CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.

INFLACIÓN PERSISTENTE

DOS INGREDIENTES SE NECESITAN PARA UNA POLÍTICA ANTI INFLACIONARIA EFECTIVA

El dato de inflación más reciente (a marzo) se ubicó en una tasa interanual de 8.71%, que es más baja que la de 9.92% observada el mes anterior, mientras que la inflación acumulada en los tres primeros meses del año fue de 1.40%, ligeramente inferior a la de 1.89% registrada en marzo de 2022. Ambas cifras pueden leerse con optimismo, pues estarían indicando que, por fin, la inflación está empezando a disminuir, lo cual sería un enorme alivio para los atribulados consumidores guatemaltecos que han visto disminuir su poder adquisitivo desde que empezó la crisis inflacionaria a nivel mundial el año pasado. Sin embargo, las cifras de inflación interanual y acumulada, así como la registrada solo en el mes de marzo (de 0.38%), muestran niveles aún muy por encima de los estándares históricos.

En efecto, la desaceleración de la inflación en marzo señala previsiblemente el inicio de una fase de retorno a valores inflacionarios más acordes con los históricos, lo que se reflejará en una trayectoria descendente de la inflación durante el resto del año; sin embargo, por ahora, se ubica por encima de la meta prevista por la Junta Monetaria y es muy posible que durante varios meses se mantenga aún en niveles anormalmente altos hasta finales de año. Esto implica que los consumidores continuarán sufriendo una sensación de carestía y los encargados de la política económica deberán ingeniárselas para combatir la inflación, todo ello en un ambiente electoral en el que los políticos estarán tentados a prometer medidas ingeniosas para bajar los precios.

La política anti inflacionaria ortodoxa que se ha estado aplicando en todo el mundo consiste en reducir la demanda agregada de la economía mediante el aumento de las tasas de interés (para encarecer el crédito) y una moderación del gasto público. Esta medicina macroeconómica, aunque dolorosa, ha probado ser efectiva a lo largo de la historia, pero no es muy popular entre los líderes políticos, quienes preferirían que las tasas de interés se mantuviesen bajas y quisieran que alguien inventara algún tipo de medida que reduzca la inflación, pero sin encarecer el crédito. Muchos políticos lo han intentado (Erdogan en Turquía, o los Kirchner en Argentina) pero, hasta ahora, nadie lo ha logrado. Para combatir una inflación persistente se requiere que el apretón monetario y fiscal sea también persistente.

Dos ingredientes se necesitan para poder aplicar una política ortodoxa y cauta de combate a la inflación. El primero es un banco central que actúen técnicamente y con independencia de intereses políticos o sectoriales. Afortunadamente en Guatemala tenemos un marco legal que, en la medida en que se respete, apoya el carácter técnico y autónomo del Banco de Guatemala para aplicar la política monetaria que las condiciones inflacionarias actuales demandan. El segundo ingrediente es una política fiscal austera, que apoye y complemente las medidas monetarias. El problema aquí es que en los primeros meses del año la tendencia del gasto público ha claramente expansiva, lo que parece inevitable en un año electoral. Este ingrediente -la austeridad fiscal- será quizá el más difícil de encontrar para combatir la inflación en 2023.

MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS

INFLACIÓN Y ELECCIONES: INOPORTUNA COMBINACIÓN

La economía, en Guatemala y en el resto del mundo, está inmersa en una crisis inflacionaria que, inevitablemente, impacta sobre el poder adquisitivo de la población -y, especialmente, de los más pobres-. Este ambiente de carestía no podía ser más inoportuno: coincide con un año electoral y un estamento político proclive a ofrecer propuestas “ingeniosas” o “heterodoxas” para combatir los efectos de la inflación y paliar el descontento que la inflación provoca en sus potenciales electores.

La inflación y las elecciones son una mala combinación, no tanto por las disparatadas ofertas electorales que surjan en la campaña electoral, sino por el riesgo de que muchas de esas ocurrencias se conviertan ya mismo en políticas públicas. De hecho, entre las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso este año destacan la ampliación del aporte social de la tarifa eléctrica (subsidio que le costará al fisco Q197 millones) y el subsidio a los consumidores de gas propano (que costará otros Q150 millones); además, en días recientes un candidato presidencial presentó -a través de su bancada en el Congreso- una iniciativa para derogar los impuestos a los combustibles. Todas estas iniciativas se han propuesto bajo el argumento de que servirán para reducir el impacto que la inflación mundial está teniendo sobre los bolsillos de los guatemaltecos.

Por muy bien intencionadas que sean, esas medidas son puramente electoreras, no están respaldadas por ningún estudio técnico y, en la práctica, no solo no resuelven el problema de fondo (la inflación importada) sino que causarán más daño que bien a la economía de los hogares guatemaltecos. En primer lugar, porque generan una distorsión en el mecanismo de precios que impide que las fuerzas del mercado actúen para volver a equilibrar la oferta y la demanda de los bienes cuyos precios se elevaron, y ello causa ineficiencias que a la postre reducen el bienestar general. En segundo lugar, porque tienen un costo fiscal que pagamos todos los contribuyentes, incluyendo aquellos a quienes supuestamente se quiere beneficiar con esas medidas populistas. En tercer lugar, porque establece un peligroso precedente para que, cada vez que suba el precio de un producto sensible, el gobierno intervenga para compensar a quienes lo consumen. Y, por último, porque ese tipo de medidas es asimétrico: nadie va a aceptar que cuando el precio de un producto sensible baje, entonces se suban los impuestos sobre su consumo.

Los políticos deberían comprender que ya existen los mecanismos institucionales idóneos para combatir la inflación: la política monetaria a cargo del banco central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Y todos deberíamos aceptar que, como lo enseña la experiencia no solo en Guatemala sino en todo el mundo, el insidioso mal de la inflación (que afecta más a los más pobres) requiere de la dolorosa, pero efectiva, medicina que combina una restricción de las condiciones monetarias y una austeridad en el gasto público. Pero, por desgracia, se trata de una medicina que sabe demasiado amarga como para tragarla en pleno proceso electoral, cuando es más fácil recetar placebos populistas.

Inflación, desaceleración y proteccionismo

 EL ENTORNO INTERNACIONAL PLANTEA SERIOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El próximo evento electoral no es el único desafío que enfrenta la economía guatemalteca en 2023. Este año, además, nos encontramos ante una economía internacional repleta de incertidumbres. La actividad económica y el empleo están sufriendo una rápida desaceleración a nivel global y, aunque el crecimiento de la producción aún es positivo, para millones de consumidores en el mundo la desaceleración se sentirá como una recesión debido a los precios altos y los consiguientes menores ingresos reales generados por la inflación generalizada. Todo ello exacerbado por un ambiente geopolítico tenso -cuando no abiertamente confrontativo- que separa a los países en bloques rivales y perjudica el libre flujo de bienes, servicios y capitales.

En Guatemala, la prioridad uno de la política económica a corto plazo debe ser el combate a la inflación. Si bien es cierto que, en su mayor parte, la inflación que aqueja a la economía guatemalteca es de origen importado, también lo es que este fenómeno insidioso ya está contagiándose hacia la inflación doméstica, lo cual ha requerido (y seguirá requiriendo) una respuesta proporcionada de la política monetaria mediante el endurecimiento de las condiciones financieras. Una segunda prioridad debe ser aplicar una política fiscal responsable. Esto es particularmente complicado en un año electoral, que suele invitar a aumentar el gasto gubernamental (que es exactamente lo contrario de lo que se necesita en un ambiente inflacionario). En particular, la política fiscal debería resistirse a la tentación de otorgar subsidios generalizados y sin control (como los que, precisamente, el Congreso ha estado aprobando para quedar bien con los consumidores de gasolina y gas propano). La política fiscal debería apoyar a la política monetaria en su intención de combatir la inflación.

Una tercera prioridad, quizá menos evidente pero no por ello menos importante, radica en la necesidad de resistir las presiones proteccionistas que hoy se esparcen por doquier. El libre flujo de comercio, de migrantes, de capitales, de tecnología y de conocimientos -que han sido las fuerzas más influyentes en el progreso de la humanidad durante siglos- están hoy amenazadas por las tensiones geopolíticas y un renacido nacional-populismo que se ha puesto de moda entre los políticos en muchos países. Las autoridades económicas del país deben preservar y defender las políticas de apertura y de libre intercambio con el resto del mundo, tanto a nivel de las políticas comerciales del país, como a nivel de los foros regionales y multilaterales para exigirle a los países avanzados que no permitan que el proteccionismo siga avanzando.

Aunque la globalización ha estado bajo ataque desde hace años, la historia demuestra que el libre flujo de bienes, servicios, personas, capitales e ideas es inequívocamente bueno para el desarrollo de los países. Además, ese libre flujo ha sido también importante como un antídoto contra espirales inflacionarias en el pasado; por ejemplo, las generadas por las hambrunas a mediados del siglo XIX o la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, se moderaron cuando se esparcieron nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de suministro y se amplió la oferta de bienes globalmente. Conviene tener aprendidas estas lecciones a lo largo de este desafiante 2023.

UN QUETZAL QUE SUBE Y BAJA

LAS RAZONES DE LA VOLATILIDAD CAMBIARIA PUEDEN (Y DEBEN) SER CLARAMENTE EXPLICADAS

En las últimas semanas, el tipo de cambio del quetzal ha tenido altibajos inusuales, alcanzando a principios de este mes un pico de 7.94 quetzales por dólar, lo que significó una depreciación de 3.5 por ciento respecto de su punto más bajo cinco meses atrás, solo para volverse a apreciar un 1 por ciento en días recientes. Estos movimientos cambiarios son absolutamente normales en países como México, Chile, Perú o Colombia, que tienen sistemas cambiarios teóricamente similares al nuestro, pero acá estamos tan mal acostumbrados a la perenne estabilidad del quetzal, que esos movimientos provocan un innecesario nerviosismo, incluso en las autoridades económicas y políticas.

La subida del tipo de cambio no debería asustar, no solo porque el alza ya se detuvo sino, principalmente, porque existen razones fundamentales -internas y externas- que la explican plenamente. Internamente, al rápido aumento del déficit comercial del país con el resto del mundo (debido al alza de precios en los bienes que importamos) se le une la estacionalidad de las importaciones (en preparación a la Navidad) y el hecho de que las tasas de interés domésticas están cada vez más bajas que las externas (lo que incita una salida de capitales), todo lo cual hace que la oferta de dólares sea menos abundante. Externamente, lo que estamos viendo es una apreciación a nivel mundial del dólar estadounidense, que está a su nivel más alto en veinte años, habiéndose apreciado en el año un 13 por ciento respecto del euro y un 6 por ciento respecto al promedio de las monedas de los mercados emergentes.

A la autoridad monetaria (autónoma) le corresponde explicar estas razones fundamentales a los agentes económicos y, especialmente, a los políticos, para evitar nerviosismos innecesarios y reacciones precipitadas e inconvenientes. También debe coadyuvar en el uso de mecanismos de coberturas para que los mercados naveguen las turbulentas aguas de los vaivenes cambiarios. Y explicar lo que todo economista debe saber (o, si no, puede googlearlo): la existencia de la Trinidad Imposible; es decir, que no se puede conjugar, simultáneamente, la libre movilidad de capitales, un tipo de cambio fijo y una política monetaria autónoma (especialmente en este ambiente inflacionario).

Es tiempo, pues, de guardar la calma y aplicar la prudencia monetaria: permitir que el tipo de cambio se ajuste (para arriba o para abajo, como lo aconseja el vigente sistema de metas explícitas de inflación), utilizar las herramientas de la política monetaria para acercar la inflación a su meta, focalizar la política fiscal evitando déficits innecesarios, intervenir en el mercado cambiario solo cuando sea imprescindible (para minimizar riesgos de inestabilidad financiera o de persistencia inflacionaria), y preservar las reservas monetarias internacionales para cuando de verdad haga falta enfrentar las salidas de capitales que podrían darse en estos tiempos de turbulencia financiera internacional.

LOS DILEMAS DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA

LAS MEDIDAS MONETARIAS DEBEN RESPALDARSE CON UN PLAN DE AUSTERIDAD FISCAL

Nuestra economía, como la del resto del mundo, está amenazada por una doble crisis: una crisis alimentaria (que comentamos la semana anterior) y otra inflacionaria, ambas exacerbadas por la guerra en Ucrania. Los datos de mayo revelaron que la inflación en Guatemala se aceleró: los precios al consumidor fueron 5.8 por ciento más altos que un año antes y ya están por encima de la meta de la política monetaria. Mucha de la culpa la tienen los precios de los combustibles y de los alimentos. Pero preocupa más que la inflación subyacente (que excluye los precios de combustibles y alimentos) alcanza ya niveles no vistos en varios años, lo que refleja un contagio de la inflación importada a otros componentes de la canasta básica.

Ante este escenario, el banco central debe evaluar si conviene (y en qué magnitud) elevar más su tasa de interés líder. Si las tasas de interés suben muy rápidamente, se puede ocasionar un daño a la actividad económica y deprimir el nivel de precios a mediano plazo. Pero, al mismo tiempo, es menester que el banco central envíe un mensaje respecto de su compromiso de mantener la inflación bajo control. El dilema es que un apretón monetario muy fuerte puede provocar una recesión; pero también ocurre que una inflación desbocada es, sin duda, peor que una pequeña recesión. Otro dilema es que el banco central debe regresar a la lámpara al genio del exceso de oferta monetaria que dejó escapar al inicio de la pandemia, cuando le otorgó al gobierno un crédito de varios millardos de quetzales. Ello exige detener la inyección millonaria de quetzales que realiza cuando compra dólares en su afán de evitar que el tipo de cambio baje.

Estos dilemas serían más fáciles de resolver si, para empezar, se aceptara que no existen soluciones mágicas para esta crisis. Se trata de un choque de oferta sin precedentes, completamente exógeno, que implica un costo, sin posibilidad de escape, tanto para consumidores como para productores. Cuanto antes se acepte que la inflación será más alta, que se ralentizará la producción y que todo el mundo debe apretarse el cinturón (empezando por el gobierno), más fácil será minimizar los daños.

Se necesita una adecuada mezcla de políticas macroeconómicas que complemente los esfuerzos por el lado monetario con un cuidadoso plan de austeridad fiscal. Lejos de seguir prorrogando los ineficientes subsidios, la política fiscal debe centrarse en atender a los sectores más afectados por la crisis con medidas más eficientes (como las transferencias de efectivo) temporales, focalizadas y fiscalizables, financiadas mediante readecuaciones del presupuesto que no impliquen un aumento del déficit fiscal. No caería mal, además, alguna campaña para que la población cobre conciencia de la naturaleza exógena y de la magnitud de esta crisis y que, en consecuencia, modifique sus comportamientos para racionalizar el consumo de energía y combustibles. Esta crisis -como todas las anteriores- va a pasar, pero las medidas para paliarla no deben poner en peligro los fundamentos macroeconómicos que han permitido que las calificadoras de riesgo ubiquen a Guatemala como una de las economías con mayor estabilidad y confianza de la Región.

SUBSIDIOS NO ¿ENTONCES QUÉ?

LA AMENAZA DE UNA CRISIS ALIMENTARIA ACONSEJA MEDIDAS MÁS EFICACES

Finalmente, los altos precios de los combustibles y de los alimentos, agravados por la guerra en Ucrania, impactaron sobre las cifras de inflación en Guatemala. En los primeros cinco meses del año, el Índice de Precios al Consumidor reporta que el costo de los alimentos ha subido más de cuatro por ciento y el del transporte se ha elevado en más de nueve por ciento. Los precios internacionales de los productos básicos y alimentos ya se habían elevado bastante el año pasado, y la invasión rusa de Ucrania en febrero los llevó niveles récord. Por ejemplo, Rusia y Ucrania exportan una cuarta parte de todo el trigo comercializado internacionalmente; la guerra interrumpió esas exportaciones y elevó su precio en más del cincuenta por ciento. Algo similar ocurrió con otros granos básicos y con la energía.

Los consumidores guatemaltecos de menores ingresos son muy vulnerables a los precios más altos porque los alimentos representan una proporción grande de su gasto diario. Los precios del combustible, en cambio, afectan más a los hogares de ingresos más altos, que tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos. Las políticas públicas para mitigar el impacto social del aumento de los precios deben tener en cuenta estas diferencias y procurar que los pobres no reciban un impacto desproporcionado. Por ello, los subsidios no son la medida más efectiva para enfrentar la situación.

Los subsidios al combustible distorsionan las señales de precios, que son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten, que induzcan un ajuste de la demanda y animen a las personas a ahorrar energía. Del lado de los alimentos, un ajuste de la demanda es más difícil, porque las personas necesitan comer aproximadamente la misma cantidad. Aún así, los subsidios a los alimentos tampoco son eficientes para proteger a los más vulnerables, porque también son costosos, desplazan gastos más productivos y, al distorsionar los precios, reducen los incentivos para productores y distribuidores.

Una respuesta más adecuada y eficiente ante esta crisis pasa más por otorgar transferencias directas (en efectivo o en vales), temporales y focalizadas, a los consumidores más vulnerables y por fortalecer las redes de protección social del Estado. Esto implica eficientar los programas sociales existentes. Si la carestía de alimentos se agrava, será necesario expandir esos programas sociales, ampliando su cobertura y niveles de beneficios, pero utilizando herramientas digitales para registrar a los beneficiarios y entregar las ayudas más eficazmente. Esto tendrá un costo fiscal que podrá compensarse desmantelando gradualmente los subsidios que ahora están vigentes. La facilitación de las importaciones, el apoyo a los productores locales y la distribución directa de alimentos por parte del gobierno serán medidas a considerar si se agrava la amenaza a la seguridad alimentaria del país. Y las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) para contener la inflación también deberán cumplir un rol fundamental. Pero de estas hablaremos la próxima semana.

CUIDADO CON LOS SUBSIDIOS

DE BUENAS INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO

El aumento de los precios de los combustibles a nivel mundial es un ejemplo de libro de texto de lo que los economistas llamamos un choque de oferta, que desestabiliza la economía al causar simultáneamente una mayor inflación y un menor ritmo de la producción nacional. Es normal que tanto productores como consumidores acusen el golpe y que, en respuesta, los gobiernos busquen diversos remedios para moderar el impacto político del descontento. La experiencia de los últimos cuarenta años para enfrentar estos choques energéticos sugiere que la mejor política económica es una combinación (fine tunning) de medias monetarias y austeridad fiscal que ayuden a moderar (aunque sea imposible eliminar) los efectos recesivos e inflacionarios del choque. Por desgracia, esa combinación no suele ser ganar muchos votos y, por ello, los políticos siempre tratan de buscar algún atajo a la situación

El atajo más evidente es otorgar subsidios al combustible, a pesar de que dicha medida ha demostrado evidentes falencias en todo lugar y tiempo en que se ha aplicado. En primer lugar, porque generan un gasto gubernamental elevado: el subsidio al combustible recién aprobado por el Congreso de Guatemala amplía el presupuesto estatal en más de Q2.25 millardos, lo que contribuye a que el déficit fiscal aprobado para este año pueda superar el equivalente al 3.5% del PIB, cifra que ya resulta preocupante.

Otro problema con los subsidios es que no suelen ser eficientes: desperdician recursos fiscales y apenas benefician a los pobres, ya que son las capas más acomodadas las que poseen vehículos y consumen más energía. La Agencia Internacional de Energía estima que, a nivel mundial, solo el 8 por ciento de los subsidios se destinan a la quinta parte más pobre de la población. Ese dinero sería mejor gastado en carreteras, hospitales y escuelas. Por otra parte, los esquemas de subsidio también tienden a ser poco transparentes. Además, los subsidios falsean el mecanismo de precios, distorsionan los mercados y los hacen menos eficientes. Los ambientalistas argumentan también que subsidiar los combustibles fósiles reprime el desarrollo de energías limpias y promueve la contaminación.

Puestos a escoger remedios alternativos para el malestar social causado por los choques de oferta, siempre ha resultado más aconsejable aplicar otro tipo de compensadores sociales (como las transferencias directas de efectivo), en tanto que estén eficientemente diseñados y bien focalizados, y que sean temporales y fiscalizables. La mayoría de gobiernos sabe que los subsidios son insostenibles, pero también que eliminarlos es políticamente muy complejo. La mayoría sabe también que los subsidios a los combustibles fósiles deberían, en principio, abandonarse. Pero, a pesar de las interminables advertencias sobre el riesgo moral y las distorsiones que generan, los políticos y los burócratas siguen creándolos. Los subsidios son una muestra de cómo el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES

ES PRECISO DOTAR DE RECURSOS AL INE (Y FORTALECER SU GOBERNANZA) PARA QUE REALICE LAS ENCUESTAS BÁSICAS

Para cualquier país es de crucial importancia contar con información fidedigna en materia de cifras demográficas, de facturación de negocios, de ingresos de las familias, de empleo o de pobreza para poder tomar decisiones empresariales y de política económica. Sin estadísticas confiables, el gobierno dará palos de ciego en sus políticas económicas y sociales, los inversionistas desperdiciarán su dinero sin saber dónde enfocarse y los ciudadanos divagarán sin saber cómo ni cuánto exigirles a sus autoridades gubernamentales.

Por ejemplo, en medio del actual clima mundial de alzas de precios, resulta indispensable que la medición de la inflación en el país sea precisa y creíble, y para ello es necesario (y urgente) que el INE logre concluir la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-, sobre la cual se basará el cálculo de un nuevo índice de precios al consumidor -IPC-. Se sabe que esta encuesta empezó a realizarse desde el año pasado, pero que su conclusión está amenazada por falta de recursos financieros, pese a que el presupuesto anual del gobierno establece explícitamente la obligatoriedad de otorgar suficientes recursos para dicha encuesta.

Otra encuesta clave es la de Condiciones de Vida -ENCOVI- que podría dar indicadores sobre los niveles de vida y el bienestar de la población que son básicos para la aplicación de política pública. Pero en Guatemala solo se han hecho cuatro ENCOVIs en los últimos veinte años, y la última se realizó en el ya lejano 2014.

También es fundamental contar con información sobre la tasa de desempleo, que es uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. No contar con datos de empleo de forma oportuna y fidedigna es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Pero, recientemente, el Banco de Guatemala publicó las cuentas nacionales (ya revisadas) para 2021, y resulta que no fue posible actualizar la información sobre el sector informal ni la matriz de empleo e ingresos para 2020 debido a que (según lo aclara el propio Banguat en su sito web) el Instituto Nacional de Estadística -INE- no realizó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-para ese año.

Para contar con esas estadísticas tan importantes, lo primero y más urgente es dotar el INE de los recursos financieros y técnicos necesarios para realizar las encuestas clave (ENIGH, ENCOVI y ENEI) de forma periódica y oportuna, sabiendo que existen recursos presupuestarios de sobra. Pero también, paralelamente, es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que su rol amerita, lo cual implica dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria. Existe una buena oportunidad para hacerlo: la iniciativa 5917, que busca reformar la Ley Orgánica del INE fortaleciendo su gobernanza y capacidades técnicas, se encuentra desde febrero de este año en la Comisión de Economía del Congreso para emitir el dictamen correspondiente. El Pleno del Congreso debería priorizar su aprobación.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA GUERRA

ANTE LA INEVITABLE CRISIS, HABRÁ QUE ACTUAR CON PRUDENCIA Y MESURA

La invasión rusa a Ucrania está (y seguirá) teniendo serias repercusiones económicas. Para el país invadido, las consecuencias son catastróficas no solo por la destrucción de su aparato productivo, sino por la disrupción profunda de todo su tejido socioeconómico, cuyo impacto será permanente. Para el invasor, al elevadísimo costo fiscal de su aventura bélica, se suman los golpes devastadores de las sanciones internacionales que ya están provocando efectos recesivos duraderos.

En el resto del mundo, los efectos de la crisis se están dejando sentir a través de varios canales. El más evidente es el de los precios, particularmente de la energía la generada por petróleo y gas natural. Otro es el de los precios de los granos básicos (siendo Rusia y Ucrania importantes proveedores mundiales). El canal financiero también se ha expresado con perspectivas de tasas de interés más elevadas y volatilidad en las bolsas de valores y en los mercados cambiarios. Otro canal, el del comercio, está afectado por el entorpecimiento de las cadenas de suministro. Y la profundización de la desglobalización (con la conformación de diversos bloques de países atrincherados en sus fronteras), repercutirá obstaculizando a largo plazo los flujos comerciales y financieros.

Todos los países, incluyendo Guatemala, se verán afectados. Aunque el volumen de comercio con Rusia y Ucrania es muy pequeño (menos del 0.65% de nuestras exportaciones), el efecto de esta guerra se sentirá -como en la mayoría de países- en las principales variables. En primer lugar, la inflación (si está bien medida) aumentará en los próximos meses por los altos precios de los combustibles y de los granos básicos. En segundo lugar, el menor flujo de bienes y capitales afectará el comercio y las inversiones. En consecuencia, el crecimiento económico será menor al que se preveía antes de la guerra. Diversas proyecciones apuntan a que hasta las economías menos afectadas por el conflicto (como Estados Unidos o México) crecerán en 2022 alrededor de un 0.3% menos que lo previsto antes del conflicto: algo similar habría que esperar, como mínimo, para el caso guatemalteco.

El panorama es aún muy incierto, por lo que la respuesta de políticas públicas ante la incipiente -pero inevitable- crisis debe ser muy cauta y mesurada, tomando en cuenta la probabilidad de que el impacto descrito sea temporal y relativamente leve, además de que estamos aún en plena recuperación de la crisis pandémica. En ese entorno, la política monetaria deberá monitorear cuidadosamente el contagio de la inflación internacional a la doméstica, para calibrar bien las respuestas (quizá, por ejemplo, permitiendo algo de apreciación cambiaria para moderar el impacto, sin tener que elevar las tasas de interés innecesariamente). La política fiscal, por su parte, deberá apoyar a las familias más vulnerables para compensar el aumento del costo de vida. Y, en general, el gobierno deberá apoyar a las empresas a adaptarse a un entorno de costos más elevados (facilitando trámites, por ejemplo). Lo que hay que evitar es precipitarse con medidas populistas que puedan dañar la estabilidad macro, que ha sido, por años, el principal baluarte de nuestra economía.

UN TESORO EN RIESGO

OLEADAS DE POLÍTICAS POPULISTAS ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

La pandemia ha traído consigo un resurgimiento del gran gasto gubernamental y una paulatina pérdida de respeto por la disciplina macroeconómica. En su afán por revertir la caída en la producción provocada por los confinamientos, mantener funcionales los servicios de salud, preservar los empleos e ingresos de los ciudadanos, y evitar el descontento generalizado y la ingobernabilidad, los gobiernos alrededor del mundo se involucraron en un aumento del gasto público sin precedentes. Como resultado, tanto el estamento político como la ciudadanía están cada vez menos comprometidos con la estabilidad macroeconómica que, hasta hace apenas un lustro, se tenían en grande aprecio.

En muchos países, y particularmente en Latinoamérica, la pandemia ha exacerbado los ya crecientes sentimientos de insatisfacción ciudadana. Según el más reciente Latinobarómetro, la mayoría de ciudadanos piensa que el acceso a la salud, la educación y la justicia es desigual; los problemas económicos y el desempleo encabecen la lista de preocupaciones públicas; el descontento se está agravando. Y los populistas han aprovechado este resentimiento para desacreditar las instituciones y vandalizarlas. Las instituciones que generan la disciplina fiscal y monetaria están siendo socavadas. Los populistas persuaden a los votantes de que el sistema les está fallando y una de sus herramientas preferidas es aumentar el gasto público a manos llenas, arbitraria e irresponsablemente. Un ejemplo reciente es la nueva Presidenta de Honduras que, en su toma de posesión, ofreció regalar la energía eléctrica a “los pobres”, siempre que la paguen “los ricos”.

En Guatemala el peligro de caer en la tentación del gasto público irresponsable está a la orden del día. En el Congreso existen varias iniciativas preocupantes. Una iniciativa (Bono de la Esperanza) -promovida por una ex candidata presidencial- pretende regalar dinero al público por Q18 millardos al año. Otra (Programa del Servicio Cívico Ambiental) -promovida por un ex presidente del Congreso- busca resarcir a ex combatientes militares pro casi Q16 millardos en tres años. En esa línea, recientemente se aprobó un aumento -sin estudios que lo soporten- al bono al adulto mayor. Y a eso agreguemos la ocurrencia de un ex candidato presidencial (al estilo hondureño) de dar gratis el servicio eléctrico a “los pobres”.

Por muy bien intencionadas que puedan ser esas propuestas, el problema que tienen es que generan un despilfarro del erario e insostenibilidad fiscal. Una lección clara de esta pandemia es que los estímulos fiscales desmedidos impulsan la inflación y la inestabilidad económica. El más claro ejemplo de esto es la sorprendentemente elevada inflación que está sufriendo el propio Estados Unidos: el país industrializado que más ha derrochado, es el que está teniendo la mayor inflación. La estabilidad macroeconómica de la que goza Guatemala es un tesoro que costó mucho obtener y que, muchas veces, no se aprecia… hasta que se pierde. Quienes tenemos la suerte de haberlo heredado debemos esforzarnos por protegerlo.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)

 COYUNTURALMENTE, EL PRINCIPAL DESAFÍO SERÁ PRESERVAR LA ESTABILIDAD Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA

 Las dos características más destacadas y contrastantes de la economía guatemalteca son, por un lado, su sólida estabilidad macroeconómica y, por el otro, su marcadamente lento ritmo de crecimiento. Estas plantean, a su vez, dos desafíos fundamentales para 2022: preservar la estabilidad (que apoya la notable resiliencia de nuestra economía) y acelerar el crecimiento de la economía (que apoya el bienestar material de la población). Hoy nos centraremos en el primero de tales desafíos, que conlleva la tradición de mantener unas políticas monetaria y fiscal cautas que contribuyan a sustentar unos fundamentos macroeconómicos robustos.

 En efecto, además de la rápida recuperación de la producción nacional -luego de la recesión de 2020-, las principales variables macro financieras resaltan las muy buenas condiciones de estabilidad y resiliencia económica en 2021. La inflación está, de momento, controlada; el tipo de cambio ha sido mantenido casi sin movimiento, apuntalado por el ingreso de remesas familiares y el consecuente superávit de la balanza de pagos; las tasas de interés permanecen competitivas; y, el déficit fiscal ha retornado a niveles sostenibles. Sin embargo, para 2022 se ciernen dos amenazas.

 El crecimiento inusitado de la deuda pública en 2020 y la creciente inflación alrededor del mundo -en un entorno con nuevas mutaciones del virus del Covid-19-, exigen un manejo cauto y estratégico de la política macroeconómica. Si bien es cierto que el fuerte aumento de la deuda pública estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida y el empleo de las personas, también lo es que el incremento de la deuda genera vulnerabilidades, especialmente ahora que las condiciones de financiamiento internacional se vuelven más restrictivas, lo cual limita la capacidad del gobierno para seguir apoyando la recuperación.

 Por otro lado, la política monetaria, que se relajó oportunamente durante la pandemia, debe ahora ajustarse a un entorno inflacionario en el ámbito internacional. En muchos mercados emergentes los bancos centrales ya han subido las tasas de interés, y se espera que pronto lo hagan los países desarrollados, lo cual tendrá implicaciones para la recuperación económica y la política fiscal. Esta deberá restringirse conforme suban las tasas de interés, lo cual implicará la imposibilidad de aplicar medidas expansivas -como la de elevar al infinito las transferencias de efectivo a las personas- pues, de lo contrario, se agudizará el riesgo de insostenibilidad de la deuda.

 Por su parte, la amenaza de la inflación importada obligará a la política monetaria a aplicar con mucho tacto, pero con agilidad y firmeza, las medidas precautorias para evitar un alza generalizada de precios a nivel doméstico. Para lograrlo será muy útil que la credibilidad del banco central y de sus instrumentos de política (incluyendo la propia credibilidad del Índice de Precios al Consumidor) se fortalezcan. El rol de la política fiscal y de la política monetaria en 2022 será crucial para preservar la estabilidad macro y la confianza de los mercados en nuestro país.

SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS

LO QUE SE NECESITA ES UNA ADECUADA POLÍTICA MONETARIA, EN VEZ DE MEDIDAS CASUÍSTICAS DISTORSIONANTES

Los precios de la gasolina, el gas y los energéticos en general, junto con los de muchos productos primarios, están subiendo en todo el mundo. Los índices de inflación en la mayoría de países están mostrando niveles mucho más altos que los vistos en la anterior década. Solo en Guatemala, extrañamente, el Índice de Precios al Consumidor -IPC- se mantiene en calma, como si el alza en los precios de los energéticos no afectara (aún) el costo de vida en el país. Pero si el IPC está tranquilo, los consumidores no lo están, pues el sordo clamor por el creciente costo de la gasolina y del gas propano se está haciendo sentir con mayor intensidad. Los políticos ven en ese clamor una oportunidad de lucirse con propuestas de solución instantánea al problema de los precios altos. Lo malo es que esas propuestas, aunque sean bien intencionadas, pueden generar efectos secundarios que terminarían dañando al consumidor incluso más que el alza de precios. Antes de pretender aplicar remedios que podrían salir más caros que la enfermedad, es importante entender la naturaleza del fenómeno.

La economía mundial está en un inusual periodo de insuficiencia de oferta que provoca escasez de casi todo, desde madera hasta microprocesadores, al tiempo que la demanda se está expandiendo rápidamente, pues los consumidores están incrementando sus gastos luego de haberlos tenidos contenidos durante la recesión provocada por la pandemia. Poca oferta y mucha demanda implican, irremediablemente, precios más altos. Hay cuellos de botella en las cadenas mundiales de distribución y los costos de transporte marítimo se han más que duplicado. El fenómeno de precios altos es, evidentemente, de alcance mundial y -en la medida en que la oferta eventualmente responda a la demanda- temporal.

Por eso, medidas aparentemente baratas, como la de exonerar de impuestos a determinados productos con la intención de reducir su precio, no solo están mal enfocadas, sino que pueden tener efectos secundarios adversos porque distorsionan la función del mecanismo de precios como regulador de la oferta y la demanda y minan las precarias finanzas públicas del país. Para aplicar las medidas correctas es importante evaluar, con prudencia y sapiencia, la magnitud y temporalidad de las alzas de precios. Para eso está la política monetaria, que es la mejor alternativa para combatir la amenaza de la inflación, en vez de las medidas casuísticas distorsionantes que se han propuesto.

En la medida que esta amenaza se siga materializando, el banco central deberá aplicar las medidas de restricción monetaria que sean necesarias. Para ello necesita dos herramientas cruciales. Por un lado, un buen IPC que sea confiable y lo guíe en su toma de decisiones. Y, por otro, independencia respecto del gobierno central y de las interferencias políticas que, casi seguramente, presionarán para que no se incrementen las tasas de interés (especialmente ahora que el déficit fiscal y la deuda pública rebasaron sus niveles históricos). Sin esas dos herramientas, el alza de precios sí que podría salirse de control.

No Hay que Espantar la Inversión

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas.

A nivel macroeconómico, la inversión es aquella parte de la producción nacional que no es consumida ni ahorrada, por lo que se traduce en la adquisición –por parte de los particulares y del gobierno- de activos productivos, tales como maquinaria, edificios, vehículos y carreteras, que resultan esenciales para que dicha producción se sostenga y aumente en el tiempo. Cuando la inversión en un país aumenta, crece la cantidad de bienes de capital (productivos) disponible por habitante y con ello se incrementa la producción y los ingresos por persona. Fomentar la inversión debería ser, entonces, una prioridad de las políticas públicas.

Aún con mayor razón deberían los tres poderes del Estado esforzarse en atraer la inversión ahora que la incertidumbre se cierne sobre el entorno económico internacional que, ante las menores tasas de retorno, los incentivos y medidas proteccionistas aplicados por los gobiernos de algunos países industrializados, y los vaivenes de la guerra comerciales sino-estadounidense, proyecta una reducción en los flujos de inversión hacia países en desarrollo como Guatemala. De hecho, nuestro país es de los que menos inversión hace en todo el mundo, tanto por parte de los agentes económicos nacionales (empresas y gobierno, que apenas invierten menos del equivalente al 15% del PIB), como de los extranjeros (cuya inversión directa no supera el 1% del PIB).

Para no espantar la inversión es necesario que el estado mantenga una serie de condiciones fundamentales que den confianza a los inversionistas. Algunas de estas condiciones, las de carácter macroeconómico, parecen estar presentes en Guatemala: inflación bajo control, niveles relativamente bajos de pasivos en moneda extranjera, un régimen coherente de política monetaria y un déficit fiscal tolerable. Estas son condiciones que las autoridades monetarias y fiscales deben preservar. Pero hay otras condiciones, más de carácter institucional, cuya ausencia explica las razones verdaderas por las cuales nuestro país es tan poco atractivo para la inversión.

La debilidad institucional impide que exista y se respete una política pública para el tratamiento de la inversión extranjera; las escasas obras públicas que se construyen carecen de la calidad y la magnitud que el país requiere; y, el necesario marco reglamentario e institucional para regular las consultas a las comunidades indígenas brilla por su ausencia. Y en el Congreso, en vez de avanzar con la aprobación de leyes como la de estabilidad jurídica para las inversiones, la de infraestructura vial, la de insolvencias o la de arrendamiento financiero –que darían un marco de certeza económica-, tiran a la basura el primer proyecto de alianza público-privada que conoce el Pleno (en vez de corregirlo, que era lo que correspondía hacer si le habían encontrado debilidades).

Pareciera que, hoy por hoy, las prioridades en materia de apoyo a la inversión no están nada claras. Mientras tanto, los inversores no tendrán más opción que adoptar una actitud de mucha precaución y pospondrán sus decisiones hasta que exista una mayor claridad sobre las políticas respecto de la inversión que adoptará el gobierno entrante a partir de enero.

Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

La Esquiva Reactivación Económica

Las medidas de estímulo monetario o de estímulo fiscal no serán efectivas, en parte por las dificultades que les impone el entorno, y en parte porque los que se requiere en el fondo para que nuestra economía crezca sosteniblemente son políticas estructurales y de reforma institucional

Por fin, hace un par de semanas, la Junta Monetaria decidió bajar en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés líder de política monetaria, reduciéndola a un nivel de 2.75%. Esta reducción era largamente deseada por los exportadores y por gran cantidad de analistas a la luz de las condiciones de estabilidad de precios y de la evidente tendencia a la apreciación del quetzal registradas a lo largo del año. Cabe indicar que no se registraba un descenso en la tasa líder desde mediados de 2015 y que, ahora, la tasa se ubica en su nivel más bajo de los últimos diez años.

Siendo realistas, el efecto de dicha reducción quizá nunca se llegue a manifestar en una depreciación cambiaria ni en una aceleración del crédito bancario (ni tampoco, por ende, en una reactivación de la economía), por varias razones. Primero, porque las condiciones monetarias alrededor del mundo empiezan -lenta pero consistentemente- a restringirse, con lo cual concluye el largo período de tasas de interés muy bajas a nivel mundial, situación que, aunada a las restricciones prudenciales y legales que las autoridades estadounidenses están imponiendo a sus bancos para operar en plazas riesgosas (como la guatemalteca), se traducirán en un encarecimiento del costo del financiamiento hacia nuestro país.

Si a esto agregamos la reciente rebaja en la calificación de riesgo-país que nos impuso la calificadora Estándar & Poor’s, se vislumbra el inicio de un ciclo de financiamiento externo a Guatemala con tasas de interés más elevadas. Ante ello, la rebaja en la tasa líder del Banguat servirá solamente para morigerar el efecto de dicha alza en el costo del crédito externo, que ya ha empezado a sentirse en el ambiente financiero nacional.

Tampoco pueden ponerse muchas esperanzas en una reactivación económica por la vía del gasto gubernamental, no solo porque el Congreso improbó el presupuesto solicitado por el Ejecutivo para 2018 (que, en la mejor tradición keynesiana, pretendía expandir el gasto público en salarios e infraestructura), sino también porque (incluso si el presupuesto hubiese sido aprobado) el tamaño del gobierno en la economía guatemalteca (menos del 11% de la producción nacional) limita cualquier efecto expansivo de la política fiscal.

Además, ambas políticas -reducción de tasas de interés y expansión del gasto público- son políticas de estímulo de la demanda agregada que, para ser efectivas, tienen que ir acompañadas de un cambio en las percepciones de los agentes económicos, hoy sumidos en un clima de incertidumbre y en una sensación de que no hay un norte claro que oriente las políticas públicas del país. Si no se da ese cambio en los “espíritus animales” –como les decía Keynes-, es poco lo que las políticas de demanda agregada pueden hacer para estimular la economía pues -como también Keynes escribió- “se puede llevar el caballo al agua, pero no se le puede obligar a beber”.

La salida a esta situación, aunque no es fácil de lograr y sus resultados son lentos en llegar, está en las políticas que estimulen la oferta; es decir, políticas que fortalezcan el potencial de producir más y de crear más y mejores empleos. Para ello se necesita mejorar la productividad sistémica de la economía mediante políticas de reforma estructural (que son aquellas en las que los expertos nacionales y extranjeros han venido insistiendo durante años). Por desgracia, esas políticas son exactamente las que los líderes de la vieja política se resisten a impulsar: reformas a la seguridad y justicia; combate a la corrupción; reforma al sistema político; modernización del servicio civil; y, gasto público eficiente y focalizado en nutrición, salud, educación e infraestructura. Y no hay atajos que valgan.

¿ES INMORAL QUE LOS BANCOS PRESTEN DINERO AL GOBIERNO?

LAS CRÍTICAS RECIENTES

Últimamente se han expresado severas críticas a las inversiones que los bancos privados hacen en bonos del gobierno, es decir, al concepto mismo de que los bancos puedan otorgarle dinero en préstamo al Estado. Algunas de estas críticas, aparentemente técnicas, llegan a cuestionar incluso la prohibición contenida en el artículo 133 de la Constitución que prohíbe al Banco de Guatemala (banco central) otorgarle financiamiento al gobierno, aduciendo que tal prohibición hace que los bancos privados llenen el vacío que deja el banco central y perciban por ello grandes ganancias.

Otras críticas, evidentemente emocionales, califican de “inmorales” las inversiones bancarias en bonos estatales, no solo por los rendimientos que las mismas generan, sino porque, además, están exentas de impuestos. El riesgo de este tipo de críticas, por muy bienintencionadas que parezcan, es que pueden inducir a cambios de políticas o de leyes que resultarían más caros y perniciosos que el supuesto problema que pretenden atacar. Todo porque, en su afán de criticar un síntoma (las utilidades que perciben los bancos por invertir en títulos estatales), no alcanzan a ver el problema de fondo que no es otro que la debilidad estructural de las finanzas públicas guatemaltecas.

QUÉ ES UN BANCO

Para analizar el tema conviene tener clara la naturaleza de la banca privada, cuya función en la economía es la de ser intermediarios financieros: los bancos obtienen recursos (recibiendo depósitos o préstamos) de personas que poseen un superávit financiero (ahorrantes, inversionistas u otros bancos) y los canalizan (concediendo préstamos o haciendo inversiones) hacia personas que tienen un déficit financiero (individuos, empresas, proyectos o gobiernos); a las primeras les paga una tasa de interés (pasiva) y a las segundas les cobra otra (tasa activa), de cuyo diferencial cubren sus costos y obtienen sus utilidades. Ese proceso de intermediación financiera le imprime eficiencia a la asignación de los recursos financieros en el país y contribuye a crear una economía más productiva.

POR QUÉ LOS BANCOS INVIERTEN EN BONOS

Se colige entonces que resulta normal (como lo es en casi cualquier país) que, además del otorgamiento de crédito al sector privado, los bancos incluyan entre sus operaciones activas la inversión en títulos gubernamentales, que no son otra cosa que un préstamo bancario a un sector financieramente deficitario (el gobierno). Claro está que para la economía en su conjunto resultaría ideal que los bancos destinaran sus recursos mayoritariamente a financiar nuevos emprendimientos e inversiones, en lugar de financiar el déficit fiscal. En Guatemala, a octubre pasado solo el 55% de los activos bancarios en Guatemala correspondían a créditos concedidos. Sin embargo, existen razones que explican el apetito de los bancos nacionales por los títulos públicos, como lo es el caso de su fácil negociación, que permite hacerlos líquidos en el mercado secundario, cuando requieren de liquidez para sus operaciones.

La primera y principal razón es que el gobierno tiene un déficit fiscal estructural que lo obliga constantemente a buscar financiamiento externo e interno, para lo cual, entre otros mecanismos, coloca bonos en el mercado que los bancos suelen estar dispuestos a comprar, especialmente cuando existe una baja demanda de créditos por parte de los  sectores productivos de la economía (que es un poco lo que viene sucediendo en Guatemala en los últimos tres años, en que la incertidumbre política ha incidido en una posposición de las decisiones de inversión privada).

Otra razón que inclina a los bancos a invertir en bonos del gobierno es que los intereses que estos instrumentos generan, por decisión gubernamental, están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta y, además, tienen un plazo de vencimiento promedio de 15 años y una tasa de rendimiento promedio  de 7.1% que, aunque inferior a la tasa de interés promedio en el otorgamiento de créditos (8.8%), requiere de muchos menos costos para obtenerla.  Además, los bonos del Estado son considerados, para efectos regulatorios, como activos de bajo riesgo, por lo que los bancos tienen que aprovisionar menos capital para tales activos que para los préstamos al sector privado. Asimismo, la tasa de interés que paga el gobierno por sus bonos incorpora un factor de riesgo (riesgo-país), el cual depende de la calificación (grado y perspectiva) que hacen las calificadoras internacionales. En el caso de Guatemala, dicha calificación se ve perjudicada por el lento ritmo de crecimiento económico, como por la debilidad institucional y la existencia de un problema de fiscal estructural, lo cual hace que la tasa de interés deba ser más elevada para atraer a los inversionistas. Todo esto hace que los títulos gubernamentales sean atractivos para los bancos, por lo que resulta plenamente normal y racional que los bancos busquen ese tipo de inversiones como destino para sus recursos financieros.

LA TENTACIÓN DE REGRESAR AL PASADO

Claro está que el hecho de dedicar ese superávit financiero de la sociedad a pagar el agujero fiscal, en vez de destinarlo a financiar actividades privadas, es una señal de que el país está invirtiendo menos de lo que debería en nuevos proyectos productivos que le permitirían crecer más y generar más empleos. Algunos periodistas achacan esta situación a la prohibición constitucional que impide al banco central financiar al gobierno y, con base en tal premisa, sugieren que deberíamos regresar a la situación anterior en la que los bancos no tenían ningún incentivo de invertir en bonos del gobierno porque estos los compraba el Banco de Guatemala pagando intereses extremadamente bajos.

En realidad, regresar al pasado permitiendo que el banco central le diera crédito concesional al gobierno sería una pésima noticia para la economía ya que este tipo de financiamiento se hacía mediante la emisión masiva de dinero sin respaldo que --como lo demuestra la experiencia internacional y la historia nacional- ocasiona nocivas consecuencias macroeconómicas al generar inflación y ocasionar pérdidas al banco central que dejan permanentemente lisiada a la política monetaria.

En efecto, existen tres argumentos sólidos que desaconsejan el crédito de banca central al gobierno causante de pérdidas en el balance del instituto emisor. En primer lugar, que actuar como agente cuasifiscal puede afectar la capacidad del banco central para cumplir con su mandato de preservar la estabilidad macroeconómica; en segundo lugar, que dicha actuación disfraza las debilidades fiscales del gobierno, oscurece su responsabilidad e impide la debida rendición de cuentas; y, en tercer término, que las experiencias de hiperinflación registrada en los últimos cien años alrededor del mundo se originan en la emisión monetaria derivada del financiamiento de banca central al gobierno.

EL TEMA DE FONDO

El tema de fondo no es si los bancos obtienen demasiadas utilidades por otorgarle crédito al gobierno mediante la inversión en bonos, sino que es identificar por qué el gobierno tiene una sempiterna necesidad de recurrir a ese financiamiento o, en el peor de los casos, a financiamiento subsidiado por parte del banco central. La debilidad fiscal estructural del Estado guatemalteco (evidente tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de la calidad del gasto) es la enfermedad detrás de los síntomas del incesante endeudamiento gubernamental.

El asunto es de suma trascendencia para el futuro del país, puesto que la debilidad estructural de las finanzas públicas (caracterizada por los bajos ingresos, la ineficiencia en el gasto y la corrupción enquistada en las estructuras gubernamentales) impide satisfacer las necesidades sociales, de seguridad y de infraestructura críticas y para apoyar el crecimiento a largo plazo. El desafío real es mejorar la administración y la estructura tributaria, dentro de una estrategia de reforma fiscal integral que asegure el apoyo del público, lo cual pasa por profundizar las medidas de mejora en la transparencia fiscal, en la eficiencia del gasto y en el combate a la corrupción que permitan aumentar la credibilidad del gobierno.

Las críticas al crédito de los bancos al gobierno no solo no se sustentan técnicamente (y no hay que olvidar que es una práctica común en la gran mayoría de países), sino que confunden los síntomas con la enfermedad, con lo cual distraen la atención de la opinión pública y los esfuerzos de política pública que deberían centrarse en solucionar el desafío de fondo que plantea la debilidad estructural de las finanzas públicas del país.

El Censo, los Precios y el INE

Las reformas quirúrgicas, precisas, focalizadas, pueden ser tan importantes como las grandes reformas. El Instituto Nacional de Estadística es una pieza clave (pero casi siempre ninguneada) de la gestión gubernamental que merece una reforma importante: devolverle a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su gerente.

Hace unos días el gobierno anunció oficialmente que el censo general de población se realizará en 2018, dieciséis años después del último realizado en 2002, aún lejos del estándar recomendado por Naciones Unidas de censar a la población cada diez años. Un censo requiere de mucha técnica y eficiencia, pues es una herramienta crucial de políticas públicas que puede tener repercusiones en los ámbitos político, social y económico. Los programas sociales de gobierno, el diseño de las políticas fiscales y monetarias, y la definición de los distritos electorales con base en los cuales se reparten las curules del Congreso de la República, son todos ellos aspectos que demandan estadísticas demográficas creíbles, oportunas y confiables.

Por ello, las autoridades a cargo del censo deben ser, además de técnicas y eficientes, absolutamente honradas e independientes de cualquier grupo de interés: sería muy peligroso que por intereses políticos se abusara o manipulara la información obtenida del censo. En el proceso también es esencial la transparencia, el acceso a la información  y la continua vigilancia ciudadana para lograr lo que un buen censo ofrece al país: auto-conocimiento, así como mejores y más eficientes políticas públicas.

Otra pieza de información estadística, el Índice de Precios al Consumidor –IPC- (que mide el nivel de precios y la inflación en el país) también es fundamental para la toma de decisiones de política económica. En semanas recientes, a raíz del rápido aumento en los precios de los alimentos (a una velocidad mucho mayor que otros rubros que componen el IPC), algunos analistas han cuestionado no solo la calidad del índice, sino la intención y autonomía de las autoridades a cargo de calcularlo.

Aunque el fenómeno de la inflación de alimentos ha sido explicado por estudios serios (efectuados por el Fondo Monetario Internacional) donde se establece que las causas obedecen más a cuellos de botella de abastecimiento (debido a la mala calidad de la infraestructura vial), que a la calidad y manipulación de la metodología por parte de los funcionarios a cargo del cálculo, resulta preocupante y peligroso que se ponga en duda la honestidad e intención de la institución gubernamental a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística –INE- es, por ley, la autoridad rectora del Sistema Estadístico Nacional y tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, tanto el censo de población como el IPC. Los activos más valiosos que debería cultivar y defender la Junta Directiva del INE (que, en teoría, es su máxima autoridad) son su credibilidad, su fiabilidad y su integridad. Sin ellos se menoscaba la utilidad económica, política y social de sus estadísticas.

Uno de los obstáculos más importantes para lograrlo es que actualmente el INE es una institución con dos cabezas: por un lado, la Junta Directiva (presidida por el Ministro de Economía y conformada por representantes de instituciones públicas y sectores sociales) y, por otro lado, el Gerente nombrado directamente por el Presidente de la República (que, por ello, no es claramente subalterno de su Directiva).

Una reforma legal necesaria para rescatar la credibilidad del INE y potenciar la utilidad de las cifras que produce, sería la de conferir (sin ambigüedades) a su Junta Directiva la potestad de nombrar, evaluar y remover a su Gerente para velar porque este sea independiente de cualquier interés político o espurio. Aparentemente es una reforma sencilla, pero se trata de adoptar una práctica de gobierno corporativo demostradamente efectiva que fortalecería decididamente la institucionalidad pública.

Trump y la economía (de Guatemala)

La mala noticia es que las políticas económicas anunciadas por Trump durante su campaña electoral serían -en general- negativas para Guatemala. La buena noticia es que es muy poco probable que algún día se lleguen a aplicar.

Durante su campaña electoral, el ahora presidente electo de los Estados Unidos anunció varias medidas de política que, si se llegan a aplicar (lo cual podría nunca ocurrir, tratándose de promesas de campaña) tendrían repercusiones, directa o indirectamente, sobre la economía guatemalteca.

En su plan de acción, Trump enfatizó el objetivo de proteger el empleo estadounidense mediante medidas proteccionistas, entre las que incluye: renegociar o denunciar tratados de libre comercio (incluyendo el NAFTA); elevar tarifas (aranceles) sobre bienes importados para proteger la producción de bienes locales; declarar oficialmente a China como “manipulador cambiario” e identificar abusos comerciales-laborales que cometan otros países en perjuicio del empleo estadounidense (con posibles sanciones); y, facilitar la producción de fuentes de energía doméstica (incluyendo petróleo, shale y gas natural).

Trump también ofreció medidas para restaurar la seguridad nacional con potenciales repercusiones económicas, entre las que se incluyen: deportar a millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales; aumentar sensiblemente el gasto militar y de seguridad estratégica; y, restringir la inmigración desde países que se juzguen incapaces de identificar los antecedentes (terroristas) de los potenciales migrantes.

En el área fiscal, Trump ofreció un plan de alivio (reducción) de impuestos sobre la renta y una simplificación tributaria que, aunados a un plan de facilitación de regulaciones y eliminación de restricciones a ciertas actividades (como la energética) generaría un aumento de la actividad económica que podría (según él) duplicar el crecimiento del PIB y pagar la totalidad de la deuda pública.

En el corto plazo todas esas políticas (si llegan a aplicarse) tardarán en tener algún impacto y, sin lo tienen, hasta podría ser positivo en términos de crecimiento de la economía estadounidense. Pero en el mediano plazo, para países como Guatemala podrían tener repercusiones –no del todo positivas-, pues se trata de medidas claramente proteccionistas, de tono nacionalista (algunas muy radicales que, aunque no guste reconocerlo a los admiradores de Trump, rayan en el populismo).

Las restricciones comerciales que favorece el nuevo presidente republicano perjudicarían directamente a las exportaciones guatemaltecas y, en general, al comercio mundial. El desequilibrio fiscal que ocasionarían las políticas de Trump impactaría en la inflación y en las tasas de interés internacionales, encareciendo el financiamiento externo que Guatemala necesita. Y, aunque lo anterior podría propiciar una depreciación del quetzal que dé algún alivio a los exportadores, las restricciones migratorias podrían tener un impacto mucho más negativo, al implicar una reducción de los flujos de remesas familiares, factor clave en el que se ha sustentado nuestra demanda interna (y el crecimiento económico) en los últimos años.

Pero quizá no haya que preocuparse demasiado. El plan económico de Trump es inconsistente por donde se le mire (reduce impuestos pero eleva aranceles, paga la deuda pero sube el gasto, elimina restricciones pero obstruye el mercado laboral). Por su parte, los republicanos, que tienen mayoría en las dos cámaras legislativas, no tolerarán un aumento desmedido del déficit fiscal. Y la realidad hará ver al nuevo presidente que es más fácil prometer en campaña, que incidir desde el gobierno en las variables económicas. Pronto habrá de percatarse de que no es factible reactivar la economía simplemente mediante decretos ejecutivos. Eso, ojalá, lo tornará más pragmático y menos dogmático.