CREDIBILIDAD ELECTORAL

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PUEDEN SER CAÓTICAS E INCIERTAS

Desde 1985 hemos tenido elecciones creíbles, basadas en reglas e instituciones que, hasta ahora, han permitido una sucesión legitima de gobiernos y ganarnos un lugar en el concierto de las naciones democráticas. No es poca cosa. La democracia contribuye al desarrollo: valores tales como la libertad de expresión, el estado de derecho, el multipartidismo, las elecciones libres, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes crean el contexto institucional requerido para que las interacciones económicas y el clima de inversión propicien la movilización de energías y recursos necesarios para el desarrollo.

Con el tiempo, el sistema electoral y de partidos políticos se ha deteriorado, al punto de poner en riesgo la credibilidad ganada en el último cuarto de siglo. El sistema exhibe hoy una evidente falta de representatividad ciudadana, impone severas restricciones a la participación política, limita gravemente la libertad de expresión y propicia el divorcio entre los ciudadanos y los candidatos y sus propuestas. Para revertir esta tendencia es necesario reformar aspectos de fondo, como el sistema de elección de diputados (para elegir por personas, no por listados cerrados), los requisitos para conformar un partido político, o el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Estos aspectos son cruciales, pero su reforma es políticamente compleja (no resulta atractiva para el statu quo). Debemos ser realistas y reconocer que tal reforma no solo es políticamente inviable, sino que cronológicamente es casi imposible, dada la cercanía del próximo proceso electoral.

Existen, empero, otras debilidades -más coyunturales- que sí pueden (y deben) ser corregidas pronto para evitar un posible colapso de la ya frágil credibilidad del sistema electoral. Al menos tres aspectos clave (que se agravaron tras la fallida reforma electoral de 2016) deben ser enmendados antes de las elecciones de 2023. Primero, debe definirse con claridad el concepto de campaña anticipada, de forma que no se impida a los partidos su derecho a opinar sobre temas nacionales en todo momento. Segundo, debe clarificarse (y fomentarse) la participación ciudadana mediante sus aportes financieros y en especie al partido de su simpatía, asegurando la transparencia y trazabilidad de tales aportes y la diferenciación entre proselitismo, funcionamiento y campaña. Y, tercero, debe precisarse la forma en que los medios de comunicación pueden cumplir libremente su labor informativa y ofrecer sus espacios publicitarios a los distintos proyectos políticos.

Sin estas reformas puntuales, las próximas elecciones entrañarán un grave riesgo reputacional para nuestra joven democracia. Sabemos que, aunque los temas estructurales son muy importantes, no hay condiciones ni tiempo para reformarlos; pero ello no implica que debamos resignarnos a unas elecciones caóticas e inciertas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: es necesario concentrarse en los tres temas urgentes señalados. Quizá todavía hay tiempo para que el Congreso recapacite y haga las reformas necesarias o, en todo caso, para que el TSE haga un control de daños por la vía reglamentaria e interpretativa.

MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO

CONVIENE TRASCENDER DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URGENTES, HACIA LAS IMPORTANTES

Las preocupaciones más acuicantes de la coyuntura económica son la inflación descontrolada y la amenaza de una crisis alimentaria, en el marco de una desaceleración de la producción y del empleo en todo el mundo. Sin embargo, nunca es aconsejable olvidar que, más allá de las preocupaciones de corto plazo, las políticas públicas deben atender los asuntos de más largo alcance. El último reporte del Fondo Monetario Internacional -FMI- sobre la economía guatemalteca (publicado el mes pasado) reconoce que nuestra economía fue notablemente resistente durante la pandemia y que las perspectivas a corto plazo son favorables, pero subraya que persisten importantes brechas sociales y de infraestructura de larga data.

En ese sentido, el desafío más grande para las políticas públicas es cómo provocar un incremento –sostenido a largo plazo- en la tasa de crecimiento económico, tomando en cuenta que Guatemala está rezagada en varios aspectos cuando se compara con otros países de similar nivel de ingresos y de similar calificación de riesgo-país. Según el informe del FMI son tres los objetivos a alcanzar para enfrentar exitosamente dicho desafío: aprovechar el dividendo demográfico (dado que se espera que la población en edad de trabajar crezca un 1.9 por ciento anual hasta 2035), mitigar la emigración y, sobre todo, aumentar la productividad (y, con ella. el crecimiento potencial).

Para alcanzar esos objetivos hay que, primero, cobrar conciencia de que Guatemala se compara mal en relación con otros países similares en materia de educación (los indicadores de aprendizaje según la escolaridad son muy bajos), gobernabilidad (debido a debido los débiles indicadores de Estado de derecho, de control de la corrupción, y de homicidios), infraestructura (con carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos muy precarios) y costos laborales formales (con un salario mínimo relativo al PIB entre los más altos de los países de ingresos medios, y una regulación aún incompleta del empleo a tiempo parcial). Todos estos factores se relacionan con un clima de negocios incierto y con baja productividad sistémica.

Las soluciones a estos rezagos implican acciones concretas, incluyendo reformas institucionales clave. Por una parte, hay que abordar las debilidades estructurales en el mercado laboral (por ejemplo, habilitando en el IGSS la formalización del trabajo a tiempo parcial). Es esencial también -para elevar la productividad y el potencial económico- mejorar el clima de negocios y la gobernanza (incluyendo mejoras institucionales en el sistema judicial, en el propio Organismo Legislativo y, por ende, en el sistema electoral). También es necesario profundizar la simplificación de trámites burocráticos. El sistema educativo y magisterial también debe ser fortalecido profundamente. Y, por supuesto, la forma en que se planifica, construye, supervisa y mantiene la infraestructura pública debe ser objeto de una reforma de fondo. Trascender de las políticas de corto plazo (las urgentes) hacia las de largo plazo (las importantes) no es políticamente sencillo, pero es crucial para el futuro del país.

A PASO DE TORTUGA

CARRETERAS LENTAS (COMO LAS NUESTRAS) IMPLICAN UN LENTO CRECIMIENTO ECONÓMICO (COMO EL NUESTRO)

La calidad de las carreteras es esencial para el desarrollo de cualquier país. A mejores carreteras, mayor el acceso a bienes y servicios económico-sociales, más empleo la productividad, y mayor integración del mercado interno y externo. En mayo pasado, el Fondo Monetario Internacional -FMI- publicó un estudio con una medida novedosa de la calidad de las carreteras, basada en la velocidad con que se conectan las principales ciudades, según Google Maps. Con una muestra de más de 160 países, se encontró que las velocidades medias oscilan entre 40 km/h (en los países pobres) y 100 km/h (en los países ricos).

Para Guatemala la velocidad de circulación estimada es de las más bajas del mundo: apenas 53 km/h. En Latinoamérica, solo superamos a Haití, Bolivia y Nicaragua. Y, en comparación con el resto del mundo, países como Senegal (71 km/h), Angola (78) o Pakistán (86) tienen carreteras mucho más veloces que las nuestras. Este nuevo indicador corrobora lo que otras mediciones sobre infraestructura han indicado desde hace tiempo: que carreteras lentas -como las nuestras- implican un lento crecimiento económico -como el nuestro- y que necesitamos cambiar con urgencia el modelo de construcción de infraestructura pública.

El último reporte del FMI sobre la economía guatemalteca reconoce que el poco avance en mejorar el clima de negocios (incluyendo la gobernanza y la lucha contra la corrupción) ha limitado la capacidad de generar mejor inversión pública, por lo que es menester reformar la gobernanza de la infraestructura para impulsar inversiones de alta calidad que generen desarrollo a largo plazo. Tal reforma pasa por modernizar las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos.

Por más evidente que resulta dicha reforma, el disfuncional ambiente político del país ha impedido tan siquiera discutir -constructiva, desideologizada y técnicamente- el proyecto de Ley de Infraestructura Vial que el Congreso tiene en sus manos desde hace un par de años. Las opiniones nihilistas (que dicen que la reforma de la infraestructura no es prioritaria, que primero hay que cambiar el sistema político y el modelo de desarrollo) o las ingenuas (que dicen que mejor sustituyamos el Ministerio de Comunicaciones por otro de Infraestructura) o las ideologizadas (que dicen que ninguna reforma que apoye el sector empresarial puede ser buena) no contribuyen al debate. Enemigo de lo bueno es lo perfecto, decía mi abuela. Quizá un primer paso para articular el debate e impulsar la reforma podría ser que el gobierno haga realidad su ofrecimiento de someterse al programa de Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA) del FMI, con base en el cual se establezca el diagnóstico del marco de inversión pública y las recomendaciones concretas que de ahí se deriven para cumplir con los mejores estándares internacionales en materia de infraestructura.

CULTURA, MOTOR DE DESARROLLO

NO DEBEMOS SEGUIR DESPERDICIANDO EL ENORME POTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CULTURA

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un conversatorio, organizado por la Universidad Rafael Landívar, sobre cómo la cultura -vista desde las perspectivas de la Economía, el Derecho, la Política y las Humanidades- puede constituirse en un motor de desarrollo para Guatemala. Al respecto, el primer tema a destacar es que nuestro país, siendo uno de los más ricos del mundo -culturalmente hablando- en relación a su tamaño, ha estado desperdiciando durante años el enorme potencial que ello representa.

En todo el mundo, las actividades culturales generan riqueza para la economía y representan una proporción importante del valor de la producción (4.5 por ciento del PIB en España, 6.5 en Brasil y México, 6.8 en Estados Unidos y 8 por ciento en Gran Bretaña). Una estimación para Guatemala (calculada por el economista Ernesto Piedras en 2007) indicaba que la cultura generaba más del 7 por ciento del PIB y que era una de las actividades económicas más dinámicas, que daba empleo a más del 7 por ciento de la población activa. El potencial económico de la cultura es enorme: un estudio que elaboramos en 2011 con el Grupo Satélite indica que los alrededor de Q4 millones que “invirtieron” inicialmente las hermandades, autoridades y vecinos de la Antigua Guatemala para las actividades de Semana Santa de ese año, generaron una actividad económica cuyo valor bruto superó los ¡Q670 millones!

Este tipo de cálculos, desafortunadamente, casi no se realiza en nuestro país. Pese a nuestra enorme riqueza cultural, no contamos con un sistema que analice, rigurosa y periódicamente, la cultura como medio de generación de ingresos y empleo. Desde hace tiempo se ha insistido sobre la necesidad contabilizar el aporte económico de la cultura, como parte del sistema de Cuentas Nacionales. Y eso no va a ocurrir hasta que, como sociedad, cobremos conciencia de que la cultura debe ser vista no solo como una actividad productiva, sino también como un ecosistema de creatividad e innovación capaz de influir en el tejido social, el turismo y la calidad de vida de los ciudadanos.

Quienes primero debe cobrar conciencia son los propios agentes de la “economía naranja” -artistas, promotores culturales, chefs de cocina, artesanos, investigadores, editores y diseñadores de modas o de videojuegos- respecto del valor económico y social de sus creaciones que, a fin de cuentas, satisface las necesidades de algún consumidor. También las propias comunidades deben cobrar conciencia respecto del valor que para la colectividad representan las expresiones culturales. Y, claro está, las autoridades tienen que cobrar conciencia del potencial no solo económico sino de cohesión social y gobernabilidad que entraña la cultura. No debemos seguir desperdiciando el potencial económico del dinamismo cultural que vive Guatemala desde la firma de la paz. Un paso en la dirección correcta debería ser la cuantificación de su aporte económico, a través de un esfuerzo de sistematización de la contabilización del valor agregado que genera la cultura, tal como lo hacen muchos países que, incluso, poseen una menor diversidad y riqueza cultural que nosotros.