FUERON CREADAS EN UN ENTORNO CON UN SISTEMA POLÍTICO FRAGMENTADO, UNOS PARTIDOS POLÍTICOS DÉBILES, UN APARATO ESTATAL INEFICIENTE, UN SERVICIO CIVIL PRECARIO Y UNA FRAGILÍSIMA DIVISIÓN DE PODERES. MUY PARECIDO AL ENTORNO ACTUAL
El legado de las reformas engendradas por la Revolución del
20 de octubre es extenso y profundo: democracia y elecciones libres; división
republicana de poderes; Código de Trabajo y fomento de la negociación
colectiva; reforma educativa y de la salud pública, y un largo etcétera. Entre tales
reformas sobresale, y aún perdura, la creación e inserción dentro de la
institucionalidad del Estado de entidades autónomas encargadas de administrar aspectos
clave de la esfera pública. Sobresalen los casos de la Universidad de San
Carlos, cuya ley orgánica emitida en 1944 (e impulsada por la Junta
Revolucionaria) le otorgó plena autonomía, libertad de cátedra y rectoría sobre
la educación superior del país; o del Banco de Guatemala, cuya ley orgánica
emitida en 1946 (e impulsada por el presidente Juan José Arévalo) le encomendó
la dirección de la política monetaria, la regulación de la banca y la
administración de las reservas monetarias internacionales; o, del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social -IGSS-, cuya ley emitida también en 1946 (y también impulsada
por Arévalo) puso a su cargo velar por el derecho de la seguridad social para
beneficio de los habitantes de la nación.
La instauración de estas agencias independientes dentro de la administración
del Estado fue uno de los más destacados avances hacia la modernidad de
aquellos tiempos revolucionarios. Las entidades autónomas (como el seguro
social o el banco central) surgen, no solo en Guatemala sino en muchas
administraciones públicas en el mundo, para desempeñar un papel claveen la
gobernanza moderna al gestionar áreas específicas de los asuntos públicos de
manera descentralizada, técnica y especializada. El nivel de importancia
y eficacia de estas entidades para garantizar la ausencia de interferencias e influencias
políticas de grupos de interés puede variar dependiendo de varios factores,
incluido el mandato, la estructura y el contexto político más amplio de la
agencia.
Entre los aspectos clave a considerar para evaluar la
importancia y eficacia de los entes autónomos surgidos en la Revolución del 44
puede mencionarse que dichas agencias independientes deben contar con expertos
en sus respectivos campos, a fin de poder tomar decisiones con base en
conocimientos técnicos y mejores prácticas en lugar de consideraciones
políticas, lo cual permite que produzcan políticas y regulaciones bien informadas y
efectivas. Las agencias independientes también pueden proporcionar un mayor grado de
estabilidad y coherencia a las políticas y regulaciones, ya que están menos
sujetas a las prioridades cambiantes de las administraciones políticas; esto
puede ser crucial en áreas -como la política monetaria o la seguridad
social- que requieren planificación e implementación a largo plazo.
Es importante mencionar que, para que las entidades
autónomas puedan cumplir adecuadamente con los fines para los cuales fueron
creadas, resulta crucial el buen diseño de su estructura interna de gobierno,
incluyendo sus controles y contrapesos. De esto estaba muy consciente el
presidente Arévalo cuando propuso y respaldó el diseño institucional del
Banguat y del IGSS, incluyendo la composición de sus juntas directivas, que incorporan
representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y el sector
académico.
La experiencia de las agencias independientes (bien
diseñadas) alrededor del mundo demuestra que incluir miembros de diferentes
sectores en sus cuerpos directivos entraña diversas virtudes. En primer lugar,
esa diversidad puede aportar distintas perspectivas al proceso de toma de
decisiones, lo que puede conducir a decisiones más equilibradas e informadas. En
segundo lugar, los representantes de la sociedad civil pueden actuar como
guardianes, fortaleciendo los controles y asegurando que la entidad autónoma sea
responsable y transparente; además, los representantes empresariales y
académicos pueden ofrecer información valiosa y evitar posibles sesgos o
captura regulatoria. En tercer término, involucrar a las partes interesadas
puede mejorar la legitimidad de las decisiones de la agencia y generar
confianza pública; también ayuda a garantizar que el ente autónomo considere
los intereses de varios grupos afectados por sus acciones.
Sin embargo, también existen desafíos potenciales con este
enfoque. Si no se gestiona cuidadosamente, la representación de grupos de
interés puede llevar a la captura regulatoria, donde la agencia se alinea
demasiado con los intereses que se supone debe regular. El nombramiento de
personas de sectores específicos también puede introducir sesgos o conflictos
de interés, lo que puede socavar la credibilidad de la entidad autónoma. Incluir
representantes diversos puede, asimismo, hacer que la toma de decisiones sea
más compleja y potencialmente lenta, ya que puede ser más difícil alcanzar el
consenso.
Al final del día, la eficacia de las entidades autónomas para
garantizar la ausencia de interferencias por parte de políticos y grupos de
interés depende en gran medida de su diseño, mandato y los controles y
equilibrios establecidos. La estructura interna de gobernanza de una agencia autónoma
debe lograr un equilibrio entre experiencia, representación pública y rendición
de cuentas. Haciendo un balance histórico, el desempeño de los
entes autónomos heredados de la Revolución del 44 ha sido -con sus altibajos,
luces y sombras- notablemente mejor que el de otros entes autónomos que (como
el INDE o el INFOM) fueron creados posteriormente y diseñados con menos cuidado
o con fines menos loables.
La creación de entidades autónomas especializadas, con un
diseño institucional moderno y adelantado para su época, sigue siendo uno de
los legados más importantes de la Revolución del 44. Las memorias de los autores
de aquellas reformas (incluyendo las del Dr. Arévalo) revelan que la idea de establecer
agencias gubernamentales independientes para encargarse de tareas
especializadas (como la educación superior, la moneda, o la seguridad social)
fue una respuesta para eficientizar la provisión de servicios públicos, en un entorno en el que el sistema político estaba
fragmentado, los partidos políticos eran débiles, el aparato estatal era
ineficiente, el servicio civil era precario y la división de poderes
republicanos, muy frágil. Un entorno, curiosamente, muy parecido al que
prevalece hoy en Guatemala.
Por eso, quienes hoy vociferan en contra de la participación de empresarios, académicos o sindicalistas en los directorios de las entidades autónomas deben tener mucho cuidado con lo que proponen. Las condiciones políticas de hoy, al igual que las prevalecientes en 1944, aconsejan que ciertas facetas de la cosa pública estén en manos de agencias gubernamentales independientes, bien diseñadas y acuerpadas en su gestión por representantes de las fuerzas vivas del país. Proponer que se excluyan algunas de esas fuerzas del gobierno corporativo de las entidades autónomas sería un enorme retroceso que no solo equivaldría -como reza el dicho gringo- a arrojar el agua de la tina con todo y bebé, sino que traicionaría el espíritu del 44 que dio vida a tales entidades y que el Dr. Arévalos interpretó tan adecuadamente en su momento.
