La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

Desarrollo Urbano Integral

Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana

La humanidad es hoy, por fin, mayoritariamente urbana. Hace 11 mil años, al final de la última glaciación, el ser humano empezó a congregarse en pueblos; le tomó otros seis mil años construir las primeras ciudades de la civilización antigua. Hasta hace doscientos años, sólo el 3% de la población mundial era urbana. Pero en el último siglo ese porcentaje pasó rápidamente del 13% al 50%, gracias a la industrialización y los avances tecnológicos y médicos que permitieron que los grandes centros urbanos crecieran sin caer en los antiguos peligros de las pestes (como los del medioevo europeo) y del agotamiento de los recursos (como en las ciudades mayas).

Ese proceso de urbanización, que también refleja un número sin precedentes de migrantes rurales hacia las ciudades, no es ajeno a Guatemala. Para un país cuya cultura y sociedad han sido moldeadas durante siglos junto a los granos de maíz, resulta notable que hayamos alcanzado un hito: los guatemaltecos de ciudad son hoy (casi seguramente) más numerosos que los rurales. Como en el resto del mundo, el proceso ha sido veloz. Según el censo de 1921, la población urbana representaba entonces el 26.6% del total. En el censo de 1981 tal proporción subió a 32.7%, y en el más reciente (2002), a 46.1%. Las proyecciones del INE indican que para 2015 la población urbana sería ya mayoría.

La urbanización aumenta porque las ciudades funcionan. Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana. La ciudad ha sido a lo largo de la historia un centro de intercambio de bienes e ideas y, con ello, en un centro de aprendizaje, aculturación e innovación, virtudes que se aceleran en un entorno urbano donde las personas están en un contacto mutuo que facilita los flujos financieros y de mercancías necesarios para el crecimiento económico.

De manera que, en la historia económica del mundo –y nuestro país no puede ser la excepción-, la urbanización ha acompañado siempre a la aceleración del crecimiento y del desarrollo. El entorno urbano genera tal proximidad de los factores de producción que ocurre una reducción en los costos de transacción y el surgimiento de mercados más grandes y cercanos, así como de una tendencia natural hacia la especialización en áreas de alto valor.

Pero la historia también demuestra que el proceso de urbanización puede ser difícil y causar sufrimiento y pocas mejoras económicas. Los arrabales de la Roma antigua o del Manchester industrial fueron tan tétricos como los que vemos hoy en Calcuta o en nuestra ciudad de Guatemala. Pero la gente sigue migrando a la ciudad porque, aún con sus deficiencias, las oportunidades que ofrece la vida urbana superaron a las del campo. La pregunta relevante es, entonces, cómo manejar mejor la urbanización.

La rápida expansión y mala planificación de las grandes ciudades, el aumento de los barrios marginales donde viven millones de pobres, la contaminación y la congestión insoportable que sufren las ciudades en rápido crecimiento, el creciente poder de las pandillas urbanas y del crimen organizado, son elementos que sugieren la necesidad de una política de desarrollo urbano integral que promueva un proceso próspero de urbanización.

Tal política debe incluir una institucionalidad que provea a las ciudades de reglas y regulaciones estables y adecuadas: las ciudades económicamente más exitosas son aquellas donde el marco legal es fuerte y donde impera la ley. El atractivo económico de la ciudad pasa también por un diseño urbano bien pensado y ordenado que minimice la congestión y la contaminación. Y pasa por contar con un presupuesto transparente, eficiente y suficiente que asegure la sanidad financiera de la ciudad.

Por desgracia, en Guatemala estos aspectos son muy precarios en las políticas públicas nacionales y municipales. En cuanto al desarrollo rural, tenemos una política vigente y varios proyectos de ley (algunos muy mal logrados) en el Congreso. Pero de desarrollo urbano (donde descansa gran parte del futuro económico del país), nada de nada. No hay que negar que la pobreza en el área rural es terrible, pero no hay que olvidar que ser analfabeto, no tener vivienda, o carecer de agua potable o de inodoro puede ser mucho más intolerable en una ciudad llena de gente que en el campo.

Improductividad: el Otro Nombre de la Pobreza

La baja productividad explica los elevados niveles de pobreza en el área rural

De las múltiples y contrastantes Guatemalas que existen, la urbana y la rural son las que más claramente expresan las diferencias económico-sociales que caracterizan a nuestro país y la incapacidad de las instituciones públicas para atenderlas.

La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI- publicada hace algunos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha vuelto a revelar las enormes disparidades entre lo urbano y lo rural en Guatemala. Por ejemplo, mientras que el 27% de los hogares en el área metropolitana tiene acceso a internet, apenas el 1.4% de los hogares rurales tiene dicho servicios. Y lo mismo ocurre con otros servicios tales como agua potable, drenajes, electricidad y teléfono.

La ENEI también revela que informalidad es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas (85% rural frente a 44% en la zona metropolitana) y afecta a los pueblos indígenas (88.4%) mucho más que a los no indígenas (59.7%).

Estos son síntomas del mal subyacente en la ruralidad guatemalteca: su falta de productividad, causante de su excesiva pobreza. Según la ENEI, las actividades económicas que se generan principalmente en el área rural son las que más personas ocupan: la agricultura sigue generando la mayor parte del empleo (31.9% de la población empleada del país), superando a actividades preminentemente urbanas, como la industria manufacturera (14.8% de los empleados).

La estructura ocupacional altamente desigual de Guatemala también es evidente en los datos de ingresos publicados en la ENEI. El ingreso promedio del país es de Q2,083 al mes (curiosamente, por debajo del salario mínimo legal obligatorio); este ingreso promedio se eleva a Q3,031 mensuales en la zona metropolitana, nivel muy superior a los Q1,345 que se registra en las zonas rurales. Las personas que trabajan en la agricultura perciben los ingresos más bajos, con sólo Q1,198 mensuales, mientras que los mejor remunerados están en los sectores financiero (Q3,414) y de administración pública (Q3,557). La ENEI también muestra que el 17.2% de los ocupados no terminó la escuela primaria, una de las tasas más altas de América Latina,  que es más alta en el área rural.

Entonces, las actividades agropecuarias –primordialmente rurales- que dan trabajo a casi el 32% de todos ocupados (sean por cuenta propia, empleados o propietarios), apenas generan menos del 14% de la producción nacional medida por el PIB. Esto revela una bajísima productividad que explica los elevados indicadores de pobreza en el área rural.

La mejor forma de sacar de la pobreza a los habitantes del área rural es mediante una aumento sostenido de su productividad: cada quetzal producido –en forma de bienes o servicios- genera un quetzal de ingresos; ergo, en la medida en que aumente el producto generado por el trabajador promedio, se generará un aumento igual en el ingreso por trabajador.

Las políticas públicas de desarrollo integral del área rural (y, por extensión, del país entero) deberían centrarse en propiciar un aumento en la productividad. Los factores que resaltan para ser priorizados incluyen la cantidad de recursos que se ahorran e invierten para equipar a la fuerza de trabajo con capital productivo –herramientas, maquinaria, equipo e infraestructura de transporte-; mejoras en la salud, la nutrición, la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo; y, la transmisión efectiva de nueva y mejor tecnología para la producción, transporte y distribución de bienes y servicios.

Pero la principal razón de las diferencias de desarrollo entre regiones yace en la debilidad institucional –y en la ausencia del Estado- en el área rural. Por ello, además de proveer las condiciones y los bienes públicos que favorezcan los factores arriba indicados, el Estado debe impulsar un entorno institucional que propicie la operación eficiente del emprendimiento ciudadano, incluyendo la protección de los derechos de propiedad; el mantenimiento de la ley y el orden; un sistema monetario sano; la promoción de la competencia en los mercados; y, la apertura a los bienes y a la tecnología provenientes de otros países. La mejora de la productividad rural (es decir, la reducción de la pobreza rural) clama por facilitar a los trabajadores rurales más y mejor educación, infraestructura, e instituciones.

La Desnutrición es Problema de Todos

La desnutrición ha sido combatida exitosamente en otros países mediante acciones que han demostrado  ser eficaces (y poco costosas), pero que demandan un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad. Dicho esfuerzo de coordinación ha sido el talón de Aquiles en el caso guatemalteco. 

La ignominiosa –y sorprendentemente poco difundida- noticia de un nuevo brote de desnutrición en Baja Verapaz ha vuelto a desnudar la realidad del país: pese a que las autoridades aseguran estar trabajando al respecto, durante el presente año se han detectado 70 casos de desnutrición crónica y aguda, con la cauda de tres niños fallecidos. La desnutrición no sólo es una vergüenza nacional y un lastre para el desarrollo del país, sino que resulta completamente injustificable pues existen instrumentos suficientes para combatirla (oferta de alimentos, un adecuado marco legal y políticas públicas específicas) que no se aplican efectivamente.

El economista indio Amartya Sen (premio Nobel en 1998) ha advertido que, aunque muchas cosas acerca de la pobreza son bastante obvias, el tema de la hambruna y la desnutrición no lo son tanto: las causas de estos males no se encuentran en la poca oferta de alimentos, sino en las dificultades de acceso individual a los mismos debido a fallas en los mecanismos de distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos más sobresalientes de la desnutrición; en particular, pasa por la atención a los niños desde su gestación. La desnutrición causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los estudios demuestran que los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, y más probabilidad de tener dificultades académicas, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir antes.

Afortunadamente, existen acciones para combatirla que han sido eficaces (y poco costosas) en otros países. Brasil redujo el número de niños con bajo peso en un 0.7% anual entre 1986 y 1996 y redujo el retraso del crecimiento en un 1.9% anual; Bangladesh también lo redujo a tasas de 2% anual en 1994-2005. Estos países centraron muchas de sus acciones en los primeros mil días de vida (incluyendo el embarazo) y ampliaron sus programas de salud materna, de enseñanza de buenas prácticas alimenticias, y de medición y control del problema.

Estos programas exitosos requieren de un gran esfuerzo en materia de coordinación que involucra muchas acciones en un gran número de instituciones del Estado (el programa Hambre Cero de Brasil tiene 90 diferentes programas en 19 ministerios y abarca desde transferencias monetarias condicionadas, hasta proyectos de mini-riego), lo cual es difícil de organizar y sólo puede funcionar con el apoyo decidido del liderazgo político.

En Guatemala existe desde hace seis años, por mandato legal, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, que no ha sido capaz de impedir que se produzcan episodios recurrentes de crisis alimentaria en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, órgano rector de las políticas públicas del sector, ha tenido dificultades en cumplir con su obligación legal de sesionar por lo menos una vez cada tres meses, emitir sus resoluciones en forma colegiada y hacerlas públicas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha enfrentado dificultades en su rol de coordinar al SINASAN, armonizar operativamente a los Ministerios y articular los programas de las distintas instituciones nacionales e internacionales.

Por ello es necesario que cada día haya más conciencia en la sociedad guatemalteca acerca de la importancia crucial que para la viabilidad del país, su desarrollo integral y su gobernabilidad, reviste el combate a la desnutrición. Hoy, resulta esperanzador el surgimiento de la Alianza por la Nutrición, una alianza de organizaciones privadas y de la sociedad civil, comprometidas con el combate a la desnutrición crónica mediante la incidencia y el apoyo a políticas públicas, especialmente a las acciones del Gobierno, la cooperación internacional, los esfuerzos privados y la movilización social que permitan implementar la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país.

Una Economía de Servicios

El crecimiento en el sector servicios contribuye más a reducir la pobreza que el crecimiento en la agricultura

Durante mucho tiempo se enseñó a los niños guatemaltecos que nuestro país era “eminentemente agrícola”, pero ese hace mucho tiempo que dejó de ser cierto. El año pasado el sector primario (compuesto por la producción agrícola, pecuaria y forestal) aportó menos del 14% del valor total producido por la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-). En contraste, el sector secundario o transformativo (que incluye industria manufacturera, minería, generación de energía y construcción) aportó un 24% del total. Eso deja al sector terciario o de servicios (transporte, telecomunicaciones, comercio, servicios privados y públicos, intermediación financiera), que aporta el 64% del PIB, como el sector más grande de la economía nacional.

El sector terciario es, además, el más dinámico: mientras que en los once años transcurridos desde 2001 el PIB creció a una tasa acumulativa promedio de 3.5% cada año, el sector de servicios lo hizo a una tasa de 4.7%; por su parte, el sector primario creció esos años en un promedio de 3.1% y el sector secundario lo hizo en 2.4%. Esta terciarización de la producción guatemalteca refleja un conjunto de facetas, positivas y negativas, de la economía guatemalteca sobre las que merece la pena reflexionar.

En primer término, vele la pena preguntarse si para superar el subdesarrollo es factible apostar por una economía de servicios. Veamos los casos contrastantes de India y China, ambos reconocidos por su rápido crecimiento económico. China ha crecido especializándose en la exportación de bienes manufacturados, mientras que India lo ha hecho exportando servicios modernos. El caso de India, entonces, parece demostrar que los países en desarrollo pueden saltar directamente de la agricultura a los servicios como una fuente de crecimiento, de creación de empleos y de reducción de la pobreza.

La industrialización no es, pues, la única ruta hacia el desarrollo. Diversos estudios demuestran que los países con un alto crecimiento en los servicios tienden a tener un alto crecimiento económico general o, al contrario, que los países con alto crecimiento económico en general tienen un crecimiento alto del sector servicios (sin que esté clara la causalidad de esta relación). La experiencia de India muestra que la productividad del trabajo en el sector servicios está por encima de la de la industria, y que su crecimiento ha contribuido a reducir la pobreza.

Otros estudios indican que el crecimiento en el sector servicios está más estrechamente vinculado a la reducción de la pobreza que el crecimiento en la agricultura. Los servicios ayudan a reducir la pobreza porque suelen ser intensivos en mano de obra y, por ende, proporcionan una dinámica fuente de nuevos empleos; esos empleos, a su vez, generan ingresos que impulsan una mayor demanda de bienes y servicios y, de nuevo, de fuentes de trabajo.

El potencial del sector servicios como motor del desarrollo se base en que la globalización y la tecnología hacen que ahora (a diferencia de hace veinte años) los servicios sean transables en los mercados internacionales, lo cual ofrece a los países en desarrollo oportunidades alternativas para encontrar nichos de mercado –más allá de la industria y la agricultura- en los cuales especializarse.

Pero para aprovechar ese potencial, los servicios deben trascender las muchas actividades de la economía informal menos modernas y productivas que en la actualidad emplean a la mayoría de trabajadores que viven en la pobreza (por ejemplo, chicleros, guardias de seguridad, ascensoristas) y trasladarse –como en India- hacia los "servicios modernos de alto valor " (como la informática y los servicios financieros) que creen puestos de trabajo que respondan a las necesidades de una población cada vez más urbanizada, que aumenten la productividad y que abran nuevos mercados de exportación.

Los desafíos para lograrlo son enormes (nuestro deficiente sistemas educativo, la pobre infraestructura de comunicaciones, o los privilegios y las regulaciones que inhiben la competencia, por ejemplo), pero hay que enfrentarlos porque, aunque quizá un sector de servicios dinámico no sea suficiente para salir de la pobreza, al menos da una esperanza razonable para la generación de empleos de calidad que nuestro país necesita desesperadamente.

Peligrosa Confusión de Conceptos

Seguridad alimentaria no es lo mismo que soberanía alimentaria: es muy peligroso confundir estos conceptos

La inaceptable tragedia de la desnutrición en Guatemala no sólo justifica sino que exige que se apliquen políticas públicas de seguridad alimentaria, entendida ésta como “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.

Esta definición (contenida en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) es, en términos generales, técnicamente correcta y adecuada, aunque pueda ser discutible que la alimentación deba ser “preferiblemente de origen nacional”. En todo caso, sobre tal definición se sustenta la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (vigente desde hace más de seis años que, no obstante su reconocido buen diseño, no ha contado nunca con el respaldo político y la priorización gubernamental que las circunstancias exigen.

Por desgracia, la inadecuada aplicación de la política de seguridad alimentaria no sólo impide combatir eficazmente la desnutrición, sino que también hace surgir la tentación de buscar atajos engañosos, tales como la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En efecto, en el último lustro el tema de “seguridad alimentaria” (que busca que cada habitante tenga suficiente alimento) se ha trocado en propuesta agresivas de “soberanía alimentaria” (que pretende que cada territorio produzca su propio alimento).

La autosuficiencia alimentaria tendría sentido sólo si el país de que se trate tiene una ventaja comparativa en producir su propio alimento. El problema es que la reciente retórica de soberanía alimentaria alrededor del mundo refleja un claro sesgo de desconfianza contra los mercados; y ello no sólo por parte de los activistas sino, crecientemente, de los propios gobiernos que ceden ante las presiones por erigir barreras proteccionistas contra el libre comercio de granos básicos y otros alimentos.

La historia demuestra que el proteccionismo perjudica a las mayorías; la propia Europa ha demostrado por décadas que buscar la autosuficiencia se traduce en ineficiencia y un enorme desperdicio de recursos. Lejos de seguir gastando millonadas en subsidios a los agricultores menos eficientes, lo que los gobiernos deben procurar es mejorar la productividad agrícola para alimentar los más de 8 millardos de habitantes del planeta. Ello requiere que existan mercados y comercio eficientes.

El proteccionismo, que es parte esencial de la “soberanía alimentaria”, reduciría la oferta de alimentos y agravaría los problemas de desnutrición. Los que abogan por la autarquía deberían reflexionar sobre los millones de hambrientos generados por esa clase de políticas en Corea del Norte. Además, los alimentos cuyos precios internacionales han registrado alzas más agudas en años recientes con aquellos que se comercian relativamente menos.

La idea de que el libre comercio se opone a la seguridad alimentaria es claramente errónea. El destacado economista (que no podría ser catalogado de neo-liberal) Dani Rodrik lo ha expresado claramente: si los países en desarrollo hubiesen mantenido sus medidas proteccionistas, la oferta mundial de alimentos habría sido menor –no mayor- hoy en día. (Esto debido a que el proteccionismo habría llevado a que la producción mundial se reasignara de exportadores eficientes a importadores ineficientes). Quien esté en favor de la soberanía alimentaria debe estar dispuesto a vivir con precios elevados.

La “vía campesina” de la autosuficiencia autárquica y la “soberanía alimentaria” es contraria a la evolución de las naciones que, invariablemente a lo largo de la historia, han salido de la pobreza y han logrado desarrollarse (incluyendo un traslado masivo de trabajadores del sector agropecuario al sector industrial y de servicios).

Es verdad que hasta hoy las (mal aplicadas) políticas de seguridad alimentaria y de libre comercio no han sido lo suficientemente efectivas para conseguir el bienestar material de la población más desposeída. Pero pretender sustituirlas con políticas proteccionistas, superadas hace décadas por la realidad, es atentar contra cualquier posibilidad técnica de reducir permanentemente la pobreza rural.

La Brecha Urbano-Rural

La situación en el área rural se caracteriza por dos caras de la misma moneda: la pobreza y la baja productividad.

Guatemala es un país fracturado, dividido, desarticulado. Entre las innumerables divisiones que fragmentan al país, una de las más dramáticas es la enorme brecha que existe entre la realidad urbana y la rural: dos mundos separados, contrastantes y, en muchos sentidos, opuestos.

La brecha urbano-rural se revela con solo ver unos pocos (y significativos) indicadores. Guatemala es el segundo país menos urbanizado de América; las zonas rurales e indígenas son las que presentan los mayores índices de pobreza: 38% de población indígena rural subsiste con menos de un dólar al día; los índices de desnutrición crónica son muchísimo mayores en el área rural; la diversidad ambiental y cultural está mal aprovechada y es poco entendida. Esta situación ha estado presente desde hace años y sigue vigente.

Según la más reciente encuesta de empleo –ENEI-, publicada hace unas semanas, el ingreso laboral mensual promedio en el área rural estaba entre Q1,055 y Q1,379, que ni siquiera representa la mitad del promedio del área metropolitana, que se ubicaba entre Q2,511 y Q2,768; de manera similar, el ingreso promedio mensual de un trabajador agrícola era de Q746 (el más bajo de cualquier rama de actividad), contrastando con el ingreso promedio de Q4,728 que alcanzaba un trabajador promedio en la rama de la información y comunicaciones. Por si todo lo anterior fuera poco, la atención que el Estado dedica al desarrollo del área rural se ve perjudicada por la dispersión de esfuerzos (existen más de 50 entidades estatales involucradas en políticas del área rural), por la escasa coordinación entre las entidades y acciones públicas relacionadas con el desarrollo rural, y por la ausencia de una política de largo plazo impulsada de forma coherente por el aparato estatal.

La situación en el área rural guatemalteca puede caracterizarse por dos aspectos: la pobreza y la falta de productividad. Ambos son las dos caras de la misma medalla. En el área rural hay muchas personas trabajando, pero generando menor cantidad de producción que en el área urbana. Según la ENEI, el 39% de la población ocupada se ubica en actividades agropecuarias pero, según las cuentas nacionales, estas actividades representan solamente el 13% del PIB. Muchos trabajadores producen pocos bienes y servicios (baja productividad), y muchas familias generan pocos ingresos (pobreza).

¿Qué puede hacerse para revertir esta realidad? De acuerdo con diversos disponibles, lo que se requiere para logar el desarrollo rural son esfuerzos concretos en dos áreas. Por un lado, un conjunto coherente de políticas públicas de largo plazo orientadas a aumentar la productividad de los trabajadores y empresas rurales; a generar excedentes en las economías campesinas para sacarlas de la producción de subsistencia; y, a propiciar la participación de los ciudadanos en los mercados y en la vida política y social. Por otro lado, se requiere estructurar una institucionalidad pública coordinada y bien fiscalizada que diseñe e implemente las políticas de desarrollo rural.

Eso es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo con urgencia. Para el efecto, si bien no es algo imprescindible, podría convenir la emisión de una ley que enmarque las acciones esenciales en esas dos áreas: orientar las políticas y fortalecer la institucionalidad. En ese sentido, es un trágico desperdicio que la tan traída y llevada iniciativa de ley 4084 (la cual fue redactada de forma apresurada y antitécnica a inicios de 2009 y presentada como iniciativa ese año por el exdiputado Ferdy Berganza) no atienda ni por asomo esas dos prioridades. Y no sólo no las atiende, sino que la aplicación de su contenido posiblemente agravaría la situación en ambos campos.

Por ejemplo, en el tema de políticas públicas, la iniciativa 4084, en vez de enfocarse en orientarlas hacia la productividad, la excedentariedad y la participación ciudadana (a través de los Consejos de Desarrollo), se dedica a listar un conjunto amorfo de aspiraciones difíciles de satisfacer en la práctica. Y, lejos de fortalecer la institucionalidad, crea nuevas entidades cuyas funciones se traslapan con las ya existentes y debilita instancias como el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Ojalá ahora que el receso en el Congreso abre un espacio para recapacitar y analizar las propuestas de ley existentes, pueda aprovecharse la oportunidad para hacer un trabajo técnico correcto, con la urgencia que las circunstancias ameritan, pero sin irresponsables precipitaciones que pongan en riesgo la gobernabilidad y la frágil unidad nacional.

Empleo y Desarrollo Integral

El elevado nivel del subempleo es una tragedia para Guatemala, porque significa que los trabajadores no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades. Las políticas de competitividad, empleo y desarrollo rural lanzadas recientemente por el gobierno serán útiles en la medida en que aborden esta tragedia.

La secuela más grave de la crisis económica mundial que explotó en 2008 está, hoy en día, en los elevados niveles de desempleo que prevalecen en los países desarrollados. Según cifras recientes de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, sus países miembros (que son las 30 economías más desarrolladas del planeta) tienen actualmente 100 millones de personas sin empleo, y necesitan generar 21 millones de puestos de trabajo para regresar a los niveles de empleo que registraban antes de la crisis.

La imposibilidad de encontrar una solución rápida y convincente a este problema tiene contra la pared a muchos gobiernos en Europa de cara a sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes que, indignados, ven con creciente pesimismo su futuro. Y tiene también muy preocupado a Barack Obama respecto de sus posibilidades de ser reelecto en noviembre como presidente de los Estados Unidos.

En el caso de Guatemala el desempleo, en apariencia, no salta a la vista como un problema apremiante. Aunque la tasa de desempleo en nuestro país ha empeorado ligeramente, al pasar de sólo 3.52% en 2010 a 4.06% en 2011(según la última encuesta de empleo e ingresos –ENEI-), nuestro país se compara relativamente bien con realidades como la de Estados Unidos (con una tasa de desempleo de 8.1% a marzo de 2011) y supremamente bien cuando se compara con el caso extremo de España (que tiene una tasa de desempleo de 24.1%).

Este aparente buen desempeño de Guatemala oculta la verdadera tragedia del mercado laboral guatemalteco: la enorme cantidad de trabajadores que están subempleados. La tasa de subempleo en 2011, según la ENEI, fue de 57.2%, lo que quiere decir que más de la mitad de los trabajadores están ocupados por menos del tiempo que desean laborar, o bien desempeñan labores que están por debajo de sus capacidades físicas e intelectuales. En otras palabras, estos trabajadores están devengando ingresos inferiores a los que podrían ganar si estuviesen plenamente empleados.

El subempleo es una tragedia no sólo porque significa que la mayoría de trabajadores guatemaltecos no logra satisfacer adecuadamente sus necesidades materiales, sino también porque se traduce en que las empresas guatemaltecas, grandes y pequeñas, ven limitadas sus posibilidades de vender sus productos dada la falta de poder adquisitivo de los consumidores.

La situación es particularmente grave en el área rural, donde se ubica la mayoría de trabajadores: 38.8% del total de ocupados está en la agricultura, versus un 14.6% en la industria y un 24.9% en los servicios. Resulta preocupante que la actividades agrícolas (con ese 38.8% de ocupados) apenas generen un 13.3% de la producción nacional (medida por el PIB). Es evidente que lo que existe en el área rural es una falta enorme de productividad, si se compara con las actividades industriales (que generan un 20.3% del PIB) o de servicios (30.8% del PIB).

Esa falta de productividad se relaciona con el bajo nivel de escolaridad. Según la ENEI, la escolaridad promedio en las actividades agrícolas era en 2011 de 3.53 años, mientras que en la industria era de 5.92 años y en los servicios era de 9 años. En consecuencia, el ingreso promedio de cada trabajador agrícola era de Q1250, mientras que en la industria era de Q2125 y en los servicios de Q2442.

Dada la crudeza de las cifras oficiales en materia de empleo y productividad, es muy oportuno que el gobierno haya lanzado la semana pasada, por un lado, una política nacional de empleo y, por otro (casi en simultáneo), una política de desarrollo rural. La primera establece unos lineamientos generales para generar empleos que se basan en velar por el cumplimiento de la legislación laboral, incrementar la productividad de los trabajadores, generar mayor inversión, fomentar la eficiencia e innovación de la producción y mantener un marco económico estable. La segunda plantea reactivar la política de desarrollo rural que emitió el gobierno anterior, promover la inversión privada en el área rural y fortalecer la agricultura familiar.

Aunque es importante el lanzamiento público de estas políticas, más importante será que los distintos componentes de las mismas se articulen con congruencia, a fin de que su implementación sea efectiva y se evite que entren en contradicción unas con otras.

Pragmatismo versus Dogmatismo

§ POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRAGMATISMO VERSUS DOGMATISMO
Entre los enemigos de este conjunto de políticas pragmáticas se cuentan el dogmatismo y el maximalismo

El tema del desarrollo rural no sólo es apasionante y complejo (como lo atestiguan los comentarios de lectores a esta columna la semana anterior), sino que es, ante todo, un elemento fundamental que determinará la viabilidad económica y la gobernabilidad de Guatemala. Por ello resulta de suprema importancia que se definan políticas públicas de largo plazo, preferentemente a través de un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos concretos.

Dichos acuerdos implican la existencia de ciertos consensos mínimos que deben lograrse en un marco de pragmatismo respaldado con sólidos fundamentos técnicos. En el pasado, los consensos políticos han sido difíciles de lograr (especialmente en un área tan espinosa como la del desarrollo rural) porque las partes del debate han tendido a considerar que su interlocutor no solamente estaba equivocado, sino que tenía intenciones perversas. En nada contribuye que, dogmáticamente, se acuse a quienes favorecen la productividad y la empresarialidad como vías para lograr el desarrollo de ser unos ultraconservadores enemigos de la democracia que sólo quieren explotar a los trabajadores o, del otro lado, acusar a quienes prefieren el impulso de la economía campesina y los programas sociales de ser radicales izquierdistas enemigos del mercado y de la propiedad privada.

Aquí es donde cobran importancia propuestas como la de IPNUSAC-IARNA (comentada la semana pasada) que, con todo y sus falencias, pueden constituir una plataforma para definir las políticas prioritarias que urge impulsar en materia de desarrollo rural. Desde este punto de vista resulta oportuno insistir en dos aspectos cruciales que deben incorporarse a un diálogo sobre la materia con una orientación pragmática: invertir en la capacidad productiva del sector agropecuario y mejorar la forma en que operan los mercados agrícolas.

Por un lado, la inversión pública en el área rural es esencial para que la productividad (que hoy en día es dramáticamente baja) se incremente de forma sostenida. Por el otro, el dinero público invertido en lo rural rendirá frutos únicamente si contribuye a mejorar el acceso de los agricultores al mercado de productos: la falta de mercados confiables es una de las mayores barreras al desarrollo rural pues, sin mercados, los agricultores (grandes y pequeños) carecen de incentivos para producir más.

De manera que las políticas públicas de desarrollo rural deben incluir la construcción de vías de acceso, así como medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados locales como, por ejemplo, el acceso a información confiable sobre precios o la habilitación de silos para granos básicos. También podrían incluirse, con carácter temporal, medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes. Asimismo, el reordenamiento institucional que aumente la eficiencia del Estado y fomente la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas.

Entre los enemigos de este conjunto de políticas pragmáticas se cuentan el dogmatismo y el maximalismo que se atrinchera en muchas propuestas que pululan en el medio, como la iniciativa de ley 4084. Por ejemplo, la idea de la “soberanía alimentaria” (en contraposición al concepto de “seguridad alimentaria”) puede ser contraproducente; no porque sea mala idea que un país (si tiene las ventajas competitivas para producir sus propios alimentos) se esfuerce en lograr dicha soberanía, sino porque el tema se está convirtiendo en una excusa retórica para regresar al proteccionismo y retroceder en materia de libre comercio. La experiencia de muchos años en gran número de países demuestra que la búsqueda a toda costa de la soberanía alimentaria sólo conduce a un enorme desperdicio de recursos que en nada contribuye al desarrollo rural.

La urgente aplicación de una agenda pragmática para el desarrollo rural requiere superar la retórica reivindicativa y el dogmatismo ideológico, lo que pasa por un diálogo serio basado en datos y propuestas técnicas que ya existen. Ojalá que el nuevo gobierno esté en capacidad de impulsarlo y exista en los grupos interesados la madurez para lograrlo.COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 12/06/2011 - 09:43 — ssamayoa

"únicamente si contribuye a mejorar el acceso de los agricultores al mercado de productos"
Traduciendo: INFRAESTRUCTURA = CARRETERAS
Loables intenciones "temporales" de los subsidios, cito:
"...medidas como el subsidio a semillas mejoradas o a la adquisición de fertilizantes cuando los mercados locales fallen en la provisión de tales bienes"
Pero es de más conocido que todos estos programas llevados por "papá gobierno" solo son foco de corrupción y, en la mayoría de casos, la "ayuda" no llega al de hasta "abajo". Ya quiero ver yo esas semillas y fertilizantes en en los latifundios de allegados a los encargados de su distribución y varios cientos o miles de millones de quetzales después (pagados por nosotros) en las mismas.
Yo no creo que la intervención del estado en forma directa (subsidios, creditos "baratos", semillas, fertilizantes, nuevos entes coordinadores, etc.) sea la solución. Hay que invertir en EDUCACIÓN encamindada a la TECNIFICACIÓN a la par de educación en NEGOCIOS, sobre todo que en un intercambio libre ambas partes ganan. Deberíamos tener por descontado la infraestructura. En lo que si debe intervenir el gobierno es en negociar con nuestros vecinos facilidades para exportar lo producido.
¿Imaginen que todos esos minifundios se unieran y exploraran la tierra en forma técnica y pudieran llevar sus productos a los mercados que lo necesitan sin que "papá gobierno" meta las manos?

Mar, 12/06/2011 - 20:36 — Hector Adolfo Barrera Ortiz

Los comentarios de Mario García ahora estan mejor enfocados, al referirse a temas como el de acceso al mercado, productividad, incentivos e institucionalidad. Los tres son elementos fundamentales al considerar el modelo de desarrollo rural. El acceso al mercado, es el punto más crucial, complejo y cuesta arriba, y esto no es un asunto ni ideológico, ni político, es una condición de capacidad empresarial, estándares de calidad y productividad, por su supuesto. Los niveles de productividad es la consecuencia del nivel de desempeño empresarial y conlleva una compleja condición de preparación y fortalecimiento de las capacidades de la cadena de producción.
El tema de los encadenamientos empresariales y mucho más complejo y ofrece muchas posibilidades y aquí si caemos en un punto ideològico y político. USAID viene apoyando desde 1984 un programa de extinsión de la economía campesina, esto es el pequeño y mediano productor rural,- productor de maíz, arroz, hortalizas, por ejemplo-, incentivando y apoyando, incentivando empresas "líderes" o "exitosas", vía AGEXPORT y MAGA, clusters productivos bajo el supuesto, que estas unidades productivas,  al formar una determinada escala de producción produce y genera un valor agregado incrementado  de la cadena productiva, sobre todo cuando tambien se vuelven receptores de la cooperación de AID,. Esto sólo ha favorecido a un pequeño grupo de empresarios rurales, a costo de una serie de prácticas, como imposición de precios, etc. entrega de productos a consignación, períodos largos de pago. Este modelo,  al que todos llamamos el circulo vicioso de inequidad social, a que "todos" decidos queremos romper, pero que en la pràctica, todos compartimos y apoyamos. Claro, la perspectiva de estas decisiones no pasan por USAID-GUATEMALA, sino en los pensadores de Washington, que creen que el dilema de las inequidades son compensadas poco a poco en la medida que el crecimiento económico, va propiciando el "supuesto!" del derrame de la riqueza. Recordemos, que Guatemala, ha dejado de ser productor de arroz y se ha convertido en un importador constante, similar tendencia, nos pasará con el maíz, frijol, hortalizas, etc., parte concurrente  a los  ciclos de inseguridad alimentaria.
Bueno, es sólo parte del análisis, el otro tema es el reordenamiento institucional y la eficiencia del Estado para   fomentar la participación ciudadana y comunitaria. Y, sobre todo, el acceso a mejor tecnología (irrigación, semillas, pesticidas, etcétera) deben ser componentes centrales de tales políticas. Me parece que el punto de la institucionalidad, más bien pasa por la voluntad y capacidad políticaEste es un punto esencial  y que no creo que tenga que llevarse al plano de los consensos sociales. Al menos con las entidades "cupulares". El consenso es importante, pero debería de estar enfocado a las propias organizaciones rurales y los líderazgos comunitariospero no tanto en cuanto al "que",  "para que" y el cómo implementarse. Es obvio que todos los campesinos esperan incentivos.
De manera que son cruciales las decisiones en cuanto a la institucionalidad, ya que el Estado cuenta con una serie de esfuerzos y capacidades, mencionadas en un comentario anterior. Este análisis es fundamental. Determinar el modelo de desarrollo rural, pero pasa por definir tambien, quienes son esos actores políticos.

Para Abordar el Desarrollo Rural

La reciente propuesta de URL-USAC para abordar el tema del Desarrollo Rural es meritoria. Se trata, empero, de un asunto polémico, complejo y pasional. No obstante ello, vale la pena hacer el esfuerzo de dialogar y tratar de definir algunas políticas públicas que, con pragmatismo y efectividad, contribuyan a mejorar las deplorables condiciones en las que vive un gran segmento de la población rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA ABORDAR EL DESARROLLO RURAL

El abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema

Ya La pobreza el principal problema del área rural guatemalteca; y también lo es la baja productividad en el campo. Ambos son las dos caras de una misma medalla, que no es exclusiva de la ruralidad guatemalteca.  Muchos expertos en desarrollo, como Abhijit Banerjee de Instituto de Tecnología de Massachusetts –MIT-, sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.

En un mundo caracterizado por esa volatilidad de precios, la actividad agrícola no es el mejor mecanismo para que los pobres se protejan de tales vaivenes. Sin embargo, sacar a los pobladores rurales de sus actividades ancestrales, o sustituirlas con técnicas más productivas, es una tarea política y socialmente compleja, por lo que elevar la productividad en el área rural es uno de los principales desafíos para las políticas públicas en los próximos años.

En ese sentido, es oportuna la reciente propuesta conjunta de las universidades Rafael Landívar (y su instituto de ambiente y recursos naturales –IARNA-)  y de San Carlos (y su instituto de problemas nacionales –IPNUSAC-) para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala. La propuesta se refiere a la problemática de la pobreza rural, la desnutrición crónica y la degradación ambiental, y al respecto plantea la necesidad de lograr un acuerdo nacional que defina las políticas prioritarias para enfrentar esos retos.

Entre los aspectos positivos de la propuesta destacan el abandono del antagonismo ideológico como punto de partida para abordar este delicado tema, así como la identificación de varios puntos de convergencia entre la visión economicista del desarrollo rural (que enfatiza el aumento de la productividad) y el modelo de economía campesina (que se centra en el combate a la pobreza) que, hasta ahora, eran vistos como contrapuestos. Tales puntos de convergencia incluyen la búsqueda de la competitividad, la inserción en los mercados mundiales, la subsidiariedad del Estado hacia los campesinos pobres, así como el rol primordial de la inversión privada y de la empresarialidad rural.

Si bien la propuesta de IPNUSAC-IARNA reconoce la posibilidad de construir sobre las convergencias identificadas, recomienda que los vacíos que existen en ambos modelos (economicista y campesino) se llenen en el mediano plazo mediante el ejercicio de una ciudadanía plena de los campesinos, el enfoque territorial de las políticas y el cuidado de la sostenibilidad ambiental, mientras que en el corto plazo aboga por rescatar la política de seguridad alimentaria y nutricional abandonada casi desde su nacimiento en el gobierno de Oscar Berger.

No obstante lo anterior, la propuesta de IPNUSAC-IARNA tiene algunas debilidades que deben solventarse previo a lograr un acuerdo nacional que de verdad sea útil  para el desarrollo rural. Por ejemplo, la inclusión de varias políticas polémicas como la concesión de subsidios estatales a los agricultores o la “recuperación” de tierras ociosas, que en otros países no han sido precisamente exitosas. O la curiosa defensa que hace de la iniciativa de Ley 4084, presentada por la UNE durante la actual legislatura, cuando se trata de una ley internamente inconsistente y políticamente inaplicable que resulta perversa pues, lejos de ayudar al desarrollo rural, desvía la discusión hacia temas ideológicos. Desafortunadamente, la propuesta pone dicha iniciativa de ley (así como la política de desarrollo rural del actual gobierno, igualmente inconsistente e impracticable), como un “piso” para el diálogo (pero, curiosamente, el excelente documento técnico sobre desarrollo rural que el propio IARNA preparó en 2006 en el contexto del esfuerzo del Plan Visión de País ni siquiera se menciona en la bibliografía de la actual propuesta).

Si estas debilidades logran superarse, la propuesta de IPNUSAC-IARNA es un buen punto de partida para lograr una verdadera política de largo plazo para el desarrollo rural que el país reclama con urgencia.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 11/29/2011 - 10:11 — Hector Adolfo Barrera Ortiz

Este es un tiempo político  en el que analistas y los nuevos funcionarios tratan de reanimar las propuestas y el lanzamiento de nuevas ideas. Este es el caso del desarrollo rural. García Lara hace un recuento de esta dinámica de análisis a partir de las propuestas del IPNUSAC-IARNA. La perspectiva del desarrollo rural tiene varios caminos. El enfoque legalista que asume la necesidad de que el Congreso de la República apruebe una ley especifica, apoyado por la UNE, IARNA, SEGEPLAN y A. Zapata, que no es mas que la continuaciòn de un modelo que viene desde el gobierno de O. Berger, socializado por este último desde los dialógos de Visión de País. Esta orientación ya tiene un fuerte desgaste, primero por la propia presión de los partidos polìticos, el cual no lleva a ningún destino final, es la excusa para màs estudios-"consultorías", que van y vienen, ahora actualizados otra vez por A. Zapata y comitiva.
La viabilidad del desarrollo rural para por las ideas ya esbozadas por García Lara, así como los planteamientos de Abhijit Banerjee, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sostienen que el combate a la pobreza rural pasa porque la población transite de la actividad agrícola hacia otras actividades donde el empleo sea más productivo, sin que ello implique descuidar la inversión y la productividad en el sector agropecuario. Esta difícil transición es particularmente importante para proteger a los más pobres contra uno de los principales enemigos de su economía: la volatilidad de los precios de los alimentos.
Esto es cierto y me parece oportuno con los problemas cíclicos de vulnerabilidad alimentaria, especialmente en áreas muy pobres del país, en donde las familias, en situación de subsistencia familia, tienen como base de su economía la producciòn de maíz y frijol. Afortunadamente en los últimos dos años las lluvias han sido favorables a estos cultivos y los campesinos no han sufrido escacez de granos básicos. Pero tengamos a la vista, por que puede producirse una alarma alimentaria. Resulta que por la misma precariedad es frecuente que las familias rurales, se ven obligados a vender sus inventarios, quedando expuestos a una extrema vulnerabilidad, debido a la falta de efectivo para poder acudir al mercado. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos, PMA-, ha generado una valiosa experiencia en el área rural en acciones de fortalecimiento organizacional, compra de excedentes de maíz, educaciòn y comprensión de lal importancia de la administración adecuada de los inventarios de granos básicos comoo un principio de gestión de las reservas alimentarias, protección de estas reservas, facilitándoles silos familiares y una visión integral del desarrollo rural, con la idea de que las familias pasen a otras actividades de mayor productividad y diversificación de sus opciones para el mejoramiento de la economía rural y fuerte apoyo a la asociatividad como una estrategia para darle sostenibilidad a los esfuerzos comunitarios.
Desde luego esta perspectiva de integralidad del desarrollo rural, tiene otras implicaciones y de aquí se desprende el otro camino que me parece màs práctivo, más viable y es el de la articulación y promoción de la institucionalidad rural. En el país ya existen muchos esfuerzos, el MAGA-ICTA, USAID, FAO, PMA, INTECAP y otras cadena de instituciones que deben coordinarse, cambiando la lógica de la práctica de hacer las cosas. Abandonar el discurso de la oferta y pasar a la lógica desde el tejido social, desde lo rural, desde lo comunitario atender las demandas de las organizaciones rurales, de los comités de mujeres rurales que ya han sido preparadas por el PMA, facilitándoles metodologias para la inclusiòn de las políticas de género, como sustento del desarrollo rural y de la economía campesina.
El potencial del desarrollo rural es parte de las reservas que el país tiene para promover la producción de alimentos, de recursos forestales y en general de los recursos naturales, tan desarticulados del empresariado rural, pero sobre todo para crear condiciones para la eliminación de la pobreza y el desempleo y la baja productividad de los empleos y los ingresos de la población rural. Pero de nuevo, el nuevo gobiernoo de debería de retomar la vía del impulso a nueva institucionalidad, despolitizada, más técnica y más comprometida, dejando por un lado la tentación de ser "ejecutores" y dejar en manos de contrapartes y organizaciones calificadas para dar asistencia técnica y  tecnologías más efiicientes. Este es el modelo que han seguido otros países más competitivos. Que el Estado sea únicamente un gestor de la política pública, pero que ésta sea expresión de la demanda de los campesinos y sus organizaciones desde lo rural.

Mar, 11/29/2011 - 12:07 — Facebook User

Pese al abandono total de las áreas rurales afectadas por la guerrilla en Guatemala se logró y se dio un gran paso con la política social que desarrollo este gobierno, porque ahora estos sectores tiene una mayor atención, realmente hay que considerar estas propuestas  e iniciativas y pese a que esta gestión ya está por concluir le compete ahora al próximo Gobierno.

Mar, 11/29/2011 - 12:32 — Sofi Ruiz

No todo será fácil y menos en temas agrarios y rurales, acordémonos que ese campo ha sido el
más olvidado y que ahora hay que volver a retomar para propiciar el desarrollo de miles de guatemaltecos.

Mar, 11/29/2011 - 12:47 — Crista Lopez

Estas son las reformas e iniciativas que se necesitan para que Guatemala pueda culminar con ese desarrollo que tanto se ha esperado,  ya se iniciaron las bases de este pero se necesita dotar a la población de las herramientas necesarias para su evolución.

Mar, 11/29/2011 - 15:06 — ssamayoa

No es dando abono "gratis", no es dando crédito "barato" por parte de una institución gubernamental (ese espacio ya lo llenan algunas ONGs, algunas reales y otras de papel), no es creando entes estatales que traten de "dirigir" el desarrollo agrario (donde está el MAGA? donde está en INTA?), el desarrollo agrario se dará cuando EDUQUEMOS a nuestros connacionales no solo en cuestiones técnicas (se le enseña algo en la escuela al niño del campo que pueda usar en sus faenas diarias? aló reforma educativa!) sino en que PUEDEN LOGRAR SALIR DE LA POBREZA. ¿Acaso no lo han hecho muchos pese a la carga cultural y a los gobiernos shutes?
A los que menos les conviene que salgamos de la pobreza es a los políticos.

Jue, 12/01/2011 - 16:55 — david castro

Como campesino trabajador de la tierra desde mis 5 años, tuve la dicha de sembrar y cosechar muchas legumbres y granos básicos; les digo a los estudiosos y politiqueros: No necesitamos limoznas, ni que se apiaden de nosotros, menos que los que dicen "pagan impuestos" reclamen que la "redistribución de la Riqueza" no les beneficia a ellos etc. etc. etc.SOLO NECESITAMOS CONDICIONES JUSTAS DE COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y COSECHAS respectivamente.
Es imposible sobrevivir y siendo totalmente antieconómico si hace 20 años el quintal de abono 15-15-15 costaba Q40.00 y hoy Q.200.00 (incremento del 500%), mientras que el quinta de papas, se sigue vendiendo hoy a Q,100.00 igual que hace 20 años (0% de incremento).