La Tentación de Mendigar

.Parece ser un juego divertido: nuestro gobierno hace como que necesitamos con urgencia que nos regalen un montón de dinero, y nuestros "países amigos" hace como si nos donaran una enorme cantidad de recursos financieros frescos. Sin embargo, a la postre, se trata de un juego perverso. Aparte de la penosa pérdida de tiempo y recursos que se gastan en las convenciones de países donantes, se pierde también una gran dosis de dignidad nacional y, lo peor de todo, se pierde el norte respecto de dónde deben estar las prioridades del país: generar nuestros propios medios para atender esfuerzos como el de la reconstrucción del país y para promover un desarrollo sostenido.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA TENTACIÓN DE MENDIGAR

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En la tradición de los “grupos consultivos”, tan socorridos en la década pasada, el Ejecutivo ha organizado la “Conferencia internacional de cooperantes para la reconstrucción con transformación de Guatemala”, con el objeto de obtener recursos financieros para subsanar los daños y pérdidas ocasionadas por los desastres que el inusual invierno ha dejado en el país (que, según los números del gobierno, ascienden a Q15 millardos).

Tras la bienintencionada iniciativa subyace, sin embargo, el riesgo de presentarnos como un país abatido e incapacitado de generar sus propias soluciones, que necesita de generosas donaciones de los países ricos para poder salir de su desesperada situación. Un país como Guatemala que no es, ni por asomo, de los más pobres del mundo (aunque a veces demos la impresión de serlo) requiere que la cooperación internacional se maneje con cuidado para no caer en la tentación de mendigar que, a la postre, puede ser realmente contraproducente para el desarrollo sostenido del país.

La autoridades deben evitar inflar las cifras de los recursos que realmente se requieren para reparar los daños. Cualquier catástrofe natural genera tres tipos de costos. El primero se refiere a los gastos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas) que, sin duda, requieren de toda la ayuda, en efectivo o en especie, gubernamental o privada, que la comunidad internacional otorgue. Como estos gastos sólo existen en el muy corto plazo posterior a la tragedia, no deben incluirse en ningún “grupo consultivo” posterior.

El segundo tipo de costos se refiere al daño que el desastre ocasiona sobre los activos (stocks), los cuales ocurren durante o inmediatamente luego del desastre y que se reflejan en un impacto sobre la infraestructura, los bienes de capital y los inventarios. Este tipo de daños incluye pérdidas privadas que, por muy lamentables que sean, no deben ser financiadas con recursos públicos ni, por ende, incluirse en los costos gubernamentales de la reconstrucción.

El tercer tipo de costos son las pérdidas en la capacidad productiva (flujos futuros de producción) que se dan después del fenómeno, durante un período extenso y que se reflejan en una menor generación de ingresos; aunque pueden cuantificarse como parte de los daños del desastre, no se justifica su inclusión dentro de los recursos para la reconstrucción pues estos se enfocan, más bien, a restituir los activos destruidos, no a suplir la reducción de la producción originada en tal destrucción.

Una vez los costos de la reconstrucción están bien cuantificados, debe hacerse la profunda reflexión respecto a si financiar la misma con donaciones y “créditos blandos” (los cuales suelen traer condiciones aparejadas), o pagarlos con recursos domésticos. Por supuesto que esto trae a la mesa el escabroso tema de los impuestos que los guatemaltecos nos esforzamos por evadir y posponer, pero que una situación como la actual vuelve a evidenciar como crucial para el desarrollo futuro del país.

Debemos tener claro que los países que tienen éxito son los que construyen instituciones fuertes. Y, lo queramos o no, se necesita del pegamento de los impuestos para crear buenas instituciones, pues a fin de cuentas son los impuestos los que crean un vínculo sólido entre el gobierno y los gobernados: una población que paga impuestos está más interesada en pedirle al gobierno que rinda cuentas, que no robe, y que gaste con eficiencia. Y si los impuestos (no la caridad internacional) constituyen la fuente de ingresos del gobierno, éste estará interesado en favorecer la empresa y la inversión privadas. La ayuda externa, por muy generosa que sea, puede minar este vínculo gobierno-ciudadanos y, por ende, retardar el desarrollo institucional.

Por último, las autoridades deben ser realistas en cuanto al monto de recursos que aspiran a obtener de la multitudinaria conferencia internacional que concluye hoy martes. Sólo tienen que ver lo ocurrido con los grupos consultivos del pasado en los que, luego de pasar la vergüenza de mendigar recursos, Guatemala recibía la promesa de los países “amigos” de aportarle algunos millones de dólares (sujetos a innumerables condiciones): después de muchos años reciclar las mismas promesas, apenas una pequeñísima porción de dichos recursos fue efectivamente aportada.

Comentarios de los lectores

julio ambrosio 12-10-2010 09:32:33 horas

Da vergüenza que otros nos saquen de problemas. Guatemala tiene los recursos para solucionar sus propios problemas. La ayuda de esos países lo único que genera es injerencia en asuntos internos del país. Como resultado de esas ayudas hoy el país está sumergido en violencia, narcotráfico y corrupción. Roberto Aparicio 12-10-2010 11:34:54 horas Que feo eso de tender la mano para pedir limosnas, nos hace ver como un pueblo sin dignidad (no tenemos sangre en la cara, dicho chapín) y lo peor es que cuando llega alguna ayuda, le caen encima los alagartados corruptos, sobrevalorando los trabajos.Total parece que tenemos una cultura de pedigüeños, "Miren" nada mas: pedigüeños en las camionetas, en las calles, en las radios los religiosos, en las pasarelas,; hasta una maratón tenemos en un canal evangélico.

La Respuesta a la Pandemia

La declaratoria del Estado de Calamidad Pública la semana pasada puede calificarse de desproporcionada. Fue un error del Vicepresidente acceder al consejo de sus asesores e implantar este estado de excepción que, entre otras cosas, le abre la puerta a las compras indiscriminadas por parte del gobierno, por fuera del procedimiento de compras y contrataciones que contempla la ley específica. A raíz del escándalo que siguió a la muerte del abogado Rodrigo Rosemberg, el Presidente dio marcha atrás en la declaratoria del Estado de Calamidad; quizá ese sea uno de los primeros favores que nos legó el valiente abogado Rosemberg...
 POLÍTICAS PÚBLICAS

LA RESPUESTA A LA PANDEMIA
Ante el arribo fatal del virus H1N1 a nuestro país, con sus consecuencias inciertas pero potencialmente catastróficas, el Ejecutivo decidió la semana anterior decretar el Estado de Calamidad en todo el territorio nacional, lo cual implica la potestad del gobierno no sólo de centralizar todas las acciones de respuesta a la pandemia en el Ministerio de Salud, sino también de limitar la libre locomoción, exigir que se mantengan en su residencia (o que se trasladen de la misma) los potenciales infectados, establecer cordones sanitarios, limitar la circulación de vehículos, y hasta impedir la entrada y salida de personas a las zonas afectadas. El Estado de Calamidad también faculta al gobierno para exigir cualquier colaboración de particulares, ordenar evacuaciones de zonas afectadas, impedir concentraciones de personas, prohibir espectáculos públicos, suspender cualquier clase de reuniones y cerrar establecimientos de cualquier naturaleza que generen concentración de personas. Además, permite que el Ministerio de Salud, como medidas de prevención, haga remodelaciones, remozamientos, compra de equipo, mobiliario, material médico quirúrgico (¡!), medicamentos, suplementos alimenticios y vehículos.
Los alcances tan amplios de esta disposición, y la enorme discrecionalidad que le otorga al gobierno, llaman a reflexionar respecto a la idoneidad de la misma a la luz de otras pandemias ocurridas en el pasado (o de las que existen en el presente, como el SIDA, la malaria o la tuberculosis) o de otros instrumentos legales que las autoridades tendrían a su alcance para enfrentar esta crisis. Aunque es loable la intención del Ejecutivo de responder oportunamente a la situación, existen riesgos asociados a una sobre reacción gubernamental, empezando porque –tal como el propio ministro de Salud recomendó al inicio de la crisis- es conveniente evitar que se genere una situación de pánico e incertidumbre cuyas consecuencias sobre el consumo y la inversión pueden ser tan dañinas como las de la propia pandemia.
La declaratoria de estados de excepción ha sido un recurso muy socorrido por el actual gobierno para atender emergencias en zonas específicas del país, siendo ésta la primera ocasión en que el ámbito de aplicación se extiende a la totalidad del país. Al respecto, cabe plantear la sugerencia de que en vez de este tipo de medidas basadas en una Ley de Orden Público que data de los tiempos de Peralta Azurdia, se considere aplicar la nueva Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Esta ley establece normas de carácter orgánico y funcional para la realización coordinada de actividades de seguridad que habilitan al gobierno para anticipar y dar respuesta, de manera sistematizada y eficaz, a cualquier riesgo, amenaza o vulnerabilidad que, como la pandemia actual, deban prevenirse, enfrentarse y contrarrestarse en observancia de la Constitución de la República
La Ley Marco de Seguridad podría ser una herramienta más técnica y adecuada que la Ley de Orden Público para coordinar eficazmente las especialidades de las distintas entidades del Estado, todo ello sin necesidad de centralizar toda la responsabilidad en una sola institución, sin restringir las garantías constitucionales y sin evadir los procedimientos de licitación pública para las compras gubernamentales.

Opinión del lector
Eduardo Rojas-Galindo - México
Que buen artículo. Es cierto lo que dice.
Desde Monterrey, México.