¿Qué Pasó con el Presupuesto?

 UNA DECISIÓN CLAVE ES REDUCIR LOS GASTOS SUPERFLUOS

 Debido a que el Congreso no sancionó oportunamente el presupuesto del Estado para 2021, ha quedado vigente para el presente año el enorme y desproporcionado presupuesto de Q107 millardos con el que concluyó el año anterior, situación que genera mucha incertidumbre y confusión respecto de la senda macroeconómica del país. Por ello, el gobierno anunció desde noviembre su intención de presentar al Congreso -a inicios de enero- una iniciativa de readecuación presupuestaria.

 Hasta hoy, dicha readecuación aún no ha sido elevada al legislativo, lo cual no contribuye a atender dos preocupaciones que se agravan día tras día ante la ausencia de un presupuesto gubernamental adecuado a las realidades del año corriente. En primer lugar, existe una creciente incertidumbre entre los agentes económicos respecto de cuáles son las prioridades que guiarán el gasto público durante 2021 y sobre la capacidad del gobierno de ejecutarlos eficientemente. Esa incertidumbre ocasiona que las decisiones de inversión y de consumo carezcan de norte y se vean pospuestas, lo cual redunda en una menor producción y una menor generación de empleos.

 En segundo lugar, el enorme déficit fiscal que se producirían si no se reduce el techo presupuestario hace que aumente la desconfianza externa (particularmente por parte de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo-país) respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas guatemaltecas. Esa desconfianza impide que las condiciones crediticias (tasas de interés y pazos) que enfrentan el gobierno y las empresas nacionales puedan beneficiarse del clima favorable que hoy ofrecen los mercados mundiales.

 Por ello es clave que el gobierno concluya cuanto antes la propuesta de readecuación presupuestaria para 2021 -con un techo de gasto significativamente reducido- y que el Congreso la apruebe rápidamente (sin volverla a arruinar, como lo hizo en noviembre pasado). Hay que tener presente que al techo vigente deben deducírsele los recursos que extraordinariamente prestó el Banco de Guatemala (Q11 millardos) en 2020 -y que no estarán disponibles en 2021-, así como otros rubros (incluyendo algunos préstamos) del presupuesto del año pasado que solo se justificaban por la pandemia.

 Además, es imprescindible que se explicite el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal en 2021, 2022 y 2023, hasta llevarlo a un máximo de un 2% del PIB; este mensaje es esencial para dar tranquilidad a los mercados, y no perjudicar la calificación de riesgo-país. Conviene recordar que la mejor manera en que las finanzas públicas pueden cooperar con una recuperación y un crecimiento económico sostenibles es manteniendo un clima de estabilidad y certeza. Esto requerirá, ciertamente, de valentía para reducir la miríada de gastos superfluos contenidos en el presupuesto vigente y para emprender un diálogo fiscal integral que no se centre solo los ingresos sino, principalmente, en las reformas profundas que se necesitan para mejorar la calidad del gasto público y combatir la enraizada corrupción.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

No Nos Ha Ido Tan Mal

 EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ESTÁ SIENDO ENORME, PERO HA PODIDO SER PEOR

La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto catastrófico que se manifiesta, simultáneamente, en una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. Hace un par de semanas se desató en las redes sociales una polémica en torno a una gráfica, elaborada por la consultora Diestra, en la que se evalúa el desempeño de los países ante la pandemia midiendo dos dimensiones: los decesos ocasionados por el virus (impacto sanitario) y la caída estimada del PIB (impacto económico). Ahí se evidenciaba que Guatemala era de los países menos afectados en el mundo. Algunos inmediatamente descalificaron la gráfica (arguyendo que las cifras estaban erradas), mientras que otros atribuyeron los resultados a las buenas políticas públicas adoptadas durante la crisis.

Objetivamente, la gráfica en cuestión resulta una herramienta interesante para comparar el impacto de la pandemia entre países. Incluso si las cifras para Guatemala se ajustaran (digamos que en vez de tener los 275 decesos registrados por millón de habitantes tuviéramos 400, y si en vez de una caída del PIB estimada oficialmente en -1.5% cayésemos un 3%), aun así, nuestro país sale mejor librado de la pandemia que la mayoría de países en el mundo. La pregunta relevante es si ese buen desempeño relativo se debe a las políticas públicas o es fruto del azar.

Las medidas de confinamiento observadas en Guatemala en los albores de la crisis no fueron ni tan estrictas como las medidas draconianas aplicadas, por ejemplo, en la India (que hicieron colapsar la actividad económica), ni tan relajadas como las que se aplicaron en la mayoría de los Estados Unidos (que provocaron una grave crisis sanitaria). También se adoptaron medidas efectivas en materia sanitaria: uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. La resultante moderación en la tasa de contagios no es, sin embargo, completamente atribuible a las medidas oficiales, sino también al comportamiento precavido de los guatemaltecos, cuyos indicadores de movilidad se redujeron más que los de los países vecinos. Algunos sostienen que, además, la alta tasa de vacunación contra la tuberculosis que existe en el país pudo haber ayudado también a reducir la incidencia del covid-19.

En el campo económico, el impacto se moderó gracias a una rápida aprobación de programas de apoyo a las familias y empresas afectadas, así como por una política monetaria acomodaticia. Pero seguramente ayudó más el persistente flujo de remesas familiares, así como el espíritu emprendedor de los guatemaltecos, su ancestral ingenio, su capacidad de adaptación y su reconocida solidaridad.

Si bien es cierto que esas dos dimensiones -caída del PIB y número de decesos- no son las únicas medidas válidas del impacto de una tragedia humanitaria tan grave como la pandemia de covid-19, también lo es que no se puede negar que Guatemala ha salido mejor librada que muchos otros países, ni que ello se debe -en parte- al mérito de algunas de las políticas aplicadas. Pero tampoco podemos negar que hemos corrido con mucha suerte… hasta ahora.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.