LA ECONOMÍA DE LAS GUERRAS LEJANAS

La guerra en el Golfo Pérsico puede sacudir la economía global: conviene reaccionar con prudencia

Las guerras se libran tanto en los campos de batalla como, de manera silenciosa, en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas globales y, finalmente, en los bolsillos de millones de personas. El conflicto actual en el Golfo Pérsico tiene precisamente ese potencial. En una economía mundial altamente integrada, una perturbación geopolítica en una región estratégica puede generar efectos económicos globales. La razón es simple: por el estrecho de Ormuz transita una porción importante del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Si ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los precios de la energía subirán y con ellos el transporte, los fertilizantes, los alimentos y buena parte de la actividad productiva.

Aunque hoy la economía mundial es menos intensiva en energía que en los años setenta —cuando los shocks petroleros provocaron inflación y estancamiento—, una disrupción suficientemente grande en los mercados energéticos aún puede generar presiones inflacionarias y alterar decisiones de inversión y consumo.

Para Guatemala —como para muchas economías pequeñas y abiertas— el principal canal de transmisión será el precio de los combustibles y otros insumos. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos de transporte y producción, lo que eventualmente conlleva precios internos más altos. Además, el país debe destinar más divisas para pagar esas importaciones, lo que puede presionar el balance externo si el shock se prolonga. Hasta ahora, sin embargo, los indicios apuntan a que el impacto directo podría ser moderado en el corto plazo. Analistas del sector logístico señalan que Guatemala no depende de rutas marítimas que atraviesen directamente la zona del conflicto, por lo que los efectos iniciales serían indirectos, principalmente a través del precio del combustible y de los costos de los fletes internacionales.

 La verdadera incógnita no es tanto el impacto inicial como la duración del conflicto. Las guerras —especialmente en regiones geopolíticamente sensibles— evolucionan según decisiones políticas impredecibles. Por ello, sería imprudente reaccionar con “ocurrencias” de política económica que, aunque bien intencionadas, terminen generando más distorsiones que soluciones. Conviene recordar una lección básica de economía: en situaciones de escasez o choque externo, los precios cumplen una función de señal. Cuando suben, transmiten información sobre la nueva realidad de costos y ayudan a que consumidores y empresas ajusten su comportamiento. Interferir excesivamente en ese mecanismo —por ejemplo mediante controles de precios o subsidios improvisados— suele producir escasez, incentivos perversos y mayores presiones fiscales.

La respuesta más sensata ante shocks externos no es el intervencionismo apresurado, sino la prudencia macroeconómica. Guatemala cuenta con algunos amortiguadores importantes: inflación relativamente controlada, reservas internacionales adecuadas y un sistema financiero sólido. Preservar esos amortiguadores es probablemente la mejor estrategia para atravesar episodios de turbulencia internacional. Finalmente, conviene recordar que incluso los conflictos más intensos suelen terminar antes de lo que muchos anticipan. No sería extraño que, ante los riesgos económicos de una guerra prolongada, Estados Unidos opte en algún momento por declarar una victoria prematura y dar por concluido el conflicto. Si algo enseña la historia económica es que los mercados reaccionan rápidamente al inicio de las guerras… pero también a su final. En tiempos de incertidumbre, la prudencia sigue siendo la mejor política económica.

EL FALSO ENCANTO DEL PROTECCIONISMO

El proteccionismo seduce a los políticos populistas, pero empobrece a sus países

El auge del proteccionismo es uno de los signos más alarmantes de nuestro tiempo. Lo vemos en Estados Unidos, con la guerra arancelaria desatada por su gobierno; en Europa, donde el nacionalismo comercial gana adeptos; y también en América Latina, donde ciertos liderazgos han resucitado viejos prejuicios contra el libre comercio. Guatemala no está inmune a esa tendencia. En este contexto de hostilidad hacia la globalización, debemos recordar por qué el proteccionismo ha sido, históricamente, una receta fracasada.

El proteccionismo parte de una premisa intuitivamente atractiva, pero económicamente equivocada: que un país es más fuerte si produce todo lo que consume, y que al cerrar su mercado protege el empleo local. Esta lógica —heredera del mercantilismo— es la favorita de los líderes populistas, porque simplifica los dilemas económicos y apela al nacionalismo. “Compremos nacional”, “defendamos lo nuestro”, “recuperemos empleos”... son los slogans que suenan bien, pero que funciona mal.

Adam Smith explicó claramente, hace 250 años, que ninguna familia sensata se empeña en fabricar por sí misma todo lo que necesita si puede conseguirlo mejor y más barato mediante el intercambio en el mercado. Si una familia sensata no lo hace, ¿por qué debería hacerlo una nación? Cuando los países comercian libremente, cada uno se especializa en lo que produce mejor y, al final, todos ganan. Por el contrario, las barreras comerciales (aranceles, cuotas y licencias) reducen la eficiencia, elevan los precios y frenan la innovación. La historia presenta ejemplos claros: las Leyes del Maíz en la Inglaterra del siglo XIX encarecieron el pan y empobrecieron a los trabajadores; hoy, los aranceles al acero y al aluminio en los Estados Unidos encarecen la producción de autos y electrodomésticos, destruyen más empleos de los que salvan y hacen que todos —excepto unos pocos productores protegidos— salgan perdiendo. El proteccionismo no crea riqueza: reparte miseria y destruye el futuro.

Los países en desarrollo, como Guatemala, tienen aún más que perder. Nuestro crecimiento depende de que nos integremos a los mercados globales. El proteccionismo de las grandes potencias nos castiga doblemente: limita nuestras exportaciones y encarece nuestras importaciones. Pero, ante la avalancha de proteccionismo en el planeta, sería un error de nuestra parte responder con las mismas armas; levantar muros arancelarios aquí no defenderá nuestra economía: solo empobrecería a los consumidores y aislaría a nuestros productores. Debemos resistir la tentación de responder con represalias. Más bien, es hora de redoblar nuestra apuesta por la apertura económica, por el fortalecimiento institucional y por la competitividad. Eso significa activar una política de apertura comercial, negociar inteligentemente nuestros acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura, reducir trámites, atraer inversión y diversificar exportaciones.

El libre comercio no es perfecto, pero es el mejor camino para expandir la prosperidad. Es un camino desafiante que requiere ajustes y políticas compensatorias inteligentes, sí, pero no debe ser abandonado cada vez que sopla el viento del populismo. Guatemala debe estar alerta: el proteccionismo es una enfermedad contagiosa que se disfraza de patriotismo, pero que carcome la productividad, la inversión y el empleo. Hay que decirlo con claridad: el proteccionismo es popular, pero es ignorante. Y si queremos conjurar su amenaza, debemos defender —sin complejos— los principios de la economía abierta. Porque cuando el comercio retrocede, el bienestar también lo hace.

TERRAPLANISMO ECONÓMICO

Los aranceles pueden ser una poderosa arma política, pero no tienen ninguna justificación económica

La pregunta que con más insistencia se repite estos días en círculos académicos y financieros es: ¿Qué pretende realmente Donald Trump con sus aranceles? Si nos atenemos a su propio discurso la respuesta es: reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y reindustrializar su economía para recuperar empleos en manufactura. Suena noble. Pero desde la perspectiva de la ciencia económica, es una narrativa tan ingenua como equivocada.

La evidencia empírica, la teoría económica y la experiencia histórica coinciden en que los aranceles rara vez logran esos objetivos. Es más, suelen generar efectos contrarios: precios más altos, distorsiones en la asignación de recursos, represalias comerciales y reducción del crecimiento económico global. Como quien pretende curar una fiebre con quimioterapia, los aranceles de Trump no atienden la raíz del problema económico estadounidense: la atacan en el lugar equivocado con la medicina errada.

No es sorprendente que existan defensores fervientes de esa estrategia arancelara (incluso aquí mismo, en nuestro país) que la justifiquen desde una perspectiva política -sin casi ningún fundamento de economía elemental-. Lo que sí resulta desconcertante es que algunos se proclamen liberales y aún así justifiquen estas políticas proteccionistas, con argumentos que parecen extraídos de un manual de economía alternativa medieval. Parece que estamos ante una forma de terraplanismo económico: una negación voluntaria de la evidencia, impulsada más por ideología y pulsiones políticas que por análisis riguroso.

La reducción del déficit comercial —objetivo fundamental de esta estrategia— no es, en sí misma, ni necesaria ni deseable. Los déficits responden a múltiples causas, entre ellas la fortaleza del dólar, el nivel de ahorro interno, o la ventaja comparativa en servicios. Y en cuanto a la reindustrialización, es preciso recordar que la pérdida de empleos en manufactura no es un mal endémico: responde, sobre todo, al avance tecnológico y a la evolución natural hacia una economía basada en servicios y más intensiva en conocimiento.

"Los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política"

Ahora bien, existe una explicación más verosímil de los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política; un instrumento geopolítico más que económico. Al imponer aranceles sin previo aviso a sus principales socios comerciales, Trump no busca tanto mejorar la balanza de pagos como reforzar su capacidad de presión. Es el garrote que antecede a la zanahoria. Eso es válido como estrategia geopolítica, pero injustificable como política económica, y menos desde la realidad guatemalteca.

Aunque nuestro país no ha sido de los más castigados por los aranceles trumpianos, no por eso está a salvo de sus consecuencias. El redireccionamiento del comercio, la volatilidad financiera internacional, y la potencial recesión mundial inducidas por esta guerra arancelaria van a afectar nuestra economía. Y aunque seamos parte de un tratado comercial con el gigante del Norte, eso no es un escudo infalible, y menos durante la presidencia de Trump.

La historia está llena de ejemplos de políticas económicas basadas en la ocurrencia y el cortoplacismo más que en la ciencia y la estrategia. Hoy, con la excusa nacionalista de recuperar los empleos perdidos, la política comercial del gobierno estadounidense esconde una peligrosa mezcla de voluntarismo y populismo económico. Lo más preocupante no es que Trump insista en su fórmula proteccionista; es que haya “analistas”—incluso algunos que se decían liberales— dispuestos a defenderla. Como si, de pronto, creyésemos de nuevo que la Tierra es plana.

GARROTE Y ZANAHORIA

 LA INCONVENIENTE Y PELIGROSA MODA DE USAR LOS ARANCELES COMO ARMA POLÍTICA

Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en un modo mucho más agresivo que el de su primero. Las amenazas de aplicar aranceles como herramienta de política pueden resultar más o menos preocupantes -para el resto del mundo- dependiendo de si su finalidad es la de proteger su industria doméstica, o si es la de elevar sus ingresos fiscales, o si solamente se trata de un recurso transaccional para negociar otros objetivos políticos.

Si el objetivo fuese proteccionista, los aranceles buscarían reducir el déficit comercial de Estados Unidos y defender su industria de la supuesta competencia desleal de otros países (especialmente China): así, Trump vería los aranceles como una forma de incentivar la inversión e impulsar la producción. Si el objetivo fuera más bien fiscal, Trump estaría aplicando aranceles con el fin de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los proveedores extranjeros, lo que le permitiría reducir los impuestos internos.

Sin embargo, cualquier estudiante de economía, o cualquier historiador aficionado, podrían decirles a los políticos pro-aranceles que ninguno de esos objetivos tiene demasiado sentido. Aranceles más altos implican productos importados más caros, lo cual ocasionaría que se reduzca la demanda de dólares y se aprecie la moneda estadounidense, encareciendo así las exportaciones gringas: los aranceles acabarían siendo un impuesto no solo sobre sus importaciones, sino también sobre sus exportaciones. Este efecto se exacerbaría aún más si otros países decidieran tomar represalias subiendo sus propios aranceles. Adicionalmente, los aranceles encarecerían los productos importados, empobreciendo a los consumidores estadounidenses. Todo un suicidio económico que sería incluso más doloroso porque los pocos empleos creados gracias a los aranceles se concentrarían solo en aquellas industrias (las menos eficientes, que necesitan ser protegidas para sobrevivir a la competencia internacional) y perjudicarían al resto de industrias al incrementarles el costo de sus insumos.

 La única justificación de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación

Los aranceles tampoco significarían un gran aumento en los ingresos del gobierno estadounidense, ya que (incluso aumentándolos) representan una mínima fracción de su gigantesco presupuesto. Así que la única justificación lógica de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación (el garrote) para extraer concesiones de sus socios comerciales a cambio de mantener la buena voluntad de los Estados Unidos (la zanahoria). Es muy probable que esto lo sepan bien los gobiernos de China y Europa (y México y Canadá), por lo que -esperemos- no deberían tomas represalias arancelarias agresivas, sino más bien responder quirúrgicamente a las medidas de Trump (con un bisturí, no con un machete) y así evitar una guerra comercial de la que nadie puede salir ganando.

En este contexto, lo que no podemos hacer quienes creemos en el libre comercio (y en los colosales beneficios que este le ha traído al progreso material de la humanidad en las últimas décadas) es resignarnos ante la ola de proteccionismo que amenaza con regresarnos un siglo en la historia. La ciencia económica y la historia demuestran con claridad que los aranceles siempre han sido contraproducentes: restringen la competitividad y la innovación, protegen a las industrias más ineficientes, aumentan el costo de vida y reducen el crecimiento económico. Conviene recordar que fueron precisamente las políticas económicas netamente nacionalistas (proteccionistas) las que hace cien años ocasionaron el colapso monetario y comercial más grande de la historia.

Inflación, desaceleración y proteccionismo

 EL ENTORNO INTERNACIONAL PLANTEA SERIOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El próximo evento electoral no es el único desafío que enfrenta la economía guatemalteca en 2023. Este año, además, nos encontramos ante una economía internacional repleta de incertidumbres. La actividad económica y el empleo están sufriendo una rápida desaceleración a nivel global y, aunque el crecimiento de la producción aún es positivo, para millones de consumidores en el mundo la desaceleración se sentirá como una recesión debido a los precios altos y los consiguientes menores ingresos reales generados por la inflación generalizada. Todo ello exacerbado por un ambiente geopolítico tenso -cuando no abiertamente confrontativo- que separa a los países en bloques rivales y perjudica el libre flujo de bienes, servicios y capitales.

En Guatemala, la prioridad uno de la política económica a corto plazo debe ser el combate a la inflación. Si bien es cierto que, en su mayor parte, la inflación que aqueja a la economía guatemalteca es de origen importado, también lo es que este fenómeno insidioso ya está contagiándose hacia la inflación doméstica, lo cual ha requerido (y seguirá requiriendo) una respuesta proporcionada de la política monetaria mediante el endurecimiento de las condiciones financieras. Una segunda prioridad debe ser aplicar una política fiscal responsable. Esto es particularmente complicado en un año electoral, que suele invitar a aumentar el gasto gubernamental (que es exactamente lo contrario de lo que se necesita en un ambiente inflacionario). En particular, la política fiscal debería resistirse a la tentación de otorgar subsidios generalizados y sin control (como los que, precisamente, el Congreso ha estado aprobando para quedar bien con los consumidores de gasolina y gas propano). La política fiscal debería apoyar a la política monetaria en su intención de combatir la inflación.

Una tercera prioridad, quizá menos evidente pero no por ello menos importante, radica en la necesidad de resistir las presiones proteccionistas que hoy se esparcen por doquier. El libre flujo de comercio, de migrantes, de capitales, de tecnología y de conocimientos -que han sido las fuerzas más influyentes en el progreso de la humanidad durante siglos- están hoy amenazadas por las tensiones geopolíticas y un renacido nacional-populismo que se ha puesto de moda entre los políticos en muchos países. Las autoridades económicas del país deben preservar y defender las políticas de apertura y de libre intercambio con el resto del mundo, tanto a nivel de las políticas comerciales del país, como a nivel de los foros regionales y multilaterales para exigirle a los países avanzados que no permitan que el proteccionismo siga avanzando.

Aunque la globalización ha estado bajo ataque desde hace años, la historia demuestra que el libre flujo de bienes, servicios, personas, capitales e ideas es inequívocamente bueno para el desarrollo de los países. Además, ese libre flujo ha sido también importante como un antídoto contra espirales inflacionarias en el pasado; por ejemplo, las generadas por las hambrunas a mediados del siglo XIX o la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, se moderaron cuando se esparcieron nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de suministro y se amplió la oferta de bienes globalmente. Conviene tener aprendidas estas lecciones a lo largo de este desafiante 2023.

NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO NO SOLO ES VIABLE; TAMBIÉN ES RECOMENDABLE

La semana pasada fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer para disertar sobre la viabilidad de la Economía Social de Mercado -ESM- en Guatemala. La ESM es un sistema que, respetando al mercado y las libertades y controles que deben garantizarse para que este funciona adecuadamente, los combina eficazmente con un orden social que procura la equidad dentro de un orden político democrático. Se trata de que la sociedad se beneficie de la eficiencia del mercado para generar paz social.

De alguna manera, más o menos explícita, la Constitución Política de la República de Guatemala no solo es compatible, sino que orienta los quehaceres del Estado hacia el principio esencial de la ESM, que es la primacía y dignidad de la persona humana, así como hacia sus principios operativos básicos: la libertad individual y empresarial con responsabilidad y con acceso a un mercado competitivo; la certeza sobre la propiedad privada; la solidaridad (incluyendo redes de protección como el seguro social); y, la subsidiariedad (todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, por sí solo o en su círculo, no forma parte de las funciones del gobierno: las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o auxilian a las de cada individuo). 

En la práctica, la ESM no ha logrado establecerse en el país porque, entro otras razones, los políticos y funcionarios no han tenido claro cuándo y cómo aplicar adecuadamente las políticas económico-sociales. Atendiendo al principio de subsidiariedad, un Estado eficiente solo debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice las libertades básicas, para corregir las fallas del mercado (como las externalidades o la información asimétrica) y para procurar la paz social mediante instituciones que legitimen el sistema de mercado. Según la ESM las políticas económicas se pueden dividir en dos categorías: las políticas de procesos (como la política fiscal o la monetaria) que buscan influir sobre los procesos económicos y sus resultados; y, las políticas de ordenamiento que, a través de reglas e incentivos (es decir, de instituciones) buscan establecer el orden económico deseado.

En cuanto a la primera categoría de políticas (la de procesos), al parecer no lo hemos hecho tan mal como país, pues así lo demuestran los sólidos indicadores de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, reconocidos internacionalmente. En contraste, donde evidentemente hemos fallado es en las políticas de ordenamiento, como lo demuestran los precarios indicadores de calidad institucional y gobernanza de Guatemala. Esa precariedad institucional impide el establecimiento de un orden económico que, como lo persigue la ESM, constituya un marco de certeza jurídica, eficiencia económica y mayor productividad. Para revertir tales indicadores, es indispensable que los liderazgos del país -empezando por el estamento político- cobren conciencia de la necesidad de establecer ese orden económico basado en instituciones y, a partir de allí, emprender las reformas necesaria con voluntad política.

APERTURA, INTEGRACIÓN E INSTITUCIONES

MI SOLIDARIDAD CON TODA LA FAMILIA DE ELPERIÓDICO EN ESTOS MOMENTOS DE PRUEBA

Cuando colapsó el bloque soviético hace treinta años, el mundo comenzó a vivir una era de apertura e integración económica que, en términos generales, ha sido beneficiosa para la mayoría de países que se insertaron en ese proceso. Pero no todos se beneficiaron por igual. Los países con mayor éxito casi siempre fueron aquellos que contaron con un marco institucional eficaz que facilitó los intercambios económicos y pavimentó las avenidas políticas, sociales y culturales conducentes al desarrollo.

En Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, los problemas económicos estructurales (mercados rígidos, baja productividad e inestabilidad macroeconómica) fueron enfrentados mediante la apertura comercial, la integración regional y la construcción de instituciones que favorecieron la eficiencia, incluyendo la protección de los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la buena gobernanza -tanto en el sector público como en el privado-. Para los países relativamente más pequeños los resultados de esas medidas fueron más efectivos cuando se aplicaron como parte de su incorporación a bloques regionales.  Por ejemplo, Europa Central y los países bálticos priorizaron su integración a los mercados laborales y financieros europeos y su vinculación a las cadenas de suministro europeas, lo cual se convirtió en un incentivo para reformar sus instituciones económicas y democráticas.

Años antes, ya España había demostrado que el camino de la apertura comercial, la integración regional y la reforma institucional era muy efectivo para acelerar el crecimiento económico y construir un ambiente de gobernabilidad democrática. España logró, en pocos años, transformarse política, social y económicamente, revirtiendo décadas de aislamiento y retraso, hasta ser hoy un país moderno y democrático. Las dos claves del “milagro español” fueron, por un lado, su gradual apertura a la economía mundial y, por otro, su proceso de mejora en la calidad institucional impulsado por el compromiso de integrarse al bloque de Europa Occidental. El éxito de España y de varios países de Europa Oriental en cuanto a construir un sector justicia eficiente e independiente, un banco central moderno e independiente, un sector exportador competitivo y su integración con Occidente, deja lecciones que aún son valederas, incluso en un mundo que, infectado de populismo, parece ir de retroceso en materia de globalización, libre mercado e institucionalidad democrática.

Para que una economía pequeña e imperfectamente integrada a los mercados mundiales como la de Guatemala logre acelerar su desarrollo como lo hicieron esos países, no hace falta inventar el agua azucarada ni encontrar la piedra filosofal. Lo que procede es intentar seguir la senda de esos países en cuanto a impulsar la apertura comercial, la integración económica y el fortalecimiento institucional, incluyendo el sistema judicial, el sistema político, la gestión y control del gasto público y las reglas democráticas -que incluyen el respeto irrestricto a la libertad de expresión-. Esas son las bases del desarrollo.

LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN

GUATEMALA PODRÍA APROVECHAR CON PRAGMATISMO SU RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

Lituania es uno de los países más pequeños de Europa, con menos de 2.8 millones de habitantes que producen anualmente unos US$ 55 millardos, en un territorio de 65.3 mil kilómetros cuadrados. Guatemala tiene mayor tamaño (el más grande de Centroamérica), con casi 18 millones de habitantes que producen unos US$77 millardos en 109 mil kilómetros cuadrados de territorio. Los lituanos (con un ingreso per cápita de unos US$19 mil anuales) son más ricos que los guatemaltecos (US$4.6 mil anuales). Se trata, evidentemente, de dos países muy distintos, pero que tienen un punto en común: son dos de los apenas 14 países que mantienen algún tipo de lazos diplomáticos con Taipei (aunque el gobierno Lituania aún no los establece plenamente).

Hace cinco años eran 21 los países que reconocían a Taiwán pero, desde entonces, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, Kiribati, las Islas Salomón y, ahora, Nicaragua han cambiado su lealtad hacia a la República Popular China. El embate diplomático que sufre Taiwán por parte de China hace muy relevante el papel que sus pocos aliados puedan jugar en el concierto de las naciones. En la reciente batalla entre las Chinas por ganarse el reconocimiento de Lituania, Taiwán ha desplegado todo su arsenal diplomático y financiero: creará un fondo de US$200 millones de inversión estratégica que será financiado por el fondo de desarrollo nacional de Taiwán y contará con el respaldo del banco central taiwanés. El Fondo invertirá en industrias lituanas, especialmente en alta tecnología. Simultáneamente, Taiwán acelerará su proceso de aprobación de exportaciones lituanas y buscará vincular las empresas lituanas con las cadenas de suministro taiwanesas.

Guatemala, por su parte, es la economía más grande de todas con quienes Taiwán tiene relaciones y, por ello, deberíamos posicionarnos como uno de los principales socios estratégicos de la isla, máxime en la coyuntura geopolítica actual en la que en el Sudeste de Asia se libra una batalla por la hegemonía económica entre China y Estados Unidos, mientras que en Centroamérica China Popular está en plena ofensiva para aumentar sus activos (políticos y económicos) en la Región, ante la manifiesta incomodidad estadounidense por la creciente influencia china en su patio trasero.

En lugar de estar considerando cambiarnos de bando (lo que le ha traído resultados muy por debajo de los esperados a nuestros vecinos que ya lo han hecho), Guatemala debería abrazar a Taiwán -junto con Singapur, Japón y Corea del Sur- como un socio estratégico en Asia. Debemos sacarle mucho más provecho a nuestra relación especial con Taiwán, pero no a cambio de estadios de fútbol ni de carreteras que nunca terminan de construirse sino, como Lituania, mediante inversiones estratégicas de largo plazo. Un fondo bien organizado, como el lituano, enfocado quizá a infraestructura (con una gobernanza que lo blinde contra la corrupción) y una ampliación del tratado de libre comercio deberían ser la ruta estratégica de las relaciones entre ambos países en este momento crítico.

Cómo Exportar Más (y Mejor)

INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN, APERTURA COMERCIAL Y GOBERNANZA SON LOS FACTORES CLAVE

La semana pasada algunos lectores de esta columna expresaron cierta sorpresa por el hecho de que el crecimiento económico de Guatemala se basa en un modelo centrado en el consumo y no en uno basado en las exportaciones. Las economías basadas en las exportaciones lo son porque, o bien descansan en uno o dos bienes primarios -minerales o commodities agrícolas-, o bien en una base exportadora diversificada y sofisticada. En ausencia de un commodity dominante, ¿qué le falta a nuestro país para poder fortalecer su base exportadora?

Para los países en desarrollo es fundamental integrarse al mundo con un comercio más multifacético, pues este está asociado a una producción nacional menos volátil y un crecimiento más rápido a largo plazo. Una investigación reciente del FMI, basada en la experiencia de 201 países, encontró que ciertas políticas públicas -como la buena gobernanza y la educación- ayudan a fomentar, eficientar y diversificar las exportaciones más que las políticas industriales.

Esto es significativo porque desafía la creencia de que las políticas industriales -destinadas a favorecer con incentivos y ayudas a ciertas industrias específicas- ofrecían un atajo para ampliar las exportaciones. A la larga, las medidas de política industrial pueden ser menos efectivas o incluso dañinas, al afectar la capacidad fiscal del país y erosionar el potencial del multilateralismo comercial, amén de que no existe evidencia estadística de su efectividad en un número significativo de países. En cambio, las estrategias basadas en políticas más amplias son menos controversiales y apoyan más la diversificación y la sofisticación de las exportaciones.

El estudio del FMI muestra un vínculo claro de unas exportaciones más diversificadas y complejas con cuatro factores de la economía que ayudan a respaldarlas. El primero es una política de apertura comercial que reduzca las barreras al intercambio de bienes y servicios y facilite el comercio exterior. El segundo es una eficiente infraestructura física acorte la distancia geográfica y mejore la conectividad entre los países, incluyendo una mejor logística de transporte -vial y portuaria- para acortar efectivamente la distancia reduciendo los tiempos de tránsito de las mercancías, complementada con mayor inversión en tecnologías de la comunicación -como la banda ancha- que apoyan la economía digital. El tercero es un mejor nivel educativo de la población y, con él, una mayor capacidad productiva de los trabajadores que potencie su adaptabilidad a las nuevas realidades tecnológicas y mejore su productividad (y, con ella, su nivel de vida). Y el cuarto es la gobernanza del aparato estatal para brindar las reglas claras, la certeza jurídica y la eficiencia tramitológica que requiere un sector exportador pujante.

Mejorar esas áreas pasa por reformar y fortalecer las instituciones básicas del Estado (sistemas de infraestructura, educación, seguridad y justicia). Sin tales reformas será imposible crear las condiciones necesarias para impulsar unas exportaciones más complejas y de mayor valor agregado.

EMPRESAS Y GOBIERNOS

LAS VISIONES MANIQUEAS QUE LOS COLOCAN COMO ENEMIGOS NO CONTRIBUYEN AL PROGRESO DEL PAÍS 

En los últimos tiempos, la retórica a lo ancho del espectro político, no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica, parece sugerir que las relaciones entre las empresas y el gobierno deben ser de antagonismo o, al menos, de una estricta separación y amplio distanciamiento. Desde la derecha y el libertarianismo se afirma que los gobiernos, por naturaleza, interfieren demasiado en los procesos económicos y obstaculizan el libre comercio. Desde las izquierdas se afirma que las empresas son, por naturaleza, entes depredadores, explotadores de los trabajadores y de los consumidores, y evasores de impuestos. 

Esas visiones maniqueas han contribuido a que en las recientes crisis políticas, como la de Chile en los últimos meses, triunfen las propuestas que plantean destruir el sistema vigente para sustituirlo por un nuevo sistema, cuya naturaleza y alcances nadie conoce y que debe ser construido sobre la marcha. En ese afán de sustituir lo viejo conocido por lo nuevo por conocer, se pasan por alto los muchos éxitos del viejo sistema (en el caso chileno, los logros en cuanto a crecimiento económico e ingreso per cápita), y se magnifican sus innegables y notables fracasos (en términos de desigualdad, concentración de poder, abusos de empresarios y grandes conglomerados, y la promesa incumplida de un bienestar rápido para toda la población). El prevaleciente ánimo anticapitalista confunde el nefasto capitalismo de amigotes -que debe ser combatido- con el verdadero capitalismo -que florece cuando existe libertad y certeza jurídica-. 

En un capitalismo funcional y moderno (no el de amigotes), ambos lados (gobierno y empresas) se necesitan mutuamente. El gobierno necesita a las empresas para producir crecimiento económico, crear empleos y generar ingresos para pagar los compromisos del país con el resto del mundo. Las empresas, por su parte, necesitan de un gobierno que provea el sistema jurídico y de seguridad básica necesario para operar; que forme a los trabajadores de quienes dependen las empresas; y, que cree la infraestructura (carreteras, puertos) que permita intercambiar bienes y servicios eficientemente. Muchas empresas también necesitan al gobierno como comprador. Y todas las empresas necesitan un gobierno capaza de impulsar políticas públicas que fomenten la productividad y el bienestar.

La creciente polarización que se cierne sobre Latinoamérica busca poner a los gobiernos y a las empresas como antagonistas, lo cual no beneficia a ninguna de las partes. Las empresas deben contribuir (con sus actitudes y sus impuestos) a que exista un gobierno eficiente que provea los bienes públicos básicos y aplique reglas claras, generales y predecibles. Los gobiernos deben entender que las empresas necesitan un clima (político y económico) estable para operar, con paz social y coherencia en las políticas públicas. En los países prósperos, las empresas y los gobiernos actúan, cada quien desde su ámbito, como socios, no como enemigos.

El Mundo No Necesita una Guerra Comercial

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo– de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos

La economía mundial está en dificultades; los pronósticos de crecimiento de la producción apuntan claramente a una desaceleración. Una de las principales causas de este panorama han sido las medidas proteccionistas aplicadas por el actual gobierno estadounidense y las consiguientes represalias adoptadas por China y otros países. Pareciera que a los hacedores de política económica en esos países se les ha olvidado que uno de los motores que ha propulsado el acelerado desarrollo que el mundo ha experimentado en los últimos noventa años ha sido el intercambio de bienes, cada vez más libre y creciente, entre las naciones.

Resulta difícil, en estos tiempos populistas, convencer a los nacionalistas de que el comercio es, a la postre, beneficioso para ambas partes... pero lo es. Basta con ver cómo, en todo el mundo y a través de la historia, los países que abrieron sus fronteras al comercio fueron los que más prosperaron: la Grecia clásica, la China medieval, la Italia renacentista, la Holanda de la edad de oro, la Inglaterra del siglo XIX, los Estados Unidos de la posguerra mundial y, recientemente, los Tigres Asiáticos y China.

El intercambio comercial entre países produce riqueza. Cuando un país exporta, obtiene un beneficio –incluso si la riqueza obtenida no se distribuye equitativamente (lo que es un problema social que cada país debe resolver), ello no significa que los ciudadanos estén peor que antes del intercambio comercial-. Al reducir sus barreras al comercio, los gobiernos permiten a sus ciudadanos exportar aquellos bienes que mejor saben producir e importar todo lo demás, con la posibilidad de escoger lo mejor que el mundo tiene para ofrecerles.

Al abrir sus fronteras, los países ricos también estimulan el crecimiento de los países más atrasados, lo cual beneficia a ambas partes. Al importar bienes más baratos de los países en desarrollo, los países ricos no solo ofrecen a sus propios consumidores una mayor gama de productos, sino también generan empleos en los países donde la gente está desesperada por obtener mayores ingresos (o por emigrar). Dándoles a los países menos avanzados la oportunidad de crecer a través del comercio, los países ricos pueden simultáneamente expandir sus propias economías: cuando los países menos avanzados logran crecer y aumentar su poder adquisitivo, seguramente importarán más bienes y servicios de los países avanzados. A fin de cuentas, más comercio conlleva más crecimiento, lo cual significa más empleos.

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo- de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos, incluyendo aquellos ciudadanos a quienes supuestamente se quiere proteger. La Gran Depresión de los años 1930, por ejemplo, se propagó por el mundo cuando los Estados Unidos decidieron erigir barreras al comercio para “proteger” a los productores locales; en la medida en que otros países tomaron represalias con medidas similares, el comercio mundial se desplomó, desaparecieron los puestos de trabajo y el planeta entró en un largo período de declive económico. Hoy, la economía mundial está en un momento delicado y lo que menos necesita es que las grandes economías (especialmente Estados Unidos y China) repitan aquella nefasta historia.

Una mala idea, políticamente sexy

No hay que negar que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso  y de violación a su privacidad. La solución a esto no pasa por poner precios topes a la tasa de interés, que solamente le quitarán a muchos usuarios el acceso a este tipo de crédito

Muchos usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala sufren el acoso telefónico y la invasión a su privacidad por parte de los emisores, ya sea para ofrecer productos y servicios (que nadie ha solicitado), o para recordarles el pago de sus saldos (aunque no haya llegado la fecha). Por otro lado, algunos tarjetahabientes han acumulado deudas considerables -ya sea por desconocimiento de las condiciones crediticias de la tarjeta, por su escasa cultura financiera, o por pura irresponsabilidad personal-. Pero el peor remedio que un legislador puede encontrar a estos problemas es el pretender que, mediante una ley de Tarjeta de Crédito como la que recientemente se empezó a discutir en el Congreso, se fije un tope a las tasas de interés.

Quizá los diputados ponentes tengan la loable intención de que, manteniendo artificialmente bajo el costo del financiamiento, se pueda mejorar el acceso al crédito a los tarjetahabientes. Pero los precios tope a las tasas de interés van a lograr exactamente el efecto contrario. Es natural que los créditos que se otorgan vía tarjeta de crédito sean más caros que otros créditos, precisamente porque van dirigidos a prestatarios más riesgosos: consumidores de clase media sin historial crediticio, o pequeños empresarios sin garantías reales. Si a las tarjetas de crédito se les prohíbe  cobrar la tasa de interés que los cubra de esos riesgos, pues simplemente dejarán de otorgar esos créditos a quienes más los necesitan.

La experiencia mundial demuestra lo contraproducentes que resultan los precios tope a las tasas de interés. Por ejemplo, cuando el Banco Central de África Occidental puso tope a las tasas de microcréditos, fueron los usuarios más pobres y en las áreas más remotas (es decir, los más riesgosos) quienes primero dejaron de recibir préstamos. En Nicaragua, en 2001, se introdujo un techo a la tasa de interés de microfinanzas, con el resultado de que el crecimiento del crédito se redujo de un 30 por ciento anual, a un 2 por ciento, dejando sin acceso al crédito a los más necesitados. Y lo mismo ha ocurrido en países desarrollados: cuando el estado de Oregón introdujo en 2007 un tope a las tasas de interés sobre préstamos de día de pago, se incrementó la proporción de personas que reportaron dificultades para obtener créditos en 20 puntos porcentuales. Al final de cuentas, los precios tope solo logran reducir la disponibilidad del producto cuyo precio se pretende controlar.

Nadie niega que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso, y que algunos de ellos están sobre endeudados (quizá porque nunca debieron haber sido sujetos de crédito). Pero los topes a las tasas de interés son el remedio equivocado para las fallas de ese mercado, que se originan en la insuficiente competencia o en la poca información disponible sobre prestamistas y clientes. Lo que se necesita no son precios tope, sino mayor transparencia acerca de los costos, tarifas y condiciones de los créditos, así como más fuentes de financiamiento y más información sistemática sobre el récord crediticio de los prestatarios. En esto deberían enfocarse los reguladores, y no en medidas populistas que políticamente son sexys, pero que financieramente son un desastre anunciado.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

La Democracia Liberal en Peligro

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Y Guatemala no está exenta de la tentación de caer en ellas.

Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.

Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo, dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.

Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre, terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de Latinoamérica  está repleta de ejemplos (desde Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

El desafío de contener la amenaza radica en defender los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa la indispensable –y muy descuidada- reforma de la infraestructura institucional y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo; sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de educación, empleo y subsidios directos.

Por otro lado, hay que defender los beneficios de una sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado, competencia e incentivos”.

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Están más bien en la innovación, la educación, los mercados abiertos y competitivos, así como en las instituciones fuertes e independientes necesarias para regular los mercados, garantizando su eficacia y la igualdad de oportunidades. Las soluciones no son simples (como las venden los populistas) sino complejas, y así hay que explicárselas –honestamente- a los ciudadanos.

Receta para Detener el Progreso

Las políticas populistas (nacionalistas, proteccionistas, aislacionistas, xenófobas), ya sea que provengan de gobiernos de derechas o de izquierdas, tarde o temprano terminan por perjudicar a aquellos a quienes dice proteger

Aunque pocas veces se reconozca, en el último medio siglo –gracias en gran medida al intercambio comercial, las migraciones, los avances científicos y el creciente respeto a los derechos humanos- el mundo ha tenido un progreso espectacular, tanto en cuanto a crecimiento económico, como en casi cualquier otro aspecto del bienestar humano. Esta realidad objetiva no solo se evidencia en sofisticados estudios econométricos, sino que cualquier escéptico puede verificarla en populares sitios de internet como ourworldindata.org, humanprogress.org o gapminder.org.

Sin embargo, una amenaza se cierne sobre este rápido avance en el bienestar humano: la proliferación de gobiernos que (inspirados en su ignorancia de la historia y de las leyes de la economía, y respaldados por un electorado que exige soluciones apresuradas los profundos problemas del desempleo y la desigualdad) aplican políticas nacionalistas, xenófobas y proteccionistas que, en el largo plazo, solo dañarán a quienes pretenden proteger. La historia demuestra que una de las mejores recetas para detener el progreso de cualquier país, es que se aísle del resto mundo.

Preocupa en particular que este tipo de políticas aislacionistas, antes muy comunes en los países subdesarrollados, está cobrando auge en los países industrializados. La salida británica de la Unión Europea -Brexit-, el triunfo de dos partidos populistas anti-europeos en Italia y Austria, o las políticas proteccionistas de Estados Unidos, son hechos recientes que así lo atestiguan. Hace dos semanas, la administración Trump comenzó a investigar si la importación de automóviles representa una amenaza a su seguridad nacional; luego, amenazó con imponer aranceles a más de US$50 millardos de productos chinos; y, hace unos días, anunció la imposición de aranceles sobre acero y aluminio procedente de Canadá, México y la Unión Europea.

Este tipo de medidas, tomadas en nombre de la seguridad nacional estadounidense, tendrá efectos negativos. Quizá en el corto plazo esos efectos no sean tan sensibles (e, incluso, puede haber un efecto temporal positivo para la industria estadounidense), pero en el largo plazo pueden impactar dramáticamente sobre el crecimiento de todo el mundo, empezando por los propios estadounidenses, quienes verán encarecer sus materias primas, subir sus costos de producción y reducir sus empleos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se complicará y surgirán represalias comerciales que podrían significar una espiral descendente del comercio mundial que perjudicará las perspectivas de todos los países incluyendo, eventualmente, los centroamericanos.

Existen sólidos argumentos económicos, morales y culturales para defender los beneficios de mantener nuestras economías abiertas al comercio, nuestras sociedades abiertas al intercambio cultural, nuestras mentes abiertas al avance tecnológico y nuestras fronteras razonablemente abiertas al flujo de personas. Además, ya la humanidad ya comprobó en el siglo pasado que los efectos de los nacionalismos y los proteccionismos van más allá de lo puramente económico: los costos humanos de la Primera Guerra mundial, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial son consecuencias innegables de ese tipo de políticas. Pero, con todo ello, existen hoy muchas personas y líderes que aún no están convencidos de que las sociedades abiertas sean beneficiosas. Y en la medida en que los gobiernos populistas-aislacionistas continúen proliferando (ya no solo en el mundo en vías de desarrollo sino, ahora más, en las economías avanzadas), seguirá aumentando el riesgo de que el progreso logrado por la humanidad en los últimos cincuenta años se detenga.

El Desencanto con el Capitalismo

El desencanto creciente con el capitalismo plantea un gran desafío para los gobiernos y las empresas: cómo preservar los innegables beneficios del libre intercambio y de la globalización y, al mismo tiempo, como minimizar sus inevitables costos

Al mundo lo recorre una ola de desencanto con el capitalismo y la globalización. Una encuesta reciente en 28 países industrializados da cuenta de que, diez años después de la crisis financiera mundial, un 62% de los entrevistados desconfía de la globalización y un 55% tiene temor de que los inmigrantes dañen la economía y la cultura de su país. Esos porcentajes son aún mayores en los Estados Unidos, donde un 75% cree que el gobierno debe proteger la industria y los empleos locales, anque sea a costa del crecimiento económico. Los países en vías de desarrollo tampoco escapan de esta tendencia.

Es un hecho que el mundo hoy está altamente integrado mediante un flujo continuo de bienes, servicios, capitales, personas e ideas que ha generado una enorme prosperidad: se ha reducido la desigualdad del ingreso entre países (aunque no intra países) y, en los últimos veinte años, la población en situación de pobreza se ha reducido a la mitad a nivel mundial. Los estándares de vida han mejorado en todos los países y, gracias al libre comercio, los consumidores tienen acceso más barato a una mayor cantidad de bienes y, al mismo tiempo, las economías se hacen más productivas al acceder a insumos más modernos y baratos.

Pero también sabemos que la globalización ha acarreado algunos efectos colaterales negativos (como la pérdida de empleos en ciertos sectores o las tensiones sociales generadas por las migraciones) que pueden llegar a opacar todos aquellos beneficios, especialmente si la percepción imperante es la de un sistema capitalista en el que los beneficios del comercio, la tecnología y la globalización se concentran en unos pocos privilegiados, mientras que los costos recaen en los trabajadores no calificados y en los productores locales.

El peligro de tal percepción es que los desencantados pueden elevar al poder, mediante su voto y apoyo, a líderes populistas, nacionalistas y proteccionistas capaces no solo de frenar de tajo los beneficios de la globalización (y de sumir en más pobreza a sus ciudadanos), sino también de generar tensiones geopolíticas que, aderezadas por motivos raciales, religiosos o tribales, pueden desbordarse hacia la confrontación y –si la razón no prevalece- la guerra.

Este peligro plantea un serio desafío a gobiernos y empresas. El Estado debe jugar un rol central para procurar preservar los beneficios de la globalización y minimizar sus costos, haciendo uso de su capacidad de orientar los recursos del país hacia la creación de condiciones propicias para la generación de empleos e inversiones en los sectores más pujantes. Además, debe suavizar y facilitar la movilidad de los trabajadores (entre empresas, sectores y regiones) ayudándolos con asistencia técnica, capacitación, seguros de desempleo y servicios de salud. Pero la mejor respuesta que puede dar el Estado en el actual entorno es la de no dar la espalda al libre comercio e integrarse cada vez más a la economía mundial.

Por su parte, las empresas también deben enfrentar el desafío que plantean los descontentos, en un mundo en que cada vez están más sujetas al escrutinio instantáneo de los consumidores, autoridades, competidores y potenciales inversionistas. Quizá la mejor actitud que pueden tomar las empresas sea la de guiarse por la máxima de Goldman Sachs de ser “codiciosas en el largo plazo”; es decir, ser coherentes en buscar su objetivo de maximizar las utilidades (que, según Friedman, es la principal responsabilidad social empresarial), pero a la vez conscientes de que la sostenibilidad a largo plazo de dicho objetivo pasa porque exista bienestar material y paz social en la sociedad en la que se desenvuelven.

Fomento al Emprendimiento

El principal apoyo que el gobierno puede darle a los emprendedores, es el de propiciar un “campo de juego” adecuado para la innovación y los negocios: certeza jurídica, infraestructura, educación y salud. Y que trate de molestar lo menos posible.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la cumbre de emprendimiento Innovate 2017, en la que tuve el honor de participar como moderador de un panel sobre “el fomento del emprendimiento en Centroamérica”. Los panelistas fueron Boris Lemus (de Guatemala), Félix Maradiaga (Nicaragua), Diana Martínez (Honduras), Sebastián Mendoza (Panamá) y Mario Valle (El Salvador), todos ellos líderes de emprendimiento y de apoyo a emprendedores en sus países.

El fomento del emprendimiento es un tema que necesariamente dirige la atención hacia el rol del Estado. Los economistas tendemos a creer que el Estado juega un papel clave en la promoción de la innovación y el emprendimiento, por medio de intervenciones directas (como la creación de fondos para financiar emprendimientos, o la introducción de deducciones o privilegios tributarios para los emprendedores), o indirectas (invirtiendo en bienes públicos como la investigación, la infraestructura o la capacitación).

La clave es reconocer hasta dónde debe intervenir el Estado y hasta dónde debe dejarse a los emprendedores privados asumir sus riesgos y organizarse para enfrentar los riesgos inherentes a la creación de nuevas empresas. Conviene reconocer que a veces los gobiernos, por muy bien intencionado que sea su apoyo hacia el emprendimiento, acaban por desperdiciar sus recursos en vanos esfuerzos por intentar que se replique un Valle del Silicón en sus países; ciertamente los emprendedores fracasan con frecuencia, pero sus inversionistas saben que deben detenerse cuando su propio dinero se agota. En contraste, los gobiernos pueden seguir tirando el dinero de los contribuyentes.

Una forma de minimizar el riesgo de que los gobiernos apliquen políticas públicas de fomento al emprendimiento que resulten, a la larga, contraproducentes, es identificar cuáles son los cuellos de botella que más afectan a los potenciales emprendedores. En el panel surgió que los principales obstáculos al emprendimiento en la región centroamericana se relacionan con la calidad de la mano de obra, la inseguridad física y jurídica, la falta de mentores que acompañen los emprendimientos, la escasez de proyectos de escala, y la falta de financiamiento.

Los panelistas concluyeron, a partir de su experiencia en sus propios países y su conocimiento de experiencias diversas en la región, que la mejor forma en que el Estado puede fomentar el emprendimiento es a través de la provisión de los servicios básicos que habilitan la innovación, la apertura y la gestión de negocios nuevos: inversión en capital humano (educación y salud), generación de infraestructura de comunicaciones, y oferta de instituciones públicas eficientes que velen por que exista certeza jurídica y seguridad ciudadana. Un Estado bien administrado es una parte vital para un sistema de innovación y emprendimiento exitoso. En ese contexto, los programas de fomento más específicos (como los fondos de financiamiento o los centros de entrenamiento para emprendedores) resultan solo complementarios y secundarios.

Aunque ahora es frecuente idealizar a los emprendedores (como si todos fuesen genios tipo Bill Gates o Mark Zuckerberg), en la práctica son atrevidos seres que arriesgan su patrimonio, su estabilidad familiar y su propia salud en la persecución de un sueño de negocios (más de la mitad de los emprendimientos no logran sobrevivir a su primer año de operaciones). No cualquiera está llamando a ser emprendedor.  Es de justicia que el Estado les brinde apoyo y respeto a estas personas que ponen sus vidas en la línea de fuego para construir, de la nada, algo útil y productivo para la sociedad.

Taxis, Úber y la Destrucción Creadora

Los cambios tecnológicos generan, en el largo plazo, mayor productividad y, por ende, mayor bienestar y progreso. Pero en el corto plazo implican que los métodos tradicionales de producir sufran una irremisible pérdida de mercado hasta su eventual desaparición. Eso parece que está empezando a ocurrir con los taxis, ante la llegada al mercado de Úber.

El jueves pasado se produjo en esta ciudad una manifestación de cientos de taxistas que, además de protestar ante el clima de violencia (asaltos y extorsiones), se quejaba de una nueva amenaza a su negocio: la incursión de Úber, un nuevo competidor no regulado. Este tipo de protestas se ha repetido en muchas otras ciudades del mundo cada vez que Úber empieza a operar y a quitarle negocios a una industria (la de taxis) que, sea por un sistema de permisos u otras regulaciones, suele presentar barreras de entrada a nuevos competidores.

Úber, con sede en California, existe desde 2009 pero empezó a operar en Guatemala hace apenas unos meses con una oferta de transporte más barato y seguro que el de los taxis. Mientras que para tomar un taxi rotativo hay que esperar a que  se aparezca alguno en la calle, darle direcciones –y hasta orientar- al taxista, tener efectivo para pagar, y rezar para que el taxista sea honesto, en el caso de Úber el pasajero contacta y paga el viaje mediante una aplicación en el teléfono celular que le informa cuándo el vehículo (previamente calificado por la empresa, al igual que el chofer) llegará a recogerlo al lugar convenido, y alimenta el software del chofer con la información hasta guiarlo al destino final. El servicio ofrece mayor conveniencia y seguridad que un taxi, casi siempre a un menor costo.

Úber es más una empresa de intermediación con tecnología que una de transporte, pues su rol consiste en poner en contacto a un demandante de transporte, con un oferente que utiliza su propio vehículo para satisfacer dicha demanda. Hoy opera en más de 425 ciudades en 72 países, habiendo generado ingresos en 2016 por más de US$4 millardos, el doble que el año previo. Su éxito se debe no solo a la innovación y la tecnología, sino también a su actitud agresiva, tanto frente al mercado, como ante las autoridades y las regulaciones, a veces inexistentes en países como el nuestro que tardan en adaptarse al cambio tecnológico.

La innovación, aunque indispensable para el progreso, inevitablemente ocasiona víctimas en un proceso que el economista Joseph Schumpeter llamó “destrucción creadora”: el crecimiento económico depende de los emprendedores que desarrollan ideas de negocio innovadoras (como la de Úber) que llevan a las industrias antiguas (como la de taxis) a la obsolescencia. Eso ocurre permanentemente como, por ejemplo, sucedió hace cien años cuando el teléfono fue dejando sin empleo a los telegrafistas.

Úber sigue innovando agresivamente (ha empezado a incursionar en logística y en nuevas tecnologías, como  la de vehículos sin piloto) con vistas a hacer del servicio de transporte de personas algo tan barato y conveniente que sea incluso preferible a tener un carro propio. Pero la empresa también tiene vulnerabilidades, como la incertidumbre ante nuevas regulaciones, su sistema de precios variables (sus tarifas varían según la hora y la disponibilidad de vehículos), o el surgimiento de competidores basados en la tecnología (que ya operan alrededor del mundo y están empezando a hacerlo en Guatemala) que podrían obstaculizar su crecimiento.

En todo caso, los taxistas no deben culpar a Úber por su pérdida de participación en el mercado. Lo mismo está empezando a ocurrirle a la industria hotelera –que enfrenta la competencia de intermediarios tecnológicos como Airbnb-, o a las aerolíneas –versus las compañías de bajo costo-. Siempre que los nuevos emprendimientos ofrezcan a los clientes un producto más conveniente y barato, las fuerzas de la destrucción creadora seguirán actuando, aunque ello signifique que quienes no logren adaptarse queden irremediablemente tendidos en el camino.

La Libre Competencia

Ahora que el Congreso de la República está a punto de iniciar el análisis y discusión de una legislación de competencia, es importante que se tengan presentes ciertos principios esenciales en materia de regulación de la competencia

El libre mercado es, hasta hoy, el mecanismo más eficiente que haya conocido la humanidad para asignar los recursos económicos de la mejor manera posible. Y para que el libre mercado funcione es esencial que exista libre competencia entre las unidades productoras que componen el mercado. A través de la competencia se logra que la oferta de bienes y servicios se ordene según las necesidades de los consumidores, que los factores de producción se utilicen de manera óptima y que los ingresos se distribuyan entre los productores según su desempeño en el mercado.

La competencia también cumple dos importantes funciones políticas; por un lado, limita el poder del Estado frente a los particulares pues hace innecesaria (e inconveniente) la intervención del gobierno en las decisiones económicas; y, por otro,  controla el poder económico de los actores privados. Sin embargo, una economía de mercado no siempre está exenta de perturbaciones, tanto externas como inherentes al sistema, que afectan su funcionamiento. Es inevitable que en los mercados exista información limitada y asimétrica, entre otras fallas, que al menoscabar la competencia  redundan en ineficiencias y en una reducción del bienestar general.

Lo anterior justifica que existan regulaciones (leyes e instituciones) estatales para velar porque se proteja la libre competencia. Aunque las prácticas anti-competencia son tan antiguas como la competencia misma, la legislación destinada a combatirlas es de más reciente data (como la Ley contra las limitaciones a la competencia, de Alemania, de 1958) y ha evolucionado gradualmente.

Ahora que el Congreso de la República está a punto de iniciar el análisis y discusión de una legislación de competencia (exigida en cumplimiento de acuerdos comerciales con Europa y con Estados Unidos), es importante que se tengan presentes ciertos principios esenciales en materia de regulación de la competencia. En primer lugar, que el fin último de tal regulación debe ser el bienestar de los consumidores.

En segundo lugar, que las prácticas anti-competencia a combatir pueden ser absolutas (como por ejemplo, los acuerdos para impedir el acceso al mercado de nuevos competidores) o relativas (que solo deben combatirse en la medida en que dañen al consumidor). La legislación debe establecer los principios para identificar estas prácticas de manera objetiva, pero sin entrometerse ni obstaculizar el libre emprendimiento, prevaleciendo lo que se conoce como “regla der la razón”, en el entendido de que las prácticas relativas (que suelen ser más comunes que las absolutas) pueden ser justificadas (y por tanto no sancionadas) si no afectan al consumidor.

En tercer lugar, y derivado de lo anterior, es esencial que la autoridad a cargo de aplicar la ley en materia de protección de la competencia sea altamente técnica y goce de independencia respecto de intereses políticos, sectoriales o de grupos de poder. Además, es importante que dicha autoridad esté disgregada entre quien hace el diagnóstico de las posibles prácticas anti-competencia, y quien aplica las sanciones procedentes.

Todos estos principios, por desgracia, están muy mal plasmados (si no ausentes) de la propuesta de ley que el Ministerio de Economía hizo pública hace alguno días y que un grupo de diputados elevó como iniciativa de ley. Ojalá que este tema, evidentemente técnico y de gran importancia para la vida económica del país, se discuta apropiadamente en las instancias legislativas correspondientes, sin prisas innecesarias.