Darle Sentido al Censo

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes.

Aunque con un atraso significativo (seis años después de lo que la ley mandaba y un año después de finalizada la etapa censal), el acto de presentación de los resultados del censo de población (en el escenario del Teatro Nacional) resultó prematuro: las cifras –según admiten as propias autoridades- son aún preliminares y están sujetas a ajustes. En los censos anteriores nunca hubo un acto público de presentación de datos preliminares, sino que los resultados se publicaron hasta que ya estaban técnicamente conciliados. El reconocimiento de que las cifras sean preliminares solo contribuido a que surjan abundantes suspicacias respecto de los datos publicados, por varias razones.

El dato de 14.9 millones de habitantes resultó ser bastante más bajo que el de las proyecciones que publicaban los organismos internacionales y el propio INE, que rondaban los 16.6 millones para 2018, y resulta muchísimo más bajo que el dato de 19.7 millones de guatemaltecos registrados en el Renap ese año. En el nuevo censo, la tasa de crecimiento anual de la población se ubica en 1.8% anual, que no solo es la más baja de toda la historia de los censos, sino que es significativamente más baja con la tasa de crecimiento poblacional que el propio INE aún publica y que en los últimos años superaba el 2.5% anual.

Estas diferencias son muy significativas, y pueden ser atribuidas a diversas causas: 1) una alta omisión censal; es decir, que el censo dejó de contabilizar a un número importante de habitantes –error que ha sido habitual en los censos anteriores-; 2) un aumento de las emigraciones –que ocasionaría que el número de guatemaltecos aumentase más en el exterior que dentro de nuestras fronteras-; 3) una reducción de las tasas de fecundidad y natalidad –lo cual que es normal en toda transición demográfica-; y, 4) un aumento de la tasa de mortalidad –algo muy poco probable-.

Por su parte, las discrepancias con las cifras del Renap podrían deberse a que los sistemas de esta entidad son tan precarios que no son capaces de registrar los decesos ni, mucho menos, las emigraciones (cabe comentar que en la mayoría de países desarrollados ya no se realizan censos para medir el tamaño de la población, sino que este se determina mediante diversos sistemas de información centrados en  un padrón continuo, de gestión informatizada, más barato y certero que cualquier censo).

El INE es el llamado a darle sentido a los resultados del censo, y para ello debe dar las explicaciones técnicas pertinentes que permitan desvanecer las dudas y suspicacias que se han generado con la prematura publicación de los datos, indicando cuáles de las causas aquí identificadas (u otras) explican las diferencias entre las cifras nuevas y las que se habían estado manejando los últimos años. En ello se juega su credibilidad.

El Mundo No Necesita una Guerra Comercial

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo– de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos

La economía mundial está en dificultades; los pronósticos de crecimiento de la producción apuntan claramente a una desaceleración. Una de las principales causas de este panorama han sido las medidas proteccionistas aplicadas por el actual gobierno estadounidense y las consiguientes represalias adoptadas por China y otros países. Pareciera que a los hacedores de política económica en esos países se les ha olvidado que uno de los motores que ha propulsado el acelerado desarrollo que el mundo ha experimentado en los últimos noventa años ha sido el intercambio de bienes, cada vez más libre y creciente, entre las naciones.

Resulta difícil, en estos tiempos populistas, convencer a los nacionalistas de que el comercio es, a la postre, beneficioso para ambas partes... pero lo es. Basta con ver cómo, en todo el mundo y a través de la historia, los países que abrieron sus fronteras al comercio fueron los que más prosperaron: la Grecia clásica, la China medieval, la Italia renacentista, la Holanda de la edad de oro, la Inglaterra del siglo XIX, los Estados Unidos de la posguerra mundial y, recientemente, los Tigres Asiáticos y China.

El intercambio comercial entre países produce riqueza. Cuando un país exporta, obtiene un beneficio –incluso si la riqueza obtenida no se distribuye equitativamente (lo que es un problema social que cada país debe resolver), ello no significa que los ciudadanos estén peor que antes del intercambio comercial-. Al reducir sus barreras al comercio, los gobiernos permiten a sus ciudadanos exportar aquellos bienes que mejor saben producir e importar todo lo demás, con la posibilidad de escoger lo mejor que el mundo tiene para ofrecerles.

Al abrir sus fronteras, los países ricos también estimulan el crecimiento de los países más atrasados, lo cual beneficia a ambas partes. Al importar bienes más baratos de los países en desarrollo, los países ricos no solo ofrecen a sus propios consumidores una mayor gama de productos, sino también generan empleos en los países donde la gente está desesperada por obtener mayores ingresos (o por emigrar). Dándoles a los países menos avanzados la oportunidad de crecer a través del comercio, los países ricos pueden simultáneamente expandir sus propias economías: cuando los países menos avanzados logran crecer y aumentar su poder adquisitivo, seguramente importarán más bienes y servicios de los países avanzados. A fin de cuentas, más comercio conlleva más crecimiento, lo cual significa más empleos.

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo- de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos, incluyendo aquellos ciudadanos a quienes supuestamente se quiere proteger. La Gran Depresión de los años 1930, por ejemplo, se propagó por el mundo cuando los Estados Unidos decidieron erigir barreras al comercio para “proteger” a los productores locales; en la medida en que otros países tomaron represalias con medidas similares, el comercio mundial se desplomó, desaparecieron los puestos de trabajo y el planeta entró en un largo período de declive económico. Hoy, la economía mundial está en un momento delicado y lo que menos necesita es que las grandes economías (especialmente Estados Unidos y China) repitan aquella nefasta historia.

La Ausencia del Estado y sus Consecuencias

Para que haya progreso se necesita bienes públicos básicos (seguridad, justicia, salud y educación primaria, infraestructura) y un Estado que -basado en instituciones sólidas y eficientes- los provea

“Una porción considerable del país está fuera del control estatal, condición que es aprovechada por el crimen organizado”, resumía hace unos días el diario Prensa Libre al reportar cómo no solo el Valle del Polochic, sino también la región Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén están bajo el poder de poderosas organizaciones delictivas. La ausencia del Estado en esas regiones genera un refugio a los grupos ilícitos, fomenta la conflictividad social, impide la gobernanza y frena el progreso económico.

El Estado se organiza –se supone- para conformar un método descentralizado de entrega de bienes públicos a quienes habitan dentro de sus fronteras. Entre esos bienes públicos, el más prominente es el de la seguridad personal: evitar invasiones y pérdidas de territorio; abatir amenazas contra el orden público; prevenir los crímenes contra las personas; y, permitir que los ciudadanos resuelvan sus disputas de forma pacífica. El Estado –se supone- debe tener métodos y normas sistemáticas para que impere la ley, se proteja la propiedad, se respeten los contratos, se resuelvan las disputas en el sistema judicial y prevalezcan los valores que prioricen el juego limpio necesario para el intercambio económico y la convivencia social.

Otro bien público esencial es el que permite a los ciudadanos participar de manera libre y plena en los procesos políticos mediante el derecho a competir en las elecciones, el respeto a las instituciones políticas nacionales (legislatura y tribunales) y municipales, la tolerancia al disenso y el respeto a los derechos humanos. Otros bienes públicos esenciales que debe proveer el Estado incluyen la atención primaria en salud, educación básica, infraestructura de comunicaciones, e instituciones monetarias y fiscales que favorezcan la prosperidad. En la medida en que el Estado no pueda proporcionar estos bienes, más débil se vuelve y más se aproxima a ser un estado fallido. Guatemala aún está lejos de ser un estado fallido, pero sí es un estado frágil, viscoso, desestructurado.

Según el Índice de Estados Frágiles 2019 (publicado en abril por el Fondo por la Paz y la revista Foreign Policy), que mide la debilidad de los estados en función de factores sociales, políticos y económicos, Guatemala se ubica en la categoría de “alerta elevada”, junto con países tales como Madagascar o Camboya. Nuestro país (ranqueado en el puesto 57, con 81.4 puntos) está aún lejos de la categoría de estados fallidos (como Yemen, el peor ranqueado, en el puesto 1 con 113.5 puntos), pero está aún más lejos de los estados más sólidos (como el mejor calificado, Finlandia, en el puesto 178, con solo 16.5 puntos).

Lo sucedido la semana pasada en El Estor es una enorme señal de alerta para todos: el Estado guatemalteco le está fallando a sus ciudadanos. Debemos dar prioridad a la reforma institucional que permita recobrar la capacidad de proveer los bienes públicos básicos de calidad (seguridad, justicia, participación política, inversión pública de calidad en salud, educación e infraestructura), y hacerlos presentes en todo el territorio nacional. En eso nos jugamos el futuro del país.

Una Agenda Legislativa para Fortalecer la Economía

Se trata de un conjunto de leyes viables, que no deberían generar mayor polémica política

El Congreso de la República está en su segundo periodo ordinario de sesiones de este año, apenas desperezándose después de la resaca post electoral. Su agenda de trabajo no avanza, ni para adelante ni para atrás, entrampada por una serie de interpelaciones (dos al ministro de Comunicaciones y dos al ministro de Salud Pública) y por la escasa disposición de los diputados a mantener el quórum mínimo en el hemiciclo. Todo parece indicar que, en ese ambiente, solamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, por un lado, y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2020, por el otro, podrían concitar el interés de los parlamentarios para reunirse, discutir y aprobar los respectivos decretos.

Es hasta cierto punto normal que exista un desgano legislativo cuando faltan pocos meses para que concluya la actual legislatura, máxime si se toma en cuenta que dos terceras partes de los actuales diputados dejarán el cargo en enero próximo. Sin embargo, quizá exista una ventana de oportunidad para que el Congreso aproveche la distensión de estos meses para impulsar una agenda legislativa que –libre de temas ideológicos o controversiales- sea políticamente viable: una agenda para el fortalecimiento económico. El propio Fondo Monetario Internacional, en su más reciente informe sobre el país, hizo hincapié en que, para crear un ambiente más favorable para las inversiones y para las exportaciones (ambas deprimidas en los últimos años) las autoridades deben enfocarse en mejorar las enormes debilidades del marco regulatorio e institucional, para lo cual un buen primer paso sería aprobar una serie de reformas que, hasta ahora, están estancadas en el Legislativo.

Entre ellas, la iniciativa de ley para regular las insolvencias, que propone la adopción de mejores prácticas internacionales sobre la materia, podría dar certeza jurídica a los procesos y favorecer los flujos de crédito. Otra iniciativa, la de estabilidad jurídica para las inversiones, reduciría la incertidumbre respecto de las políticas de gobierno y haría más atractivo el país para nuevos inversionistas. La iniciativa de ley para la infraestructura vial, por su parte, catalizaría la inversión privada, mejorando la conectividad y competitividad del mercado interno. Por su parte, la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del INE, de ser aprobada, podría contribuir a mejorar la calidad de la información estadística necesaria para una efectiva toma de decisiones económicas. Y, por último, la iniciativa de ley que crea la agencia gubernamental para la promoción de inversiones y exportaciones, podría atraer inversionistas extranjeros y facilitar el acceso a mercados nuevos para los productos nacionales.

Se trata de un conjunto de leyes viables, que no deberían generar mayor polémica política (no estamos hablando de otras que, aunque deseables –como la ley que regularía las consultas comunitarias en el marco del Convenio 169 de la OIT-, son políticamente complejas). Su pronta discusión y eventual aprobación puede representar una de las últimas oportunidades para que la actual legislatura logre lavar cara y dejar un legado perdurable que se manifieste en una mejora de las condiciones de vida de la población.