MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO

CONVIENE TRASCENDER DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URGENTES, HACIA LAS IMPORTANTES

Las preocupaciones más acuicantes de la coyuntura económica son la inflación descontrolada y la amenaza de una crisis alimentaria, en el marco de una desaceleración de la producción y del empleo en todo el mundo. Sin embargo, nunca es aconsejable olvidar que, más allá de las preocupaciones de corto plazo, las políticas públicas deben atender los asuntos de más largo alcance. El último reporte del Fondo Monetario Internacional -FMI- sobre la economía guatemalteca (publicado el mes pasado) reconoce que nuestra economía fue notablemente resistente durante la pandemia y que las perspectivas a corto plazo son favorables, pero subraya que persisten importantes brechas sociales y de infraestructura de larga data.

En ese sentido, el desafío más grande para las políticas públicas es cómo provocar un incremento –sostenido a largo plazo- en la tasa de crecimiento económico, tomando en cuenta que Guatemala está rezagada en varios aspectos cuando se compara con otros países de similar nivel de ingresos y de similar calificación de riesgo-país. Según el informe del FMI son tres los objetivos a alcanzar para enfrentar exitosamente dicho desafío: aprovechar el dividendo demográfico (dado que se espera que la población en edad de trabajar crezca un 1.9 por ciento anual hasta 2035), mitigar la emigración y, sobre todo, aumentar la productividad (y, con ella. el crecimiento potencial).

Para alcanzar esos objetivos hay que, primero, cobrar conciencia de que Guatemala se compara mal en relación con otros países similares en materia de educación (los indicadores de aprendizaje según la escolaridad son muy bajos), gobernabilidad (debido a debido los débiles indicadores de Estado de derecho, de control de la corrupción, y de homicidios), infraestructura (con carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos muy precarios) y costos laborales formales (con un salario mínimo relativo al PIB entre los más altos de los países de ingresos medios, y una regulación aún incompleta del empleo a tiempo parcial). Todos estos factores se relacionan con un clima de negocios incierto y con baja productividad sistémica.

Las soluciones a estos rezagos implican acciones concretas, incluyendo reformas institucionales clave. Por una parte, hay que abordar las debilidades estructurales en el mercado laboral (por ejemplo, habilitando en el IGSS la formalización del trabajo a tiempo parcial). Es esencial también -para elevar la productividad y el potencial económico- mejorar el clima de negocios y la gobernanza (incluyendo mejoras institucionales en el sistema judicial, en el propio Organismo Legislativo y, por ende, en el sistema electoral). También es necesario profundizar la simplificación de trámites burocráticos. El sistema educativo y magisterial también debe ser fortalecido profundamente. Y, por supuesto, la forma en que se planifica, construye, supervisa y mantiene la infraestructura pública debe ser objeto de una reforma de fondo. Trascender de las políticas de corto plazo (las urgentes) hacia las de largo plazo (las importantes) no es políticamente sencillo, pero es crucial para el futuro del país.

LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

Los Riesgos del Toque de Queda

LA MAYOR PARTE DE LAS MEDIDAS ANTI PANDEMIA NO NECESITAN DE NINGÚN DECRETO

La lógica detrás de los confinamientos obligatorios (parciales o totales) era muy válida hace un año y medio, cuando no se conocían muchas particularidades del SARS-CoV-2, ni existían protocolos médicos para tratar la enfermedad, ni había vacunas. Sin negar que los confinamientos estrictos pueden reducir la velocidad de los contagios, debemos estar conscientes de que en el mundo académico y político existe un debate abierto respecto a si, en el balance, los beneficios del confinamiento son mayores a sus costos.

Luego de diecisiete meses de pandemia, la relación y actitud de la población guatemalteca hacia la enfermedad ha ido evolucionando y -como en cualquier pandemia en la historia humana- el público se ha habituado a ella. En los países ricos esa evolución ha sido más rápida porque, en la medida en que la población se vacuna y se aplican nuevos y más eficaces tratamientos médicos, la letalidad del Covid-19 se ha reducido dramáticamente: la tasa de mortalidad de quienes se infectan en el Reino Unido es ahora de 0.1 porciento, similar a la de la influenza. Eso da un claro indicio de cuáles debieron haber sido -desde el principio- las prioridades de política pública para combatir la pandemia: fortalecimiento del sistema de salud y vacunación masiva.

Independientemente de su efectividad en términos sanitarios, los confinamientos forzosos pueden tener costos importantes. Para el PIB de Guatemala, un toque de queda de ocho horas durante un mes podría significar una pérdida de más de tres millardos de quetzales (suponiendo un efecto proporcional al del confinamiento del año pasado); y, en términos de empleo, la pérdida podría equivaler a más de veinte mil puestos de trabajo. También tendría costos potenciales en términos de gobernabilidad, si el gobierno no es capaz (como hasta ahora) de efectuar compras de insumos médicos y contrataciones de personal sanitario de forma eficiente y trasparente. Tendría, además, costos sociales asociados no solo a la pérdida de libertades individuales ante un creciente poder del Estado, sino también en términos del mensaje de miedo y pesimismo que abatiría el espíritu ciudadano y, con él, los intercambios económicos, sociales y culturales.

Quizá el principal riesgo es que el toque de queda distrae la atención y los esfuerzos de las medidas que sí se necesitan para abatir la pandemia. Algunas pueden requerir de un estado de excepción: un mecanismo -focalizado, transparente y temporal- para la compra de insumos médicos y para la contratación de personal sanitario, o la prohibición de aglomeraciones. Pero muchas otras medidas pueden aplicarse sin más trámite: una campaña masiva y efectiva de vacunación; una mejora sustancial de la capacidad hospitalaria (incluyendo hospitales de campaña); una mejora de la calidad -y de la remuneración- del personal sanitario; restricción de aforos; fomento al teletrabajo; y, las medidas estándar que han probado su efectividad a nivel mundial, como el uso de mascarillas y la sana distancia social. Estas medidas no requieren de un decreto, sino de voluntad y capacidad política para hacer que se cumplan.

Falta Crear Oportunidades

 MÁS QUE “MARCA-PAÍS”, NECESITAMOS UN ESTADO DE DERECHO

Guatemala no solo es el país con la tasa de formación de capital fijo (inversión) más baja de Hispanoamérica, sino que es uno de los países que menos inversión extranjera atrae en la Región. La semana pasada se publicó el Índice Global de Oportunidades, del Milken Institute, que evalúa 145 países para medir su potencial atractivo para los inversionistas extranjeros. De los veinte países rankeados en Latinoamérica, Chile ocupa el puesto número 1 (36 a nivel mundial) con mayor potencial para atraer inversiones, seguido de Uruguay (48 en el mundo) y Costa Rica (55). Guatemala solo ocupa el puesto 11 en la Región (97 en el mundo).

Este índice se compone de cinco categorías y catorce subcategorías que miden los factores económicos, financieros, legales, regulatorios e institucionales que, en conjunto, determinan el panorama de inversiones de un país. Guatemala califica relativamente bien solamente en la categoría de Estándares Internacionales y Políticas, que mide cuán integrado está el país a la comunidad internacional y cuánto se ajusta a las normas internacionales; ahí ocupamos el puesto 9 en Latinoamérica (77 en el mundo). En las otras cuatro categorías no nos va tan bien.

En la categoría de Servicios Financieros, que mide la profundidad y el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, aunque no estamos tan mal a nivel mundial (puesto 88), sí lo estamos a nivel latinoamericano (16). En la categoría de Marco institucional -que captura la medida en que las instituciones ayudan a la actividad empresarial mediante la transparencia, la innovación, la protección de los derechos de los inversionistas y la gobernanza pública- no calificamos bien a nivel regional (puesto 12) ni mundial (106).

En la categoría de Fundamentos Económicos -que captura las perspectivas de crecimiento de la producción, el talento de la fuerza laboral y el potencial para la innovación- también nos mostramos muy mediocres (puesto 15 en Latinoamérica y 101 mundial). Y el peor desempeño lo tiene Guatemala en la categoría de Percepción de Negocios -que mide las limitaciones que enfrentan las empresas, así como la viabilidad y certeza jurídica para que las empresas resuelvan conflictos de todo tipo-, donde ocupamos puestos muy bajos (14 regional y 123 mundial)

Lo que a fin de cuentas refleja este índice es que, para atraer inversiones hacia Guatemala, no basta con identificar algunos sectores potencialmente “ganadores” y vendérselos a los posibles inversionistas. Ni basta con mejorar la “marca-país” hablando de nuestras bellezas naturales y culturales. Y, aunque necesario, tampoco es suficiente mantener la disciplina macroeconómica. Ante todo, el índice revela que los principales desafíos para los inversionistas se asocian a la falta de un marco legal sólido, transparente y predecible, incluyendo un sistema judicial eficaz y confiable. Por ello es imperativo tomar medidas concretas para fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y generar confianza. Sin ello, ni la inversión ni el desarrollo serán posibles.

Tres Claves para la Reactivación

No hay soluciones mágicas. Las políticas y reformas necesarias para una reactivación sostenida no son fáciles, pero son imprescindibles

La semana anterior, fui invitado por la Escuela de Negocios de Alto Nivel de la Universidad Panamericana a participar, junto con un panel de distinguidos colegas, en conversatorio donde se nos pidió que, luego de identificar los tres problemas principales que impiden el crecimiento económico del país, sugiriésemos tres soluciones específicas para reactivar la actividad económica, empresarial y social en Guatemala. Resumo mi participación en ese foro.

Respecto de los problemas, destaco, en primer término, la falta de conciencia sobre la realidad nacional por parte de las instituciones y lideres del país; esa falta de conciencia impide priorizar las políticas públicas y esto, a su vez, conduce a un desorden gigantesco en la administración pública y a un desperdicio perenne de los escasos recursos fiscales. El segundo problema es la baja productividad sistémica de la economía nacional (que es la contracara de los elevados niveles de pobreza prevalecientes), el cual se retroalimenta con el tercer problema fundamental, cual es la aguda debilidad institucional que no solo impide al Estado proveer los servicios públicos esenciales, sino que también provoca (como lo evidencia la crisis actual del sistema judicial) una falta de certeza jurídica que obstaculiza la inversión y, por tanto, el desarrollo.

En ese contexto, sugiero tres áreas clave para que las políticas públicas -política y financieramente viables- coadyuven con la reactivación económica. La primera es blindar (de manera urgente, técnica y sólida) los enormes recursos presupuestarios con que cuenta el gobierno tras el extraordinario endeudamiento que le autorizó el Congreso. Esos Q20 millardos no solo se han ejecutado con extrema lentitud (lo que implica que quedarán recursos en caja sin utilizar), sino que es posible que vuelvan a duplicarse el año próximo (en el probable caso de que el Congreso no apruebe el proyecto de presupuesto para 2021). Estos recursos extraordinarios, aunque son una amenaza para la estabilidad fiscal -y más bien por eso mismo-, deben blindarse para evitar que se desperdicien en gasto corriente o en programas demostradamente fracasados y opacos. Para el efecto, deben crearse vehículos financieros de propósito especial enfocados a gastos prioritarios, como podrían ser un fondo específico para combatir la desnutrición, fondos de garantía para crédito empresarial, un fondo para infraestructura y fondos para fortalecer los sistemas de salud y seguridad social.

Una segunda área clave para la reactivación debe ser la facilitación de negocios, que implica reducir e informatizar trámites administrativos, invertir en capacitación hacia nuevas tecnologías (que definirán el mercado de trabajo del futuro), flexibilizar el mercado laboral (que implica facilitar el trabajo a tiempo parcial y establecer un seguro de desempleo complementario a los programas que hoy conduce el seguro social) y modernizar los sistemas de pagos (incluyendo su digitalización y la inclusión financiera de toda la población).

Finalmente, debe iniciarse la reforma de las principales instituciones del Estado (el servicio civil, el sector justicia, los partidos políticos, el seguro social, el sistema estadístico y la Contraloría de Cuentas, por ejemplo). Estas reformas no son fáciles, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública tendrá largo aliento; sin ellas será difícil lograr el clima de paz social y gobernabilidad necesarias para la adopción de nuevas tecnologías; sin ellas no habrá inversión (ni en personas ni en infraestructura); sin ellas no habrá certeza jurídica para un buen clima de negocios. La pandemia es, ciertamente una maldición; pero quizá también sea la oportunidad de acometer, por fin, las tantas veces postergadas reformas en estas áreas clave.

Salud Pública y Prosperidad Económica

La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía.

Desde hace mucho tiempo, el sistema guatemalteco de salud pública padece graves deficiencias. El Índice de Seguridad Sanitaria Global (una herramienta que analiza comparativamente la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 países) ubicó el año pasado a nuestro país en el puesto 125, el segundo peor de Latinoamérica. La pandemia de Covid-19 solo vino a evidenciar los terribles costos de esas deficiencias y cuán central es la salud para las personas, la sociedad y la economía. La calidad de la salud pública tiene un enorme impacto en la economía. El rápido crecimiento económico mundial en el último siglo está asociado a los avances en materia de vacunas, antibióticos, sanidad pública y nutrición que han mejorado los estándares de vida y la capacidad productiva de la humanidad. Es evidente que una buena salud pública favorece el crecimiento económico al expandir la fuerza laboral y mejorar la productividad y las interacciones sociales.

Un reciente estudio del McKinsey Global Institute -titulado “Priorizar la salud: una prescripción para la prosperidad”- estima que la falta de servicios adecuados de salud le cuesta cada año a la economía cuarenta y tres días de trabajo perdidos por persona (por enfermedad o muerte prematura) y una reducción de cinco por ciento en la productividad laboral por padecimientos crónicos, lo cual implica una pérdida de quince por ciento del PIB (¡tres veces más del costo previsto de la pandemia!). Si se aplicaran las herramientas sanitarias ya existentes (medidas de prevención mediante ambientes más higiénicos y comportamientos sociales saludable, así como acceso a vacunas, medicina preventiva y terapias estándar) esas pérdidas podrían reducirse en un cuarenta por ciento.

Si bien es cierto que el costo financiero que conlleva mejorar el sistema de salud es uno de los aspectos que ha impedido tomar acciones concretas al respecto, también lo es que ha hecho falta en el debate un enfoque que tome en cuenta los retornos económicos de invertir en la sanidad pública: de acuerdo a el referido estudio de McKinsey, por cada dólar invertido en mejorar el sistema de salud es posible obtener un retorno económico de cuatro dólares. Pero no solo se trata de gastar más en salud, sino de gastar mejor: el gasto público en salud ha venido aumentando en Guatemala (de un 5 a un 9 por ciento de presupuesto estatal en los últimos años) sin que ello se haya traducido en una mejora en los servicios de salud.

La crisis del Covid-19 no solo plantea un desafío para repensar la salud pública y reconstruir la economía, sino que presenta una oportunidad única para reformar el sistema de salud con vistas a generar bienestar material para toda la población. Ello requerirá un esfuerzo consciente del gobierno, el Congreso y la sociedad para hacer de la salud púbica una prioridad económica y para transformar el sistema de salud en uno basado en las mejores prácticas a nivel internacional y enfocado en las áreas de mayor retorno socio-económico. Hace tres lustros se propuso en el extinto Plan Visión de País una reforma institucional para sistematizar y priorizar las políticas públicas en salud, establecer un mecanismo de coordinación de las políticas sanitarias (el Sistema Nacional de Salud), fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud y redefinir el modelo de atención en salud. Si se hubieran aprobado esas reformas en su momento, quizá otro gallo nos habría cantado en esta pandemia, pero los sindicatos enquistados en ese ministerio y otras fuerzas opuestas al cambio impidieron su aprobación. Quizá ahora, la bofetada propinada por el Covid-19 pueda servir para despertar la conciencia social respecto de la conveniencia de retomar alguna suerte de reforma al sistema de salud como la propuesta en aquella ocasión.

Presupuesto 2021: una Oportunidad para la Recuperación Económica

El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios

Como cada año, el proceso de elaboración del Presupuesto del Estado para el año próximo está ya en marcha, pero esta vez las circunstancias demandan un reenfoque profundo. Cuando finalmente concluyan las etapas de mitigación de la pandemia y de reapertura de la economía, el país tendrá una oportunidad de relanzar la economía. El presupuesto debe convertirse en la herramienta central para dirigir las políticas públicas que aprovechen esa oportunidad única. El relanzamiento exitoso de la economía nacional dependerá en gran medida de que las prioridades del presupuesto se focalicen en cinco temas cruciales.

El primero es mejorar las redes de protección social. El desempleo ocasionado por la pandemia, así como la reducción en los flujos de remesas familiares al país, conllevarán una reducción en los ingresos de un segmento considerable de la población, que desafortunadamente se concentra en los grupos económicamente más vulnerables. Si bien durante la etapa crítica se aplicaron paquetes temporales de transferencias de efectivo y de bolsas de alimentos, es necesario que estos programas se restructuren con un carácter permanente, pero que estén mejor focalizados y diseñados para estabilizar automáticamente los ingresos de las personas en caso de crisis o catástrofes futuras.

Una segunda prioridad debe ser los sistemas sanitarios y de atención y prevención de desastres. La pandemia ha puesto de manifiesto que la salud pública es estratégica para preservar el funcionamiento de la economía y el desarrollo de las relaciones sociales, especialmente cuando se trata de una emergencia nacional ocasionada por epidemias o desastres naturales. El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios, así como para reducir expectativas pesimistas de los agentes económicos y reducir el “confinamiento voluntario” que deprime la demanda agregada de la economía. Ello requiere invertir en infraestructura, equipamiento y recurso humano en salud.

Tercero, debe priorizarse la inversión en infraestructura física, tanto en sistemas de salud que protejan a las personas y minimicen los riesgos de epidemias en el futuro como en la infraestructura vial y tecnológica que requerirá la actividad productiva en la nueva normalidad. Al respecto, es esencial mejorar la eficiencia de la inversión pública para evitar que los fondos destinados a obras públicas de infraestructura se pierdan por ineficiencia o corrupción.

Una cuarta prioridad será la generación de empleos, algo en lo que el presupuesto estatal puede contribuir decididamente, no solo directamente a través del gasto público en actividades creadoras de puestos de trabajo, sino que -más importante- de manera indirecta a través de la transmisión de señales certeras que impulsen a los agentes económicos a invertir y consumir con más confianza respecto al rumbo futuro de la economía. Y, por último, el presupuesto debe formularse priorizando la sostenibilidad fiscal, lo que implica que el Presupuesto del Estado para 2021 debe esbozar la ruta del retorno gradual a los indicadores de solidez fiscal (déficits y endeudamiento moderados) de las décadas previas a la crisis. Esto es especialmente importante dada la reputación de prudencia y de solvencia que se le reconoce a Guatemala en los mercados financieros internacionales, la cual es menester preservar para mantener abiertos los canales de financiamiento internacional que tanto el sector público como el privado necesitarán durante la reactivación económica.

Ganar Tiempo ¿Para Qué?

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos– son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica

Al covid-19 solo se le podrá vencer cuando un importante porcentaje de la población (se calcula que un 60%) haya adquirido inmunidad, la cual solo se logra de dos formas. Una, mediante el contagio natural (lo que, por desgracia, puede implicar un gran número de decesos). Dos, mediante un contagio inducido, ya sea aplicando una bien diseñada estrategia de inmunidad de grupo, o aplicando masivamente la aún inexistente vacuna. Mientras no haya una vacuna ni una estrategia de inmunidad de grupo (que requiere un sistema de salud muy robusto), solo queda aplicar políticas (más o menos estrictas) de distanciamiento social que permitan ganarle tiempo a la pandemia.

Pero este “ganar tiempo” debe tener un propósito claro, pues las políticas de distanciamiento social (especialmente las de confinamiento de la población) tienen un costo económico brutal. Hay que ganar tiempo para que el sistema hospitalario no se vea desbordado: actualmente el número de camas hospitalarias disponibles en el país ronda las 8,500 (de las cuales más del 70 por ciento ya estaban ocupadas antes de la pandemia); los modelos epidemiológicos predicen la necesidad de ese número de camas solo para atender a los enfermos de covid-19. Por ende, el gobierno hace bien en aprovechar este periodo de confinamiento para aumentar el número de camas en los hospitales. Asimismo, hay que ganar tiempo para equipar el sistema de salud (con médicos, equipo y medicamentos), a fin de que la tasa de mortalidad de la pandemia no llegue a niveles social y políticamente intolerables.

También hay que ganar tiempo para planificar la estrategia de reapertura económica (incluyendo la realización de tests aleatorios para monitorear los potenciales focos de contagio). Hay que ganar tiempo para preparar las políticas de reactivación económica (incluyendo reformas institucionales) que deben impulsarle al terminar la crisis. En función de lo anterior, hay que ganar tiempo (y el gobierno de Guatemala ya lo ha hecho) para acopiar los recursos financieros que se necesitan, por un lado, para proveer la ayuda sanitaria y humanitaria a los grupos más vulnerables y la asistencia financiera a las empresas que lo requieran durante la emergencia; y, por otro lado, para echar a andar la reactivación económica.

Los modelos epidemiológicos –aunque imperfectos - son herramientas que permiten vislumbrar un horizonte temporal para la reapertura de la actividad económica. Esos modelos indican que las medidas de distanciamiento social pueden empezar a relajarse gradualmente al alcanzar el pico de contagios (lo que en Guatemala ocurriría alrededor de la tercera semana de mayo). Y la “nueva normalidad” podría ocurrir al acercarse a cero el número de nuevos casos (lo que en Guatemala podría ocurrir alrededor de la cuarta semana de agosto). Así, hay que ganar tiempo para diseñar un plan de desescalada gradual del confinamiento, con fases y fechas. Cada fase debe indicar qué ramas de actividad pueden irse reactivando y bajo qué protocolos sanitarios. Un plan claro, aunque sea por fases y sujeto a la evolución de los contagios, es muy importante para dar certeza económica a las decisiones y planes de las empresas. Afortunadamente hay varios ejemplos de países que ya lo están haciendo, y es de esperar que, con base en esa experiencia, el equipo de gobierno también lo esté diseñando. Lo urgente es que dicho plan sea anunciado cuanto antes.

El "Dilema" que No es Tal

El verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social

La pandemia de covid-19 conlleva un duro golpe para la economía nacional y mundial a medida que los gobiernos adoptan medidas radicales de distanciamiento social, las que implican un abrupto frenazo de la producción de bienes y servicios. Esto es, evidentemente, un gran problema, pero no es (como parecía al principio) un dilema. Y no lo es porque, simplemente, para combatir el nuevo coronavirus no hay otra política pública viable que no sea la de un estricto distanciamiento social.

Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias tenían ante sí dos opciones de política. Por un lado, la inmunización gradual (o estrategia de inmunidad de grupo) que implicaba aislar solamente a los segmentos de población vulnerables (ancianos y personas con enfermedades crónicas) y dejar que el resto de la población se contagiara gradualmente. Por otro lado, aplicar medidas de distanciamiento social (estrategia de mitigación/supresión) que implican la separación física de las personas. Puesto que hasta hoy no existe ni vacuna ni medicamento contra el extremadamente infeccioso covid-19, en la práctica no se presenta ningún dilema (ni desde el punto de vista económico ni, mucho menos, desde el punto de vista de la salud pública) en cuanto a cuál de las dos estrategias escoger.

En efecto, la experiencia de la última gran pandemia, la Influenza Española (1918-1920), proporciona una evidencia estadística muy clara: las ciudades y estados que aplicaron medidas de distanciamiento social más prontas y restrictivas para “aplanar” la curva de contagios fueron las que lograron un mejor desempeño económico (durante y después de la crisis) en comparación con las ciudades y estados que fueron más reticentes a imponer medidas de distanciamiento social. En estos últimos lugares, la elevada mortalidad y el caos social ocasionado por el contagio desenfrenado generó un daño económico mayor al que habría ocasionado una estricta política de distanciamiento social.

Entonces, siendo la estrategia de mitigación/supresión la única opción disponible en esta etapa de la crisis, pero sabiendo que dicha estrategia ocasiona un desplome de la economía (que daña a los trabajadores por cuenta propia, las empresas, las cadenas de oferta, los empleos y el clima de confianza en general), el verdadero desafío de las autoridades es el de ir “modulando” las medidas de distanciamiento social, relajándolas tan pronto como la velocidad del contagio lo permita, pero volviéndolas a endurecer en cuanto las circunstancias lo exijan, sabiendo que las pandemias suelen darse por oleadas que es necesario gestionar -hasta que, por fin, aparezcan los medicamentos o vacunas adecuadas-.

Durante esta primera oleada (que será la más grave y difícil de manejar), la política económica más razonable es la de llenar el vacío temporal que está dejando la caída del consumo y de la inversión privados con gasto público fresco, orientado a la emergencia en salud, a la ayuda humanitaria para quienes están perdiendo sus ingresos y al apoyo empresarial para quienes enfrentan una quiebra inminente. El gobierno de Guatemala ya cuenta con una importante ampliación presupuestaria de más de Q11 millardos para realizar dicho gasto: la clave ahora es establecer los mecanismos para desembolsarlo con la eficiencia y con la transparencia que este momento histórico demanda.

Territorio Inexplorado

Hasta ahora se han aprobado varias medidas que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes

La crisis generada por el covid-19 no tiene precedentes. Alrededor del mundo los gobiernos están transitando un territorio inexplorado mientras combaten el vertiginoso contagio del coronavirus y, simultáneamente, intentan reducir su impacto económico. Sin una vacuna, ni medicamento alguno que aplaquen la enfermedad, la única medida sanitaria a la mano es el distanciamiento social forzoso. El gran dilema de política pública es que dicha medida propina un golpe brutal a la actividad económica y al empleo: a mayor distanciamiento social, menor actividad económica y más desempleo.

En medio de la incertidumbre, existen al menos cuatro certezas a las cuales hay que adaptarse. Primero: la recesión económica es inevitable. Los sectores más afectados están siendo el de restaurantes y hoteles, el de transporte y logística, el de producción y distribución de bienes de consumo y el de educación. Pero casi ningún otro sector se librará de una crisis que, por el lado de la oferta, genera quiebras, despidos, impago de deudas e interrupción de la cadena de suministros; y, por el lado de la demanda, suscita un aumento en los ahorros (pues los consumidores, por precaución, reducen sus gastos) y una posposición de las inversiones, todo lo cual deprime la economía.

Segunda certeza: la crisis es global. A los efectos internos derivados del distanciamiento social hay que añadirles la caída de nuestras exportaciones hacia otros países, la reducción de las remesas familiares provenientes de Estados Unidos y la marcada volatilidad en los mercados financieros internacionales. Tercera certeza: la magnitud del impacto económico será enorme. Se espera que, en términos de crecimiento económico mundial, la recesión actual será mucho más grave que la vivida en la crisis financiera mundial de 2008.

Y cuarta certeza: la crisis será temporal -seguramente durará menos de un año-. El aislamiento social no puede mantenerse por más de tres o cuatro meses (la gente, si no tiene dinero, no podrá estar alejada de su trabajo) y, tarde o temprano, la tasa de contagios caerá; luego vendrá, sin duda, la ansiada recuperación económica. Por eso, el momento para actuar es ahora, tanto para salvar vidas, como para salvar los medios de vida (empleos formales e informales). Los objetivos de la política económica deben ser, pues, priorizar el gasto en salud (incluyendo la compra de pruebas médicas que permitan optimizar las acciones de sanidad pública) y, a la vez, aplanar la curva de desempleo y mantener con vida el aparato productivo para cuando llegue la (inevitable) recuperación.

El mayor esfuerzo se centra en el gasto fiscal. Durante décadas, Guatemala ha mantenido una política fiscal disciplinada y una buena reputación en los mercados financieros internacionales, lo cual otorga un importante espacio fiscal que debe ser aprovechado en esta emergencia. Hasta ahora se han aprobado varias medidas que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes: las líneas de crédito a la pequeña y mediana empresa deben ampliarse y agilizarse, lo mismo que las transferencias dinerarias a cuentapropistas y personas vulnerables; el seguro social debe estar a la altura del desafío y ampliar su cobertura durante la emergencia. Hay que usar y fortalecer los mecanismos estatales que ya existen, en vez de inventar el agua azucarada. Debe actuarse pronto, pero debe actuarse bien y con transparencia. No es preciso entrar en pánico; esta crisis también pasará.

Impacto Económico del Covid19

Para la economía guatemalteca, las consecuencias son ineludibles

Históricamente, el costo humano de cualquier pandemia siempre ha sido terrible. Su impacto económico en el corto plazo –hasta que la tasa de contagio retrocede- también ha sido dramático. Sin embargo, como toda epidemia es finita, sus efectos económicos en el largo plazo no son tan dramáticos –e incluso alguna vez han sido positivos- debido a la rápida recuperación que se produce una vez concluye el pico infeccioso y a los cambios tecnológicos, sociales e institucionales que lo siguen.

La pandemia de covid-19 es la primera cuya evolución seguimos en tiempo real, y los datos cambian a cada minuto. Las políticas de prevención y cuarentena, aunque indispensables, ocasionan que se reduzca la inversión y que los consumidores disminuyan su gasto. Preliminarmente, la OCDE ya redujo su pronóstico de crecimiento global para 2020 de 2.9%, a 2.4%, y con perspectiva a la baja. Tanques de pensamiento como McKinsey, Oxford Economics y The Economist Intelligence Unit han planteado diversos escenarios posibles, que pueden resumirse en tres.

Un escenario severo, similar al brote de gripe española de 1918 -con una alta tasa de contagio y expansión de la enfermedad a lo largo de 2020- ocasionaríauna caída del PIB mundial de un -5%. Un escenario moderado (el más probable hasta ahora), con un 30% de personas infectadas y una tasa de mortalidad del 0.3%, no ocasionaría una recesión, pero sí un menor crecimiento del PIB mundial, que pasaría del 2.4% original, a un rango de entre 1.6 y 2.0%. Y, un escenario de recuperación rápida (el menos probable) en que los brotes se contienen, el impacto económico queda restringido al primer semestre de 2020 y el crecimiento del PIB se afecta solo en un par de puntos básicos.

Lo que es inevitable es que algunos sectores productivos específicos se vean severamente afectados, entre los que destacan los de Turismo; Restaurantes y Hoteles; Aviación y Aerolíneas; Industria Automotriz; Energía y Combustibles; y Bienes de Consumo. También el virus dañará las cadenas de suministro globales, lo que implicaría daños adicionales a la economía mundial. Afortunadamente, las autoridades económicas de las principales economías han reaccionado con medidas muy agresivas de impulso económico (reducción de tasas de interés, líneas de crédito preferenciales, alivios fiscales y relajación de reglas laborales) que pueden mitigar la desaceleración productiva.

Para la economía guatemalteca las consecuencias son ineludibles. Su vulnerabilidad está relacionada con tres factores: el grado de solidez de sus políticas macroeconómicas, su nivel de apertura hacia el resto del mundo y la eficacia de su sistema de salud pública. Respecto del primer factor, aunque se necesita mayor flexibilidad en tiempos de crisis, puede afirmarse que existe un aceptable grado de resiliencia ante choques externos. Respecto del segundo, Guatemala (comparada con otras economías) tiene una relativamente baja exposición a las crisis internacionales cuando se mide su nivel de apertura a través de los principales canales de transmisión de los flujos económicos (las remesas familiares, la inversión extranjera, el comercio de bienes y el comercio de servicios). El eslabón más débil será, entonces, el sistema de salud pública, cuya eficacia enfrenta ahora su más grande prueba de fuego.

No Hay que Espantar la Inversión

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas.

A nivel macroeconómico, la inversión es aquella parte de la producción nacional que no es consumida ni ahorrada, por lo que se traduce en la adquisición –por parte de los particulares y del gobierno- de activos productivos, tales como maquinaria, edificios, vehículos y carreteras, que resultan esenciales para que dicha producción se sostenga y aumente en el tiempo. Cuando la inversión en un país aumenta, crece la cantidad de bienes de capital (productivos) disponible por habitante y con ello se incrementa la producción y los ingresos por persona. Fomentar la inversión debería ser, entonces, una prioridad de las políticas públicas.

Aún con mayor razón deberían los tres poderes del Estado esforzarse en atraer la inversión ahora que la incertidumbre se cierne sobre el entorno económico internacional que, ante las menores tasas de retorno, los incentivos y medidas proteccionistas aplicados por los gobiernos de algunos países industrializados, y los vaivenes de la guerra comerciales sino-estadounidense, proyecta una reducción en los flujos de inversión hacia países en desarrollo como Guatemala. De hecho, nuestro país es de los que menos inversión hace en todo el mundo, tanto por parte de los agentes económicos nacionales (empresas y gobierno, que apenas invierten menos del equivalente al 15% del PIB), como de los extranjeros (cuya inversión directa no supera el 1% del PIB).

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas. Algunas de estas condiciones, las de carácter macroeconómico, parecen estar presentes en Guatemala: inflación bajo control, niveles relativamente bajos de pasivos en moneda extranjera, un régimen coherente de política monetaria y un déficit fiscal tolerable. Estas son condiciones que las autoridades monetarias y fiscales deben preservar. Pero hay otras condiciones, más de carácter institucional, cuya ausencia explica las razones verdaderas por las cuales nuestro país es tan poco atractivo para la inversión.

La debilidad institucional impide que exista y se respete una política pública para el tratamiento de la inversión extranjera; las escasas obras públicas que se construyen carecen de la calidad y la magnitud que el país requiere; y, el necesario marco reglamentario e institucional para regular las consultas a las comunidades indígenas brilla por su ausencia. Y en el Congreso, en vez de avanzar con la aprobación de leyes como la de estabilidad jurídica para las inversiones, la de infraestructura vial, la de insolvencias o la de arrendamiento financiero –que darían un marco de certeza económica-, tiran a la basura el primer proyecto de alianza público-privada que conoce el Pleno (en vez de corregirlo, que era lo que correspondía hacer si le habían encontrado debilidades).

Pareciera que, hoy por hoy, las prioridades en materia de apoyo a la inversión no están nada claras. Mientras tanto, los inversores no tendrán más opción que adoptar una actitud de mucha precaución y pospondrán sus decisiones hasta que exista una mayor claridad sobre las políticas respecto de la inversión que adoptará el gobierno entrante a partir de enero.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

Incertidumbre, Desconfianza e Inversión

Sin certeza y confianza no hay inversión posible. 

La inversión (definida como aquella parte del ingreso nacional que se destina a la construcción de infraestructura física o a la adquisición de maquinaria y equipo) es un factor esencial para el crecimiento económico y para mejorar los niveles de vida de la población. En Guatemala, la inversión es dramáticamente baja: el año pasado, la formación de capital (inversión) representó menos del 15 por ciento del PIB, muy inferior a lo que en promedio se invierte, por ejemplo, en Latinoamérica (22 por ciento) o en las economías emergentes (33 por ciento).

Lo que es peor, la inversión en nuestro país muestra una tendencia claramente descendente: hace veinte años representaba más del 20 por ciento del PIB. En ese periodo, la inversión pública (carreteras, hospitales, escuelas) se ha desplomado, aunque también lo ha hecho la inversión privada; la proporción de la inversión extranjera directa dentro del PIB es a penas de un 4 por ciento y con tendencia a disminuir. Así, las posibilidades de crecimiento y generación de empleos se reducen enormemente.

Los expertos vienen señalando desde hace tiempo que el bajo nivel de confianza de los inversionistas en el país, junto con los cuellos de botella institucionales y la incertidumbre, explican los bajos niveles de inversión en el país. Y los indicadores de confianza continúan deteriorándose: el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala mostró en febrero una nueva caída y sigue estando por debajo del 50 por ciento desde hace casi dos años. Y los índices de gobernanza y de clima de negocios continúan siendo muy bajos comparados con los de otros países.

Es extensa la literatura que subraya cuán importantes son las expectativas para determinar las decisiones de inversión. El año pasado, un estudio del Fondo Monetario Internacional para Guatemala indicaba que la falta de confianza de los inversionistas y la incertidumbre eran, junto con las condiciones económicas internacionales, las principales razones de la baja inversión. Curiosamente, esos factores resultan en nuestro país mucho más decisivos para las decisiones de inversión que el nivel de las tasas de interés o el costo de la mano de obra.

De ahí la importancia que tiene la existencia de un estado de derecho, con instituciones eficientes y creíbles que brinden la certeza jurídica indispensable para un adecuado clima de negocios. En el largo plazo, esto implica ineludiblemente una reforma institucional profunda del Estado, con todo lo que ello implica. En el corto plazo, el proceso electoral de 2019 plantea un escenario en el que no se vislumbra una reducción en la desconfianza ni en la incertidumbre; no al menos durante la campaña electoral que se adivina turbulenta y polarizada. Ojalá los partidos en contienda y, especialmente, el Tribunal Supremo Electoral se den cuenta de la enorme responsabilidad que tienen en sus manos y que, finalizada la campaña electoral, logren llevar el barco de la democracia a buen puerto. De ello dependerán las decisiones económicas que determinarán el bienestar futuro de los guatemaltecos.

Desempleo, Subempelo... y el INE

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula

La más reciente Encuesta de Empleo e Ingresos –ENEI- publicada por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, correspondiente a diciembre de 2018 y da cuenta de que la tasa de desempleo de Guatemala es de un 2.8% de la Población Económicamente Activa –PEA-, nivel ligeramente superior al de 2.7% registrado en 2017, con un mayor nivel de incidencia en el Área Metropolitana del país.

Esta tasa de desempleo resulta baja si se le compara con la de la mayoría de países; sin embargo, su bajo nivel esconde un problema más grave: el subempleo. En Guatemala el subempleo (una de las manifestaciones de la economía informal) hace las funciones de lo que sería un seguro de desempleo para aquellos que carecen de acceso a puestos de trabajo en el mercado formal. De manera que un indicador más realista de la situación estructural del mercado laboral en Guatemala sería la tasa de subempleo visible, también publicada en la ENEI, que en 2018 ascendió a 10.0%. Si sumamos ambas tasas, el desempleo tácito en nuestro país sería de un 12.8% (más análogo al de otros países).

La tasa de desempleo es, en los países civilizados, uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. El aumento del desempleo es un signo de una economía débil, con un crecimiento lento y poco gasto, que podría provocar la acción del gobierno con medidas fiscales que busquen reducir el desempleo e impulsar la economía. Por el contrario, si el empleo está aumentando y la economía está creciendo, eso podría causar temores de inflación y el banco central, con un mandato de controlar la inflación, podría elevar las tasas de interés para desacelerar una economía sobrecalentada. Por ejemplo, el año pasado el PIB de Guatemala creció muy poco, lo cual habría impedido incrementar significativamente la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que se agrega cada año al mercado; si tuviésemos un indicador confiable de desempleo, se podrían haber tomado decisiones oportunas de política económica.

El problema es que no tenemos ese indicador. La ENEI es la única información oficial respecto del empleo a nivel nacional, y no es confiable. En los países avanzados los datos de desempleo se publican mensualmente. En Guatemala, el INE no calcula ni publica la ENEI de manera periódica, por lo que los datos más recientes no son comparables con los de periodos previos. Lo que es peor, antes la ENEI se hacía dos veces al año y ahora, por falta de fondos, solo se realiza una vez al año.

No contar con datos de empleo de forma periódica, técnica y confiable es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que se le daría en cualquier Estado digno. Un primer paso inicial para reformar el INE es darle la autonomía funcional y financiera necesaria para su eficaz funcionamiento -y para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como la ENEI)-, tal como está previsto en una iniciativa de ley (la número 5329) que hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

Economía: Prepararse para el Chubasco

Algunos riesgos se ciernen sobre el panorama económico internacional y el panorama electoral nacional, que pueden afectar el desempeño de nuestra economía, que ya se encuentra desacelerada. Es momento de plantear una estrategia de política económica

El desempeño de la economía guatemalteca en los últimos cuarenta años ha sido mediocre si se le compara con el de otros países de similar tamaño e ingresos. Las principales causas de tal mediocridad son los bajos niveles de inversión y de productividad que se derivan de un ambiente de negocios turbio y de una institucionalidad pública débil e incapaz de proveer a la sociedad de los bienes públicos que son esenciales para que una economía sea funcional. Como resultado, el ingreso per cápita del país ha estado estancado por décadas. En adición a estos problemas estructurales, ahora resulta que la economía está más desacelerada de lo habitual. El Banco de Guatemala ha revisado a la baja su predicción de crecimiento económico para 2018.

Las causas de esta desaceleración se encuentran en los bajos niveles de confianza de los consumidores y de los inversionistas (según lo muestran diversos índices) ante la aparente ausencia de una agenda priorizada de desarrollo económico, así como la caída en la producción de ciertas actividades que solían ser las más dinámicas (como la producción minera o la generación hidroeléctrica) pero que se han visto afectadas por la falta de certeza en los casos judiciales en que se han visto envueltas. A ello se agrega la ralentización que desde 2015 afecta el gasto gubernamental y la inversión pública, así como la desaceleración que han empezado a experimentar las remesas familiares (que son el combustible que activa el consumo de los hogares, principal motor histórico de la producción nacional).

Encima de esto, se avizoran nubarrones en el horizonte económico. Las tasas de interés están subiendo en los mercados internacionales, encareciendo el crédito hacia los países en vías de desarrollo. La guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios empezará a entorpecer los flujos comerciales y, eventualmente, la producción mundial. Los precios de nuestros productos de exportación están más bajos que los de los insumos que importamos, lo que deteriora nuestros términos de intercambio y reduce nuestro poder de compra. Y, previsiblemente, las remesas familiares seguirán desacelerándose.

A todos estos elementos se agrega la previsión de un año electoral turbulento, con lo que se configura un elevado riesgo de tormentas económicas para 2019. Las señales de alertan están claras y lo que procede es tomar las medidas económicas preventivas que aminoren los riesgos. Esto implica la adopción de un plan económico con componentes de corto plazo (política fiscal y monetaria) que generen una reactivación de la demanda agregada, y con medidas de largo plazo (reformas institucionales y estructurales) que aumenten la inversión y la productividad en nuestra economía para que el crecimiento sea más sólido. Es importante que los hacedores de la política económica empiecen cuanto antes a reparar el tejado, antes de que empiecen a caer los aguaceros.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

El Desencanto con el Capitalismo

El desencanto creciente con el capitalismo plantea un gran desafío para los gobiernos y las empresas: cómo preservar los innegables beneficios del libre intercambio y de la globalización y, al mismo tiempo, como minimizar sus inevitables costos

Al mundo lo recorre una ola de desencanto con el capitalismo y la globalización. Una encuesta reciente en 28 países industrializados da cuenta de que, diez años después de la crisis financiera mundial, un 62% de los entrevistados desconfía de la globalización y un 55% tiene temor de que los inmigrantes dañen la economía y la cultura de su país. Esos porcentajes son aún mayores en los Estados Unidos, donde un 75% cree que el gobierno debe proteger la industria y los empleos locales, anque sea a costa del crecimiento económico. Los países en vías de desarrollo tampoco escapan de esta tendencia.

Es un hecho que el mundo hoy está altamente integrado mediante un flujo continuo de bienes, servicios, capitales, personas e ideas que ha generado una enorme prosperidad: se ha reducido la desigualdad del ingreso entre países (aunque no intra países) y, en los últimos veinte años, la población en situación de pobreza se ha reducido a la mitad a nivel mundial. Los estándares de vida han mejorado en todos los países y, gracias al libre comercio, los consumidores tienen acceso más barato a una mayor cantidad de bienes y, al mismo tiempo, las economías se hacen más productivas al acceder a insumos más modernos y baratos.

Pero también sabemos que la globalización ha acarreado algunos efectos colaterales negativos (como la pérdida de empleos en ciertos sectores o las tensiones sociales generadas por las migraciones) que pueden llegar a opacar todos aquellos beneficios, especialmente si la percepción imperante es la de un sistema capitalista en el que los beneficios del comercio, la tecnología y la globalización se concentran en unos pocos privilegiados, mientras que los costos recaen en los trabajadores no calificados y en los productores locales.

El peligro de tal percepción es que los desencantados pueden elevar al poder, mediante su voto y apoyo, a líderes populistas, nacionalistas y proteccionistas capaces no solo de frenar de tajo los beneficios de la globalización (y de sumir en más pobreza a sus ciudadanos), sino también de generar tensiones geopolíticas que, aderezadas por motivos raciales, religiosos o tribales, pueden desbordarse hacia la confrontación y –si la razón no prevalece- la guerra.

Este peligro plantea un serio desafío a gobiernos y empresas. El Estado debe jugar un rol central para procurar preservar los beneficios de la globalización y minimizar sus costos, haciendo uso de su capacidad de orientar los recursos del país hacia la creación de condiciones propicias para la generación de empleos e inversiones en los sectores más pujantes. Además, debe suavizar y facilitar la movilidad de los trabajadores (entre empresas, sectores y regiones) ayudándolos con asistencia técnica, capacitación, seguros de desempleo y servicios de salud. Pero la mejor respuesta que puede dar el Estado en el actual entorno es la de no dar la espalda al libre comercio e integrarse cada vez más a la economía mundial.

Por su parte, las empresas también deben enfrentar el desafío que plantean los descontentos, en un mundo en que cada vez están más sujetas al escrutinio instantáneo de los consumidores, autoridades, competidores y potenciales inversionistas. Quizá la mejor actitud que pueden tomar las empresas sea la de guiarse por la máxima de Goldman Sachs de ser “codiciosas en el largo plazo”; es decir, ser coherentes en buscar su objetivo de maximizar las utilidades (que, según Friedman, es la principal responsabilidad social empresarial), pero a la vez conscientes de que la sostenibilidad a largo plazo de dicho objetivo pasa porque exista bienestar material y paz social en la sociedad en la que se desenvuelven.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.