SI NO INCLUYE LA
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO
La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.
En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.
Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.