CRECER EN LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre global no justifica la inacción interna: para crecer más, hay que hacer reformas

Guatemala —siendo una economía pequeña y abierta— no decide los precios internacionales, pero sí puede decidir con qué reglas los afronta. Y esa distinción, que a veces se pierde en medio del ruido geopolítico, es crucial para entender el desafío que hoy plantea el crecimiento económico. Venimos de una secuencia de shocks poco habituales: pandemia, disrupciones logísticas, inflación global y un endurecimiento monetario sincronizado. A ello se suma hoy un mundo más fragmentado, con tensiones geopolíticas crecientes, tentaciones proteccionistas y un “nuevo orden” cada vez menos regido por reglas claras. Para países como el nuestro, que viven de comerciar, atraer inversión y generar confianza, el entorno externo es todo menos cómodo.

Aun así, todo indica que la economía guatemalteca continuará creciendo a un ritmo constante, aunque relativamente moderado, similar al de las últimas décadas. El problema no es tanto ese crecimiento coyuntural, como su techo estructural. Desde hace décadas, el país crece más lento que muchos de sus pares en otras latitudes, invierte menos que sus vecinos y casi no mejora su productividad. Y lo más preocupante es que la agenda de reformas —la única capaz de elevar ese techo estructural— sigue siendo débil, fragmentada o postergada indefinidamente.

En materia de políticas macroeconómicas, el contraste es evidente. La política monetaria ha preservado su disciplina y credibilidad. Hay más dudas con las finanzas públicas que, aquí y en buena parte del mundo, se expanden aceleradamente a fuerza de endeudamiento. Esa expansión del gasto, el deterioro de la calidad presupuestaria y la ausencia de reglas fiscales claras contribuyen a reducir los márgenes de maniobra del Estado. Reequilibrar la combinación de políticas es impostergable: una consolidación fiscal creíble debe reconstruir amortiguadores, sin sacrificar inversión pública prioritaria ni gasto social efectivo. No hacerlo es hipotecar el futuro para comprar tranquilidad presente.

Pero el crecimiento no se decreta desde el presupuesto. Depende, sobre todo, de las instituciones. Mejorar la gobernanza —fortalecer el Estado de derecho, elevar la eficacia del gobierno y enfrentar con seriedad al crimen organizado— no es un lujo moral, sino una condición para un buen desempeño económico. Sin reglas claras y cumplimiento creíble, la inversión se retrae o se encarece. Impulsar la inversión privada requiere, además, mejorar el clima de negocios, fomentar la competencia y abrirnos más al comercio internacional, no cerrarnos tras aranceles que encarecen insumos y castigan productividad. La inversión pública, por su parte, debe ser mejor ejecutada, más transparente y orientada a cerrar brechas reales, no a multiplicar proyectos políticamente rentables pero económicamente estériles.

Finalmente, crear empleos formales y elevar la productividad exige enfrentar la informalidad y modernizar el mercado laboral, incluso para adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial. Proteger el empleo del pasado no garantiza el empleo del futuro. Nada de esto ocurrirá si la clase política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral. Las reformas que generan crecimiento no suelen dar réditos inmediatos, pero sí evitan el círculo vicioso de bajo crecimiento, frustración social y populismo. La incertidumbre global no es excusa para postergar reformas. Al contrario: es cuando el mundo se vuelve más incierto que las reglas internas deben volverse más sólidas. Guatemala no controla el nuevo orden mundial, pero sí puede decidir si quiere crecer dentro de él… o resignarse a padecerlo.

UNA ECONOMÍA RESILIENTE

La economía mundial vive tiempos turbulentos; pero nuestra economía está en posición de resistirlos

Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría. Y bajo el segundo mandato de Donald Trump, la seguidilla de estornudos se está convirtiendo en una tos crónica. En particular, la imposición de nuevos aranceles a escala global está -y sin previo aviso- ya dejando sentir sus efectos: desaceleración del comercio internacional, tensiones inflacionarias y un aumento de la incertidumbre económica, tal como lo advirtieron la semana pasada los informes de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial.

Guatemala, por supuesto, no es una isla. Nuestra economía inevitablemente sentirá los coletazos de esta guerra comercial mundial. Empezando porque nuestras exportaciones se verán afectadas por el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump, así como por los menores volúmenes de comercio y cambios en los precios internacionales. Además, nuestras remesas familiares —que es la principal fuente de divisas del país— podrían verse ralentizadas si el crecimiento económico de EE.UU. se desacelera; y las presiones inflacionarias podrían contagiase a Guatemala en la medida en que los costos de los bienes importados aumentan en todo el mundo. Todo ello demanda una respuesta urgente por parte del gobierno y de los exportadores guatemaltecos, incluyendo negociaciones directas con el gobierno estadounidense en el marco de los convenios comerciales existentes y, principalmente, acciones tendentes a corregir las reglas, procedimientos, prácticas y protocolos que, según dicho gobierno, nuestro país aplica deslealmente en perjuicio de sus exportaciones hacia nuestro país.

Si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro

Pero la buena noticia es que partimos de una buena base. A diferencia de épocas pasadas, hoy Guatemala tiene mejores herramientas para resistir los embates externos. Nuestro crecimiento económico ha sido sólido y estable —un promedio cercano al 3.5% anual en los últimos veinte años—. Nuestra política fiscal, si bien perfectible, ha mantenido disciplina suficiente para evitar déficits insostenibles y niveles de endeudamiento preocupantes. Nuestra política monetaria, bajo la tutela de un banco central autónomo, ha sido ortodoxa y eficaz para mantener una inflación moderada y un tipo de cambio estable. La resiliencia de nuestra balanza de pagos —respaldada por un superávit corriente y robustas reservas monetarias internacionales— fortalece aún más nuestra capacidad de absorber choques externos. Y aunque nuestra estructura productiva sigue enfrentando los desafíos que implica una baja productividad sistémica, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos.

No es la primera vez que Guatemala navega aguas turbulentas con relativa estabilidad. Durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis pandémica de 2020, nuestra economía logró mantener el rumbo. Y todo apunta a que, a pesar de los riesgos actuales, lo volverá a hacer. El Fondo Monetario Internacional ha reafirmado recientemente que la resiliencia de Guatemala no es casualidad: es el resultado acumulado de décadas de prudencia macroeconómica.

Quizá haya llegado el momento de actualizar aquella vieja frase de los economistas locales que, durante buena parte del siglo XX, decían que "si a Estados Unidos le da gripe, a Guatemala le da pulmonía". Hoy, gracias a nuestra disciplina económica y resiliencia estructural, podemos decir con moderado optimismo: "si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro". Cuidar esos fundamentos será más importante que nunca. Porque, como bien nos enseña la historia, los buenos cimientos no garantizan el éxito… pero su ausencia sí garantiza el desastre.

CENTROAMÉRICA: EL SANTO GRIAL DE LA INVERSIÓN

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto

En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de Santo Grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa -IED- y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

"Para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica"

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con "marca país" o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA QUE NO SIGAN DISPERSAS Y POSTERGADAS, ES NECESARIO FOCALIZARLAS Y PRIORIZARLAS

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo -especialmente- los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso, que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral) que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que a nivel mundial están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.

¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR?

El futuro puede ser, incluso, superior (una reflexión para el fin de año)

Parece inevitable que, al llegar a cierta edad, el ser humano y sus coetáneos nos inclinemos a creer que “todo tiempo pasado fue mejor”. Puede ser que la tendencia de las personas a romantizar el pasado tenga que ver con factores emocionales o culturales: tendemos, con el tiempo a recordar especialmente las experiencias positivas y a enterrar en el subconsciente las negativas; tendemos, también con la edad, a volvernos menos receptivos a las nuevas tendencias, tecnologías o cambios culturales. La música, la moda, las películas, las normas sociales de nuestros años de formación suelen moldear nuestra identidad y por eso solemos a apreciarlos más.

Pero las normas y valores sociales van evolucionando, inevitablemente, y ello lleva a creer a muchos -en medio del torbellino de rápidos cambios tecnológicos y culturales que pueden resultar abrumadores- que la sociedad se está deteriorando en comparación con los "viejos tiempos". Y no; en realidad no todo tiempo pasado fue mejor. Aunque el pasado tenga innegables aspectos positivos (como los vínculos comunitarios más fuertes o una menor degradación ambiental), es importante reconocer que cada época tiene sus desafíos y logros únicos. Si romantizamos el pasado podemos cegarnos ante los evidentes avances que nuestro mundo ha experimentado en muchos campos como la tecnología, el bienestar material o la salud. Comprender esta realidad es esencial para que, sin dejar de apreciar el pasado, podamos al mismo tiempo mantener el compromiso con el presente y la esperanza en el futuro.

Los últimos 60 años han sido testigos de trascendentales avances para la humanidad que nos llaman a perseverar para que esa tendencia continúe por mucho tiempo: la esperanza de vida ha aumentado a nivel mundial; muchas enfermedades que antes eran mortales ahora se pueden prevenir o curar; la pobreza extrema en el mundo ha disminuido del 42% en 1981 a menos del 10% hoy, pese al crecimiento de la población; la proporción de personas con acceso a la electricidad ha aumentado de un 50% en 1970 a casi 90% en 2020; y, el acceso al agua potable también se ha ampliado enormemente.

La tecnología informática no solo nos permite ahora mantenernos en contacto con los seres queridos, sino que nos da la posibilidad de acceder e intercambiar conocimientos de forma gratuita, inmediata y casi ilimitada. Las tasas de alfabetización a nivel mundial han aumentado del 70 % en 1970 a más del 86 % en 2021 y más personas que nunca asisten a la universidad, particularmente las mujeres, que han ganado acceso a oportunidades profesionales que antes eran limitadas.

Las sociedades evolucionan, casi siempre para bien. Si apreciemos lo que hemos avanzado, el recuerdo del pasado no debería ser una añoranza, sino una inspiración para seguir progresando. Si el mundo redujo la pobreza extrema en los últimos 60 años, podrá seguir lo haciendo con las nuevas tecnologías que crean oportunidades para todos. La tecnología seguirá nivelando el campo de juego y la próxima generación estará más informada y empoderada que nunca, permitiendo que más persona en más lugares, aprendan, innoven y triunfen.

Si el tiempo pasado fue bueno, el presente y el futuro pueden ser mucho mejores. Nuestro desafío es el de potenciar el ímpetu y creatividad de nuestros hijos y nietos, no solo mediante nuestro ejemplo, consejo y mentoría, sino mediante el rescate y fortalecimiento de los principios e instituciones de la democracia liberal y del libre comercio, que propiciaron el progreso del último siglo y sobre cuya base puede erigirse una era de progreso en las próximas décadas. ¡Feliz 2025!

UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO

 EXISTE UNA HOJA DE RUTA QUE DEBERÍA SER TOMADA EN CUENTA, INDEPENDIENTEMENTE DE IDEOLOGÍAS

Los acontecimientos recientes que culminaron en la aprobación por el Congreso de una multimillonaria ampliación del Presupuesto del Estado para 2024, demuestran que no solo es posible alcanzar mayorías parlamentarias -incluso en un legislativo profundamente fragmentado-, sino también que es necesario que el Ejecutivo se involucre en lograr los acuerdos parlamentarios imprescindibles para viabilizar tanto la agenda de gobierno como la gobernabilidad misma del país. En ese contexto, se presenta la ocasión para que en ambos organismos del Estado se impulse una agenda legislativa con visión de largo plazo, que trascienda los modestos alcances del tipo de leyes que se han venido aprobando en las últimas legislaturas: insustanciales y cosméticas -en el mejor de los casos- o peligrosamente populistas e irresponsables -en muchos otros- en cuanto al manejo sostenible de los recursos del erario.

¿Por dónde empezar a diseñar una agenda legislativa para el desarrollo del país? El último reporte del Fondo Monetario Internacional -FMI- sobre la economía nacional, publicado hace pocos días, da luces sobre cómo avanzar en una serie de reformas pro-crecimiento que incluye la aprobación de una legislación sólida en varias áreas, entre las que sobresalen, además de la ley de competencia, varias regulaciones que propicien la inversión, tanto estatal como privada: una ley de infraestructura vial, una de regulación de puertos, otra que permita la modernización de los aeropuertos (especialmente La Aurora), una que viabilice las Alianzas Público-Privadas y otra que modernice las Zonas Francas, aspectos todos esenciales para el crecimiento económico.Asimismo, el FMI recomienda mejorar la seguridad jurídica, en línea con los mejores estándares internacionales, lo que implica cambiar las prácticas internas y las estructuras del proceso legislativo -reformando la Ley Orgánica del Congreso-, así como mejorar la competitividad mediante regulaciones y políticas a favor del mercado laboral formal. El FMI también sugiere mejorar la eficiencia y la transparentar del gobierno, lo que implican reformar el Servicio Civil, así como los procesos de compras y contrataciones. Asimismo, recomienda fortalecer la gobernanza mediante un plan nacional anticorrupción y una estrategia para combatir la impunidad, aspectos que deberían incluir reformas profundas al sistema de control del gasto público -incluyendo la hasta hoy anodina Contraloría de Cuentas-.

Además de las recomendaciones del FMI, el Congreso debería incorporar en su agenda económica la creación de vehículos financieros que blinden los ingentes recursos financieros que, inevitablemente luego de la ampliación presupuestaria recientemente aprobada, quedarán como “ahorros” en la caja de gobierno al final del año, los cuales podrían tomar la forma de fondos específicos -manejados de forma eficiente y con absoluta transparencia- destinados a combatir la desnutrición, expandir la infraestructura vial o modernizar el sistema aeroportuario.

El diseño y aprobación de una agenda como esta puede parecer una tarea técnicamente compleja y políticamente espinosa. Pero hay por dónde empezar: existen diversas propuestas al respecto que están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones legislativas, o que están esperando su oportunidad en los programas de distintos tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. Queda en manos del estamento político demostrar que es posible alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos y no solo sobre asuntos coyunturales que conllevan el reparto de los escasos fondos públicos.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO 

Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su capacidad de generar energía era muy superior a la demanda. Sin embargo, consistentemente, la demanda está aumentado mucho más rápidamente que la oferta. En efecto, el requerimiento horario de energía del sistema aumentó de un 55% en 1999 a un 74% en 2022. Además, ahora se consume energía con menos variabilidad horaria (los “picos” de demanda son más planos) y, por lo tanto, para igual demanda máxima se requiere generar más energía. Lo malo es que la oferta necesaria para satisfacer esa demanda no solamente se ha estancado, sino que se ha reducido: la capacidad del sistema para generar energía en forma continua durante todo el año disminuyó de un 75% en 2001 a un 65% en 2022.

De tener excedentes de oferta que incluso se exportaban a la Región, el sistema eléctrico está ahora muy ajustado. Mientras que la tendencia de crecimiento de la demanda de energía es creciente y la tendencia del crecimiento de la oferta es decreciente. De hecho, en mayo de 2022 la demanda de energía del país superó a la oferta y, por primera vez desde que se creó el Mercado Eléctrico, se tuvo un déficit de generación (afortunadamente, por un breve lapso). Actualmente, el excedente de oferta respecto a la demanda máxima anual es positivo, pero muy pequeño, lo cual entraña un riesgo inminente de que se produzca un déficit de energía si, por ejemplo, el país sufriera de un periodo de sequía relativamente corto (escenario que es bastante probable, particularmente bajo la amenaza del Fenómeno del Niño).

Este riesgo solo podrá disminuirse con más inversiones en generación eléctrica que mantenga un parque generador diversificado, creciente y eficiente. Sin embargo, los últimos procesos de licitación de largo plazo que atrajeron inversiones importantes en generación electica se dieron hace diez años y los procesos nuevos de licitación a largo plazo que correspondía hacer hace dos años siguen retrasados. Peor aún, algunas plantas que no tenían contratos a largo plazo, ante la falta de señales económicas claras, han dejado de operar, y no se conoce de nuevos proyectos de generación que las vayan a sustituir.

El escenario es, pues, muy complejo. Cuando la capacidad de generar energía eléctrica en un país ya no es suficiente para satisfacer la demanda energética, se pueden producir varios efectos. En primer lugar, el suministro de electricidad inadecuado puede provocar un aumento de los precios de la energía a medida que la demanda supera la oferta, lo que puede redundar en costos más altos para las empresas y los consumidores, impactando la asequibilidad general y la actividad económica.

Un suministro insuficiente de energía también puede alterar los procesos de producción industrial, lo que lleva a una reducción de la producción o incluso a su detención en algunos casos. Las industrias que dependen en gran medida de la electricidad, como la manufactura y la tecnología, pueden enfrentar desafíos para cumplir sus objetivos de producción. La incapacidad de satisfacer la demanda de energía puede tener efectos en cascada en la economía: puede reducir la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la escasez de energía puede crear desafíos de gobernabilidad, social e inestabilidad política si no se aborda de manera efectiva.

Para mitigar estos efectos, es necesario implementar medidas para fomentar la inversión en nueva infraestructura energética, mejorar la eficiencia, diversificar la combinación energética y promover medidas de conservación. El marco legal guatemalteco de la industria eléctrica establece un modelo adecuado de gobernanza que busca promover la competencia, la eficiencia y el costo mínimo, principios básicos que han permitido un buen desempeño del sistema hasta ahora. Ese marco debe respetarse y potenciarse con políticas eficaces para abordar la escasez de energía, que son vitales para garantizar un suministro estable y confiable para el desarrollo económico continuo.

La crítica situación que enfrenta hoy la industria eléctrica, con un estancamiento de la oferta de energía que, probablemente, generará un déficit para cubrir la demanda del país, requiere de un diálogo profundo a nivel del sector eléctrico y que los tomadores de decisión tomen las medidas de urgencia para crear condiciones propicias para atraer más inversión al sector. Invertir en capacidad de generación es crucial para que el país pueda satisfacer las crecientes necesidades energéticas y pueda impulsar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida general de sus ciudadanos.

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024

Es importante diagnosticar adecuadamente. Hacer un balance de la economía de un país al final del año y evaluar los desafíos para el año próximo es importante para que los formuladores de políticas, las empresas y los analistas pueden comprender en dónde estamos parados y puedan hacer los ajustes necesarios, tanto a nivel de políticas económicas gubernamentales, como de la planificación estratégica empresarial. Un diagnóstico acertado de la situación permite a las empresas ajustar sus planes de negocios, estrategias de inversión y presupuestos en función de las condiciones y previsiones económicas, y proporciona a los inversores la información que necesitan para evaluar los riesgos y oportunidades. Comprender los desafíos y riesgos potenciales en el entorno económico permite, además, una mejor gestión de riesgos para mitigar el impacto de las incertidumbres económicas. A continuación propongo, de manera muy resumida, un diagnóstico en esa línea.

Cómo nos fue en 2023. En 2023 la economía guatemalteca mantuvo sus fortalezas económicas, que son muy reconocidas en los mercados internacionales y que se plasman en mantener un largo historial de estabilidad macroeconómica, resultado de políticas fiscal y monetaria conservadoras, cuyos resultados se reflejan en los principales indicadores de desempeño macroeconómico. El largo historial de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal que contribuyen a mantener la dinámica de crecimiento de la producción nacional, medida por el PIB, que en 2023 tendría una tasa interanual de un 3.3%, pese a la volatilidad en el entorno externo y la incertidumbre que siempre surge en torno a las elecciones generales. Tanto la deuda pública (inferior al equivalente al 30% del PIB) como el déficit fiscale (inferior al 2% del PIB) son moderados y se comparan muy bien en relación con los demás países de la Región. La posición externa es muy sólida (con un superávit de balanza de pagos), un elevado nivel de reservas monetarias internacionales y un tipo de cambio notablemente estable. La política monetaria sigue siendo adecuada, aunque el nivel inflacionario de 2023 aún permanece elevado (terminará el año en una tasa interanual de alrededor del 3.5%) y las tasas de interés del sistema bancario, que empiezan a elevarse, aún son razonables y muy estables. Eso sí, el crecimiento económico en 2023 pudo haber sido un par de décimas porcentuales mayor, pero la incertidumbre política asociada al año electoral y los bloqueos y protestas ocurridos (particularmente en octubre) habrían tenido un efecto negativo sobre las decisiones de inversión privadas y sobre la generación de negocios.

El valor de las exportaciones este año se reducirá en comparación con el valor registrado en 2022, debido a que el comercio mundial se deprimió en todo el mundo y nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos, Centroamérica y Europa) redujeron sus compras de nuestros productos. También las importaciones serán menores en 2023, debido en buena medida a una reducción en los precios internacionales de los principales productos importados, incluyendo los combustibles. Para 2024 las exportaciones de mercancías (FOB), aunque afectadas por la desaceleración económica mundial, alcanzarían un crecimiento positivo (aunque modesto) que supondría una mejora respecto de 2023, lo cual se explica por la recuperación del comercio mundial y porque los precios internacionales se estabilizarán en la primera mitad de 2024.  Por su lado, las importaciones también se recuperarían en 2024, en respuesta a la relativamente menor demanda por bienes importados como combustibles, bienes de consumo e industriales asociada al crecimiento de la actividad económica doméstica, soportada por la moderación de los precios internacionales.

Perspectivas y principales desafíos para 2024. Se espera que en 2024 se vea una leve mejora en el comercio mundial (que favorecerá la demanda externa de nuestra economía) y una estabilización de las expectativas de los inversionistas una vez tome posesión el nuevo gobierno. Sin embargo, el crecimiento de las remesas se desacelerará y el desempleo se mantendrá, lo que impedirá un mayor crecimiento del consumo privado. Además, consumo del gobierno se ralentizará el próximo año, ya que se trata del primer año de un nuevo gobierno que tendrá dificultades para ejecutar su presupuesto. La tasa de crecimiento económico prevista para 2024 tendrá un ritmo ligeramente inferior en comparación con los ritmos de 3.5% alcanzados en promedio en la década anterior a la pandemia, y que algunos consideran la tasa de crecimiento potencial del país; esto refleja no solo un clima económico internacional adverso, sino también las dificultades que enfrenta el Estado para superar los obstáculos estructurales que limitan la productividad del país. Pero, en todo caso, no se esperarían cambios radicales en las políticas fiscal y monetaria, por lo que el pronóstico estaría del lado de una continuidad en la estabilidad de las principales variables macroeconómicas en 2024.

El tipo de cambio continuará siendo estable en 2024. El balance externo de Guatemala continuará mostrando un superávit, apuntalado en el flujo de remesas familiares hacia el país. El continuado flujo de remesas, aunado al nivel robusto de reservas monetarias internacionales, contribuirán a apoyar la estabilidad en el valor del quetzal.  Se espera que la cotización del dólar en el mercado local se mantenga con el comportamiento estable durante 2024, con algunos pequeños altibajos siguiendo su patrón estacional, apoyado en que el tamaño relativamente pequeño de la economía del país y su limitada exposición a inversiones de cartera, además de las continuas intervenciones del Banguat que moderarán la volatilidad en el mercado cambiario.  Claro está que los diferenciales de tasas de interés con el exterior se han estado reduciendo, lo cual podrá implicar una mayor susceptibilidad del tipo de cambio ante eventos extraeconómocos, pero el exceso de dólares en el mercado y las indicadas intervenciones del banco central permitirán que el quetzal permanezca estable el año próximo.

A nivel empresarial, los retos económicos en 2024 tendrán relación con un nivel de precios que permanecerá relativamente elevado, y con una economía internacional que estará poco dinámica, pero en general habrá un potencial de crecimiento en la mayoría de sectores económicos, que implican aprovechar las fortalezas de nuestro entorno económico y tratar de superar sus debilidades. A nivel macro, la gran fortaleza de la economía nacional es la estabilidad macroeconómica, pero su gran debilidad es el limitado ritmo al cual crece la producción nacional debido a una baja productividad sistémica. Entonces, el desafío es doble. Por un lado, preservar la gran fortaleza de nuestra macroeconomía: la estabilidad de precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la producción, con base en una política fiscal prudente y una política monetaria ejecutada por un banco central independiente de los políticos. Por el otro, tratar de acelerar el crecimiento de la economía y mejorar el nivel de ingresos de la población. Esto último solo se logrará si se mejora el clima de negocios y se establece un sistema de certeza jurídica, para lo cual es indispensable fortalecer las instituciones republicanas, asegurar la independencia de poderes y mejorar la eficiencia de los entes del Estado, centralizando los esfuerzos gubernamentales en proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación). Priorizar el quehacer del Estado en estos fines va a resultar esencial para emprender una senda de prosperidad que sea sostenible en el tiempo. Y será mejor mientras más pronto se empiece esa recomposición de las prioridades e instituciones del Estado.

Sin duda alguna el ambiente político influye decisivamente en las decisiones de inversión y de consumo. Un sistema político y gubernamental que genere certeza y confianza es fundamental para atraer inversión extranjera, pero también lo es para generar inversión doméstica. Contrario sensu, un entorno político disfuncional, carente de políticas públicas y acuerdos políticos de largo plazo, genera incertidumbre y desincentiva la inversión. En el caso de Guatemala resulta evidente que todas sus fortalezas macroeconómicas -ya comentadas- no son suficientes para mejorar la calificación de riesgo-país (y, por ende, para atraer más inversiones): todos los reportes de las calificadoras internacionales coinciden en que, para que nuestro país pueda mejorar su calificación (y su nivel de atractivo para las inversiones) es imprescindible mejorar el sistema político, fortalecer las instituciones y aumentar la efectividad de las políticas públicas de largo plazo.

La variable clave para promover mayor inversión y empleo (y mayor crecimiento y bienestar) es la productividad. Desde una perspectiva económica, la Certeza Jurídica y el orden económico son factores esenciales para lograr una mayor eficiencia (productividad) sistémica. Un entorno predecible y estable genera confianza, desencadena la inversión y favorece los intercambios (no solo comerciales, sino también culturales, tecnológicos y sociales), lo cual permite elevar la productividad y, con ella, el crecimiento y el bienestar. Por tanto, las políticas que el nuevo gobierno debería implementar para lograr esos fines van más allá de lo puramente económico: debería -como mencionamos antes- priorizar aquellas medidas que fortalezcan las instituciones republicanas, aumenten la eficiencia del Estado en la provisión de servicios básicos (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación) y propicien la paz social y la confianza entre los guatemaltecos para apoyar el ingenio y la laboriosidad del chapín. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Tenemos con qué, pero ¿tenemos cómo y con quién? El enorme potencial de Guatemala, apoyado no solo en su estabilidad macroeconómica, sino en sus abundantes recursos naturales, campos, ríos, montañas y riquísima flora y fauna, se ve obstaculizado por una miríada de obstáculos auto impuestos por un sistema político disfuncional. ¿Cómo aprovechar todos esos recursos, por ejemplo, con una red vial minúscula y obsoleta, que demanda tres horas de viaje para recorrer los 35km que nos separan de la Antigua Guatemala, o seis horas para llegar a Quetzaltenango?

¿Cómo un pueblo tradicionalmente pacífico y emprendedor puede resolver sus naturales conflictos mercantiles o civiles de forma expedita (para favorecer los intercambios económicos, sociales y culturales) si no cuenta con un sistema de justicia medianamente funcional? ¿Qué certeza jurídica pueden dar unas cortes que se excedieron en el periodo de su mandato constitucional por más de tres años?

¿Cómo podemos disfrutar y compartir con el mundo las enormes bellezas naturales, arqueológicas y culturales del país -que podrían ser un destino turístico de talla mundial- cuando nuestro ruinoso aeropuerto internacional recibe tan pocos vuelos y no cuenta siquiera con la adecuada iluminación, ni aire acondicionado… ni limpieza básica?

¿Cómo podemos potenciar a la juventud deseosa de superarse cuando las escuelas estuvieron innecesariamente cerradas con la excusa de la pandemia y, al reabrirse, estaban en peores condiciones que antes? ¿O con una universidad estatal que recibe cientos de millones de quetzales anualmente y se encuentra prácticamente paralizada, sin clases presenciales, sin investigación científica, sin propuestas académicas?

¿Cómo desarrollar a los deportistas de clase mundial y a todos los deportistas talentosos que claman por apoyo, cuando el deporte federado y el olímpico -que también reciben millones de quetzales del erario anualmente- son extremadamente opacos e ineficaces, al punto de ser paria en la comunidad deportiva internacional, habiendo dejado a nuestros atletas sin la oportunidad de defender los colores de su bandera ni de cantar su himno nacional ante el mundo?

¿Cómo permitir a las empresas honestas hacer negocios lícitos con el Estado cuando los sistemas de transparencia como Guatecompras y Sicoin quedan fuera de operaciones por misterios hackeos informáticos?

¿Cómo afianzar y desarrollar la vocación democrática de la ciudadanía, cuando los procesos electorales -que solían ser ejemplo de transparencia y participación cívica- son ahora puestos en duda por las propias autoridades y la propia integridad de los magistrados del tribunal electoral está en entredicho?

¿Cómo mantener a la población económicamente activa en condiciones de rendir y ser productiva si los índices de desnutrición tienen años sin mejorar y los hospitales públicos carecen de alimentos, no digamos medicamentos?

¿Cómo preservar la tradicional vocación de apertura y multilateralismo de nuestras relaciones exteriores cuando vemos que se deterioran y tensionan nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales y diplomáticos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa?

¿Cómo sacar partido de tener la ciudad más grande y moderna entre Puebla y Panamá cuando importantes obras de infraestructura, como los pasos a desnivel en importantes arterias citadinas, están tan paralizdas como el costosísimo e insoportable tránsito en las horas pico?

En fin, ¿cómo sacar provecho de la laboriosidad, el ingenio, las ambiciones y los anhelos de los guatemaltecos, cuando el continuo deterioro institucional de los tres poderes del Estado lo hace incapaz de proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias) y necesarios para el buen funcionamiento de los intercambios económicos?

Aparte de su estabilidad macro y de la riqueza de sus recursos naturales, lo mejor que tiene Guatemala es la capacidad, tesón y espíritu de superación de los 17 millones de guatemaltecos; pero seguiremos desperdiciando ese potencial -y sufriendo el desangramiento que significa la emigración anual de miles de compatriotas- mientras no empecemos pronto a enfrentar estas debilidades institucionales que impiden el desarrollo integral de nuestro país.

RUTAS PARA EL DESARROLLO

CONVIENE APRENDER DE LOS QUE SABEN Y NO PRETENDER INVENTAR EL AGUA AZUCARADA

La clave del desarrollo económico de Guatemala pasa por revertir los bajos indicadores de productividad y los altos indicadores de pobreza (ambos, caras de la misma medalla). Los planes de gobierno de quienes aspiran a ganar las próximas elecciones deberían tener alguna claridad al respecto. Aunque al nacional-populismo (tan de moda en estos tiempos) le disgustan la ciencia y las estadísticas, un consejo razonable para los candidatos es que vean qué aconsejan los expertos y cuál es la experiencia de los países que han logrado desarrollarse. Un buen comienzo, por ejemplo, es que consulten el libro "El desarrollo como libertad”, de Amartya Sen -premio Nobel de economía-.

Para Guatemala el libro ofrece información valiosa para diseñar políticas públicas para reducir la pobreza y mejorar la provisión de servicios públicos esenciales. Aquí, algunas lecciones clave: (1) Centrarse en ampliar las capacidades de las personas para llevar vidas dignas significa brindar oportunidades para adquirir educación, atención médica y otros servicios esenciales, que les permitan participar plenamente en la sociedad y perseguir sus objetivos. (2) Invertir en capital humano ayuda a mejorar las capacidades de las personas, mejorar la productividad y promover el progreso social; ello implica priorizar la asignación de recursos públicos (y combatir la corrupción en el gasto gubernamental) para construir instituciones educativas sólidas y sistemas de salud accesibles.

(3) La generación de un entorno que brinde oportunidades sociales y económicas puede lograrse mediante políticas económicas incluyentes, la promoción del espíritu empresarial, la creación de oportunidades laborales y la reducción de las desigualdades sociales. Las redes de protección social, como la seguridad social o los programas de asistencia social específicos, también pueden apoyar a las poblaciones vulnerables. (4) El fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad, mediante la creación de instituciones responsables y transparentes, mejorar la administración pública y combatir la corrupción, ayuda a garantizar la asignación eficiente de los recursos, la prestación eficaz de servicios y el estado de derecho.

(5) Priorizar el desarrollo de infraestructura es una base fundamental para el crecimiento económico, mejorar el acceso a los servicios básicos, facilitar el comercio y la conectividad y atraer inversiones. (6) Mejorar el acceso a la justicia es esencial para proteger los derechos de los ciudadanos y fomentar la cohesión social; esto requiere la construcción de un marco legal eficaz, con jueces independientes, que permita abordar las barreras legales que obstaculizan la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos y participar en la sociedad. Y, (7) enfatizar la participación de los individuos y las comunidades en la formulación de políticas que los afectan requiere de una limpieza y restructuración del Sistema de Consejos de Desarrollo para involucrar activamente a los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones.

Para seguir las rutas que nos conduzcan al desarrollo económico y social no es necesario inventar el agua azucarada; basta con seguir el consejo de los que saben y la experiencia de los países exitosos.

NOS CONTENTAMOS CON POCO

 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ES POSITIVO, PERO ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE

Una de las características más positivas de la economía guatemalteca es su resiliencia (resistencia y capacidad de ajuste) ante las crisis internacionales y otros shocks (naturales y políticos) internos, lo que ha contribuido a que la producción nacional crezca a una velocidad promedio de 3.5 por ciento anual en las últimas dos décadas. Con ese crecimiento podríamos estar muy contentos si ya fuésemos un país desarrollado. Pero no lo somos. Para alcanzar los niveles de ingreso, desarrollo y bienestar de otros países con los que aspiraríamos competir (como México o Colombia), nuestra tasa de crecimiento debería haber sido el doble de lo que fue en los anteriores diez años.

Hay abundante literatura sobre las políticas necesarias mejorar el crecimiento a largo plazo, donde se ha examinado en profundidad los impulsores específicos del crecimiento, como la innovación, las instituciones, la cultura, la economía política, las finanzas, la digitalización o el capital humano. De ellos se deriva un amplio menú de políticas para impulsar el crecimiento de la inversión y la productividad y las intervenciones de política orientadas a promover el crecimiento en la actividad de servicios y el comercio internacional, así como para reformar los sistemas de educación, salud y de los mercados laborales. Aunque el menú es amplio, existen cinco elementos clave sobre los que los hacedores de política deberían poner especial atención.

Primero, que el principal factor para sostener el crecimiento económico es la productividad (la capacidad de producir más, con menos recursos), que reclama la existencia de certeza jurídica y de un estado que provea eficazmente los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación básicas). Segundo, que la inversión (en maquinaria e infraestructura) es un motor esencial para lograr un crecimiento sostenido y mejorar los niveles de vida. Tercero, que el comercio internacional sigue siendo motor de crecimiento, como lo ha sido durante las últimas cuatro décadas, aunque su rol ahora esté bajo amenaza por las fuerzas del proteccionismo nacionalista.

Cuarto, que para una economía como la nuestra, donde el sector terciario es el más importante generador de ingresos y empleo, los servicios pueden convertirse en el nuevo motor de crecimiento, siempre que se aproveche su potencial, puesto en evidencia durante la pandemia, que ha dado paso a un cambio pronunciado hacia la innovación y la digitalización, lo cual promete ganancias de productividad. Y quinto, que los marcos sólidos de política fiscal y monetaria, basados en instituciones transparentes y en normas predecibles, son críticos para respaldar las perspectivas de crecimiento en un ambiente de estabilidad. Guatemala no debería conformarse con el insuficiente crecimiento de las últimas décadas. Es posible incrementar el crecimiento potencial y hacerlo sostenido, sostenible e incluyente mediante las políticas públicas correctas. De eso debería tratarse la campaña electoral.

El Valor Económico de la Semana Santa

 Con motivo del décimo aniversario de publicación del estudio El Valor Económico de la Semana Santa en La Antigua, escribí esta columna en elPeriódico, el Lunes Santo de 2023

DESPUÉS DE DIEZ AÑOS, LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PUBLICADO SIGUEN SIENDO VÁLIDAS

La Semana Santa en Guatemala es la ocasión para una de las manifestaciones de fervor popular más impactantes del mundo. Aunque, en esencia, se trata de un evento religioso, en la práctica se traduce en un fenómeno cultural con un inmenso impacto económico y social, tanto sobre las comunidades donde se desarrolla como sobre los lugares aledaños. La relevancia económica de las celebraciones de Semana Santa radica en la enorme cantidad de espectadores que acuden a observarlas y a ser partícipes de las imponentes procesiones (especialmente en la capital del país y en la Antigua Guatemala), de las coloridas alfombras, de las arraigadas tradiciones y, particularmente en la Antigua, del impresionante escenario urbano.

La medición de su impacto económico permite comprender mejor este fenómeno cultural y extraer conclusiones de utilidad para definir acciones que no solo preserven el patrimonio cultural, sino que también lo potencien como una fuente generadora de bienestar para los guatemaltecos. Precisamente hace diez años, en colaboración con Ana Luz Castillo, Luisa Fernanda González y Julio Solórzano -amplios conocedores del mundo de la cultura - publicamos el libro El Valor Económico de la Semana Santa en la Antigua, en el que calculamos el valor de la producción y el consumo generados por todos los sujetos que intervienen en ella y que tienen efectos sobre los distintos sectores productivos y, por ende, sobre el total de la economía nacional.

Para realizar ese estudio se analizó y encuestó tanto a los participantes que generan (los oferentes de) las expresiones religioso-culturales de la Semana Santa -entre quienes sobresalen, en su orden, las Hermandades, las autoridades locales y los ciudadanos antigüeños-, como a los visitantes que consumen (los demandantes de) dichas expresiones. Los resultados del estudio siguen siendo, diez años después, impresionantes. Y las conclusiones derivadas del mismo, siguen siendo válidas. Entonces, el costo inicial de producir el inmenso espectáculo de la Semana Santa antigüeña (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección) fue de Q4 millones, mientras que los efectos económicos directos e indirectos, derivados de dicho costo inicial, que fueron generados por la interacción de los millares de visitantes con el resto de agentes económicos que les proveyeron bienes y servicios, ascendió a más de Q670 millones ese año.

El potencial económico y social de la Semana Santa es, evidentemente, inmenso. Y si lo es para la Antigua Guatemala, seguramente lo es -y posiblemente, mucho más- para la ciudad de Guatemala, como también debe serlo, proporcionalmente, para otras comunidades donde esta conmemoración religiosa se manifiesta en expresiones culturales valiosas. Mientras más conciencia se tenga de ese potencial, mejor podrán los involucrados (hermandades, autoridades y ciudadanos) tomar las medidas adecuadas para fortalecer y preservar esta herencia cultural que cimenta su orgullo y sentido de pertenencia comunitaria; ello, a su vez, redundará en una mejor puesta en escena de estas manifestaciones culturales y en asegurar una afluencia sostenible de turismo cultural.

JUECES INDEPENDIENTES

 UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE ES ESENCIAL PARA LA PAZ SOCIAL, LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL DESARROLLO

 Los sistemas de justicia están bajo ataque en muchos países, especialmente en aquellos gobernados por líderes populistas autoritarios -de izquierdas o derechas-. En Israel, el primer ministro Netanyahu desencadenó una grave crisis de gobierno al proponer una ley que le daría al Parlamento (y por tanto a los políticos) un gran control sobre el poder judicial, desde cómo se selecciona a los jueces hasta sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo, pasando incluso por otorgar al Parlamento el poder de anular decisiones judiciales.

 En Hungría, el primer ministro Orbán ha limitado la independencia del Organismo Judicial, al punto que la Unión Europea lo persona con sanciones para que dé marcha atrás con esas reformas. En México, López Obrador se está enfrentando con el poder judicial debido a su polémica propuesta para reducir la independencia de la autoridad electoral. En El Salvador, Bukele sacó a más de la tercera parte de todos los jueces y nombró una corte suprema afín a sus intereses. Puede ser que en todos estos casos existan justificaciones para reformar los sistemas judiciales ineficientes y obsoletos que suelen existir en nuestros países. Pero nada justifica atacar la independencia judicial: un sistema basado en jueces independientes y profesionales es esencial para la paz social, la eficiencia económica y el desarrollo integral de cualquier país.

 En efecto, un sistema de justicia eficiente e imparcial ayuda a reducir los conflictos y el malestar social al garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa y equitativa. Un poder judicial independiente también ayuda a prevenir los abusos de poder por parte del gobierno, que pueden conducir a la ruptura de la estabilidad social y política. Además, un sistema de justicia que funcione bien es esencial para el crecimiento económico, pues ayuda a promover la inversión y la confianza empresarial, pues es más probable que los inversores inviertan en países con un sistema legal fuerte y confiable. Un sistema de justicia eficiente también ayuda a resolver disputas comerciales de manera rápida y efectiva, reduciendo los costos de transacción y facilitando la actividad económica. Un sistema con jueces profesionales e independientes es la piedra angular del estado de derecho, que garantice que los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos rindan cuentas por sus acciones y que se protejan sus derechos y libertades. Esto, a su vez, crea un entorno de certeza jurídica en el que las personas pueden perseguir sus objetivos y aspiraciones, y donde la innovación y el espíritu empresarial pueden florecer.

 Para un país como Guatemala, donde el sistema de nombramiento de jueces y magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y del propio Tribunal Supremo Electoral) es muy frágil y proclive a caer bajo la influencia de los políticos que los nombran, es necesario cobrar conciencia de que un sistema de justicia basado en jueces independientes y profesionales es esencial para promover la estabilidad, reducir la corrupción y propiciar el crecimiento económico.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

PRODUCIR MÁS

 MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA REQUIERE DE UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

La política fiscal y la política monetaria sirven para influir sobre la demanda agregada de la economía (el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión), lograr que la producción nacional (el PIB) se acerque a su potencial y evitar la inflación y el desempleo. Pero el reto más importante para la economía es incrementar el PIB potencial, que es la fuente principal para mejorar los ingresos y el bienestar de la población. Si bien las variaciones en la demanda agregada pueden explicar las fluctuaciones del PIB a corto plazo, el crecimiento a largo plazo está determinado por el aumento sostenido en la oferta de bienes y servicios en la economía. La clave para aumentar el PIB potencial de un país radica en mejorar su productividad, es decir, aumentar la eficiencia con la que opera es sistema económico.

En general, el nivel de vida de un país depende de una amplia gama de elementos supra-económicos que incluyen la cultura, la calidad de la vida familiar, la ausencia de delincuencia, etcétera; pero desde el punto de vista económico lo que puede medirse es el bienestar material de la sociedad. Desde esa perspectiva estrecha, los avances en el nivel de vida de la población pueden medirse por la cantidad de bienes y servicios que la economía proporciona a cada uno de sus ciudadanos. La clave es lograr que los trabajadores puedan proporcionarse un flujo creciente de bienes y servicios; es decir, que cada trabajador pueda aumentar su producción y sus ingresos.

Por desgracia, la productividad laboral en Guatemala -es decir, la cantidad de producto que genera en promedio cada trabajador guatemalteco- no solo es de las más bajas del continente, sino que se ha mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Eso explica por qué los indicadores sociales del país se comparan desfavorablemente con relación a otros países de similares dimensiones económicas. Por eso es que -a pesar de sus debilidades y de las crecientes críticas de las que es objeto- el PIB y su crecimiento son variables clave a seguir: cada quetzal producido genera un quetzal de ingreso; y, cuando el producto generado en promedio por cada trabajador aumenta, también aumenta el ingreso promedio de los trabajadores.

Un ritmo saludable de crecimiento económico no solo aumenta los ingresos promedio, sino que también alivia enormemente la suerte de los pobres y de aquellos que, de lo contrario, podrían verse gravemente afectados por las fluctuaciones económicas. Cualquier sociedad en estos tiempos está marcada por el cambio, y ese cambio genera, inevitablemente, que una minoría de empresas, trabajadores y comunidades sufran a medida que los gustos y preferencias cambian y las tecnologías se transforman, tal vez dejándolos rezagados. Pero cuando el crecimiento de la productividad y de los ingresos es suficientemente rápido, la mayoría de tales "perdedores", después de un breve período de ajuste, terminan recuperando sus niveles previos de bienestar. Procurar el aumento de la producción y de la productividad no debe quedarse como una mera abstracción académica, sino que debe ocupar un lugar central como meta de las políticas públicas del país.

EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE

LA ECONOMÍA GUATEMALTECA PADECE UN TRASTORNO DISOCIATIVO DE IDENTIDAD

La semana pasada, la calificadora Fitch mejoró la nota de Guatemala, reconociendo la resiliencia y capacidad de recuperación de nuestra economía ante los shocks provocados por la pandemia. Es una buena noticia para el país ¡enhorabuena! Sin embargo, al leer cuidadosamente el reporte de Fitch se evidencia que la economía guatemalteca tiene dos caras, como si padeciera de una doble personalidad que recuerda el Extraño Caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. La célebre novela de R.L. Stevenson describe las infames consecuencias de padecer (por decisión propia) de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos identidades opuestas entre sí: Jekyll es un amable científico que, cuando bebe su pócima maligna, se convierte en Hyde, un salvaje capaz de las peores atrocidades.

El reporte de Fitch revela con claridad que la macroeconomía guatemalteca es una verdadera fortaleza… es, digamos, nuestro Dr. Jekyll. La mejora en la calificación de riesgo-país refleja la sólida recuperación de la producción del país y de sus cuentas fiscales. Esa resiliencia se ve apoyada por el creciente flujo de remesas familiares y por una política monetaria ortodoxa, dirigida por un banco central autónomo (esperemos que se mantenga así siempre) que no solo ha logrado mantener un nivel robusto de liquidez externa (reservas internacionales), sino que ha resistido relativamente bien las enormes presiones de la inflación mundial. Y, por si esto fuera poco, los déficits fiscales, aunque en aumento, aún son relativamente bajos y, por lo tanto, permiten que la deuda pública sea muy sostenible.

Pero está también, por desgracia, nuestro Sr. Hyde. Fitch subraya dos características de la personalidad más obscura de nuestra economía: por un lado, el crecimiento potencial del PIB no supera el 3.5% anual, que no solo es absolutamente insuficiente para mejorar los pobres indicadores sociales del país, sino que sus perspectivas de mejora son bajas debido a la pobre calidad del capital humano y de la infraestructura; por el otro, las probabilidades de que la calificación del país mejore se frustran por la cada vez más débil gobernanza, afectada por el deterioro en el control de la corrupción y en el imperio de la ley. La debilidad institucional de Guatemala es una pócima que envenena su desarrollo a largo plazo.

En la novela de Stevenson las dos personalidades conviven hasta que, fatalmente, una llega a dominar a la otra. Otras economías con doble personalidad -pensemos, por ejemplo, en Chile, Colombia o Perú- han sucumbido ante los hechizos de los populistas cuando su Hyde finalmente avasalla a su Jekyll. La lección principal de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que nunca es buena idea pretender negar partes de uno mismo. La novela sugiere que hay un lado oscuro en la personalidad de cada persona (como la hay de cada economía) que necesita ser aceptado y confrontado. Al tratar de negar y reprimir las partes más oscuras de sí mismo, el Dr. Jekyll desata una fuerza que no puede controlar. Esta es una lección -válida también a nivel de la economía - sobre la importancia de aceptar nuestras debilidades y luchar contra ellas desde nuestras fortalezas. El riesgo de no hacerlo es el de sucumbir ante los cantos de sirenas populistas.

Inflación, desaceleración y proteccionismo

 EL ENTORNO INTERNACIONAL PLANTEA SERIOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El próximo evento electoral no es el único desafío que enfrenta la economía guatemalteca en 2023. Este año, además, nos encontramos ante una economía internacional repleta de incertidumbres. La actividad económica y el empleo están sufriendo una rápida desaceleración a nivel global y, aunque el crecimiento de la producción aún es positivo, para millones de consumidores en el mundo la desaceleración se sentirá como una recesión debido a los precios altos y los consiguientes menores ingresos reales generados por la inflación generalizada. Todo ello exacerbado por un ambiente geopolítico tenso -cuando no abiertamente confrontativo- que separa a los países en bloques rivales y perjudica el libre flujo de bienes, servicios y capitales.

En Guatemala, la prioridad uno de la política económica a corto plazo debe ser el combate a la inflación. Si bien es cierto que, en su mayor parte, la inflación que aqueja a la economía guatemalteca es de origen importado, también lo es que este fenómeno insidioso ya está contagiándose hacia la inflación doméstica, lo cual ha requerido (y seguirá requiriendo) una respuesta proporcionada de la política monetaria mediante el endurecimiento de las condiciones financieras. Una segunda prioridad debe ser aplicar una política fiscal responsable. Esto es particularmente complicado en un año electoral, que suele invitar a aumentar el gasto gubernamental (que es exactamente lo contrario de lo que se necesita en un ambiente inflacionario). En particular, la política fiscal debería resistirse a la tentación de otorgar subsidios generalizados y sin control (como los que, precisamente, el Congreso ha estado aprobando para quedar bien con los consumidores de gasolina y gas propano). La política fiscal debería apoyar a la política monetaria en su intención de combatir la inflación.

Una tercera prioridad, quizá menos evidente pero no por ello menos importante, radica en la necesidad de resistir las presiones proteccionistas que hoy se esparcen por doquier. El libre flujo de comercio, de migrantes, de capitales, de tecnología y de conocimientos -que han sido las fuerzas más influyentes en el progreso de la humanidad durante siglos- están hoy amenazadas por las tensiones geopolíticas y un renacido nacional-populismo que se ha puesto de moda entre los políticos en muchos países. Las autoridades económicas del país deben preservar y defender las políticas de apertura y de libre intercambio con el resto del mundo, tanto a nivel de las políticas comerciales del país, como a nivel de los foros regionales y multilaterales para exigirle a los países avanzados que no permitan que el proteccionismo siga avanzando.

Aunque la globalización ha estado bajo ataque desde hace años, la historia demuestra que el libre flujo de bienes, servicios, personas, capitales e ideas es inequívocamente bueno para el desarrollo de los países. Además, ese libre flujo ha sido también importante como un antídoto contra espirales inflacionarias en el pasado; por ejemplo, las generadas por las hambrunas a mediados del siglo XIX o la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, se moderaron cuando se esparcieron nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de suministro y se amplió la oferta de bienes globalmente. Conviene tener aprendidas estas lecciones a lo largo de este desafiante 2023.

EL MITO DE LA FALTA DE RECURSOS

LA POCA INFRAESTRUCTURA SE DEBE MÁS A INEFICIENCIA INSTITUCIONAL QUE A LA FALTA DE FINANCIAMIENTO

Es bien sabido que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro país es el precario estado de su infraestructura física. Las calificadoras de riesgo-país nos recuerdan cada año que, a pesar de las fortalezas macroeconómicas, una de las debilidades que impiden que la calificación de Guatemala alcance el grado de inversión es su bajísima oferta de infraestructura, además de el bajo nivel ingresos per cápita y la debilidad de las instituciones (aspectos estos que, a su vez, se relacionan estrechamente con la falta de infraestructura). Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional indica que, debido a la mala infraestructura, en Guatemala la velocidad de circulación estimada en las carreteras es de las más bajas del mundo, lo que impone un enorme lastre a la competitividad del país.

Hasta hace pocos años era generalizada la creencia de que la falta de infraestructura se explicaba porque los recursos presupuestarios no alcanzaban para financiar la inversión pública. Ese mito, sin embargo, parece no sostenerse luego del precipitado aumento que el presupuesto estatal ha experimentado desde 2020. En ese año hubo una ampliación presupuestaria de Q20 mil millones, de los cuales solo se ejecutó poco más de la mitad: el resto pudo haberse destinado a infraestructura… pero no se hizo. En 2021 hubo nuevamente ampliaciones presupuestarias por Q13.4 mil millones. Y en 2022, otra vez, hubo ampliaciones presupuestarias por Q6.6 mil millones, de las cuales la mitad (teóricamente) se dirigieron a infraestructura.

En la práctica, la inversión física en infraestructura parece haber sido nula. El problema, evidentemente, no es de falta de recursos, sino de falta de capacidad de ejecución. Y esa incapacidad se debe a la extrema debilidad de las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos. Es cierto que reformar esas instituciones conlleva tiempo (que apremia) y -especialmente- voluntad política (que escasea). ¿Existe alguna solución a corto plazo? Sí, aunque tampoco es sencilla (pero sí factible).

Es muy posible que, debido a la lenta ejecución presupuestaria y a un flujo de ingresos tributarios mayor a lo previsto, el gobierno termine este año con varios millardos de quetzales “ahorrados” en su caja fiscal. En lugar de mal repartirlos a las municipalidades y consejos departamentales de desarrollo, bien podría pensarse en conformar un fondo destinado a infraestructura. Dicho fondo podría estructurarse en un fideicomiso específico y focalizado para ciertas obras de infraestructura, con una gobernanza y reglas de manejo que garanticen su uso transparente y efectivo. Con ello, podrían empezarse a construir obras estratégicas y, al mismo tiempo, servir de puente-piloto para transitar del actual sistema (disfuncional, opaco e ineficiente) a un nuevo sistema (funcional, transparente y eficiente) para la construcción de infraestructura pública en el país. Para luego, es tarde.

ECONOMÍA DE REMESAS

 DEPENDER EN DEMASÍA DE LAS REMESAS FAMILIARES ENTRAÑA RIESGOS

Como maná del cielo, el torrente de remesas familiares hacia Guatemala ha reconfigurado la economía, la arquitectura residencial y los patrones de consumo. El año pasado ingresó al país un flujo récord de remesas que rozó los US$15.2 millardos (eso es más que el total de exportaciones) y a junio de 2022 ya habían ingresado otros US$8.7 millardos. En los últimos años, las remesas familiares han representado más del 15 por ciento del PIB. Sabemos que el principal motor del PIB de Guatemala es el consumo de los hogares y que una gran parte de ese motor funciona con el combustible de las remesas, por lo que podemos afirmar que, en buena medida, nuestra economía es una economía de remesas.

Como en otros países (en Asia y África) que han vivido un fenómeno similar, las familias recipiendarias de remesas han podido elevar su nivel de bienestar material. Una encuesta -de hace cinco años, porque no hay más recientes- de la Organización Mundial de las Migraciones reveló que más de un millón y medio de hogares recibían remesas, beneficiando a más de seis millones de guatemaltecos. Casi la mitad de las remesas se destinó a comprar o ampliar la vivienda; más de la tercera parte se destinó a adquirir bienes de consumo (principalmente alimentos); y, el resto se destinó a adquirir insumos para negocios o a mejorar la salud y la educación de las familias. Existen estudios de otros países que muestran en particular que cuando las familias reciben remesas no solo mejora la calidad de su consumo, sino que también pueden aspirar a buscar trabajos mejor pagados y a que los niños dejen de trabajar, lo cual eleva su nivel educativo (especialmente de las niñas), siempre que la educación pública esté en capacidad de acogerlos adecuadamente.

Pero los resultados a largo plazo de una economía muy dependiente de las remesas no son tan claramente positivos. Los estudios al respecto no son concluyentes. Un flujo muy grande de remesas puede tener como contracara una escasez de mano de obra y un encarecimiento de costos de producción. O puede ocasionar -como ha ocurrido en Guatemala- una especie de “enfermedad holandesa” que aprecie el tipo de cambio y perjudique la competitividad del sector exportador. Pero el peligro más grande para una economía que depende demasiado del torrente de remesas, es que este, tarde o temprano, se seque súbitamente.

Para prepararnos para ese momento (inevitable, según la experiencia de otros países remesa-dependientes) es menester emprender las reformas de largo plazo (de fortalecimiento institucional y de mejora del clima de negocios) que la economía necesita para aumentar su productividad. Y, a corto plazo, las políticas públicas deben enfocarse en facilitar a los compatriotas que envían y reciben remesas una maximización de sus recursos. Esto pasa por mantener bajos los costos del envío de remesas, lo cual se logra procurando una abierta y sana competencia entre las empresas involucradas en las transferencias. Pero enviar las remesas es comparativamente más fácil que recibirlas: la bancarización de las familias recipiendarias y su acceso a tecnologías de comunicación debe ser una prioridad.

QUE FLUYAN LOS MIGRANTES

LOS BENEFICIOS DEL LIBRE FLUJO DE PERSONAS SON MUY SUPERIORES A SUS EVENTUALES COSTOS

La semana pasada, el gobierno estadounidense dejó sin efecto las disposiciones conocidas como “quédese en México” (de la era Trump) que requerían a un buen número de inmigrantes que esperaran en México el resultado de sus peticiones de asilo. Todo esto luego de meses de pugnas en las cortes al respecto de este y otros aspectos de la volátil e incierta política (anti) migratoria en ese país. Quizá el costo económico y humano de esa volatilidad e incertidumbre sería mucho menor si los políticos (de todo el mundo) comprendieran que, sopesando sus pros y contras, las migraciones son claramente beneficiosas para todos: para el país de origen, para el país de acogida y, por supuesto, para los propios migrantes.

La Historia y la razón demuestran que los argumentos morales, económicos y prácticos en favor del libre movimiento de personas entre países son poderosos. Moralmente, es inhumano ver a alguien tocar a tu puerta porque muere de hambre o está siendo perseguido, y no brindarle pan y refugio. En lo económico, porque a largo plazo la producción y el bienestar se incrementan cuanto más libres son los flujos de factores de producción. Y en lo práctico, porque las medidas anti inmigrantes suelen ser costosas, ineficaces y destructoras del tejido social.

La principal causa de la migración de centroamericanos hacia el Norte es económica: migrar es la ruta más efectiva para salir de la pobreza. Al impedir los flujos de migrantes, los gobiernos no solo están renunciando a ayudar a los pobres, sino que les están impidiendo ayudarse a sí mismos. Por desgracia, amplios sectores de votantes (no solo en los Estados Unidos, sino también en México y en la misma Centroamérica) tienen miedo de que el libre movimiento de personas pueda generar un desastre social o económico. Pero en realidad eso no solo es muy poco probable, sino que existen medidas que los gobiernos pueden adoptar para, por ejemplo, minimizar el costo fiscal -y maximizar el beneficio productivo- que pueden ocasionar los migrantes.

Es más, si el objetivo ideal -que sería permitir el libre flujo de personas entre países- resulta demasiado ambicioso políticamente, existen etapas intermedias que los gobiernos pueden procurar y que son menos dañinas que mantener a los migrantes retenidos en las fronteras. Por ejemplo, si el temor es que los migrantes se conviertan en una carga para el Estado, pueden aplicarse medidas para excluirlos explícitamente de los beneficios sociales o, incluso, pueden diseñarse impuestos específicos para los migrantes; o, si el temor es que no se integren socialmente por no hablar el idioma, se puede dar prioridad de entrada a los migrantes que ya sepan hablar el idioma del país de destino. Soluciones hay; lo importante es que los políticos y la opinión pública cobren conciencia de que los beneficios de permitir la libre migración son mucho mayores que sus costos. Ese tipo de soluciones son las que deberíamos pedirle a Estados Unidos respecto del trato a nuestros compatriotas migrantes. Pero también son las que nuestros gobiernos deberían aplicar de cara a los migrantes que quieran venir a nuestros países; predicar con el ejemplo, le llaman.