QUE FLUYAN LOS MIGRANTES

LOS BENEFICIOS DEL LIBRE FLUJO DE PERSONAS SON MUY SUPERIORES A SUS EVENTUALES COSTOS

La semana pasada, el gobierno estadounidense dejó sin efecto las disposiciones conocidas como “quédese en México” (de la era Trump) que requerían a un buen número de inmigrantes que esperaran en México el resultado de sus peticiones de asilo. Todo esto luego de meses de pugnas en las cortes al respecto de este y otros aspectos de la volátil e incierta política (anti) migratoria en ese país. Quizá el costo económico y humano de esa volatilidad e incertidumbre sería mucho menor si los políticos (de todo el mundo) comprendieran que, sopesando sus pros y contras, las migraciones son claramente beneficiosas para todos: para el país de origen, para el país de acogida y, por supuesto, para los propios migrantes.

La Historia y la razón demuestran que los argumentos morales, económicos y prácticos en favor del libre movimiento de personas entre países son poderosos. Moralmente, es inhumano ver a alguien tocar a tu puerta porque muere de hambre o está siendo perseguido, y no brindarle pan y refugio. En lo económico, porque a largo plazo la producción y el bienestar se incrementan cuanto más libres son los flujos de factores de producción. Y en lo práctico, porque las medidas anti inmigrantes suelen ser costosas, ineficaces y destructoras del tejido social.

La principal causa de la migración de centroamericanos hacia el Norte es económica: migrar es la ruta más efectiva para salir de la pobreza. Al impedir los flujos de migrantes, los gobiernos no solo están renunciando a ayudar a los pobres, sino que les están impidiendo ayudarse a sí mismos. Por desgracia, amplios sectores de votantes (no solo en los Estados Unidos, sino también en México y en la misma Centroamérica) tienen miedo de que el libre movimiento de personas pueda generar un desastre social o económico. Pero en realidad eso no solo es muy poco probable, sino que existen medidas que los gobiernos pueden adoptar para, por ejemplo, minimizar el costo fiscal -y maximizar el beneficio productivo- que pueden ocasionar los migrantes.

Es más, si el objetivo ideal -que sería permitir el libre flujo de personas entre países- resulta demasiado ambicioso políticamente, existen etapas intermedias que los gobiernos pueden procurar y que son menos dañinas que mantener a los migrantes retenidos en las fronteras. Por ejemplo, si el temor es que los migrantes se conviertan en una carga para el Estado, pueden aplicarse medidas para excluirlos explícitamente de los beneficios sociales o, incluso, pueden diseñarse impuestos específicos para los migrantes; o, si el temor es que no se integren socialmente por no hablar el idioma, se puede dar prioridad de entrada a los migrantes que ya sepan hablar el idioma del país de destino. Soluciones hay; lo importante es que los políticos y la opinión pública cobren conciencia de que los beneficios de permitir la libre migración son mucho mayores que sus costos. Ese tipo de soluciones son las que deberíamos pedirle a Estados Unidos respecto del trato a nuestros compatriotas migrantes. Pero también son las que nuestros gobiernos deberían aplicar de cara a los migrantes que quieran venir a nuestros países; predicar con el ejemplo, le llaman.

APERTURA, INTEGRACIÓN E INSTITUCIONES

MI SOLIDARIDAD CON TODA LA FAMILIA DE ELPERIÓDICO EN ESTOS MOMENTOS DE PRUEBA

Cuando colapsó el bloque soviético hace treinta años, el mundo comenzó a vivir una era de apertura e integración económica que, en términos generales, ha sido beneficiosa para la mayoría de países que se insertaron en ese proceso. Pero no todos se beneficiaron por igual. Los países con mayor éxito casi siempre fueron aquellos que contaron con un marco institucional eficaz que facilitó los intercambios económicos y pavimentó las avenidas políticas, sociales y culturales conducentes al desarrollo.

En Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, los problemas económicos estructurales (mercados rígidos, baja productividad e inestabilidad macroeconómica) fueron enfrentados mediante la apertura comercial, la integración regional y la construcción de instituciones que favorecieron la eficiencia, incluyendo la protección de los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la buena gobernanza -tanto en el sector público como en el privado-. Para los países relativamente más pequeños los resultados de esas medidas fueron más efectivos cuando se aplicaron como parte de su incorporación a bloques regionales.  Por ejemplo, Europa Central y los países bálticos priorizaron su integración a los mercados laborales y financieros europeos y su vinculación a las cadenas de suministro europeas, lo cual se convirtió en un incentivo para reformar sus instituciones económicas y democráticas.

Años antes, ya España había demostrado que el camino de la apertura comercial, la integración regional y la reforma institucional era muy efectivo para acelerar el crecimiento económico y construir un ambiente de gobernabilidad democrática. España logró, en pocos años, transformarse política, social y económicamente, revirtiendo décadas de aislamiento y retraso, hasta ser hoy un país moderno y democrático. Las dos claves del “milagro español” fueron, por un lado, su gradual apertura a la economía mundial y, por otro, su proceso de mejora en la calidad institucional impulsado por el compromiso de integrarse al bloque de Europa Occidental. El éxito de España y de varios países de Europa Oriental en cuanto a construir un sector justicia eficiente e independiente, un banco central moderno e independiente, un sector exportador competitivo y su integración con Occidente, deja lecciones que aún son valederas, incluso en un mundo que, infectado de populismo, parece ir de retroceso en materia de globalización, libre mercado e institucionalidad democrática.

Para que una economía pequeña e imperfectamente integrada a los mercados mundiales como la de Guatemala logre acelerar su desarrollo como lo hicieron esos países, no hace falta inventar el agua azucarada ni encontrar la piedra filosofal. Lo que procede es intentar seguir la senda de esos países en cuanto a impulsar la apertura comercial, la integración económica y el fortalecimiento institucional, incluyendo el sistema judicial, el sistema político, la gestión y control del gasto público y las reglas democráticas -que incluyen el respeto irrestricto a la libertad de expresión-. Esas son las bases del desarrollo.

Y los Brazaletes ¿Para Cuándo?

El (ab)uso de la prisión preventiva está tan extendido que se estima que más del 48% de la población carcelaria aún no ha sido condenada. El uso de los brazaletes electrónicos podría (como lo hace en los países avanzados) paliar el cuasi colapso del sistema penitenciario. Pero con todo y que existe una ley vigente, los brazaletes brillan por su ausencia

No hace falta ser un gran jurista para comprender el principio de presunción de inocencia que debe privar en cualquier proceso penal. Ni siquiera hace falta haber estudiado Derecho para entenderlo. Basta con haber visto alguna noticia sobre un litigio en algún país desarrollado o, incluso, con haber visto alguna película estadounidense o europea en la que se escenifica un juicio para saber que cualquier acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales.

Por ello, lo normal debe ser que el acusado permanezca en libertad (con algunas restricciones razonables de movilidad) durante la realización del juicio. Solamente dos razones justifican que el juez envíe a un acusado (que, no lo olvidemos, se presume inocente) a prisión preventiva: una es que exista un claro peligro de que el acusado se fugue y, la otra, que exista un riesgo de que el acusado pueda obstaculizar o perjudicar las pesquisas. En ningún caso la prisión preventiva debe usarse para castigar a un sospechoso por presunciones o por sus antecedentes.

No obstante lo anterior, en toda Latinoamérica (y Guatemala no es la excepción) los jueces (presionados por una opinión pública desesperada con los elevados índices delincuenciales) parecen estar abusando del recurso de la prisión preventiva. Se estima que su uso es tan extenso que el 40 por ciento de la población carcelaria en la región se encuentra en prisión preventiva. Ese porcentaje, según algunos expertos, se eleva a un 48 para el caso de Guatemala, lo cual complica aún más la precaria situación de un sistema penitenciario desbordado que ofrece condiciones inhumanas a los reclusos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva no solo es violatorio de los derechos fundamentales, sino que es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho.

Para revertir esta situación es necesario trabajar en tres ámbitos. El primero es el marco legal para asegurar que los procesos judiciales y sus plazos se cumplan en respecto del principio de presunción de inocencia. El segundo es el ámbito cultural, que incluya un cambio en la mentalidad de los juzgadores y de la opinión pública (para que cobren conciencia del carácter excepciona de la prisión preventiva). Y el tercer ámbito es el operativo, que incluye la provisión de recursos adecuados al sector justicia y la aplicación de mecanismos tecnológicos que minimicen los peligros de fuga y de obstaculización de las investigaciones.

Entre estos mecanismos destaca el uso de brazaletes electrónicos por parte de los acusados. Resulta inadmisible que habiendo sido aprobado el uso de tales brazaletes mediante una ley emitida hace dos años (Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal), aún no se esté utilizando en nuestro país. La desidia e ineficiencia de las autoridades correspondientes (que, hasta hoy, han sido incapaces de contratar y reglamentar el servicio de brazaletes electrónicos) está contribuyendo al colapso del sistema penitenciario y ocasionando verdaderas tragedias humanas entre las personas (inocentes, hasta que sean vencidos en juicio) privadas preventivamente de su libertad.

El Estado: No Mínimo, sino Compacto

Ese tipo de gobierno puede lograr sus objetivos fundamentales si actúa bajo el principio de subsidiaridad

En el añejo debate respecto del tamaño que debe tener el gobierno, la discusión ideologizada tiende a presentar dos extremos: por un lado, los que plantean –á la
Reagan- que el gobierno no es la solución, sino el problema y por ello debe reducirse a su mínima expresión; por el otro, quienes confían en un Estado que no sólo regula, sino que también produce, posee y expropia, lo que demanda un gobierno todopoderoso. Quizá si se practicara con más frecuencia el difícil arte del pragmatismo político y del pensamiento objetivo, se caería en la cuenta de que lo que necesitan los habitantes de un país para prosperar y estar en posibilidades de perseguir la felicidad es un gobierno eficiente: ni enano, ni gigante, sino compacto.

Un buen gobierno debe ser, en primer término, eficiente en sus funciones originarias, relativas a proveer seguridad y justicia; pero no centrarse exclusivamente en ellas (como sí lo haría el “Estado Mínimo”). ¿En qué otras áreas debe “intervenir” el Gobierno?: en aquéllas donde se le requiera para que el mecanismo de mercado funcione adecuada, eficiente y sosteniblemente.

Recordemos que las necesidades humanas son diversas y muy numerosas, en tanto que los recursos disponibles para satisfacerlas son siempre insuficientes (escasos). Las sociedades resuelven el problema de la asignación de recursos adoptando mecanismos de coordinación, y el mercado es, precisamente, un mecanismo de coordinación para la eficiente asignación de recursos mediante la determinación de precios a través de la oferta y la demanda. Para que este mecanismo funcione, se requiere que las actividades de intercambio se realicen entre individuos que disponen libremente de la propiedad de sus bienes, y donde la competencia obliga a los participantes a emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia.

De lo anterior se deduce que un Estado eficiente debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice la propiedad, la libre disposición individual, y la libertad contractual y comercial. Este tipo de intervención requiere de instituciones (derechos de propiedad y cumplimiento de contratos) que fomenten el mercado basado en un orden que combine la competencia y la libre iniciativa con el progreso social.

Sin embargo, una economía de mercado no siempre, y no en todos los casos, está exenta de perturbaciones. Es inevitable que en los mercados exista información limitada y asimétrica, entre otras fallas que perjudican la sana competencia y redundan en ineficiencias y en reducción del bienestar. También se producen costos que a un tercero le ocasiona la producción e intercambio libre de dos partes en el mercado (externalidades). En estas fallas del mercado, el Estado debe intervenir para corregirlas mediante instituciones (reguladoras y estabilizadoras) que regulen el derecho de competencia, el orden monetario y financiero, el orden laboral y social, o las normas medio-ambientales.

Además, el gobierno está llamado a preservar la libertad de todos sus ciudadanos, lo cual implica la búsqueda de la paz social que se vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como desequilibrada o injusta (generando violencia individual o insurrección colectiva). Para eso están las instituciones que, como la previsión y la seguridad social, legitiman el sistema de mercado.

Ese tipo de gobierno, eficiente y compacto, puede lograr lo anterior si actúa bajo el principio de subsidiaridad, que parte de que todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, ya sea por sí solo o en su círculo privado, no forma parte de las funciones de las instituciones estatales; las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o robustecen a las de cada individuo, en su auxilio.

Este concepto de subsidiaridad resume la razón del Estado Compacto: pequeño pero fuerte. Metafóricamente, se trataría de un gobierno similar a un carro compacto pero “full equipo”: pequeño pero eficiente, seguro y confiable para conducirnos a nuestro destino sin gastos innecesarios. Eso sí, no se trata de un “pichirilo” de poco valor. El Estado Compacto, lo mismo que un eficiente automóvil compacto, no suele ser barato y hay que esforzarse (y pagar) por obtenerlo.

Inseguridad y Subdesarrollo

El PNUD es muy contundente en afirmar que las políticas de "mano dura" no han funcionado

Hace algunos días vio la luz el Informe Regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina”, preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. En esta ocasión el Informe se enfoca en los efectos negativos de la inseguridad ciudadana sobre el desarrollo económico y social.

El PNUD recalca que, aunque en el presente siglo ha habido crecimiento económico en Latinoamérica, éste no se ha traducido en desarrollo humano ni en seguridad ciudadana, debido a que el crecimiento ha sido de baja calidad: por un lado, el motor de la actividad económica ha sido el consumo (que en Guatemala representa el 85% del PIB) y, por otro, no ha habido suficiente movilidad social. Ello crea incentivos para lo que el PNUD llama “delito aspiracional”, que se traduce en una epidemia de robos de celulares, laptops y tenis de marca como la que agobia a los capitalinos guatemaltecos.

Pero el Informe también asocia la inseguridad ciudadana con el caótico y veloz crecimiento urbano que, acompañado de transformaciones en la estructura familiar (como las generadas por los migrantes hacia el Norte) y de fallas en el sistema educativo estatal, han minado el tejido social. A ello se agrega la proliferación de armas de fuego y el tráfico de drogas como factores que impulsan la criminalidad. Por último, y no menos importante, la inseguridad ciudadana se multiplica debido a la debilidad institucional (en la provisión de seguridad y en la impartición de justicia) que caracteriza a Estados como el nuestro.

Evidentemente, la inseguridad ciudadana afecta el desempeño económico: según el Informe, si la tasa de homicidios se redujera al promedio mundial, el PIB de Latinoamérica sería mayor en un 0.5% (equivalente a más de US$24 milllardos). Para casos específicos, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- estiman que a Honduras la delincuencia le representó en 2010 un costo del 10.5% de su PIB, y a Paraguay un 8.7%. Es razonable suponer que Guatemala estaría en niveles sólo ligeramente inferiores a esos dos casos.

Aunque el Informe no da recetas para combatir la inseguridad, es muy contundente en afirmar que las políticas de "mano dura" no han funcionado, ya que la represión policial desmedida a menudo ha coincidido con una elevación en los índices de criminalidad. Lo que sí aconseja el PNUD es no politizar el tema de la inseguridad y que cada país llegue a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, como política de Estado, que incluya una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en la actuación policial mediante un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades; la adopción de nuevas tecnologías enfocadas en la prevención en las áreas de riesgo; la atención estatal a los grupos más vulnerables de la población (jóvenes y mujeres); el fortalecimiento de la justicia para hacerla accesible y eficaz; y, una mejora en la educación para infundir valores de tolerancia y respeto al estado de derecho.

Los hallazgos y recomendaciones del Informe son, claro está, muy relevantes para Guatemala y coinciden en gran medida con otros estudios para distintas regiones del planeta que enfatizan la importancia de las instituciones y de la democracia para construir un estado de derecho conducente al desarrollo económico y social. En situaciones tan deterioradas y precarias como la nuestra, el desafío fundamental es el de priorizar y dar seguimiento a las medidas pertinentes en materia de seguridad ciudadana.

Para ello hay que partir de que una condición necesaria para el desarrollo económico es que se reduzca sostenida y progresivamente el nivel de amenazas a la vida y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los guatemaltecos. Cualquier persona que se sienta paralizada contra su voluntad o amenazada en su integridad –ya sea por mareros extorsionistas, narcotraficantes, ladrones de celulares, o policías corruptos- se encuentra no sólo con que su calidad de vida cae drásticamente, sino también con que no puede tomar decisiones económicas básicas que son esenciales para el progreso de la sociedad. Puestos a priorizar, es a esa protección fundamental de la inmunidad personal hacia donde deben dirigirse los esfuerzos del Estado en materia de seguridad.

Paráfrasis de un Sueño

El 28 de agosto de 1963 se pronunció una de las alocuciones más célebres de la historia contemporánea. Me aventuro a elucubrar qué habría dicho Martin Lugher King si, en vez de ser el líder espiritual de la minoría afroamericana de Estados Unidos ese año, fuese el líder de un grupo víctima de la exclusión en la Guatemala actual. A sus 50 años, el discurso del reverendo King aún puede inspirar sentimientos de esperanza y de conciliación social... incluso entre nosotros 

En 1985, inspirados por el clamor ciudadano de vivir en una democracia y de poner fin al enfrentamiento fratricida, los representantes electos por el pueblo plasmaron en la Constitución de la República que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; que deben tener iguales oportunidades y responsabilidades; que el estado, cuyo fin supremo es la realización del bien común, debe proteger a la persona y a la familia; y, que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraternal entre sí.

Pero casi un cuarto de siglo después, debemos enfrentar el hecho trágico de que la igualdad de oportunidades es un espejismo lejano, que el estado no brinda protección a sus ciudadanos ni procura el bien común, y que la desconfianza y el recelo mutuos –contrarios a la conducta fraternal- definen las relaciones entre los guatemaltecos. Las promesas de la Constitución son el pagaré de una deuda que el pueblo ansía cobrar sin más demoras.

Los injustificables niveles de desnutrición infantil, la falta de oportunidades de empleo, la debilidad de nuestras instituciones políticas, de seguridad y de justicia, y la escandalosa corrupción en el manejo de la cosa pública, son todos factores que deprimen las posibilidades de un futuro mejor y que amenazan con perpetuar la sensación de frustración y desesperanza que invade hoy a los guatemaltecos.

No, no podemos estar satisfechos hasta que estas realidades dolorosas cambien. Pero tampoco podemos dejarnos vencer por el pesimismo: los guatemaltecos somos veteranos de la angustia creativa y nos hemos sobrepuesto muchas veces (sobre crisis, terremotos, dictadores y desastres), trabajando con la fe puesta en el poder redentor del sufrimiento inmerecido. Y con base en esa experiencia debemos ser capaces de creer que la situación actual puede cambiar y, sin dejar de ser realistas, soñar esperanzados en una Guatemala mejor.

Podemos soñar que un día el estado cumplirá su misión constitucional  de “garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Soñar que un día en los verdes llanos de Urbina, cerca de Xelajú, los hijos de los guerreros quichés y los hijos de los soldados castellanos y de sus aliados nahuas serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.

Podemos soñar que un día todos los territorios del país, incluyendo rincones como Camotán y Jocotán, hundidos hoy en un oprobioso abandono y en una hambruna inexcusable, se transformarán en oasis de justicia, abundancia y bienestar. Soñar que nuestros hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el dinero que posean, sino por el contenido de su carácter, por su honradez, su intelecto y su bondad. Soñar que un día el ser corrupto, ladrón o ventajista no será una aspiración política ni una causa de vanagloria, sino un motivo de vergüenza familiar, de escarnio público y de proceso penal.

Podemos soñar. Debemos soñar. Soñar como el profeta (Isaías 40, 4-5) para “que se eleven todos los valles, y las montañas y colinas se abajen; que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria de Dios y la verán juntos todos los hombres”. Esa es nuestra esperanza, que refleja el profundo anhelo de los guatemaltecos de vivir en libertad, igualdad y fraternidad; anhelo que surge de esta tierra anegada en una  sangre que no cesa de manar, dividida aún por la desconfianza, la descalificación, la exclusión y la discriminación mutuas. El día que ese anhelo se cumpla, ese día podremos cantar, sin sentir vergüenza, el hermoso himno de Alcántara: “Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del Centro puso Dios; es su suelo paraíso do anida la paz, ¡la libertad!”.

Cuando permitamos que aniden –y prevalezcan- entre nosotros- esa paz y esa libertad; cuando erradiquemos el rencor y la desconfianza; cuando luchemos juntos por generar prosperidad, igualdad de derechos y de oportunidades; ese día, todos los hijos de Dios y de esta tierra; mayas, ladinos, garífunas y xincas; protestantes, católicos o irreligiosos; acoplados en nuestra diversidad, podremos caminar hacia un destino común y exclamar: ¡Unidos, por fin! ¡Hermanos, por fin! ¡Guatemaltecos, por fin!