domingo, 30 de octubre de 2011

Crecer Más Para Reducir la Pobreza

Aunque muchos quisieran que existieran soluciones mágicas que, sin esfuerzo, nos permitieran lograr en pocos años el desarrollo económico y social del país y reducir los oprobiosos niveles de pobreza que nos aquejan, la realidad objetiva es que eso sólo puede lograrse con mucho esfuerzo, disciplina en políticas públicas y visión política de estadista. Incluso si uno no es simpatizante del FMI, no puede negarse la sensatez de uno de sus estudios más recientes, que comento a continuación...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
CRECER MÁS PARA REDUCIR LA POBREZA

Los factores clave tienen que ver con el aumento de la inversión física y la mejora del capital humano 
El La pobreza ha sido siempre –y todavía es- el principal problema económico y social de Guatemala. Claro que han existido –y aún existen- otros problemas que, coyunturalmente, parecen ser más agobiantes, tal el caso de la inseguridad ciudadana que hoy padecemos, o la guerra civil que nos afligió hace treinta años, o el despotismos que sufrimos hace setenta. Pero el bajo nivel de ingresos económicos de la población ha sido la debilidad de siempre, que se manifiesta en fenómenos tan vergonzosos como la escandalosa desnutrición que afecta a una gran cantidad de niños guatemaltecos.
Esa insuficiencia estructural de ingresos de los guatemaltecos no es sino el fenómeno recíproco de la incapacidad del país de producir suficientes bienes y servicios. En efecto, el bajo nivel de ingreso por habitante es simplemente la otra cara de la medalla de nuestra mayor debilidad económica: la baja productividad (medida por el PIB per cápita) de nuestro país en comparación con otros de similar tamaño.
Por ello es siempre necesario preguntarnos cómo podemos salir de pobres, cómo lograr que nuestra economía genere más ingresos, y cómo hacer para mejorar la productividad de los guatemaltecos, aunque a veces la falta de respuestas tangibles pueda ser frustrante. En ese sentido resulta pertinente un estudio reciente preparado por expertos (Andrew Swiston y Luis Diego Barrot) del Fondo Monetario Internacional –FMI-, que analiza cómo elevar el crecimiento económico en Centroamérica, que pone en claro por qué Guatemala necesita elevar urgentemente su ritmo de crecimiento económico.
Al contrario de lo que ocurre en muchos otros países de Asia y Latinoamérica, el ingreso por habitante centroamericano es menor hoy al de hace cincuenta años cuando se le compara con el ingreso per cápita de un estadounidense promedio; y lo peor es que los expertos prevén que esta situación empeorará en el próximo lustro, lo cual significa que seremos cada vez más pobres en relación con aquellos países.
El estudio del FMI utiliza una serie de nuevas técnicas e índices económicos para identificar las áreas prioritarias en las que nuestro país debe actuar para revertir esta terrible situación. Curiosamente, sus conclusiones no difieren sustantivamente de lo que otros estudios previos han señalado: los factores clave para aumentar el nivel de ingreso del país tienen que ver con el crecimiento de la inversión física y la mejora del capital humano (salud y educación).
Según el estudio, si la inversión nacional (medida como porcentaje del PIB) subiera del actual 17% a un 25% (el promedio de los tres países latinoamericanos más grandes), nuestro PIB crecería un 1.2% por encima del actual 3% anual. De manera similar, si el número de años de educación superior que en promedio reciben los guatemaltecos se elevara al nivel de los tres grandes países latinoamericanos, el crecimiento económico de Guatemala sería 1.6% mayor. Estos logros se potenciarían si, al mismo tiempo, se profundizan las políticas públicas que favorecen la flexibilidad de los mercados de productos (en telecomunicaciones, electricidad o agricultura) y la eficiencia del sistema financiero.
Aunque las herramientas analíticas del estudio son nuevas, sus hallazgos reiteran lo que se ha señalado una y otra vez. El camino hacia un mayor crecimiento y mejores ingresos es el mismo que necesariamente debemos transitar para reducir la pobreza. A grandes rasgos, lo que sugiere el reciente estudio del FMI coincide con los diversos planteamientos que, en años recientes, se han estado haciendo para impulsar un acuerdo nacional respecto de ciertas políticas públicas esenciales (en las áreas de salud, educación, infraestructura, instituciones y seguridad). Poco a poco parece que se configura un consenso sobre tales temas. La propuesta del sector empresarial organizado presentada en el último Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- confirma lo anterior.
Lamentablemente, mientras que muchos sectores sociales parecen coincidir en los grandes temas, los líderes políticos se esfuerzan en mantener la discusión enfocada en otros temas más superficiales, pedestres e inmediatos. Esa falta de claridad o de voluntad política es el principal obstáculo para que Guatemala cuente con una agenda realista y sostenible de combate a la pobreza.

domingo, 23 de octubre de 2011

El Temporal Sin Nombre

La naturaleza se ensañó de nuevo con Guatemala. Y, de nuevo, las lecciones vuelven a ser las mismas. Los enormes costos de la catástrofe (humanos y económicos) podrían haber sido mejores si el Estado hubiese hecho algún esfuerzo mínimo en materia de prevención de desastres, que es la primera línea de defensa de un país propenso a este tipo de fenómenos. Pero la segunda, y más contundente, línea de defensa es conseguir un nivel más alto de desarrollo económico y social. Está claro que, mientras más desarrollado es un país, menores son los costos provocados por los desastres naturales (recuerden, si no, los efectos tan distintos de un terremoto en Haití y otro (más fuerte y menos costoso) en Chile).

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL TEMPORAL SIN NOMBRE

La experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar
El clima se ha ensañado nuevamente con Guatemala. El Temporal Sin Nombre, con sus copiosas lluvias de los últimos días, ha puesto de manifiesto, otra vez, la precariedad de nuestra infraestructura y, peor aún, la enorme vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser alertados de la amenaza climática que arrasó con cosechas, caminos, viviendas y, por desgracia, vidas humanas.
Apenas el año pasado la tormenta tropical Ágata segó la vida de más de 150 guatemaltecos, destruyó más de 30 puentes y dañó 25 mil viviendas. Antes de eso los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005) habían causado pérdidas aún mayores a las de Ágata, y habían puesto de manifiesto que los desastres naturales, además del terrible costo humano que conllevan, acarrean también consecuencias económicas negativas a corto y mediano plazos. A corto plazo porque los daños al stock de capital (maquinaria, cultivos, infraestructura) significa una pérdida de riqueza nacional; y, a mediano plazo, porque dicha pérdida reduce la capacidad productiva de familias y empresas en las regiones afectadas, lo cual, si no es compensando con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce un reducción permanente de la producción de bienes y servicios.
Evidentemente, cuando ocurren desastres naturales como el actual Temporal Sin Nombre, el gobierno juega un rol crucial, pues es el llamado a prestar y coordinar los servicios de alivio a los damnificados, así como las obras de rescate y emergencia, lo cual ocurre durante e inmediatamente después de que se produce el desastre. También el gobierno debe emprender los esfuerzos posteriores de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública.
Lo ideal sería que estas importantes labores las desempeñara el gobierno con prontitud, efectividad y calidad evitando a toda costa que, en las inevitables premuras con que se debe actuar, se produzcan actos de corrupción y pillaje de los escasos recursos públicos. Lamentablemente, la experiencia de los dos desastres anteriores (Stan y Ágata) no ha sido del todo ejemplar: se produjeron enormes retrasos en la reconstrucción y la calidad de la infraestructura ha demostrado (con gran claridad en los últimos días) ser muy escasa.
El grueso del costo de un desastre natural, sin embargo, recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas. Por una parte, el valor de las vidas perdidas o afectadas es incuantificable. Por otra, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de equipo, cosechas e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.
Pero existen dos temas puntuales que todo gobierno puede y debe impulsar, mediante las políticas públicas adecuadas, para reducir los costos asociados a los desastres naturales: prevención y desarrollo. Para un país tan vulnerable como Guatemala, la puesta en práctica de políticas permanentes y coherentes de prevención de desastres, por un lado, y la búsqueda sistemática del desarrollo integral, por otra, son esfuerzos que el gobierno, en conjunto con el sector empresarial y la sociedad civil organizada, deben poner en práctica para que en el futuro estos fenómenos no tengan un saldo humano y económico tan negativo.
En una país propenso a los desastres, es menester adoptar medidas preventivas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Sin embargo, para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.
A la vez, no hay que perder de vista que la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan): de manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como este Temporal Sin Nombre, nos seguirán afectando en el futuro.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

¿Que tendrán los chilenos que no tienen los guatemaltecos?
En 2010 ellos (los chilenos) sufrieron un terremoto de magnitud 8.8 con una duración de casi 3 minutos (como referencia para los que lo vivimos, el de Guatemala del 76 fué de 7.5 y duró 39 segundos), devastó su infraestructura ($1200 de US$ se estimó que costaría la reconstrucción en 3-4 años) y su economía sufrió un duro golpe.
Pero ya están casi recuperados a menos de 2 años de lo ocurrido.
Nosotros nisiquiera hemos reconstruido lo del Mitch del 98.
¿Que nos hará falta digo yo?
¿Será que tenemos problemas de aprendizaje?

domingo, 16 de octubre de 2011

Intolerancia a la Deuda

Cuando se trata de medir el tamaño y grado de sostenibilidad de la deuda pública de Guatemala, solemos contentarnos con decir que, comparada con el tamaño de la economía (medida por el PIB), nuestra deuda gubernamental (o soberana) es una de las más pequeñas del Continente. Estudios reciente demuestran, sin embargo, que dadas las características de nuestro sistema fiscal, monetario y cambiario, la economía guatemalteca es mucho más intolerante a la deuda que otras, razón por la cual no deberíamos estar tan tranquilos viendo cómo la deuda pública crece día a día...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
INTOLERANCIA A LA DEUDA
Nuestro país tiene ahora menos margen que en el pasado para amortiguar los golpes externos  
A lo largo de la historia, los países en desarrollo han sufrido repetidas crisis económicas que han perjudicado su potencial de crecimiento a largo plazo. Estas crisis están vinculadas con el desempeño del sector externo y del sector fiscal, que pasan necesariamente por problemas de deuda pública. En las últimas dos décadas países como Guatemala se han integrado más en la economía mundial y a relacionarse con una gama más amplia de inversores privados, al tiempo que la volatilidad de los flujos de capital ha aumentado considerablemente.
Por ello, ante la inestabilidad de los mercados financieros mundiales que aún prevalece, resulta cada vez más importante tener una gestión de la deuda pública que se centre en preservar su sostenibilidad en el mediano plazo. Esta sostenibilidad dependerá, entre otros aspectos, de la evolución de la economía nacional y mundial, así como el nivel y la estructura de la deuda (es decir, de su composición en cuanto a si es externa o interna, si es de corto o largo plazo, si los acreedores son públicos o privados, etcétera).
En las frágiles circunstancias de los mercados financieros internacionales, que presumiblemente perdurarán muchos meses en el futuro, los prestamistas privados han tendido a percibir un mayor riesgo de moratorias de la deuda y están más predispuestos a reducir su exposición al riesgo en países que, como Guatemala, muestran dificultades fiscales estructurales. Como consecuencia de ello, nuestro país tiene ahora menos margen que en el pasado para amortiguar los golpes externos, por lo que el Estado debería ser muy prudente (más de lo acostumbrado) en el manejo de la deuda.
Tradicionalmente las autoridades económicas del país han encontrado confort en el hecho de que el comportamiento de la deuda como porcentaje del PIB es relativamente bajo en comparación con otros países. Sin embargo, la literatura económica reciente proporciona evidencia clara acerca de otros indicadores más relevantes de endeudamiento que sirven como predictores de potenciales crisis. En muchos de estos indicadores clave el desempeño de Guatemala es, cuando menos, preocupante.
La crisis mundial que se desató en 2008 llevó a un aumento en los índices de endeudamiento de nuestro país, ya que el gobierno decidió relajar la política fiscal para contrarrestar los efectos que sobre la actividad económica tendía el deterioro del entorno internacional. Esto implicó un importante aumento de la deuda pública que, aunque moderado en comparación con otros países, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda y el espacio fiscal disponible para hacer frente a futuras crisis. Una cuestión importante en este contexto es hasta qué punto puede nuestra economía seguir sosteniendo su nivel de deuda pública.
Un estudio reciente (publicado el mes pasado) realizado por dos economistas del Fondo Monetario Internacional (Geoffrey J. Bannister y Luis-Diego Barrot), presenta una interesante (y preocupante) respuesta a esa cuestión. Estos autores parten de la observación empírica de que algunos países pueden caer en crisis incluso cuando tienen (como Guatemala) niveles relativamente bajos de deuda: un síndrome que se llama intolerancia a la deuda. En estos países, las instituciones débiles y un sistema político frágil hacen que se abuse del endeudamiento público como una forma de evadir decisiones difíciles en materia de gastos e impuestos. La rigidez fiscal, la ineficiencia económica y la exposición a los shocks externos hacen que estas economías sean vulnerables a crisis fiscales incluso a niveles relativamente bajos de deuda.
El referido estudio muestra que si Guatemala quisiera elevar su calificación de riesgo soberano al grado de inversión, debería reducir su nivel de deuda pública (como porcentaje del PIB) del actual nivel de 25% a un 11.5%. Esto implica que si queremos acercarnos al grado de inversión, debemos hacer un esfuerzo significativo de reducción de la deuda, lo que indica que el mercado percibe que hay importantes problemas estructurales que afectan la tolerancia de nuestro país a la deuda pública, los cuales deben ser resueltos urgentemente. Lo anterior implica no solo perseguir políticas macroeconómicas prudentes, sino tomar dolorosas decisiones de ajuste en el gasto público y de aumento en los ingresos fiscales.

domingo, 9 de octubre de 2011

Divergencias en Política Monetaria

Sorpresiva ha resultado la decisión de la Junta Monetaria de elevar en 0.5 puntos porcentuales la tasa líder de interés, como medida para combatir la inflación. Aunque el fin es loable, una decisión de esta magnitud (que puede tener importantes implicaciones en el comportamiento del crédito bancario, del tipo de cambio, y en otras importantes variables) ameritaba una explicación convincente y bien fundamentada en sólidos argumentos técnicos. La sensación que me queda luego de haber escuchado a las autoridades del banco central y haber intentado (en vano) buscar los análisis y argumentaciones esgrimidos en el Comité de Ejecución y en la propia Junta Monetaria, es de insatisfacción. Por el bien de su credibilidad institucional, el Banguat debe esforzarse más en su política de comunicación y transparencia.
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§ POLÍTICAS PÚBLICAS
DIVERGENCIAS EN POLÍTICA MONETARIA
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Desde hace un buen tiempo las actas que publica el Banguat se presentan crípticas e híper-resumidas

Alrededor del mundo la política monetaria está enfrentando el dilema de combatir una incipiente tendencia global a la inflación (lo que, normalmente, implica elevar las tasas de interés) y, a la vez, evitar un estancamiento de la producción (que, por el contrario, requeriría de menores tasas de interés). Las actuaciones de los bancos centrales han sido dispares: la Reserve Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón han lanzado programas novedosos con medidas no convencionales para estimular la economía; el Banco de Inglaterra ha mantenido invariable el statu quo; el Banco Central Europeo ha intervenido para combatir la especulación en los mercados de deuda.
Eso sí, ningún banco central de las economías desarrolladas está pensando en aumentar la tasa de interés: la inflación no es allí la amenaza principal (la inflación subyacente –neta del efecto del precio del petróleo- está bajo control), sino que les preocupa más la falta de dinamismo de los mercados financieros y de la producción. En cambio, en los países en vías de desarrollo, varios bancos centrales (Singapur, Brasil, México, Corea, China) han empezado a aumentar sus tasas de interés en prevención a las amenazas inflacionarias, abandonando sus temores de que dicho aumento provoque una pérdida de su competitividad externa.
El Banco de Guatemala decidió ubicarse en este último bando, sorprendiendo a muchos la semana pasada con un aumento de 50 puntos básicos en la tasa líder de política monetaria. Tal decisión se basó, en primer lugar, en que los precios internacionales de muchas materias primas y bienes primarios están elevados, lo cual amenaza con contagiarse a los precios domésticos y degenerar en una espiral inflacionaria (o “efectos de segunda vuelta”).
Según las autoridades monetarias, esta amenaza se ve exacerbada por indicios de un exceso de consumo (o demanda agregada) en la economía, manifestado en el comportamiento dinámico del crédito bancario, de las exportaciones y de la recaudación tributaria. Esto se refleja en que las expectativas de inflación (tanto las que calcula el Banco de Guatemala a través de sus modelos econométricos, como la que expresa un panel de expertos que el banco central consulta periódicamente) anticipan que será imposible alcanzar la (¿ambiciosa?) meta establecida por la Junta Monetaria.
Ahora bien, la decisión de elevar la tasa de interés no fue unánime: los representantes del sector privado en la Junta Monetaria no la apoyaron aduciendo que la misma va a ralentizar el ya mediocre ritmo de crecimiento económico. Y otros analistas (no necesariamente afiliados con el sector privado) también han manifestado su desacuerdo con el alza, ya sea porque la consideran innecesaria ante las perspectivas de una nueva recesión mundial, o porque la consideran inefectiva para combatir una inflación que es fundamentalmente importada.
Ante esta divergencia de opiniones uno quisiera contar con más elementos de juicio para evaluar si la decisión de la Junta Monetaria fue adecuada en la coyuntura actual. Lamentablemente desde hace un buen tiempo las actas que publica el Banguat respecto de lo actuado por el Comité de Ejecución (que antes solían ser una rica fuente de información técnica) se presentan crípticas e híper-resumidas y no dicen nada sobre las argumentaciones y análisis que respalden las actuaciones de política monetaria. Además, han faltado dos instrumentos cruciales para la toma de decisiones: por una parte, los cálculos del PIB trimestral que tan positivamente se habían recibido hace algunos meses están muy atrasados; y, por otra, las encuestas de empleo que periódicamente debería calcular el Instituto Nacional de Estadística brillan por su total ausencia.
Por el lado positivo, la reciente decisión del Banguat da muestras de autonomía respecto de los estamentos políticos y envía un mensaje de firmeza (que algunos pueden sentir excesiva) a los mercados financieros ante las incertidumbres del proceso electoral. Ojalá que, la próxima vez, esta autonomía sea ejercida por la autoridad monetaria simultáneamente con una mejor estrategia de comunicación respecto de sus análisis técnicos y con un respaldo estadístico adecuado (que incluya el PIB trimestral y la encuesta de empleo), tal como lo hacen los mejores bancos centrales a nivel mundial.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES
Mar, 10/04/2011 - 10:01 — ROBERTO LOPEZ PORRAS
Es congruente el aumento de la tasa de Interés lider decretado por la Junta Monetaria, con la realidad, inluyendo las tasas lider que están vigentes en Centro América con quien tenemos estrechas relaciones comerciales? Es que se quiere frenar la inflación en Guatemala, que se está moviendo hacia arriba? La tasa de interes es el precio del dinero interbancario, pero ello tambien afecta a las tasas de interes comerciales de los bancos hacia los usuarios. El dinero institucional es una parte del esquema, pero el dinero fuera del sistema bancario tambien es importante y si el dinero institucional no está disponible, el mercado no institucional y especulativo llenará el vacío y elevará en la calle la tasa de interes comercial y los costos de producción. Una conclusión primaria es que la elevación de la tasa lider en cincuenta puntos, es inflacionaria y no anti-inflacionaria. La inflación reduce el consumo principalmente consumo superfluo, aumenta el costo de vida, estimula la especulación y  aumenta la tasa de cambio, que a su vez hace más caras las importaciones de materias primas y productos finales y por consecuencia aumenta la inflación de precios. La Junta Monetaria debe haber tenido en su análisis técnico los elementos para tomar esa decisión, no convincente, que puede ser muy temporal, coincidente con el cambio de gobierno próximo, el presupuesto que se discute en el Congreso y otras variables económicas y no económicas. Medio punto porcentual, es equivalente a un 10 por ciento sobre la base anterior de 5.0 y ello se percibe como un exceso.

domingo, 2 de octubre de 2011

No Habrá Inversión Pública en 2012

Las finanzas públicas constituyen el principal "shock de realidad" que deberá enfrentar el nuevo gobierno que asuma en enero de 2012. Las promesas de campaña se estrellarán irremediablemente con la precariedad de los ingresos del Estado. El proyecto de presupuesto que está bajo análisis en el Congreso pone de manifiesto esta realidad: tal como se vislumbran las cosas, el nuevo gobierno no podrá realizar casi ninguna obra de infraestructura en 2012. Esto implica que, además de incumplir sus promesas en materia de inversión púbica, los políticos tampoco podrán cumplir sus ofrecimientos de agilizar el accionar del Congreso, pues éste se verá forzado a dedicar muchos meses para desenmarañar las enloquecedoras finanzas del Estado.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
¿NO HABRÁ INVERSIÓN PÚBLICA 2012?

El nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura
En general, el proyecto de presupuesto Estado para 2012 no refleja las prioridades de los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales que compiten en la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, en materia de seguridad, el proyecto de presupuesto solamente contempla un aumento (respecto del presupuesto vigente para 2011) de 6% en el monto asignado al Ministerio de Gobernación y de 3% en el de Defensa, lo cual ni siquiera alcanzará a cubrir el deterioro del poder adquisitivo que causará la inflación esperada el año próximo.
En materia de los programas sociales como Mi Familia Progresa y las Bolsas Solidarias, el presupuesto de gastos propuesto para 2012 no contempla ningún aumento respecto a 2011, lo que significa una reducción de dichos programas en términos reales. En ambos casos (seguridad y programas sociales) el proyecto de presupuesto no es compatible con los ofrecimientos de campaña de los dos partidos finalistas.
Cabe señalar, eso sí, que el proyecto de presupuesto 2012 ha sido planteado de tal manera que trata de respetar los criterios de buena disciplina fiscal, pues apunta a que el déficit fiscal del año próximo se limite a un monto equivalente a 2.5% del PIB (mientras que en 2011 superará posiblemente el 3%); eso es algo bueno y meritorio. Sin embargo, dada esta restricción presupuestaria, aunada al hecho de que el financiamiento interno y externo será previsiblemente más difícil de obtener en 2012 de lo que lo ha sido en los últimos años, el presupuesto se ve forzado a plantear un estancamiento en muchos rubros del gasto público y una severa reducción de la inversión.
Se podría decir que, buscando retornar niveles de déficit fiscal sostenibles y cumplir con el compromiso de aumentar el sueldo a los maestros, el presupuesto de 2012 se ha visto forzado a sacrificar dramáticamente la infraestructura pública. En efecto, el gasto presupuestado para inversión se reduce de Q14.2 millardos en 2011 a Q12.1 millardos en 2012, algo que no se veía desde hace muchos años. Lo que es más grave es que una buena parte (unos Q1 millardos) de este exiguo monto no se destinará a nuevas obras ni al mantenimiento de obras existentes, sino al pago de obras ya ejecutadas en años anteriores y que aún se adeudan (la infame “deuda flotante”). Esto implicará que el nuevo gobierno deberá posponer muchos de sus planes de inversión y resignarse a un rezago en materia de infraestructura física en el país.
Evidentemente, si se quiere evitar tan riguroso ajuste fiscal, será necesario fortalecer el lado de los ingresos tributarios. La manera más pragmática y técnicamente sólida de hacerlo es mediante el impulso de las medidas que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (en el marco del Pacto Fiscal) le planteó al actual gobierno en 2008, sin que las mismas hayan podido aplicarse.
En segundo lugar, y simultáneamente a lo anterior, es menester endurecer las medidas y disposiciones que mejoren la eficiencia y transparencia del gasto público, especialmente aquellas que impidan (o al menos minimicen) los actos de corrupción y de clientelismo en el gasto que han contaminado gravemente la ejecución del presupuesto.
En tercer lugar, el nuevo gobierno deberá cuidarse de ofrecer mejoras salariales a los empleados públicos sin obtener a cambio una mejora en la eficiencia: vale la pena hacer notar que en el presupuesto para 2012 el único ministerio cuyo gasto asignado aumenta significativamente es el de Educación (con un extraordinario crecimiento del 19%), como producto del aumento salarial que el actual gobierno negoció con el sindicato de maestros (sin haber negociado a cambio, al menos, algún compromiso del gremio de sujetarse a programas de capacitación o a evaluaciones sistemáticas de desempeño de los maestros).
Los desafíos que encarará el nuevo gobierno en materia presupuestaria son descomunales. Desde la readecuación técnica del presupuesto (para adaptarlo a su plan de trabajo), hasta las ineludibles reformas tributarias que oxigenen sus posibilidades de gobernar, requieren una negociación compleja en el Congreso. El riesgo que existe es que las concesiones políticas que sin duda habrán de negociarse con la oposición puedan implicar un perjuicio a las consideraciones técnicas que, por el bien de la estabilidad macroeconómica, deberían prevalecer.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...