jueves, 11 de junio de 2015

Para Servir

Con esta columna me despedí como columnista de Siglo.21. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención durante estos ocho años

En junio de 2007, atendiendo la amable invitación de Siglo 21, empecé a escribir esta columna semanal. Hoy, con mucho sentimiento, debo despedirme de los lectores que durante ocho años me han honrado con su seguimiento. He tomado la decisión de participar como candidato a la vicepresidencia de la República en el próximo evento electoral, aceptando la invitación que me hiciera don Lizardo Sosa para ser su compañero de fórmula.
Esta decisión de incursionar en la política partidista no ha sido sencilla, pues implica renunciar a muchas cosas que componen mi vida cotidiana, tan queridas para mí como mis columnas de prensa, los fines de semana con mis hijos, mis trabajos de consultoría, o mi función de promotor de políticas públicas. Pero habiendo ponderado los riesgos y las posibilidades de emprender esta aventura, encuentro que existen varias razones de peso que me persuaden a emprenderla con ilusión.
El Estado guatemalteco está sumido en una profunda crisis que, en gran medida, es una crisis de valores. El sistema político ha naufragado en un mar de corrupción, dejando tras de sí una estela de frustración y un tufo de pesimismo en el sentir de la ciudadanía. En ese entorno es necesario que cada guatemalteco reflexione sobre el rol que le corresponde jugar para rescatar el quehacer público, orientándolo a la búsqueda del bien común.
La violencia, el hambre, la pobreza, el narcotráfico, el abuso y la corrupción son males presentes a los que nos hemos acostumbrado. La búsqueda de transformación de esas realidades es lo que está moviendo las manifestaciones espontáneas de indignación en las calles de las principales ciudades del país. Esa búsqueda es, pues, un llamado a la acción, un grito para abandonar la pasividad y la búsqueda egoísta de la comodidad personal.
Ha sido precisamente la búsqueda egoísta del bienestar material, instalado en el quehacer político, lo que ha provocado que personas sin vocación política se inserten en el servicio público, de modo que éste se ha pervertido por esa búsqueda maligna de la satisfacción de intereses particulares. Ante este panorama, no es correcto abstenerse de participar en la transformación de la política y mucho menos mantenerse pasivo.
Estoy consciente de que meterse en política –en esta política tercermundista que nos repele y agobia- entraña muchos riesgos. Pero también sé que el ser humano, el guatemalteco promedio, es un ser que aspira al bien, que busca el bien; por ello es válido volver a aspirar a los grandes ideales, como el de buscar el bien común a través del servicio público. El hombre sólo alcanza su plenitud y su libertad en la responsabilidad con el otro, en el servicio constante y sistemático hacia el otro. Si alguna ambición deben tener los políticos, esa es la de servir con celo y pasión a su sociedad. Lo mismo para los funcionarios públicos, burócratas, jueces, grupos de interés y todos los que tienen incidencia en la cosa pública. Tal es lo que diferencia a los hombres de Estado de los vividores de la política.
Y esta es otra de las razones de mi decisión: Lizardo Sosa es un hombre de Estado, a quien conozco desde hace muchos años y de quien estoy convencido que, dadas su integridad, conocimientos y capacidad, puede ser no sólo un candidato capaz de elevar el nivel de propuesta y debate en la contienda electoral, sino que también, con el favor de los electores, un excelente presidente de la República.
Participar en política es, además, un deber cristiano. El Papa Francisco ha dicho que es una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque sea "demasiado sucia", porque al estar en ese ámbito se puede trabajar por el bien común. Para el Papa, "el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política (…) que es una de las formas más altas de la caridad". Los políticos pueden realizar aportaciones decisivas a la reforma del Estado si son capaces de traducir en políticas públicas la doctrina y la experiencia del cristianismo.
Quiero agradecer a Siglo 21 por haber acogido mis columnas, cada semana, durante estos ocho años. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención y comentarios. Espero que cuando esta aventura que hoy emprendo llegue a su fin, podamos volver a encontrarnos en estas páginas y pueda presentarme ante ustedes con las tareas hechas.

sábado, 6 de junio de 2015

Reforma Institucional: Jueces Indepedientes

La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla

Para que la República y su gobierno cumplan con su propósito de organizar la convivencia ciudadana y el bien común, es indispensable que las leyes se cumplan y que se ejerza efectivamente el principio de separación de poderes. Es evidente que el correcto funcionamiento del Poder Judicial es fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contra pesos en el poder público. El imperio de la ley (que implica una justicia independiente) es fundamento de un sistema judicial que nos brinde seguridad, resuelva pacíficamente las disputas que surgen en la sociedad, y nos permita prosperar. La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla.
El clamor ciudadano que actualmente se expresa en contra de la corrupción y del sistema patrimonialista imperante demanda, ciertamente, una reforma del sistema judicial. Dicha reforma debe partir del principio, fundamental en una democracia, de que los jueces en lo individual, y el poder judicial en general, sean imparciales e independientes de cualquier presión externa e interna, de manera que el ciudadano común pueda tener la confianza de que sus casos serán decididos de manera justa y en apego a la ley. En el desempeño de su función, los jueces deben estar libres de cualquier influencia indebida, sin importar de dónde provenga: de presiones indebidas por el Ejecutivo o el Legislativo, por litigantes particulares, por grupos de presión y medios de comunicación, o por el interés del propio juez o de jueces de mayor jerarquía.
Es, por tanto, de vital importancia que cada juez sea capaz de decidir los casos únicamente con base en la evidencia presentada en el tribunal por las partes y de conformidad con la ley. Solamente los hechos y el derecho pertinentes deben constituir la base de los veredictos judiciales. Sólo así pueden los jueces cumplir con su responsabilidad constitucional de impartir justicia pronta, imparcial y cumplida.
El punto de inicio de cualquier reforma al sistema de justicia debe encontrarse en el principio de independencia judicial y este, a su vez, en un buen sistema de carrera de los jueces y magistrados. Para el efecto, debemos partir del artículo 209 de la Constitución, que instituye la carrera judicial y que establece que los ingresos, promociones y ascensos de dicho personal se deben hacer por medio de oposición. Es, pues, un mandato constitucional el de utilizar los concursos de oposición para todos aquellos que ingresen o pertenezcan a la carrera judicial. Esta carrera, regida por su ley específica, incluye tanto a magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de los demás tribunales colegiados), como a los jueces de instancia y de paz.
Por lo tanto, es necesario reformar las comisiones de postulación a fin de que explícitamente todos los aspirantes a una magistratura que formen parte de la carrera judicial deban haber completado satisfactoriamente el proceso de concurso por oposición que para el efecto convoque el Consejo de la Carrera Judicial. En el caso de los aspirantes que no forman parte de la carrera (que provienen de la práctica liberal de la profesión), estos deberán cumplir con la aprobación del perfil a que hace referencia la ley.
Eso sí, todos los aspirantes (sean o no parte de la carrera judicial) deben aprobar una estricta evaluación realizada por la Unidad de Capacitación Institucional; estas evaluaciones deben ser periódicas y sus resultado deben hacerse públicos. Además, el Consejo de la Carrera Judicial debe convocar a concursos por oposición no sólo para el ingreso a la carrera judicial, sino también para el proceso de elección de magistrados de magistrados a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y a los demás tribunales colegiados.
Estas mínimas reformas son un primer paso necesario para asegurar una elevación de las calidades profesionales de jueces y magistrados, a fin de fortalecer su independencia. Sólo el buen funcionamiento de las cortes y una eficaz administración de la justicia harán posible que el Estado cumpla con su obligación de preservar la paz y asegurar los derechos de los guatemaltecos, así como la correcta fiscalización y castigo de aquellos que quebrantan la ley, tanto en el ámbito privado como en el ejercicio de la función pública.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...