ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

ELECCIÓN DE CORTES: SABOR A POCO

 El sistema de comisiones postuladoras muestra que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

El desarrollo del país no solo depende de políticas económicas acertadas, inversiones extranjeras o infraestructuras modernas. Un pilar fundamental para el progreso es un sistema de justicia eficiente, compuesto por jueces probos, calificados e independientes que garantice la seguridad jurídica, clave para atraer inversiones y fomentar el emprendimiento. Las empresas y los inversionistas necesitan saber que sus derechos serán respetados, que los contratos se cumplirán y que, en caso de conflicto, podrán recurrir a un tribunal justo. En ausencia de jueces independientes, el temor a decisiones arbitrarias o corruptas ahuyenta el capital y limita el crecimiento económico. Un país donde los contratos no se respetan o la corrupción prevalece no puede sostener una economía robusta y sostenible.

En ese sentido, el recientemente concluido proceso de elección de magistrados de las cortes Suprema y de apelaciones ha dejado una sensación extraña, en la que se mezcla un cierto alivio con una profunda insatisfacción. Alivio, porque esta vez, al menos, se logró cumplir con el mandato de renovar las cortes en los plazos constitucionales y evitar el fiasco de hace cinco años cuando se produjo una aberrante e ilegal prórroga del mandato de los magistrados. Insatisfacción, porque el sistema de elección, basado en las cada vez más fallidas comisiones de postulación, dejó sembradas muchas dudas sobre la capacidad, probidad e independencia de los jueces electos.

Quizá sea momento de reflexionar sobre el error de origen del sistema de comisiones de postulación: la elección de magistrados no puede dejar de ser un proceso eminentemente político. Los redactores de la Constitución Política, al contrario, creyeron que se podía “despolitizar” dicha elección y se inventaron al sistema de comisiones postuladoras. Aunque al principio pareció funcionar, el resultado ha ido de mal a peor a lo largo de los años. En vez de despolitizar la elección, se politizaron y contaminaron profundamente la academia y el gremio. La proliferación de universidades y de egresados es proporcional a la caída en su calidad. Los mejores abogados del foro nacional ni siquiera se plantean postularse. Muchos de quienes resultan electos son representantes de grupos de interés (algunos muy oscuros) y hasta se incluyen parientes de políticos influyentes. Y, lo peor de todo, nadie rinde cuentas a la sociedad de los resultados de tan tortuosa elección.

La solución pasa por una reforma desde lo político

Reconozcamos que en cualquier democracia liberal la elección de magistrados es un acto político que debe estar a cargo de los políticos electos por el pueblo, a quien deben rendir cuenta de sus decisiones. La solución a nuestro disfuncional sistema de comisiones de postulación pasa por una reforma desde lo político que debe incluir como mínimo: que los magistrados no sean electos “en masa”, sino uno por uno, escalonadamente en el tiempo, de manera que el foco y escrutinio de la opinión pública no se disipe como ahora; que se devuelva a los políticos electos por el pueblo la responsabilidad de elegir con consciencia y transparencia a los magistrados; que el plazo de las magistraturas sea más amplio (y también escalonado en el tiempo) para afianzar su independencia respecto de sus electores; que el mandato de los altos magistrados sea eminentemente jurisdiccional y no administrativo para evitar “tentaciones” indebidas. Sin esas reformas jamás tendremos un sistema judicial independiente, que no es solo un requisito para el correcto funcionamiento de la democracia, sino una condición indispensable para el desarrollo económico y social de la nación.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS

 Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral

A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).

La existencia de un régimen democrático basado en elecciones libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos, hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.

Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo está mucho más.

Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala. 

La comunidad financiera internacional resiente que los indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010 al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial ganador) en pleno período eleccionario.

Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los mercados.

El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA CHINA

"EL DESARROLLO DE UN PAÍS ESTÁ LIGADO A LA CALIDAD DE SUS INSTITUCIONES": EN SU RUTA A CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA MUNDIAL, LA ESTRATEGIA DE CHINA HA SIDO PRAGMÁTICA, PERO ENFOCADA EN FORTALECER GRADUALMENTE SU MARCO INSTITUCIONAL

Ahora que los políticos, en plena campaña, están tentados a tomar a China como ejemplo para lograr un desarrollo económico y social pronto y efectivo, conviene comentar el libro "Cómo China escapó de la trampa de la pobreza", de Yuen Yuen Ang, donde la autora explica cómo ese país, partiendo de sus debilidades institucionales -como la corrupción y la inestabilidad de los derechos de propiedad- aprovechó para construir mercados florecientes que, a su vez, ayudaron a fortalecer las instituciones que, a su vez, desarrollaron aún más los mercados y ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza.

Si bien es muy cierto que la experiencia de desarrollo de un país es difícilmente trasplantable a otro, también lo es que siempre es factible derivar algunas lecciones aplicables a otros países en vías de desarrollo que padecen de debilidades institucionales, como la corrupción, la incompetencia de los jueces y de las cortes, y la ineficacia del gobierno para proveer servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad e infraestructura. He aquí hay algunas lecciones del libro que podrían aplicarse a otros países que enfrentan desafíos institucionales similares:

1. No apostar al todo o nada, lo que implica aprovechar las oportunidades para un cambio gradual. En lugar de esperar las condiciones ideales, pueden realizarse mejoras graduales aprovechando los recursos y las capacidades existentes.

2. Fomentar la gobernanza adaptativa; es decir favorecer la capacidad de las instituciones para aprender, evolucionar y responder a las circunstancias cambiantes. Esto implica construir mecanismos que fomenten la adaptación, la flexibilidad y la capacidad de respuesta a los desafíos puntuales. La gobernanza adaptativa permite la identificación e implementación de políticas efectivas a pesar de las debilidades institucionales.

3. Abordar el combate a la corrupción mediante incentivos y transparencia (más que mediante la persecución penal). La corrupción socava la eficacia de las instituciones y obstaculiza los esfuerzos de desarrollo. Para combatirla, pueden implementarse sistemas de incentivos que recompensen la integridad y castiguen las malas prácticas. Las iniciativas de transparencia, como las políticas de datos abiertos y la fiscalización continua, pueden mejorar la rendición de cuentas y reducir las oportunidades de corrupción.

4. Fortalecer los derechos de propiedad, que proporcionan la base para las transacciones económicas, la inversión y el desarrollo del mercado. Se debe trabajar para establecer derechos de propiedad claros y exigibles, asegurando que las personas y las empresas tengan derechos seguros de propiedad y uso. El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomenta el espíritu empresarial, la inversión y el crecimiento económico.

5. Mejorar la eficacia judicial. La incompetencia dentro del poder judicial y los tribunales puede socavar el estado de derecho e impedir el desarrollo. Para abordar esto, se debe invertir en capacitación y desarrollo de capacidades para jueces, fiscales y profesionales del derecho. Además, el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes, la mejora de los sistemas de gestión de casos y la garantía de procesos de resolución de disputas justos y eficientes pueden mejorar la eficacia judicial.

6. Buscar inversiones específicas en servicios públicos esenciales. A pesar de la escasez de recursos fiscales y de las debilidades institucionales, es fundamental priorizar las inversiones en servicios públicos esenciales, como salud, educación, seguridad e infraestructura. Al abordar los desafíos institucionales, los gobiernos deben asignar recursos estratégicamente para satisfacer las necesidades inmediatas y sentar las bases para el desarrollo a largo plazo.

7. Fomentar las alianzas público-privadas puede ayudar a superar las debilidades institucionales y brindar servicios esenciales de manera más efectiva. Las alianzas público-privadas (APP) pueden aprovechar la eficiencia, la experiencia y los recursos del sector privado al tiempo que garantizan la responsabilidad y la supervisión del sector público. Las APP pueden ser especialmente valiosas en el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios. Y,

8. Promover la innovación y el aprendizaje, incluso dentro de las instituciones. Esto implica crear espacios para la experimentación, el intercambio de conocimientos y la colaboración. Los gobiernos pueden apoyar la investigación y el desarrollo, establecer centros de innovación y fomentar redes que faciliten el intercambio de conocimientos entre diferentes actores. 

Evidentemente, es importante adaptar estas lecciones al contexto específico de Guatemala, ya que los desafíos institucionales son distintos a los de China. Además, si bien explotar las debilidades institucionales como punto de partida para crear mercados pudo ser efectivo bajo las particulares circunstancias de China, el objetivo a largo plazo siempre debe ser -tanto para China como para Guatemala- fortalecer las instituciones, mejorar la gobernabilidad y abordar las causas subyacentes de esas debilidades.

Shanghai 1990 / Shanghai 2010

JUECES INDEPENDIENTES

 UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE ES ESENCIAL PARA LA PAZ SOCIAL, LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL DESARROLLO

 Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios -de izquierdas o derechas-. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular decisiones judiciales.

 En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo integral de cualquier país.

 En efecto, un sistema de justicia eficiente e imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política. Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez, crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial pueden florecer.

 Para un país como Guatemala, donde el sistema de nombramiento de jueces y magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y del propio Tribunal Supremo Electoral) es muy frágil y proclive a caer bajo la influencia de los políticos que los nombran, es necesario cobrar conciencia de que un sistema de justicia basado en jueces independientes y profesionales es esencial para promover la estabilidad, reducir la corrupción y propiciar el crecimiento económico.

Reformar el TSE

CONVENDRÍA EMULAR CÓMO FUNCIONAN LOS TRIBUNALES INDEPENDIENTES EN OTROS PAÍSES

Lo peor que le puede ocurrir a un juez es carecer de independencia respecto de los sujetos sobre quienes debe impartir justicia. El Tribunal Supremo Electoral -TSE- lleva   lustros de estar perdiendo gradualmente -por esa y otras razones- la credibilidad y la confianza que otrora inspiraba en la ciudadanía. Los recientes casos de magistrados   que acreditaron cargos académicos de dudosa veracidad para acceder a sus cargos o la decisión de ese tribunal de permitirle a los partidos políticos manejar dinero en efectivo, solo agregan a la pérdida de lustre y credibilidad de la máxima autoridad electoral del país.

Hace tiempo que se hace evidente la necesidad de reformar y fortalecer al TSE, el pilar más importante de nuestro aún joven -y hasta ahora exitoso- sistema electoral. Una reforma muy importante sería quitarle a los magistrados la tentación (a veces obsesión) de dedicarse a ser gerentes y administradores de los recursos (financieros, humanos y físicos) del TSE, cuando esas funciones operativas deberían corresponder a un ente administrativo. Los magistrados deberían concentrarse en ejercer las funciones fundamentales de administración de justicia electoral y establecimiento de estrategias para mantener y mejorar el sistema electoral y de partidos políticos. El TSE debería también estar obligado a rendir cuentas a la nación, lo que debería incluir el someterse, al menos anualmente, a un proceso profesional de auditoría externa.

Otra reforma, aún más importante, tiene que ver con la forma en que se configura el Tribunal: las altas cortes más exitosas en otros países tienen ciertas características que bien valdría la pena emular. Una es que los plazos en el ejercicio del cargo son largos: mientras más dure un magistrado en el cargo, más independiente puede ser respecto de quienes lo eligieron. Otra es la renovación parcial o escalonada del pleno: concentrar los focos de la opinión pública y de los entes electores sobre el nombramiento de un solo magistrado a la vez puede resultar clave para controlar y evitar que fuerzas oscuras se entrometan en el proceso. Y otra característica a emular es la adopción de modelos efectivos para evaluar y designar a los magistrados.

Aunque nuestro sistema de partidos políticos ha colapsado, nuestro sistema de realizar elecciones de forma periódica y democrática es, en contraste, aún funcional y le ha servido bien al país desde que empezó esta era democrática. Sin embargo, con cada elección sufre un deterioro cada vez más alarmante. Para evitar su colapso es imprescindible reforzar la base en la que dicho sistema se sostiene: el TSE. Lo más complejo del asunto es que el ente a cargo de realizar las reformas indicadas es el Congreso de la República, la mayoría de cuyos diputados difícilmente encuentren algún beneficio a corto plazo en tales reformas. En el largo plazo, sin embargo, si no se reforma el TSE nuestra frágil democracia entrará en un franco peligro de colapsar.

UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE

 ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ QUE SE ENFOCARÁ EN ATENDER LAS CAUSAS-RAÍZ DE LA CRISIS

 La detección de más de medio millón de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en el último semestre (incluyendo miles de niños no acompañados) ha posicionado al Triángulo Norte como una de las prioridades de la política exterior de ese país. La vicepresidenta Harris ha declarado que se enfocará en atender las causas raíz que impulsan a los migrantes a huir de nuestros países. Pocas dudas caben de que esas causas se deben a la incapacidad histórica de los Estados del Triángulo Norte para construir naciones estables, prósperas y seguras que brinden oportunidades de progreso a sus ciudadanos.

 La agenda para resolver tal problema puede ser muy compleja y con resultados que solo se apreciarán a largo plazo. Por ello, se hace necesario priorizar algunas acciones de gran impacto que puedan empezar a revertir la crisis actual a corto plazo. A manera de ejemplo -y de reto- sugiero cuatro medidas atrevidas (sobre las que estuvimos conversando hace algunos días con un grupo de amigos analistas) que podrían servir a los gobiernos de la Región, y al estadounidense, para conformar una agenda agresiva de políticas públicas.

 Primero, establecer aduanas especiales, administradas por los Estados Unidos, en los países del Triángulo norte para controlar el comercio con aquel país; ese tipo de aduanas sería similar a las que ya existe en Canadá y podría funcionar aquí en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y servir de proyecto piloto para una eventual reforma del sistema aduanero centroamericano. Segundo, una actualización y ampliación del RD-CAFTA podría servir no solo de marco legal-institucional para viabilizar el esquema de aduanas especiales, sino que, principalmente, podría potenciar el crecimiento económico de la Región a través de una auténtica área de libre comercio con su principal socio comercial (y, de paso, la alejaría de la tentación de caer en el embrujo de la China continental).

 Tercero, una iniciativa de infraestructura física (económica y socialmente estratégica, incluyendo una súper carretera regional), posiblemente vía joint ventures, con una gobernanza que también sirva de piloto para reformar el corrupto sistema público; esfuerzo que podría financiarse con dinero estadounidense inyectado a empresas pre-aprobadas mediante la referida gobernanza, para obras de alta calidad y libres de corrupción. Y, cuarto, una reforma focalizada -pero profunda- del marco institucional para que la Región tenga sistemas judiciales independientes y eficaces, un servicio civil profesional, un gasto público eficiente y bien fiscalizado, y democracias genuinamente representativas. Hablamos de una agenda agresiva que habilite -y obligue- a los gobiernos del Triángulo Norte a empezar a hacer todo lo que se descuidó en las últimas décadas.

CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO

 LA DEBILIDAD FUNDAMENTAL DE LA CC (Y DE OTRAS ALTAS CORTES) ES EL DISEÑO DE SU GOBERNANZA

La vorágine de las últimas semanas en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-, en uno de los procesos más salpicados de dudas, disputas y denuncias de la historia, no solo socava la credibilidad de esa altísima corte (con los efectos perversos que ello ejerce sobre la certeza jurídica en el país), sino que revela un problema de fondo que -pese a lo evidente- suele escapar de los debates políticos sobre el tema: el inadecuado conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de las cortes de justicia en el país (es decir, su deficiente estructura de gobierno corporativo).

Muchas de las debilidades del proceso de elección de magistrados de la CC tienen que ver con su gobernanza institucional: el despropósito de cambiar a todos los magistrados simultáneamente; los periodos muy cortos de ejercicio en el cargo; la falta de claridad respecto la acreditación de méritos de los aspirantes; y, la falta de claridad sobre sus funciones. Al corregir estos defectos de diseño sería posible mejorar sustancialmente la independencia y la excelencia (las dos características fundamentales) de los magistrados, sin evadir el hecho inevitable de que su elección y nombramiento es un acto eminentemente político.

En efecto, en virtud de la naturaleza inevitablemente política de los nombramientos, los magistrados no deberían ser electos simultáneamente, sino que en forma escalonada para garantizar que los entes (políticos) que participen en el proceso tengan ascendente sobre solo uno de los electos, ya que una elección focalizada (escalonada) potenciaría los frenos y contrapesos internos en cada cuerpo elector e impediría las dinámicas de repartición de cuotas que suelen darse cuando se eligen todos los magistrados a la vez. Por otra parte, ampliar los plazos de cada magistratura (como es común en la mayoría de países civilizados) permitiría distanciar a los jueces respecto de quienes los nombraron, potenciando su independencia.

Simultáneamente debe establecerse un método de elección de magistrados en que se califique su capacidad, experiencia y mérito profesional, de forma que solo pueda nombrarse a los mejor calificados. Igual de importante es restringir el mandato de los magistrados al campo jurisdiccional y específicamente constitucional: deben administrar justicia y no recursos, de manera que los temas administrativos y de gestión institucional deberían estar a cargo de instancias técnico-gerenciales que impidan caer a los magistrados en distracciones -y tentaciones- indebidas. Este es el tipo de reformas que deben discutirse y consensuarse para evitar que en futuro se repitan los bochornos de las últimas semanas.

Falta Crear Oportunidades

 MÁS QUE “MARCA-PAÍS”, NECESITAMOS UN ESTADO DE DERECHO

Guatemala no solo es el país con la tasa de formación de capital fijo (inversión) más baja de Hispanoamérica, sino que es uno de los países que menos inversión extranjera atrae en la Región. La semana pasada se publicó el Índice Global de Oportunidades, del Milken Institute, que evalúa 145 países para medir su potencial atractivo para los inversionistas extranjeros. De los veinte países rankeados en Latinoamérica, Chile ocupa el puesto número 1 (36 a nivel mundial) con mayor potencial para atraer inversiones, seguido de Uruguay (48 en el mundo) y Costa Rica (55). Guatemala solo ocupa el puesto 11 en la Región (97 en el mundo).

Este índice se compone de cinco categorías y catorce subcategorías que miden los factores económicos, financieros, legales, regulatorios e institucionales que, en conjunto, determinan el panorama de inversiones de un país. Guatemala califica relativamente bien solamente en la categoría de Estándares Internacionales y Políticas, que mide cuán integrado está el país a la comunidad internacional y cuánto se ajusta a las normas internacionales; ahí ocupamos el puesto 9 en Latinoamérica (77 en el mundo). En las otras cuatro categorías no nos va tan bien.

En la categoría de Servicios Financieros, que mide la profundidad y el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, aunque no estamos tan mal a nivel mundial (puesto 88), sí lo estamos a nivel latinoamericano (16). En la categoría de Marco institucional -que captura la medida en que las instituciones ayudan a la actividad empresarial mediante la transparencia, la innovación, la protección de los derechos de los inversionistas y la gobernanza pública- no calificamos bien a nivel regional (puesto 12) ni mundial (106).

En la categoría de Fundamentos Económicos -que captura las perspectivas de crecimiento de la producción, el talento de la fuerza laboral y el potencial para la innovación- también nos mostramos muy mediocres (puesto 15 en Latinoamérica y 101 mundial). Y el peor desempeño lo tiene Guatemala en la categoría de Percepción de Negocios -que mide las limitaciones que enfrentan las empresas, así como la viabilidad y certeza jurídica para que las empresas resuelvan conflictos de todo tipo-, donde ocupamos puestos muy bajos (14 regional y 123 mundial)

Lo que a fin de cuentas refleja este índice es que, para atraer inversiones hacia Guatemala, no basta con identificar algunos sectores potencialmente “ganadores” y vendérselos a los posibles inversionistas. Ni basta con mejorar la “marca-país” hablando de nuestras bellezas naturales y culturales. Y, aunque necesario, tampoco es suficiente mantener la disciplina macroeconómica. Ante todo, el índice revela que los principales desafíos para los inversionistas se asocian a la falta de un marco legal sólido, transparente y predecible, incluyendo un sistema judicial eficaz y confiable. Por ello es imperativo tomar medidas concretas para fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y generar confianza. Sin ello, ni la inversión ni el desarrollo serán posibles.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.

Enfocarse y Priorizar

¿CUÁN DIFÍCIL ES ENFOCARSE EN LO IMPORTANTE Y PRIORIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

La semana pasada se señaló en este espacio que las instituciones son un factor esencial del crecimiento económico y, consecuentemente, que los esfuerzos para reformarlas y fortalecerlas deberían ser centrales en la estrategia de desarrollo nacional. También se destacó, sin embargo, que los resultados de tales esfuerzos solo llegan a verse en el mediano plazo, razón por la cual la reforma institucional no suele estar entre las prioridades de los líderes políticos del país. Por otra parte, también la semana pasada el gabinete económico presentó -¡por fin!- un plan para la reactivación económica, compuesto por más de sesenta medidas que, ojalá, puedan implementarse rápidamente, aunque casi seguramente se toparán con la sempiterna incapacidad de ejecución del aparato estatal (que se ha hecho aún más evidente durante la pandemia).

Por ello, en tanto los poderes del Estado se animan a emprender las necesarias reformas institucionales, y en tanto la maquinaria gubernamental logra afinarse para impulsar las múltiples acciones de reactivación anunciadas, quizá algo más pragmático y racional sería centrarse en gestionar un conjunto más acotado y manejable de prioridades qué sí puedan hacer una diferencia positiva en las posibilidades de progreso del país.

Una de las primeras lecciones que aprenden los estudiantes novicios de economía es que las necesidades (personales, empresariales o gubernamentales) son infinitas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas son finitos. De ahí surge la exigencia de que esos recursos escasos (el oikos) deban gestionarse con prudencia y disciplina (el nomos). Para nadie es un secreto que los recursos (financieros, humanos e institucionales) de los que dispone un Estado como el guatemalteco son extremadamente escasos, por lo que debería caer de su peso que es imposible para cualquier gobierno resolver todos los problemas del país al mismo tiempo.

Otro gallo le cantaría a Guatemala si los gobiernos, en vez de pretender satisfacer todas las demandas sociales simultáneamente (lo cual es imposible, especialmente con un aparato público famélico y disfuncional), se enfocaran en proveer los cuatro servicios públicos esenciales que necesitan la economía y la sociedad para operar con un mínimo de eficiencia. Primero, la atención primaria en salud y la nutrición infantil, aspectos cuyo fortalecimiento es fundamental en la lucha contra la pandemia en los próximos meses. Segundo, la educación primaria, que es esencial para proveer oportunidades para todos y aumentar la productividad sistémica. Tercero, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia, sin las cuales continuará imperando la incertidumbre jurídica y el caos social. Y, cuarto, la infraestructura física que provea las comunicaciones y la energía que se requieren para que los intercambios económicos y sociales fluyan con abundancia.

Enfocarse en esos pocos temas, priorizar los recursos hacia su atención y perseverar en no desviarse de esas prioridades siempre ha sido un desafío para cualquier gobierno. Un sistema político desnaturalizado y una persistente miopía de sus líderes hacen muy difícil superar tal desafío. Tampoco ayuda que la opinión pública carezca de una agenda estratégica y que las élites tengan múltiples objetivos dispersos. Si eso no cambia -y si continuamos como sociedad sin enfocarnos en resolver esos cuatro temas esenciales- el gasto gubernamental (financiado con recursos provenientes de los impuestos actuales y del endeudamiento público que deberá pagarse con impuestos en el futuro) seguirá siendo, esencialmente, un desperdicio.

La Mora Judicial Frena la Economía

La administración de justicia (al igual que la seguridad ciudadana o la salud pública) es un servicio público esencial que no debe suspenderse durante la pandemia

En reacción a la pandemia, las autoridades del Organismo Judicial -OJ- han reducido significativamente las actividades de los juzgados y han pospuesto los plazos legales mientras dure el estado de calamidad. Aproximadamente el 70% del sistema de justicia se encuentra paralizado. El porcentaje es cercano a 100% en el caso de los procesos civiles y mercantiles Si una persona desea ejecutar un contrato, una hipoteca, un préstamo, un divorcio, una demanda laboral, o un desalojo, difícilmente encontrará un tribunal que pueda conocer su caso.

La paralización de los juzgados agudiza los ya graves impactos económicos de la pandemia, ya que el sistema de justicia es esencial para el intercambio económico. El mercado inmobiliario, los contratos mercantiles y la creación de nuevos negocios se afectan por la paralización de los órganos judiciales. Sin un sistema de justicia eficiente, será imposible que aumente la inversión. En particular, el sistema bancario y el flujo de créditos puede verse muy afectado por la parálisis del sistema de justicia.

A diferencia de Guatemala, las cortes alrededor del mundo están innovando sus formas de trabajo para mantener al sistema funcionando, al tiempo que protegen la salud de las personas: utilizando videoconferencias para llevar a cabo audiencias; permitiendo a jueces, defensores y fiscales trabajar de forma remota; emitiendo leyes para evitar el colapso de los tribunales; autorizando la firma electrónica para iniciar demandas por internet; permitiendo a los jueces utilizar plataformas en línea para acceder a los expedientes, etcétera. Guatemala debería -con urgencia- seguir estos ejemplos para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a una justicia pronta y cumplida.

Cabe recordar, como antecedente, que la Corte de Constitucionalidad emitió en 2016 un reglamento para el funcionamiento de los servicios electrónicos que permite presentar memoriales de forma electrónica, digitalizar documentos, firmar electrónicamente las resoluciones, notificar electrónicamente a las partes, y contar con un archivo digital. Por alguna extraña razón, el OJ se ha quedado atrasado y, a pesar de la evidente necesidad, no ha sido capaz de emitir un reglamento que permita que las distintas actuaciones judiciales se lleven a cabo de forma electrónica.

Pareciera no haber conciencia de que la administración de justicia es un servicio público esencial: ante algún brote de contagios, la única solución que parecen ver las autoridades del OJ es cerrar más tribunales (es como si la policía decidiera suspender actividades con la excusa de que algunos agentes están contagiándose). La solución no es cerrar el servicio, sino adaptarlo a las circunstancias. Eso es precisamente lo que plantea la Iniciativa de Ley 5774 presentada hace algunas semanas al pleno del Congreso (donde tampoco parece existir conciencia de la importancia y urgencia de dictaminarla y aprobarla).

Esa ley obligaría al OJ a emitir medidas reglamentarias que den vida a una plataforma informática para presentar y dar seguimiento a todo tipo de escritos que deban presentarse ante los órganos jurisdiccionales de toda la República, así como para habilitar que los procesos en materia laboral o de familia puedan realizar audiencias telemáticamente. No se justifica que el OJ y el Congreso tarden tanto en tomar acciones en un tema cuya solución es relativamente sencilla y cuyos efectos positivos sobre el golpeado aparato económico pueden sentirse en el muy corto plazo.

Sector Justicia: Vacuna y Medicina

La falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios

El covid-19 ha obligado a familiarizarnos con las enfermedades catastróficas y con los remedios para enfrentarlas. En estas circunstancias puede ser ilustrativo comparar la precariedad de nuestro sistema de Justicia con las características de una pandemia. El sector justicia de Guatemala padece una grave enfermedad: muchos jueces no son imparciales ni independientes, muchos responden a compromisos personales o de grupo, otros son propensos a la corrupción y al tráfico de influencias, y un gran número de ellos carece de un nivel académico y profesional apropiado. El resultado es la precariedad de una justicia que ni es pronta, ni es cumplida.

Contrario a la creencia generalizada, esa precariedad no se debe tanto a la politización en la elección de jueces y magistrados (ese proceso es siempre -querámoslo o no- un acto político), como al rudimentario diseño de gobernanza institucional de las cortes, que las hace proclives a la mediocridad y a su captura por parte de grupos de interés. Del mismo modo que al covid-19 solo podremos vencerlo cuando apliquemos un medicamento idóneo y una vacuna específica, la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios.

Para el efecto, un medicamento idóneo es escalonar la renovación de los plenos; es decir, cambiar el sistema actual en que los plenos de magistrados de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) se eligen todos simultáneamente. Si los magistrados se eligieran uno por uno, se obligaría a los entes nominadores a llegar a acuerdos, se evitaría la “repartición de cuotas” entre nominadores, se fortalecería el proceso de escrutinio de los candidatos y se facilitaría la indispensable vigilancia de la opinión pública sobre el proceso de elección. Esto está demostrado en muchos países con sistemas judiciales sólidos, independientes, imparciales y eficaces.

Por otro lado, la vacuna para prevenir la captura del sistema judicial se obtiene ampliando el periodo del mandato de los magistrados. Los países con mayor independencia judicial son aquellos en los que el plazo de las judicaturas es mayor, debido a que el paso del tiempo (y la certeza de permanencia en el puesto) permiten que los jueces se distancien de quienes participaron en su nombramiento, así como de los grupos de interés involucrados en el proceso. Un nombramiento por 15 años o más, fomentaría el criterio independiente e imparcial de los jueces magistrados.

Se sabe que la propuesta de reforma constitucional al sector Justicia anunciada por el presidente Giammattei incluye propuestas tanto para escalonar la renovación de magistrados (aunque aparentemente solo de la Corte Suprema), como para ampliar los períodos de las magistraturas (aunque aparentemente solo hasta diez años). Si además incluyera una mejora al proceso de nominación de candidatos que privilegie los méritos y la carrera, podríamos decir que estaría bien encaminada. La duda, claro está, radica en el momento. San Ignacio de Loyola prescribía: "en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente”. De manera que, si bien la necesidad de fortalecer el sector justicia aconseja reformar la Constitución, la prudencia sugiere conducir el proceso de reforma con calma y sabiduría, permitiendo una sana discusión que genere un texto técnicamente bien logrado y favorezca el apoyo popular necesario para su aprobación final.

Quién Elige a los Jueces

La inclusión de una mayoría de “académicos” en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los diputados constituyentes incluyeron varias de estas buenas intenciones en la Constitución Política de la República que, con el correr de los años, se han convertido en pesados lastres para el progreso del país. La semana pasada comentamos, por ejemplo, los graves problemas fiscales que hoy generan los bienintencionados situados constitucionales que le asignan un importante porcentaje de los impuestos a un pequeño número de privilegiadas entidades estatales. Otra de esas buenas intenciones que pavimentan nuestro infierno es la elección de magistrados del Organismo Judicial mediante el fracasado mecanismo de las comisiones de postulación.

Ser magistrado de la Suprema o de sala de apelaciones entraña un gran poder (pues deciden, por ejemplo, quién puede participar o no en las elecciones, cuándo debe cerrar operaciones una empresa, o si procede concede prisión preventiva a un acusado). Se trata, en consecuencia, de cargos muy apetecidos y su elección muy susceptible a vicios tales como el tráfico de influencias. Por desgracia, el sistema de comisiones de postulación ha probado ser tanto o más susceptible a estos vicios que la elección directa por parte de los políticos electos (que es lo habitual en democracias avanzadas). 

La bienintencionada inclusión de una mayoría de “académicos” -decanos de Derecho, un rector universitario, y miembros del Colegio de Abogados- en las comisiones de postulación, lejos de lograr elevar el nivel de éstas, rebajó el de los entes supuestamente académicos. Algunos decanos encontraron que, si facilitaban la obtención de títulos de abogado, podrían extender su base de apoyo, tanto en las facultades de derecho como en el Colegio. Así, se elevó la cantidad y se redujo la calidad de los nuevos abogados. Las facultades de derecho empezaron a proliferar como hongos fantasmas. Las elecciones para la decanatura de Derecho o para el directorio del Colegio se han convertido en bacanales donde lo que menos importa es la propuesta y la academia. Los electos suelen gozar de becas en el exterior, patrocinadas por “mecenas” que buscan traficar influencias en las cortes. De ahí que es poco probable que de las comisiones de postulación surjan magistrados eruditos, probos e independientes.

Ante la propensión de los estamentos políticos a buscar (por medios legítimos e ilegítimos) los favores de los magistrados, el remedio (que buscaba impedir que los políticos escogieran a los jueces) resultó peor que la enfermedad: la idea de las comisiones de postulación académicas sucumbió ante la propia corrupción que buscaba impedir. Por mucho que el guatemalteco desconfíe de los políticos, es necesario percatarse de que (tal como sucede en las democracias avanzadas) son estos (habiendo sido electos democráticamente) quienes deben ejercer la representación del pueblo y asumir la responsabilidad de elegir directamente a los magistrados, fiscalizarlos permanentemente y velar por que sean capaces e independientes. Si los políticos no cumplen con esta responsabilidad, debe ser el pueblo soberano quien los penalice en las siguientes elecciones. Las comisiones de postulación, en cambio, no responden ante nadie.

Los Siete Pecados de la Sociedad

La ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

En octubre de 1925, Mahatma Gandhi publicó en un periódico de su India natal una lista de lo que consideraba las siete actitudes sociales –que podríamos llamar “anti instituciones”- que debilitan, socavan y, finalmente, destruyen las posibilidades de convivencia pacífica y de prosperidad material de cualquier país. Estos siete pecados sociales –que reflejan la pérdida de los valores esenciales, de las virtudes personales y de la ética; es decir, un deterioro de la cultura de las naciones- están evidentemente presentes en nuestra realidad cotidiana y amenazan con destruir nuestras posibilidades de desarrollo.

Uno, la política sin principios: nuestro sistema político se ha deteriorado continuamente, al punto que el principal incentivo por el cual las personas se involucran en la política partidista parece ser la búsqueda de enriquecerse –legal o ilegalmente- mediante el control de los recursos del erario público. Un resultado nefasto de este pecado es que las personas éticas y con principios prefieren alejarse del quehacer político, dejando la cancha libre a los menos capaces y más corruptibles. Dos, la riqueza sin trabajo: nuestra tendencia a celebrar al más listo, al que evade impuestos, al que piratea la señal de cable del vecino, al que se hace rico de la noche a la mañana con un negocio turbio, aunada a la ausencia de justicia, han normalizado el parasitismo social.

Tres, el placer sin responsabilidad: cuando no va acompañada del ejercicio de la responsabilidad, la legítima búsqueda del goce personal degenera en vicios que en última instancia causan costos a toda la sociedad (ya sea por los costos médicos, por el tiempo laboral perdido o por los daños ambientales que tales vicios generan). Cuatro, los negocios sin moral: el incumplimiento de contratos, la deslealtad al competir, la búsqueda de privilegios y “conectes” con el gobierno son todas prácticas que han proliferado, dañando gravemente el clima de negocios y la eficiencia de la economía.

Cinco, la ciencia sin humanidad: se ha hecho común emitir estudios técnicos (de impacto ambiental, de supervisión de obras públicas, de calidad de medicamentos) que utilizan la ciencia con fines perversos que acaban por infligir un severo daño a toda la ciudadanía. Seis, la religión sin sacrificio: el evangelio de la prosperidad y el de la licencia para pecar –ante la misericordia divina que todo lo perdona- generan un divorcio entre la fe que se dice profesar y la vida que se vive, lo cual termina por convertir a las iglesias en instrumentos al servicio de ladrones y corruptos. Y siete, la educación sin carácter: un magisterio no solo mal preparado, sino que más interesado en obtener privilegios sin esfuerzo que en formar a la niñez, es una receta para inculcar mediocridad y falta de carácter en las generaciones futuras.

La proliferación de estos siete pecados socava las instituciones gubernamentales, pero, al mismo tiempo, la debilidad de esas instituciones fomenta que tales pecados se cometan cada vez con más impunidad, configurando así un perverso círculo vicioso. Es cierto que una reforma institucional no es garantía de nada, pero también lo es que la ausencia de instituciones sólidas y eficaces sí es garantía del deterioro ético y moral de la sociedad, así como del fracaso de los países.

SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO

La debilidad institucional disminuye la productividad del país

¿Qué impide que en Guatemala surjan más empresas nuevas, crezcan más las que ya existen y se generen más oportunidades de trabajo? Cuando se les pregunta a los empresarios chapines cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios, las culpas no recaen en factores macroeconómicos (como podrían ser tasas de interés elevadas, poco acceso al crédito, alta inflación, impuestos altos o inestabilidad cambiaria), sino que en una serie de factores (criminalidad, corrupción, ausencia de políticas públicas, baja calidad de los servicios gubernamentales) que revelan una enorme debilidad de las instituciones del Estado y que han sido el principal obstáculo para hacer negocios en el país durante las últimas dos décadas.

La debilidad e incapacidad de las instituciones deriva en una gobernanza endeble y disfuncional que socava las posibilidades de desarrollo económico. La pobre gobernanza conlleva una inadecuada provisión de servicios públicos básicos, tanto en materia de salud y educación –base del capital humano que el país requiere-, como de seguridad, justicia e infraestructura -indispensables para un eficiente intercambio de bienes y servicios-. Lo anterior, aunado a una elevada precepción de corrupción, le resta al gobierno la credibilidad necesaria para recaudar los recursos tributarios que, a su vez, se requieren para financiar los referidos servicios públicos que la economía reclama para funcionar bien.

En segundo lugar, la debilidad institucional disminuye la productividad del país pues hace que las empresas sean menos eficientes y tengan menos incentivos para crecer e innovar. Además, la débil gobernanza provoca que la infraestructura física sea insuficiente e ineficiente, lo que limita la productividad de las empresas. Y, encima de eso, el hecho de que las instituciones estatales sean ineficientes conlleva un incremento en el costo de hacer negocios y hace que la obtención de retornos sobre cualquier inversión sea muy incierta, lo cual desincentiva a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Las calificadoras internacionales de riesgo-país también coinciden en que la debilidad institucional es el principal factor de riesgo de Guatemala y que la fragilidad de la gobernanza está más acentuada en las áreas del imperio de la ley y de la efectividad del gobierno, cuyos indicadores no han mejorado en los últimos diez años. No resulta sorprendente, entonces, que la formación de capital fijo (inversión en infraestructura y maquinaria) esté estancada desde hace muchos años en cifras que no logran exceder del 15 por ciento del PIB, porcentaje significativamente más bajo no solo que el promedio mundial y el latinoamericano, sino más bajo también que el de todos nuestros vecinos centroamericanos.

Es menester, pues, que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso que tomarán posesión en enero cobren conciencia de que el fortalecimiento institucional -a través de una reforma del Estado: servicio civil, sector justicia, control del gasto público, sistema político, etcétera- es una prioridad no solo por razones políticas sino, principalmente, por razones económicas. Sin instituciones sólidas y eficientes, y sin una buena gobernanza, será imposible que haya crecimiento económico, generación de empleos y prosperidad social.

Y los Brazaletes ¿Para Cuándo?

El (ab)uso de la prisión preventiva está tan extendido que se estima que más del 48% de la población carcelaria aún no ha sido condenada. El uso de los brazaletes electrónicos podría (como lo hace en los países avanzados) paliar el cuasi colapso del sistema penitenciario. Pero con todo y que existe una ley vigente, los brazaletes brillan por su ausencia

No hace falta ser un gran jurista para comprender el principio de presunción de inocencia que debe privar en cualquier proceso penal. Ni siquiera hace falta haber estudiado Derecho para entenderlo. Basta con haber visto alguna noticia sobre un litigio en algún país desarrollado o, incluso, con haber visto alguna película estadounidense o europea en la que se escenifica un juicio para saber que cualquier acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales.

Por ello, lo normal debe ser que el acusado permanezca en libertad (con algunas restricciones razonables de movilidad) durante la realización del juicio. Solamente dos razones justifican que el juez envíe a un acusado (que, no lo olvidemos, se presume inocente) a prisión preventiva: una es que exista un claro peligro de que el acusado se fugue y, la otra, que exista un riesgo de que el acusado pueda obstaculizar o perjudicar las pesquisas. En ningún caso la prisión preventiva debe usarse para castigar a un sospechoso por presunciones o por sus antecedentes.

No obstante lo anterior, en toda Latinoamérica (y Guatemala no es la excepción) los jueces (presionados por una opinión pública desesperada con los elevados índices delincuenciales) parecen estar abusando del recurso de la prisión preventiva. Se estima que su uso es tan extenso que el 40 por ciento de la población carcelaria en la región se encuentra en prisión preventiva. Ese porcentaje, según algunos expertos, se eleva a un 48 para el caso de Guatemala, lo cual complica aún más la precaria situación de un sistema penitenciario desbordado que ofrece condiciones inhumanas a los reclusos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva no solo es violatorio de los derechos fundamentales, sino que es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho.

Para revertir esta situación es necesario trabajar en tres ámbitos. El primero es el marco legal para asegurar que los procesos judiciales y sus plazos se cumplan en respecto del principio de presunción de inocencia. El segundo es el ámbito cultural, que incluya un cambio en la mentalidad de los juzgadores y de la opinión pública (para que cobren conciencia del carácter excepciona de la prisión preventiva). Y el tercer ámbito es el operativo, que incluye la provisión de recursos adecuados al sector justicia y la aplicación de mecanismos tecnológicos que minimicen los peligros de fuga y de obstaculización de las investigaciones.

Entre estos mecanismos destaca el uso de brazaletes electrónicos por parte de los acusados. Resulta inadmisible que habiendo sido aprobado el uso de tales brazaletes mediante una ley emitida hace dos años (Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal), aún no se esté utilizando en nuestro país. La desidia e ineficiencia de las autoridades correspondientes (que, hasta hoy, han sido incapaces de contratar y reglamentar el servicio de brazaletes electrónicos) está contribuyendo al colapso del sistema penitenciario y ocasionando verdaderas tragedias humanas entre las personas (inocentes, hasta que sean vencidos en juicio) privadas preventivamente de su libertad.

A Más Confrontación, Menos Inversión

Vivimos tiempos difíciles. La transición de una cultura de impunidad y corrupción a otra donde imperen la ley y el estado de derecho es complicada. Se requiere de madurez y disposición a dialogar, cualidades sociales muy escasas estos días.

El clima de polarización y confrontación en el país se ha acentuado peligrosamente. La comunicación entre personas de distinta opinión está rota. Esas son malas noticias para la economía porque un clima de negocios enrarecido por la hostilidad y la desconfianza entre diversos sectores de la sociedad es muy adverso para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, aspectos que, según varias encuestas, son los que más angustian al guatemalteco promedio.

Es preocupante también la forma en que los eventos políticos nacionales se están percibiendo en el exterior, según se recoge en medios tan diversos como el New York Times, The Economist o, incluso, el reciente comunicado de la calficadora Fitch Ratings que alerta sobre los efectos negativos que dichos eventos pueden tener sobre la calificación de riesgo-país. Todo ello perjuicio de los potenciales flujos de inversión (financiera y directa) hacia Guatemala.

Conviene recordar que en la década de los ochenta (la década perdida de nuestra economía) fueron precisamente el conflicto interno y el rompimiento del tejido social las causas principales que incidieron en el desplome de la inversión, la pérdida de la estabilidad económica y la ralentización severa de la actividad productiva.

En este momento crítico, y en aras del bien superior de la Nación, es imprescindible reducir la intensidad del enfrentamiento y restablecer la comunicación entre los grupos en conflicto. Ello requiere madurez por parte de los distintos liderazgos para ceder y aceptar compromisos que eviten el agravamiento de la crisis. Ceder y aceptar.

Aceptar, por ejemplo, que la salida y relevo del comisionado Velásquez (mejor si pronto y voluntario) aliviaría las tensiones (y daría una salida viable a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad tiene que emitir respecto de su expulsión del país). Aceptar que la CICIG es un experimento clave para la ONU y que su continuidad es necesaria para transferir capacidades y reformar el sector justicia (esencial para la eficiencia económica); pero aceptar también que debe ser reformada (en cuanto a la definición de su mandato, su gobernanza y su obligación de rendir cuentas) para fortalecer su credibilidad y eficacia.

Aceptar que el país estaba podrido de corrupción y que quienes cometieron faltas o delitos deben reconocerlos y redimir el daño causado. Aceptar que se necesitan herramientas jurídicas transicionales para viabilizar tal reconocimiento. Aceptar que si todos los transgresores fueran encarcelados, no alcanzarían todos los estadios de futbol del país convertidos en prisión para albergarlos.

El sistema político corrompió y debilitó al Estado, sus instituciones y sus relaciones con la ciudadanía. La transición necesaria para revertir esa situación no es fácil, pero sin una disposición a ceder y a aceptar madura y responsablemente por parte de los distintos liderazgos nacionales, no habrá una base para plantear la agenda mínima de reformas institucionales que el país y su economía necesitan desesperadamente.

La Desaceleración y Sus Causas

No todas, pero sí la mayoría de esas causas son responsabilidad de los guatemaltecos

Lo normal en las últimas décadas era que la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto) creciera a un ritmo algo arriba del 3.5% anual. Desde hace tres años ese ritmo se ha venido reduciendo y ahora estamos creciendo a uno de solamente 2.5%. Aparentemente no es para tanto, pero en realidad la situación se asemeja a la de un carro que avanzaba a 80 km por hora y, de repente, desacelera a 40: si no tienes puesto el cinturón, te darás un fuerte golpe en la cara.

Hay varias causas que explican esta desaceleración. Se ha producido un choque de términos de intercambio (nuestras principales exportaciones han bajado de precio en los mercados internacionales, mientras que las importaciones han subido) que ha reducido la capacidad de consumo de toda la economía. Nuestra moneda se ha apreciado en relación con las de los países vecinos, lo cual hacer perder competitividad y desincentiva la producción local. Algunas actividades que en años previos solían ser dinámicas se han ralentizado (como la del sector eléctrico) o, incluso, se han desplomado (como la actividad minera, afectada por el retraso de las decisiones judiciales que la tienen paralizada). Además, el gasto público, tanto de funcionamiento como de inversión, se ha mantenido muy restringido desde mediados de 2015, ante el temor y falta de capacidad del aparato gubernamental para ejecutar las compras y contrataciones conforme a las reglas de transparencia que ahora se exigen.

No todas, pero la mayoría de esas causas son culpa nuestra. Quizá la principal causa de la desaceleración económica que es atribuible al propio país, es el generalizado clima de falta de confianza que se refleja en varias encuestas. Las decisiones económicas se ensombrecen en un entorno en el que proliferan las invasiones, las protestas y la conflictividad social; donde se percibe una ausencia de políticas públicas priorizadas; con una agenda legislativa de reformas institucionales paralizada; y, con una peligrosamente creciente polarización política. El pesimismo prevaleciente entre empresarios, inversionistas y consumidores configura un escenario en que los “espíritus animales” generan una profecía que se auto-cumple: si auguro que el escenario económico empeorará, así será.

La situación es difícil, aunque hay salidas. Existen medidas que pueden tomarse para atenuar los efectos de la desaceleración desde el ámbito de las políticas fiscal y monetaria, con las que podría estimularse la demanda agregada de la economía. Pero quizá más importante que eso sería tratar de revertir esa sensación de pesimismo que está imperando en los espíritus animales, lo que implica transfigurar el ambiente de polarización política, de confrontación social y de ausencia de políticas públicas priorizadas.

Superar el bache de la desaceleración es el reto de hoy, el de corto plazo. Sin embargo, el verdadero desafío, el de largo plazo, es el de lograr un crecimiento económico que sostenidamente supere el 5% anual, lo cual implica un esfuerzo mayúsculo en materia de reformas institucionales, aumento de la productividad y eficiencia del gasto público. Palabras mayores.