La USAC Debe Rendir Cuentas

La Universidad de San Carlos es una entidad estatal. Autónoma, sí, pero estatal; es decir, propiedad de todos los guatemaltecos que financiamos su sostenimiento. A pesar de ello, es una de las entidades más opacas del Estado, pues no rinde cuentas a nadie ni tiene mecanismos adecuados de control de sus multimillonarios gastos. Cambiar esto no requiere de gran ciencia, solo de voluntad y buena fe.

La Universidad de San Carlos -USAC- tiene vigente un presupuesto de Q1,894.8 millones para el presente año. En los cinco años previos, la USAC se ha gastado más de Q6.6 millardos que el gobierno le ha asignado por concepto de aporte constitucional. Encima de eso, sus autoridades ahora están solicitando (y cabildeando intensamente) para que el Congreso les apruebe un endeudamiento con el BCIE (que va a incrementar la deuda pública) por más de Q900 millones para usarlos en construcción de edificios y compra de equipo.

Estos montos millonarios no serían tan llamativos de no ser porque la USAC incurre persistentemente en un grave pecado: no rinde cuenta de sus actuaciones a quien la sostiene financieramente, que no es otro que el pueblo de Guatemala. En efecto, desde el más acomodado empresario hasta el más humilde campesino contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la universidad estatal, independientemente de si se benefician o no de los servicios que esta presta.

En una práctica que raya en lo escandaloso, la USAC no está conectada con las plataformas de Guatenóminas o de Guatecompras, ni con los sistemas de Contabilidad Integrada -Sicoin-, de Administración Financiera -SIAF- o de auditoría gubernamental -SAG- del Ministerio de Finanzas Públicas. Bien hacen los diputados de la Comisión de Finanzas en exigirle a las autoridades sancarlistas que se integren a dichos sistemas, aunque estas digan que no tienen la obligación legal de hacerlo, porque sí tienen una obligación moral con la ciudadanía que financia esa casa de estudios.

Bien haría la USAC en seguir el buen ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, en cuyo modelo de autonomía se inspiró la de aquella. El Portal de Transparencia de la UNAM, de acuerdo con la normativa de la UNAM y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proporciona acceso a 48 aspectos relacionados con las actividades de la universidad, tales como su estructura organizacional; el número de plazas y las remuneraciones de sus empleados; la información financiera sobre su presupuesto; los informes de auditorías internas y externa; los datos sobre sus proveedores y contratistas; las estadísticas y evaluaciones sobre su producción académica; y, las actas de su Junta de Gobierno y de su Consejo Superior; entre otros (http://www.transparencia.unam.mx/).

En contraste, nada de esto publica la USAC. La Universidad de San Carlos en su sitio de internet no tiene disponible ningún apartado sobre transparencia de información, como lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública; tampoco proporciona información sobre sus ingresos y egresos, sus estados financieros o auditorías realizadas (si es que las realiza); ni siquiera proporciona información mínima sobre el número de estudiantes y profesionales titulados, la cantidad de personal académico que labora en dicha casa de estudios, el gasto efectuado por alumno ni las publicaciones o investigaciones efectuadas durante el año.

La USAC, además, resulta más onerosa para los contribuyentes que su homóloga mexicana. Mientras que la UNAM se financia con un aporte estatal equivalente al 0.19% del PIB de México, la USAC lo hace con un 0.28% del PIB guatemalteco. Es de justicia, pues, que la USAC emprenda, cuanto antes, un programa profundo de transparencia y rendición de cuentas. En esta nueva era de intolerancia a la corrupción, los guatemaltecos nos merecemos saber en qué, cómo y con qué resultados se gasta la USAC los dineros que aportamos para su sostenimiento.

Clamor por una Agenda

Las acciones anti-corrupción y anti-evasión fiscal de los últimos meses tendrán, sin duda, efectos positivos para el país a mediano plazo. Pero a corto plazo pueden generar incertidumbre y lentitud en la toma de decisiones económicas. Por ello es urgente que el gobierno asuma un claro liderazgo para aminorar esa incertidumbre. Ello requiere de una agenda clara de prioridades en materia de política pública.

Al cumplirse los primeros seis meses del gobierno se han publicado opiniones y evaluaciones de diversos analistas que señalan, al igual que muchas opiniones que han marcado tendencia en las redes sociales, que uno de sus puntos más débiles ha sido la ausencia de prioridades que guíen su gestión. Esta demanda generalizada por una agenda priorizada de gobierno podría estar relacionada con la coyuntura política y económica del país. Mientras que el ámbito político ha estado dominado por los procesos de persecución penal contra la corrupción y evasión fiscal, el ámbito económico ha estado marcado por el inicio inequívoco de una desaceleración en la actividad productiva.

Sobre este último tema han surgido opiniones encontradas. Por un lado están quienes indican que la desaceleración económica de los últimos meses obedece a factores fundamentales, tales como el lento ritmo de recuperación del comercio mundial (que desfavorece nuestras exportaciones), o la finalización natural del ciclo de inversiones en las áreas energética y de minería en el país. En consecuencia, varios indicadores (como el índice mensual de actividad económica –IMAE-, el crédito bancario al sector privado, o el valor de los bienes exportados) apuntan inequívocamente hacia una reducción en el ritmo de crecimiento de la producción.

Por otro lado, otras voces señalan que los fenómenos políticos recientes –aunados a los factores fundamentales señalados- han generado una sensación de incertidumbre que está afectando negativamente las decisiones de gasto e inversión de las empresas, tal como lo revela el índice de confianza económica publicado por el Banco de Guatemala. Ambas opiniones son válidas y revelan en parte lo que está ocurriendo.

Una agenda de políticas públicas debidamente priorizada es siempre útil para dar certeza a los agentes económicos respecto de qué esperar en cuanto a las acciones gubernamentales. Y es más útil en tiempos de incertidumbre y de desaceleración económica, cuando puede resultar crucial para aminorar los efectos adversos que tal situación puede tener sobre el nivel de ingresos y de empleo. En estas circunstancias se requiere dirección y liderazgo.

Y no es que haya escasez de ideas o de propuestas. En estos seis meses el gobierno ha planteado varias: una política de crecimiento anunciada por el Ministerio de Economía; una agenda de ordenamiento urbano del comisionado presidencial del área; la agenda de la Alianza por la Prosperidad liderada por el Pronacom; unos ejes estratégicos lanzados tímidamente por el propio Presidente; o, las prioridades de gasto que habrán de reflejarse en el presupuesto del Estado para 2017. Ideas hay. Lo que hace falta es focalizarlas, priorizarlas y ponerlas en práctica.

Para ello, el gobierno debe ser pragmático y centrar sus esfuerzos en un número acotado de temas. Uno podría ser el proceso de fortalecimiento de la seguridad y reforma del sector justicia, ya en marcha. Un segundo tema podría ser la profundización del combate a la corrupción con su correspondiente reforma institucional. Un tercero podría ser la política de combate a la desnutrición, inexplicablemente postergada por gobiernos anteriores. Y un cuarto debería ser una política económica con acciones de corto y mediano plazo que favorezcan el crecimiento sostenible, incluyendo medidas fiscales (tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto). Una agenda mínima, realista y pragmática podría contribuir a conjurar los fantasmas de la incertidumbre, antes de que se instalen perniciosos en la mente de los agentes económicos.

La Innovación

La innovación es fundamental para aumentar la productividad; ésta es indispensable para aumentar la producción; y, esto es clave para lograr el bienestar del país. Por desgracia, la innovación no está en el radar de las políticas de Estado

En las dos entregas previas me referí, por un lado, a la necesidad de propiciar un mayor, más rápido y más sostenible crecimiento económico -a través de la productividad- como condición fundamental para reducir permanentemente la pobreza, mejorar los niveles de vida de la población y propiciar la gobernabilidad democrática del país. Y, por otro, a la conveniencia de que las empresas y el gobierno se enfoquen en los consumidores (nacionales y extranjeros) como uno de los más promisorios motores de dicho crecimiento.

Hoy complemento lo anterior señalando que ambos aspectos (el impulso del crecimiento económico y el enfoque de la producción hacia la satisfacción de los consumidores) requieren de la innovación, tanto por parte de las empresas existentes -en su búsqueda de nuevos productos y mercados-, como por parte de nuevos emprendedores. Existe consenso internacional en cuanto a que la innovación es clave para elevar la producción y la productividad, y que es un ingrediente crucial para que se produzca un crecimiento económico robusto.

Por desgracia (aunque hay empresas y sectores aislados que son la excepción) la innovación en la producción es, en general, una materia que Guatemala lleva retrasada desde hace tiempo. Así lo indican los indicadores principales: gasto (público y privado) en investigación y desarrollo, adopción de nuevas tecnologías, crecimiento de productividad del trabajo, número de patentes registradas para nuevos inventos, o los estándares educativos prevalecientes.

Las empresas, por supuesto, son las primeras llamadas a innovar. Ello implica, en la práctica, invertir más en investigación y desarrollo. En los países avanzados, esta inversión representa el 14% del valor agregado industrial; de ello, las empresas financian un poco más de la mitad (8%) mientras que los gobiernos financian el resto. En Latinoamérica -según cifras del Banco Mundial- ese gasto en investigación y desarrollo es mucho menor (menos del 4% del valor agregado industrial) y la mayoría es financiada por los gobiernos. Y, aunque no hay cifras específicas, es dable suponer que en el caso de Guatemala la cifra es aún más baja.

Hay, entonces, un largo trecho por avanzar; pero para ello también es mucho lo que el gobierno puede hacer para propiciar dicha inversión, empezando por acciones que apunten a mejorar el clima de negocios a efecto de propiciar condiciones favorables al emprendimiento de negocios. Por más genial e innovador que sea un emprendedor, difícilmente podrá tener éxito si no opera en un ambiente propicio para desarrollarse y crecer.

En ese sentido, son diversos los campos en los que el gobierno puede actuar para impulsar la innovación. Por ejemplo, con acciones e instituciones que velen por el cumplimiento de los contratos, que protejan los derechos de propiedad intelectual, o que reduzcan los trámites para iniciar nuevos negocios. También puede contribuir el buen diseño (actualmente en discusión en el Congreso) de reglas e instituciones que fomenten la competencia sin inhibir el libre emprendimiento. O la profundización de los esfuerzos de liberalización del comercio internacional para incentivar que las empresas apunten hacia nuevos mercados.

La innovación no es un lujo reservado para las empresas de alta tecnología. Es una necesidad estratégica para mejorar la productividad y el crecimiento. Pero mientras no exista suficiente inversión en investigación y desarrollo, así como mejoras en las políticas y el ambiente para el emprendimiento, será muy difícil que se acelere el crecimiento económico.

El Consumidor es la Clave

Para poder acelerar su ritmo de crecimiento, el aparto productivo nacional debe enfocarse en los productos de consumo, tanto en el mercado local como en el extranjero. Ello requiere un esfuerzo específico de las empresas y un apoyo decidido del Estado

La economía nacional (por el lado de la demanda de bienes y servicios) tiene cuatro motores: lo que consumen los hogares guatemaltecos (consumo privado); lo que nos compran desde el exterior (exportaciones); lo que gastan las empresas, familias  y gobierno en aumentar su capital físico (inversión); y lo que gasta el gobierno en su funcionamiento (consumo público).

De los cuatro, el más importante es el consumo privado, que representa más del 85% del PIB y es el que, merced a que la población crece vegetativamente, ha mantenido creciendo la economía alrededor de su tendencia de largo plazo. Los otros tres motores son mucho menores. La inversión y el consumo público son demasiado pequeños para afectar significativamente el crecimiento del PIB en el corto plazo. Las exportaciones, por su parte, representan algo más de la cuarta parta del PIB, y son las causantes de que la economía experimente pequeñas aceleraciones o desaceleraciones temporales en función del desempeño de la economía mundial.

Por lo tanto, en el entorno internacional actual, donde la demanda por productos primarios se ha desplomado y la inversión física permanece estancada, es evidente que, al menos en el mediano plazo, la producción nacional solo podrá crecer más rápidamente si se enfoca en atender la demanda de los consumidores, tanto en el exterior (exportaciones) como en el mercado interno (consumo privado). Para ello, tanto el gobierno como el sector empresarial deben identificar en qué segmentos existe demanda, poder de compra e intención de gasto, y en dónde se encuentran esos consumidores y qué quieren comprar.

Respecto de los consumidores en el exterior debe tomarse en cuenta que, de acuerdo a estudios recientes del McKinsey Global Institute, más del 90 por ciento del crecimiento en el consumo mundial en los próximos 15 años provendrá de las ciudades. Para Guatemala resulta significativo que tres de las cien ciudades que más contribuirán a ese crecimiento (México, Monterrey y Bogotá) estén en una geográfica y comercial que las ubica como un mercado potencial para nuestras exportaciones.

Según el mismo estudio, los segmentos poblacionales a los que deben apuntar las empresas son, en su orden, el de los jubilados en los países desarrollados; el de la población en China en edad de trabajar; el de la población en Norteamérica en edad de trabajar; el del adulto mayor en China; y, el de la población en edad de trabajar en Latinoamérica. Los empresarios guatemaltecos, con el apoyo del gobierno, deberán analizar la manera de acceder a tales consumidores.

En cuanto a los consumidores en el mercado doméstico, es necesario que el sector público y el privado unan fuerzas para impulsar la productividad y, así, elevar el nivel de ingresos de la población para crear una clase media con amplia capacidad de consumo. Ello conlleva mejorar, a mediano plazo, la infraestructura, el clima de negocios, la educación, la salud y las instituciones públicas. En el corto plazo, las empresas deben esforzarse en conocer bien sus mercados y comprender sus patrones de compra para así diseñar sus productos, manejar su distribución y dirigir sus marcas a segmentos específicos, partiendo de la conciencia de que el nuestro es un mercado altamente estratificado.

Y, finalmente, para aprovechar el enorme potencial del consumidor local, las empresas y el gobierno deben aprovechar y fomentar el uso de las tecnologías digitales que cada día son utilizadas por más y más personas (de todos los estratos socioeconómicos) en todo el país.