Un País Fragmentado

La sociedad guatemalteca está fragmentada en tribus -ideológicas, gremiales, económicas, intelectuales- que no se comunican entre sí. Quizá la única esperanza sean los jóvenes que (con menos taras del pasado) puedan estar en mejor disposición de dialogar y llegar a acuerdos mínimos sobre el país que anhelan

Existe la sensación de que Guatemala está polarizada; y, quizá en los ambientes de las élites urbanas, esa sea hoy la situación. Pero también parece que lo que mejor describe la actualidad política, económica y social del país es la fragmentación: un país dividido en grupos aislados unos de otros, en clanes que desconfían unos de los otros, en facciones verticalistas en las que los jefes prohíben a sus miembros comunicarse con los que piensan diferente y son considerados, por ello, rivales. Y cada grupo es reticente a colaborar con el rival en pro del bien común.

Están presentes muchos síntomas de una atomización tribal como lo atestiguan, por ejemplo, la proliferación en las ciudades de colonias cerradas, cuidadas por guardias fuertemente armados, incomunicadas del resto de la ciudad. O la búsqueda de atajos -aislados de lo que debería ser la dinámica social normal- para lograr la realización personal o la movilidad social (jóvenes que sólo ven su futuro viviendo en el exterior, o integrados en maras y grupos del crimen organizado).

La enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse legitimadas para tender puentes entre las distintas tribus. Tal debilidad y falta de legitimidad se ve en las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, que están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser no solo el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado, sino también la principal vía para canalizar el diálogo y las aspiraciones de los distintos colectivos sociales que, cada día, se atomizan más en procura de sus reivindicaciones particulares, al tiempo que se vacían (de personas, de ideas y de liderazgo) los partidos políticos.

La consecuencia de lo anterior es una enorme escasez de capital social que resulta altamente perjudicial para el desarrollo del país, ya que la confianza mutua entre los miembros de la sociedad (confianza que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social) es un elemento esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Y esa ausencia de objetivos comunes deja un vacío que se convierte en campo fértil para que florezcan el crimen organizado y la ingobernabilidad.

Para revertir esta situación es menester devolverle a la política su rol ético de obrar en la sociedad, mediante el ejercicio del poder, en procura del bien común. Ello requiere de una participación activa y comprometida de los ciudadanos (no hay democracia viable sin demócratas que la sostengan). Esa participación ciudadana hay que construirla desde las entrañas de la sociedad, lo cual implica recuperar la confianza mutua entre los diversos grupos que hoy la fragmentan.

Mediante una pedagogía de la ciudadanía -que debería ser liderada por el Ministerio de Educación- podrían formarse, desde niños, ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, y conocedores de los pesos y contrapesos que definen a nuestra república. Y mediante una pedagogía del encuentro -que debería ser liderada por las universidades del país- podrían construirse puentes entre los distintos grupos que hoy fragmentan nuestro país. Esto último implica un relevo generacional que se percibe indispensable: la generación que diseñó nuestro último gran pacto social (la Constitución de 1985) y la generación que no pudo a partir de éste construir una institucionalidad sólida, deben dar paso a los jóvenes. El necesario diálogo entre grupos -hoy fragmentados-, así como la construcción de puentes y el diseño del país que queremos para el futuro deben estar, principalmente, en manos de las nuevas generaciones.

Reformar la Justicia... Electoral

La independencia de los jueces es un requisito indispensable para que exista justicia. En procura de dicha independencia es crucial reformar no solo la CSJ y la CC, sino también el TSE

Toda la lógica detrás de los esfuerzos de reforma al sector justicia se centra en dos objetivos esenciales. Por un lado, lograr una efectiva independencia de los jueces y magistrados; y, por otro, modernizar la estructura institucional del sistema judicial para mejorar su eficiencia. De ahí que los componentes clave de dicha reforma sean la integración de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) y la disgregación-especialización de funciones (administrativas y jurisdiccionales) dentro de su gobernanza interna.

Ese mismo espíritu de reforma que se busca para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad debería replicarse también, con firmeza, para la tercera corte superior del país, encargada de impartir justicia electoral, el Tribunal Supremo Electoral –TSE- que, como las dos primeras, requiere urgentemente de mejoras profundas en su gobernanza, en su eficiencia y, especialmente, en su autoridad e independencia.

Idealmente, cualquier juez debe ser independiente con respecto a tres tipos de injerencia: la de políticos o funcionarios, la de otros jueces y, principalmente, la de los sujetos a quienes debe impartir justicia. Esto es tan cierto para el caso de jueces constitucionales y jueces ordinarios, como lo es para el caso de magistrados del TSE. En este caso, el tema de independencia es particularmente importante porque dos de los tipos de injerencia mencionados (la de los funcionarios o la de los sujetos a quienes se imparte justicia) provienen del mismo estamento: la clase política que, además, en el actual sistema está íntimamente involucrada en el nombramiento de los magistrados del TSE, lo cual compromete seriamente su independencia.

El sistema vigente, por medio del cual se elige, organiza y gobierna el TSE, está claramente diseñado para que la clase política interfiera y coopte dicha institución, lo cual ha implicado a lo largo de los años un gradual deterioro de su autoridad, de su calidad, de su independencia y de su eficiencia. No fue sino hasta que, a raíz de los escándalos de corrupción revelados desde abril de 2015, el TSE pareció recobrar cierta autoridad sobre los partidos políticos (aunque, lamentablemente, no siempre con base en argumentos jurídicamente bien sustentados). Sin embargo, su estructura sigue siendo vulnerable y su futuro, incierto.

Por ello es imprescindible reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- no solo en lo que atañe a las elecciones y los partidos, sino también (y fundamentalmente) en lo que corresponde a la conformación y gobernanza del TSE. Para restaurar la independencia de sus magistrados es necesario ampliar el periodo de sus funciones y hacer que la renovación del pleno sea escalonada, a fin de que ningún partido político pueda nunca nombrar a una mayoría de magistrados. Además, es imprescindible disgregar claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales, para que los magistrados puedan liberarse de las tareas cotidianas de gestión (agobiantes durante le época electoral) y se dediquen plenamente a sus labores jurisdiccionales (cruciales en el período electoral).

Estas reformas ineludibles a la LEPP están ahora en manos del Congreso de la República, que debe subsanar las deficiencias de la timorata reforma aprobada a las carreras hace año y medio. La gran duda es si los políticos tendrán la capacidad, la madurez y la voluntad de modificar estos temas pues, para ellos, implicaría una pérdida de poder de influencia sobre la autoridad electoral y, a fin de cuentas, requeriría que estén dispuestos a sacrificar su actual poder en aras de rescatar nuestro sistema republicano y democrático.

Una Reforma que Debe Mejorarse

La reforma del Sistema de Justicia no solo es necesaria, sino que es, quizá, una de las reformas institucionales más importantes para que Guatemala tenga viabilidad como país. Por eso resulta decepcionante que la iniciativa de reformas constitucionales al sector justicia haya llegado al Congreso plagada de errores elementales, conceptuales y hasta de redacción. Y, para más inri, muchos de los diputados "ponentes" ni siquiera la leyeron antes de firmarla.

Sería de necios negar que el sistema de justicia en Guatemala tiene innumerables debilidades que generan graves obstáculos a la gobernabilidad, al desarrollo económico y a la paz social. Ello clama por una efectiva reforma que garantice la independencia de los jueces y una mejora de su efectividad y organización institucional. Por ello, sería de necios oponerse a una reforma constitucional que atienda este clamor.

También sería de necios no reconocer el esfuerzo que diversas entidades nacionales (como el Ministerio Público o la Procuraduría de los Derechos Humanos) e internacionales (como la CICIG), así como un amplio espectro de organizaciones ciudadanas, hicieron en meses recientes durante largas sesiones de trabajo para discutir las reformas a la Constitución en cuanto al sector justicia.

Tal esfuerzo fue muy meritorio. Sin embargo, cuando se lee el texto que se convirtió –mediante la firma de un grupo de diputados, que ojalá la hayan leído antes- en iniciativa de ley, se aprecian varios errores conceptuales y de redacción que demeritan el esfuerzo realizado durante las agotadoras mesas de diálogo de meses previos. Estos errores pueden justificarse, quizá, por la premura con que se redactó el texto final, lo cual es una lástima porque la prisa suele ser mala consejera (y más tratándose de algo tan trascendental como una reforma constitucional).

Si bien, en general, la iniciativa de reforma presenta mejoras considerables para superar muchas de las limitaciones a la garantía de independencia del Poder Judicial, también es cierto que incluye propuestas que deben ser corregidas ya que, de lo contrario, podrían impedir que se alcancen los objetivos planteados y hasta debilitar la institucionalidad del Poder Judicial. Al menos tres aspectos de la iniciativa ameritan ser corregidos.

El primero es el tema del Consejo de la Carrera Judicial. Resulta muy peligroso que se cree una entidad súper-independiente, separada de la jerarquía de la Corte Suprema, para dirigir la carrera judicial; ello equivale a crear un poder autónomo (vulnerable a ser capturado por grupos de interés) dentro del Poder Judicial. Lo planteado en la iniciativa es un absurdo organizacional que debería corregirse sin mayor dificultad, sujetando el Consejo a la autoridad de la Corte.

El segundo se refiere al mandato del Ministerio Público y la elección del Fiscal General. Por un lado, la iniciativa pretende redefinir el mandato del MP, eliminándole la actual responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y dejándolo sólo a cargo de ejercer la acción penal, lo cual iría en detrimento de una investigación criminal objetiva. Por otro lado, también se pretende que en la elección de Fiscal General participe el propio Organismo Judicial, lo cual evidentemente menoscabaría la independencia que debe tener la persecución penal respecto de quienes imparten justicia.

El tercer aspecto a corregir se refiere a la propuesta de reformar algunos principios de administración de justicia, entre los que destaca el de incluir a la oralidad como principio general del sistema, lo cual tendría un efecto sobre los procesos de todas las materias judiciales, aspecto sobre el cual ciertamente no existe consenso (la oralidad es efectiva en materia penal, pero quizá no lo sea tanto en materia civil y mucho menos en el área mercantil).

Ahora corresponde al Congreso (¡qué lástima que la sociedad civil no pudo hacerlo mejor!) corregir estos detalles –muy importantes- de la reforma, observando estrictamente la normativa constitucional del proceso, a efecto de que la misma se traduzca en el sistema de jueces probos e independientes que el país reclama para contar con una justicia pronta y cumplida.

Los Retos del "Nuevo" Contralor

A diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un nuevo y ambicioso objetivo fundamental

El viejo refrán asegura que “nunca segundas partes fueron buenas”, lo cual auguraría poco éxito al “nuevo” (y repitente) Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos. Por fortuna, se trata de un adagio y no de una condena ineludible. Algunas veces, las segundas partes resultan buenas. Si no, que lo digan Miguel de Cervantes con El Quijote, o Francis Ford Coppola con El Padrino.

En política, cuando las primeras partes fueron muy malas, es más factible que las segundas resulten mejores. Tal fue el caso del presidente peruano Alan García que, después de una desastrosa primera gestión, se reivindicó con decencia y efectividad en su segunda oportunidad. O del polémico Marion Berry que, siendo alcalde de Washington DC, fue a prisión por fumar crac y contratar prostitutas, pero al salir libre fue reelecto y ejerció con honestidad y recato. Ojalá que esta segunda gestión del licenciado Mencos se asemeje a estos casos excepcionales.

El agresivo cáncer de la corrupción está tan diseminado en Guatemala que no queda más que ser optimistas y otorgarle el beneficio de la duda al nuevo contralor. Pero es crucial que el licenciado Mencos esté consciente de que la Contraloría que ahora le toca dirigir es, en varios aspectos esenciales, distinta de la que dejó hace algunos años. Para empezar, resulta que (para bien de la Contraloría y del país) a finales de 2013 el Congreso introdujo mejoras importantes a su Ley Orgánica, entre ellas conferirle un mandato explícito que antes no tenía.

En efecto, a diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un objetivo fundamental: “La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública”. Como se ve, el objetivo es claro y ambicioso, a la altura de lo que los entes fiscalizadores de los países más transparentes ejecutan regularmente.

También hoy la Contraloría tiene un ámbito de competencia más amplio del que le tocó cubrir al licenciado Mencos en su primera etapa. Ahora deberá (como lo indica el artículo 2, reformado, de su ley orgánica) fiscalizar no solo a los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, sino también deberá hacerlo con las “demás instituciones que conforman fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado”, así como con “los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos  y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos”.

Ahora también la Contraloría está obligada a someterse a una auditoría externa anual y a presentarla ante el Congreso de la República para que éste la fiscalice. Y, finalmente, uno de los retos más complejos del nuevo contralor será enfrentar a las redes de corrupción que se extienden y enraízan en varias instituciones del Estado, incluyendo a la propia Contraloría.

Ojalá que el nuevo contralor esté a la altura de estos retos que antes no tuvo que enfrentar. No hay que olvidar que la función de la Contraloría de Cuentas es crucial en cualquier sociedad, pero en la coyuntura actual de Guatemala, la mejora urgente en su efectividad resulta clave no solo para que funcionen las políticas públicas que propicien el desarrollo económico, sino que incluso para la sobrevivencia misma de nuestro débil sistema republicano y democrático.

¿Cuál Reforma Electoral?

Los partidos políticos han preferido plantear una reforma que parece incluir sólo cambios cosméticos. En vez de esa confusa propuesta, una reforma mínima (dentro de un proceso gradual) resulta ser la ruta más recomendable y pragmática

Con la tentadora oferta de erradicar el financiamiento oscuro a los partidos políticos y de asegurar a las mujeres y a los indígenas cuotas proporcionales en puestos de elección, los taimados políticos de siempre encandilaron a algunos grupos de la sociedad civil para que apoyaran su propuesta de reformas a le ley electoral y de partidos políticos. Uno de estos conglomerados de ONGs hasta publicó un campo pagado apoyando una reforma cuyo contenido desconocían. Tarde se percataron del gato encerrado en lo que pretenden aprobar los partidos en el Congreso.

La intrincada, confusa y desmesurada propuesta de reformas acordada por la mayoría de bancadas pretende reunir en un mismo cuerpo legal las múltiples propuestas que se han hecho en los últimos años, pero sin cohesionarlas ni hacerlas coherentes. En dos platos, lo que en realidad buscan los impulsores de la reforma es, por un lado, lavar cara vendiéndole al electorado su supuesto compromiso de reformar el sistema y, por otro (y más importante para ellos) aumentar la cantidad de financiamiento que recibirían proveniente del erario público (sin sacrificar ni un ápice lo que reciben de financiamiento privado).

En efecto, la reforma que ya conoció el Pleno del Congreso en primera lectura contiene disposiciones que, por dos vías diferentes, multiplicarán exageradamente los recursos que, de los impuestos de los guatemaltecos, se destinarán a financiar a los partidos políticos. Por una parte, se duplicará el monto de la “deuda electoral” al subir a cuatro dólares lo que el Estado le dará a cada partido político por voto válido recibido en las elecciones. Por otra parte, la reforma pretende que el TSE se haga cargo (con recursos del erario público) de pagar la propaganda electoral de todos y cada uno de los partidos políticos, por partes iguales, en prensa escrita (media página por cada partido, cada día de la campaña), en radio y en televisión. Esto se traducirá en un elevado costo fiscal, dado que no se reduce el tiempo de la campaña, ni se excluye ningún partido ni ningún medio de comunicación.

Ello implicará no sólo un esfuerzo administrativo gigantesco para el TSE, sino que también un esfuerzo fiscal descomunal que desviará hacia los partidos políticos un considerable monto de recursos que, de otra manera, podría destinarse a educación, salud o infraestructura. Puede ser que tal sacrificio valga la pena con tal de preservar el sistema democrático, pero ello sería válido sólo si de tal forma se evitara el ingreso al sistema político de dineros provenientes del narcotráfico o de financistas que después se las cobren apropiándose de recursos del erario público. Pero la propuesta de reformas solamente aumenta el financiamiento público, sin que a cambio se modifique el tratamiento del financiamiento privado.

Este tema es, por cierto, demasiado complejo como para querer solucionarlo con recetas simplistas. Diversas autoridades en la materia han advertido que, en la práctica, los dineros privados siempre se filtrarán en el sistema de partidos políticos, y que las únicas soluciones viables para controlarlo radica en dos áreas: una, limitar drásticamente la duración del período de campaña electoral; y, dos, obligar a la publicidad detallada de las fuentes de financiamiento privado. Ambas áreas requieren, por supuesto, de la existencia de un TSE capaz de hacer cumplir esas normas y sancionar severamente a quienes las incumplan.

Lamentablemente, lejos de centrarse en este tipo de reformas (puntuales y efectivas) que vayan moldeando gradualmente nuestro sistema electoral hacia modelos más avanzados, los partidos políticos han preferido plantear una reforma que parece incluir sólo cambios cosméticos para que, a fin de cuentas, nada cambie en el fondo. Con las reformas que conoció el Pleno en primera lectura no se fortalece la autoridad del TSE, no se reduce el período de la campaña electoral, no se fortalecen las sanciones a los infractores, no se limita el financiamiento privado, ni se transparenta el origen de dichos fondos. A cambio de que nada cambie, los partidos se recetan un descomunal aumento del financiamiento público. El resultado será que el sistema electoral seguirá en ruta directa a su descomposición, al tiempo que más recursos fiscales se desviarán hacia los partidos políticos.

Es importante hacer hincapié en que la reforma de cualquier sistema electoral conlleva una complejidad  técnica muy alta, y a ello se debe que, pese a existir múltiples propuestas e incluso haberse emitido en el Congreso varios dictámenes favorables en años previos, nunca ha habido un consenso político y social en cuanto al contenido de varios aspectos de dicha reforma, aunque sí hay importantes coincidencias dentro de las distintas propuestas, así como un cierto sentido de urgencia de realizar reformas para el buen desarrollo del próximo evento electoral.

La reforma electoral que el país necesita con apremio no es “la madre de todas las reformas” (que quizá por ingenuidad o quizá para que jamás se apruebe nada) pretenden impulsar algunos grupos de la sociedad civil, sino una reforma mínima que asegure el correcto desarrollo de las próximas elecciones, ya que es necesario evitar que se repitan y multipliquen los problemas ocurridos en recientes procesos electorales (como la judicialización de los temas, retrasos administrativos por parte del TSE, continuas violaciones a la normativa electoral por parte de los partidos, o los crecientes conflictos a nivel local) pues, de lo contrario, estos problemas podrían acrecentarse, con consecuencias graves para el sistema democrático.

Dada esta urgencia, una reforma mínima (dentro de un proceso gradual) resulta ser la ruta más recomendable y pragmática, ya que la construcción de consensos es un camino complejo que necesariamente implica gradualidad. En efecto, cabe resaltar que, por un lado, ya existen temas con grandes avances en términos de acuerdos avanzados, como por ejemplo lo relativo a delimitar mejor los plazos del proceso electoral, dar mayor certeza en cuanto al número de diputados, aclarar concepto de proselitismo, fortalecer recursos del TSE y  mejorar la aplicación de la justicia electoral.

Pero, por otro lado, existen temas mucho más complejos en los que los acuerdos son más difíciles de lograr, tal como el tema de la participación y representación ciudadana (¿es mejor solución los listados uninominales o las cuotas? ¿es viable el voto secreto en las asambleas partidarias?), el del financiamiento (¿debe ser 100% público?¿debe regularse sólo el financiamiento de la campaña o también el del funcionamiento habitual de los partidos?¿debe quedar a discreción del TSE?), o el de la reelección (¿nunca debe permitirse, siempre debe hacerse, o sólo en algunos casos?).

Lo anterior implica que, tal como ha sido la experiencia en otros países, la adecuación del marco legal del sistema electoral debe ser un proceso continuo de adaptación, que comience por una etapa en que se aprueben aquellas reformas más pertinentes y necesarias que gocen de un nivel adecuado de acuerdos políticos y apoyo social, mientras se sigue avanzando en los temas que requieren de mayor esfuerzo de negociación.

En tal sentido, lejos de pretender aprobar el enmarañado e improvisado conjunto de reformas que el Congreso ya conoció en tercera lectura, lo que debería impulsarse es una primera etapa de reformas focalizadas en dos temas. En primer lugar, en darle viabilidad del proceso electoral, lo cual pasa por adecuar los tiempos para organizar eficientemente el evento electoral, a fin de mejorar la certeza y gobernabilidad del proceso otorgándole más tiempo al TSE desde la convocatoria hasta la elección, de manera que se pueda realizar una mejor revisión de candidaturas, acortar el tiempo de campaña (lo que implica menos necesidad de financiamiento),  y resolver en tiempo los procesos de justicia electoral; también pasa por dar mayor certeza respecto del finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas, aclarar el concepto de propaganda electoral, fortalecer las sanciones a los partidos transgresores, y mejorar la eficiencia en la aplicación de la Justicia Electoral.

En segundo lugar, fortalecer la autoridad del TSE, definiendo con certeza el tiempo para realizar proselitismo, separar claramente este concepto del de propaganda (lo cual contribuiría a racionalizar los gastos y el financiamiento) y mejorar el presupuesto del TSE. Es decir, un conjunto acotado y efectivo de reformas que eviten el colapso del sistema en las próximas elecciones. Lo demás, habrá que resolverlo con prudencia y buen juicio técnico en una segunda fase de reformas.

Dilemas (Morales) de la Democracia

En una democracia, y en un régimen republicano, los atajos suelen ser contraproducentes

La vida en democracia y el funcionamiento del régimen republicano no son siempre fáciles. Frecuentemente surgen problemas cuya solución requiere elegir el menor entre dos males, lo cual requiere de decisiones deben fundamentarse en una visión de largo plazo, en el respeto a las instituciones, en la consecución del bien común, y en la ética. Cuatro ejemplos de la realidad actual –dos internacionales y dos locales- ilustran este tipo de decisiones.

El reciente golpe de estado contra el presidente Morsi de Egipto es, por mucho que lo mereciera, un indeseable golpe contra la democracia, contra un mandatario legítimamente electo, y contra un proceso que había roto con 30 años de dictadura. Es cierto que fueron los propios errores e ineptitud de Morsi los que ocasionaron las multitudinarias manifestaciones que desembocaron en su destitución: llevó a la economía al borde de la crisis (inflación, devaluación, desempleo, escasez), se elevaron los niveles de criminalidad, debilitó las instituciones independientes (cortes, servicio civil, policía, prensa), y favoreció a la radical y antidemocrática Hermandad Islámica.

Pero la solución a ello no debió ser un golpe de estado, que no fue sino un atajo para evadir un largo proceso democrático. El golpe establece un nefasto precedente para otras débiles democracias en el mundo, pues anima a los desafectos a querer sacar al gobierno del poder, no mediante elecciones, sino rompiendo el orden legal, y crea un incentivo para que los opositores de los gobiernos electos persigan sus objetivos en la manifestaciones callejeras, no en el Congreso de la República.

Otro dilema similar ha surgido por el confuso caso de Edward Snowden, que ha puesto de manifiesto cuán difícil resulta equilibrar las medidas de seguridad pública, con las medidas de libertad y privacidad necesarias para la democracia. Es cierto que el gobierno estadounidense necesita estar bien informado y aplicar al máximo sus instrumentos de inteligencia para prevenir cualquier acto terrorista, pero también es cierto que los medios de espionaje ciudadano que han adoptado rebasan los límites de la privacidad.

Tanto los programas de inteligencia informática del gobierno, como la propia actitud radical y escandalosa de Snowden son atajos que pretenden evadir las trabas, procesos y trámites legales (necesarios en un sistema democrático) que debieron seguirse para acceder a la información privada de los ciudadanos (por parte del gobierno) y para denunciar los abusos de la autoridad en este campo (por parte de Snowden).

A nivel local, un Congreso paralizado casi seis meses por una grotesca interpelación de un ministro es algo que reclama una solución. El camino elegido por el Presidente (del Legislativo) Muadi de recurrir a las cortes para darle salida al entrampamiento fue, aunque lento y desesperante, el correcto. En contraste, la “prohibición” girada por el Presidente (del Ejecutivo) Pérez a sus ministros para que no acudan a las citaciones del Congreso es un atajo inadecuado para enfrentar el problema, no sólo porque contraviene el espíritu del mandato constitucional para que los ministros se sujeten a la fiscalización del Congreso.

También es inadecuada porque, independientemente de que sea o no legal, la prohibición presidencial debilita las instituciones democráticas, pues constituye un ataque, un menosprecio y un irrespeto hacia un Organismo del Estado que puede tener consecuencias negativas para la democracia.

Por último, otro ejemplo de este tipo de dilemas, a nivel local, lo plantea la necesidad de corregir la excesiva lentitud y burocracia con la que se ejecuta el gasto público, especialmente en materia de obras públicas. Pero ello no justifica que durante años se haya recurrido al atajo de contratar obra pública sin el correspondiente respaldo presupuestario. Esa práctica nefasta ha dado lugar a la acumulación de una “deuda de arrastre” que ahora se pretende pagar mediante la emisión de bonos.

Lo apropiado en este caso es contar con una auditoría independiente que verifique qué obras se contrataron legalmente y que verifique el estado real de las obras supuestamente realizadas. Sólo con base en esa auditoría procedería, sin precipitaciones, emitir bonos y realizar los pagos respectivos de forma gradual. Los atajos suelen ser contraproducentes.