TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA

 El cambio de rumbo en el Norte tendrá implicaciones que demandan acciones de política pública en Guatemala

Lo que ocurra con las políticas de gobierno en Estados Unidos a raíz de un cambio de administración es de gran relevancia para una economía como la de Guatemala, que puede verse impactada por diversos canales. Las remesas familiares, las exportaciones, la inversión privada y la asistencia gubernamental son los canales de transmisión directos. Pero también las políticas que buscan impulsar en crecimiento de la economía estadounidense o reformar su gobierno pueden afectarnos indirectamente.

Ahora bien, no todas las promesas de campaña van a cumplirse ni rápida ni completamente. Por ejemplo, la tarea de desregular y reducir el Estado se vislumbra llena de obstáculos y, si logran tener éxito, solo podrá dar frutos positivos -aumentos de la productividad y del crecimiento- a mediano plazo. Lo mismo puede decirse de la apuesta de fomentar el crecimiento económico mediante una masiva reducción de impuestos. De manera que los efectos indirectos sobre la economía guatemalteca derivados de las políticas fiscales o de reforma del gobierno en los Estados Unidos no serán demasiado relevantes, al menos a corto plazo.

En cambio, son otras dos políticas -que el presidente Trump sí podrá ejecutar desde el día de toma de posesión- las que tendrán un impacto inmediato sobre nuestra economía. En primer lugar, la política de combate a la migración ilegal impactará el flujo de remesas familiares hacia Guatemala, uno de los países más dependientes de estos flujos, que constituyen aproximadamente el 20% del PIB del país. Si el gobierno de Trump implementa políticas migratorias más estrictas o dificulta la permanencia de los migrantes, esto podría afectar una fuente de ingresos (las remesas) fundamental para el consumo y el ahorro de millones de familias guatemaltecas. En el corto plazo, sin embargo, podría producirse (como ya ha ocurrido en el pasado) un aumento repentino de los flujos de remesas hacia el país, incluso antes de la toma de posesión de Trump, como una reacción precautoria de los migrantes chapines ante el riesgo creciente de su eventual deportación.

En segundo lugar, la política de protección a la industria estadounidense mediante la aplicación de aranceles y otras barreras al comercio puede afectar nuestra economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y cualquier cambio en las políticas comerciales (aranceles, tratados comerciales o restricciones de mercado) podría afectar el acceso de los productos guatemaltecos a ese mercado y, en consecuencia, impactar en el empleo y crecimiento de sectores clave en nuestro país. Sin embargo, si Trump concentra su guerra comercial en sus rivales relevantes (China, Europa o México), podría terminar favoreciendo (al menos a corto plazo) a nuestro sector exportador.

Los efectos de las políticas del nuevo gobierno de Trump dependerán de cuán agresiva sea su aplicación, lo cual es incierto. Lo que es sí es cierto es que debemos empezar a prepararnos desde ya. Como es de esperarse un retorno masivo de migrantes, hay que pensar en nuevos programas que fomenten el empleo y favorezcan a los pequeños empresarios, además de un programa de atención a los migrantes (tanto a los repatriados como a quienes queden retenidos allá). Habrá también que fortalecer las políticas de comercio exterior y de atracción de inversiones, así como la capacidad del país para negociar en esos frentes. Y habrá que mejorar la coordinación entre la política monetarias y la fiscal ante una previsible mayor fluctuación del tipo de cambio y de la demanda doméstica. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.

LAS CAUSAS RAÍZ DE LA MIGRACIÓN

 UN MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE GENERAR DIEZ VECES MÁS INGRESOS QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Una nueva crisis de migrantes ilegales en los Estados Unidos se produce desde hace semanas. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos con México están enviando buses repletos de migrantes hacia los estados norteños gobernados por demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris (encargada de encontrar soluciones a la crisis) acusa a aquellos gobernadores de estar jugando con vidas humanas, al tiempo que asegura haber conseguido más de US$3.2 millardos para ayudar a que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica tengan en sus propios países las oportunidades que necesitan para no verse en la necesidad de emigrar ilegalmente.

Pero, a pesar de que la estrategia de Harris busca atacar las “causas raíz” de las migraciones ilegales, pareciera que ni el gobierno estadounidense actual, ni su predecesor, tienen claras dichas causas. Por un lado, los fondos que Harris dice haber juntado para invertir en el Triángulo Norte apenas representan el 2 por ciento del PIB de la Región, por lo que resulta ingenuo pensar que una inversión tan pequeña pueda revertir los flujos de migrantes ilegales. Por el otro lado, en una conferencia reciente impartida en Guatemala, el ex vicepresidente Mike Pence pareció achacar la culpa de las olas de migrantes centroamericanos principalmente a “los carteles criminales que trafican personas”, lo cual suena también demasiado simplista.

Resulta difícil creer que los más importantes líderes de los Estados Unidos no tengan claro que el principal incentivo que motiva a los centroamericanos a emprender la peligrosa travesía rumbo al Norte es el enorme diferencial que existe entre los ingresos que pueden obtener allá en comparación a los que obtienen acá. El mismo campesino guatemalteco que en su pueblo apenas generaba ingresos mínimos para mantener a su familia en precarias condiciones, es el mismo que -tres meses después de haber llegado mojado a California- es capaz de generar cinco y hasta diez veces más ingresos. La pregunta relevante para identificar la causa raíz de las migraciones es ¿por qué un trabajador centroamericano puede ser diez veces más productivo en los Estados Unidos que en su país de origen?

No toma mucho darse cuenta de que la diferencia radica en la calidad del entorno para trabajar y hacer negocios. Un entorno donde el Estado provee los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, asistencia en salud y educación) y en donde las instituciones generan la certeza jurídica y el orden económico necesarios, es un entorno donde el individuo puede ser más productivo y encontrar las oportunidades para progresar y realizarse. La principal causa raíz de las migraciones desde el Triángulo Norte yace en la incapacidad de esos estados de proveer a sus ciudadanos los servicios públicos mínimos y de funcionar con base en instituciones sólidas que conformen un marco eficaz para la interacción humana y el progreso de las personas. Convencer a algunas empresas estadounidenses para que inviertan en el Triángulo Norte es importante, como también lo es combatir las mafias del coyotaje; pero para atacar la causa raíz de las migraciones, lo que se necesita es mejores servicios públicos y mejores instituciones.

ECONOMÍA DE REMESAS

 DEPENDER EN DEMASÍA DE LAS REMESAS FAMILIARES ENTRAÑA RIESGOS

Como maná del cielo, el torrente de remesas familiares hacia Guatemala ha reconfigurado la economía, la arquitectura residencial y los patrones de consumo. El año pasado ingresó al país un flujo récord de remesas que rozó los US$15.2 millardos (eso es más que el total de exportaciones) y a junio de 2022 ya habían ingresado otros US$8.7 millardos. En los últimos años, las remesas familiares han representado más del 15 por ciento del PIB. Sabemos que el principal motor del PIB de Guatemala es el consumo de los hogares y que una gran parte de ese motor funciona con el combustible de las remesas, por lo que podemos afirmar que, en buena medida, nuestra economía es una economía de remesas.

Como en otros países (en Asia y África) que han vivido un fenómeno similar, las familias recipiendarias de remesas han podido elevar su nivel de bienestar material. Una encuesta -de hace cinco años, porque no hay más recientes- de la Organización Mundial de las Migraciones reveló que más de un millón y medio de hogares recibían remesas, beneficiando a más de seis millones de guatemaltecos. Casi la mitad de las remesas se destinó a comprar o ampliar la vivienda; más de la tercera parte se destinó a adquirir bienes de consumo (principalmente alimentos); y, el resto se destinó a adquirir insumos para negocios o a mejorar la salud y la educación de las familias. Existen estudios de otros países que muestran en particular que cuando las familias reciben remesas no solo mejora la calidad de su consumo, sino que también pueden aspirar a buscar trabajos mejor pagados y a que los niños dejen de trabajar, lo cual eleva su nivel educativo (especialmente de las niñas), siempre que la educación pública esté en capacidad de acogerlos adecuadamente.

Pero los resultados a largo plazo de una economía muy dependiente de las remesas no son tan claramente positivos. Los estudios al respecto no son concluyentes. Un flujo muy grande de remesas puede tener como contracara una escasez de mano de obra y un encarecimiento de costos de producción. O puede ocasionar -como ha ocurrido en Guatemala- una especie de “enfermedad holandesa” que aprecie el tipo de cambio y perjudique la competitividad del sector exportador. Pero el peligro más grande para una economía que depende demasiado del torrente de remesas, es que este, tarde o temprano, se seque súbitamente.

Para prepararnos para ese momento (inevitable, según la experiencia de otros países remesa-dependientes) es menester emprender las reformas de largo plazo (de fortalecimiento institucional y de mejora del clima de negocios) que la economía necesita para aumentar su productividad. Y, a corto plazo, las políticas públicas deben enfocarse en facilitar a los compatriotas que envían y reciben remesas una maximización de sus recursos. Esto pasa por mantener bajos los costos del envío de remesas, lo cual se logra procurando una abierta y sana competencia entre las empresas involucradas en las transferencias. Pero enviar las remesas es comparativamente más fácil que recibirlas: la bancarización de las familias recipiendarias y su acceso a tecnologías de comunicación debe ser una prioridad.

QUE FLUYAN LOS MIGRANTES

LOS BENEFICIOS DEL LIBRE FLUJO DE PERSONAS SON MUY SUPERIORES A SUS EVENTUALES COSTOS

La semana pasada, el gobierno estadounidense dejó sin efecto las disposiciones conocidas como “quédese en México” (de la era Trump) que requerían a un buen número de inmigrantes que esperaran en México el resultado de sus peticiones de asilo. Todo esto luego de meses de pugnas en las cortes al respecto de este y otros aspectos de la volátil e incierta política (anti) migratoria en ese país. Quizá el costo económico y humano de esa volatilidad e incertidumbre sería mucho menor si los políticos (de todo el mundo) comprendieran que, sopesando sus pros y contras, las migraciones son claramente beneficiosas para todos: para el país de origen, para el país de acogida y, por supuesto, para los propios migrantes.

La Historia y la razón demuestran que los argumentos morales, económicos y prácticos en favor del libre movimiento de personas entre países son poderosos. Moralmente, es inhumano ver a alguien tocar a tu puerta porque muere de hambre o está siendo perseguido, y no brindarle pan y refugio. En lo económico, porque a largo plazo la producción y el bienestar se incrementan cuanto más libres son los flujos de factores de producción. Y en lo práctico, porque las medidas anti inmigrantes suelen ser costosas, ineficaces y destructoras del tejido social.

La principal causa de la migración de centroamericanos hacia el Norte es económica: migrar es la ruta más efectiva para salir de la pobreza. Al impedir los flujos de migrantes, los gobiernos no solo están renunciando a ayudar a los pobres, sino que les están impidiendo ayudarse a sí mismos. Por desgracia, amplios sectores de votantes (no solo en los Estados Unidos, sino también en México y en la misma Centroamérica) tienen miedo de que el libre movimiento de personas pueda generar un desastre social o económico. Pero en realidad eso no solo es muy poco probable, sino que existen medidas que los gobiernos pueden adoptar para, por ejemplo, minimizar el costo fiscal -y maximizar el beneficio productivo- que pueden ocasionar los migrantes.

Es más, si el objetivo ideal -que sería permitir el libre flujo de personas entre países- resulta demasiado ambicioso políticamente, existen etapas intermedias que los gobiernos pueden procurar y que son menos dañinas que mantener a los migrantes retenidos en las fronteras. Por ejemplo, si el temor es que los migrantes se conviertan en una carga para el Estado, pueden aplicarse medidas para excluirlos explícitamente de los beneficios sociales o, incluso, pueden diseñarse impuestos específicos para los migrantes; o, si el temor es que no se integren socialmente por no hablar el idioma, se puede dar prioridad de entrada a los migrantes que ya sepan hablar el idioma del país de destino. Soluciones hay; lo importante es que los políticos y la opinión pública cobren conciencia de que los beneficios de permitir la libre migración son mucho mayores que sus costos. Ese tipo de soluciones son las que deberíamos pedirle a Estados Unidos respecto del trato a nuestros compatriotas migrantes. Pero también son las que nuestros gobiernos deberían aplicar de cara a los migrantes que quieran venir a nuestros países; predicar con el ejemplo, le llaman.

La Causa Fundamental de la Migración

 LA BAJA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA EXPLICA EN GRAN MEDIDA LAS MIGRACIONES

Hace unos días se conoció que el Ejecutivo planea encargar al Ministerio de Desarrollo hacer una encuesta para “entender” las dimensiones de la pobreza y las causas de la migración de los guatemaltecos hacia los Estados Unidos. La idea resulta -cuando menos- extraña ya que, por un lado, se supone que para eso está el INE como entidad a cargo de la Encuesta de Condiciones de Vida y de la de Ingresos y Gastos Familiares y, por otro, ya existen diversos sondeos que explican contundentemente la razón fundamental que impulsa a los guatemaltecos a emprender el peligroso viaje hacia el Norte: la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Cualquier migrante guatemalteco ya establecido le podrá explicar -con trocitos- a cualquier funcionario público despistado que, mientras que en Guatemala generaba ingresos (si tenía la suerte de estar empleado) que apenas le alcanzaban para sostener a su familia, a las pocas semanas de instalarse en los Estados Unidos, en contraste, ya generaba por lo menos cinco veces más. Son abundantes los casos exitosos de compatriotas migrantes que bastaría buscar en internet para darse cuenta de tan evidente realidad (les sugiero algunos nombres, para que los googleen: Seferino Cotzojay, Dany López, Jorge Mario Morales y Marcos Antil).

La enorme diferencia de ingresos que una misma persona genera en el Norte respecto de los que genera en Guatemala se explica por un concepto básico: productividad, que es la capacidad de producir más con los mismos insumos. En efecto, la productividad de los guatemaltecos es mucho más elevada en los Estados Unidos, no porque por arte de magia los migrantes se vuelvan más sabios o más diestros, sino porque allá las condiciones del entorno potencian la capacidad de los trabajadores diestros y esforzados, como son los guatemaltecos. Y esas condiciones del entorno son tan propicias en el Norte porque allá existen reglas claras, certeza jurídica, instituciones eficientes y provisión de servicios públicos esenciales.

No hay que inventar el agua azucarada. Para entender la situación de los hogares guatemaltecos no hay que inventarse nuevas encuestas, sino fortalecer al ninguneado INE en la realización de sus encuestas básicas. Y para reducir la migración de guatemaltecos no hay que buscar soluciones mágicas, sino trabajar en aquellas políticas y reformas que logren el clima de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, la generación de inversiones (en personas y en infraestructura) y la promoción de un buen clima de negocios; todo lo cual pasa por elevar la efectividad del  gobierno en la provisión de servicios públicos esenciales y reducir el riesgo-país, aspectos indispensables para  aumentar la productividad sistémica y reducir sosteniblemente la pobreza. Solo fortaleciendo las principales instituciones será posible aumentar la efectividad del gobierno y establecer permanentemente un entorno que invite a los guatemaltecos a permanecer en su país.

UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE

 ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ QUE SE ENFOCARÁ EN ATENDER LAS CAUSAS-RAÍZ DE LA CRISIS

 La detección de más de medio millón de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en el último semestre (incluyendo miles de niños no acompañados) ha posicionado al Triángulo Norte como una de las prioridades de la política exterior de ese país. La vicepresidenta Harris ha declarado que se enfocará en atender las causas raíz que impulsan a los migrantes a huir de nuestros países. Pocas dudas caben de que esas causas se deben a la incapacidad histórica de los Estados del Triángulo Norte para construir naciones estables, prósperas y seguras que brinden oportunidades de progreso a sus ciudadanos.

 La agenda para resolver tal problema puede ser muy compleja y con resultados que solo se apreciarán a largo plazo. Por ello, se hace necesario priorizar algunas acciones de gran impacto que puedan empezar a revertir la crisis actual a corto plazo. A manera de ejemplo -y de reto- sugiero cuatro medidas atrevidas (sobre las que estuvimos conversando hace algunos días con un grupo de amigos analistas) que podrían servir a los gobiernos de la Región, y al estadounidense, para conformar una agenda agresiva de políticas públicas.

 Primero, establecer aduanas especiales, administradas por los Estados Unidos, en los países del Triángulo norte para controlar el comercio con aquel país; ese tipo de aduanas sería similar a las que ya existe en Canadá y podría funcionar aquí en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y servir de proyecto piloto para una eventual reforma del sistema aduanero centroamericano. Segundo, una actualización y ampliación del RD-CAFTA podría servir no solo de marco legal-institucional para viabilizar el esquema de aduanas especiales, sino que, principalmente, podría potenciar el crecimiento económico de la Región a través de una auténtica área de libre comercio con su principal socio comercial (y, de paso, la alejaría de la tentación de caer en el embrujo de la China continental).

 Tercero, una iniciativa de infraestructura física (económica y socialmente estratégica, incluyendo una súper carretera regional), posiblemente vía joint ventures, con una gobernanza que también sirva de piloto para reformar el corrupto sistema público; esfuerzo que podría financiarse con dinero estadounidense inyectado a empresas pre-aprobadas mediante la referida gobernanza, para obras de alta calidad y libres de corrupción. Y, cuarto, una reforma focalizada -pero profunda- del marco institucional para que la Región tenga sistemas judiciales independientes y eficaces, un servicio civil profesional, un gasto público eficiente y bien fiscalizado, y democracias genuinamente representativas. Hablamos de una agenda agresiva que habilite -y obligue- a los gobiernos del Triángulo Norte a empezar a hacer todo lo que se descuidó en las últimas décadas.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

Las Milagrosas Remesas Familiares

 EL MÉRITO ES EXCLUSIVO DE LOS MIGRANTES; Y EL ESTADO DEBERÍA APOYARLOS

Se esperaba que las remesas familiares que ingresan a Guatemala sufrieran una drástica caída debido a la recisión que está sufriendo la economía estadounidense (de donde proviene casi la totalidad de las mismas). Sorprendentemente, aunque la caída efectivamente ocurrió entre marzo y mayo, a partir de junio el ingreso de remesas ha aumentado con vigor, debido en parte a la incipiente recuperación de los niveles de empleo en la comunidad hispana de los Estados Unidos y, muy probablemente, a que los migrantes guatemaltecos han reaccionado ante el deterioro de la economía guatemalteca echando mano de sus ahorros para apoyar a sus familiares afectados por la crisis.

 Este inesperado flujo de divisas es un oportuno alivio y un crucial apoyo para el consumo de los hogares, que es el principal motor de la demanda agregada en nuestro país, aunque será insuficiente para contrarrestar el duro golpe que la pandemia está teniendo sobre la producción nacional. El mérito del aumento en las remesas es exclusivo de los migrantes y, evidentemente, no puede atribuirse a ninguna política pública que se haya aplicado en el país pues, hasta ahora, la única forma en la que el Estado guatemalteco ha promovido las remesas es mediante su incapacidad de evitar que nuestros connacionales emigren en busca de las oportunidades de empleo y bienestar que no encuentran aquí.

 Las perspectivas para las remesas familiares, sin embargo, no son necesariamente buenas: existe un riesgo latente de que la incipiente recuperación del empleo en los Estados Unidos se ralentice ante la incierta trayectoria de la pandemia en el otoño y ante los crecientes problemas de gobernabilidad en torno al proceso electoral y las protestas raciales en ese país. Además, el reciente repunte en las remesas, en la medida en que provenga de los ahorros de los migrantes, no podrá sostenerse por demasiado tiempo. Entonces, se hace necesario que -ahora sí- el gobierno adopte algunas medidas que busquen proteger y facilitar el flujo de remesas hacia el país.

 Por un lado, debe impulsar una diplomacia activa en materia de migrantes y remesas. Es importante hacerle ver al gobierno estadounidense que los trabajadores migrantes desempeñan labores esenciales para la economía y la sociedad de ese país (en áreas tan importantes como la agricultura, la alimentación y la salud), a veces poniendo en riesgo su propia salud y bienestar, por lo que es conveniente para todos que los migrantes tengan acceso a los servicios públicos esenciales. También debe gestionarse la ampliación de programas de visas temporales de trabajo, así como extender y fortalecer la atención que los compatriotas reciben de los distintos consulados guatemaltecos en aquel país.

 Por otro lado, a nivel doméstico, el gobierno debe revisar las regulaciones existentes en materia de envío y recepción de remesas, a fin de facilitar los flujos, al tiempo que ataja los riesgos de su uso inadecuado o de lavado de dinero. También debe favorecer los medios digitales que existan o que puedan surgir para una eficiente transferencia del dinero de los migrantes hacia los recipiendarios de remesas. Algunos países receptores de remesas (como Paquistán, por ejemplo) han ensayado con éxito la aplicación de incentivos fiscales a las empresas que se dedican a transferencias de remesas y han generado mayor competencia entre las mismas, para reducir las tarifas y mejorar los servicios. Asimismo, el gobierno debe afrontar el desafío de recibir a las eventualmente crecientes oleadas de migrantes deportados, brindándoles capacitaciones para que puedan reinsertarse en el mercado laboral, y facilitarles el acceso a créditos que puedan ayudarlos a emprender nuevos negocios en sus lugares de origen. Es un apoyo mínimo que esos compatriotas -que con su sacrificio han contribuido tan decididamente a la estabilidad de la economía nacional- se han ganado.

Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

Hagamos grande a Centroamérica otra vez

“Si usted viviera allí”, le sugieren Shultz y Aspe a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”

George Shultz fue secretario de Trabajo y del Tesoro (finanzas públicas) de Richard Nixon, así como secretario de Estado (relaciones exteriores) de Ronald Reagan. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas De Gortari. Ninguno de los dos, evidentemente, es un enemigo de la libre empresa ni del sistema capitalista. La semana pasada publicaron en el Wall Street Journal un artículo que titularon “Make Central America Great Again”, con la presumible intención de hacerlo llamativo para los funcionarios de la administración Trump.

Shultz y Aspe sostienen en su artículo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Trump para detener el flujo de migrantes ilegales del Triángulo Norte es invertir para mejorar esos países. Y es que los flujos de migrantes ilegales ocurren porque estos buscan en los Estados Unidos las oportunidades económicas y la seguridad personal que no encuentran en sus lugares de origen debido a la baja calidad de las instituciones de gobierno, a la violencia, a la falta de empleo y a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. “Si usted viviera allí”, le sugieren a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”.

Los países ricos necesitan de un flujo continuo -pero ordenado- de migrantes para renovar sus envejecidas poblaciones y dar sostenibilidad a sus economías. Pero en la realidad (como ocurre con los migrantes centroamericanos) esos flujos se dan por oleadas atropelladas que causan agobio y malestar en muchas sociedades industrializadas. Lo que es más grave es que esas oleadas vendrán en el futuro de países más grandes, y con más pobreza, que los del Triángulos Norte, tal el caso de Nigeria, Congo, India o Paquistán. Por ello el llamado a la acción es a los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, para que, si quieren evitar las consecuencias de estas oleadas, contribuyan a cambiar la situación en los países emisores de migrantes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Y lo anterior solo se logra mejorando la calidad de sus gobiernos, fortaleciendo sus instituciones y aumentando su capacidad de proveer los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad y justicia). Entre las herramientas con las que, para el efecto, cuenta el gobierno estadounidense para contribuir al desarrollo de Centroamérica está su presupuesto de ayuda externa, su propia experticia y su músculo en organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo- para impulsar un programa profundo de fortalecimiento de capacidades en nuestra Región.

Por desgracia, ni el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Obama, ni el “Plan Marshall” del gobierno de López Obrador, ni -mucho menos- las políticas de construcción de muros y de separación de familias migrantes del gobierno de Trump se enfocan en atender los problemas de fondo del Triángulo Norte. Más bien parece que buscaran atender la conveniencia política y no soluciones de largo plazo, las cuales, aunque más difíciles de aplicar, resultan a la larga más efectivas. Ojalá los funcionarios del gobierno estadounidense pongan la debida atención a los consejos de Shultz y Aspe, por el bien de su propio país… y del nuestro.

Perspectivas económicas: nada mejor, no mucho peor

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han debilitado recientemente, a raíz de la absurda guerra comercial de los Estados Unidos contra China y otros países, en medio de una creciente incertidumbre política internacional. El panorama global es el de una expansión que se debilita: luego del sólido crecimiento en 2017 y principios de 2018, la producción mundial se desaceleró desde entonces. Tanto en los países ricos como en los países en desarrollo, las proyecciones de crecimiento para 2019-2020 se han reducido (tanto por parte del Fondo Monetario Internacional -FMI-, como de la OECD y la ONU). Además de una desaceleración prevista en el comercio internacional, los indicadores de confianza de las empresas se han deteriorado en todo el mundo, lo que ha plantado nubarrones sobre las perspectivas de inversión y los flujos de capital.

En respuesta al debilitamiento de la economía, y dadas las bajas presiones inflacionarias, los principales bancos centrales del mundo han suavizado sus posturas de política monetaria, pero la efectividad de estas medidas es aún incierta. Cómo afectará este panorama a la economía guatemalteca es algo que estaremos discutiendo este viernes en el seminario que sobre la situación económica realiza Consultores Para el Desarrollo –COPADES-, en donde veremos que ese panorama a la baja en la economía internacional impedirá que las exportaciones (que son uno de los motores de la producción nacional) se recuperen como era deseable después de la caída que registraron el año pasado.

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión (construcción, maquinaria y equipo). Sin embargo, este segundo motor del crecimiento podrá contrarrestar el efecto negativo de los previsiblemente menores flujos de capital externo con un aumento en la inversión pública que se está dando este año y, quizá, por un aumento en la inversión privada que podría darse el año próximo, pero esto último dependerá crucialmente de cuán efectivo sea el nuevo gobierno para disipar la incertidumbre política y combatir la debilidad institucional.

Un tercer motor del crecimiento, el gasto del gobierno, seguramente aumentará este año (lo que normalmente ocurre cada año electoral) y, probablemente, se mantendrá relativamente expansivo el año próximo, debido a que los dos candidatos presidenciales que van a segunda vuelta han anunciado en sus planes de gobierno que incrementarán el gasto social y en infraestructura. Sin embargo, este motor de nuestra economía es muy pequeño como para ser determinante en cambiar el rumbo de la producción nacional.

El cuarto motor del crecimiento, el consumo de los hogares, es el más importante de todos y, dado su crecimiento vegetativo, es el que determinará que la economía guatemalteca continúe creciendo a un modesto ritmo apenas arriba del 3 por ciento anual. En el corto plazo, el potencial de este motor seguirá dependiendo en gran medida de las remesas familiares y estas, a su vez, dependerán en parte de cuán efectivas resulten las medidas anti-migrantes que impulsa el gobierno de Trump y que ahora parecen ser apoyadas por los propios gobiernos de México y de Guatemala.

Un "Plan Marshall" Incompleto

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas

La semana pasada, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, se presentó en la Casa Blanca con un Plan de Desarrollo para Centroamérica. Este mini-Plan Marshall –cuyo objetivo central es reducir las migraciones de centroamericanos hacia el Norte- fue elaborado para el gobierno mexicano por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, agencia de la ONU cuyos estudios y propuestas –vale la pena recordarlo- no suelen tener ni la profundidad ni la calidad de los que preparan otras instituciones multilaterales (como el Banco Mundial o, incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo, ambas con más y mejores recursos que la CEPAL), pero que ideológicamente es más afín al presidente López Obrador.

La propuesta de la CEPAL parte de un diagnóstico bastante acertado en cuanto a que la migración es un fenómeno multicausal cuyos principales disparadores son el lento crecimiento de las economías del Triángulo Norte, su gran incidencia de pobreza, la incapacidad de las ciudades para absorber la creciente población, la violencia generalizada, los desastres naturales mal manejados y los bajos salarios en comparación con los de Estados Unidos. Pero el mini-Plan Marshall resultante es, básicamente, una propuesta de aumentar los ingresos tributarios y el gasto público en megaproyectos (infraestructura vial y energética), además de aumentar el gasto social (educación y salud) y mejorar la gestión ambiental, todo lo cual implicaría un gasto anual de US$10 millardos a ser financiado por los tres países centroamericanos, México y, principalmente, los Estados Unidos.

Lo que más llama la atención de la propuesta mexicana es lo que está ausente en ella: la necesidad de fortalecer la capacidad de los estados centroamericanos para cumplir con sus funciones básicas. Los gobiernos del Triángulo Norte son cada vez más incapaces de desplegar sus fuerzas de seguridad pública en todos sus territorios, incapaces de impartir justicia pronta para combatir el crimen y para resolver disputas civiles o mercantiles, incapaces de proporcionar carreteras y caminos que conecten eficientemente sus mercados y comunidades, incapaces de brindar servicios de salud primaria a su población, e incapaces de proveer educación básica de calidad a sus niños y jóvenes. Esa incapacidad no se debe tanto a la falta de recursos financieros, como al dramático deterioro en la calidad de las instituciones públicas que se ha agravado en los últimos años.

En el caso de Guatemala, es evidente que los injustificables, persistentes y vergonzosos indicadores de desnutrición infantil, o los incontenibles flujos de migrantes menores de edad que arriesgan su vida en busca de oportunidades en otro país, son signos irrefutables de un Estado profundamente ineficaz, cuando no totalmente ausente. Esto no se resuelve solo con más impuestos y más inversión en infraestructura. La reforma del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones (sector justicia, servicio civil, control del gasto público, sistema electoral) debe ser una pieza central de cualquier estrategia de desarrollo del Triángulo Norte. A los Estados Unidos no les conviene embarcarse en un Plan como el propuesto por el gobierno mexicano si no incluye entre sus prioridades la reforma del Estado y sus instituciones; sin esa reforma, el plan estará condenado incurrir en gastos ineficientes y a ser insostenible en el tiempo.

¿Qué Buscan los Emigrantes?

Detrás de las migraciones de centroamericanos hay un problema esencialmente económico; y, detrás de este, la fallida institucionalidad de unos Estados incapaces de generar un ambiente propicio para la actividad económica, la inversión y el empleo

El continuo éxodo de centroamericanos, amplificado por la marcha de miles de catrachos que comenzó hace unos días, recorre como un escalofrío la espina dorsal de la Sierra Madre, desde Honduras hasta Arizona, afectando la vida política de la región -incluyendo las elecciones legislativas en los Estados Unidos- y poniendo en entredicho sus políticas públicas -incluyendo el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-. Independientemente de si la marcha de los emigrantes hondureños fue provocada por intereses políticos o si, por el contrario, fue espontánea, el hecho es que esta no podría haber sucedido sin el factor de desesperación que induce a los refugiados económicos a huir en busca de mejorar su nivel de vida.

Está demostrado que los ingresos económicos que una persona puede generar dependen grandemente del lugar donde vive. Una persona de clase media en los Estados Unidos es mucho más rica que un clasemediero centroamericano y supremamente más que un pobre que no encuentra siquiera oportunidades de obtener un empleo por estos lares. Los habitantes de los países desarrollados ganan más dinero debido, en parte, a que sus mejores niveles de nutrición y de educación los hacen más productivos. Pero la productividad también depende, y crucialmente, de las condiciones del entorno, como lo demuestran los hechos y los datos.

Un estudio del Centre for Global Development mostró que, después del terremoto de Haití en 2010, el ingreso monetario de un grupo de campesinos haitianos que pudo viajar con visas de trabajo a los Estados Unidos se incrementó rápidamente en más de 1,400% respecto del ingreso de quienes se quedaron en la isla. Simplemente el haberse trasladado a un país donde impera la ley, con buena infraestructura y servicios públicos esenciales, con instituciones fuertes, y con mercados funcionales y empresas sofisticadas, hizo que los haitianos se tornaran dramáticamente más productivos. Y lo mismo pasa, seguramente, con los emigrantes centroamericanos que, en cuanto llegan a los Estados Unidos, envían remesas por montos que superan con creces los magros ingresos que generaban cuando vivían acá.

La tragedia humanitaria de la que estamos siendo testigos en tiempo real no puede ser abordada adecuadamente si no se reconocen las causas económicas subyacentes a la desesperada decisión de emigrar. El gobierno estadounidense debe reconocer que mientras las diferencias del entorno sean tan abismales entre su país y el nuestro, no habrá muros ni batallones que detengan a los atribulados emigrantes centroamericanos. Y los gobiernos del Triángulo Norte deben admitir el fracaso estatal en proveer las condiciones básicas que impulsen la productividad de nuestros conciudadanos: imperio de la ley, instituciones eficientes, y servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación básica, nutrición infantil, salud primaria, infraestructura esencial). Hacia estas prioridades debería enfocarse los esfuerzos (los de Estados Unidos y los nuestros) en una verdadera Alianza para la Prosperidad.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

Catástrofe e Instituciones

Desde los gobiernos municipales hasta el gobierno central, la debilidad institucional puesta al desnudo por la erupción del Volcán de Fuego, es un fenómeno estructural, no de la coyuntura.

La catástrofe provocada por la erupción del Volcán de Fuego, que costó la vida de más de un centenar de guatemaltecos y damnificó a otros miles, ha servido para poner en evidencia -una vez más en este tipo de episodios- la calidad humana, la capacidad de organización en emergencias y el colosal sentido de solidaridad de la sociedad guatemalteca que se volcó en atender a los damnificados. Pero también ha puesto en evidencia la debilidad institucional y otras precariedades de un Estado disfuncional.

La debilidad institucional se hace evidente desde la etapa de prevención. Por un lado, las municipalidades son incapaces tan siquiera de tener un catastro actualizado, mucho menos de implantar un ordenamiento territorial o políticas de gestión de riesgos razonables. Y el gobierno central no logra proveer los caminos y puentes necesarios para eventuales evacuaciones, o siquiera cumplir con la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad para identificar la agenda de riesgos y aplicar su autoridad para evitar que se habiten lugares de alto peligro.

En la etapa posterior al evento, la debilidad institucional del Estado se hace aún más patente: rescatistas mal equipados, falta de protocolos de emergencia, falta de claridad respecto del manejo del presupuesto en casos de calamidad, descoordinación para recibir la ayuda internacional, falta de datos fidedignos sobre la cantidad de víctimas y de daños materiales, etcétera. Estos vacíos, afortunadamente, fueron llenados en gran medida por la espontánea y oportuna participación de la ciudadanía y de sus organizaciones y empresas.

Será más difícil llenar esos vacíos institucionales en la etapa de descombramiento y reconstrucción, que puede tornarse lenta y costosa. La enorme desconfianza que existe respecto del manejo transparente de los recursos públicos no solo estuvo a punto de descarrilar la declaratoria de estado de calamidad, sino que -en ausencia de mecanismos e instituciones confiables para planificar, ejecutar y fiscalizar el uso adecuado de los recursos- puede obstaculizar las labores de atención a las áreas y personas afectadas.

Pero todo ello no debe distraernos del hecho de que la debilidad institucional del Estado no es un síntoma de la coyuntura sino una característica estructural de Guatemala. La precariedad de las condiciones de vida de las víctimas y de las entidades estatales de prevención y manejo de desastres son, en gran medida, una consecuencia de la ausencia cada vez más sentida del Estado y de los servicios básicos que este está llamado a proveer. La manera más efectiva de evitar que estos desastres tengan un costo elevado en pérdidas humanas es mediante la construcción de instituciones estatales efectivas, no solo para para prevenir y atender adecuadamente las catástrofes, sino que, principalmente, para mejorar las condiciones de vida de la población.

La única forma de lograr tal mejora es aumentando la productividad sistémica del país, lo cual requiere de un Estado funcional y con instituciones efectivas. Así lo atestiguan los cientos de miles de guatemaltecos que han migrado a los Estados Unidos quienes, instantáneamente -al trasplantarse a un ambiente donde impera la ley, existe buena infraestructura, se cuenta con servicios públicos básicos y las empresas innovan- ven cómo su productividad aumenta dramáticamente respecto de la de quienes nos quedamos acá. Quizá, por ello, una de las mejores ayudas que los países industrializados pueden darnos ante estas emergencias es acoger de buena a gana a nuestros compatriotas trabajadores migrantes quienes, en el entorno institucional adecuado, son capaces de multiplicar sus ingresos y generar condiciones de vida digna para sus familias.

En Defensa de las Migraciones

Aunque no suelen ser populares (en el país que los recibe) los inmigrantes siempre han sido, a lo largo de la historia, una fuerza positiva para el progreso cultural y material de las naciones

Soy hijo de un inmigrante; más precisamente, de un refugiado de guerra. Guatemala recibió a mi padre de buen agrado, y aquí encontró acogida, empleo, esperanza, amor y prosperidad. Aquí maduró y formó una familia. Y aquí murió. Sé muy bien, por propia experiencia, que desde un punto de vista personal y familiar, la migración es un fenómeno que, sin estar exento de dolor y exigencias, puede dar frutos abundantes que benefician tanto al migrante como a la nación anfitriona.

De mi padre aprendí los elementos básicos del liberalismo (decimonónico, el de mi abuelo), y supe desde pequeño que cuanto más abierta esté una sociedad al libre tránsito de bienes y de personas, más próspera y civilizada será. El liberalismo --en oposición al populismo hoy tan de moda- generalmente favorece no sólo el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino también el libre movimiento de trabajadores, como factores que propulsan el desarrollo de las naciones.

Soy, además, economista, y en las aulas y en los libros aprendí que los flujos de migrantes (especialmente si son legales) resultan muy beneficiosos para la economía de los países recipiendarios. Los migrantes calificados llevan consigo conocimientos y pericias que generan empleo y riqueza. Los migrantes no calificados también contribuyen a la economía del país receptor al desempeñar labores que los locales no pueden o no quieren realizar. Sin migrantes, las economías de los países industrializados (aquejadas por el decrecimiento o el envejecimiento poblacional) habrían dejado de crecer.

Por todo ello, me llena de desconsuelo la ola de sentimientos anti-inmigración que se expande por el mundo. Me preocupa más aún que esos sentimientos incluyan el rechazo a los refugiados de guerra que solo buscan un lugar de amparo para sobrevivir y reconstruir su existencia. Y es triste que esto esté ocurriendo en países compuestos principalmente por inmigrantes (como Australia, Nueva Zelandia o los Estados Unidos de América) que parecen sufrir ahora de una “fatiga de compasión” hacia los migrantes.

Es cierto que las migraciones masivas y crecientemente ilegales requieren de ciertas regulaciones y de un tratamiento cuidadoso. Pero los temores respecto de que los migrantes roban los puestos de empleo a los trabajadores nativos, o que solo llegan a aprovecharse de los beneficios sociales del país anfitrión, o que son el germen de los movimientos terroristas, son todos temores infundados o, al menos, evidentemente exagerados.

La realidad histórica es que las migraciones han sido beneficiosas, aunque hay que reconocer que rara vez han sido populares. Por eso corresponde contrarrestar las preocupaciones y recelos que las migraciones despiertan con argumentos científicos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas para demostrar y potenciar los efectos positivos de las migraciones. Ello debe hacerse tanto a nivel multilateral (como el Pacto Mundial para una Migración Segura que se discute en la ONU), como a nivel de políticas domésticas bien diseñadas (como la ejemplar política migratoria de Canadá).

Guatemala también debe tener una política migratoria bien estructurada y de doble vía, que no solo defienda internacionalmente el derecho de los guatemaltecos de emigrar, sino que acoja sistemática y ordenadamente a quienes buscan nuestro país como destino. Los movimientos migratorios son inevitables y, si son ordenados y bien administrados, siempre son beneficiosos. No debemos cansarnos de afirmarlo en medio de esta ola de nacionalismos y aislacionismos que amenazan el progreso de las naciones y la paz mundial.

El Ascenso del Proteccionismo

La reciente ola de nacionalismos radicales no anuncia cosas buenas. Ni en su faceta política (el populismo), ni en la social (xenofobia), ni en la económica (proteccionismo comercial). La experiencia histórica demuestra que, ya sea que venga de la izquierda o de la derecha del espectro político, el proteccionismo nunca ha mejorado el bienestar de las naciones.

El discurso inaugural de Donald Trump (“América primero”) deja pocas dudas. La cruda estrategia británica para abandonar Europa (“brexit duro”) lo confirma. El nacionalismo (con sus matices aislacionistas, populistas, proteccionistas y xenófobos) se está instalando como tendencia política, y ya no solo en el tercer mundo, como lo demuestra el ascenso en la intención de voto de personajes radicales como Geert Wilders -Holanda-, Marine Le Pen -Francia-, Frauke Petri -Alemania, o Matteo Salvini -Italia-.

La propuesta del nacionalismo se construye sobre la ansiedad, emociones y prejuicios de una ciudadanía insatisfecha. Algo parecido sucedió en los años treinta del siglo pasado, cuando los votantes estaban desesperados por su situación económica. Pero hoy la insatisfacción es de una naturaleza más compleja, pues la economía estadounidense está recuperándose y cercana al pleno empleo; la economía británica ha generado dos millones de plazas de trabajo en cinco años; las ganancias corporativas son elevadas; y, los niveles de vida en Europa siguen siendo de los más altos del mundo.

El problema estriba en los crecientes bolsones de población que no sienten incluidos en los beneficios de una desigual bonanza, esos que votaron por Trump. Los nacionalistas del Siglo Veintiuno se han aprovechado astutamente de las insatisfacciones económicas, sociales y culturales de aquellos a quienes la globalización y el cambio tecnológico han dejado atrás.

En el ámbito económico, el nacionalismo se manifiesta en forma de proteccionismo; es decir, de políticas económicas que, a través de las barreras al libre comercio (como la elevación de los aranceles a la importación) o a la libre circulación de personas (barreras a la inmigración), pretenden supuestamente proteger los puestos de trabajo y fomentar la producción de la industrias nacionales versus las extranjeras. La receta se ha probado una y otra vez en el último siglo, sin resultados positivos.

El ascenso del proteccionismo en el mundo desarrollado es una pésima noticia para países como el nuestro. Ya durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado la situación fue agravada cuando los Estados Unidos adoptaron políticas comerciales altamente proteccionistas que, bajo la creencia errónea de que con ellas se crearían puestos de trabajo, desencadenaron medidas proteccionistas alrededor del mundo que profundizaron y expandieron la depresión económica. En contraste, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, se promovió la liberalización del comercio internacional y ello generó una era de gran prosperidad y crecimiento para la economía mundial.

A lo largo de la historia, la experiencia (y la teoría) económica es contundente: el proteccionismo comercial (y migratorio) es incapaz de aumentar el número de plazas de trabajo o, ni siquiera, de alterar sustancialmente la balanza comercial entre países. Por desgracia, tanto los políticos –sean de derechas o de izquierdas, de países pobres o de ricos- como sus votantes (acostumbrados aquellos a ofrecer, y estos a desear, soluciones mágicas a sus problemas nacionales) no entienden, ni quieren entender esta lección.

En este mundo paradójico, en el que la globalización es defendida (en Davos) por el Secretario General del Partido Comunista chino, mientras se ve amenazada por el líder electo a nombre del Partido Republicano estadounidense, solo nos queda insistir en lo que la teoría y la historia económica sostienen sólidamente: el proteccionismo –sea de izquierdas o de derechas- es, en general, nocivo al crecimiento económico y al bienestar de las naciones.

Sin Productividad, No Hay Prosperidad

Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región. Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la productividad de nuestras economías.

En efecto, lo que ha permitido que los países desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo diecinueve.

Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un miserable 0.2% anual. Trágico.

Aunque los temas económicos de la inflación, el déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada ciudadano.

Las diferencias de productividad entre los países avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco, va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son perseguidos y castigados) que en Guatemala.

De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación, la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.

Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.