el progreso tecnológico y, además, obtener múltiples beneficios en otras áreas como el progreso cultural y el bienestar y la paz social.

Lo que no ha sido tan fácil es medirlo. Por eso es bienvenida la medición del Índice de Capital Humano -ICH- que el Banco Mundial publicó a finales del año pasado para 157 países y que mide la cantidad de capital humano que un niño nacido hoy puede esperar acumular a los 18 años. El ICH compuesto por cinco indicadores: la probabilidad de supervivencia hasta los cinco años, los años de escolaridad esperados de un niño, los puntajes de las pruebas estandarizadas (calidad del aprendizaje), la tasa de supervivencia de adultos (jóvenes que sobrevivirán hasta los 60 años), y la proporción de niños no atrofiados (por desnutrición).

La calificación de Guatemala, como en tantos otros índices, es desalentadora. Con cifras para 2017, nuestro país se ubica -con un puntaje de 0.46 sobre 1- en el puesto 104 (de 157 países) y ocupa el penúltimo lugar del continente americano (solo detrás, claro está, de Haití). Todos nuestros vecinos ocupan mejores posiciones: Honduras en el puesto 103, El Salvador en el 97 y México en el 64. El ICH de Guatemala no solo es inferior al promedio de Latinoamérica, sino también al del grupo de países de similar nivel de ingresos. Lo que es peor, entre 2012 y 2017 el valor de nuestro ICH apenas aumentó de 0.44 a 0.46.

Si el país lograra duplicar su calificación en el ICH podría, en el largo plazo, duplicar su PIB per cápita. Por ende, la mejora del capital humano debería ser una prioridad en las políticas del gobierno y ocupar un lugar central en los planes de gobierno que los partidos políticos presentarán en la campaña electoral. Por desgracia, es poco probable que tal cosa ocurra debido a que la inversión en capital humano (con todo y lo esencial que es para el desarrollo del país) es una política que tarda mucho tiempo en producir frutos, lo que la hace políticamente poco atractiva a corto plazo.

Quizá la vergüenza de vernos tan mal calificados en el ICH pueda, aunque sea por orgullo nacional, ayudar a crear conciencia y aumentar la presión para que se adopten políticas públicas de mejora del capital humano, lo cual implica un esfuerzo de priorizar el gasto público hacia los rubros que aumenten las inversiones en las personas (educación de calidad, atención primaria en salud, combate a la desnutrición) en vez de desperdiciarlo en gastos superfluos e ineficientes.

Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

Reprobados en Nutrición

De los 109 países calificados, Guatemala ocupó el puesto 71; sólo por encima de Nicaragua y Haití en el Hemisferio

De las numerosas tragedias que afectan a Guatemala, la desnutrición infantil es la más vergonzosa e injustificable. Es además un pesado lastre que obstaculiza el desarrollo del país pues causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, así como más problemas de aprendizaje, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir prematuramente.

Por ello es necesario medir qué progresos se han hecho en este campo y cómo se compara nuestro país con otras realidades. Para el efecto, resulta útil e interesante el Índice Global de Seguridad Alimentaria –GFSI, por sus siglas en inglés- creado por The Economist Intelligence Unit hace un par de años y que recién publicó en su versión para 2014. Este índice define la seguridad alimentaria como la situación en que las personas tienen todo el tiempo acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas para una vida activa y saludable.

Para medir la seguridad alimentaria, el índice agrupa un conjunto de indicadores en tres categorías diferentes: capacidad de compra, disponibilidad y calidad-sanidad. Primero, la capacidad de compra se mide en función de indicadores cuantitativos duros, como la proporción del gasto del hogar dedicado a alimentos, el porcentaje de habitantes bajo la línea de pobreza, el ingreso per cápita, el nivel de aranceles a la importación de productos agrícolas, el acceso al financiamiento a los pequeños agricultores, y la presencia de programas gubernamentales de asistencia alimentaria.

La segunda categoría (disponibilidad) compara indicadores de la capacidad de los países de producir y distribuir alimentos, el gasto gubernamental en investigación y tecnología agrícola, la volatilidad de la producción agrícola, el desperdicio de alimentos, la corrupción gubernamental, y los riesgos de inestabilidad política. Y la categoría de calidad-sanidad mide indicadores relacionados con cuán variada es la dieta promedio, los estándares nutricionales, la disponibilidad de micronutrientes, y la calidad proteica disponible en cada país.

En total, el índice para 2014 está compuesto por 28 indicadores agrupados en las tres categorías descritas, y califica al 109 países utilizando datos oficiales publicados por organismos internacionales y por los propios gobiernos de esos países. Los resultados apuntan a que la seguridad alimentaria mejoró en la mayoría de países en 2014. Si bien los paises desarrollados de Occidente siguen siendo los de mayor seguridad alimentaria y los países del África subsahariana permanecen en los últimos lugares, estos han progresado relativamente rápido, de manera que la brecha entre unos y otros se ha reducido.

En el índice global, de los 109 países calificados Guatemala ocupó el puesto 71 (con una calificación de 46.9/100); solamente Nicaragua (puesto 74, calificación 45.6) y Haití (puesto 103, calificación 30.2) están peor calificados que Guatemala en el continente americano. Lo que es peor, aunque el 70% de los países calificados mejoró su punteo entre 2013 y 2014, la calificación del Guatemala fue una de las pocas que empeoró respecto del año previo (que había sido de 47.2/100).

A nivel de regiones, Latinoamérica fue la que menos mejoró en el índice debido a los pocos avances en materia de distorsiones institucionales que ocasionan ineficiencias en la asignación de recursos alimentarios y sus sistemas de distribución, a pesar de tener buenas calificaciones en cuanto a capacidad de producción.

Lo anterior vuelve a evidenciar que las causas de la inseguridad alimentara no se encuentran en la poca oferta, sino en las dificultades de acceso individual a los alimentos debido a fallas en la distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos clave, como la atención a los niños desde su gestación.

Para Incentivar la Inversión

Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados niveles de pobreza. Por ende, es necesario incentivar la inversión, lo cual no se logra con medidas de maquillaje, sino concentrándonos en los temas de fondo. 

La inversión es el factor clave para aumentar la producción y el bienestar de un país. Solamente la inversión (que aumenta la disponibilidad de capital en la economía) y la innovación pueden aumentar significativamente la frontera de posibilidades producción, ya que los otros factores de la producción o son fijos y no crecen –la tierra- o sólo crecen vegetativa y lentamente –el trabajo-.

La inversión es el único componente de la demanda agregada capaz de dinamizar la producción y responder sensiblemente a estímulos de política pública; los otros componentes de dicha demanda sólo responden a factores inerciales (el caso del consumo privado) o exógenos (las exportaciones), o no pueden ser sostenibles por periodos prolongados (el gasto de gobierno).

Por desgracia, Guatemala tiene un nivel de inversión muy bajo, lo que explica en gran medida el escaso dinamismo de nuestra economía y los elevados indicadores de pobreza del país. La inversión en Guatemala representa solamente un 15% del valor de la producción total (medida por el PIB), cuando el promedio de dicho porcentaje en Latinoamérica es de 23% ¡y en China 50%! Además, Guatemala atrae muy poca inversión extranjera directa en comparación con nuestros vecinos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que aumenten la inversión?

Guatemala brinda algunas condiciones favorables para la inversión: la inflación es relativamente baja y estable, la deuda pública es manejable, el sistema financiero es sólido, hemos tenido varias elecciones libres y democráticas consecutivas, los recursos naturales son abundantes, y el grado de apertura al comercio exterior es grande con un déficit exterior manejable. Por lo tanto, los obstáculos que impiden que crezca la inversión deben ubicarse en otros aspectos que son claves para que cualquier inversionista decida emprender un negocio en nuestro país.

Para empezar, el tamaño del mercado guatemalteco está muy limitado (en relación al tamaño de la población) debido al elevado porcentaje de la población en situación de pobreza (más de la mitad) y al consiguiente pequeño tamaño de la clase media, lo que hace que Guatemala sea un destino de inversión menos atractivo que otros países de similar dimensión. Esto no solo es resultado de la elevada concentración del ingreso sino que, principalmente, del escaso dinamismo de la producción, lo que configura un complejo círculo vicioso: una economía poco dinámica no es atractiva para la inversión, y la poca inversión impide un mayor crecimiento de la economía.

Todo ello es el resultado de que nunca hemos efectuado las reformas estructurales que otros países lograron implementar en los últimos veinte años. Entre las consecuencias de ese fracaso destaca la pobre infraestructura física, particularmente en carreteras que acerquen y conecten los mercados: mientras que la inversión en infraestructura representa el 10% del PIB en China y el 6% en India, es menos del 1% en nuestro país.

Otro factor de igual importancia es la baja productividad del trabajo, lo que está conectado con el bajísimo nivel educativo y con las graves deficiencias nutricionales prevalecientes. Asimismo, la rigidez del mercado laboral (ni siquiera contamos con un marco regulatorio del trabajo a tiempo parcial). A esto hay que agregar el clima de violencia y criminalidad que, junto con la corrupción generalizada, ahuyentan a cualquier inversionista bienintencionado. Y, para terminar, la ineficiencia y debilidad de las instituciones públicas (incluyendo una baja recaudación tributaria) impiden que el Estado pueda cumplir con proveer la infraestructura, salud, educación, seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión privada para florecer y contribuir con el crecimiento y prosperidad del país.

Para incentivar la inversión no existen soluciones mágicas; la tarea es difícil y los esfuerzos deben centrarse en las áreas enumeradas. No hay que empezar de cero: en el Congreso de la República existen iniciativas de ley que podrían coadyuvar al avance de las reformas económicas requeridas. Por ejemplo existe una iniciativa para regular el trabajo a tiempo parcial (iniciativa 4648) y otra para dar estabilidad jurídica y tributaria a la inversión (iniciativa 3996). Por allí podríamos empezar para lograr en el corto plazo algún avance concreto.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

La Desnutrición es Problema de Todos

La desnutrición ha sido combatida exitosamente en otros países mediante acciones que han demostrado  ser eficaces (y poco costosas), pero que demandan un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Dicho esfuerzo de coordinación ha sido el talón de Aquiles en el caso guatemalteco. 

La ignominiosa –y sorprendentemente poco difundida- noticia de un nuevo brote de desnutrición en Baja Verapaz ha vuelto a desnudar la realidad del país: pese a que las autoridades aseguran estar trabajando al respecto, durante el presente año se han detectado 70 casos de desnutrición crónica y aguda, con la cauda de tres niños fallecidos. La desnutrición no sólo es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, sino que resulta completamente injustificable pues existen instrumentos suficientes para combatirla (oferta de alimentos, un adecuado marco legal y políticas públicas específicas) que no se aplican efectivamente.

El economista indio Amartya Sen (premio Nobel en 1998) ha advertido que, aunque muchas cosas acerca de la pobreza son bastante obvias, el tema de la hambruna y la desnutrición no lo son tanto: las causas de estos males no se encuentran en la poca oferta de alimentos, sino en las dificultades de acceso individual a los mismos debido a fallas en los mecanismos de distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos más sobresalientes de la desnutrición; en particular, pasa por la atención a los niños desde su gestación. La desnutrición causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los estudios demuestran que los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, y más probabilidad de tener dificultades académicas, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir antes.

Afortunadamente, existen acciones para combatirla que han sido eficaces (y poco costosas) en otros países. Brasil redujo el número de niños con bajo peso en un 0.7% anual entre 1986 y 1996 y redujo el retraso del crecimiento en un 1.9% anual; Bangladesh también lo redujo a tasas de 2% anual en 1994-2005. Estos países centraron muchas de sus acciones en los primeros mil días de vida (incluyendo el embarazo) y ampliaron sus programas de salud materna, de enseñanza de buenas prácticas alimenticias, y de medición y control del problema.

Estos programas exitosos requieren de un gran esfuerzo en materia de coordinación que involucra muchas acciones en un gran número de instituciones del Estado (el programa Hambre Cero de Brasil tiene 90 diferentes programas en 19 ministerios y abarca desde transferencias monetarias condicionadas, hasta proyectos de mini-riego), lo cual es difícil de organizar y sólo puede funcionar con el apoyo decidido del liderazgo político.

En Guatemala existe desde hace seis años, por mandato legal, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, que no ha sido capaz de impedir que se produzcan episodios recurrentes de crisis alimentaria en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, órgano rector de las políticas públicas del sector, ha tenido dificultades en cumplir con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha enfrentado dificultades en su rol de coordinar al SINASAN, armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales.

Por ello es necesario que cada día haya más conciencia en la sociedad guatemalteca acerca de la importancia crucial que para la viabilidad del país, su desarrollo integral y su gobernabilidad, reviste el combate a la desnutrición. Hoy, resulta esperanzador el surgimiento de la Alianza por la Nutrición, una alianza de organizaciones privadas y de la sociedad civil, comprometidas con el combate a la desnutrición crónica mediante la incidencia y el apoyo a políticas públicas, especialmente a las acciones del Gobierno, la cooperación internacional, los esfuerzos privados y la movilización social que permitan implementar la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país.

Peligrosa Confusión de Conceptos

Seguridad alimentaria no es lo mismo que soberanía alimentaria: es muy peligroso confundir estos conceptos

La inaceptable tragedia de la desnutrición en Guatemala no sólo justifica sino que exige que se apliquen políticas públicas de seguridad alimentaria, entendida ésta como “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.

Esta definición (contenida en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) es, en términos generales, técnicamente correcta y adecuada, aunque pueda ser discutible que la alimentación deba ser “preferiblemente de origen nacional”. En todo caso, sobre tal definición se sustenta la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (vigente desde hace más de seis años que, no obstante su reconocido buen diseño, no ha contado nunca con el respaldo político y la priorización gubernamental que las circunstancias exigen.

Por desgracia, la inadecuada aplicación de la política de seguridad alimentaria no sólo impide combatir eficazmente la desnutrición, sino que también hace surgir la tentación de buscar atajos engañosos, tales como la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En efecto, en el último lustro el tema de “seguridad alimentaria” (que busca que cada habitante tenga suficiente alimento) se ha trocado en propuesta agresivas de “soberanía alimentaria” (que pretende que cada territorio produzca su propio alimento).

La autosuficiencia alimentaria tendría sentido sólo si el país de que se trate tiene una ventaja comparativa en producir su propio alimento. El problema es que la reciente retórica de soberanía alimentaria alrededor del mundo refleja un claro sesgo de desconfianza contra los mercados; y ello no sólo por parte de los activistas sino, crecientemente, de los propios gobiernos que ceden ante las presiones por erigir barreras proteccionistas contra el libre comercio de granos básicos y otros alimentos.

La historia demuestra que el proteccionismo perjudica a las mayorías; la propia Europa ha demostrado por décadas que buscar la autosuficiencia se traduce en ineficiencia y un enorme desperdicio de recursos. Lejos de seguir gastando millonadas en subsidios a los agricultores menos eficientes, lo que los gobiernos deben procurar es mejorar la productividad agrícola para alimentar los más de 8 millardos de habitantes del planeta. Ello requiere que existan mercados y comercio eficientes.

El proteccionismo, que es parte esencial de la “soberanía alimentaria”, reduciría la oferta de alimentos y agravaría los problemas de desnutrición. Los que abogan por la autarquía deberían reflexionar sobre los millones de hambrientos generados por esa clase de políticas en Corea del Norte. Además, los alimentos cuyos precios internacionales han registrado alzas más agudas en años recientes con aquellos que se comercian relativamente menos.

La idea de que el libre comercio se opone a la seguridad alimentaria es claramente errónea. El destacado economista (que no podría ser catalogado de neo-liberal) Dani Rodrik lo ha expresado claramente: si los países en desarrollo hubiesen mantenido sus medidas proteccionistas, la oferta mundial de alimentos habría sido menor –no mayor- hoy en día. (Esto debido a que el proteccionismo habría llevado a que la producción mundial se reasignara de exportadores eficientes a importadores ineficientes). Quien esté en favor de la soberanía alimentaria debe estar dispuesto a vivir con precios elevados.

La “vía campesina” de la autosuficiencia autárquica y la “soberanía alimentaria” es contraria a la evolución de las naciones que, invariablemente a lo largo de la historia, han salido de la pobreza y han logrado desarrollarse (incluyendo un traslado masivo de trabajadores del sector agropecuario al sector industrial y de servicios).

Es verdad que hasta hoy las (mal aplicadas) políticas de seguridad alimentaria y de libre comercio no han sido lo suficientemente efectivas para conseguir el bienestar material de la población más desposeída. Pero pretender sustituirlas con políticas proteccionistas, superadas hace décadas por la realidad, es atentar contra cualquier posibilidad técnica de reducir permanentemente la pobreza rural.

La "Cooperación" Económica Externa

No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que nos regalan (así se trate de regalos de cumpleaños) es algo que necesitemos. La ayuda económica externa, para un país como Guatemala (que NO ES de los más pobres del mundo) es muy bienvenida y necesaria en casos de emergencia (como desastres naturales o hambrunas) y es muy útil cuando se utiliza para construir instituciones usando la experticia de otros países que nos superan en ese campo. El resto de la "ayuda" debemos verlo con escepticismo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA “COOPERACIÓN” ECONÓMICA EXTERNA

No todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda  

La semana pasada se informó que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- estimaba que, como mínimo, la cooperación económica internacional recibida por Guatemala en los últimos quince años ascendía a unos Q70 millardos, aunque la titular del ramo reconoció que, por diversas razones (como la falta de archivos ordenados) la información era solamente aproximada.

La noticia publicada incluyó también una serie de comentarios que criticaban la falta de efectividad de dicha ayuda debido a la falta de políticas gubernamentales de largo plazo y a la débil institucionalidad pública. Además, se dejó ver que los países cooperantes podrían estar insatisfechos por los magros resultados de su ayuda en términos de reducción de la pobreza y mejora del desarrollo del país.

En todo caso, es conveniente tomar con mucha cautela las “gigantescas” cifras a las que supuestamente asciende la cooperación extranjera. En primer lugar porque, en términos relativos, la asistencia oficial para el desarrollo que recibe Guatemala no es tan significativa pues, según la OCDE (el club de los países cooperantes), representó un 1.25% de su ingreso nacional bruto (en promedio anual de 2007 a 2009), porcentaje muy similar al del promedio del grupo de países clasificados como de ingreso medio-bajo (entre los que se incluyen, por ejemplo, Guatemala, Paraguay y El Salvador). En estos términos, evidentemente, nuestro país recibe menos cooperación económica que otros de menor nivel de ingreso como Bolivia (que recibió ayuda equivalente a un 4% de su ingreso nacional, en el mismo periodo), Honduras (3.8%), Nicaragua (13.1%), Mozambique (20.8%), o Burindi (41.2%).

En segundo lugar, las cifras de cooperación internacional no están bien registradas, no sólo en nuestros desordenados archivos gubernamentales, sino también en los de los países donantes, cuyos ciudadanos financian con sus impuestos muchos proyectos y actividades oficiales y de ONGs que no sólo suelen tener poco impacto en el bienestar de los pobres sino que, en ocasiones, se rigen por motivaciones políticas y diplomáticas poco transparentes.

En tercer lugar, no todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda. En el caso de Guatemala, casi el 70% de la “cooperación” registrada por SEGEPLAN corresponde a préstamos –muchos de ellos “atados” a ciertas condiciones que favorecen a empresas del país otorgante- que tarde o temprano nuestro país debe devolver, si bien es cierto a tasas de interés subsidiadas y con períodos de gracia incorporados. Del restante 30% (las verdaderas donaciones) una buena tajada se concede a fundaciones, iglesias y otras asociaciones que utilizan los recursos con la eficacia que su buena fe y capacidad institucional les permiten.

La efectividad de la ayuda económica externa, en términos de impulsar el desarrollo económico y humano, ha sido puesta en duda por diversos académicos a nivel internacional. Economistas como Peter Thomas Bauer, Dambisa Moyo, Paul Mosley o Peter Boone han comprobado que no existe correlación entre la ayuda recibida y el crecimiento económico de los países recipiendarios, entre otras razones, por el drenaje de recursos que su debilidad institucional ocasiona en forma de proyectos y gastos improductivos.

Por ello los propios países de la OCDE adoptaron en 2005 una serie de principios para aumentar la efectividad de su ayuda externa. Tales principios incluyen la necesidad de que el país recipiendario se apropie de las políticas y estrategias financiadas por la cooperación, que la misma esté alineada con las prioridades de desarrollo de cada país, que los cooperantes se coordinen en la priorización del destino de su ayuda, que ésta esté enfocada a lograr resultados y que todas tanto donantes como recipiendarios sean responsables del uso transparente y eficiente de los recursos.

Ante el poco avance mostrado por los cooperantes en el cumplimiento de estos simples principios, y con la crisis económica por la que ahora atraviesan, no podemos sino ser pesimistas respecto de que algún día se pongan de acuerdo en los temas que realmente pueden ayudar al desarrollo y bienestar de los países menos desarrollados: la apertura de sus mercados a nuestros productos y la apertura de sus fronteras a nuestros trabajadores.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 08/16/2011 - 10:38 — Sergio Petronio Licardie Vetorazzi

Respecto de los datos estadísticos sobre la relación cooperación internacional,-  ingreso nacional bruto pueden conjeturarse algunos conceptos. Guatemala no requiere de ayudas internacionales y produce bastante, por eso la baja. relación. Otro. Somos malos pedigüeños  y por eso no nos dan la lana. Tenemos mala fama y nos tienen desconfianza. Somos muy presumidos y no recibimos cualquier cosa. Yo creo que somos malos pedigüeños con algo de creídos y presumidos. Por ejemplo el presumido presidente que no solicito la condición migratoria en USA y paso a fastidiar a miles de miles de guatemaltecos que viven ilegalmente en USA. Allí fuimos malos pedigüeños y presumidos. Por otro lado la relación ingreso nacional y lo que nos dan (cooperación) no es una cifra útil para comparar entre los países que reciben mas o menos dinero, de la misma forma también no se analiza en que se gasta y si paga impuestos al gobierno.

Ruralidad y Bienes Públicos

Estos días ha estado circulando un artículo que salió en el blog del diario español El País, que comenta sobre la trágica situación de desnutrición y pobreza rural en Guatemala. Dicho artículo es lírica pura, al estilo de Intermón. La retórica sentimental-ideológica-y-cuasi-científica de este tipo de artículos no tendría nada de malo si no es porque, tratándose de un tema tan grave e importante, causan confusión y desvían la atención de las verdadera soluciones (que no son sencillas ni instantáneas), haciendo creer que con subsidios y leyes milagrosas se pueden resolver nuestras gravísimas debilidades estructurales. (Podrán ver que algunos ilusos lectores que se tomaron la molestia de comentar mi columna del periódico creen de buena fe en esas soluciones mágicas).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 RURALIDAD Y BIENES PÚBLICOS

El problema fundamental del área rural en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales

Ocasionalmente vale la pena dar una mirada a las publicaciones del exterior en las que se menciona a Guatemala, ya que suelen aportar una visión fresca de la realidad nacional que, a veces, puede ser útil para diagnosticar mejor nuestros problemas e identificar sus posibles soluciones. Otras veces, sin embargo, algunas de estas publicaciones no logran profundizar en el análisis ni aportan elementos útiles para comprender nuestra compleja realidad.

En este último caso se enmarca el artículo titulado “Guatemala: el hambre de muchos enriquece a unos pocos”, escrito por Gonzalo Fanjul de Intermón-Oxfam de España y publicado en la versión electrónica del diario El País el 14 de junio pasado. En su artículo, Fanjul señala, atinadamente, la terrible paradoja guatemalteca: un país que dista mucho de estar entre los más pobres del mundo y con grandes potencialidades productivas pero que, al mismo tiempo, muestra unos vergonzosos indicadores de pobreza, entre los que destacan los índices de desnutrición infantil (similares a los de los países más pobres de África).

Es difícil no concordar con Fanjul en que el hecho de que cuatro de cada diez niños guatemaltecos padezca de algún grado de desnutrición es intolerable y amerita una respuesta urgente del gobierno y la ciudadanía. Menos convincentes –aunque respetables como argumentos- resultan los pareceres políticos expresados en el referido artículo: Fanjul opina que el problema central de la desnutrición radica en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra (que califica de “feudal”), que las élites económicas han impuesto un modelo exportador latifundista, que las “grandes compañías” perjudican a los campesinos al ponerlos en desventaja mediante acuerdos comerciales como el CAFTA, etcétera.

Lo que sí resulta desconcertante del artículo son sus recomendaciones de tipo, vale decir, más técnico, bastante superficiales ellas y que desdicen mucho de la experiencia de más de 20 años que Fanjul dice tener como activista contra la pobreza. Básicamente, y sin proporcionar mayores argumentos, Fanjul propone que el Estado trate a la agricultura campesina como un “sector estratégico” (y que los recursos financieros públicos se orienten en esa vía) y que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral diseñada por el actual gobierno. Ambas propuestas tienen severas debilidades. Por una parte, el tema de declarar “sectores estratégicos” y de otorgar subsidios a los productores agrícolas es una práctica que no sólo ha mostrado ser inefectiva sino que ha contribuido al deterioro económico de varios estados europeos que los tiene al borde de una grave crisis económica. Por otra, la famosa Ley de Desarrollo Rural Integral (que muy probablemente Fanjul nunca ha leído) es un conjunto de aspiraciones y planteamientos, poco armonizados y poco realistas, que difícilmente contribuyen a resolver los verdaderos problemas que subyacen a la pobreza rural y la desnutrición crónica.

La desnutrición y el hambre son un problema que, si bien nos debe avergonzar a todos los guatemaltecos, tiene múltiples causas que pasan necesariamente por la falta de productividad sistémica y la ausencia del imperio de la ley, problemas estos que requieren más que buen corazón y soluciones mágicas para resolverse. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el problema fundamental de la ruralidad en Guatemala es la escasa provisión de bienes públicos esenciales, que aumenten la productividad de la economía campesina y permitan sacar de la pobreza a la población, especialmente a la indígena.

La situación paradójica de la pobreza rural en Guatemala se explica, en gran medida, porque existe una enorme ausencia de bienes públicos esenciales: educación básica, salud, infraestructura física, seguridad pública y cortes de justicia confiables. Esa escasez de dichos bienes se convierte en un obstáculo fundamental para que exista un adecuado clima de negocios, para que surjan empresas campesinas, y para que se desate la inversión en el campo, todo lo cual genera desarrollo económico. Lejos de buscar soluciones mágicas o instantáneas a los apremiantes problemas que desembocan en la pobreza rural, los esfuerzos del Estado (incluyendo los fiscales) deberían centrarse en la provisión de tales bienes públicos esenciales.


COMENTARIOS DE LOS LECTORES:

Mar, 06/28/2011 - 10:15 — JoseLuisGomez

El problema agrario esta íntimamente relacionado con la propiedad y tenencia de la tierra. Por todos es conocido que el latifundio, práctima muy extendidad en Guatemala, no posibilita el desarrollo rural. La concentración de la tierra productiva excluye a la mayoría de la población y reproduce a todo nivel la pobreza y pobreza extrema. Pienso que el problema de la pobreza se convirtió en un círculo vicioso donde no existe voluntad política estatal para el combate de esta, el mismo sistema está diseñado para mantenerla y reproducirla (ejemplos del desinterés estatal: la poca inversión social en áreas rurales como la educación y la salud). Pienso que la Ley de Desarrollo Rural Integral puede convertirse en el estandarte en la lucha contra la pobreza, se tiene que empezar a trabajar con base legal para buscar la institucionalización estatal del combate a la pobreza. Esta ley puede convertirse en el primer intento real (porque existe una ley) por parte del Estado para contrarrestar las desigualdades sociales. Enmiendas y correcciones siempre serán necesarias, pero resalto que se debe de empezar por algo y esta ley me parece una buena plataforma para que el Estado recupere el compromiso perdido.

Mar, 06/28/2011 - 13:41 — josemigarcia

Pueblos nativos del suelo mío, fueron saqueados y sometidos. Por la siniestra garra de la madre oligarquía, que orgullosa festeja habernos despojado de lo que era nuestro, dejando al indígena y al campesino, sin lugar donde sembrar, sin lugar donde trabajar, obligando a nuestra gente a vivir en miseria, arrinconándolos a la pobreza y a sobre vivir con lo muy poco que les queda.

Mar, 06/28/2011 - 16:33 — Jim Gómez

Los que más exigen son los que menos dan, pedimos que todo se haga de forma clara y con desarrollo humano, pero esto no es posible, porque los empresarios son los que menos tributan a la nación, pagando unos sueldos miserables, de esta forma es como se enriquecen, explotando y marginando, y aun reniegan de hacer una reforma fiscal, donde ellos le devuelvan al país, lo que se les ha exonerado de impuestos.

Mar, 06/28/2011 - 17:59 — Johana Luna

Durante mucho tiempo el pueblo estuvo olvidado, y esto era lo que reclamaban los empresarios, que
cuando habría inversión social, que Guatemala es el paraíso de la ONG, y cuando este gobierno inicio con la tan esperada inversión social, los empresarios y partidos de derecha se opusieron, criticando el actuar del gobierno ante la inversión que se estaba haciendo, aun ahora se sigue con la crítica, y no es un critica que ayude a mejorar los errores que esta inversión tiene, al contrario, solo son para desprestigiarlos y no en apoyo. ¿Al empresariado y gente de derecha, le dolerá que fuera este gobierno el que realizo esto, y no uno de derecha como ellos hubieran esperado?

Mar, 06/28/2011 - 18:29 — Pedro Castillo

La pobreza es tan generalizada en Guatemala, la razón es una, la desigualdad que hay en el país, y muchas de las causas son provenientes del sangriento conflicto armado interno, este fue el caballo de Troya para robar y saquear las tierras de campesinos e indígenas entregando estas tierras a la oligarquía del país, Otto Pérez fue uno de los responsables de hacer esto, por tal razón no habla en su discurso nada sobre el combate a la pobreza, pues sabe que él es uno de los generadores de la misma.

Mar, 06/28/2011 - 18:38 — Daniel Gutierrez

en el ambito internacional reconocen que los oligarcas de este país son una grandicima plasta, lo que pasa es que ese tipo de noticias no llegan aquí. Le pregunto al gran defensor de la oligarquía como se le puede dar estructura fisica a alguien si no hay tierras, como se le puede dar educación básica a alguien si los oligarcas no pagan impuestos. Solo un insensato de su calaña se pone a defender a la
podrida oligarquía.

Mar, 06/28/2011 - 19:15 — Nelson Navas

No hay feudalismo aquí ni latifundismo, pero el sector cafetalero y azucarero pagan entre 15 y 20 quetzales diarios por el trabajo a los jornaleros. Usted mejor que yo sabrá a cuanto se cotiza el quintal
de café en el exterior. Que tipo de redistribución estan generando ellos? De donde obtuvieron las grandes extensiones de tierra para sus fincas?? Despojando a los campesinos de sus tierras, poniendo
gobiernos monigotes como el que quisieran tener con Otto Pérez. En el pasado los militares expropiaban de las tierras y luego aparecian con nombres de oligarcas. Para mi es muy acertado el comentario fundamentalmente en lo referido al tema agrario.

Mar, 06/28/2011 - 20:05 — Monica Medina

Que fuerte me saliste chato. Fujul tal vez no haya leido la ley de desarrollo rural, dudo mucho porque para que la mencione debera estar empapado de ella no es un irresponsable que solo escribe porque tiene espacio (no se pregunte si lo quise decir por usted, afirmo que si fue por y para usted) usted debería leer un poco más sobre la verdadera situación de Guatemala, porque usted parece que vive en la luna, nos tenemos que avergonzar del hambre pero dios me guarde si digo quienes son los causantes de ella, es mas facil echarle la culpa a las instituciones del Estado.

SINASAN: Un Sistema Desnutrido

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional --SINASAN- es, en términos generales, una buena pieza de legislación. Sin embargo, como en tantas otras circunstancias de la vida nacional, la ley se incumple flagrantemente. Lo que es peor, los funcionarios que incumplen con sus obligaciones legales no sufren ninguna sanción. Los paganos de esta irresponsabilidad son los miles de niños que padecen desnutrición crónica y que irremisiblemente serán adultos con pocas habilidades físicas e intelectuales y estarán, por ello, condenados a una vida de pobreza.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 SINASAN: UN SISTEMA DESNUTRIDO

El marco legal vigente continúa siendo adecuado, pero cada actor debe cumplir con su mandato

Han transcurrido ya cinco años desde que se emitió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, cuyo texto legal ha sido bien calificado por diversos expertos internacionales. Sin embargo, durante ese período no han dejado de producirse episodios de crisis alimentaria en el país que evidencian fallas en las instituciones a cargo del Sistema.

No existe evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-, órgano rector de las políticas públicas del sector, haya cumplido con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Alimentaria –SESAN- ha fallado en su rol protagónico de coordinar al SINASAN, lo que implica armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al tema. Vale recordar que la coordinación técnica debe estar a cargo de la SESAN y no de CONRED o SEGEPLAN como ha ocurrido en ocasiones.

Las debilidades institucionales se manifiestan en ineficiencia y desarticulación. A mayo de 2011 la SESAN había ejecutado menos del 10% de su presupuesto. La anterior titular se la SESAN renunció al puesto en medio de desencuentros con el Vicepresidente de la República, quien coordina el CONASAN. Se han creado entes ajenos a los prescritos por la ley que han asumido responsabilidades que no les competen en materia nutricional: el Consejo de Cohesión Social y los programas dirigidos por éste han desplazado de su rol a la SESAN y persiguen una estrategia de reducción de pobreza desconectada de la Política y Plan de Seguridad Alimentaria vigentes. Cabe mencionar que el Consejo de Cohesión Social fue creado por un Acuerdo Gubernativo, por lo que la Ley del SINASAN es superior en jerarquía normativa, además de tratarse de una ley especial rectora de la materia, por lo que las acciones de otras instituciones podrían carecer de respaldo legal.

Si bien es cierto que en materia de consulta y participación social la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- es de los órganos que mejor y más eficientemente  funcionan dentro del SINASAN, las opiniones y sugerencias que ésta Instancia ha efectuado al Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria no han sido tomadas en cuenta por la SESAN ni por el CONASAN, quizá porque el Gobierno ha preferido poner más atención a una entidad paralela que él mismo creó, la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la cual no está contemplada en la Ley del SINASAN.

Otro fenómeno que denota debilidad institucional es la recurrente declaratoria de Estados de Calamidad para enfrentar las crisis nutricionales, pese a que no es ésta la vía idónea: el marco legal del SINASAN contempla los mecanismos para disponer de recursos materiales ante crisis alimentarias, pues el CONASAN (previa aprobación del Congreso) tiene la potestad de generar planes y requerir recursos específicos para atender problemas alimentarios concretos con celeridad.

El problema alimentario de Guatemala en el presente año está ligado a que el precio de los alimentos es superior a la capacidad de compra de las familias en las áreas afectadas, por lo que se vislumbra un repunte en los casos de desnutrición aguda. Pero las soluciones deben ir más allá del manejo apagafuegos: deben prevenirse las crisis y avanzar hacia la erradicación de la desnutrición crónica. Esto solo puede lograrse mediante el cumplimiento de la ley por parte del CONASAN y de cada uno de los miembros que lo integran. El marco legal vigente continúa siendo adecuado para enfrentar la problemática, pero es menester que cada actor cumpla con su mandato y cuente con los recursos necesarios de forma priorizada, lo cual demanda el estricto cumplimiento de la ley, el rechazo toda acción fuera del marco de la misma y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que no apeguen su actuación a ella. La desnutrición existente es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, por lo que resulta trágico que, aún contando con un adecuado marco legal y con políticas públicas específicas, estos instrumentos no se apliquen efectivamente.

El Desafío de los Granos Básicos

El alza en los precios de los granos básicos es un fenómeno económico que tiene claras implicaciones sociales y políticas. Es menester que quienes toman decisiones de política pública sepan comprender la naturaleza de dicho fenómeno pues, de no hacerlo, existe un grave riesgo de que --con la mejor de las intenciones, de esas de las que el camino al infierno está empedrado- se tomen decisiones erradas en las que el remedio sale peor que la enfermedad...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESAFÍO DE LOS GRANOS BÁSICOS

¿Qué puede hacer un país pequeño, como Guatemala, para enfrentar este fenómeno global y persistente?

En meses recientes se ha registrado un aumento significativo en los precios de los alimentos a nivel internacional, que ha sido más sensible en el caso de los cereales y que amenaza con agravar los niveles de pobreza de millones de personas. Este fenómeno mundial se ha contagiado inevitablemente a Guatemala, como lo demuestra el alza que registró el Índice de Precios al Consumidor, cuyo componente de alimentos registró el febrero más inflacionario de los últimos seis años.

Estas alzas tiene varios motivos. Por un lado, el renovado ritmo de crecimiento de las economías asiáticas, luego de la crisis internacional, ha significado un aumento en la demanda de bienes de consumo, incluyendo alimentos, por parte de países tan dinámicos y superpoblados como China e India; esa mayor demanda presiona al alza los precios de los granos básicos. La tendencia persistente del dólar a depreciarse respecto de otras monedas también contribuye a este aumento en la demanda de granos básicos por parte de los países asiáticos.

Por otro lado, el repentino aumento en los precios del petróleo y sus derivados, desencadenado en gran medida por la inestabilidad geopolítica en el mundo árabe, ocasiona que los biocombustibles luzcan de nuevo como un atractivo sustituto del diesel, lo cual induce a los productores de maíz a vender el grano para esos fines (en vez de para alimentación) y elevar sus precios.

En adición a estos fenómenos cíclicos está la tendencia de largo plazo de aumento en la población mundial, con tasas de crecimiento más elevadas en el caso de países más pobres cuya población demanda cada vez más alimentos esenciales (particularmente granos básicos) lo que eleva la demanda (y empuja los precios) de estos productos en el mundo de manera persistente.

El hecho de que el actual aumento de precios de los granos básicos a nivel global sea el tercer episodio de este tipo en los últimos cinco años, refleja que estamos enfrentando un fenómeno estructural, y no una simple burbuja pasajera de alza en los precios. ¿Qué puede hacer un país pequeño, como Guatemala, para enfrentar este fenómeno global y persistente?

Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, la clave está en que los productores de granos básicos logren aumentar sus rendimientos por área. Eso pasa, en un país como el nuestro donde muchos de esos productores son micro empresarios minifundistas, porque el gobierno les facilite recibir programas de extensión, capacitación, y asesoría efectivos. Y también pasa porque las señales de mercado que los precios elevados envían a dichos productores sean correctamente interpretadas por estos para que logren beneficiarse de tales precios.

No hay que olvidar que, en principio, los precios más altos del maíz, por ejemplo, deberían beneficiar a los miles de pequeños productores, no sólo en el corto plazo en forma de mayores ingresos, sino de manera más sostenible en la medida que esos ingresos se traducen en inversiones que redunden en mejores prácticas agrícolas y mayores rendimientos por área. Pero para ello, aunque resulte doloroso, hay que dejar que los precios se manifiesten en el mercado.

Si, por el contrario, en su afán de evitar que los precios internacionales se trasladen al mercado interno, el gobierno decide interferir en el mercado ya sea prohibiendo las exportaciones nacionales de granos básicos o, peor aún, implantando precios tope, los productores domésticos no percibirán adecuadamente las señales que les permiten orientar de mejor manera sus decisiones respecto de aumentar o diversificar su producción, así como respecto de invertir o endeudarse.

Claro está que el mecanismo de precios no va a resolver los problemas que el alza de precios de los granos básicos tiene sobre la capacidad adquisitiva del consumidor más pobre, por lo que un rol central del gobierno es proveer las redes de protección para los segmentos más pobres de la población consumidora que se están viendo afectados por el alza en los precios de los granos básicos, focalizando en dichos segmentos los programas de asistencia social (incluyendo transferencias de efectivo) que les permitan adquirir los productos a los precios que, inevitablemente, imperan en los mercados mundiales.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Le falto agregar el efecto de

Mar, 03/22/2011 - 08:21 — Roberto Ximenej

Le falto agregar el efecto de las calamidades
y desastres en bastas áreas del planeta como resultado de los cambios climáticos
y primeros efectos del calentamiento global en la disminución significativa de la
producción y el alza sin fin o límite del precio de granos básicos y similares,
mejor ejemplificado en el trigo y café y el maíz que no es excepción. Es también
de notar que mucho del desasosiegos y disturbios en el Lejano (y ya no tanto) y
Medio Oriente han sido motivados por el alza desmesurada del precio de estos granos
básicos en un muy corto tiempo sin compensación en la habilidad de comprarlos y
o de abastecerse de ellos

Déjeme hacer el siguiente

Mar, 03/22/2011 - 10:41 — Carlos en Urbana

Déjeme hacer el siguiente resumen burdo:
Todo pueblo necesita comer primero, luego trabajar y desarrollar su comunidad
entonces. Estos son pasos necesarios para una vida económica sana y prospera.

Pero para comer es necesario NO depender
de importaciones de alimentos, por ejemplo la importación de maíz, ya que los
precios internacionales en momentos de alza pueden castigar al pueblo y por ende
limitar la alimentación. Esto condenaría a un retraso del desarrollo económico.

Una vez el pueblo pueda comer, no
importa como los precios internacionales incidan, ya que las políticas a
manejar deberían estar orientadas a la creación de competitividad, tema que
corresponde a otra esfera de análisis