Como Si Todo Estuviera "Normal"

La situación en el país dista mucho de ser "normal". Urgen soluciones de fondo en vez de parches. Se necesita un acuerdo nacional que debe construirse desde ya

Poco a poco -y a pesar de las absurdas limitaciones impuestas por la Ley Electoral- los candidatos presidenciales están teniendo más exposición ante los medios de comunicación y ante los votantes, y han comenzado -a cuenta gotas- a presentar sus propuestas de gobierno, sus personalidades, sus pretendidas virtudes que los diferencian de sus competidores. Lo que más llama la atención es que todos ellos, con contadísimas excepciones, lo que proponen es “administrar mejor” la cosa pública, “mejorar” las políticas existentes, o “rescatar” las que ya se han ensayado en algún momento del pasado reciente (sean las de descentralización, combate a la corrupción, o las transferencias de efectivo, por ejemplo).

Ese tono de normalidad de las propuestas de campaña contrasta con una realidad que se está desvelando como devastadora: la reciente captura y enjuiciamiento de varios candidatos ya inscritos en este proceso electoral, por parte de las autoridades antinarcóticas de los Estados Unidos, pone de manifiesto hasta qué grado el crimen organizado ha permeado un sistema de partidos políticos ya de por sí atrofiado por su diseño patrimonialista, que ha logrado destruir el rol de los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el gobierno, hasta convertirlos en franquicias para acceder a negocios –lícitos e ilícitos- con los recursos del Estado.

Sobre este sistema político perverso se escenifica un persistente y cada vez más grave proceso de deterioro de las instituciones estatales, en las que la mediocridad y la improvisación han echado raíces. La administración de justicia –esencial para la convivencia social y el funcionamiento de los mercados- es tardía e impredecible. La burocracia –que debería estar profesionalmente al servicio del contribuyente- se ha convertido en moneda de pago para correligionarios y amiguetes. Este deterioro generalizado está corroyendo vorazmente la confianza ciudadana (el “capital social”) indispensable para que la sociedad y la economía progresen y generen bienestar.

Parece que los líderes políticos y sus asesores no se han percatado de que la situación dista mucho de ser normal y que la solución a la grave crisis institucional, que impide el desarrollo del país, no pasa por “administrar mejor” la precaria realidad, ni por ofrecer pequeños programas de alivio a la profunda incapacidad institucional del Estado. Las grandes reformas que el país necesita (en su sistema electoral y de partidos políticos, en su sistema de justicia, en su servicio civil o en la gestión y control del gasto público) parecen estar ausentes de las propuestas electorales.

La realidad exige que los candidatos a dirigir los destinos del país (algunos de ellos, los mejores de ellos) se planteen, con visión de Estado, priorizar estas grandes reformas, sabiendo que las mismas solo podrán lograrse mediante un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debe construirse desde ya. Quizá sea ingenuo esperar que en plena campaña surja la iniciativa de un grupo de candidatos rivales para comprometerse a impulsar, gane quien gane, una agenda mínima de reformas que el país reclama a gritos. Pero en tiempos de crisis, lo último que debemos perder es la esperanza.

Pensiones Demagógicas

Existen en el Congreso varias iniciativas de ley para darle más dinero a los jubilados del Estado. Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. 

La demagogia apela a los sentimientos y emociones del pueblo para ganar su apoyo político; mediante la retórica y la promesa fácil busca tocar las pasiones, las necesidades sentidas o los temores escondidos de las masas para conseguir votos. El político demagogo no se apoya en su propuesta de gobierno, sino en sus promesas de campaña, que ofrecen soluciones falsas a problemas reales; es un vendedor de atajos ilusorios.

Entre esas falsas promesas, pocas hay tan “sexys” para el electorado, tan efectivas para ganar el voto sentimental de los electores, como la de ofrecer mayores pensiones para los jubilados. No es de extrañar que este año electoral hayan proliferado iniciativas de ley (como la No. 5562 y la No. 5570 que se discuten en el Congreso) que ofrecen incrementar a los pensionados y jubilados de las clases pasivas del Estado. Una de esas iniciativas ofrece no solo incrementar las pensiones en Q1,500.00 mensuales, sino también aumentarlas periódicamente.

Lamentablemente esas iniciativas son irresponsablemente demagógicas, porque son financieramente inviables. Los diputados ponentes las han planteado sin contar siquiera con estudios técnicos ni opiniones de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- o del Ministerio de Finanzas Públicas para evaluar su viabilidad e impacto en las cuentas del Estado. Si partimos de que existen más de cien mil jubilados del Estado, un incremento de pensiones como el propuesto requeriría anualmente más de Q2 mil millones adicionales, equivalentes al 2.5% del total del presupuesto aprobado para 2019 y requerirían de aumentar en más de 40% el presupuesto vigente para las clases pasivas; es más, solo este aumento sería muy superior a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, de Cultura y Deportes, de Relaciones Exteriores, de Economía, de Ambiente y de Energía y Minas.

Si se diera tal incremento, es de esperar que el mismo se financie a costa de una reducción de otros gastos corrientes y de los gastos en inversión del Estado, o bien que se genere un incremento en el déficit fiscal y, por ende, en el endeudamiento público. Lo que da más grima es que, por un lado, la propia Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece que para garantizar la estabilidad financiera del régimen, la ONSEC debe efectuar revisiones técnicas y actuariales por lo menos cada cinco años; y que, por otro lado, el propio proyecto de presupuesto que el Congreso aprobó para 2019 advierte en un anexo que “la principal amenaza a que está expuesto el régimen de clases pasivas civiles del Estado es la aprobación de leyes que incrementan los montos de las pensiones u otros beneficios, sin haber realizado previamente un estudio actuarial ni un análisis presupuestario y financiero para determinar la capacidad del Estado para absorber los costos, lo que compromete el destino de ingresos”.

Al parecer, la campaña política provoca amnesia en algunos diputados que olvidan lo que ellos mismos aprobaron hace unos meses y, con tal de cazar algunos votos ingenuos, plantean soluciones falsas a problemas reales, poniendo en riesgo la viabilidad financiera del sistema de clases pasivas y, en el largo plazo, la propia estabilidad de las finanzas públicas.

No Me Ayudes, Compadre

La decisión de Donald Trump de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido, y contraproducente para sus propios intereses

La ayuda internacional para el desarrollo -AID- era originalmente, hace años, un flujo de recursos de los países ricos para aliviar, sin condiciones, las emergencias humanitarias de los países pobres. La naturaleza de la AID, sin embargo, ya no es la misma que antes, y la mayoría de países ricos, incluyendo los Estados Unidos de América, solo dan ayuda bajo ciertas condiciones que deben cumplir los países recipiendarios, que no necesariamente son pobres. Guatemala, cabe subrayarlo, no es un país pobre (pertenece a los países llamados “de ingresos medios”).

Hace pocos días, el presidente Donald Trump, anunció un recorte de la ayuda estadounidense a Guatemala (y a Honduras y El Salvador), como reacción al aumento de las "caravanas de migrantes" indocumentados. El Departamento de Estado canceló los fondos para el año fiscal 2018, que en buena parte ya habían sido desembolsados, por lo que el impacto no será significativo (excepto para algunas comunidades beneficiarias de programas específicos) y el recorte de la ayuda resultará más bien simbólico del enojo estadounidense.

Lo cierto es que Guatemala –como cualquier país de ingresos medios- no necesita ni depende de la ayuda internacional (salvo en caso de desastres). Lo que ocurre es que –como muchos países de ingresos medios- administramos muy mal los recursos fiscales y padecemos una terrible debilidad institucional, por lo que persistan bolsones de pobreza, desnutrición e ingobernabilidad. Esto es precisamente lo que justifica que los países donantes condicionen su ayuda a que esta se dirija a programas focalizados en los más pobres y a que se corrijan las debilidades institucionales.

Por eso la decisión de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido. Sin los programas de ayuda el gobierno estadounidense pierde valiosas herramientas, no solo para mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes en los bolsones de pobreza, sino principalmente para persuadir a estos países a reformar las institucionales para mejorar la gobernabilidad, combatir el narcotráfico y reducir las migraciones ilegales. Con la suspensión de la ayuda es probable no solo que estos países se atrincheren y paralicen sus reformas institucionales, sino que además reciban tentadoras ofertas de donantes emergentes –como China y Rusia-, cuyos objetivos son muy diferentes a los de los Estados Unidos.

Tampoco conviene satanizar (ni acá, ni allá) la AID: países tan exitosos como Taiwán y Corea del Sur iniciaron su ascenso al desarrollo recibiendo importantes montos del AID, y enfermedades como la polio y la viruela han sido casi erradicadas merced a este tipo de asistencia. Lo que los donantes deben perseguir es que su ayuda efectivamente mejore la calidad de vida de los más pobres, que no sea usada con fines partidarios o antidemocráticos, que se use con transparencia y que esté bien fiscalizada. En estos objetivos debería centrarse el gobierno de Trump para que la ayuda estadounidense contribuya a reducir las migraciones y el narcotráfico. Recortar esa ayuda consigue precisamente lo opuesto.

La Contraloría y la Calidad del Gasto

No solo la Contraloría, sino también el Congreso y las UDAIs, deben corregir su desempeño en el combate preventivo contra la corrupción

Hace pocos días el Congreso –con  seis meses retraso- eligió al nuevo Contralor General de Cuentas, en medio de un proceso plagado de dudas y señalamientos que en nada favorecen la credibilidad de una institución (la Contraloría) llamada a jugar un rol fundamental en el control de la gestión pública. Dicho control debe ejercerse sobre toda la administración pública; es decir, sobre todas las entidades que son parte del estado y, como tales, deben contribuir a satisfacer el bien común y las necesidades sociales.

La Contraloría debe fiscalizar la gestión y la ejecución del presupuesto de las entidades sujetas a control gubernamental. Esta labor preventiva debería ser la primera línea (y más eficaz) línea de defensa contra la corrupción y los delitos en contra del patrimonio público. Por desgracia, casi nunca ha funcionado en Guatemala. Hasta antes de 2015 la corrupción era tolerada y hasta fomentada dentro y fuera del gobierno. A partir de marzo de 2015 la CICIG y el Ministerio Público empezaron a combatirla mediante la persecución penal, algo que resultaba razonable dada la gravedad de la situación. Pero un país normal solo debería recurrir a la vía penal cuando se agotan las vías preventiva y administrativa, o cuando esta última sea incapaz de detectar ilícitos penales.

Muchos de los costos políticos, sociales y personales que ha tenido la lucha contra la corrupción por la vía penal hubieran podido evitarse si la Contraloría hubiese cumplido su función. Para darle sustento a la lucha contra la corrupción se requiere una profunda reforma del sistema de control: el mandato de la Contraloría debe ampliarse para cubrir la supervisión de la calidad del gasto gubernamental; y, la independencia y calidades del Contralor deben fortalecerse (mejorando los requisitos y procedimiento de elección). Incluso si estos cambios legales tardaran en producirse, la Contraloría debe desde ya comprometerse a cumplir los plazos que la ley le asigna para emitir sus dictámenes; a establecer protocolos para agotar eficaz y transparentemente los procesos administrativos (y no recurrir de entrada a la denuncia penal sin fundamento); a capacitar y modernizar su recurso humano; y, a establecer criterios firmes y técnicos (no arbitrarios, como ahora) para la imposición de multas.

Pero no solo la Contraloría debe corregir su desempeño en el combate preventivo contra la corrupción. También el Congreso de la República, por un lado, y las unidades de auditoría interna –UDAI- (y las auditorías externas, donde las haya) de los entes estatales, por otro, deben mejorar radicalmente su rol de fiscalización y su coordinación con la Contraloría. Por ejemplo, el Congreso debe hacer de la aprobación de la liquidación anual del Presupuesto del Estado un ejercicio de fiscalización, en vez de una mera formalidad como ha sido hasta ahora. Y las UDAI deberían tener protocolos y procedimientos estandarizados para verificar (y publicar) periódicamente la confiabilidad de estados financieros de todas las entidades gubernamentales y fiscalizar sus sistemas de evaluación de desempeño. Solo así la supervisión y fiscalización de la gestión pública se convertirá en el mecanismo clave de prevención contra la corrupción, dejando la persecución penal como un mecanismo de última instancia; como siempre debió ser.

La Ausencia Mortal del Estado

La ausencia del Estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida

Si el estado existe es porque un grupo de individuos decidió organizarse alrededor del compromiso de sustentar la vida en sociedad, razón por la cual establecieron un contrato social para que cada uno se desarrolle y prospere según su potencial. Por eso nuestra Constitución establece que el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Por desgracia, resulta evidente que ese objetivo central –la protección y el mejoramiento del ciudadano- no se está logrando. Este fracaso es atribuible, en gran medida, a la ausencia del estado y a la debilidad de sus instituciones.

Y en estos días abundan los casos que así lo señalan. Un ejemplo lo tenemos en el caos cotidiano del tráfico en la ciudad, donde se irrespetan las normas ante la absoluta pasividad (o ausencia) de la policía de tránsito que agrava el caos cuando permite (aunque esté prohibido) circular motos -con dos o más ocupantes- junto a los carros, o cuando deja que los vehículos se estacionen en donde les da la gana, ya sea frente a la lujosa Fontabella, o a lo largo de la humilde Atanasio Tzul.

Otro caso lo vimos en el área rural, donde un ex comandante guerrillero lidera una invasión de fincas en la zona de Cubilgüitz y se presenta, amenazante, al mando de un “ejército” privado de uniformados con playeras rojas, a negociar con una débil (o, en la práctica, ausente) autoridad local que no ejerce como tal. Esta ausencia del estado –en ambos casos- impide que impere la ley y, por ende, obstaculiza el bienestar y el progreso de los ciudadanos.

Pero la ausencia del estado es aún más grave cuando ya no solo entorpece el progreso sino que, peor aún, fracasa en proteger el bien más preciado de un ciudadano: su vida. El espeluznante y bochornoso linchamiento -quemándolos vivos- de una pareja de supuestos sicarios a manos de un grupo de taxistas es indicativo de un deterioro alarmante de los valores sociales; pero el hecho de que el linchamiento haya ocurrido a plena luz del día y frente a la mirada complaciente (o ausente) de unos policías mal entrenados y sin noción de cómo actuar, es señal de un fracaso total de la entidad a cargo de la seguridad pública.

También la indescriptible tragedia en Nahualá, donde una veintena de guatemaltecos murieron atropellados por un camión que circulaba a alta velocidad por la noche, con poca iluminación, atravesando un lugar poblado sin señalización. La ausencia de regulaciones -y de autoridades que las hagan cumplir- respecto de las carreteras nacionales ocasiona que en sitios como San Lucas, Chimaltenango, Cuyotenango el tráfico no solo esté colapsado, sino que se ponga en peligro continuo la vida de los vecinos, ante la indolencia de la Dirección General de Transporte para actuar y coordinarse con otras autoridades para atender este monstruoso problema.

En todos estos casos hay un factor común: la ausencia del estado y la debilidad institucional. Si las instituciones del estado no se fortalecen, éste estará cada vez más ausente e imposibilitado de cumplir con su rol fundamental de velar por la protección y el progreso de los ciudadanos.