NOS CONTENTAMOS CON POCO

 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ES POSITIVO, PERO ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE

Una de las características más positivas de la economía guatemalteca es su resiliencia (resistencia y capacidad de ajuste) ante las crisis internacionales y otros shocks (naturales y políticos) internos, lo que ha contribuido a que la producción nacional crezca a una velocidad promedio de 3.5 por ciento anual en las últimas dos décadas. Con ese crecimiento podríamos estar muy contentos si ya fuésemos un país desarrollado. Pero no lo somos. Para alcanzar los niveles de ingreso, desarrollo y bienestar de otros países con los que aspiraríamos competir (como México o Colombia), nuestra tasa de crecimiento debería haber sido el doble de lo que fue en los anteriores diez años.

Hay abundante literatura sobre las políticas necesarias mejorar el crecimiento a largo plazo, donde se ha examinado en profundidad los impulsores específicos del crecimiento, como la innovación, las instituciones, la cultura, la economía política, las finanzas, la digitalización o el capital humano. De ellos se deriva un amplio menú de políticas para impulsar el crecimiento de la inversión y la productividad y las intervenciones de política orientadas a promover el crecimiento en la actividad de servicios y el comercio internacional, así como para reformar los sistemas de educación, salud y de los mercados laborales. Aunque el menú es amplio, existen cinco elementos clave sobre los que los hacedores de política deberían poner especial atención.

Primero, que el principal factor para sostener el crecimiento económico es la productividad (la capacidad de producir más, con menos recursos), que reclama la existencia de certeza jurídica y de un estado que provea eficazmente los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación básicas). Segundo, que la inversión (en maquinaria e infraestructura) es un motor esencial para lograr un crecimiento sostenido y mejorar los niveles de vida. Tercero, que el comercio internacional sigue siendo motor de crecimiento, como lo ha sido durante las últimas cuatro décadas, aunque su rol ahora esté bajo amenaza por las fuerzas del proteccionismo nacionalista.

Cuarto, que para una economía como la nuestra, donde el sector terciario es el más importante generador de ingresos y empleo, los servicios pueden convertirse en el nuevo motor de crecimiento, siempre que se aproveche su potencial, puesto en evidencia durante la pandemia, que ha dado paso a un cambio pronunciado hacia la innovación y la digitalización, lo cual promete ganancias de productividad. Y quinto, que los marcos sólidos de política fiscal y monetaria, basados en instituciones transparentes y en normas predecibles, son críticos para respaldar las perspectivas de crecimiento en un ambiente de estabilidad. Guatemala no debería conformarse con el insuficiente crecimiento de las últimas décadas. Es posible incrementar el crecimiento potencial y hacerlo sostenido, sostenible e incluyente mediante las políticas públicas correctas. De eso debería tratarse la campaña electoral.

INFLACIÓN PERSISTENTE

DOS INGREDIENTES SE NECESITAN PARA UNA POLÍTICA ANTI INFLACIONARIA EFECTIVA

El dato de inflación más reciente (a marzo) se ubicó en una tasa interanual de 8.71%, que es más baja que la de 9.92% observada el mes anterior, mientras que la inflación acumulada en los tres primeros meses del año fue de 1.40%, ligeramente inferior a la de 1.89% registrada en marzo de 2022. Ambas cifras pueden leerse con optimismo, pues estarían indicando que, por fin, la inflación está empezando a disminuir, lo cual sería un enorme alivio para los atribulados consumidores guatemaltecos que han visto disminuir su poder adquisitivo desde que empezó la crisis inflacionaria a nivel mundial el año pasado. Sin embargo, las cifras de inflación interanual y acumulada, así como la registrada solo en el mes de marzo (de 0.38%), muestran niveles aún muy por encima de los estándares históricos.

En efecto, la desaceleración de la inflación en marzo señala previsiblemente el inicio de una fase de retorno a valores inflacionarios más acordes con los históricos, lo que se reflejará en una trayectoria descendente de la inflación durante el resto del año; sin embargo, por ahora, se ubica por encima de la meta prevista por la Junta Monetaria y es muy posible que durante varios meses se mantenga aún en niveles anormalmente altos hasta finales de año. Esto implica que los consumidores continuarán sufriendo una sensación de carestía y los encargados de la política económica deberán ingeniárselas para combatir la inflación, todo ello en un ambiente electoral en el que los políticos estarán tentados a prometer medidas ingeniosas para bajar los precios.

La política anti inflacionaria ortodoxa que se ha estado aplicando en todo el mundo consiste en reducir la demanda agregada de la economía mediante el aumento de las tasas de interés (para encarecer el crédito) y una moderación del gasto público. Esta medicina macroeconómica, aunque dolorosa, ha probado ser efectiva a lo largo de la historia, pero no es muy popular entre los líderes políticos, quienes preferirían que las tasas de interés se mantuviesen bajas y quisieran que alguien inventara algún tipo de medida que reduzca la inflación, pero sin encarecer el crédito. Muchos políticos lo han intentado (Erdogan en Turquía, o los Kirchner en Argentina) pero, hasta ahora, nadie lo ha logrado. Para combatir una inflación persistente se requiere que el apretón monetario y fiscal sea también persistente.

Dos ingredientes se necesitan para poder aplicar una política ortodoxa y cauta de combate a la inflación. El primero es un banco central que actúen técnicamente y con independencia de intereses políticos o sectoriales. Afortunadamente en Guatemala tenemos un marco legal que, en la medida en que se respete, apoya el carácter técnico y autónomo del Banco de Guatemala para aplicar la política monetaria que las condiciones inflacionarias actuales demandan. El segundo ingrediente es una política fiscal austera, que apoye y complemente las medidas monetarias. El problema aquí es que en los primeros meses del año la tendencia del gasto público ha claramente expansiva, lo que parece inevitable en un año electoral. Este ingrediente -la austeridad fiscal- será quizá el más difícil de encontrar para combatir la inflación en 2023.

El Valor Económico de la Semana Santa

 Con motivo del décimo aniversario de publicación del estudio El Valor Económico de la Semana Santa en La Antigua, escribí esta columna en elPeriódico, el Lunes Santo de 2023

DESPUÉS DE DIEZ AÑOS, LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PUBLICADO SIGUEN SIENDO VÁLIDAS

La Semana Santa en Guatemala es la ocasión para una de las manifestaciones de fervor popular más impactantes del mundo. Aunque, en esencia, se trata de un evento religioso, en la práctica se traduce en un fenómeno cultural con un inmenso impacto económico y social, tanto sobre las comunidades donde se desarrolla como sobre los lugares aledaños. La relevancia económica de las celebraciones de Semana Santa radica en la enorme cantidad de espectadores que acuden a observarlas y a ser partícipes de las imponentes procesiones (especialmente en la capital del país y en la Antigua Guatemala), de las coloridas alfombras, de las arraigadas tradiciones y, particularmente en la Antigua, del impresionante escenario urbano.

La medición de su impacto económico permite comprender mejor este fenómeno cultural y extraer conclusiones de utilidad para definir acciones que no solo preserven el patrimonio cultural, sino que también lo potencien como una fuente generadora de bienestar para los guatemaltecos. Precisamente hace diez años, en colaboración con Ana Luz Castillo, Luisa Fernanda González y Julio Solórzano -amplios conocedores del mundo de la cultura - publicamos el libro El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua, en el que calculamos el valor de la producción y el consumo generados por todos los sujetos que intervienen en ella y que tienen efectos sobre los distintos sectores productivos y, por ende, sobre el total de la economía nacional.

Para realizar ese estudio se analizó y encuestó tanto a los participantes que generan (los oferentes de) las expresiones religioso-culturales de la Semana Santa -entre quienes sobresalen, en su orden, las Hermandades, las autoridades locales y los ciudadanos antigüeños-, como a los visitantes que consumen (los demandantes de) dichas expresiones. Los resultados del estudio siguen siendo, diez años después, impresionantes. Y las conclusiones derivadas del mismo, siguen siendo válidas. Entonces, el costo inicial de producir el inmenso espectáculo de la Semana Santa antigüeña (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección) fue de Q4 millones, mientras que los efectos económicos directos e indirectos, derivados de dicho costo inicial, que fueron generados por la interacción de los millares de visitantes con el resto de agentes económicos que les proveyeron bienes y servicios, ascendió a más de Q670 millones ese año.

El potencial económico y social de la Semana Santa es, evidentemente, inmenso. Y si lo es para la Antigua Guatemala, seguramente lo es -y posiblemente, mucho más- para la ciudad de Guatemala, como también debe serlo, proporcionalmente, para otras comunidades donde esta conmemoración religiosa se manifiesta en expresiones culturales valiosas. Mientras más conciencia se tenga de ese potencial, mejor podrán los involucrados (hermandades, autoridades y ciudadanos) tomar las medidas adecuadas para fortalecer y preservar esta herencia cultural que cimenta su orgullo y sentido de pertenencia comunitaria; ello, a su vez, redundará en una mejor puesta en escena de estas manifestaciones culturales y en asegurar una afluencia sostenible de turismo cultural.

JUECES INDEPENDIENTES

 UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE ES ESENCIAL PARA LA PAZ SOCIAL, LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL DESARROLLO

 Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios -de izquierdas o derechas-. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular decisiones judiciales.

 En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo integral de cualquier país.

 En efecto, un sistema de justicia eficiente e imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política. Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez, crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial pueden florecer.

 Para un país como Guatemala, donde el sistema de nombramiento de jueces y magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y del propio Tribunal Supremo Electoral) es muy frágil y proclive a caer bajo la influencia de los políticos que los nombran, es necesario cobrar conciencia de que un sistema de justicia basado en jueces independientes y profesionales es esencial para promover la estabilidad, reducir la corrupción y propiciar el crecimiento económico.