LA TORMENTA POST PANDEMIA

MÁS GRAVE QUE EL ALZA EN EL PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SE VISLUMBRA UNA CRISIS ALIMENTARIA

Si bien es cierto que la economía guatemalteca -en comparación con otros países- sufrió menos y se repuso más rápidamente de la recesión de 2020, también lo es que, inevitablemente, las pérdidas de dicha crisis en términos de producción y empleo han dejado cicatrices permanentes, no solo por el impacto duradero sobre los trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis, sino porque es probable que sus secuelas induzcan a que la recuperación económica esté más sesgada hacia la generación de empleos informales que, por su naturaleza, son menos productivos que los formales, lo cual puede significar una merma en la productividad global de la economía.

Además del impacto y complejos reacomodos en el mercado laboral, la pandemia también ha causado daños económicos duraderos por otra vía: el daño que ocasionará la ausencia (por más de dos años) de los alumnos en las escuelas, la cual casi seguramente ocasionará una reducción en la capacidad productiva del capital humano del país. Para minimizar los daños a largo plazo, es necesario tomar acciones urgentes. En lo laboral, deben aplicarse políticas que ayuden a las personas a adaptarse a los cambiantes mercados (como programas de búsqueda de empleo o de capacitación en nuevas habilidades y la creación de un seguro de desempleo en el IGSS). Y respecto a la educación, además de retornar cuanto antes a las aulas, deben evaluarse rápidamente los retrocesos en el aprendizaje e implementar medidas para nivelar a los estudiantes (como dar tutorías adicionales o alargar el año escolar).

Lo más grave es que el estallido de la guerra en Ucrania complica -y mucho- el oscuro panorama económico, pues ha disparado un severo incremento en los precios de los granos básicos y de los combustibles que amenaza con afectar la recuperación económica y con generar una crisis alimentaria global. Para conjurar estas amenazas, la política macroeconómica debe dilucidar un par de difíciles dilemas. El primero es cómo combinar la política monetaria con la fiscal para contener lo más posible la inflación, pero sin ralentizar excesivamente la actividad económica. El segundo es cómo enfrentar el impacto socioeconómico de los elevados precios de los combustibles y -especialmente- de los alimentos, sin agravar la precariedad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta que todo esto está sucediendo en un entorno en que las condiciones financieras mundiales se tornan cada vez más astringentes (lo que encarecerá el costo del financiamiento al gobierno y a las empresas), resulta inevitable empezar cuanto antes una racionalización del gasto público. No hay duda de que esta crisis hace necesario aplicar compensadores sociales (que pueden incluir subsidios y transferencias para proteger a las familias más vulnerables), pero también está claro que tales medidas deben estar bien focalizadas y eficientemente diseñadas. Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, los escasos recursos fiscales no deben seguir desperdiciándose en transferencias para el descontrolado gasto de las municipalidades ni en subsidios improvisados para los comercializadores de combustible. El tiempo apremia.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA GUERRA

ANTE LA INEVITABLE CRISIS, HABRÁ QUE ACTUAR CON PRUDENCIA Y MESURA

La invasión rusa a Ucrania está (y seguirá) teniendo serias repercusiones económicas. Para el país invadido, las consecuencias son catastróficas no solo por la destrucción de su aparato productivo, sino por la disrupción profunda de todo su tejido socioeconómico, cuyo impacto será permanente. Para el invasor, al elevadísimo costo fiscal de su aventura bélica, se suman los golpes devastadores de las sanciones internacionales que ya están provocando efectos recesivos duraderos.

En el resto del mundo, los efectos de la crisis se están dejando sentir a través de varios canales. El más evidente es el de los precios, particularmente de la energía la generada por petróleo y gas natural. Otro es el de los precios de los granos básicos (siendo Rusia y Ucrania importantes proveedores mundiales). El canal financiero también se ha expresado con perspectivas de tasas de interés más elevadas y volatilidad en las bolsas de valores y en los mercados cambiarios. Otro canal, el del comercio, está afectado por el entorpecimiento de las cadenas de suministro. Y la profundización de la desglobalización (con la conformación de diversos bloques de países atrincherados en sus fronteras), repercutirá obstaculizando a largo plazo los flujos comerciales y financieros.

Todos los países, incluyendo Guatemala, se verán afectados. Aunque el volumen de comercio con Rusia y Ucrania es muy pequeño (menos del 0.65% de nuestras exportaciones), el efecto de esta guerra se sentirá -como en la mayoría de países- en las principales variables. En primer lugar, la inflación (si está bien medida) aumentará en los próximos meses por los altos precios de los combustibles y de los granos básicos. En segundo lugar, el menor flujo de bienes y capitales afectará el comercio y las inversiones. En consecuencia, el crecimiento económico será menor al que se preveía antes de la guerra. Diversas proyecciones apuntan a que hasta las economías menos afectadas por el conflicto (como Estados Unidos o México) crecerán en 2022 alrededor de un 0.3% menos que lo previsto antes del conflicto: algo similar habría que esperar, como mínimo, para el caso guatemalteco.

El panorama es aún muy incierto, por lo que la respuesta de políticas públicas ante la incipiente -pero inevitable- crisis debe ser muy cauta y mesurada, tomando en cuenta la probabilidad de que el impacto descrito sea temporal y relativamente leve, además de que estamos aún en plena recuperación de la crisis pandémica. En ese entorno, la política monetaria deberá monitorear cuidadosamente el contagio de la inflación internacional a la doméstica, para calibrar bien las respuestas (quizá, por ejemplo, permitiendo algo de apreciación cambiaria para moderar el impacto, sin tener que elevar las tasas de interés innecesariamente). La política fiscal, por su parte, deberá apoyar a las familias más vulnerables para compensar el aumento del costo de vida. Y, en general, el gobierno deberá apoyar a las empresas a adaptarse a un entorno de costos más elevados (facilitando trámites, por ejemplo). Lo que hay que evitar es precipitarse con medidas populistas que puedan dañar la estabilidad macro, que ha sido, por años, el principal baluarte de nuestra economía.