viernes, 31 de octubre de 2014

¿Será Aprobado el Presupuesto de 2015?

La aprobación del Congreso para 2015 es necesaria, aunque requiere algunos ajustes

A poco más de un mes de que venza el plazo legal para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2015, en medio de una nueva crisis parlamentaria que amenaza con paralizar la agenda y que incluye un posible antejuicio al presidente de la Comisión Legislativa de Finanzas (que es la obligada a emitir el dictamen sobre el presupuesto, pero que aún no empieza a discutirlo), circulan ya algunas opiniones técnicas sobre dicho proyecto.
La semana anterior, el G40 –grupo de economistas y analistas fiscales- emitió un boletín que presenta varios aspectos que el Congreso debe atender durante el proceso de aprobación  del presupuesto para 2015. El aspecto más importante es la conveniencia de que el Congreso apruebe el referido proyecto pues, de lo contrario, la ejecución del gasto público el próximo año sería aún menos transparente y menos eficiente que en los periodos previos, ya que por segundo año consecutivo el Ejecutivo carecería de un marco que oriente su accionar financiero.
Además, la no aprobación del presupuesto conllevaría un elevado riesgo de ingobernabilidad, no sólo porque el gobierno carecería de la normativa que lo habilite a  cumplir con compromisos ya adquiridos en materia de mejoras salariales a maestros y salubristas, sino que también porque se quedaría sin el monto presupuestado para financiar el proceso electoral de 2015.
Eso sí, el G40 sugiere que dicha aprobación, aunque necesaria, requiere algunos ajustes tomando en cuenta que, así como está planteado el proyecto, se aprecian algunas debilidades que deben atenderse. Una es que el incremento previsto en la deuda pública no se refleja en mejoras en la inversión; ello debido al aumento desmesurado del gasto en funcionamiento que, aunado a la insuficiente recaudación, conlleva un nuevo aumento del déficit fiscal y a importantes reducciones en la inversión física, lo cual podría ser insostenible en el mediano plazo.
El referido aumento de gastos de funcionamiento obedece al continuado incremento de salarios derivado de pactos colectivos –no consultados con las autoridades de finanzas públicas-, en vez de reflejar un aumento de calidad en el gasto social basado en resultados y seguimiento.
El G40 también alerta sobre algunas normas de ejecución contenidas en el proyecto de presupuesto que podrían contradecir a las normas generales contenidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Presupuesto (como, por ejemplo, las que prohíben tajantemente financiar el gasto corriente con deuda pública), lo cual debe corregirse en aras de la eficiencia y transparencia en la ejecución del gasto.
Además de reconocer que existe una rigidez estructural en el presupuesto, se señala la necesidad de auditar los recursos destinados a los Consejos de Desarrollo, a las municipalidades, y a otras entidades autónomas, que suelen ser opacas e ineficientes al gastar e incumplen el mandato Constitucional de coordinar sus políticas con las políticas de Estado.
Como es habitual en sus comunicados sobre la materia, el G40 reitera la necesidad de mejorar los ingresos tributarios, y esta vez hace hincapié en la necesidad de revisar la estructura organizacional y funcional de la Superintendencia de Administración Tributaria, con especial énfasis en la lucha contra la defraudación aduanera y el contrabando.
El argumento en favor de que se apruebe el presupuesto del Estado para 2015 se apuntala con el reconocimiento de que el proyecto presentado está basado en supuestos macroeconómicos sensatos, incorpora principios necesarios en materia de una ejecución por resultados, e incluye la obligatoria dotación de bonos hacia el Banco de Guatemala en reconocimiento al costo de la política monetaria. En la práctica, uno de los desafíos de la ejecución del año entrante será la de mantener esa sensatez, cumplir con el presupuesto por resultados, y respetar sin ambages el apoyo fiscal a al banco central.
La necesaria aprobación del presupuesto, con las modificaciones correspondientes, requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de Estado por parte no sólo de la bancada oficial, sino también por parte de la oposición. Ambos deberán saber negociar y hacer concesiones para que se produzca dicha aprobación, si es que de verdad piensan en el país antes que en sus intereses partidarios.

viernes, 24 de octubre de 2014

Esperanza en la Infraestructura

El gasto en infraestructura es altamente beneficioso sólo si se prioriza en función de los retornos que genere

El crecimiento de la economía guatemalteca es mediocre; y lo es desde hace lustros. Un ritmo de aumento anual del PIB de 3.5% es apenas superior al crecimiento de la población; eso significa que es imposible generar empleos formales, disminuir la pobreza o reducir la desigualdad de oportunidades. El mediocre crecimiento de la economía en nada contribuye a mejorar el clima de gobernabilidad ni a la paz social.
La producción nacional responde a los factores de demanda agregada que la mueven: el consumo de los hogares, la demanda externa, el gasto del gobierno y la inversión física. Hasta ahora, el principal motor del crecimiento ha sido el consumo de los hogares, que representa más del 85% del PIB. Este factor evoluciona vegetativamente a medida que crece la población y que siguen ingresando remesas familiares de los emigrantes. A menos que se produzca un súbito aumento de la población o una masiva migración de trabajadores hacia Estados Unidos (ambos eventos muy poco probables), no podemos esperar que esta economía –tan dependiente del consumo- pueda crecer más.
A veces, cuando la economía estadounidense se dinamiza o los precios de los bienes primarios que exportamos aumentan, nuestras exportaciones se convierten en una fuente temporal de dinamismo para la producción nacional. Pero hoy resulta evidente que la era en que podíamos encomendar nuestro crecimiento a los dioses externos (la economía estadounidense o los precios de los bienes primarios) ya se terminó. Por su lado, el gobierno es extremadamente pequeño como para incentivar la actividad productiva mediante un aumento en el gasto público.
De manera que ni el consumo privado, ni las exportaciones, ni el gasto público pueden ser las claves para dinamizar la producción. El único factor que podría revertir la mediocridad de nuestra economía es la inversión en infraestructura. Por desgracia, hace algunas semanas comentamos el dramático desplome que ha sufrido esta inversión en nuestro país en las últimas décadas.
En el ambiente económico mundial actual (con capacidad ociosa y bajos costos del financiamiento) la inversión en infraestructura podría ser muy favorable para generar crecimiento y empleo. Pero una serie de falencias y obstáculos hacen imposible un aumento eficiente y significativo de la inversión en infraestructura en nuestro país. En primer lugar, el liliputiense tamaño del Estado y las crecientes restricciones presupuestarias implican una evidente incapacidad del gobierno para dedicar recursos suficientes a la inversión física.
En segundo lugar, otro factor que obstaculiza la inversión en infraestructura es la mediocridad de las políticas públicas. Esto se ve claramente en el presupuesto del Estado y su ejecución, en el que cada año los gastos corrientes aumentas mientras disminuye la inversión, de suerte que para 2015 se prevé que apenas la quinta parte del gasto se destine a inversión física. Y lo poco que se destina a infraestructura se gasta de manera ineficiente.
El gasto en infraestructura pública es altamente beneficioso sólo si se prioriza en función de los retornos sociales que genere. Esa priorización es crucial cuando, como en el caso guatemalteco, los recursos fiscales son tan escasos. Un esfuerzo serio de priorización fue el Plan Multimodal de Obras de Infraestructura que realizó el Programa Nacional de Competitividad hace ya casi seis años, en el que se establecieron los lineamientos para un sistema de transporte multimodal integrado, identificando diez proyectos estratégicos en las áreas vial, aeroportuaria, portuaria y de mantenimiento. Tres gobiernos han ofrecido cumplir este plan, pero ninguno lo ha hecho.
Y el tercer gran impedimento es la corrupción y opacidad con la que se maneja la inversión pública, reflejo de la débil institucionalidad y la mal entendida descentralización del gasto, que han convertido esos recursos públicos en un fondo de clientelismo político e ineficiencia estatal.
Un esfuerzo para incrementar significativamente la infraestructura sería altamente beneficioso, no sólo en el corto plazo mediante la creación de empleos, sino que especialmente en el largo plazo al aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Pero ello requiere de una claridad de ideas y de una voluntad política que el país extraña con desesperación.

sábado, 18 de octubre de 2014

Inseguridad y Corrupción: ¿Fenómenos Culturales?

El combate a la corrupción y a la delincuencia no requieren de “cambiar la cultura”, sino de voluntad política
         
En el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- de la semana anterior, el conferencista central del evento, Rudolf Giuliani –ex fiscal contra la corrupción y ex alcalde de Nueva York- , enfatizó en varias de sus intervenciones la íntima y perversa relación que existe entre la inseguridad pública y la corrupción en las estructuras gubernamentales. La corrupción no solamente abona un terreno propicio para la inseguridad ciudadana sino que es, per se, un fenómeno delincuencial que violenta los derechos esenciales de la ciudadanía. De allí que Giuliani  haya enfatizado que no puede haber una política de seguridad exitosa que no incorpore medidas efectivas para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Otro de los conferencistas del evento, Mauricio López Bonilla –Ministro de Gobernación-, presentó los avances que han tenido las políticas de seguridad gubernamentales e hizo especial hincapié en los costos financieros que dichos esfuerzos conllevan de cara al futuro. Fue llamativo que, en un momento de su alocución, el Ministro hiciera referencia a que en Guatemala se vive una “cultura de violencia”. Las numerosas, pequeñas y grandes tragedias que la corrupción y la inseguridad hacen sufrir diariamente a los guatemaltecos, así como la actitud aparentemente resignada y acomodaticia de la ciudadanía ante las mismas, podrían hacer pensar que, en efecto, se trata en ambos casos de fenómenos culturales.
Sin embargo, es muy delicado catalogar la corrupción o a la violencia como fenómenos culturales, pues ello conlleva el mensaje implícito de que poco puede hacerse para combatirlas frontalmente. Puede que esa actitud derrotista explique el sorprendente hecho (que comentamos la semana pasada) de que la agenda de prioridades que las autoridades del Ejecutivo, Judicial y Ministerio Público asumieron hace apenas unas semanas no haya incluido el combate a la corrupción.
Si la violencia y la corrupción fuesen parte de la cultura nacional, los miles de migrantes guatemaltecos que radican en el Norte estarían poblando las cárceles estadounidenses. La realidad es que su comportamiento allá es tan bueno –o mejor- que el de los propios ciudadanos de aquél país y, en muchos casos, mejor que el que mostraban cuando vivían en Guatemala. Ello se debe a que en el entorno estadounidense los migrantes guatemaltecos perciben incentivos totalmente distintos a los de casa: saben que allá la aplicación de la ley es mucho más estricta y certera.
Tanto en Estados Unidos como en Guatemala hay corrupción. La diferencia es que aquí  muy pocas veces se persigue a los funcionarios corruptos y las excepcionales veces en que se les lleva a juicio  terminan en oscuros sobreseimientos. En Estados Unidos, en cambio, suelen haber persecuciones y condenas exitosas en casos de corrupción.
Para muestra un reciente botón. El mes pasado el ex gobernador del estado de Virginia, Robert McDonnel, lloró en la corte cuando fue hallado culpable de 11 cargos de corrupción. Su esposa, Maureen, también fue condenada en el mismo juicio por otros 7 cargos asociados. McDonnell se creyó tan listo que intentó explotar algunas lagunas legales para embolsarse 177 mil dólares en regalos de lujo y préstamos preferenciales. Pero fue descubierto, perseguido, condenado y podría ser encarcelado hasta por 30 años. No por desfalco o apropiación indebida (como suele ser el caso en nuestros países), sino por soborno y tráfico de influencias.
Por ende, la delincuencia –y, por extensión, la corrupción- no es un fenómeno cultural. Ya en 1968 el economista Gary Becker (premio Nobel de Economía) estableció que los delincuentes y los corruptos sopesan los costos y beneficios de infringir la ley. El costo previsto de la conducta criminal depende de dos factores fundamentales: uno es la probabilidad de ser atrapado; y el otro es la severidad del castigo que recibirán en caso de ser atrapados.
De manera que el combate efectivo de la corrupción y de la delincuencia que afligen cotidianamente a los guatemaltecos no pasa por “cambiar la cultura”, sino por la voluntad política y social de no tolerar esos actos y, principalmente, de aplicar las leyes de manera pronta y cumplida. Según dijo Giuliani, esa sería una manera ideal de atraer inversión, generar empleo y lograr prosperidad para nuestro país.

sábado, 11 de octubre de 2014

Nefasto Común Denominador

La corrupción es, sin duda, el tema subyacente en la mayoría de problemas de la vida pública del país

La profesión más peligrosa del mundo es ser chofer de autobús en Guatemala: sólo en lo que va del año han asesinado a 80 pilotos y ayudantes de camioneta. Y estas cifras aumentan año con año, desde hace más de una década. En ninguna nación civilizada del planeta existe un precedente similar. Detrás de esta vergonzosa tragedia existen varias causas, como las extorsiones, las maras, la desidia de las autoridades municipales, o la ineficiencia policíaca y de inteligencia civil. Pero lo que distingue a Guatemala de otros países es el origen del botín: el gigantesco monto del subsidio (más de Q300 millones anuales) que de manera obscura y evidentemente ineficiente reciben del fisco las empresas de transporte público. La corrupción aquí es, sin duda, un tema subyacente.
El sistema penitenciario no sólo está colapsado, sino que se encuentra de hecho “privatizado” en manos del crimen organizado. Esto se explica en parte por la falta de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema. Pero se explica más por las intrincadas redes de negocios ilícitos que lo infestan; es decir, por la corrupción que allí impera.
La cultura, que es una de las riquezas potenciales más grandes del país –capaz de generar ingresos, empleos, cohesión social y bienestar general- ocupa el último lugar en las prioridades del ministerio responsable, donde se prefiere privilegiar la compra y reparto de pelotas y uniformes o el alquiler de juegos de feria mecánicos porque aparentemente allí es donde está el negocio. El problema no es si el ministro del ramo es culto o si los recursos son escasos, sino la falta de visión y transparencia en la administración de los mismos.
Los tribunales de justicia (un pilar para que las sociedades y los mercados prosperen) no son, en general, confiables para los guatemaltecos que los ven como un enorme y lento bazar de favores, influencias y canonjías. Además del inadecuado marco legal o del insuficiente presupuesto que afectan al Organismo Judicial, la corrupción es un aspecto que surge claro en cualquier diagnóstico del sector.
Los hospitales públicos están colapsados, sin medicina, sin estructura y sin sentido. No sólo la profunda disfuncionalidad administrativa del ministerio del ramo o su insuficiencia presupuestaria explican el desastre. El colosal y turbio negocio de las medicinas es la principal fuente de distorsiones en la gestión de la salud pública, donde el asunto de fondo es uno de sobornos y cohechos.
Las escuelas públicas son escasas y muchas se encuentran en condiciones precarias, al tiempo que los exámenes estandarizados reportan un pésimo desempeño de los estudiantes que sufren de una bajísima calidad en la enseñanza. No sólo la escasez de presupuesto para la construcción de escuelas o la baja calidad del magisterio o sus pésimos salarios explican las penas de la educación, sino también la sospechosamente ineficaz y borrosa manera en que se construyen las escuelas (como la mayoría de obras públicas) o en que se asignan las plazas magisteriales explican el estado ruinoso del sector educación.
Las municipalidades y los consejos de desarrollo reciben la cuarta parte del presupuesto del Estado, sin que lo inviertan en rubros prioritarios que se alineen con las políticas públicas de salud, educación, seguridad e infraestructura. Estas voluminosas transferencias presupuestarias se han convertido en el principal objeto del deseo de alcaldes y gobernadores para fines (políticos o personales) ajenos al bien público. También aquí yace implícito un problema de corrupción.
El nefasto común denominador de la mayoría de problemas que afectan la vida pública del país es la corrupción. Por eso apena que el liderazgo social y empresarial del país (independientemente de diferencias ideológicas) no se centre en vigilar y repudiar la corrupción que como un cáncer que consume los escasos recursos tributarios. Por eso aflige que la próxima elección de Contralor General de Cuentas siga siendo un mercado de influencias y no augure un buen futuro para esa institución clave de la república. Por eso angustia que la Política Criminal acordada recientemente por los tres organismos del Estado y el Ministerio Público para 2015 excluya por completo –inexplicada e inexplicablemente- el combate a la corrupción como una prioridad impostergable.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Reprobados en Nutrición

De los 109 países calificados, Guatemala ocupó el puesto 71; sólo por encima de Nicaragua y Haití en el Hemisferio

De las numerosas tragedias que afectan a Guatemala, la desnutrición infantil es la más vergonzosa e injustificable. Es además un pesado lastre que obstaculiza el desarrollo del país pues causa daños irreversibles en los primeros mil días de vida: los niños desnutridos no sólo tienen menos probabilidades de asistir y permanecer en la escuela, así como más problemas de aprendizaje, sino que también más probabilidad de ganar menos dinero que sus pares mejor alimentados, de casarse con cónyuges más pobres y de morir prematuramente.
Por ello es necesario medir qué progresos se han hecho en este campo y cómo se compara nuestro país con otras realidades. Para el efecto, resulta útil e interesante el Índice Global de Seguridad Alimentaria –GFSI, por sus siglas en inglés- creado por The Economist Intelligence Unit hace un par de años y que recién publicó en su versión para 2014. Este índice define la seguridad alimentaria como la situación en que las personas tienen todo el tiempo acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas para una vida activa y saludable.
Para medir la seguridad alimentaria, el índice agrupa un conjunto de indicadores en tres categorías diferentes: capacidad de compra, disponibilidad y calidad-sanidad. Primero, la capacidad de compra se mide en función de indicadores cuantitativos duros, como la proporción del gasto del hogar dedicado a alimentos, el porcentaje de habitantes bajo la línea de pobreza, el ingreso per cápita, el nivel de aranceles a la importación de productos agrícolas, el acceso al financiamiento a los pequeños agricultores, y la presencia de programas gubernamentales de asistencia alimentaria.
La segunda categoría (disponibilidad) compara indicadores de la capacidad de los países de producir y distribuir alimentos, el gasto gubernamental en investigación y tecnología agrícola, la volatilidad de la producción agrícola, el desperdicio de alimentos, la corrupción gubernamental, y los riesgos de inestabilidad política. Y la categoría de calidad-sanidad mide indicadores relacionados con cuán variada es la dieta promedio, los estándares nutricionales, la disponibilidad de micronutrientes, y la calidad proteica disponible en cada país.
En total, el índice para 2014 está compuesto por 28 indicadores agrupados en las tres categorías descritas, y califica al 109 países utilizando datos oficiales publicados por organismos internacionales y por los propios gobiernos de esos países. Los resultados apuntan a que la seguridad alimentaria mejoró en la mayoría de países en 2014. Si bien los paises desarrollados de Occidente siguen siendo los de mayor seguridad alimentaria y los países del África subsahariana permanecen en los últimos lugares, estos han progresado relativamente rápido, de manera que la brecha entre unos y otros se ha reducido.
En el índice global, de los 109 países calificados Guatemala ocupó el puesto 71 (con una calificación de 46.9/100); solamente Nicaragua (puesto 74, calificación 45.6) y Haití (puesto 103, calificación 30.2) están peor calificados que Guatemala en el continente americano. Lo que es peor, aunque el 70% de los países calificados mejoró su punteo entre 2013 y 2014, la calificación del Guatemala fue una de las pocas que empeoró respecto del año previo (que había sido de 47.2/100).
A nivel de regiones, Latinoamérica fue la que menos mejoró en el índice debido a los pocos avances en materia de distorsiones institucionales que ocasionan ineficiencias en la asignación de recursos alimentarios y sus sistemas de distribución, a pesar de tener buenas calificaciones en cuanto a capacidad de producción.
Lo anterior vuelve a evidenciar que las causas de la inseguridad alimentara no se encuentran en la poca oferta, sino en las dificultades de acceso individual a los alimentos debido a fallas en la distribución y en el tejido social.

La desnutrición no es, pues, un problema de producción, sino de distribución; por ende, su solución no pasa por medidas de autosuficiencia agrícola o de proteccionismo comercial, sino por medidas de alerta temprana, comunicación, abastecimiento, restauración del poder adquisitivo de los afectados y la focalización de esfuerzos en los aspectos clave, como la atención a los niños desde su gestación.

domingo, 5 de octubre de 2014

Riesgos en Aumento

De acuerdo con el FMI, se vislumbran riesgos que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional

Todos los años, en cumplimiento del Artículo IV de sus estatutos, un equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional visita a las autoridades económicas de cada uno de sus países miembros para realizar “consultas” (en realidad, se trata de una supervisión relativamente profunda) sobre la situación macroeconómica y de pagos con el exterior. La semana pasada se publicó el reporte de las referidas “consultas” realizadas en el caso de Guatemala correspondientes a 2014.
De acuerdo con el FMI, la economía del país se ha desempeñado aceptablemente desde la crisis de 2009 y las perspectivas para el futuro cercano continúan siendo benignas: el crecimiento económico ya alcanzó su potencial (un magro 3.5% anual, y continuará estando allí) y el nivel de precios se prevé estable.
Sin embargo, los documentos preparados por el equipo técnico del FMI, así como las subsecuentes discusiones que sostuvo el Directorio de dicho organismo financiero internacional, revelan una advertencia importante: se vislumbran riesgos –con elevada o mediana probabilidad de ocurrencia- que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional, que se hacen más preocupantes en la medida en que es muy pequeña la capacidad de las políticas macro para contrarrestar esas potenciales amenazas, y en que el crecimiento económico de largo plazo parece incapaz de aumentar.
En efecto, el escenario mundial empieza a presentar síntomas de post-crisis que podrían tener efectos adversos sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra. El inevitable final de las políticas de expansión monetaria en Estados Unidos y la persistente incertidumbre financiera en Europa pueden implicar un aumento en la volatilidad de los mercados financieros mundiales que incluirían cierta escasez de recursos financieros y aumentos en las tasas de interés, es decir, créditos más caros para nuestras economías. Asimismo, la permanencia de un ciclo de lento crecimiento económico (principal, pero no exclusivamente, en Europa) repercutirá en el dinamismo de las exportaciones nacionales.
En adición a lo anterior, se tiene el riesgo de un declive en los precios de los productos primarios (más de la tercera parte de nuestras exportaciones), así como un posible agravamiento de las tensiones geopolíticas en Rusia y Medio Oriente que afectarán los mercados de energía en todo el mundo. Y si a esto añadimos el riesgo elevado de que los ingresos fiscales en Guatemala continúen con su tendencia a reducirse como porcentaje de la producción nacional (lo cual reduce a su vez la capacidad de maniobra del gobierno para hacer frente a cualquier shock externo o interno), tenemos una situación que requiere que el país adopte oportunamente una serie de medidas de política pública que el FMI sugiere en su documento.
En el ámbito coyuntural, el principal reto está en el campo fiscal, y consiste en mejorar los ingresos luego de una reforma tributaria cuyos resultados el propio FMI califica de decepcionantes. Ello sin descuidar la mejora necesaria en la transparencia y calidad del gasto público, especialmente porque a partir de 2015 será necesario iniciar un proceso de consolidación fiscal (reducción gradual del déficit). Por su parte, la política monetaria deberá establecer sin ambigüedades la meta de inflación como su objetivo central, permitiendo una mayor flexibilidad del tipo de cambio, sin descuidar las medidas prudenciales para minimizar los riesgos de la creciente dolarización del crédito y de los medios de pago.
En el ámbito estructural, el reto clave es propiciar un mayor crecimiento económico, incluyente y sostenible en el largo plazo, que reduzca los hoy elevados niveles de pobreza. Ello pasa por aumentar tanto la inversión pública como la privada. La primera, a su vez, requiere de mejores ingresos fiscales y de un gasto más transparente y mejor focalizado en salud, educación e infraestructura. La segunda requiere de mejorar el clima de negocios, la seguridad pública, y la calidad de la fuerza de trabajo.
Vale la pena que, ante los crecientes riesgos del entorno nacional e internacional, tanto las autoridades como los liderazgos sociales y empresariales del país tomen acciones concretas en las líneas coyunturales y estructurales sugeridas, sin caer en la falacia de despreciarlas sólo por provenir del FMI.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...