Civilización, Cultura y Generosidad

 

¿Una Generación Perdida?

 LA FALTA DE CLASES PRESENCIALES POR MÁS DE DOS AÑOS PUEDE DEJAR GRAVES SECUELAS

Desde 2020 hasta hoy se ha desatado una lluvia de shocks externos que afectan el desempeño económico de Guatemala: la pandemia de Covid-19, estrangulamientos en las cadenas de suministros, el impacto de la guerra en Ucrania, la débil recuperación del empleo, las enormes presiones inflacionarias, el encarecimiento del crédito y la desaceleración del crecimiento económico configuran un escenario preocupante. Encima de todo eso, nuestro país (y toda Latinoamérica) está enfrentando también una crisis silenciosa en materia de educación, que afectará el futuro de las nuevas generaciones, según advirtió hace algunas semanas la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) al presentar su análisis sobre el “apagón educativo” en la Región.

En efecto, la prolongada interrupción de las clases presenciales que se produjo a raíz de la pandemia puede estar dejando secuelas irreparables en la educación de los niños y adolescentes del país. El daño causado por la inasistencia a clases afectará negativamente las capacidades intelectuales y laborales de nuestros niños. Después de más de dos años de clases virtuales (cuya efectividad fue muy baja por las limitaciones en conectividad, equipamiento y habilidades digitales), las clases presenciales al cien por ciento no se reanudarán en Guatemala sino hasta mediados de febrero de 2023. Los más afectados han sido los niños y jóvenes de menores recursos económicos cuya única opción es la educación pública.

Lo peor es que ya antes de la pandemia Guatemala presentaba altos déficits educativos: una tasa de analfabetismo secularmente más elevada que las de los países vecinos, altísimas tasas de deserción estudiantil (especialmente en secundaria), o pobres niveles de desempeño en matemática (especialmente en primaria), todos ellos síntomas de un deficiente sistema educativo que inexorablemente decayó más a partir de la pandemia. Y -similar al caso de la infraestructura pública que comentamos la semana pasada- el presupuesto estatal destinado a educación parece un barril sin fondo en el que el incremento del gasto se destina casi exclusivamente a pagar salarios sin que, a cambio, se produzca una mejora en la calidad educativa.

Para minimizar los daños del “apagón educativo” y empezar a revertir los precarios indicadores del país en ese rubro, es esencial emprender una transformación del sistema educativo que implique una mayor inversión en escuelas, un rediseño de los mecanismos de aprendizaje, un enfoque hacia la promoción de las competencias, mejores sistemas para formar, calificar y promover docentes, y una apuesta decidida por la transformación digital de la educación. Todo ello sin descuidar la coordinación de las políticas de educación con las de nutrición, salud, empleo y previsión social. Si no se profundizan esas acciones, las consecuencias del “apagón educativo” podrían significar la pérdida intelectual y productiva de toda una generación de niños y jóvenes guatemaltecos.

EL MITO DE LA FALTA DE RECURSOS

LA POCA INFRAESTRUCTURA SE DEBE MÁS A INEFICIENCIA INSTITUCIONAL QUE A LA FALTA DE FINANCIAMIENTO

Es bien sabido que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro país es el precario estado de su infraestructura física. Las calificadoras de riesgo-país nos recuerdan cada año que, a pesar de las fortalezas macroeconómicas, una de las debilidades que impiden que la calificación de Guatemala alcance el grado de inversión es su bajísima oferta de infraestructura, además de el bajo nivel ingresos per cápita y la debilidad de las instituciones (aspectos estos que, a su vez, se relacionan estrechamente con la falta de infraestructura). Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional indica que, debido a la mala infraestructura, en Guatemala la velocidad de circulación estimada en las carreteras es de las más bajas del mundo, lo que impone un enorme lastre a la competitividad del país.

Hasta hace pocos años era generalizada la creencia de que la falta de infraestructura se explicaba porque los recursos presupuestarios no alcanzaban para financiar la inversión pública. Ese mito, sin embargo, parece no sostenerse luego del precipitado aumento que el presupuesto estatal ha experimentado desde 2020. En ese año hubo una ampliación presupuestaria de Q20 mil millones, de los cuales solo se ejecutó poco más de la mitad: el resto pudo haberse destinado a infraestructura… pero no se hizo. En 2021 hubo nuevamente ampliaciones presupuestarias por Q13.4 mil millones. Y en 2022, otra vez, hubo ampliaciones presupuestarias por Q6.6 mil millones, de las cuales la mitad (teóricamente) se dirigieron a infraestructura.

En la práctica, la inversión física en infraestructura parece haber sido nula. El problema, evidentemente, no es de falta de recursos, sino de falta de capacidad de ejecución. Y esa incapacidad se debe a la extrema debilidad de las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos. Es cierto que reformar esas instituciones conlleva tiempo (que apremia) y -especialmente- voluntad política (que escasea). ¿Existe alguna solución a corto plazo? Sí, aunque tampoco es sencilla (pero sí factible).

Es muy posible que, debido a la lenta ejecución presupuestaria y a un flujo de ingresos tributarios mayor a lo previsto, el gobierno termine este año con varios millardos de quetzales “ahorrados” en su caja fiscal. En lugar de mal repartirlos a las municipalidades y consejos departamentales de desarrollo, bien podría pensarse en conformar un fondo destinado a infraestructura. Dicho fondo podría estructurarse en un fideicomiso específico y focalizado para ciertas obras de infraestructura, con una gobernanza y reglas de manejo que garanticen su uso transparente y efectivo. Con ello, podrían empezarse a construir obras estratégicas y, al mismo tiempo, servir de puente-piloto para transitar del actual sistema (disfuncional, opaco e ineficiente) a un nuevo sistema (funcional, transparente y eficiente) para la construcción de infraestructura pública en el país. Para luego, es tarde.