Seguridad alimentaria no es lo mismo que
soberanía alimentaria: es muy peligroso confundir estos conceptos
La inaceptable tragedia de la desnutrición en
Guatemala no sólo justifica sino que exige que se apliquen políticas públicas de
seguridad alimentaria, entendida ésta como “el derecho de toda persona a tener
acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una alimentación
adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de
origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para
mantener una vida saludable y activa”.
Esta definición (contenida en la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) es, en términos generales, técnicamente
correcta y adecuada, aunque pueda ser discutible que la alimentación deba ser
“preferiblemente de origen nacional”. En todo caso, sobre tal definición se sustenta
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (vigente desde hace
más de seis años que, no obstante su reconocido buen diseño, no ha contado
nunca con el respaldo político y la priorización gubernamental que las
circunstancias exigen.
Por desgracia, la inadecuada aplicación de la política
de seguridad alimentaria no sólo impide combatir eficazmente la desnutrición,
sino que también hace surgir la tentación de buscar atajos engañosos, tales
como la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. En efecto, en el último
lustro el tema de “seguridad alimentaria” (que busca que cada habitante tenga
suficiente alimento) se ha trocado en propuesta agresivas de “soberanía
alimentaria” (que pretende que cada territorio produzca su propio alimento).
La autosuficiencia alimentaria tendría sentido sólo si
el país de que se trate tiene una ventaja comparativa en producir su propio
alimento. El problema es que la reciente retórica de soberanía alimentaria
alrededor del mundo refleja un claro sesgo de desconfianza contra los mercados;
y ello no sólo por parte de los activistas sino, crecientemente, de los propios
gobiernos que ceden ante las presiones por erigir barreras proteccionistas
contra el libre comercio de granos básicos y otros alimentos.
La historia demuestra que el proteccionismo perjudica
a las mayorías; la propia Europa ha demostrado por décadas que buscar la
autosuficiencia se traduce en ineficiencia y un enorme desperdicio de recursos.
Lejos de seguir gastando millonadas en subsidios a los agricultores menos eficientes,
lo que los gobiernos deben procurar es mejorar la productividad agrícola para
alimentar los más de 8 millardos de habitantes del planeta. Ello requiere que
existan mercados y comercio eficientes.
El proteccionismo, que es parte esencial de la
“soberanía alimentaria”, reduciría la oferta de alimentos y agravaría los
problemas de desnutrición. Los que abogan por la autarquía deberían reflexionar
sobre los millones de hambrientos generados por esa clase de políticas en Corea
del Norte. Además, los alimentos cuyos precios internacionales han registrado
alzas más agudas en años recientes con aquellos que se comercian relativamente
menos.
La idea de que el libre comercio se opone a la
seguridad alimentaria es claramente errónea. El destacado economista (que no
podría ser catalogado de neo-liberal) Dani Rodrik lo ha expresado claramente:
si los países en desarrollo hubiesen mantenido sus medidas proteccionistas, la
oferta mundial de alimentos habría sido menor –no mayor- hoy en día. (Esto
debido a que el proteccionismo habría llevado a que la producción mundial se
reasignara de exportadores eficientes a importadores ineficientes). Quien esté
en favor de la soberanía alimentaria debe estar dispuesto a vivir con precios
elevados.
La “vía campesina” de la autosuficiencia autárquica y
la “soberanía alimentaria” es contraria a la evolución de las naciones que,
invariablemente a lo largo de la historia, han salido de la pobreza y han
logrado desarrollarse (incluyendo un traslado masivo de trabajadores del sector
agropecuario al sector industrial y de servicios).
Es verdad que hasta hoy las (mal aplicadas) políticas de seguridad
alimentaria y de libre comercio no han sido lo suficientemente efectivas para
conseguir el bienestar material de la población más desposeída. Pero pretender
sustituirlas con políticas proteccionistas, superadas hace décadas por la realidad,
es atentar contra cualquier posibilidad técnica de reducir permanentemente la
pobreza rural.