El diseño de la recién creada comisión presidencial contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha
El índice de percepción de corrupción en Guatemala,
publicado la semana pasada, muestra un continuado deterioro. Ello es
preocupante porque, como se ha dicho reiteradamente, la corrupción (ya sea real
o percibida) tiene enormes consecuencias económicas y sociales. Primero, tiene
un costo fiscal significativo, porque reduce los ingresos tributarios (por
ejemplo, cuando los diputados aprueban exenciones o privilegios fiscales a
cambio de sobornos) e incrementa artificialmente los costos en los que incurre
el gobierno al adquirir bienes y construir obras mediante mecanismos ilícitos.
Además de dichos costos fiscales, la corrupción
perjudica el crecimiento económico y reduce la calidad de vida de todos los
ciudadanos al drenar recursos que deberían destinarse a la educación, la salud
y la infraestructura (factores esenciales para una economía productiva). La
pésima percepción respecto de la corrupción que impera en la sociedad
guatemalteca daña, además, la confianza ciudadana en las instituciones del
Estado lo que, a su vez, corroe la moral tributaria y la gobernabilidad
democrática. Por eso es más que bienvenido el anuncio del presidente Giammattei
de emprender acciones decididas en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el diseño de la recién creada comisión presidencial
contra la corrupción no deja en claro qué estrategia se seguirá en esta lucha.
Es importante, en primer lugar, que se tenga claro que el enfoque de dicha
comisión no puede ni debe ser el de la persecución penal ya que esta, si bien es
útil cuando se emplea como último recurso, resulta absolutamente insuficiente
para combatir sostenidamente la corrupción (el cáncer -ya se sabe- es mejor
prevenirlo que curarlo aplicando medicinas que siempre son agresivas y generan
graves efectos colaterales).
Siendo una dependencia del Ejecutivo, la referida comisión
habrá de enfocarse en mejorar aspectos de la gestión (especialmente en las
áreas de más riesgo: adquisición de suministros, contratación de obra púbica y
administración tributaria) lo cual, de nuevo, es importante pero insuficiente.
Además, como ya se aprendió de la fallida Copret que dirigió Roxana Baldetti,
cuando estas comisiones las dirige el propio gobierno suelen ser vulnerables a
conflictos de interés y proclives a politizar sus acciones.