EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.

NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

El Mundo No Necesita una Guerra Comercial

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo– de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos

La economía mundial está en dificultades; los pronósticos de crecimiento de la producción apuntan claramente a una desaceleración. Una de las principales causas de este panorama han sido las medidas proteccionistas aplicadas por el actual gobierno estadounidense y las consiguientes represalias adoptadas por China y otros países. Pareciera que a los hacedores de política económica en esos países se les ha olvidado que uno de los motores que ha propulsado el acelerado desarrollo que el mundo ha experimentado en los últimos noventa años ha sido el intercambio de bienes, cada vez más libre y creciente, entre las naciones.

Resulta difícil, en estos tiempos populistas, convencer a los nacionalistas de que el comercio es, a la postre, beneficioso para ambas partes... pero lo es. Basta con ver cómo, en todo el mundo y a través de la historia, los países que abrieron sus fronteras al comercio fueron los que más prosperaron: la Grecia clásica, la China medieval, la Italia renacentista, la Holanda de la edad de oro, la Inglaterra del siglo XIX, los Estados Unidos de la posguerra mundial y, recientemente, los Tigres Asiáticos y China.

El intercambio comercial entre países produce riqueza. Cuando un país exporta, obtiene un beneficio –incluso si la riqueza obtenida no se distribuye equitativamente (lo que es un problema social que cada país debe resolver), ello no significa que los ciudadanos estén peor que antes del intercambio comercial-. Al reducir sus barreras al comercio, los gobiernos permiten a sus ciudadanos exportar aquellos bienes que mejor saben producir e importar todo lo demás, con la posibilidad de escoger lo mejor que el mundo tiene para ofrecerles.

Al abrir sus fronteras, los países ricos también estimulan el crecimiento de los países más atrasados, lo cual beneficia a ambas partes. Al importar bienes más baratos de los países en desarrollo, los países ricos no solo ofrecen a sus propios consumidores una mayor gama de productos, sino también generan empleos en los países donde la gente está desesperada por obtener mayores ingresos (o por emigrar). Dándoles a los países menos avanzados la oportunidad de crecer a través del comercio, los países ricos pueden simultáneamente expandir sus propias economías: cuando los países menos avanzados logran crecer y aumentar su poder adquisitivo, seguramente importarán más bienes y servicios de los países avanzados. A fin de cuentas, más comercio conlleva más crecimiento, lo cual significa más empleos.

La actual moda –implantada por los nacionalismos alrededor del mundo- de erigir barreras al comercio, está teniendo y tendrá efectos dañinos para todos, incluyendo aquellos ciudadanos a quienes supuestamente se quiere proteger. La Gran Depresión de los años 1930, por ejemplo, se propagó por el mundo cuando los Estados Unidos decidieron erigir barreras al comercio para “proteger” a los productores locales; en la medida en que otros países tomaron represalias con medidas similares, el comercio mundial se desplomó, desaparecieron los puestos de trabajo y el planeta entró en un largo período de declive económico. Hoy, la economía mundial está en un momento delicado y lo que menos necesita es que las grandes economías (especialmente Estados Unidos y China) repitan aquella nefasta historia.

El Retorno del Proteccionismo

La Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas.

Hace unos días, el gobierno de los Estados Unidos aumentó los aranceles (de 10 a 25 por ciento) a una gran gama de importaciones (valoradas en más de US$200 millardos) provenientes de China, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambos países se derrumbaban. Los estadounidenses buscan proteger a sus productores locales de las supuestas prácticas comerciales desleales por parte de los chinos; estos, por su parte, habían aceptado cambiar ciertas regulaciones y reglamentos, pero se resisten a elevar tales cambios a categoría de ley. Ante ello, Trump amenaza con elevar los aranceles de muchos más productos, mientras China amenaza con medidas comerciales de represalia.

Esta escalada de medidas proteccionistas será, a la larga, contraproducente para ambos países y, lo que es peor, se convertirá en un silencioso veneno para la salud de la economía mundial y nos perjudicará a todos. Conviene recordar que, en los años treinta del siglo pasado, la Gran Depresión fue profundizada porque los Estados Unidos adoptaron medidas altamente proteccionistas, bajo la errada creencia de que con ellas podían crear empleos, detonando represalias proteccionistas alrededor del mundo que solo contribuyeron a esparcir y empeorar la crisis económica mundial.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los aranceles y cuotas a la importación, con la buena intención de proteger las industrias domésticas, terminan ocasionando más mal que bien. Es cierto que los aranceles que está elevando Trump podrán proteger a los productores estadounidenses de esos bienes específicos respecto de la competencia de los  productos chinos; sin embargo, a la larga, las medidas proteccionistas no podrán aumentar el número total de empleos y ni siquiera podrán alterar sustancialmente la balanza comercial estadounidense con otros países. La razón del déficit comercial estadounidense no radica en que sus aranceles sean bajos, o en que China aplique prácticas desleales de comercio: el déficit externo se debe a que la economía estadounidense consume más de lo que produce.

Asociado a su déficit comercial, los Estados Unidos envían grandes montos de dólares a los chinos, quienes los regresan en forma de inversiones financieras. Al elevar los aranceles, los estadounidenses reducirán su déficit comercial, pero los chinos tendrán menos dólares para invertir, con lo que el dólar –entonces más escaso- se apreciará en los mercados internacionales, haciendo más difícil para los estadounidenses exportar y más barato importar bienes no solo de China, sino de cualquier país, de manera que su déficit comercial no se reducirá. Lo que se reducirá es el volumen total de comercio, con China primero y, eventualmente, con el resto del mundo.

El resultado de esta guerra comercial sino-americana será una caída en el comercio internacional que podrá ser más grave en la medida en que las guerras comerciales se generalicen al resto del mundo, lo cual no es nada remoto dado el auge que están teniendo los gobiernos populistas, inclinados a “proteger” sus industrias locales de la competencia internacional. Parece mentira que, ya avanzado el Siglo XXI, la calidad de los dirigentes políticos de las naciones –grandes y pequeñas- se haya degradado tanto que no sean capaces de entender siquiera las lecciones económicas más elementales que nos ha dejado la historia.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

La Democracia Liberal en Peligro

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Y Guatemala no está exenta de la tentación de caer en ellas.

Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.

Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo, dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.

Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre, terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de Latinoamérica  está repleta de ejemplos (desde Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

El desafío de contener la amenaza radica en defender los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa la indispensable –y muy descuidada- reforma de la infraestructura institucional y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo; sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de educación, empleo y subsidios directos.

Por otro lado, hay que defender los beneficios de una sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado, competencia e incentivos”.

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Están más bien en la innovación, la educación, los mercados abiertos y competitivos, así como en las instituciones fuertes e independientes necesarias para regular los mercados, garantizando su eficacia y la igualdad de oportunidades. Las soluciones no son simples (como las venden los populistas) sino complejas, y así hay que explicárselas –honestamente- a los ciudadanos.

Receta para Detener el Progreso

Las políticas populistas (nacionalistas, proteccionistas, aislacionistas, xenófobas), ya sea que provengan de gobiernos de derechas o de izquierdas, tarde o temprano terminan por perjudicar a aquellos a quienes dice proteger

Aunque pocas veces se reconozca, en el último medio siglo –gracias en gran medida al intercambio comercial, las migraciones, los avances científicos y el creciente respeto a los derechos humanos- el mundo ha tenido un progreso espectacular, tanto en cuanto a crecimiento económico, como en casi cualquier otro aspecto del bienestar humano. Esta realidad objetiva no solo se evidencia en sofisticados estudios econométricos, sino que cualquier escéptico puede verificarla en populares sitios de internet como ourworldindata.org, humanprogress.org o gapminder.org.

Sin embargo, una amenaza se cierne sobre este rápido avance en el bienestar humano: la proliferación de gobiernos que (inspirados en su ignorancia de la historia y de las leyes de la economía, y respaldados por un electorado que exige soluciones apresuradas los profundos problemas del desempleo y la desigualdad) aplican políticas nacionalistas, xenófobas y proteccionistas que, en el largo plazo, solo dañarán a quienes pretenden proteger. La historia demuestra que una de las mejores recetas para detener el progreso de cualquier país, es que se aísle del resto mundo.

Preocupa en particular que este tipo de políticas aislacionistas, antes muy comunes en los países subdesarrollados, está cobrando auge en los países industrializados. La salida británica de la Unión Europea -Brexit-, el triunfo de dos partidos populistas anti-europeos en Italia y Austria, o las políticas proteccionistas de Estados Unidos, son hechos recientes que así lo atestiguan. Hace dos semanas, la administración Trump comenzó a investigar si la importación de automóviles representa una amenaza a su seguridad nacional; luego, amenazó con imponer aranceles a más de US$50 millardos de productos chinos; y, hace unos días, anunció la imposición de aranceles sobre acero y aluminio procedente de Canadá, México y la Unión Europea.

Este tipo de medidas, tomadas en nombre de la seguridad nacional estadounidense, tendrá efectos negativos. Quizá en el corto plazo esos efectos no sean tan sensibles (e, incluso, puede haber un efecto temporal positivo para la industria estadounidense), pero en el largo plazo pueden impactar dramáticamente sobre el crecimiento de todo el mundo, empezando por los propios estadounidenses, quienes verán encarecer sus materias primas, subir sus costos de producción y reducir sus empleos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se complicará y surgirán represalias comerciales que podrían significar una espiral descendente del comercio mundial que perjudicará las perspectivas de todos los países incluyendo, eventualmente, los centroamericanos.

Existen sólidos argumentos económicos, morales y culturales para defender los beneficios de mantener nuestras economías abiertas al comercio, nuestras sociedades abiertas al intercambio cultural, nuestras mentes abiertas al avance tecnológico y nuestras fronteras razonablemente abiertas al flujo de personas. Además, ya la humanidad ya comprobó en el siglo pasado que los efectos de los nacionalismos y los proteccionismos van más allá de lo puramente económico: los costos humanos de la Primera Guerra mundial, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial son consecuencias innegables de ese tipo de políticas. Pero, con todo ello, existen hoy muchas personas y líderes que aún no están convencidos de que las sociedades abiertas sean beneficiosas. Y en la medida en que los gobiernos populistas-aislacionistas continúen proliferando (ya no solo en el mundo en vías de desarrollo sino, ahora más, en las economías avanzadas), seguirá aumentando el riesgo de que el progreso logrado por la humanidad en los últimos cincuenta años se detenga.

¿Ricos o Pobres?

Quizá no seamos tan pobres como creemos... ni tan ricos

Ser pobre o ser rico es, objetivamente hablando, una situación relativa. Cualquier guatemalteco cuyas posesiones materiales valgan unos Q16,500 (sumando sus depósitos bancarios, inversiones financieras y otras propiedades muebles e inmuebles, menos el monto de sus deudas) podría creerse poco afortunado; pero, en realidad, sería más rico que la mitad de la población mundial. Esto de acuerdo con un estudio reciente, el Global Wealth Report –GWR-, publicado por el Credit Suisse Research Institute a finales del año pasado.

Un guatemalteco que, por ejemplo, posea un apartamento en la zona 21 de la capital, un sedán coreano de diez años de antigüedad y una cuenta monetaria de Q3 mil, estará ubicado entre el 25% de las personas más ricas del mundo. Y el dueño de una riqueza neta superior a Q750 mil (dueño de, digamos, una casa en la zona 7, un rancho en la playa, cuentas bancarias por Q15 mil y un carro alemán modelo 2014) será un privilegiado más rico que el 92% de los humanos.

El GWR, a diferencia de otros estudios sobre prosperidad y desigualdad, calcula los activos netos de los hogares, en vez de centrarse en los ingresos. El estudio revela que existen diferencias de riqueza entre individuos y entre países que se explican por muchas razones. Aquellos individuos con poca riqueza se encuentran desproporcionadamente entre los más jóvenes (que han tenido pocas posibilidades de acumular activos) o entre quienes han sufrido pérdidas, o viven en regiones donde las perspectivas de creación de riqueza son limitadas, o pertenecen a alguna minoría. En el otro extremo del espectro, hay muchas personas con enormes fortunas adquiridas mediante una combinación de talento, trabajo duro o buena suerte.

La pirámide de riqueza presentada en el GWR tiene una gran base ocupada por unos 3,500 millones de personas (el 70% de todos los adultos del mundo) con una riqueza individual inferior a Q75 mil en 2017. Otros 1,100 millones de adultos (21% del total) caen en el rango de Q75 mil a Q750 mil. Estos dos conjuntos (el 91% del total de adultos), aunque tengan una modesta riqueza, en conjunto acumulan activos netos por casi Q300 millardos, lo que subraya el potencial económico de este grupo cuya importancia a menudo se pasa por alto.

En el tope de la pirámide están los millonarios (literalmente, los individuos cuya riqueza supera el millón de dólares). Son unos 36 millones de personas en el mundo (menos del 1% del total), cuya riqueza supera los US$128 billones (46% de la riqueza mundial). Esos millonarios residen principalmente en los Estados Unidos (43% del total de millonarios), aunque también habitan en países capitalistas como Japón (7% del total) y Gran Bretaña (6%), en países más igualitarios como Alemania (5%) o Francia (5%), y hasta en países socialistas como China (5%). En contraste, Latinoamérica –una de las regiones reputadamente más desiguales - no llega a cobijar ni el 1% de los millonarios del planeta.

Aunque las estimaciones del GWR tienen sus debilidades, resultan útiles para hacer comparaciones; por ejemplo, la riqueza promedio de un guatemalteco (de unos Q55 mil) resulta superior a la del ciudadano promedio de India (aproximadamente Q43 mil), pero muy inferior a la del estadounidense promedio (unos Q2.8 millones). Las cifras también ayudan a reflexionar que muchos de quienes se consideran adalides de la igualdad, y no pocos de quienes critican a los ricos, a la globalización y al libre mercado, pueden ser ellos mismos parte de la élite que tanto denostan. Y que, en contraposición, muchos de quienes en nuestro medio se consideran ricos, están muy lejos de formar parte del club de magnates del mundo.

¿Un Nuevo Consenso de Política Económica?

La Declaración de Estocolmo no llega a significar un cambio de paradigma en la manera de formular la política económica, ya que los fundamentos y leyes de la Economía siguen siendo los mismos. Sin embargo, plantea algún enfoque novedoso que puede aportar las políticas públicas contemporáneas

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo –ASDI- reunió a finales del año pasado a un selecto grupo de 13 economistas del todo el mundo para que revisaran si las premisas convencionales que han regido la política económica en los últimos años continúan siendo válidas. La conclusión más importante del cónclave fue que las políticas de estabilización no son suficientes para generar un crecimiento económico incluyente (aunque tampoco han sido, per se, perjudiciales). Con esa obviedad en mente, identificaron ocho principios generales que deben guiar la política económica para el desarrollo y los publicaron bajo el nombre de Declaración de Estocolmo. Veamos.

Primero, “el crecimiento del PIB no es un fin en sí mismo”. Esto es videntemente cierto (no conozco ningún estudio serio que sostenga lo contrario). Sin embargo, la Declaración de Estocolmo reconoce que, aunque no sea un fin en sí mismo, el crecimiento económico es indispensable para proveer los recursos que requiere el bienestar humano: empleo, consumo sostenible de bienes y servicios, techo, salud, educación y seguridad.

Segundo, “la política económica debe promover el desarrollo incluyente”. Esto implica que debe velar porque ningún grupo se quede excluido de los frutos del progreso; ello implica prestar atención a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. De no hacerlo se pondría en riesgo la continuidad del crecimiento económico, pues se generarían tensiones sociales y turbulencias políticas.

Tercero, “la sostenibilidad ambiental es un requisito, no una opción”. Este principio sí es novedoso, pues exige integrar a la política económica convencional medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Cuarto, “necesidad de equilibrar el mercado, el Estado y la comunidad”. Esto implica que, siendo los mercados fundamentalmente instituciones sociales, requieren a veces de regulaciones que les permitan cumplir con su función esencial de asignar los recursos eficientemente y, aunque la Declaración no lo explicita, cae de su peso que lo anterior requiere que existan instituciones (gubernamentales y sociales) eficientes.

Quinto, “propiciar la estabilidad macroeconómica, pero con flexibilidad”. La Declaración reconoce que la estabilidad económica es indispensable para lograr el crecimiento y el bienestar pero, razonablemente, sugiere que las políticas económicas que la propicien deben tener una visión de mediano plazo y no solo perseguir metas de corto plazo. Sexto, “atender el impacto del cambio tecnológico sobre la desigualdad”. Este principio, parecido en intención al segundo principio, reconoce que es inevitable (como lo ha sido a lo largo de la historia) que el cambio tecnológico cause desempleo, aunque sea temporalmente, por lo que deben implementarse políticas que mitiguen tal efecto.

Siete, “las normas sociales, los valores y las actitudes son importantes”, lo cual parece sugerir, por ejemplo, que una sociedad tolerante a la corrupción será menos capaz de lograr el desarrollo sostenible que una sociedad con instituciones fuertes que garanticen la probidad. Y octavo, “la comunidad internacional tiene un rol importante”, especialmente en cuanto a evitar que los países recurran unilateralmente a políticas que restrinjan el comercio, las migraciones o el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En síntesis, la Declaración de Estocolmo no entraña un nuevo paradigma en materia de políticas públicas, sino que simplemente plantea ciertos principios que matizan y actualizan las bases que siempre han regido la correcta formulación de las políticas de desarrollo económico para adaptarlas al mundo contemporáneo.

La Innovación

La innovación es fundamental para aumentar la productividad; ésta es indispensable para aumentar la producción; y, esto es clave para lograr el bienestar del país. Por desgracia, la innovación no está en el radar de las políticas de Estado

En las dos entregas previas me referí, por un lado, a la necesidad de propiciar un mayor, más rápido y más sostenible crecimiento económico -a través de la productividad- como condición fundamental para reducir permanentemente la pobreza, mejorar los niveles de vida de la población y propiciar la gobernabilidad democrática del país. Y, por otro, a la conveniencia de que las empresas y el gobierno se enfoquen en los consumidores (nacionales y extranjeros) como uno de los más promisorios motores de dicho crecimiento.

Hoy complemento lo anterior señalando que ambos aspectos (el impulso del crecimiento económico y el enfoque de la producción hacia la satisfacción de los consumidores) requieren de la innovación, tanto por parte de las empresas existentes -en su búsqueda de nuevos productos y mercados-, como por parte de nuevos emprendedores. Existe consenso internacional en cuanto a que la innovación es clave para elevar la producción y la productividad, y que es un ingrediente crucial para que se produzca un crecimiento económico robusto.

Por desgracia (aunque hay empresas y sectores aislados que son la excepción) la innovación en la producción es, en general, una materia que Guatemala lleva retrasada desde hace tiempo. Así lo indican los indicadores principales: gasto (público y privado) en investigación y desarrollo, adopción de nuevas tecnologías, crecimiento de productividad del trabajo, número de patentes registradas para nuevos inventos, o los estándares educativos prevalecientes.

Las empresas, por supuesto, son las primeras llamadas a innovar. Ello implica, en la práctica, invertir más en investigación y desarrollo. En los países avanzados, esta inversión representa el 14% del valor agregado industrial; de ello, las empresas financian un poco más de la mitad (8%) mientras que los gobiernos financian el resto. En Latinoamérica -según cifras del Banco Mundial- ese gasto en investigación y desarrollo es mucho menor (menos del 4% del valor agregado industrial) y la mayoría es financiada por los gobiernos. Y, aunque no hay cifras específicas, es dable suponer que en el caso de Guatemala la cifra es aún más baja.

Hay, entonces, un largo trecho por avanzar; pero para ello también es mucho lo que el gobierno puede hacer para propiciar dicha inversión, empezando por acciones que apunten a mejorar el clima de negocios a efecto de propiciar condiciones favorables al emprendimiento de negocios. Por más genial e innovador que sea un emprendedor, difícilmente podrá tener éxito si no opera en un ambiente propicio para desarrollarse y crecer.

En ese sentido, son diversos los campos en los que el gobierno puede actuar para impulsar la innovación. Por ejemplo, con acciones e instituciones que velen por el cumplimiento de los contratos, que protejan los derechos de propiedad intelectual, o que reduzcan los trámites para iniciar nuevos negocios. También puede contribuir el buen diseño (actualmente en discusión en el Congreso) de reglas e instituciones que fomenten la competencia sin inhibir el libre emprendimiento. O la profundización de los esfuerzos de liberalización del comercio internacional para incentivar que las empresas apunten hacia nuevos mercados.

La innovación no es un lujo reservado para las empresas de alta tecnología. Es una necesidad estratégica para mejorar la productividad y el crecimiento. Pero mientras no exista suficiente inversión en investigación y desarrollo, así como mejoras en las políticas y el ambiente para el emprendimiento, será muy difícil que se acelere el crecimiento económico.

Prosperidad y Globalización

Aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades

La semana pasada, la inauguración de la suntuosa sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemana, fue objeto de agresivas manifestaciones anti-capitalistas. Una prueba más de que la globalización y el capitalismo están bajo ataque ideológico. La crisis financiera de 2008, el estancamiento de las clases medias en muchos países industrializados y las evidentes inequidades en los países pobres han sembrado dudas sobre la capacidad del sistema de crear una sociedad más funcional y justa.

Aunque esa sea la percepción generalizada, la realidad incontestable –basada en evidencia numérica- es que el capitalismo ha generado aumentos masivos en los niveles de prosperidad, especialmente en Occidente, durante los siglos XIX y XX. En décadas recientes, el sistema capitalista ha sacado rápidamente a cientos de millones de personas de la pobreza en muchos países emergentes.

La principal virtud del capitalismo no es tanto que sea el sistema más eficiente para asignar los recursos escasos (tal como los economistas lo vemos), sino que ha sido un sistema capaz de generar innovación y de producir soluciones concretas a problemas humanos (desde transporte veloz, hasta antibióticos que salvan vidas). Si se entiende por prosperidad el cúmulo de soluciones disponibles para resolver problemas humanos, entonces el capitalismo (y sus episodios recurrentes de globalización) ha hecho un gran trabajo en favor de la prosperidad. Ningún otro sistema económico ha logrado generar más soluciones a los problemas materiales de la humanidad en tan corto tiempo.

Y lo  ha logrado creando un entorno donde los incentivos generan una oferta abundante de soluciones a los problemas cotidianos, donde se seleccionan las mejores soluciones mediante la competencia y donde las mejores soluciones se multiplican a la vez que las peores soluciones se eliminan. Ese es el proceso generador de soluciones al que el gran economista Joseph Schumpeter denominó “destrucción creadora”.

Pero el mercado libre, que es el plasma en el cual flota el capitalismo, suele tener fallas; y cuando éstas surgen, el Estado (la sociedad y sus pactos) entra a regular el mercado para que funcione bien, favoreciendo a los procesos económicos que resuelven problemas. Esa intervención estatal en pro del mercado contribuye a construir confianza y cooperación (capital social) que también contribuyen a la prosperidad.

Las olas recurrentes de globalización, que profundizan y esparcen el capitalismo, han sido acusadas de muchas falencias económicas y sociales. Pero un gran número de estudios ha comprobado la influencia positiva que la globalización ha tenido sobre muchas variables clave. Varios de esos estudios, que están basados en el Índice de globalización (un indicador que mide la conectividad, integración e interdependencia global de los países en las esferas cultural, ecológica, económica, política, social y tecnológica), recopilado y procesado por el Instituto de investigación económica KOF de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, demuestran que la globalización ha incrementado el crecimiento económico, ha promovido la igualdad de género, y ha mejorado el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, dichos estudios revelan un aspecto negativo: aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades. Este resultado indeseable es contrario a lo que la teoría de la ventaja competitiva (formulada por David Ricardo, uno de los padres de la ciencia económica) habría predicho. La teoría de Ricardo sostenía que el libre comercio tendería a elevar los salarios de los trabajadores de menores ingresos (tal como ocurrió en la globalización del siglo XVIII). Pero no se replicó en la globalización actual.

Una explicación a este enigma ha sido esbozada por el premio Nobel Eric Maskin: la era de la informática ha hecho que sean las clases medias de los países pobres las que se beneficien más al igualarse, a través de la conectividad, con las clases medias de los países ricos. Los más pobres de los países pobres, en cambio, han quedado aislados y rezagados. Si esa teoría es válida, Maskin plantea un desafío esencial a quienes creemos en la globalización: ¿cómo aprovechar sus innegables beneficios sin condenar al rezago a los más pobres entre los pobres?

Una Oportunidad Para la Integración Económica

Una próxima unión aduanera Guatemala-Honduras imprime un tono de optimismo sobre el mar de frustraciones históricas integracionistas

Cuando en 1960 los cinco países del norte del istmo se unieron en el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, la integración económica prometía ser el camino para la unión y el desarrollo de la región. Más de medio siglo después, esa promesa no sólo se ha incumplido, sino que cada vez luce menos creíble.

Cierto es que durante sus primeros lustros el MCCA fue muy exitoso: el comercio regional se expandió velozmente, lo mismo que las inversiones. Pero la inverosímil guerra del fútbol (Honduras-El Salvador), primero, y después las guerras civiles (en Nicaragua, El Salvador y Guatemala), detuvieron cualquier progreso, con la ayuda de la inveterada falta de interés político (especialmente en Costa Rica) respecto de la integración centroamericana.

Al finalizar los conflictos armados, el comercio intrarregional se reactivó, las exportaciones aumentaron y el crecimiento económico se estabilizó; las instituciones regionales empezaron a proliferar, lo mismo que las grandes propuestas de integración: la creación del Sistema de Integración Centroamericana –SICA- en 1991, la firma del Protocolo de Guatemala en 1993, el Plan Puebla-Panamá (impulsado por México) en 2000, en “Relanzamiento” de la integración centroamericana (en San Salvador en 2010). A pesar de estos intentos, los avances de la integración económica han sido tan abundantes como los retrocesos, y el sueño de unir a América Central parece tan distante como siempre.

Por eso reconfortan las noticias que apuntan a avances concretos y específicos en materia de integración centroamericana, aunque sean menos ambiciosos y rimbombantes que los grandes planes de décadas pasadas. El anuncio que recientemente hizo en Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, en cuanto a que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será una realidad en diciembre de este año, introduce un tono de optimismo en el mar de frustraciones integracionistas.

Este tipo de esfuerzo, basado más en la "voluntad política" de los gobernantes que en los añejos planes y tratados de integración, busca evadir las dificultades características de las negociaciones multilaterales (que exige un acuerdo entre cinco o más partes que tienen diferentes sistemas cambiarios y disímiles niveles de desarrollo relativo), apostando por acuerdos bilaterales como un atajo hacia una integración económica más completa. Este enfoque de una integración por etapas, y a velocidades distintas según la voluntad de los países socios, parece adecuado para el caso de Honduras y Guatemala.

En conjunto, estas dos economías representan más del 45% de la producción del MCCA, así como casi el 40% del comercio intrarregional. Además, se trata de los dos países más populosos de Centroamérica, que suman más de 22 millones de habitantes (57% del total del MCCA). Las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países es enorme; y podría ser un precursor para que el anunciado “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsado por el gobierno estadounidense, pueda tener alguna repercusión económica tangible y sostenible.

Pero, como la historia lo demuestra, practicar la integración económica es mucho más difícil que hacer promesas sobre ella. El desafío que se han planteado los presidentes Pérez Molina y  Hernández implica pasar del actual estatus de comercio libre sin arancel externo común, a uno de libre circulación de bienes y personas con arancel común. Ello implica acordar políticas comunes sobre asuntos que van desde los códigos aduaneros hasta la política de competencia y los subsidios a la inversión, lo cual requerirá algo más que pura voluntad política.

Cualquier profundización de la integración económica implica una cierta pérdida de soberanía, y toma tiempo; por eso es que ha sido tan compleja en todo el mundo. Pero la fusión de Guatemala y Honduras –y, eventualmente, de El Salvador- en un solo espacio económico conjunto con libre circulación de personas, bienes y capitales (sin aduanas ni restricciones para el cruce de fronteras) generaría múltiples oportunidades de crecimiento económico (mediante mayor productividad y economías de escala, y más competencia e inversiones). El cumplimiento de la promesa está, de nuevo, en manos de los gobiernos.

Inversión, Empleo y Desidia

Guatemala contó con tiempo suficiente para tener este debate sin las prisas que ahora lo obscurecen y dificultan

El debate que se ha generado en torno a la denominada ley de promoción de la inversión y el empleo, aunque sano como todo debate que busque el bien de país, revela en el fondo las enormes debilidades institucionales, la escasez de datos fidedignos y la falta de previsión con la que el país tiende a resolver este tipo de desafíos.

Resulta crucial, en primer lugar, tener muy claro que la promoción de un ambiente favorable para los negocios se alcanza, principalmente, por medio del establecimiento de un marco jurídico e institucional que garantice la suficiente seguridad y certeza jurídica para el resguardo de las inversiones, la libre competencia del mercado, una política económica ordenada y predecible, y un capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación) adecuados. Estos deberían ser los aspectos prioritarios de cualquier política pública de promoción de la inversión y el empleo.

En ese sentido, las propias autoridades promotoras de la iniciativa 4644 han reconocido que esta ley sólo toca una pequeña parte del andamiaje para la construcción de un ambiente propicio para la inversión y que no es la panacea milagrosa que por sí sola resolverá los evidentes rezagos de Guatemala.

Cabe recordar que el Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa de ley en enero de 2013, con el fin de “incentivar las inversiones, incrementar el empleo y mejorar la competitividad para promover el desarrollo de las zonas desfavorecidas del país”. En la práctica, persigue dos propósitos: por un lado, debido a que la Organización Mundial del Comercio –OMC- prohíbe cierto tipo de subvenciones que el Estado Guatemalteco aún otorga con base en los decretos 29-89 y 65-89 (leyes de maquilas y de zonas francas), el gobierno considera necesario impulsar un marco legal que los sustituya; y, por otro, aprovechando la coyuntura, se busca crear otros incentivos “de nueva generación” que sean compatibles con la normativa de la OMC que Guatemala está obligada a cumplir.

Si bien es cierto que, desde el punto de vista teórico, este tipo de incentivos –que a fin de cuentas son simples privilegios fiscales- no debería ser el ideal para generar inversiones, también lo es que, en la práctica, hoy día más de 130 países (miembros de la OMC) tiene en vigencia alguno de ellos y que en Guatemala han servido para crear al menos 150 mil puestos de trabajo directos.

El debate sobre los costos (pérdidas fiscales) y beneficios (empleos generados) de los incentivos es sano. El tema de fondo es que tales incentivos deben ser, por naturaleza, temporales y que Guatemala tuvo tiempo más que suficiente para tener este debate sin las prisas que ahora lo obscurecen y dificultan.

Guatemala es miembro de la OMC desde 1995 y todo el mundo sabía que, conforme a las reglas de dicho organismo en pro del libre comercio, debían eliminarse los privilegios (subsidios) a las exportaciones a partir de 2002. Antes de que se venciera el plazo hace doce años, junto con otros países en desarrollo logró que le la OMC les diera una prórroga de cinco años, hasta 2007, para desmantelar los subsidios. Al finalizar este plazo, de nuevo, un grupo pequeño de países –Guatemala entre ellos- que no habían hecho su tarea, rogó a la OMC y logró de ésta una última e improrrogable extensión del plazo, que concluye a finales de 2015.

En cada una de esas oportunidades, y durante todos esos años, se hizo muy poco –casi nada- para que el país cumpliera sus compromisos con la OMC y se adaptara a la nueva realidad del comercio y la competitividad internacional. La desidia imperó en todos los estamentos que debieron preocuparse y ocuparse de tomar las medidas oportunas y no tener que estar a última hora, como estamos hoy, improvisando las soluciones.

Somos muchos quienes tenemos algún grado de responsabilidad por esa dejadez de los diez años anteriores: ministros y funcionarios a cargo de las políticas tributarias, de comercio y competitividad; dirigentes gremiales y empresariales; tanques de pensamiento, analistas y formadores de opinión; dirigentes políticos y líderes sociales. Lo sensato ahora sería dejar de lado los reproches y las descalificaciones, cesar en la búsqueda de ventajas y de tratos especiales, y en vez de ello centrarse en buscar una salida pragmática y pronta de este agujero en que nos dejamos caer.

Los Migrantes y Sus Repercusiones

En el marco de la tragedia humana personificada en los cientos de niños guatemaltecos que, sin la compañía de sus padres, son arrestados y deportados desde Estados Unidos, es importante que las autoridades y líderes cobren conciencia de que las políticas contra los migrantes ilegales son nocivas (para ambos países) desde un punto de vista económico

El endurecimiento de las medidas anti-migrantes, aunado al creciente flujo de connacionales hacia los Estados Unidos, ha desvelado y agravado una tragedia humana, con su particular incidencia en los menores de edad. Esta tragedia debería obligar a las autoridades y a la opinión pública a ver este fenómeno con todas sus aristas, incluyendo el hecho –demostrado a lo largo de la historia- de que las migraciones tienen, en balance, un efecto positivo tanto para el país emisor como para el receptor.

La migración se produce fundamentalmente por un estímulo económico: un trabajador en Guatemala percibe un salario mucho menor que el de un trabajador guatemalteco (con igual nivel de educación y experiencia) en Estados Unidos. Esta brecha salarial refleja diferencias de productividad derivadas de las disparidades en infraestructura, instituciones y competencias: el guatemalteco gana más allá porque allá es más productivo pues cuenta con mejor tecnología, infraestructura e instituciones.

A más migrantes, más producción global y más bienestar general. Sin inmigrantes, la economía estadounidense habría sufrido una ralentización de su crecimiento, escasez de mano de obra y una consecuente alza de precios. Lamentablemente, muchos ciudadanos y líderes estadounidenses se oponen a los inmigrantes que aportan las capacidades y fuerza de trabajo necesarias para fortalecer el desempeño económico de su país, incluyendo mejores salarios y mayor bienestar para todos (en ambos países).

No hay que negar que el creciente número de emigrantes guatemaltecos evidencia la incapacidad del país de otorgar oportunidades a sus ciudadanos para su realización material y humana. Pero este fenómeno también revela la capacidad de los guatemaltecos de ser productivos cuando cuentan con un entorno adecuado (en términos de infraestructura, imperio de la ley y oferta de oportunidades) que les permite generar ingresos para subsistir y para enviar excedentes a casa.

Las remesas son muy importantes en al menos dos aspectos fundamentales de la economía nacional. En primer lugar, representan un flujo de divisas crucial para que el país haga frente a su déficit comercial. En 2013, el déficit comercial (exportaciones menos importaciones) ascendió a casi US$7.5 millardos, equivalente a 13.9% del PIB. Las remesas alcanzaron ese año los US$5.1 millardos. Gracias a ello, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (que es el saldo que en verdad el país debe financiar desde el exterior –con préstamos públicos y privados, e inversión extranjera-) sólo llegó a ser de US$1.5 millardos, equivalente a 1.7% del PIB, que es fácilmente obtenible en los mercados financieros internacionales. Sin las remesas familiares el país habría tenido graves problemas para financiar su déficit externo.

En segundo lugar, las remesas son una fuente de apoyo para el consumo privado, que es el principal motor del PIB. La producción del país, medida por la demanda agregada, depende en un 85% del gasto que realizan los hogares y, según varias encuestas sobre el destino de las remesas, la mayor parte de éstas se destina a gastos en consumo de bienes duraderos y no duraderos. De manera que el principal componente del PIB (el consumo) se sustenta en las remesas familiares.

Es importante enfatizar que las remesas son enviadas por los guatemaltecos que ya están en los Estados Unidos, y no por los nuevos flujos de migrantes. Lo anterior implica que, incluso si las medidas anti-inmigración fuesen efectivas (cosa de por sí muy dudosa), la remesas difícilmente se reducirán. Para que se diese una reducción en el flujo de remesas, el gobierno estadounidense debería deportar a una gran fracción del millón de guatemaltecos que habita en su territorio, y no sólo a una fracción de los nuevos inmigrantes (que es lo que está ocurriendo actualmente).

Las políticas contra los migrantes ilegales son perversas desde un punto de vista humanitario y de derecho internacional, pero también son nocivas (para ambos países) desde un punto de vista económico. Nuestra diplomacia debería insistir en los argumentos que demuestran sólidamente que una reforma migratoria que asegure un mejor trato a nuestros compatriotas emigrantes no es cuestión de pedir privilegios, sino que es un tema que entraña beneficios para ambos países.

Un Nuevo Escenario Mundial

La Reserva Federal (banco central) de los Estados Unidos ha empezado a reducir su política de expansión monetaria, lo cual va a revertir definitivamente la abundancia de liquidez monetaria mundial, con repercusiones para Guatemala. La pregunta relevante ahora no es si acaso subirán las tasas de interés, sino más bien cuándo comenzarán a hacerlo.

En su más reciente reporte (Perspectivas de la Economía Mundial, de abril de 2014) el Fondo Monetario Internacional –FMI- señala que, aunque la recuperación mundial aún es frágil, el crecimiento de la producción mundial se acelerará en alrededor de 0.6 puntos porcentuales al pasar de 3.0% en 2013 a 3.6% en 2014. En la medida en que los países desarrollados dan señales más sostenidas de recuperación, empiezan a retirar sus políticas de estímulo monetario, lo cual implicará una gradual reducción en los niveles de liquidez a nivel global que, a su vez, encarecerá el acceso al financiamiento en los mercados internacionales.

La gradual restricción en las condiciones monetarias y de liquidez en los mercados financieros mundiales tendrá el efecto adicional de revertir la dirección de las corrientes financieras, de manera que han empezado a aparecer presiones a la depreciación de las divisas en los mercados emergentes, dejando expuestos a los países que sufren de posiciones fiscales débiles y poco control sobre la inflación. La pregunta relevante no es si acaso subirán las tasas de interés, sino más bien cuándo comenzarán a hacerlo. En tal sentido, es de esperar que estas economías enfrenten crecientes dificultades para financiar sus déficits fiscales en los mercados externos debido a mayores costos por conceptos de tasas interés y una mayor depreciación de sus monedas.

Consecuentemente, es de crucial importancia que tanto el sector público como el sector privado guatemaltecos estén preparados para afrontar estos cambios en las condiciones de liquidez que significarán un encarecimiento del financiamiento externo y una reversión en la dirección de las corrientes de capital. En efecto, después de un largo periodo de flujos de capitales positivos hacia los mercados emergentes y las economías en desarrollo, el inicio de la reversión en la dirección de estos flujos implicará que economías como la guatemalteca deberán enfrentarse a condiciones financieras externas más volátiles y a mayores primas por riesgo, por lo que tendrán que lidiar con una serie de vulnerabilidades macroeconómicas y apuntalar una economía más sana y resistente ante los vaivenes externos.

En tal sentido, resulta positivo y muy oportuno que las autoridades económicas de gobierno y dirigentes del sector empresarial estén reactivando sus esfuerzos de coordinación para priorizar el seguimiento de la calificación de riesgo-país. Dicha calificación se refiere a las evaluaciones periódicas que sobre los principales factores de riesgo, retos y puntos fuertes de la economía nacional, elaboradas por las Agencias Calificadoras: Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch Rating, las cuales buscan medir la eventualidad de que el país incumpla sus obligaciones crediticias con algún acreedor extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación financiera.

Las principales fortalezas de nuestra economía, según dichas calificadoras, son que contamos con una estabilidad macroeconómica sostenida, un déficit fiscal manejable con un nivel relativamente bajo de endeudamiento, una reconocida estabilidad monetaria bajo un sistema creíble de metas de inflación, y un déficit externo (balanza de pagos) moderado (el más bajo de Centroamérica). El primer desafío para Guatemala ante el nuevo escenario económico mundial consiste, entonces, en sostener y apuntalar estas fortalezas, lo cual supone mantener aplicación prudente y disciplinada de las políticas fiscal y monetaria por parte del Ministerio de Finanzas y del Banco de Guatemala, respectivamente.

Una vez logrado lo anterior, el desafío pasa a ser el de revertir los factores que las referidas calificadoras han identificado como los más riesgosos: la falta de avances en el tratamiento de los factores estructurales que han contribuido a la disminución relativa de la capacidad económica del país, la ausencia de mejoras sustanciales en la recaudación de impuestos, el bajo nivel en los indicadores de desarrollo social, la debilidad de las instituciones públicas y los niveles de delincuencia asociada al crimen organizado. Estos son los retos que el nuevo entorno mundial impone para lograr las reformas estructurales que promuevan la inversión y proporcionen la base para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.

Después de la Crisis: Visión Pesimista

El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada

Hace cinco años el crac financiero estadounidense explotaba como recesión mundial al contagiarse a la deuda soberana de varios países europeos. Guatemala sobrevivió esta gigantesca crisis económica mundial más o menos incólume. La lectura de dicha sobrevivencia puede hacerse con lentes pesimistas, que nos ayuden a sacar lecciones de la forma en que –como tantas veces- desaprovechamos la oportunidad que nos brindó la crisis de tomar medidas de largo plazo para progresar sostenidamente. O pude hacerse con lentes optimistas, que nos permitan ver las fortalezas –muchas veces menospreciadas- que nos ayudaron a afrontar la crisis. Pongámonos hoy los pesimistas.

El desafío de enfrentar la crisis, para un país pequeño y vulnerable como Guatemala, se dibujaba en dos planos. Por un lado, el del corto plazo, se trataba de adoptar medidas paliativas para reducir los costos y la duración del inevitable ajuste económico que conllevaba el shock externo; afortunadamente no caímos en la tentación de adoptar medidas populistas o antitécnicas para enfrentar el ajuste, pues ello solamente lo habría tornado más prolongado y costoso. Por otro lado, el del largo plazo, se trataba de prepararnos para el futuro, y allí no fuimos tan afortunados: aunque no caímos en el error de aplicar políticas equivocadas para atender la coyuntura, cometimos –una vez más- el igualmente grave error de desatender las políticas de largo plazo: nos dedicamos únicamente a lo urgente mientras relegamos lo importante.

Es una tragedia que, una vez superadas las amenazas de la crisis, Guatemala no haya avanzado en los aspectos que le permitan acelerar sostenidamente su crecimiento económico y reducir la pobreza. Un estudio que por aquellos años de inicios de la crisis publicó el Banco Mundial, luego de convocar a un grupo de pensadores y hacedores de políticas públicas, identificó seis aspectos comunes a las 13 economías que desde 1950 tuvieron un crecimiento promedio de 7% anual durante 25 años o más. Es en esas seis características donde, la experiencia así lo dice, deberían enfocarse países como el nuestro durante la época de vacas flacas a fin de potenciar las posibilidades de sacarles provecho a las vacas gordas, cuando vengan.

La primera es el aprovechamiento de la economía mundial; es decir, tener un grado de apertura al mundo que permita importar tecnología e innovación y, al mismo tiempo, producir bienes y servicios que otros países requieren. La segunda es el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para contar con un ambiente de certeza que facilite la toma de decisiones correctas y eficientes por parte de productores y consumidores. En estas dos características, por ventura, se han hecho avances de forma sostenida en Guatemala durante más de dos décadas.

La tercera característica es la presencia de altas tasas de ahorro e inversión; y, en esto, sí que estamos mal: Guatemala (aquejada de inseguridad, criminalidad, debilidad institucional, conflicto social, escasa infraestructura, desnutrición y poca calificación del capital humano) es uno de los países con más bajos niveles de ahorro e inversión en el mundo. La cuarta es permitir que el mercado sea quien asigne los recursos económicos; y, aquí, el gran riesgo es el poco compromiso que el liderazgo político y –crecientemente- la opinión pública tienen respecto de la economía de mercado.

La quinta es la presencia de gobiernos (locales y nacionales) que sean capaces, creíbles y comprometidos, lo cual pasa, evidentemente, por tener dirigentes que no practiquen ni toleren la corrupción, el nepotismo y los privilegios. Y, por último, la sexta característica para que el crecimiento económico sea sostenible es que exista paz y cohesión social, ya que la conflictividad social es el caldo donde se cultivan las políticas populistas y la debilidad institucional. Entonces, lo importante para las políticas públicas debería ser la búsqueda permanente de estas características, independientemente de las preocupaciones de corto plazo. El momento para implementar políticas de largo plazo es hoy mismo, y para ello no hay que inventar el agua azucarada: sólo acercándose a esas características podrá mejorar la productividad de Guatemala y aumentar así el ingreso per cápita y, con él, el bienestar material de los guatemaltecos.

Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

¿Qué Persigue la Reforma Migratoria?

Si aumenta el número de migrantes de los países pobres hacia los ricos, también aumentará la producción y el bienestar global

A velocidad imprevista está avanzando en el Congreso de Estados Unidos la muchas veces pospuesta reforma migratoria de ese país, que puede tener un impacto dentro y fuera de sus fronteras (incluyendo en Guatemala). La magnitud de ese impacto dependerá de cómo se equilibren los tres objetivos que persigue la reforma.

El primer objetivo es dar una solución decorosa a la incierta situación de los once millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos (que son económicamente necesarios pero políticamente molestos), mediante un larguísimo proceso de legalización y, eventualmente, nacionalización. El segundo es reducir el continuo flujo de ilegales (particularmente los que ingresan cruzando la frontera con México), mediante una enorme inversión en guardias y sistemas “anti-mojados”. Y el tercero es asegurar un flujo continuo y controlado de migrantes (económicamente necesarios y políticamente correctos) mediante el otorgamiento de más visas a trabajadores calificados (visas permanentes) y no calificados (visas temporales).

Mientras que los dos primeros objetivos son los más mediáticos y políticamente controversiales, el tercero debería ser tanto o más importante por sus implicaciones en materia de política migratoria a nivel mundial. Y es que aunque la migración es percibida como un problema, en realidad puede ser una oportunidad de mejorar el bienestar general (tanto de los migrantes como de los países).

Para entender esto debemos partir del hecho de que la migración (de centroamericanos a Estados Unidos, por ejemplo) se produce fundamentalmente por un estímulo económico. Diversos estudios demuestran que un trabajador en Centroamérica percibe la mitad del salario que un trabajador centroamericano con igual nivel de educación y experiencia trabajando en Estados Unidos. La mayor parte de esta brecha salarial refleja diferencias de productividad derivadas de las disparidades en la calidad de la infraestructura, las instituciones y las competencias. Por más talentoso que sea un trabajador, no puede replicar el entorno fértil de una economía rica por sí mismo. En contraste, trasplantar un trabajador a un suelo rico puede potenciar su productividad: un guatemalteco gana más en Estados Unidos que en Guatemala, ya que allá puede producir más, gracias a la calidad de la tecnología y las instituciones estadounidenses.

Lo anterior implica que si aumenta el número de migrantes de los países pobres hacia los ricos, la producción aumentará globalmente, lo mismo que el ingreso y el bienestar general. Una investigación del economista Paul Klein estimaba en 2007 que la plena movilidad laboral podría elevar la producción mundial hasta en un 122%. Además, la inmigración puede ser una solución al problema de envejecimiento de las sociedades en los países desarrollados: los trabajadores migrantes pueden llenar el vacío que deja el creciente número de jubilados. Sin inmigrantes, el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos habría conllevado una aguda escasez de mano de obra y una consecuente alza de precios.

Por desgracia, muchos ciudadanos de esos países ricos, y en particular sus sindicatos de trabajadores –en una actitud que no sólo es poco solidaria, sino también suicida en términos económicos- se oponen a la llegada de trabajadores inmigrantes que podrían proporcionar las capacidades y fuerza de trabajo necesarias para fortalecer el desempeño económico de los países recipiendarios que, a fin de cuentas, conllevaría mejores salarios para todos.

El mundo necesita más, no menos, migración; el tercer objetivo de la reforma migratoria estadounidense (ordenar el flujo migratorio) es, pues, positivo. Pero mientras subsistan enormes disparidades de riqueza y productividad en el mundo, y en tanto persista el hambre, la pobreza y la inseguridad en el Tercer Mundo, la migración –legal o clandestina- será parte de la economía global. Por lo tanto, el segundo objetivo de la reforma, que implica endurecer los controles contra la inmigración ilegal, resulta indeseable, no sólo para los migrantes que arriesgarán aún más su integridad física, económica y moral ante el previsible empeoramiento de las estrategias de los “coyotes”, sino también para las desequilibradas arcas fiscales del Tío Sam y, en consecuencia, para el bienestar de sus conciudadanos.