Pedir al Magisterio Algo a Cambio

Quien quiera buscar un joven guatemalteco con bajo nivel educativo, puede buscarlo en las escuelas. Meter más dinero al sistema educativo sin pedir nada a cambio es hacer más de lo mismo.

La calidad de la educación en el país está por los suelos. Los resultados de las pruebas Pisa muestran las terribles debilidades del sistema educativo: el 90 por ciento de los alumnos de la edad de quince años tienen un bajo desempeño y no alcanzan el nivel mínimo de conocimientos y habilidades, ni en lectura, ni en matemática, ni ciencias. Las calificaciones de Guatemala son las más bajas del Continente (junto a República Dominicana). El reporte –publicado el año pasado- también establece que nuestro país tiene el cuarto nivel más alto de repitencia entre todos los países evaluados: antes de llegar a primero básico, el 36 por ciento de los estudiantes ya han repetido por lo menos un grado. Quien quiera buscar un joven guatemalteco con bajo nivel educativo, debe buscarlo en las escuelas.

El magisterio nacional no puede estar satisfecho con los resultados de su trabajo. Y sus dirigentes sindicales deberían ser menos soberbios al celebrar la firma de un pacto colectivo cuyas prebendas y beneficios pocos de ellos merecen. Ese pacto colectivo nos costará a los contribuyentes más de Q4 millardos, que serán repartidos a todos los maestros –independientemente de su desempeño-, sin que a cambio se obtenga una mejora en la calidad educativa. Mucho dinero a cambio de nada.

No es gastando más dinero como se va a mejorar la calidad educativa, porque el problema de las aulas no es esencialmente financiero, sino político: los maestros son nombrados con base en normas clientelistas y no por mérito; el sindicato de maestros extorsiona a los gobernantes con su apoyo político e impide que los maestros incapaces y faltistas (que no deben ser la mayoría, pero sí muchos) sean sustituidos por educadores capaces y cumplidores, mientras que los líderes políticos prefieren tomarse fotos con el líder sindical o inaugurar escuelas sin ocuparse de lo que pasa adentro de ellas.

Limitarse a meter más dinero al sistema educativo sin pedir nada a cambio es hacer más de lo mismo. A cambio del pacto colectivo debería exigírsele a los maestros y al Ministerio de Educación que apliquen medidas efectivas, de bajo costo, para mejorar la calidad de la enseñanza: llevar controles (y publicar reportes) de asistencia-ausentismo de los maestros; realizar mediciones sistémicas de la calidad educativa y vincular a ellas los incentivos salariales; introducir mejoras a los enfoque pedagógicos; introducir contratos de corto plazo con los maestros y vincularlos con el desempeño de los alumnos en exámenes estandarizados.

Reformar el sistema educativo, renovar las escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza deben ser prioridades de Estado. Eso conlleva premiar a los buenos maestros y penalizar a los malos. Solo así le logrará que más niños asistan a la escuela y que más jóvenes completen su educación secundaria (sin repitencia), lo cual les permitirá adquirir capacidades para desempeñarse en la vida, alejarse de la delincuencia, mejorar sus hábitos de salud y, en el futuro, obtener buenos empleos, lograr mayores ingresos y mejorar su calidad de vida.

Un Gran Debate Nacional: ¿la Solución?

Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

El Presidente de la República fue electo, postulado por un partido político nuevo, de derecha moderada. Los votantes lo eligieron, entre otras razones, por ser relativamente joven y nuevo en el tinglado político, lo que entrañaba la ansiada posibilidad de que un outsider, una vez en el poder, pudiera cambiar las viejas maneras de hacer política. El Presidente comenzó su mandato con entusiasmo, proponiendo cambios que se alineaban con las expectativas ciudadanas de una profunda reforma de la gestión pública.

Sin embargo, pronto se encontró con realidades políticas que dificultaron su gestión y obstaculizaron los cambios anhelados. Proliferaron las protestas de diferentes grupos exigiendo, unos, modificar el rumbo de los cambios y, otros, acelerar las reformas. La reacción del gobernante fue la de poner oídos sordos a las voces de los descontentos e improvisar medidas bajo presión llegando, incluso, a recurrir a la fuerza pública para reducir al orden a sus opositores.

Desafortunadamente, el descontento fue escalando y el nivel de confrontación aumentó a tal grado que incluso muchos de quienes apoyaban la postura del Presidente empezaron a resentir los efectos negativos que la incertidumbre y la confrontación estaban ejerciendo sobre su actividad comercial y su viabilidad económica. El Presidente, como hombre de Estado, sabe que la polarización política puede poner en riesgo las instituciones republicanas que tanto ha costado construir; sabe que la confrontación no es buena; sabe que conviene escuchar las voces razonables de descontento de la ciudadanía; y sabe que hay bienes comunes (como preservar la República, la democracia y sus instituciones) superiores a los intereses personales o partidarios.

Por ello, ante la amenaza de una debacle institucional, el Presidente convocó a un Gran Debate Nacional en el que, a través de cabildos abiertos en todo el país, consultará el sentir de los ciudadanos para que expresen sugerencias respecto de cuatro temas esenciales (ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia) con la intención de “transformar el descontento en soluciones”. Solo el tiempo dirá si este debate público solucionará la tensa situación que hoy vive Francia, pero ciertamente es una forma civilizada, democrática y republicana de enfrentar las crisis. La estrategia entraña riesgos, pero el Presidente Macron sabe que el futuro de su país bien vale la pena correrlos.

Extrayendo lecciones del ejemplo francés, quizá a Guatemala le convendría también –para salir de la crisis política que nos está agobiando y resquebrajando las instituciones republicanas- un gran debate nacional sobre reformas clave (sistema electoral, calidad del gasto público, sistema de justicia, e infraestructura, por ejemplo) que le aseguren al país un mejor futuro. Como dijo Sócrates: “el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”.

Estado de Derecho y Crecimiento Económico

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas: sin Estado de Derecho no hay prosperidad

El principal problema de la economía guatemalteca es que su ritmo de crecimiento es extremadamente lento, lo cual no solo impide corregir los bochornosos indicadores de pobreza del país, sino que nos deja cada vez más atrasados respecto de otras naciones que hasta hace cuarenta años mostraban niveles de bienestar material similares a los nuestros: en 1978 Guatemala tenía un ingreso per cápita real superior en 80% al de Tailandia, y en más de 100% al de China; hoy ambos países superan a Guatemala en más de un 80%.

La razón fundamental de este retroceso relativo radica en la baja productividad sistémica de la economía guatemalteca que, a su vez, se deriva principalmente de la (cada vez más grave) debilidad de las instituciones públicas que impide al Estado cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos esenciales para el funcionamiento básico del aparato económico (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias).

La crisis política actual -donde la policía se enfrenta con los fiscales, donde la suprema corte se enfrenta con la corte de lo constitucional, donde diputados al Congreso llaman a desobedecer las órdenes judiciales y donde el Ejecutivo se enfrenta con la ONU- no hace más que revelar y agudizar el continuo deterioro institucional. Y eso, querámoslo o no, tiene graves repercusiones para la economía. Ya desde hace tiempo que las calificadoras de riesgo y la banca internacional vienen advirtiendo que la disfuncionalidad institucional es un obstáculo para la inversión y el crecimiento en Guatemala; y la semana pasada la calificadora Moody’s lo reiteró enfáticamente.

Pero el principal peligro radica en las consecuencias de largo plazo de este deterioro. Vale la pena verse en el espejo de países que se han tornado fallidos para evitar cometer sus mismos errores. Moisés Naim y Francisco Toro lo describían a la perfección en un reciente artículo sobre el suicidio colectivo de su país: “...las causas del fracaso de Venezuela tienen raíces más antiguas y profundas. Varias décadas de gradual descalabro económico le abrieron el camino a un demagogo carismático que, inspirado por una ensalada de malas ideas, consiguió instaurar una autocracia corrupta”.

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas. Como dijo en su comunicado el Consejo Nacional Apostólico de los jesuitas: “más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país”. Sin Estado de Derecho no será posible alcanzar un crecimiento económico robusto, ni combatir la pobreza, ni vivir en una democracia funcional.

El TSE Ante la Incertidumbre

Al estar vigente el gatopardista paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobado en 2016, el TSE se enfrenta, como pocas veces en su historia, a múltiples y delicados desafíos de cara al proceso electoral de 2019

El proceso electoral que está a dos semanas de arrancar se vislumbra lleno de incertidumbres. Pocas veces en la historia el Tribunal Supremo Electoral –TSE- se había encontrado con tantos desafíos –y con tan poco tiempo para solventarlos- como ahora, cuando deberán aplicarse las nuevas reglas del juego. Algunas de estas reglas, pobremente concebidas y peor redactadas en el gatopardista paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobó el Congreso en 2016, serán una prueba de fuego para la autoridad electoral.

Entre los principales retos que deberá enfrentar el TSE en 2019 destaca el de distinguir proselitismo partidario de campaña electoral. Esta distinción es importante, no solo para definir correctamente cuándo los partidos políticos incurren en campaña electoral anticipada (falta cuyas sanciones son muy severas), sino también para fomentar el necesario proselitismo y formación política al interno de los partidos. En las democracias avanzadas, los líderes políticos mantienen un presencia permanente en la opinión pública, externando sus opiniones y criterios respecto del quehacer gubernamental, lo cual es sano y necesario para que los ciudadanos formemos criterio respecto de las distintas opciones políticas. Hasta ahora, el TSE no ha logrado aclarar en sus reglamentos este aspecto crucial para la vida democrática del país: una reglamentación excesiva que reprima el proselitismo y la opinión de los líderes políticos puede dañar la esencia misma de la democracia.

De manera similar, el TSE debe aclarar en un reglamento cómo se interpreta el tema de “publicitar la imagen” personal, pues una interpretación rígida de la reforma legal aprobada podría significar que cualquier ciudadano que haya emitido opiniones políticas (en las redes sociales, por ejemplo) durante los meses anteriores al inicio de la campaña electoral podría quedar inhabilitado para participar como candidato.

El complejo asunto de cómo el TSE va a distribuir la propaganda electoral también debe regularse cuidadosamente para no perjudicar ni a los partidos políticos –con poca equidad en la distribución de espacios publicitarios- ni a los medios de comunicación –confiscándoles sus espacios comercialmente más valiosos-, además de incluir explícitamente (tarea casi imposible) la manera en que tales disposiciones se aplicarán a las cada vez más influyentes redes sociales. Asimismo, el espinoso tema del financiamiento electoral debe reglamentarse pues quedó legislado con disposiciones tan exageradas como la de que cualquier apoyo dinerario o en especie (por ejemplo, la donación de cinco gallinas a un candidato por parte de un simpatizante) debe ser registrado en un libro especial.

Si el TSE no logra aclarar a tiempo estos y otros temas, veremos un proceso electoral atiborrado de amparos y querellas que no solo judicializarán un evento eminentemente político, sino que podrían aumentar la conflictividad y restar legitimidad a un sistema que, hasta la última consulta popular, gozaba –como pocos- de prestigio y credibilidad entre los guatemaltecos.