EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

Tres Claves para la Reactivación

No hay soluciones mágicas. Las políticas y reformas necesarias para una reactivación sostenida no son fáciles, pero son imprescindibles

La semana anterior, fui invitado por la Escuela de Negocios de Alto Nivel de la Universidad Panamericana a participar, junto con un panel de distinguidos colegas, en conversatorio donde se nos pidió que, luego de identificar los tres problemas principales que impiden el crecimiento económico del país, sugiriésemos tres soluciones específicas para reactivar la actividad económica, empresarial y social en Guatemala. Resumo mi participación en ese foro.

Respecto de los problemas, destaco, en primer término, la falta de conciencia sobre la realidad nacional por parte de las instituciones y lideres del país; esa falta de conciencia impide priorizar las políticas públicas y esto, a su vez, conduce a un desorden gigantesco en la administración pública y a un desperdicio perenne de los escasos recursos fiscales. El segundo problema es la baja productividad sistémica de la economía nacional (que es la contracara de los elevados niveles de pobreza prevalecientes), el cual se retroalimenta con el tercer problema fundamental, cual es la aguda debilidad institucional que no solo impide al Estado proveer los servicios públicos esenciales, sino que también provoca (como lo evidencia la crisis actual del sistema judicial) una falta de certeza jurídica que obstaculiza la inversión y, por tanto, el desarrollo.

En ese contexto, sugiero tres áreas clave para que las políticas públicas -política y financieramente viables- coadyuven con la reactivación económica. La primera es blindar (de manera urgente, técnica y sólida) los enormes recursos presupuestarios con que cuenta el gobierno tras el extraordinario endeudamiento que le autorizó el Congreso. Esos Q20 millardos no solo se han ejecutado con extrema lentitud (lo que implica que quedarán recursos en caja sin utilizar), sino que es posible que vuelvan a duplicarse el año próximo (en el probable caso de que el Congreso no apruebe el proyecto de presupuesto para 2021). Estos recursos extraordinarios, aunque son una amenaza para la estabilidad fiscal -y más bien por eso mismo-, deben blindarse para evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas demostradamente fracasados y opacos. Para el efecto, deben crearse vehículos financieros de propósito especial enfocados a gastos prioritarios, como podrían ser un fondo específico para combatir la desnutrición, fondos de garantía para crédito empresarial, un fondo para infraestructura y fondos para fortalecer los sistemas de salud y seguridad social.

Una segunda área clave para la reactivación debe ser la facilitación de negocios, que implica reducir e informatizar trámites administrativos, invertir en capacitación hacia nuevas tecnologías (que definirán el mercado de trabajo del futuro), flexibilizar el mercado laboral (que implica facilitar el trabajo a tiempo parcial y establecer un seguro de desempleo complementario a los programas que hoy conduce el seguro social) y modernizar los sistemas de pagos (incluyendo su digitalización y la inclusión financiera de toda la población).

Finalmente, debe iniciarse la reforma de las principales instituciones del Estado (el servicio civil, el sector justicia, los partidos políticos, el seguro social, el sistema estadístico y la Contraloría de Cuentas, por ejemplo). Estas reformas no son fáciles, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública tendrá largo aliento; sin ellas será difícil lograr el clima de paz social y gobernabilidad necesarias para la adopción de nuevas tecnologías; sin ellas no habrá inversión (ni en personas ni en infraestructura); sin ellas no habrá certeza jurídica para un buen clima de negocios. La pandemia es, ciertamente una maldición; pero quizá también sea la oportunidad de acometer, por fin, las tantas veces postergadas reformas en estas áreas clave.

Para Acabar con las Mafias Transnacionales

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización

El crimen organizado genera millones de dólares y desestabiliza gobiernos. El tráfico de drogas y el de personas prevalecen en el Triángulo Norte de Centroamérica y preocupan al gobierno de los Estados Unidos no solo porque son perversos, sino porque fomentan otros crímenes como el financiamiento del terrorismo, la corrupción gubernamental, las extorsiones y el sicariato. ¿Cómo luchar contra estos delitos que amenazan la estabilidad regional y sus democracias?

Las políticas de prohibición absoluta (del comercio y consumo de drogas o del libre tránsito de personas) han sido la respuesta favorita de los gobiernos, pese a que han sido un fracaso. Resulta difícil entender por qué no se han buscado políticas alternativas para combatir la criminalidad organizada. Por ejemplo, la legalización –parcial- de estos mercados prohibidos para que sea el estado quien ofrezca legalmente lo que ahora solo ofrecen las redes mafiosas, de manera que los precios sean lo suficientemente bajos como para expulsar a los traficantes del mercado.

La economista Emmanuelle Aruriol (de la Universidad de Touluse), por ejemplo, propone en su premiada obra Para Terminar con las Mafias algunas soluciones novedosas: opuesta a la visión prevaleciente que hace de la prohibición la única solución para erradicar estos mercados, plantea que las políticas públicas que combinen la legalización, la represión y la educación tendrían mejores resultados -económicos o sociales- y limitarían considerablemente las actividades criminales.

Los países pequeños como Guatemala deberían unirse (entre sí y con otros países más grandes, como México) para proponer a los Estados Unidos la conveniencia común de replantear las políticas contra el crimen organizado. La prohibición del alcohol en los años treinta o la “guerra contra las drogas” de los años ochenta solo crearon una economía paralela que desvió los recursos públicos hacia le represión y los alejó de la prevención y la educación. Su fracaso debe conducir a buscar métodos antinarcóticos más efectivos, tal como ahora mismo se está haciendo con mercado de la mariguana (regulándolo para desplazar a los narcotraficantes mediante una oferta legal supervisada por el Estado).

En el caso del tráfico de migrantes ilegales también existen opciones más allá de la criminalización de quienes solo buscan escapar de la desesperación económica. Auriol propone, por ejemplo, la venta de visas. Pero no a los más ricos (como actualmente  hace el gobierno estadounidense), sino subastándolas a las numerosas empresas que necesitan de la mano de obra de los migrantes. Esa venta de visas haría que la llegada de inmigrantes fuera más aceptable para los propios estadounidenses, porque transparentaría la contribución que aquellos hacen a la economía de su país.

Políticas como estas deberían incluirse en las discusiones regionales y bilaterales con los Estados Unidos. En el caso de las drogas, pareciera estar surgiendo un consenso respecto a la despenalización gradual. Con respecto a los migrantes, será más difícil explicar a los electores gringos y a sus  políticos –con su limitado conocimiento de la economía de la inmigración- que sus empresas los necesitan. Pero es una batalla que debe pelearse confiando en que, al final, la razón prevalecerá.