Limitar los Daños

La prioridad de las políticas públicas de hoy debe ser, primero, salvar la vida de los guatemaltecos y, segundo, salvar los medios con que los guatemaltecos se ganan la vida

El distanciamiento social es, desde hace siglos, la medida más efectiva para ralentizar pestes como el covid-19. Esa medida requiere el cierre de empresas, negocios y centros de enseñanza. A más contagios, más estricto debe tornarse el distanciamiento, lo cual acarrea una súbita caída de los intercambios económicos en todo el país. Y, sobre eso, se suma la drástica desaceleración económica mundial. Esta no es una crisis financiera como la de 2008; se trata de una catástrofe sanitaria a escala mundial que conlleva una pérdida masiva de confianza y una recesiva reducción de la demanda agregada.

Es hacia allí –la confianza y la demanda- a donde deben enfocarse las medidas para limitar los daños económicos. Aunque, por ser una crisis tan sui generis, no existen libros ni estudios que tengan la receta mágica, sí hay precedentes que indican que las políticas antirrecesivas del pasado pueden ser útiles para alentar los espíritus animales -que decía Lord Keynes- y apuntalar la demanda agregada para evitar que la epidemia de coronavirus se convierta en una epidemia de quiebras y despidos. Ese tipo de políticas se está aplicando en todos los países afectados por el covid-19.

La política monetaria debe proveer abundante liquidez al sistema bancario, procurar reducir la tasa de interés y aumentar la oferta monetaria para estimular el crédito y, con él, la inversión y el consumo; pero, por sí misma, es insuficiente (especialmente si se cae en una trampa de liquidez en la que la demanda no reacciona a los estímulos monetarios). Más importante resulta, entonces, una política fiscal que dé alivio a los contribuyentes (cuyos ingresos se reducen durante la crisis) y aumente el gasto; se trata de una economía de guerra, en la que los gastos del gobierno deben reasignarse para combatir simultáneamente a dos enemigos: el coronavirus y el desempleo.

Las medidas económicas anunciadas hasta hoy por el gobierno, van por la ruta correcta, aunque se quedan cortas por la magnitud de la crisis y porque no se focalizan en las piezas de la maquinaria económica que más lo necesitan. Afortunadamente (como el propio gobierno lo dijo) se trata de una primera fase que puede (y debe) complementarse con otra serie de medidas. En lo fiscal, aún hay bastante espacio para actuar con medidas fiscales, tanto del lado de la recaudación como del lado del gasto. Por su parte, la política monetaria redujo su tasa líder a 2.25%, por lo que también hay espacio suficiente para más reducciones y para expandir la oferta de dinero. Además, tal como ocurre en otras latitudes, el seguro social puede convertirse en un estabilizador del empleo y del consumo asegurando temporalmente el ingreso de los trabajadores y aliviando la carga para las empresas en crisis.

Aún quedan, pues, varias armas en el arsenal de la política económica y habrá que aplicarlas por fases, según lo requieran las circunstancias. Lo importante es saber que esta crisis, aunque inevitable, es temporal y que en algunos meses se dará la oportunidad de un rebote. Para llegar de la mejor forma posible a ese rebote, la prioridad de las políticas públicas de hoy debe ser, primero, salvar la vida de los guatemaltecos y, segundo, salvar los medios con que los guatemaltecos se ganan la vida.

¿Está Sobrevaluado el Quetzal?

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas.

Cuando un país tiene una moneda sobrevaluada (con un tipo de cambio, por dólar, más bajo que el que debería tener) se perjudica la competitividad de sus exportaciones, debido a que las mismas se encarecen en relación a las de otros países, mientras que se abaratan sus importaciones. Por el contrario, una subvaluación de la moneda dificulta las importaciones y estimula las exportaciones y el desarrollo de la industria nacional. En la actual guerra comercial de Estados Unidos contra China, se acusa a esta de mantener su moneda, el yuan, artificialmente subvaluada para estimular sus exportaciones y expandir su base industrial.

No es fácil medir la sobre o subvaluación de las monedas. Una ingeniosa forma para hacerlo es la que propone el Índice Big Mac que calcula periódicamente la prestigiosa revista The Economist, el cual se basa en la teoría de la paridad de poder de compra. Esta teoría sostiene que los tipos de cambio de todos los países deberán ajustarse, con el tiempo, hasta hacer que el precio de una canasta dada de bienes sea el mismo en cada país; esa canasta es la hamburguesa Big Mac, que se cocina casi exactamente con los mismos ingredientes en todos los países. El índice de The Economist se formula calculando el tipo de cambio que haría que un Big Mac costara lo mismo en todos los países.

En el cálculo más reciente de este indicador (publicado hace pocos días) se vio que, en China, un Big Mac cuesta 21.50 yuanes, o US$3.12, mientras que su precio es de US$5.67 en los Estados Unidos, lo cual implica que el yuan está subvaluado un 45% respecto del dólar, de manera que el dólar compra más hamburguesas en China que en los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Guatemala. Haciendo el mismo ejercicio para nuestro país, tenemos que una de esas hamburguesas está costando Q26, o US$3.37 al tipo de cambio de la semana pasada, lo que implicaría que el quetzal está un 42.7% subvaluado respecto del dólar. De hecho, el quetzal se ha debilitado en los pasados cuatro años, cuando la subvaluación en enero de 2016 era de 33.7%, aplicando el mismo método. ¿Deberían, entonces, estar contentos los exportadores?

Podrían estarlo, de no ser porque otros países vecinos, que son nuestros competidores en los mercados internacionales, también han visto debilitarse sus monedas; particularmente el colón costarricense -que, aplicando el mismo método, pasó de estar subvaluado un 18.5% en 2016, a estarlo un 27.3% la semana pasada- y el peso mexicano -que se debilitó en el mismo periodo de una subvaluación de 43% a una de 53.1%-.

La teoría de la paridad de poder de compra -y, por ende, el Índice Big Mac- no está libre de fallos y críticas, pero es un método simplificado para evaluar si una determinada divisa está sobrevalorada o infravalorada y, si esto ocurre, propiciar o esperar que se produzca una corrección. Esto es algo que los nuevos miembros de la Junta Monetaria deberán tomar en consideración para calibrar las medidas de la política monetaria, cambiaria y crediticia que tienen bajo su cargo y que, directa o indirectamente, afectan el comportamiento del tipo de cambio, de las exportaciones y de la capacidad productiva de la industria local.

Amenazas y Oportunidades para la Economía

Las decisiones que los políticos tomen en su primer año de gestión serán cruciales para bienestar económico del país.

El inicio del año es propicio para analizar los desafíos que enfrentará el país en 2020. Resumo a continuación las amenazas y las oportunidades más destacadas para nuestra economía; con ello finalizo el análisis FODA (es decir, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que realizamos junto con algunos colegas, utilizando como base los reportes más recientes de las calificadoras de riesgo-país y de los organismos multilaterales que dan constante seguimiento a las condiciones económicas y de inversión en Guatemala.

Entre las amenazas más importantes para la economía nacional destacan cinco. (1) El creciente proteccionismo comercial, exacerbado por la guerra económica sino-estadounidense que, eventualmente, podría llegar a entorpecer nuestras propias exportaciones. (2) La inestabilidad en el mercado del petróleo, asociada a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que podrían derivar en presiones inflacionarias. (3) La debilidad en el crecimiento económico mundial y en el comercio internacional, que podría agravarse si las dos primeras amenazas llegan a concretarse. (4) La escalada de políticas (y actitudes) anti-migraciones por parte del gobierno (y de parte de la ciudadanía) estadounidense, que podría mermar la principal fuente de divisas hacia Guatemala. Y, (5) la vulnerabilidad ante el cambio climático, que posiciona al país entre los más expuestos a desastres naturales.

Para afrontar estas amenazas, el gobierno entrante deberá preservar la estabilidad económica mediante la aplicación de una política fiscal responsable y el apoyo a una política monetaria ortodoxa, así como manejar cuidadosamente las reservas monetarias internacionales en previsión de cualquier reducción en el ingreso de divisas al país. También deberá apostar al libre comercio, negociando en bloque en los principales foros económicos internacionales, negociación multilateral que deberá extenderse a los temas ambientales para provechar los esquemas internacionales orientados al cambio climático y adoptar sistemas de seguros contra los desastres naturales.

En cuanto las oportunidades, se destacan seis. (1) La ubicación geográfica y biodiversidad del país, que lo habilitan para convertirse en un destino turístico y en un centro logístico para exportaciones de bienes y servicios. (2) La integración económica regional que puede potenciar rápidamente el tamaño de nuestro mercado. (3) Las condiciones relajadas de las finanzas internacionales que, a través de tasas de interés históricamente bajas, abarata el costo del crédito. (4) La transición demográfica que permite que la población económicamente activa sea mayor que la población económicamente dependiente. (5) Los avances de la tecnología digital que permiten un aumento acelerado de la productividad sistémica. Y, (6) la existencia de una agenda legislativa ya identificada (en materia de reforma institucional y de apoyo a la inversión y el crédito) que goza de apoyos nacionales e internacionales.

El gran desafío para las nuevas autoridades, no solo en el Ejecutivo sino también en el Legislativo, es el de estar conscientes de la importancia que sus acciones tienen para que el país pueda aprovechar estas oportunidades. Las decisiones que los políticos tomen en su primer año de gestión serán cruciales para bienestar económico del país.

Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

Una mala idea, políticamente sexy

No hay que negar que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso  y de violación a su privacidad. La solución a esto no pasa por poner precios topes a la tasa de interés, que solamente le quitarán a muchos usuarios el acceso a este tipo de crédito

Muchos usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala sufren el acoso telefónico y la invasión a su privacidad por parte de los emisores, ya sea para ofrecer productos y servicios (que nadie ha solicitado), o para recordarles el pago de sus saldos (aunque no haya llegado la fecha). Por otro lado, algunos tarjetahabientes han acumulado deudas considerables -ya sea por desconocimiento de las condiciones crediticias de la tarjeta, por su escasa cultura financiera, o por pura irresponsabilidad personal-. Pero el peor remedio que un legislador puede encontrar a estos problemas es el pretender que, mediante una ley de Tarjeta de Crédito como la que recientemente se empezó a discutir en el Congreso, se fije un tope a las tasas de interés.

Quizá los diputados ponentes tengan la loable intención de que, manteniendo artificialmente bajo el costo del financiamiento, se pueda mejorar el acceso al crédito a los tarjetahabientes. Pero los precios tope a las tasas de interés van a lograr exactamente el efecto contrario. Es natural que los créditos que se otorgan vía tarjeta de crédito sean más caros que otros créditos, precisamente porque van dirigidos a prestatarios más riesgosos: consumidores de clase media sin historial crediticio, o pequeños empresarios sin garantías reales. Si a las tarjetas de crédito se les prohíbe  cobrar la tasa de interés que los cubra de esos riesgos, pues simplemente dejarán de otorgar esos créditos a quienes más los necesitan.

La experiencia mundial demuestra lo contraproducentes que resultan los precios tope a las tasas de interés. Por ejemplo, cuando el Banco Central de África Occidental puso tope a las tasas de microcréditos, fueron los usuarios más pobres y en las áreas más remotas (es decir, los más riesgosos) quienes primero dejaron de recibir préstamos. En Nicaragua, en 2001, se introdujo un techo a la tasa de interés de microfinanzas, con el resultado de que el crecimiento del crédito se redujo de un 30 por ciento anual, a un 2 por ciento, dejando sin acceso al crédito a los más necesitados. Y lo mismo ha ocurrido en países desarrollados: cuando el estado de Oregón introdujo en 2007 un tope a las tasas de interés sobre préstamos de día de pago, se incrementó la proporción de personas que reportaron dificultades para obtener créditos en 20 puntos porcentuales. Al final de cuentas, los precios tope solo logran reducir la disponibilidad del producto cuyo precio se pretende controlar.

Nadie niega que en ocasiones los usuarios de tarjetas de crédito son víctimas de abuso, y que algunos de ellos están sobre endeudados (quizá porque nunca debieron haber sido sujetos de crédito). Pero los topes a las tasas de interés son el remedio equivocado para las fallas de ese mercado, que se originan en la insuficiente competencia o en la poca información disponible sobre prestamistas y clientes. Lo que se necesita no son precios tope, sino mayor transparencia acerca de los costos, tarifas y condiciones de los créditos, así como más fuentes de financiamiento y más información sistemática sobre el récord crediticio de los prestatarios. En esto deberían enfocarse los reguladores, y no en medidas populistas que políticamente son sexys, pero que financieramente son un desastre anunciado.

Sombras en la Economía Mundial

La economía mundial se está desacelerando... y hay otros nubarrones en el horizonte. La política macroeconómica nacional debe plantearse acciones para responder a los desafíos que se vienen

Las perspectivas de la economía mundial son menos dinámicas de lo previsto. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial en 2019 será menor (3.5% anual) al ya desacelerado ritmo del año pasado y menor también a las proyecciones que se tenían hace unos meses. Este pronóstico menos optimista refleja los efectos negativos de las disputas comerciales entre los Estados Unidos y China, así como a la previsiblemente accidentada salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), que se viene a sumar a la desaceleración que vienen registrando economías como la alemana y la italiana, donde se registra un debilitamiento en la demanda interna y en los niveles de confianza.

El efecto negativo de este entorno se traslada a los mercados emergentes a través de un menor ritmo del comercio mundial. La incertidumbre de la política comercial -y las preocupaciones sobre las represalias comerciales- afectan la inversión empresarial y merman la productividad y la confianza de los mercados financieros. Otros factores que agregan un riesgo a la baja en las perspectivas de inversión y crecimiento globales incluyen la incertidumbre que generan los cambios políticos previstos en varios países, así como las tensiones bipartidistas que afectan el funcionamiento del gobierno federal estadounidense, amén de los recurrentes conflictos geopolíticos en el Oriente Medio y Asia Oriental.

En este panorama sombrío, la buena noticia para Guatemala es que la economía de los Estados Unidos --nuestro principal socio comercial y generador de remesas familiares- mantendrá su ritmo de crecimiento en un 2.5% anual en 2019, por encima de su tasa de crecimiento potencial, apoyado en el crecimiento de la demanda interna, lo que favorecería nuestras exportaciones hacia ese país. Además, recientemente la Reserva Federal (banco central estadounidense) ha detenido -al menos temporalmente- su proceso de restricción monetaria, al tiempo que los niveles de confianza del consumidor y las tasas de desempleo confirman las expectativas positivas. Sin embargo, lo anterior, aunado a las bajas tasas de interés que prevalecen en Europa, contribuirá a que el dólar estadounidense continúe apreciándose, lo cual nos deja con menor competitividad en mercados distintos al estadounidense

Es por eso que la política macroeconómica de Guatemala debe actuar oportunamente para moderar los impactos del entorno internacional en nuestro país, especialmente en un año de por sí complejo a causa del proceso electoral. Con la inflación doméstica muy baja (el año pasado terminó por debajo de la meta establecida por el Banco de Guatemala) y con un presupuesto público con recursos ampliados para invertir en infraestructura, cae de su peso que, por un lado, la política monetaria debería relajarse cuidadosamente (hasta, incluso, permitir una leve depreciación del quetzal, como el año pasado) y, por otro lado, la política fiscal debería permitir un incremento controlado del gasto público enfocado en la imperiosa inversión en carreteras. Resulta esencial que, cuanto antes, la política fiscal y la monetaria se alineen coordinadamente en torno a esos objetivos.

Por Qué se Depreció el Quetzal en 2018

El valor del dólar no es solamente una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas

Después un lustro en el que el tipo de cambio (quetzales por dólar) se redujo, en promedio, un 1.5 por ciento cada año, en lo que va de 2019 ha aumentado un 5.3 por ciento. Esta depreciación de nuestra moneda, aunque modesta cuando se compara con las que son habituales en otros países con regímenes cambiarios similares al nuestro (como Colombia, Perú o México), resulta contrastante y significativa respecto de la tendencia a la apreciación que el quetzal ha registrado durante varios años.

En un sistema cambiario como el nuestro (que es un régimen de tipo de cambio flexible, pero administrado mediante intervenciones del banco central comprando o vendiendo dólares), el valor del dólar no es una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas. Cuatro son los factores que determinaron el aumento del tipo de cambio en 2018.

El primero es la enorme expansión del déficit comercial de Guatemala con el resto del mundo. Hasta septiembre, el valor de las exportaciones era menor respecto del registrado el año anterior, mientras que las importaciones estaban creciendo fuertemente; como resultado, el déficit comercial del país (la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos) ha crecido en más de 27 por ciento sobre el del año previo. Esto implica que el intercambio comercial del país ha demandado unos US$1.5 millardos más que en 2017.

El segundo factor es la (leve) desaceleración que registra el ingreso de remesas familiares al país: mientras que a octubre del año pasado este flujo crecía a una tasa de más del 16 por ciento anual, este año lo hacía a un 12.5 por ciento. Esto, combinado con el comentado déficit comercial, redujo sustancialmente el excedente de dólares que inundó el mercado el año pasado. El tercer factor es la reducción en la diferencia entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. El año pasado dicho diferencial superaba los 3 puntos porcentuales, mientras que en 2019 no llega ni al medio punto porcentual, lo cual quiere decir que es cada vez menos atractivo mantener inversiones financieras en el país, ante los mejores rendimientos en el extranjero.

El cuarto (y, quizá, más importante) factor que hizo que el tipo de cambio aumentara es la continua intervención del Banco de Guatemala comprando divisas en el mercado. Estas compras eran normales en años previos cuando la tendencia del tipo de cambio era hacia la baja y el banco central buscaba moderar esa tendencia. En cambio, este año esas compras se hicieron incluso cuando el tipo de cambio iba subiendo, lo cual contribuyó a acelerar la depreciación cambiaria. En la medida en que estos cuatro factores (aumento del déficit comercial, desaceleración de las remeses familiares, menores diferenciales de tasas de interés y continuas intervenciones del banco central) prosigan en lo meses subsiguientes, no es nada descartable que el quetzal vuelva a registrar una moderada depreciación en 2019.

Riesgos Para la Economía

Los desafíos del entrono para la economía guatemalteca son muchos y muy complejos. Lo interesante es que, para el corto plazo, existen espacios para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- visitó hace pocos días nuestro país para evaluar el despeño de la economía. Este año, el personal del FMI encontró que, pese a la solidez del marco macroeconómico de Guatemala (merced a sus políticas fiscal y monetaria ortodoxas), el crecimiento de la producción en 2018 apenas registrará una tasa anual de 3 por ciento debido a la pérdida de dinamismo sufrida por algunos importantes rubros de exportación, a la escasísima inversión en infraestructura y al desplome de la actividad minera. Y la cosa a penas si mejorará en un 2019 sujeto a las tensiones del sistema político y a los desafíos del entorno económico mundial.

La declaración oficial de los técnicos del FMI destaca la presencia de riesgos importantes para la economía nacional, tanto en el frente internacional como a nivel doméstico. En el frente externo, la escalada de la guerra comercial iniciada por los Estados Unidos contra sus principales proveedores (particularmente China) pueden afectar el comercio mundial y, con él, nuestro desempeño exportador; y, simultáneamente, las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense pueden mermar los flujos de remesas familiares sobre los que descansa gran parte del consumo de los hogares guatemaltecos. Por su parte, en el frente doméstico destacan los riesgos de un año electoral que se anuncia políticamente fragmentado y lleno de incertidumbres.

En ese escenario, el principal desafío a mediano plazo para Guatemala continúa siendo el de colocar al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza como las prioridades de la política pública, a través de acelerar el crecimiento de la producción, aumentar la productividad sistémica y mejorar la cohesión social. Para ello, el FMI vuelve a insistir en la necesidad de reformar las instituciones del Estado y mejorar el enfoque, cantidad y calidad de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura vial y sanitaria, lo cual pasa por una reforma fiscal integral que logre mejorar la ejecución y provisión de tales servicios públicos esenciales. Pero eso -el propio FMI lo reconoce- será para el mediano plazo.

Lo interesante es que para el corto plazo el equipo técnico del Fondo reconoce que existe espacio para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019. Por el lado fiscal, la expansión del gasto (incluyendo infraestructura) prevista en el presupuesto del Estado recientemente aprobado es visto como una oportunidad para la recuperación económica (lo que convierte a Guatemala en un caso excepcional pues el FMI suele, al contrario, recetar austeridad a los gobiernos).

Y por el lado monetario también sorprende que la opinión de los técnicos fondomonetaristas sea que la baja inflación esperada proporciona un espacio para la “acomodación monetaria”, es decir, un relajamiento de dicha política. De manera que, aunque los riesgos internos y externos están allí presentes, las autoridades fiscales y monetarias del país tienen en sus manos la posibilidad de tomar medidas prontas que ayuden a revertir la desaceleración económica que estamos viviendo.

La Desaceleración y Sus Causas

No todas, pero sí la mayoría de esas causas son responsabilidad de los guatemaltecos

Lo normal en las últimas décadas era que la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto) creciera a un ritmo algo arriba del 3.5% anual. Desde hace tres años ese ritmo se ha venido reduciendo y ahora estamos creciendo a uno de solamente 2.5%. Aparentemente no es para tanto, pero en realidad la situación se asemeja a la de un carro que avanzaba a 80 km por hora y, de repente, desacelera a 40: si no tienes puesto el cinturón, te darás un fuerte golpe en la cara.

Hay varias causas que explican esta desaceleración. Se ha producido un choque de términos de intercambio (nuestras principales exportaciones han bajado de precio en los mercados internacionales, mientras que las importaciones han subido) que ha reducido la capacidad de consumo de toda la economía. Nuestra moneda se ha apreciado en relación con las de los países vecinos, lo cual hacer perder competitividad y desincentiva la producción local. Algunas actividades que en años previos solían ser dinámicas se han ralentizado (como la del sector eléctrico) o, incluso, se han desplomado (como la actividad minera, afectada por el retraso de las decisiones judiciales que la tienen paralizada). Además, el gasto público, tanto de funcionamiento como de inversión, se ha mantenido muy restringido desde mediados de 2015, ante el temor y falta de capacidad del aparato gubernamental para ejecutar las compras y contrataciones conforme a las reglas de transparencia que ahora se exigen.

No todas, pero la mayoría de esas causas son culpa nuestra. Quizá la principal causa de la desaceleración económica que es atribuible al propio país, es el generalizado clima de falta de confianza que se refleja en varias encuestas. Las decisiones económicas se ensombrecen en un entorno en el que proliferan las invasiones, las protestas y la conflictividad social; donde se percibe una ausencia de políticas públicas priorizadas; con una agenda legislativa de reformas institucionales paralizada; y, con una peligrosamente creciente polarización política. El pesimismo prevaleciente entre empresarios, inversionistas y consumidores configura un escenario en que los “espíritus animales” generan una profecía que se auto-cumple: si auguro que el escenario económico empeorará, así será.

La situación es difícil, aunque hay salidas. Existen medidas que pueden tomarse para atenuar los efectos de la desaceleración desde el ámbito de las políticas fiscal y monetaria, con las que podría estimularse la demanda agregada de la economía. Pero quizá más importante que eso sería tratar de revertir esa sensación de pesimismo que está imperando en los espíritus animales, lo que implica transfigurar el ambiente de polarización política, de confrontación social y de ausencia de políticas públicas priorizadas.

Superar el bache de la desaceleración es el reto de hoy, el de corto plazo. Sin embargo, el verdadero desafío, el de largo plazo, es el de lograr un crecimiento económico que sostenidamente supere el 5% anual, lo cual implica un esfuerzo mayúsculo en materia de reformas institucionales, aumento de la productividad y eficiencia del gasto público. Palabras mayores.

Economía: Prepararse para el Chubasco

Algunos riesgos se ciernen sobre el panorama económico internacional y el panorama electoral nacional, que pueden afectar el desempeño de nuestra economía, que ya se encuentra desacelerada. Es momento de plantear una estrategia de política económica

El desempeño de la economía guatemalteca en los últimos cuarenta años ha sido mediocre si se le compara con el de otros países de similar tamaño e ingresos. Las principales causas de tal mediocridad son los bajos niveles de inversión y de productividad que se derivan de un ambiente de negocios turbio y de una institucionalidad pública débil e incapaz de proveer a la sociedad de los bienes públicos que son esenciales para que una economía sea funcional. Como resultado, el ingreso per cápita del país ha estado estancado por décadas. En adición a estos problemas estructurales, ahora resulta que la economía está más desacelerada de lo habitual. El Banco de Guatemala ha revisado a la baja su predicción de crecimiento económico para 2018.

Las causas de esta desaceleración se encuentran en los bajos niveles de confianza de los consumidores y de los inversionistas (según lo muestran diversos índices) ante la aparente ausencia de una agenda priorizada de desarrollo económico, así como la caída en la producción de ciertas actividades que solían ser las más dinámicas (como la producción minera o la generación hidroeléctrica) pero que se han visto afectadas por la falta de certeza en los casos judiciales en que se han visto envueltas. A ello se agrega la ralentización que desde 2015 afecta el gasto gubernamental y la inversión pública, así como la desaceleración que han empezado a experimentar las remesas familiares (que son el combustible que activa el consumo de los hogares, principal motor histórico de la producción nacional).

Encima de esto, se avizoran nubarrones en el horizonte económico. Las tasas de interés están subiendo en los mercados internacionales, encareciendo el crédito hacia los países en vías de desarrollo. La guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios empezará a entorpecer los flujos comerciales y, eventualmente, la producción mundial. Los precios de nuestros productos de exportación están más bajos que los de los insumos que importamos, lo que deteriora nuestros términos de intercambio y reduce nuestro poder de compra. Y, previsiblemente, las remesas familiares seguirán desacelerándose.

A todos estos elementos se agrega la previsión de un año electoral turbulento, con lo que se configura un elevado riesgo de tormentas económicas para 2019. Las señales de alertan están claras y lo que procede es tomar las medidas económicas preventivas que aminoren los riesgos. Esto implica la adopción de un plan económico con componentes de corto plazo (política fiscal y monetaria) que generen una reactivación de la demanda agregada, y con medidas de largo plazo (reformas institucionales y estructurales) que aumenten la inversión y la productividad en nuestra economía para que el crecimiento sea más sólido. Es importante que los hacedores de la política económica empiecen cuanto antes a reparar el tejado, antes de que empiecen a caer los aguaceros.

La Economía Desacelerada

Las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son de carácter estructural: reforma política del Estado, focalización del gasto público, mejora del clima de inversión. Si no aumenta la inversión (pública y, principalmente, privada), no habrá progreso posible

Desde hace tres años la economía nacional ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento, como lo atestiguan la mayoría de indicadores. El Fondo Monetario Internacional -FMI-, en su recién publicado análisis anual sobre Guatemala, señala que el principal desafío del país es la lentitud de su crecimiento económico. Ese crecimiento no solo ha sido, por décadas, menor al de otros países de similar nivel de desarrollo, sino que se ha ralentizado en los últimos meses.

Las razones detrás de dicha desaceleración tienen que ver, según ese reporte, con un continuo debilitamiento de la confianza de los empresarios e inversionistas, un restringido gasto gubernamental, y un desplome en actividades tales como la minería o la producción hidroeléctrica (afectadas por decisiones judiciales de suspensión de actividades), todo ello en medio de un clima enrarecido por la falta de certidumbre política y jurídica.

Si bien es cierto que las remesas familiares han ayudado a sostener el consumo de los hogares (principal motor de la producción nacional), dichos ingresos también han empezado a desacelerarse. Y aunque las políticas monetaria (que ha mantenido controlada la inflación) y fiscal (que ha mantenido el déficit bajo control) han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en medio de las tensiones políticas prevalecientes, el bajo ritmo de crecimiento económico continúa siendo el obstáculo principal que impide mejorar los indicadores sociales y de gobernabilidad del país.

El FMI ha sido explícito respecto de las recomendaciones a seguir para revertir esto. Los expertos del organismo internacional indican que, en el corto plazo, las políticas de demanda agregada pueden, por dos vías, darle un empujoncito a la alicaída economía. Por un lado, un impulso fiscal a través de un mayor gasto gubernamental, que implicaría un (moderadamente) mayor déficit fiscal. Y, por otro, una política monetaria más relajada (en tanto que la inflación continúe baja), que implicaría una eventual reducción de las tasas de interés y una depreciación del tipo de cambio.

Pero las medidas más importantes para acelerar el crecimiento económico son, según los expertos, de carácter estructural. Por un lado, para aumentar la inversión pública toca mejorar la recaudación fiscal y la calidad del gasto. Y, por otro lado, para incrementar la inversión privada (la más significativa en términos cuantitativos) toca realizar los cambios institucionales (sistema político, sector justicia, servicio civil, control del gasto) indispensables para mejorar el clima de negocios, dar certeza jurídica, proveer servicios básicos (seguridad, salud, educación, carreteras) que mejoren la productividad y, crucialmente, profundizar la lucha contra la corrupción. Sin estas reformas la tasa de inversión seguirá siendo una de las más bajas del planeta, el crecimiento económico seguirá siendo mediocre, y los indicadores sociales seguirán gestando un clima de ingobernabilidad que lastrará la prosperidad del país.

La Esquiva Reactivación Económica

Las medidas de estímulo monetario o de estímulo fiscal no serán efectivas, en parte por las dificultades que les impone el entorno, y en parte porque los que se requiere en el fondo para que nuestra economía crezca sosteniblemente son políticas estructurales y de reforma institucional

Por fin, hace un par de semanas, la Junta Monetaria decidió bajar en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés líder de política monetaria, reduciéndola a un nivel de 2.75%. Esta reducción era largamente deseada por los exportadores y por gran cantidad de analistas a la luz de las condiciones de estabilidad de precios y de la evidente tendencia a la apreciación del quetzal registradas a lo largo del año. Cabe indicar que no se registraba un descenso en la tasa líder desde mediados de 2015 y que, ahora, la tasa se ubica en su nivel más bajo de los últimos diez años.

Siendo realistas, el efecto de dicha reducción quizá nunca se llegue a manifestar en una depreciación cambiaria ni en una aceleración del crédito bancario (ni tampoco, por ende, en una reactivación de la economía), por varias razones. Primero, porque las condiciones monetarias alrededor del mundo empiezan -lenta pero consistentemente- a restringirse, con lo cual concluye el largo período de tasas de interés muy bajas a nivel mundial, situación que, aunada a las restricciones prudenciales y legales que las autoridades estadounidenses están imponiendo a sus bancos para operar en plazas riesgosas (como la guatemalteca), se traducirán en un encarecimiento del costo del financiamiento hacia nuestro país.

Si a esto agregamos la reciente rebaja en la calificación de riesgo-país que nos impuso la calificadora Estándar & Poor’s, se vislumbra el inicio de un ciclo de financiamiento externo a Guatemala con tasas de interés más elevadas. Ante ello, la rebaja en la tasa líder del Banguat servirá solamente para morigerar el efecto de dicha alza en el costo del crédito externo, que ya ha empezado a sentirse en el ambiente financiero nacional.

Tampoco pueden ponerse muchas esperanzas en una reactivación económica por la vía del gasto gubernamental, no solo porque el Congreso improbó el presupuesto solicitado por el Ejecutivo para 2018 (que, en la mejor tradición keynesiana, pretendía expandir el gasto público en salarios e infraestructura), sino también porque (incluso si el presupuesto hubiese sido aprobado) el tamaño del gobierno en la economía guatemalteca (menos del 11% de la producción nacional) limita cualquier efecto expansivo de la política fiscal.

Además, ambas políticas -reducción de tasas de interés y expansión del gasto público- son políticas de estímulo de la demanda agregada que, para ser efectivas, tienen que ir acompañadas de un cambio en las percepciones de los agentes económicos, hoy sumidos en un clima de incertidumbre y en una sensación de que no hay un norte claro que oriente las políticas públicas del país. Si no se da ese cambio en los “espíritus animales” –como les decía Keynes-, es poco lo que las políticas de demanda agregada pueden hacer para estimular la economía pues -como también Keynes escribió- “se puede llevar el caballo al agua, pero no se le puede obligar a beber”.

La salida a esta situación, aunque no es fácil de lograr y sus resultados son lentos en llegar, está en las políticas que estimulen la oferta; es decir, políticas que fortalezcan el potencial de producir más y de crear más y mejores empleos. Para ello se necesita mejorar la productividad sistémica de la economía mediante políticas de reforma estructural (que son aquellas en las que los expertos nacionales y extranjeros han venido insistiendo durante años). Por desgracia, esas políticas son exactamente las que los líderes de la vieja política se resisten a impulsar: reformas a la seguridad y justicia; combate a la corrupción; reforma al sistema político; modernización del servicio civil; y, gasto público eficiente y focalizado en nutrición, salud, educación e infraestructura. Y no hay atajos que valgan.

¿ES INMORAL QUE LOS BANCOS PRESTEN DINERO AL GOBIERNO?

LAS CRÍTICAS RECIENTES

Últimamente se han expresado severas críticas a las inversiones que los bancos privados hacen en bonos del gobierno, es decir, al concepto mismo de que los bancos puedan otorgarle dinero en préstamo al Estado. Algunas de estas críticas, aparentemente técnicas, llegan a cuestionar incluso la prohibición contenida en el artículo 133 de la Constitución que prohíbe al Banco de Guatemala (banco central) otorgarle financiamiento al gobierno, aduciendo que tal prohibición hace que los bancos privados llenen el vacío que deja el banco central y perciban por ello grandes ganancias.

Otras críticas, evidentemente emocionales, califican de “inmorales” las inversiones bancarias en bonos estatales, no solo por los rendimientos que las mismas generan, sino porque, además, están exentas de impuestos. El riesgo de este tipo de críticas, por muy bienintencionadas que parezcan, es que pueden inducir a cambios de políticas o de leyes que resultarían más caros y perniciosos que el supuesto problema que pretenden atacar. Todo porque, en su afán de criticar un síntoma (las utilidades que perciben los bancos por invertir en títulos estatales), no alcanzan a ver el problema de fondo que no es otro que la debilidad estructural de las finanzas públicas guatemaltecas.

QUÉ ES UN BANCO

Para analizar el tema conviene tener clara la naturaleza de la banca privada, cuya función en la economía es la de ser intermediarios financieros: los bancos obtienen recursos (recibiendo depósitos o préstamos) de personas que poseen un superávit financiero (ahorrantes, inversionistas u otros bancos) y los canalizan (concediendo préstamos o haciendo inversiones) hacia personas que tienen un déficit financiero (individuos, empresas, proyectos o gobiernos); a las primeras les paga una tasa de interés (pasiva) y a las segundas les cobra otra (tasa activa), de cuyo diferencial cubren sus costos y obtienen sus utilidades. Ese proceso de intermediación financiera le imprime eficiencia a la asignación de los recursos financieros en el país y contribuye a crear una economía más productiva.

POR QUÉ LOS BANCOS INVIERTEN EN BONOS

Se colige entonces que resulta normal (como lo es en casi cualquier país) que, además del otorgamiento de crédito al sector privado, los bancos incluyan entre sus operaciones activas la inversión en títulos gubernamentales, que no son otra cosa que un préstamo bancario a un sector financieramente deficitario (el gobierno). Claro está que para la economía en su conjunto resultaría ideal que los bancos destinaran sus recursos mayoritariamente a financiar nuevos emprendimientos e inversiones, en lugar de financiar el déficit fiscal. En Guatemala, a octubre pasado solo el 55% de los activos bancarios en Guatemala correspondían a créditos concedidos. Sin embargo, existen razones que explican el apetito de los bancos nacionales por los títulos públicos, como lo es el caso de su fácil negociación, que permite hacerlos líquidos en el mercado secundario, cuando requieren de liquidez para sus operaciones.

La primera y principal razón es que el gobierno tiene un déficit fiscal estructural que lo obliga constantemente a buscar financiamiento externo e interno, para lo cual, entre otros mecanismos, coloca bonos en el mercado que los bancos suelen estar dispuestos a comprar, especialmente cuando existe una baja demanda de créditos por parte de los  sectores productivos de la economía (que es un poco lo que viene sucediendo en Guatemala en los últimos tres años, en que la incertidumbre política ha incidido en una posposición de las decisiones de inversión privada).

Otra razón que inclina a los bancos a invertir en bonos del gobierno es que los intereses que estos instrumentos generan, por decisión gubernamental, están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta y, además, tienen un plazo de vencimiento promedio de 15 años y una tasa de rendimiento promedio  de 7.1% que, aunque inferior a la tasa de interés promedio en el otorgamiento de créditos (8.8%), requiere de muchos menos costos para obtenerla.  Además, los bonos del Estado son considerados, para efectos regulatorios, como activos de bajo riesgo, por lo que los bancos tienen que aprovisionar menos capital para tales activos que para los préstamos al sector privado. Asimismo, la tasa de interés que paga el gobierno por sus bonos incorpora un factor de riesgo (riesgo-país), el cual depende de la calificación (grado y perspectiva) que hacen las calificadoras internacionales. En el caso de Guatemala, dicha calificación se ve perjudicada por el lento ritmo de crecimiento económico, como por la debilidad institucional y la existencia de un problema de fiscal estructural, lo cual hace que la tasa de interés deba ser más elevada para atraer a los inversionistas. Todo esto hace que los títulos gubernamentales sean atractivos para los bancos, por lo que resulta plenamente normal y racional que los bancos busquen ese tipo de inversiones como destino para sus recursos financieros.

LA TENTACIÓN DE REGRESAR AL PASADO

Claro está que el hecho de dedicar ese superávit financiero de la sociedad a pagar el agujero fiscal, en vez de destinarlo a financiar actividades privadas, es una señal de que el país está invirtiendo menos de lo que debería en nuevos proyectos productivos que le permitirían crecer más y generar más empleos. Algunos periodistas achacan esta situación a la prohibición constitucional que impide al banco central financiar al gobierno y, con base en tal premisa, sugieren que deberíamos regresar a la situación anterior en la que los bancos no tenían ningún incentivo de invertir en bonos del gobierno porque estos los compraba el Banco de Guatemala pagando intereses extremadamente bajos.

En realidad, regresar al pasado permitiendo que el banco central le diera crédito concesional al gobierno sería una pésima noticia para la economía ya que este tipo de financiamiento se hacía mediante la emisión masiva de dinero sin respaldo que --como lo demuestra la experiencia internacional y la historia nacional- ocasiona nocivas consecuencias macroeconómicas al generar inflación y ocasionar pérdidas al banco central que dejan permanentemente lisiada a la política monetaria.

En efecto, existen tres argumentos sólidos que desaconsejan el crédito de banca central al gobierno causante de pérdidas en el balance del instituto emisor. En primer lugar, que actuar como agente cuasifiscal puede afectar la capacidad del banco central para cumplir con su mandato de preservar la estabilidad macroeconómica; en segundo lugar, que dicha actuación disfraza las debilidades fiscales del gobierno, oscurece su responsabilidad e impide la debida rendición de cuentas; y, en tercer término, que las experiencias de hiperinflación registrada en los últimos cien años alrededor del mundo se originan en la emisión monetaria derivada del financiamiento de banca central al gobierno.

EL TEMA DE FONDO

El tema de fondo no es si los bancos obtienen demasiadas utilidades por otorgarle crédito al gobierno mediante la inversión en bonos, sino que es identificar por qué el gobierno tiene una sempiterna necesidad de recurrir a ese financiamiento o, en el peor de los casos, a financiamiento subsidiado por parte del banco central. La debilidad fiscal estructural del Estado guatemalteco (evidente tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de la calidad del gasto) es la enfermedad detrás de los síntomas del incesante endeudamiento gubernamental.

El asunto es de suma trascendencia para el futuro del país, puesto que la debilidad estructural de las finanzas públicas (caracterizada por los bajos ingresos, la ineficiencia en el gasto y la corrupción enquistada en las estructuras gubernamentales) impide satisfacer las necesidades sociales, de seguridad y de infraestructura críticas y para apoyar el crecimiento a largo plazo. El desafío real es mejorar la administración y la estructura tributaria, dentro de una estrategia de reforma fiscal integral que asegure el apoyo del público, lo cual pasa por profundizar las medidas de mejora en la transparencia fiscal, en la eficiencia del gasto y en el combate a la corrupción que permitan aumentar la credibilidad del gobierno.

Las críticas al crédito de los bancos al gobierno no solo no se sustentan técnicamente (y no hay que olvidar que es una práctica común en la gran mayoría de países), sino que confunden los síntomas con la enfermedad, con lo cual distraen la atención de la opinión pública y los esfuerzos de política pública que deberían centrarse en solucionar el desafío de fondo que plantea la debilidad estructural de las finanzas públicas del país.

¿Cuántos Empleados Públicos Hay?

¿Por qué extraña razón se incumple con un mandato legal vigente para revelar cuántos empleados públicos hay, qué plazas ocupan y cuánto devengan (incluyendo "bonos")? ¿Cómo puede la Contraloría fiscalizar el rubro de remuneraciones si no sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los empleados públicos?

Más del 30% del total del presupuesto de gastos del Estado se destina a pagar sueldos y salarios; eso significará un monto, según el proyecto de presupuesto que actualmente se discute, de alrededor de Q25.8 millardos en 2018. Este rubro es tan importante dentro del proceso presupuestario que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 238, indica específicamente que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará “…la forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas”.

Dada su importancia, resulta injustificable el poco cuidado que se ha tenido en mantener actualizadas las regulaciones relativas al servicio civil y las clases pasivas, así como al efecto presupuestario que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo o el pago arbitrario de “bonos de riesgo” o “de productividad” que ahora proliferan desordenadamente. Lo que es más grave aún es que no se sepa con certeza el número de empleados públicos que existe en cada dependencia, ni el renglón presupuestario al que pertenecen. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, ni el Ministerio de Finanzas Públicas saben a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay, o bajo qué renglón se encuentran, o en qué entidad prestan sus servicios.

Para 2017 se tenía previsto el levantamiento de un “censo” de los trabajadores del sector público; a principios de año las autoridades señalaron que los ministerios de Educación y Salud serían los primeros donde se llevaría a cabo tal “censo”, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, el RENAP y la propia ONSEC, utilizando para ello la infraestructura del INE y financiamiento de la Unión Europea. Se suponía que los resultados podrían conocerse en el segundo semestre del año. Por su parte, el MINFIN señaló que planeaba publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Sin embargo, a la fecha el “censo” no se ha realizado y solo el MINFIN ha cumplido parcialmente al publicar en su portal de internet información sobre el personal permanente del ejecutivo. Por ello es necesario recordar que en 2016 el Congreso emitió el Decreto 20-2016 (Ley para la Viabilización de la Ejecución del Presupuesto de ese año), cuyo artículo 6 establece la obligación de publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno Central, sin más trámite y de manera inmediata, incluyendo los salarios y otras retribuciones que se paguen, y extiende dicha obligación a las entidades autónomas y descentralizadas, a las empresas públicas y a las municipalidades.

Es verdaderamente escandaloso que siendo no solo una necesidad absoluta para lograr la correcta administración de los recursos financieros del Estado sino, además, una obligación legal, aún no se haya dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Decreto 29-2016, por parte de cada entidad del sector público. Uno de los mejores legados que el actual gobierno puede dejarle al país es el de llevar a cabo ese necesario y urgente inventario de todos los empleados del Estado. Ello no solo es crucial como un primer paso para sustentar la necesaria reforma al sistema de servicio civil (que se ha convertido en un botín del corrompido sistema político), sino que arrojaría información indispensable para mejorar la calidad del gasto gubernamental y su adecuada fiscalización. Mientras no sepamos en detalle cuántos y quiénes son los empleados públicos, ningún incremento en ese rubro presupuestario tendrá justificación moral.

Acerca de la Política Macroeconómica

Guatemala no cuenta con una política económica integral. Antes de afirmar que la política macroeconómica "está agotada", habría que evaluar si en realidad tan siquiera se han intentado aplicar las medidas convencionales en este campo.

En las últimas semanas se han publicado opiniones respecto de las políticas macroeconómicas en el país y alguna de ellas ha llegado incluso a afirmar que dicha política “se agotó”. En gran medida esas opiniones parecen centrarse en la política monetaria o en la política cambiaria, pasando por alto el resto de componentes de la política macroeconómica –que es mucho más amplia-, con lo que parecen confundir el todo con las partes.

La política macroeconómica es un conjunto de reglas y regulaciones del gobierno para controlar, influir o estimular los indicadores económicos agregados, entre los que se incluyen la tasa de crecimiento de la producción, el ingreso nacional, la oferta de dinero, la inflación, la tasa de empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio y muchos otros. Es, pues, un conjunto de políticas (como la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, la política de manejo de la deuda, la política industrial, y las políticas regulatorias e institucionales) que persiguen objetivos macro.

En Guatemala, la política monetaria, cambiaria y crediticia parece ser la que más atención atrae (quizá porque es la única que tiene una gobernanza específica, una ley orgánica, y una política explícita que se hace pública y a la cual se le da seguimiento sistemático) y, desde hace varios años, está centrada en propiciar las condiciones de estabilidad que más favorezcan el buen desempeños de la economía nacional y, como se indicó, es solamente una parte de la política macroeconómica. Sobre ella espero ampliar en una próxima entrega.

El resto de políticas macro, lejos de constituir un esquema agotado, son herramientas que el Estado de Guatemala no ha sabido, querido o podido utilizar y que, en la práctica, casi nunca se han aplicado. Esto incluye la política fiscal que, en teoría, debería consistir en el manejo de los gastos y de los ingresos del gobierno para propiciar el crecimiento sostenible de la economía. En realidad, nuestra política fiscal ha estado operando en “modo sobrevivencia” desde hace muchos años.

Lejos de utilizar el presupuesto como una herramienta para favorecer el crecimiento económico (lo que podría hacerse priorizando los gastos en educación, salud, seguridad e infraestructura), la política fiscal guatemalteca de los últimos quince años se ha dedicado a desperdiciar recursos en programas clientelares e ineficientes (bolsas de alimentos, transferencias de dinero arbitrariamente otorgadas, subsidios obscuros al transporte, repartición de fertilizantes, aportes sin propósito para las municipalidades o el deporte, y un largo etcétera). La política fiscal no está agotada, está desnaturalizada.

Tampoco han avanzado en los últimos años las políticas que –como una política comercial de integración centroamericana o una política de promoción de la competencia- podrían contribuir a mejorar la eficiencia de la economía y, con ello, la productividad nacional. Y, por si lo anterior fuera poco, se han producido terribles retrocesos en el funcionamiento de las instituciones que son fundamentales para el buen desempeño de los mercados y de la productividad, tal como las encargadas de administrar la justicia, de solucionar conflictos, de regular los mercados, o de garantizar los derechos de propiedad.

De manera que no es que la política macroeconómica esté agotada, sino que no ha existido o, al menos, no se ha estructurado para fortalecer el capital humano (salud y educación), brindar seguridad jurídica, propiciar la inversión, generar infraestructura ni mejorar la productividad sistémica. Esta ausencia de política macroeconómica incide en que nuestra economía no crezca y la pobreza no se reduzca.

¿Terminará el Diluvio de Dólares?

La condiciones que provocaron un diluvio de dólares hacia Guatemala pueden estarse revirtiendo rápidamente. Las consecuencias de ello (si no se manejan apropiadamente las políticas macroeconómicas) podrían ser insospechadas.

En los últimos años Guatemala ha experimentado una abundancia de dólares. En términos económicos, la oferta de la divisa estadounidense ha sido superior a la demanda y el indicador más claro de tal fenómeno es el tipo de cambio, que en cinco años se ha apreciado en casi 5% (al pasar de Q7.90 por dólar en 2012 a Q7.52 en 2016), pese a las considerables intervenciones del banco central –Banguat- comprando dólares en el mercado (lo cual, ciertamente, ha impedido que la apreciación del quetzal sea aún mayor).

Tres son las causas esenciales del exceso de oferta de dólares. Primero, las importaciones se volvieron más baratas: sólo en 2016 el precio promedio de los bienes importados se redujo en alrededor de 10% respecto del año previo, reflejo del fenómeno mundial de baja en el precio de los bienes primarios, incluyendo notablemente el petróleo y sus derivados (en el último lustro el barril de petróleo redujo su precio en más de 60%). Esto ha implicado una reducción en las necesidades de divisas del país para pagar su déficit comercial.

Segundo, un gran flujo de recursos financieros ha ingresado al país a causa de que las tasas de interés domésticas son más altas que las extranjeras, lo cual hace atractivo para los inversionistas traer capitales para invertirlos en bonos del gobierno o en créditos privados, aumentando así significativamente la oferta de dólares. Ello ha ocurrido porque los países industrializados mantuvieron tasas de interés extraordinariamente bajas como una medida para incentivar su alicaído crecimiento económico luego de la crisis de 2008, y porque el Banguat decidió ser conservador y no reducir su tasa de interés líder a la misma velocidad que aquellos países.

En tercer lugar, el enorme flujo de remesas familiares que los migrantes guatemaltecos envían al país no solo se han convertido en un soporte clave del consumo de los hogares, sino que implica un constante aumento en la disponibilidad de divisa extranjera: el año pasado las remesas familiares que ingresaron al país superaron los US$7.2 millardos, cifra que casi duplica el nivel de remesas que ingresaban al país un lustro atrás.

La lenta pero continuada apreciación del quetzal ha generado preocupación en algunos ámbitos debido a que ocasiona un desincentivo a la actividad exportadora y se han levantado algunas voces que, incluso, llegan a proponer que el régimen cambiario se modifique para provocar una devaluación de nuestra moneda. Tales propuestas quizá dejen de ser necesarias en breve, ya que las tres causas que han provocado el diluvio de dólares de los últimos años podrían estarse revirtiendo.

Por un lado, el precio internacional de las materias primas ha dejado de reducirse y el del petróleo, en particular, se ha elevado en un 25% en el último año. Por otro lado, la Reserva Federal estadounidense empezó a elevar su tasa de interés y, con ella, se elevará el resto de tasas de interés de los países avanzados, lo cual hará menos atractivas las tasas guatemaltecas y ello, aunado al endurecimiento internacional de las normas contra los flujos ilícitos de capital, implicará menores flujos de inversión financiera hacia Guatemala. Finalmente, la política migratoria del presidente Trump podría provocar que los flujos provenientes de remesas familiares se desplomen.

Si todo esto se produce simultáneamente, y las políticas monetaria y fiscal no reaccionan de manera prudente y ágil, el diluvio de dólares de los años recientes podría llegar a un abrupto final. Y a quienes han clamado por una pronta devaluación del quetzal podría citárseles la frase de Oscar Wild: ten cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad.

Trump y la economía (de Guatemala)

La mala noticia es que las políticas económicas anunciadas por Trump durante su campaña electoral serían -en general- negativas para Guatemala. La buena noticia es que es muy poco probable que algún día se lleguen a aplicar.

Durante su campaña electoral, el ahora presidente electo de los Estados Unidos anunció varias medidas de política que, si se llegan a aplicar (lo cual podría nunca ocurrir, tratándose de promesas de campaña) tendrían repercusiones, directa o indirectamente, sobre la economía guatemalteca.

En su plan de acción, Trump enfatizó el objetivo de proteger el empleo estadounidense mediante medidas proteccionistas, entre las que incluye: renegociar o denunciar tratados de libre comercio (incluyendo el NAFTA); elevar tarifas (aranceles) sobre bienes importados para proteger la producción de bienes locales; declarar oficialmente a China como “manipulador cambiario” e identificar abusos comerciales-laborales que cometan otros países en perjuicio del empleo estadounidense (con posibles sanciones); y, facilitar la producción de fuentes de energía doméstica (incluyendo petróleo, shale y gas natural).

Trump también ofreció medidas para restaurar la seguridad nacional con potenciales repercusiones económicas, entre las que se incluyen: deportar a millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales; aumentar sensiblemente el gasto militar y de seguridad estratégica; y, restringir la inmigración desde países que se juzguen incapaces de identificar los antecedentes (terroristas) de los potenciales migrantes.

En el área fiscal, Trump ofreció un plan de alivio (reducción) de impuestos sobre la renta y una simplificación tributaria que, aunados a un plan de facilitación de regulaciones y eliminación de restricciones a ciertas actividades (como la energética) generaría un aumento de la actividad económica que podría (según él) duplicar el crecimiento del PIB y pagar la totalidad de la deuda pública.

En el corto plazo todas esas políticas (si llegan a aplicarse) tardarán en tener algún impacto y, sin lo tienen, hasta podría ser positivo en términos de crecimiento de la economía estadounidense. Pero en el mediano plazo, para países como Guatemala podrían tener repercusiones –no del todo positivas-, pues se trata de medidas claramente proteccionistas, de tono nacionalista (algunas muy radicales que, aunque no guste reconocerlo a los admiradores de Trump, rayan en el populismo).

Las restricciones comerciales que favorece el nuevo presidente republicano perjudicarían directamente a las exportaciones guatemaltecas y, en general, al comercio mundial. El desequilibrio fiscal que ocasionarían las políticas de Trump impactaría en la inflación y en las tasas de interés internacionales, encareciendo el financiamiento externo que Guatemala necesita. Y, aunque lo anterior podría propiciar una depreciación del quetzal que dé algún alivio a los exportadores, las restricciones migratorias podrían tener un impacto mucho más negativo, al implicar una reducción de los flujos de remesas familiares, factor clave en el que se ha sustentado nuestra demanda interna (y el crecimiento económico) en los últimos años.

Pero quizá no haya que preocuparse demasiado. El plan económico de Trump es inconsistente por donde se le mire (reduce impuestos pero eleva aranceles, paga la deuda pero sube el gasto, elimina restricciones pero obstruye el mercado laboral). Por su parte, los republicanos, que tienen mayoría en las dos cámaras legislativas, no tolerarán un aumento desmedido del déficit fiscal. Y la realidad hará ver al nuevo presidente que es más fácil prometer en campaña, que incidir desde el gobierno en las variables económicas. Pronto habrá de percatarse de que no es factible reactivar la economía simplemente mediante decretos ejecutivos. Eso, ojalá, lo tornará más pragmático y menos dogmático.

Lecciones de una Apreciación Cambiaria

La mayoría de países desarrollados dejan que su moneda flote libremente

La semana pasada una sorpresiva decisión del banco central de Suiza puso de cabeza los mercados financieros internacionales: el Banco Nacional Suizo dejó sin efecto su techo cambiario de 1.20 francos suizos por cada euro, que había defendido durante tres años y medio. Con la noticia,  el valor del franco suizo se elevó (apreció) en 20% y el mercado de valores helvético cayó en casi un 13% en un solo día. Y las repercusiones se dejaron sentir en los mercaos internacionales: el precio del oro comenzó a subir, el dólar se apreció y las bolsas de valores se desquiciaron en Europa y Asia.

La autoridad monetaria suiza claudicó en su lucha por evitar la apreciación de su moneda, a sabiendas de que tan súbita decisión causaría pánico en los mercados y pérdidas considerables a muchos agentes económicos, en particular a los bancos, a los fondos de inversión, y, obviamente, a la industria suiza que está muy orientada a las exportaciones y que, por lo tanto, ve afectada su competitividad cada vez que se aprecia el franco.

La mayoría de países desarrollados dejan que su moneda flote libremente (su valor lo determinan las transacciones en los mercados financieros y físicos). Pero Suiza decidió en 2011 imponer un límite a la apreciación de su moneda, con lo que sus autoridades monetarias se comprometieron a comprar moneda extranjera para empujar hacia abajo el valor del franco cada vez que tal techo se aproximaba. Esto lo hicieron porque durante la crisis financiera internacional, Suiza se vio inundada de flujos de capital de inversionistas que buscaban un refugio ante la turbulencia económica mundial. Ello provocó una apreciación fuerte del franco suizo, la cual empezó a perjudicar a los exportadores y a la competitividad de la industria suiza.

Durante más de tres años el banco central helvético pudo defender el techo fijado y evitó un colapso de sus exportaciones, pero al costo de tener que comprar cantidades masivas de euros en el esfuerzo. Hasta que ya no pudo más. Lo sorpresivo es que el banco nacional suizo no haya cedido de manera gradual (elevando escalonadamente el techo cambiario), sino que lo haya hecho abruptamente dejando flotar al franco en ascenso libre.

La razón de tal precipitación parece ser que el Banco Central Europeo está a punto de anunciar medidas de “facilitación  cuantitativa” (es decir, un aumento de la emisión monetaria) por 2 millardos de euros, lo que depreciaría al euro y haría insostenible el techo autoimpuesto para el franco suizo, pues el banco central helvético ya no podría seguir comprando cantidades ingentes de euros.

Lo ocurrido en Suiza y Europa puede entrañar algunas lecciones para Guatemala, donde también se ha producido una apreciación del quetzal (respecto del dólar estadounidense), acelerada en meses recientes no sólo por el fuerte flujo de remesas familiares y de capitales especulativos (que aumentan la oferta de dólares en el mercado), sino también por la caída en picada en el precio del petróleo y sus derivados (que reduce la demanda de dólares en el país).

El Banco de Guatemala –Banguat- ha reaccionado comprando cantidades importantes de dólares, aunque permitiendo (conforme la regla cambiaria vigente) una apreciación gradual del quetzal. Si bien esto es menos contundente que establecer un límite a la apreciación cambiaria (como Suiza en 2011), resulta más prudente para un país pequeño como  el nuestro y evita una eventual reversión abrupta (como Suiza en 2015). Ahora bien, los efectos de la apreciación del quetzal sobre la actividad productiva son equivalentes a una restricción de las condiciones monetarias, lo cual aconsejaría contrarrestar dicha apreciación con medidas de expansión monetaria.

Esto lo sabe bien el Banco Nacional Suizo que, al mismo tiempo que abandonó el techo cambiario, redujo su tasa de interés agresivamente, con lo que los bancos deben pagar ahora más que antes por el privilegio de refugiar sus reservas en la banca suiza, lo cual debe inducirlos a mover su dinero a otra parte, ayudando así a depreciar el franco. El Banguat debe tomar nota de esta lección y, aunque ya redujo (en noviembre) su tasa líder de interés, la continua apreciación del quetzal y la rápida caída del precio de los combustibles deberían aconsejarle algo más de agresividad en el relajamiento monetario.

Riesgos en Aumento

De acuerdo con el FMI, se vislumbran riesgos que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional

Todos los años, en cumplimiento del Artículo IV de sus estatutos, un equipo de técnicos del Fondo Monetario Internacional visita a las autoridades económicas de cada uno de sus países miembros para realizar “consultas” (en realidad, se trata de una supervisión relativamente profunda) sobre la situación macroeconómica y de pagos con el exterior. La semana pasada se publicó el reporte de las referidas “consultas” realizadas en el caso de Guatemala correspondientes a 2014.

De acuerdo con el FMI, la economía del país se ha desempeñado aceptablemente desde la crisis de 2009 y las perspectivas para el futuro cercano continúan siendo benignas: el crecimiento económico ya alcanzó su potencial (un magro 3.5% anual, y continuará estando allí) y el nivel de precios se prevé estable.

Sin embargo, los documentos preparados por el equipo técnico del FMI, así como las subsecuentes discusiones que sostuvo el Directorio de dicho organismo financiero internacional, revelan una advertencia importante: se vislumbran riesgos –con elevada o mediana probabilidad de ocurrencia- que podrían perjudicar la marcha de la economía nacional, que se hacen más preocupantes en la medida en que es muy pequeña la capacidad de las políticas macro para contrarrestar esas potenciales amenazas, y en que el crecimiento económico de largo plazo parece incapaz de aumentar.

En efecto, el escenario mundial empieza a presentar síntomas de post-crisis que podrían tener efectos adversos sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra. El inevitable final de las políticas de expansión monetaria en Estados Unidos y la persistente incertidumbre financiera en Europa pueden implicar un aumento en la volatilidad de los mercados financieros mundiales que incluirían cierta escasez de recursos financieros y aumentos en las tasas de interés, es decir, créditos más caros para nuestras economías. Asimismo, la permanencia de un ciclo de lento crecimiento económico (principal, pero no exclusivamente, en Europa) repercutirá en el dinamismo de las exportaciones nacionales.

En adición a lo anterior, se tiene el riesgo de un declive en los precios de los productos primarios (más de la tercera parte de nuestras exportaciones), así como un posible agravamiento de las tensiones geopolíticas en Rusia y Medio Oriente que afectarán los mercados de energía en todo el mundo. Y si a esto añadimos el riesgo elevado de que los ingresos fiscales en Guatemala continúen con su tendencia a reducirse como porcentaje de la producción nacional (lo cual reduce a su vez la capacidad de maniobra del gobierno para hacer frente a cualquier shock externo o interno), tenemos una situación que requiere que el país adopte oportunamente una serie de medidas de política pública que el FMI sugiere en su documento.

En el ámbito coyuntural, el principal reto está en el campo fiscal, y consiste en mejorar los ingresos luego de una reforma tributaria cuyos resultados el propio FMI califica de decepcionantes. Ello sin descuidar la mejora necesaria en la transparencia y calidad del gasto público, especialmente porque a partir de 2015 será necesario iniciar un proceso de consolidación fiscal (reducción gradual del déficit). Por su parte, la política monetaria deberá establecer sin ambigüedades la meta de inflación como su objetivo central, permitiendo una mayor flexibilidad del tipo de cambio, sin descuidar las medidas prudenciales para minimizar los riesgos de la creciente dolarización del crédito y de los medios de pago.

En el ámbito estructural, el reto clave es propiciar un mayor crecimiento económico, incluyente y sostenible en el largo plazo, que reduzca los hoy elevados niveles de pobreza. Ello pasa por aumentar tanto la inversión pública como la privada. La primera, a su vez, requiere de mejores ingresos fiscales y de un gasto más transparente y mejor focalizado en salud, educación e infraestructura. La segunda requiere de mejorar el clima de negocios, la seguridad pública, y la calidad de la fuerza de trabajo.

Vale la pena que, ante los crecientes riesgos del entorno nacional e internacional, tanto las autoridades como los liderazgos sociales y empresariales del país tomen acciones concretas en las líneas coyunturales y estructurales sugeridas, sin caer en la falacia de despreciarlas sólo por provenir del FMI.