EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.

LA APUESTA POR TAIWÁN

 Nuestra relación con Taiwán sigue siendo estratégica, si sabemos cómo aprovecharla

La reciente visita del presidente Bernardo Arévalo a Taiwán ha reavivado un viejo debate: ¿le sigue conviniendo a Guatemala mantener relaciones diplomáticas con Taipéi, en vez de ceder a la seducción —comercial y política— de la China continental?

Cada vez más países han abandonado a Taiwán para alinearse con Pekín. Hoy, solo doce naciones en todo el mundo reconocen a la isla como Estado soberano. Guatemala es, por mucho, la más grande y relevante entre todas ellas. Su PIB más que duplica al de Paraguay —el segundo país en importancia de los que reconocen a Taiwán— y su peso demográfico lo triplica. En ese reducido club, somos la joya de la corona.

Pero Pekín presiona. A cambio del reconocimiento diplomático, ofrece grandes obras —estadios, carreteras, puertos—, promesas de inversión, condonación de deuda, y acceso a su colosal mercado. Muchos de nuestros vecinos ya han sucumbido a esas ofertas; pero los resultados concretos, más allá de las fotos inaugurales y los titulares mediáticos, no han sido tan espectaculares como se esperaba. En algunos casos, las obras prometidas se han demorado, han sido de baja calidad, o han generado nuevas dependencias financieras.

En cambio, Guatemala ha sido un socio leal de Taiwán durante décadas. Sin embargo, no ha sabido capitalizar esa relación como debería. Mientras, por ejemplo, Lituania —que ni siquiera tiene plenas relaciones diplomáticas con Taipéi— ya recibió un fondo taiwanés de inversión por US$200 millones, Guatemala apenas si ha rascado la superficie del potencial de cooperación con la isla. Podríamos aprovechar su experiencia institucional —por ejemplo, en servicio civil, educación tecnológica, y sistemas electorales—, profundizar el comercio, o negociar un fondo de inversión bilateral, administrado con transparencia, para infraestructura productiva o innovación digital.

Y no se trata solo del evidente interés que Taiwán debería tener en mantener a Guatemala de su lado. También Estados Unidos (nuestro principal socio comercial y policía regional), que percibe con alarma la creciente presencia de China en América Latina, valora mucho que Guatemala mantenga esa alianza estratégica. En un tablero geopolítico donde se juegan las tensiones más importantes del siglo XXI —incluyendo el futuro del Indo-Pacífico, la seguridad cibernética, y el control de las cadenas de suministro tecnológicas—, nuestro país puede desempeñar un rol diplomático relevante. No por nuestro peso militar o económico, sino por nuestra ubicación estratégica, nuestra trayectoria y nuestra lealtad diplomática, que es observada con atención desde Washington.

Nuestra relación con Taiwán sigue siendo una apuesta que conviene

Algunos analistas “pragmáticos” aconsejan a Guatemala cambiar de bando y ceder a la seducción y a las amenazas -veladas o explícitas- de China. Pero ¿y si algún día Taiwán y China deciden, a su manera, reencontrarse como partes de una misma nación? Esa posibilidad, aunque quizá no tan cercana, existe. En tal caso, Guatemala no saldría perdiendo si ha jugado el papel de aliado prudente, coherente y respetuoso. China —que valora la continuidad, el honor y la palabra empeñada— sabrá apreciarlo. No sería la primera vez que la diplomacia oriental premia la paciencia y la fidelidad.

Claro que esta ruta entraña riesgos. Pero mientras Taiwán siga existiendo como actor internacional con autonomía, nuestra relación con esa isla comprometida con la democracia, tecnológicamente sofisticada y firmemente aliada de Occidente, sigue siendo una apuesta que conviene —por principios y por estrategia— mantener. Eso sí: es una apuesta que solo vale la pena jugar si la sabemos cobrar bien.

LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN

GUATEMALA PODRÍA APROVECHAR CON PRAGMATISMO SU RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

Lituania es uno de los países más pequeños de Europa, con menos de 2.8 millones de habitantes que producen anualmente unos US$ 55 millardos, en un territorio de 65.3 mil kilómetros cuadrados. Guatemala tiene mayor tamaño (el más grande de Centroamérica), con casi 18 millones de habitantes que producen unos US$77 millardos en 109 mil kilómetros cuadrados de territorio. Los lituanos (con un ingreso per cápita de unos US$19 mil anuales) son más ricos que los guatemaltecos (US$4.6 mil anuales). Se trata, evidentemente, de dos países muy distintos, pero que tienen un punto en común: son dos de los apenas 14 países que mantienen algún tipo de lazos diplomáticos con Taipei (aunque el gobierno Lituania aún no los establece plenamente).

Hace cinco años eran 21 los países que reconocían a Taiwán pero, desde entonces, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, Kiribati, las Islas Salomón y, ahora, Nicaragua han cambiado su lealtad hacia a la República Popular China. El embate diplomático que sufre Taiwán por parte de China hace muy relevante el papel que sus pocos aliados puedan jugar en el concierto de las naciones. En la reciente batalla entre las Chinas por ganarse el reconocimiento de Lituania, Taiwán ha desplegado todo su arsenal diplomático y financiero: creará un fondo de US$200 millones de inversión estratégica que será financiado por el fondo de desarrollo nacional de Taiwán y contará con el respaldo del banco central taiwanés. El Fondo invertirá en industrias lituanas, especialmente en alta tecnología. Simultáneamente, Taiwán acelerará su proceso de aprobación de exportaciones lituanas y buscará vincular las empresas lituanas con las cadenas de suministro taiwanesas.

Guatemala, por su parte, es la economía más grande de todas con quienes Taiwán tiene relaciones y, por ello, deberíamos posicionarnos como uno de los principales socios estratégicos de la isla, máxime en la coyuntura geopolítica actual en la que en el Sudeste de Asia se libra una batalla por la hegemonía económica entre China y Estados Unidos, mientras que en Centroamérica China Popular está en plena ofensiva para aumentar sus activos (políticos y económicos) en la Región, ante la manifiesta incomodidad estadounidense por la creciente influencia china en su patio trasero.

En lugar de estar considerando cambiarnos de bando (lo que le ha traído resultados muy por debajo de los esperados a nuestros vecinos que ya lo han hecho), Guatemala debería abrazar a Taiwán -junto con Singapur, Japón y Corea del Sur- como un socio estratégico en Asia. Debemos sacarle mucho más provecho a nuestra relación especial con Taiwán, pero no a cambio de estadios de fútbol ni de carreteras que nunca terminan de construirse sino, como Lituania, mediante inversiones estratégicas de largo plazo. Un fondo bien organizado, como el lituano, enfocado quizá a infraestructura (con una gobernanza que lo blinde contra la corrupción) y una ampliación del tratado de libre comercio deberían ser la ruta estratégica de las relaciones entre ambos países en este momento crítico.

Cómo (No) Atraer Inversiones de China

No es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado

Una de las razones por la cuales países como El Salvador, República Dominicana o Costa Rica han roto recientemente sus relaciones diplomáticas con Taiwán para poder establecerlas con la República Popular de China, ha sido la de atraer las potencialmente cuantiosas inversiones chinas para apuntalar las famélicas tasas de inversión en estos países. Por la misma razón, más de una voz de algún economista guatemalteco arguye que a nosotros -que exhibimos una de las tasas de inversión más bajas del mundo- también nos convendría abandonar los más de sesenta años de lealtad con Taiwán para abrazar a la China Popular.

Al respecto, conviene recordar que Taiwán tiene relaciones diplomáticas plenas con apenas quince países (que cada vez son menos), de los cuales Guatemala es notoriamente el más grande -en términos de población, tamaño de la producción y monto de exportaciones, entre otros parámetros-, a pesar de lo cual las inversiones taiwanesas (públicas y privadas) en Guatemala son sumamente escasas. ¿Atraeríamos más inversiones si establecemos relaciones con la República Popular?

A juzgar por lo ocurrido en Costa Rica y El Salvador, no hay que esperar un súbito ni sostenido aumento de las inversiones después de cambiar lealtades de una a la otra China. De hecho, en toda la región latinoamericana, las inversiones provenientes de China Popular solamente son significativas en Chile y Panamá (casualmente las dos economías más sólidas de América Latina). Para entender el por qué, quizá sea bueno revisar lo ocurrido en el continente africano, donde todos los países (excepto uno: Suazilandia) han roto con Taiwán para acercase a China Popular, bajo la ilusión de atraer grandes inversiones hacia sus rezagadas economías.

Menos del 3% de la inversión extranjera de China va a África. Aunque al inicio del siglo las inversiones chinas en África aumentaron con rapidez, en años recientes casi se han detenido. La razón es el pésimo clima de inversiones en casi todo el continente africano: los -al inicio entusiastas- inversionistas chinos se han topado con el incumplimiento reiterado de las promesas de construir infraestructura por parte de los gobiernos africanos, con su incapacidad de proveer energía o acceso a tierras, con las invasiones a la propiedad privada, con la falta de registros adecuados de la propiedad, con las autoridades locales o las comunidades organizadas imponiendo restricciones a la inversión que no habían sido acordadas con el gobierno central, con los jueces locales dictando sentencias contrarias a los contratos previamente firmados. ¿Suena familiar?

La lección es clara: no es cambiando lealtades diplomáticas como vamos a atraer inversión de manera sostenible, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado y mejorando el clima para hacer negocios en el país, de manera que Guatemala resulte atractiva para inversionistas no solo de Taiwán y de China, sino de cualquier país que pueda traer los recursos y tecnología que tanta falta le hace a nuestra economía. Mientras tanto, el nuevo gobierno deberá ocuparse de sacarle mayor provecho a nuestra condición de ser el país más importante para Taiwán entre sus -cada vez menos- aliados.

Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

No Me Ayudes, Compadre

La decisión de Donald Trump de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido, y contraproducente para sus propios intereses

La ayuda internacional para el desarrollo -AID- era originalmente, hace años, un flujo de recursos de los países ricos para aliviar, sin condiciones, las emergencias humanitarias de los países pobres. La naturaleza de la AID, sin embargo, ya no es la misma que antes, y la mayoría de países ricos, incluyendo los Estados Unidos de América, solo dan ayuda bajo ciertas condiciones que deben cumplir los países recipiendarios, que no necesariamente son pobres. Guatemala, cabe subrayarlo, no es un país pobre (pertenece a los países llamados “de ingresos medios”).

Hace pocos días, el presidente Donald Trump, anunció un recorte de la ayuda estadounidense a Guatemala (y a Honduras y El Salvador), como reacción al aumento de las "caravanas de migrantes" indocumentados. El Departamento de Estado canceló los fondos para el año fiscal 2018, que en buena parte ya habían sido desembolsados, por lo que el impacto no será significativo (excepto para algunas comunidades beneficiarias de programas específicos) y el recorte de la ayuda resultará más bien simbólico del enojo estadounidense.

Lo cierto es que Guatemala –como cualquier país de ingresos medios- no necesita ni depende de la ayuda internacional (salvo en caso de desastres). Lo que ocurre es que –como muchos países de ingresos medios- administramos muy mal los recursos fiscales y padecemos una terrible debilidad institucional, por lo que persistan bolsones de pobreza, desnutrición e ingobernabilidad. Esto es precisamente lo que justifica que los países donantes condicionen su ayuda a que esta se dirija a programas focalizados en los más pobres y a que se corrijan las debilidades institucionales.

Por eso la decisión de interrumpir la ayuda a los países del Triángulo Norte es un sinsentido. Sin los programas de ayuda el gobierno estadounidense pierde valiosas herramientas, no solo para mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes en los bolsones de pobreza, sino principalmente para persuadir a estos países a reformar las institucionales para mejorar la gobernabilidad, combatir el narcotráfico y reducir las migraciones ilegales. Con la suspensión de la ayuda es probable no solo que estos países se atrincheren y paralicen sus reformas institucionales, sino que además reciban tentadoras ofertas de donantes emergentes –como China y Rusia-, cuyos objetivos son muy diferentes a los de los Estados Unidos.

Tampoco conviene satanizar (ni acá, ni allá) la AID: países tan exitosos como Taiwán y Corea del Sur iniciaron su ascenso al desarrollo recibiendo importantes montos del AID, y enfermedades como la polio y la viruela han sido casi erradicadas merced a este tipo de asistencia. Lo que los donantes deben perseguir es que su ayuda efectivamente mejore la calidad de vida de los más pobres, que no sea usada con fines partidarios o antidemocráticos, que se use con transparencia y que esté bien fiscalizada. En estos objetivos debería centrarse el gobierno de Trump para que la ayuda estadounidense contribuya a reducir las migraciones y el narcotráfico. Recortar esa ayuda consigue precisamente lo opuesto.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

Intereses Comunes

La situación en Guatemala representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, quien plantea una agenda al respecto. Podemos –con soberbia patriótica- resistirnos a ella, o podemos –con pragmatismo visionario- aprovecharla para impulsar nuestra propia agenda de reformas y desarrollo.

Guatemala está muy cerca, a un país de por medio, de la potencia militar y económica más grande del mundo. Excepto en 1954, Guatemala nunca había estado entre las prioridades principales de la política exterior de los Estados Unidos (ni siquiera durante nuestra cruenta guerra civil). Pero ahora, con su seguridad nacional amenazada por el terrorismo internacional, el gobierno estadounidense ve en la combinación tóxica de narcotráfico, flujo masivo de migrantes menores de edad y ausencia de Estado en muchas regiones de nuestro territorio una grave amenaza que nos ubica, desde hace un par de años - junto con El Salvador y Honduras-, entre las prioridades más significativas de su agenda exterior

En ese contexto, resultan muy relevantes las prioridades que el nominado embajador estadounidense para Guatemala, Luis Arreaga, esbozó durante su audiencia ante el comité senatorial de Relaciones Exteriores de su país. La declaración del embajador, que enfatizó el hecho de que las fuertes relaciones entre nuestros países se basan en la existencia de intereses comunes, revelan con claridad la orientación de la política de la nación más poderosa del planeta respecto de Guatemala.

Ante la realidad geopolítica en la que se enmarcan esas declaraciones, los guatemaltecos tenemos dos caminos; o nos resistimos (con la excusa de defender la soberanía nacional) a tomar en cuenta seriamente las preocupaciones del gobierno estadounidense (lo cual equivaldría a  aislarnos de la comunidad internacional), o encontramos la manera de combinar los intereses comunes de ambos países para impulsar una agenda de políticas y reformas que (diseñada, con dignidad, por nosotros mismos, pero respaldada por la comunidad internacional) pueda ser viable para propiciar el desarrollo nacional.

Los tres objetivos básicos de la política estadounidense hacia Guatemala, según la declaración de Arreaga, pasan, en primer lugar, por promover la seguridad ciudadana y, complementariamente, por promover el buen gobierno (gobernanza) y la prosperidad económica en nuestro país,

Para fortalecer la seguridad nacional, la visión de Estados Unidos enfatiza el combate al narcotráfico y al crimen organizado (incluyendo las pandillas), la cooperación bilateral en inteligencia estratégica, y el control de las fronteras. Complementariamente, los estadounidenses ven el área de fortalecimiento de la gobernanza como una búsqueda  del imperio de la ley, de la transparencia y rendición de cuentas, y del combate a la corrupción.

Para Guatemala, los intereses estadounidenses en estas dos áreas son absolutamente compatibles con nuestro interés de lograr un conjunto de reformas institucionales fundamentales para que exista certeza jurídica y prevalezca el Estado de Derecho, que incluyen reformas al sistema de justicia, al sistema electoral, al  servicio civil, a las compras y contrataciones del estado, y a la Contraloría de Cuentas. Ya existen propuestas avanzadas para todas estas reformas, pero ha faltado visión y voluntad de los líderes políticos para impulsarlas.

En el área de promoción de la prosperidad, el gobierno estadounidense ve que, además de mejorar la seguridad y la gobernanza, debe promoverse la inversión, el comercio, la educación y el clima de negocios. Este enfoque coincide con el interés guatemalteco de focalizar el presupuesto del Estado hacia el gasto en infraestructura, educación, nutrición y salud, mejorando significativamente la eficacia de dicho gasto. También en esta área ha faltado la visión y voluntad políticas para impulsar las reformas necesarias. Quizá los intereses comunes con Estados Unidos puedan ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer.

Una Oportunidad Para la Integración Económica

Una próxima unión aduanera Guatemala-Honduras imprime un tono de optimismo sobre el mar de frustraciones históricas integracionistas

Cuando en 1960 los cinco países del norte del istmo se unieron en el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, la integración económica prometía ser el camino para la unión y el desarrollo de la región. Más de medio siglo después, esa promesa no sólo se ha incumplido, sino que cada vez luce menos creíble.

Cierto es que durante sus primeros lustros el MCCA fue muy exitoso: el comercio regional se expandió velozmente, lo mismo que las inversiones. Pero la inverosímil guerra del fútbol (Honduras-El Salvador), primero, y después las guerras civiles (en Nicaragua, El Salvador y Guatemala), detuvieron cualquier progreso, con la ayuda de la inveterada falta de interés político (especialmente en Costa Rica) respecto de la integración centroamericana.

Al finalizar los conflictos armados, el comercio intrarregional se reactivó, las exportaciones aumentaron y el crecimiento económico se estabilizó; las instituciones regionales empezaron a proliferar, lo mismo que las grandes propuestas de integración: la creación del Sistema de Integración Centroamericana –SICA- en 1991, la firma del Protocolo de Guatemala en 1993, el Plan Puebla-Panamá (impulsado por México) en 2000, en “Relanzamiento” de la integración centroamericana (en San Salvador en 2010). A pesar de estos intentos, los avances de la integración económica han sido tan abundantes como los retrocesos, y el sueño de unir a América Central parece tan distante como siempre.

Por eso reconfortan las noticias que apuntan a avances concretos y específicos en materia de integración centroamericana, aunque sean menos ambiciosos y rimbombantes que los grandes planes de décadas pasadas. El anuncio que recientemente hizo en Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, en cuanto a que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será una realidad en diciembre de este año, introduce un tono de optimismo en el mar de frustraciones integracionistas.

Este tipo de esfuerzo, basado más en la "voluntad política" de los gobernantes que en los añejos planes y tratados de integración, busca evadir las dificultades características de las negociaciones multilaterales (que exige un acuerdo entre cinco o más partes que tienen diferentes sistemas cambiarios y disímiles niveles de desarrollo relativo), apostando por acuerdos bilaterales como un atajo hacia una integración económica más completa. Este enfoque de una integración por etapas, y a velocidades distintas según la voluntad de los países socios, parece adecuado para el caso de Honduras y Guatemala.

En conjunto, estas dos economías representan más del 45% de la producción del MCCA, así como casi el 40% del comercio intrarregional. Además, se trata de los dos países más populosos de Centroamérica, que suman más de 22 millones de habitantes (57% del total del MCCA). Las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países es enorme; y podría ser un precursor para que el anunciado “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsado por el gobierno estadounidense, pueda tener alguna repercusión económica tangible y sostenible.

Pero, como la historia lo demuestra, practicar la integración económica es mucho más difícil que hacer promesas sobre ella. El desafío que se han planteado los presidentes Pérez Molina y  Hernández implica pasar del actual estatus de comercio libre sin arancel externo común, a uno de libre circulación de bienes y personas con arancel común. Ello implica acordar políticas comunes sobre asuntos que van desde los códigos aduaneros hasta la política de competencia y los subsidios a la inversión, lo cual requerirá algo más que pura voluntad política.

Cualquier profundización de la integración económica implica una cierta pérdida de soberanía, y toma tiempo; por eso es que ha sido tan compleja en todo el mundo. Pero la fusión de Guatemala y Honduras –y, eventualmente, de El Salvador- en un solo espacio económico conjunto con libre circulación de personas, bienes y capitales (sin aduanas ni restricciones para el cruce de fronteras) generaría múltiples oportunidades de crecimiento económico (mediante mayor productividad y economías de escala, y más competencia e inversiones). El cumplimiento de la promesa está, de nuevo, en manos de los gobiernos.

Re-Penalizar las Drogas

La propuesta repentina del presidente Pérez Molina de discutir la despenalización de las drogas ha puesto en evidencia lo complejo del tema. Resulta evidente que la propuesta tiene mérito, pero que su tratamiento debe ser no sólo integral, sino también gradual. En este enfoque gradual, hay que definir bien a qué etapa del negocio de las drogas se van a referir la medidas, y debe tenerse muy claro que no hay que confundir descriminalizar (dejar de considerarlo crimen) con despenalizar (dejarlo sin castigo). Como dicen los gringos, en los detalles está el diablo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RE-PENALIZAR LAS DROGAS

Una atrevida (y posiblemente prematura) propuesta del presidente Pérez Molina de discutir a nivel regional la despenalización de las drogas, disparó una precipitada (y ciertamente odiosa) respuesta en contrario del gobierno estadounidense que, por así decirlo, tuvo que inhalar profundo ante las declaraciones del mandatario guatemalteco. La opinión oficial de los Estados Unidos es que ese tema no se debate; y punto. Pero el debate está aquí, lo ha estado desde hace años y cada vez con más fuerza. Propuestas como la del presidente de Guatemala simplemente lo intensifican y ponen en evidencia su urgente necesidad.

El problema de las drogas y su tráfico no ha hecho más que empeorar en los últimos veinte años. Mientras que el conflicto entre y contra los carteles del narcotráfico en México y Centroamérica deja miles de muertos, la respuesta del principal país consumidor del mundo se centra más en fortalecer su frontera para impedir el paso de trabajadores indocumentados que para combatir el tráfico ilícito de drogas (de sur a norte) o de armas de fuego (de norte a sur). El clamor creciente en contra de esta situación refleja el hecho de que la política actual contra las drogas es un sonoro fracaso.

Encima de todo, la enorme crisis fiscal hace que el gobierno estadounidense reduzca el monto de recursos destinados a apoyar el esfuerzo de los países latinoamericanos por disminuir el flujo de drogas hacia el gigante del norte, lo cual refuerza la imagen de doble moral que la actual política anti drogas gringa proyecta en la opinión pública regional.

Por lo tanto, razones no le faltan a la propuesta de debatir la despenalización de la droga. Está claro, sin embargo, que el tema es sumamente complejo y que desata pasiones (especialmente en una sociedad tan conservadora como la nuestra). Su tratamiento requiere de políticas que, con gradualidad y lucidez, avancen poco a poco en nuevos enfoques que, sin descuidar los aspectos de seguridad pública, privilegien las aristas de salud pública asociadas con las drogas. Esto implica diferenciar el tratamiento que debe dárseles a los distintos tipos drogas y a sus distintas fases de mercado (producción, transporte, distribución, venta y consumo).

El problema básico es que una gran cantidad de personas (en Estados Unidos, pero también aquí) quiere consumir drogas que, al estar prohibidas, van a ser provistas por delincuentes; así, el uso de la fuerza pública para sacar a los traficantes de un área geográfica solamente hace que estos trasladen su sangriento negocio a otro lado, como lo atestigua la tragedia que hoy vivimos en Centroamérica y cuya reversión exige enfoques de política más ilustrados y efectivos.

Una línea que ha mostrado ser exitosa en otros países es la de descriminalizar el consumo de algunas drogas. En muchas partes de Europa la política anti drogas se basa en leyes benignas: la posesión personal de cualquier droga –incluso las más duras- no es un delito en España, Portugal, Italia, la República Checa ni en los países bálticos; algunos estados alemanes y cantones suizos siguen la misma línea. Los castigos no son penales sino administrativos: imposición de multas, retiro de la licencia de conducir, y envío a cursos de tratamiento y disuasión. La aplicación de este enfoque ha aumentado la efectividad en el uso de los recursos estatales hacia el tratamiento de las drogas y (contrario a lo que sostenían los opositores estas medidas) no ha aumentado el consumo de drogas.

Se trata de tomar medidas pragmáticas y, en este enfoque gradual, no hay que confundir descriminalizar con despenalizar. El tráfico y consumo de drogas debe combatirse pues (por mucho que al final se trate de una decisión personal del consumidor) causa pérdidas y costos sociales (lo que los economistas llamamos externalidades negativas) que ameritan su estricta regulación. Pero no puede seguirse haciendo como hasta ahora.

Está claro que se necesitan políticas más ilustradas y efectivas para combatir las drogas. Y que tales políticas no pueden ser unilaterales, sino que deben implementarse a nivel regional. La mesa está servida y el debate ya empezó, por más que el gobierno estadounidense se esfuerce en retrasarlo debido, quizá, a lo adicto que está –valga la expresión- a su longeva y fallida política anti-drogas.

La "Cooperación" Económica Externa

No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que nos regalan (así se trate de regalos de cumpleaños) es algo que necesitemos. La ayuda económica externa, para un país como Guatemala (que NO ES de los más pobres del mundo) es muy bienvenida y necesaria en casos de emergencia (como desastres naturales o hambrunas) y es muy útil cuando se utiliza para construir instituciones usando la experticia de otros países que nos superan en ese campo. El resto de la "ayuda" debemos verlo con escepticismo.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA “COOPERACIÓN” ECONÓMICA EXTERNA

No todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda  

La semana pasada se informó que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- estimaba que, como mínimo, la cooperación económica internacional recibida por Guatemala en los últimos quince años ascendía a unos Q70 millardos, aunque la titular del ramo reconoció que, por diversas razones (como la falta de archivos ordenados) la información era solamente aproximada.

La noticia publicada incluyó también una serie de comentarios que criticaban la falta de efectividad de dicha ayuda debido a la falta de políticas gubernamentales de largo plazo y a la débil institucionalidad pública. Además, se dejó ver que los países cooperantes podrían estar insatisfechos por los magros resultados de su ayuda en términos de reducción de la pobreza y mejora del desarrollo del país.

En todo caso, es conveniente tomar con mucha cautela las “gigantescas” cifras a las que supuestamente asciende la cooperación extranjera. En primer lugar porque, en términos relativos, la asistencia oficial para el desarrollo que recibe Guatemala no es tan significativa pues, según la OCDE (el club de los países cooperantes), representó un 1.25% de su ingreso nacional bruto (en promedio anual de 2007 a 2009), porcentaje muy similar al del promedio del grupo de países clasificados como de ingreso medio-bajo (entre los que se incluyen, por ejemplo, Guatemala, Paraguay y El Salvador). En estos términos, evidentemente, nuestro país recibe menos cooperación económica que otros de menor nivel de ingreso como Bolivia (que recibió ayuda equivalente a un 4% de su ingreso nacional, en el mismo periodo), Honduras (3.8%), Nicaragua (13.1%), Mozambique (20.8%), o Burindi (41.2%).

En segundo lugar, las cifras de cooperación internacional no están bien registradas, no sólo en nuestros desordenados archivos gubernamentales, sino también en los de los países donantes, cuyos ciudadanos financian con sus impuestos muchos proyectos y actividades oficiales y de ONGs que no sólo suelen tener poco impacto en el bienestar de los pobres sino que, en ocasiones, se rigen por motivaciones políticas y diplomáticas poco transparentes.

En tercer lugar, no todo lo que se clasifica como ayuda oficial al desarrollo es genuinamente ayuda. En el caso de Guatemala, casi el 70% de la “cooperación” registrada por SEGEPLAN corresponde a préstamos –muchos de ellos “atados” a ciertas condiciones que favorecen a empresas del país otorgante- que tarde o temprano nuestro país debe devolver, si bien es cierto a tasas de interés subsidiadas y con períodos de gracia incorporados. Del restante 30% (las verdaderas donaciones) una buena tajada se concede a fundaciones, iglesias y otras asociaciones que utilizan los recursos con la eficacia que su buena fe y capacidad institucional les permiten.

La efectividad de la ayuda económica externa, en términos de impulsar el desarrollo económico y humano, ha sido puesta en duda por diversos académicos a nivel internacional. Economistas como Peter Thomas Bauer, Dambisa Moyo, Paul Mosley o Peter Boone han comprobado que no existe correlación entre la ayuda recibida y el crecimiento económico de los países recipiendarios, entre otras razones, por el drenaje de recursos que su debilidad institucional ocasiona en forma de proyectos y gastos improductivos.

Por ello los propios países de la OCDE adoptaron en 2005 una serie de principios para aumentar la efectividad de su ayuda externa. Tales principios incluyen la necesidad de que el país recipiendario se apropie de las políticas y estrategias financiadas por la cooperación, que la misma esté alineada con las prioridades de desarrollo de cada país, que los cooperantes se coordinen en la priorización del destino de su ayuda, que ésta esté enfocada a lograr resultados y que todas tanto donantes como recipiendarios sean responsables del uso transparente y eficiente de los recursos.

Ante el poco avance mostrado por los cooperantes en el cumplimiento de estos simples principios, y con la crisis económica por la que ahora atraviesan, no podemos sino ser pesimistas respecto de que algún día se pongan de acuerdo en los temas que realmente pueden ayudar al desarrollo y bienestar de los países menos desarrollados: la apertura de sus mercados a nuestros productos y la apertura de sus fronteras a nuestros trabajadores.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Mar, 08/16/2011 - 10:38 — Sergio Petronio Licardie Vetorazzi

Respecto de los datos estadísticos sobre la relación cooperación internacional,-  ingreso nacional bruto pueden conjeturarse algunos conceptos. Guatemala no requiere de ayudas internacionales y produce bastante, por eso la baja. relación. Otro. Somos malos pedigüeños  y por eso no nos dan la lana. Tenemos mala fama y nos tienen desconfianza. Somos muy presumidos y no recibimos cualquier cosa. Yo creo que somos malos pedigüeños con algo de creídos y presumidos. Por ejemplo el presumido presidente que no solicito la condición migratoria en USA y paso a fastidiar a miles de miles de guatemaltecos que viven ilegalmente en USA. Allí fuimos malos pedigüeños y presumidos. Por otro lado la relación ingreso nacional y lo que nos dan (cooperación) no es una cifra útil para comparar entre los países que reciben mas o menos dinero, de la misma forma también no se analiza en que se gasta y si paga impuestos al gobierno.

Nuevas Rutas a Asia

El pequeño debate que hay en Guatemala respecto de si debiésemos abjurar de nuestro reconocimiento a Taiwán y establecer relaciones con la República Popular China es, a mi juicio, una pérdida de tiempo. Mientras el poderoso lobby taiwanés en nuestro país siga invirtiendo como lo hace en mantener la fidelidad de la opinión pública guatemalteca, mientras los gringos sigan apoyando la política de “una china dos sistemas”, y mientras los chinos a ambos lados del Estrecho de Taiwán continúen acercándose gradualmente, nosotros deberíamos enfocar mejor nuestros esfuerzos a abrir puertas con otros gigantes asiáticos que representan muchos menos dolores de cabeza diplomáticos y similares potencialidades comerciales.

POLÍTICAS PÚBLICAS

NUEVAS RUTAS A ASIA

Asia es el motor de la economía mundial; sus mercados no son sólo el futuro, sino el presente del comercio mundial. Después de la gran crisis financiera de los países industrializados, los países emergentes han cobrado cada vez más preponderancia política y económica.
China ha sido hasta ahora el país con la economía más dinámica y el peso político más influyente de todos ellos. Sus multimillonarios proyectos de infraestructura (dentro y fuera de su territorio), así como su insaciable demanda de insumos y alimentos, hacen que la mayoría de países, desarrollados o no, se desvivan por estrechar sus relaciones comerciales y políticas con el gigantesco dragón chino.
Es, pues, natural que Guatemala busque fortalecer sus relaciones económicas con China. Sin embargo, esa búsqueda se ve dificultada por el hecho de que Guatemala es el miembro más importante del pequeño, insólito y exclusivo club de 23 países que reconocen a Taiwán como estado soberano, lo que les impide sostener relaciones diplomáticas con China.
Claro que siempre está la opción abandonar a Taiwán, como algún otro país de la región ya lo hizo a cambio de que la gran China les construyera un modernísimo estadio de futbol. Por dicha nuestra selección nacional no se cansa de poner en evidencia el bajísimo nivel futbolístico de Guatemala, lo cual contribuye a alejar la tentación de vender nuestra lealtad diplomática a cambio de espejitos orientales.
En este lío entre Taiwán y China, un país como el nuestro no debe sudar calenturas ajenas. Chinos y taiwaneses están, desde hace tiempo, en un proceso de distensión política y de aumento de intercambios económicos. Desde que el Kuomintang recobró el poder en Formosa, ambos estados ha retomado la ficción de que tanto China Continental como Taiwán son parte de una misma China que cada quien define a su manera. Este acercamiento entre las Chinas seguirá avanzando, haga lo que haga Guatemala. Más vale dejar que la ancestral cultura oriental resuelva pacientemente las diferencias entre los dragones y esperar que, una vez resueltas, China sepa apreciar como un acto de honor de Guatemala el haber mantenido su palabra empeñada a la isla.
Afortunadamente hay otras rutas para acceder a Asia. India es el único país, aparte de China, con más de un millardo de habitantes. Se espera que en 2011 la economía india crezca tan velozmente (8.5%) como la china. India es un tigre económico que, aunque aún está lejos del dragón chino, corre rápidamente para, eventualmente, alcanzarlo. Es pues, motivo de beneplácito que recientemente se haya formalizado la operación de una embajada india en Guatemala. Más vale tarde que nunca.
Esta apertura diplomática es un buen primer paso para fomentar el intercambio económico con este gigante asiático. Para el efecto, tanto Guatemala como India deben reducir sus aranceles y barreras comerciales, así como reducir los costos de transporte. Aparte de exportar alimentos y materias primas de los que India está hambrienta, Guatemala podría beneficiarse del conocimiento indio en materia de informática, farmacéutica y educación científica. Además, India es una democracia singular y una fuerza emergente en la geopolítica mundial con quien valdría la pena aliarse en ciertos temas.
Y, puestos a diversificarse, bien valdría la pena extender los brazos hacia otro gigante asiático: Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Sus 240 millones de habitantes constituyen un mercado tentador, y su economía está creciendo rápidamente. Además, se trata del país con más cantidad de musulmanes y, al mismo tiempo, de una democracia en proceso de consolidación, todo lo cual hace que Indonesia sea claramente un objetivo para la diplomacia de cualquier nación civilizada.Las autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía harían bien en desarrollar una política exterior proactiva, basada en el análisis geopolítico que permita guiar el establecimiento de relaciones económicas y diplomáticas con los países más dinámicos de Asia y que impulse la competitividad, la diversificación de la producción y la eficiente administración de tratados con países como India e Indonesia, con quienes es menester estrechar los vínculos comerciales, diplomáticos y estratégicos.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Los Poderosos del Mundo

Hasta hace algunos años, los países en vías de desarrollo conformaban grupos de negociación (como el G77 o el G24) para hacer valer (casi siempre con muy poco éxito) sus puntos de vista ante los países industrializados o ante los organismos e instituciones multilaterales. Hoy en día, los nuevos ricos del mundo (como China o Corea del Sur) y los que, sin serlo, tienen un tamaño económico formidable (como India, Brasil o México) tratan de codearse "de tú a tú" con los países industrializados, tal como lo muestra el caso del nuevo G20 que se ha auto nombrado el principal foro de discusión de temas económicos internacionales. El nuevo grupo no las tiene todas consigo, dada su heterogeneidad y la compleja situación internacional.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LOS PODEROSOS DEL MUNDO

El G7 solía ser el club de los poderosos. Desde que se fundó en 1976, en este foro de ministros de finanzas de los siete países más industrializados (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá) se definían las directrices más importantes de la política económica internacional, que rápidamente eran ratificadas por los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional –FMI-.

La gran crisis financiera internacional de 2008, generada y contagiada al resto del mundo desde los países industrializados, han obligado a estos países a ampliar la membresía del club de los poderosos. Entre los innumerables “Grupo de los…” que existen sobre la faz de la tierra, el G20 es el que se ha auto erigido en el foro decisorio de las políticas económicas internacionales. Los que realmente parten el queso en el G20 siguen siendo el antiguo G7 más el emergente grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a quienes acompañan en un rol más secundario otras economías de gran tamaño como Corea o México.

El G20 enfrenta, en términos prácticos, dos complejos desafíos para funcionar adecuadamente. El primer desafío es el de armonizar los heterogéneos intereses de sus miembros. Por ejemplo, en el G20 hay países con grandes déficit comerciales (como Estados Unidos) que quisieran discutir los grandes desequilibrios cambiarios, cosa que no le interesa a otros miembros (superavitarios) como Alemania, Japón o, especialmente, China. Otras divisiones en el G20 se dan, por ejemplo entre las democracias y las autocracias (China, Arabia Saudí), o entre los que quisieran firmar acuerdos vinculantes (los europeos) y quienes quieren un G20 que sólo dé consejos (China y Estados Unidos).

Con esas divisiones no es extraño que el G20 produzca comunicados tan anodinos como el emitido en la Cumbre de Seúl de la semana recién pasada, que no pasó de repetir las fórmulas usuales respecto de que los países “se abstendrán de aplicar devaluaciones competitivas”; "permanecerán vigilantes sobre la volatilidad excesiva de los tipos de cambio”; tomarán “acciones coordinadas” respecto de la crisis mundial, ayudarán al FMI a “identificar desequilibrios comerciales importantes que requieran acciones preventivas y correctivas"; "resistirán el proteccionismo bajo todas sus formas"; y reafirmarán “su compromiso de combatir el cambio climático”. Lo mismo de siempre, pues.

El segundo desafío del G20 es su propia legitimidad, pues allí no están todos los que son, ni son todos los que están. Si la lógica de su composición era incluir a las economías más grandes, resulta extraño que no estén incluidas España y Holanda (que sólo están representadas indirectamente por la presidencia de la Unión Europea), o Taiwán (aunque las razones políticas de su exclusión son evidentes). Por otro lado, más de 150 países (incluyendo Guatemala) no alcanzaron a recibir invitación a la magna cumbre de Seúl, y tendrían razones de sobra para no sentirse representados por el G20, por mucho que hayan participado como invitados los representantes de Naciones Unidas y del FMI.

Formalmente, sería más legítimo que las discusiones de política económica internacional se realizaran en el ámbito de los organismos multilaterales, específicamente en el FMI. Allí, cuando menos, las decisiones se toman por votación de todos los países del mundo aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen la preponderancia del poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con muy poca influencia sobre las políticas del FMI.

Haciendo uso de su nuevo poder, los BRIC lograron hace algunas semanas un ajuste a las cuotas de los miembros del FMI que permite que el poder de voto de las economías emergentes aumente en 6%, en detrimento de las economías industrializadas. Para que estemos ubicados conviene saber que, luego de estos ajustes, Estados Unidos reducirá su poder de voto de 17.0% a 16.5% del total, y que continuará siendo el único país capaz de vetar cualquier decisión del Directorio. Guatemala, por su parte, aumenta su voto de 0.108% a 0.114%; ¡vaya mejora!

Comentarios de los lectores

ROBERTO LOPEZ PORRAS 16-11-2010 09:57:44 horas

¿Alguien cree en el Poder del G20? En la actualidad su autoridad está en duda, ya que los intereses de sus miembros son encontrados. Las políticas de China, Japón, la EuroZona y América Latina, responden a sus propios intereses con algún barniz mediático, con poca efectividad. El mundo no está preparado para la globalización y las decisiones de este Grupo, solo reflejan sus buenas intenciones, pero lo que practican es un proteccionismo disfrazado. Dichos bloques más son proclives a la autarquía Antonio Morales 16-11-2010 12:51:13 horas El G20 es la vía incorrecta para coordinar políticas internacionales. Para eso inventaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a la Naciones Unidas. Cualquier otro grupo es sólo un esfuerzo por proteger intereses de países individuales fuera del marco multilateral. Guatemala debería protestar (aunque sea con su 0.00001% de votos) contra estos movimientos.

La Tentación de Mendigar

.Parece ser un juego divertido: nuestro gobierno hace como que necesitamos con urgencia que nos regalen un montón de dinero, y nuestros "países amigos" hace como si nos donaran una enorme cantidad de recursos financieros frescos. Sin embargo, a la postre, se trata de un juego perverso. Aparte de la penosa pérdida de tiempo y recursos que se gastan en las convenciones de países donantes, se pierde también una gran dosis de dignidad nacional y, lo peor de todo, se pierde el norte respecto de dónde deben estar las prioridades del país: generar nuestros propios medios para atender esfuerzos como el de la reconstrucción del país y para promover un desarrollo sostenido.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA TENTACIÓN DE MENDIGAR

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En la tradición de los “grupos consultivos”, tan socorridos en la década pasada, el Ejecutivo ha organizado la “Conferencia internacional de cooperantes para la reconstrucción con transformación de Guatemala”, con el objeto de obtener recursos financieros para subsanar los daños y pérdidas ocasionadas por los desastres que el inusual invierno ha dejado en el país (que, según los números del gobierno, ascienden a Q15 millardos).

Tras la bienintencionada iniciativa subyace, sin embargo, el riesgo de presentarnos como un país abatido e incapacitado de generar sus propias soluciones, que necesita de generosas donaciones de los países ricos para poder salir de su desesperada situación. Un país como Guatemala que no es, ni por asomo, de los más pobres del mundo (aunque a veces demos la impresión de serlo) requiere que la cooperación internacional se maneje con cuidado para no caer en la tentación de mendigar que, a la postre, puede ser realmente contraproducente para el desarrollo sostenido del país.

La autoridades deben evitar inflar las cifras de los recursos que realmente se requieren para reparar los daños. Cualquier catástrofe natural genera tres tipos de costos. El primero se refiere a los gastos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas) que, sin duda, requieren de toda la ayuda, en efectivo o en especie, gubernamental o privada, que la comunidad internacional otorgue. Como estos gastos sólo existen en el muy corto plazo posterior a la tragedia, no deben incluirse en ningún “grupo consultivo” posterior.

El segundo tipo de costos se refiere al daño que el desastre ocasiona sobre los activos (stocks), los cuales ocurren durante o inmediatamente luego del desastre y que se reflejan en un impacto sobre la infraestructura, los bienes de capital y los inventarios. Este tipo de daños incluye pérdidas privadas que, por muy lamentables que sean, no deben ser financiadas con recursos públicos ni, por ende, incluirse en los costos gubernamentales de la reconstrucción.

El tercer tipo de costos son las pérdidas en la capacidad productiva (flujos futuros de producción) que se dan después del fenómeno, durante un período extenso y que se reflejan en una menor generación de ingresos; aunque pueden cuantificarse como parte de los daños del desastre, no se justifica su inclusión dentro de los recursos para la reconstrucción pues estos se enfocan, más bien, a restituir los activos destruidos, no a suplir la reducción de la producción originada en tal destrucción.

Una vez los costos de la reconstrucción están bien cuantificados, debe hacerse la profunda reflexión respecto a si financiar la misma con donaciones y “créditos blandos” (los cuales suelen traer condiciones aparejadas), o pagarlos con recursos domésticos. Por supuesto que esto trae a la mesa el escabroso tema de los impuestos que los guatemaltecos nos esforzamos por evadir y posponer, pero que una situación como la actual vuelve a evidenciar como crucial para el desarrollo futuro del país.

Debemos tener claro que los países que tienen éxito son los que construyen instituciones fuertes. Y, lo queramos o no, se necesita del pegamento de los impuestos para crear buenas instituciones, pues a fin de cuentas son los impuestos los que crean un vínculo sólido entre el gobierno y los gobernados: una población que paga impuestos está más interesada en pedirle al gobierno que rinda cuentas, que no robe, y que gaste con eficiencia. Y si los impuestos (no la caridad internacional) constituyen la fuente de ingresos del gobierno, éste estará interesado en favorecer la empresa y la inversión privadas. La ayuda externa, por muy generosa que sea, puede minar este vínculo gobierno-ciudadanos y, por ende, retardar el desarrollo institucional.

Por último, las autoridades deben ser realistas en cuanto al monto de recursos que aspiran a obtener de la multitudinaria conferencia internacional que concluye hoy martes. Sólo tienen que ver lo ocurrido con los grupos consultivos del pasado en los que, luego de pasar la vergüenza de mendigar recursos, Guatemala recibía la promesa de los países “amigos” de aportarle algunos millones de dólares (sujetos a innumerables condiciones): después de muchos años reciclar las mismas promesas, apenas una pequeñísima porción de dichos recursos fue efectivamente aportada.

Comentarios de los lectores

julio ambrosio 12-10-2010 09:32:33 horas

Da vergüenza que otros nos saquen de problemas. Guatemala tiene los recursos para solucionar sus propios problemas. La ayuda de esos países lo único que genera es injerencia en asuntos internos del país. Como resultado de esas ayudas hoy el país está sumergido en violencia, narcotráfico y corrupción. Roberto Aparicio 12-10-2010 11:34:54 horas Que feo eso de tender la mano para pedir limosnas, nos hace ver como un pueblo sin dignidad (no tenemos sangre en la cara, dicho chapín) y lo peor es que cuando llega alguna ayuda, le caen encima los alagartados corruptos, sobrevalorando los trabajos.Total parece que tenemos una cultura de pedigüeños, "Miren" nada mas: pedigüeños en las camionetas, en las calles, en las radios los religiosos, en las pasarelas,; hasta una maratón tenemos en un canal evangélico.

¿Se salvará El Salvador?

Luego de una ausencia por vacaciones (los ecnomistas lúgubres también las merecemos), reanudo las entregas de este blog con la columna que publiqué en Siglo XXI el 23 de junio, relacionada con la situación económica en El Salvador que, a mi juicio, es bastante más grave de lo que los guatemaltecos creemos y que puede, por lo tanto, afectarnos en el futuro cercano. Hay que reconoceer que los salvadoreños han sido muy exitosos en vender la idea de que su economía está muy bien y de que han hecho un gran trabajo de reformas estructurales que los pone a la vanguardia de Centroamérica. Las cifras objetivas, sin embargo, no respaldan esa idea, no obstante lo cual el mito de que la economía salvadoreña es más fuerte y avanzada que la guatemalteca persiste en la opinión pública, tal como se puede apreciar en los comentarios que los respetables lectores hacen al final de mi columna. Ahí les va...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿SE SALVARÁ EL SALVADOR?

La calificación crediticia de El Salvador sufrió un duro revés la semana pasada cuando Fitch (una de las agencias calificadoras internacionales) no sólo la degradó sino que le dio una perspectiva negativa debido al deterioro e incertidumbre política y económica que manifiesta ese país. El impacto que sobre la economía salvadoreña está teniendo la recesión de los Estados Unidos en mucho mayor que el que se produce sobre Guatemala, no sólo en razón de la reducción de los flujos de capital, de las remesas familiares y de las exportaciones, sino también en razón de la rigidez que entraña una economía oficialmente dolarizada.
Los apuros por los que atraviesa El Salvador son similares a los que enfrentó Argentina a principios de esta década o a los que ahora mismo enfrentan países con tipo de cambio fijo, como Letonia: una recesión (el PIB salvadoreño caerá más de 2.5% este año) generada por un shock internacional, una brusca caída de los flujos de capital hacia el país, y un aumento acelerado del déficit fiscal, de la deuda y del déficit externo. La receta usual para enfrentar este tipo de crisis es una depreciación real del tipo de cambio que restaure rápidamente la competitividad del país; sin embargo, El Salvador no puede hacer uso de tal herramienta porque no tiene moneda qué devaluar y, por ende, la solución sólo puede darse mediante un doloroso ajuste de precios relativos vía una deflación y una caída en los salarios nominales, lo cual implica exacerbar la recesión y empeorar la pobreza.
También las autoridades salvadoreñas deberán adoptar medidas drásticas de recorte del gasto público y de aumento de ingresos tributarios si pretenden reducir el déficit fiscal que rebasará el equivalente al 5% del PIB. Pero ambos tipos de medida son políticamente complejos, particularmente para un gobierno nuevo y sin clara mayoría parlamentaria, debilidades éstas que también dificultarán la aprobación parlamentaria de los cuantiosos préstamos externos que resultan imprescindibles para que la dolarizada economía sobreviva a la sequía de flujos de capital externo.
Claro está que los gobernantes vecinos podrían volver a considerar la posibilidad (como a principios de la campaña electoral) de abandonar la dolarización, pero tal medida tampoco sería fácil ni, mucho menos, indolora. Volver a una moneda nacional (como el Colón) implicaría una reforma institucional prolongada, un riesgo de pérdida de credibilidad internacional (con una reducción mayor de flujos de capital) y, seguramente, una devaluación real que trastornaría los balances de empresas e individuos, muchos de los cuales estarían en incapacidad de pagar sus deudas en dólares, golpeando así al sistema financiero salvadoreño y, posiblemente, al de sus vecinos.La encrucijada económica de El Salvador es una amenaza externa adicional para la economía guatemalteca que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de alcanzar acuerdos internos, reducir la confrontación y enfrentar las amenazas externas utilizando nuestras fortalezas (que las tenemos) en un esfuerzo común. A El Salvador solo puede salvarlo la asistencia financiera extranjera, la austeridad fiscal extrema (por impopular que sea) o algún otro milagro que restaure su credibilidad en el exterior y les permita recuperar el crecimiento económico.

Opinión del lector


Pepe Recinos - Guatemala
No viene el lobo. Es mentira. El Salvador solamente tiene que limitar su presupuesto a lo que percibirá y meter medidas drásticas para lograrlo. Su economía es envidiable, supera ampliamente en PIB per cápita a la economía nuestra y está prácticamente en el lugar 100 del IDH, muy lejos del sótano donde está Guatemala (121) y demás países centroafricanos. Además no hay de qué preocuparse cuando la economía de USA, de la que depende E.S., está en RECUPERACIÓN.


Julio Calderon - EE.UU.
Correcto, al igual que El Salvador, Mexico reporto una baja de un 18% en las llamadas remesas que envian los mexicanos en dolares, que al igual que El Salvador, se ve afectada su economia, producto de la resecion y desaceleracion de las economias a nivel mundial, lo cual es un CICLO que sucede cada 50 anos dicen unos y otros dicen es cada 30 anos.


ROBERTO LOPEZ PORRAS -
El tema de la dolarización de la economia Salvadoreña en época de crisis es un tema abstracto, debido a que será una primera experiencia de la economía Salvadoreña. Similar problema enfrenta Ecuador y Panamá y anteriormente, sin crísis, lo enfrentó Argentina bajo móviles políticos. La política de atarse al dolar la han seguido parcialamente todos los países de la órbita del dolar ante la sobrevaluación del Euro, el Yen Japones, pero la dolarización seguida por El Salvador, Ecuador y Panamá, le trajo beneficios y ahora tambien le traerá costos. El análisis debe ser retrospectivo e integral, el esquema de Costos y Beneficios es util y percibo que habran más beneficios pasados y futuros que costos presentes. Nuestros países no estan preparados para enfrentar los costos de la dolarización en época de crisis, pero si han gozado los beneficios en la larga época de bonanza y El Salvador ha aprovechado económicamente dicho período, fortaleciendo su aparato productivo, su inserción en los mercados internacionales, su capitalizacion internacional y sus reservas para esta época. Sobre diez años o más de bonanza, de disciplina fiscal, monetaria y crediticia, tendrá ahora dos años de crisis, de ajustes y de experiencias. Ojalá que las nuevas autoridades Salvadoreñas sepán enfrentar esta crísis con visión de futuro. Las herramientas que los estrategas económicos usan en una economia dolarizada, son diferentes a los que usan los países No dolarizados oficialmente y estas herramientas no son diferentes a los que usan las economias europeas o Japón o incluso la China Continental que en forma directa o indirecta están altamente dolarizadas. Si en el periodo de bonanza es necesaria la disciplina fiscal, monetaria y crediticia, lo es más en una época de crísis y quizá sea menos doloroso el impacto de la crisis en El Salvador que en Guatemala. Será una evaluación post-crisis, por ahora navegamaos en la abstracción.

El Grupo de los Veinte

Los países grandes, ya sea industrializados (como Estados Unidos o Francia) o emergentes (como México o Corea), organizaron su club de amigos para discutir temas económicos internacionales. Hoy iniciaron su reunión en Londres para tratar de resolver la crisis económica mundial y rediseñar las instituciones financieras internacionales. Evidentemente no lograrán ni una cosa ni la otra, pero seguramente emitirán un comunicado muy coqueto y bien logrado. En la columna que publiqué esta semana comento al respecto. Aquí les va
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL GRUPO DE LOS VEINTE
El próximo 2 de abril se reunirá en Londres el llamado Grupo de los Veinte –G-20-, que es un foro de discusión económica entre las economías industrializadas más grandes del mundo y los países en desarrollo que (como Brasil o Corea, por ejemplo) se consideran “de importancia sistémica”. En esta próxima cumbre, el G-20 pretende alcanzar acuerdos para superar la peor caída de la producción mundial en los últimos 60 años, así como para mejorar la regulación del maltrecho sistema financiero internacional.
Como en cualquiera de este tipo de foros, el contenido del comunicado final (que lleva discutiéndose a nivel técnico desde hace meses) no tendría por qué ser muy difícil de predecir. Seguramente va a contener compromisos para adoptar políticas de estímulo y expansión económica, evitar medidas comerciales proteccionistas, y asegurar que las instituciones financieras internacionales canalicen recursos financieros hacia las economías en vías de desarrollo. También es casi seguro que se pronunciarán sobre el necesario saneamiento de los balances de los bancos y la ayuda a los países más pobres. Una primera gran pregunta que surge es si toda esta retórica será seguida de acciones concretas que reduzcan la duración de la actual crisis.
Otra gran pregunta es si, además de los temas obvios arriba mencionados, el G-20 nos sorprenderá con alguna propuesta novedosa y efectiva. Por ejemplo, apoyar una emisión especial y general de Derechos Especiales de Giro –que son activos (y, a la vez, pasivos) financieros del FMI que se repartirían a todos los sus países miembros en proporción a su cuota de participación en la institución-. Otra medida novedosa sería explorar la propuesta de China de constituir una moneda de reserva internacional sobre una base multilateral. O podrían alcanzar algún acuerdo sobre la necesidad de que las agencias calificadoras de riesgo que hasta ahora han operado por la libre tuvieran, a su vez, alguien que las regule y califique.
Sin embargo, también habría que estar atentos a que el G-20 no se ponga demasiado ingenioso y acuerde medidas desesperadas o poco realistas. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de emitir “listas negras” de países que no respeten ciertas normas financieras o fiscales dictadas por el G-20. También se habla de lanzar una reforma profunda de la “arquitectura financiera internacional”. Al respecto cabe plantearse, por una parte, cuál es la legitimidad del G-20, que no es sino un club de amigos que se han auto-invitado a charlar sobre temas económicos internacionales; por otra parte, habría que preguntarse si, en lugar de reinventar el sistema, las acciones deberían mejor enfocarse en utilizar a su máximo potencial las instituciones multilaterales que ya existen y que han sido hasta hoy subutilizadas, por no decir menospreciadas, por parte de las grandes potencias económicas mundiales.En realidad, es poco probable que de este tipo de cumbres surjan grandiosas soluciones a la problemática mundial; lo que sí es factible esperar, de manera optimista, es que se manifieste un compromiso genuino por parte de los líderes de estas enormes naciones para avanzar rápidamente sobre los temas multilaterales impostergables.

Opinión del lector
ROBERTO LOPEZ PORRAS - USA
EL GRUPO DE LOS 20. Un nombre en clave, un número cabalísstico, veinte paises la mayor parte de ellos con economias de primera clase, los demás en menor proporción, los peyorativamente llamados sub-desarrollados. Latinoamérica está representado por Brasil, México y Argentina, pero tambien habran observadores de todo tipo, activistas del cambio climático, del Green peace, antiterroristas, contraabortistas, Etc. y la tribuna será servida para que se luzcan los reformistas europeos, liderados por Alemania y Francia, los pesimistas como el destronado Presidente de la República Checa y rotatorio Presidente de la Union Europea, que espetó una frase célebre y agresiva mandando a los Estados Unidos al infierno. Bueno ese es el panorama previo a la Reunión de este cónclave en Londres a partir del 2 de Abril que contará con la prfesencia de una nueva estrella en el firmamento político internacional, el Presidente Barack Obama y su erudiccón aplaudida en Europa antes de ser Presidente. Hay más espectativa sobre que harán los países desarrollados frente a la crísis generalizada, que medidas coordinadas presentarán, que clase de supervisión internacional presentará la Union Europea, que reordenamiento financiero presentará la China con su sugerencia de crear una nueva Moneda de Reserva mundial y quizá tambien los países productores de Petroleo insistirána en la creación de una Petro-Moneda. Quizá los organismos internacionales incluyendo la Organización Mundial de Comercio estarán en el banquillo de los acusados y las grandes corporaciones de los Estados Unidos que construyeron un Capitalismo Financiero lleno de paraisos para unos e infierno para otros. Convengamos que es una reunión como habrán muchas más antes que se llegue a acuerdos trascendentes, esta es solo un escenario primario de medición de fuerzas, pero no militares sino de las fuerzas del raciocinio y la madurez para reencausar a la economia mundial. De ella se desprenderán comunicados de buenas intenciones y un llamado a otras reuniones más, la creaci[on de otro Grupo de consulta y evaluación, quizá dentro de las Naciones Unidas. Soy de los realistas sin reino, sin que ello signifique pesimismo, pero más creo que la crísis continuará destrozando a su paso el andamiaje que construyó paso a paso el Presidente Bush y se equipo, bajo un ideal doctrinario neoliberal y quizá en estos dos años venideros asistamos al alumbramiento de un nuevo orden, quizá el de los grandes bloques económicos, que es más facil coordinar bloques que países y a un régimen de pragmatismo más que ideológico. No cabe duda que estamos buscando sentar las bases de una nueva economía mundial y una nueva visión de organizaciópn política que llevará más de una década y mas de varios gobiernos.