¿GOBERNABILIDAD… A CUALQUIER PRECIO?

Los acuerdos que entrañó la aprobación del Presupuesto 2026 podrían terminar saliendo muy caros

En algunos círculos políticos se afirma que la reciente aprobación del Presupuesto 2026 demuestra que el Gobierno “aseguró gobernabilidad”. El argumento es sencillo: el próximo año se celebrarán una serie de elecciones cruciales —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General, Contralor General, Rector de la USAC, Superintendente de Bancos y Presidente del Banco de Guatemala— y el Ejecutivo necesita mantener una relación funcional con un Congreso atomizado. Para ello, dicen, había que “aceitar” la maquinaria. Pero la pregunta de fondo es otra, más incómoda: ¿a qué costo se está comprando esa gobernabilidad? ¿El fin justifica los medios?

La pieza clave para construir la mayoría legislativa fue asignar un monto extraordinario a los Consejos de Desarrollo. No es una práctica nueva: distintos gobiernos han utilizado históricamente el presupuesto para comprar voluntades congresionales. Pero el fenómeno se ha exacerbado. Cada año se destinan más recursos a un sistema que todos saben que no está diseñado —ni capacitado— para ejecutar inversiones públicas de manera transparente, eficiente y alineada con objetivos de Estado.

Que los Consejos de Desarrollo reciban más de Q16 millardos en 2026 debería encender todas las alarmas. Numerosos análisis independientes coinciden: su opacidad es estructural; su diseño favorece la discrecionalidad; sus procesos son vulnerables a corrupción o, en el escenario “optimista”, a obras de bajísima calidad. Incluso si —siendo benevolentes— asumimos que nadie se roba nada, lo más probable es que una porción enorme de esos recursos se desperdicie en gasto de baja calidad.

Es un precio demasiado alto a paga a cambio de una gobernabilidad incierta. Porque, además, nada garantiza que los compromisos políticos adquiridos ahora se cumplan mañana. La dinámica del Congreso guatemalteco es famosa por su volatilidad: quienes votan hoy a favor pueden votar mañana en contra. Existe un riesgo real de que terminemos “sin la mica y sin la montera”: sin la estabilidad prometida y sin inversión pública de calidad.

No se trata de negar la importancia de la estabilidad política. Un país sin gobernabilidad no avanza. Pero confundir gobernabilidad con clientelismo fiscal es un error que erosiona instituciones, incentiva el chantaje anual y crea un precedente peligroso: cada Presupuesto se vuelve una subasta creciente de favores, con costos que recaen sobre los contribuyentes y las generaciones futuras.

Con recursos de esta magnitud, el país podría financiar mecanismos modernos y transparentes de inversión pública: fondos específicos para infraestructura estratégica, nutrición, electrificación rural y proyectos con alto retorno social. Alternativas existen; faltan voluntad y visión. La disyuntiva no es entre gobernabilidad o austeridad. Es entre estabilidad sostenible —la que se construye fortaleciendo instituciones— y la estabilidad precaria que depende de comprar voluntades políticas. Esta última es pan para hoy y hambre para mañana.

La apuesta actual, por bien intencionada que sea, abre la puerta a un ciclo de dependencia y extorsión legislativa. Si cada año hay que pagar más para asegurar lo mínimo, el sistema entero se degrada. En vez de institucionalizar la gobernabilidad, se institucionaliza el precio de la gobernabilidad. Guatemala necesita estabilidad, sí. Pero no una estabilidad hipotecada en Q16 millardos de mala inversión. Los medios importan. Y, a veces, el costo de “comprar gobernabilidad” es tan alto que el país termina perdiendo precisamente aquello que pretendía asegurar.

CUANDO EL CRIMEN CAPTURA EL FUTURO

El crimen organizado corroe la economía, captura al Estado y debilita la democracia

El crimen organizado no es ya solo un problema de seguridad, sino que se ha convertido en una amenaza sistémica para el desarrollo económico, la institucionalidad democrática y la convivencia social en Guatemala. Las evidencias son alarmantes. Las organizaciones criminales han extendido su control territorial en regiones sin presencia estatal efectiva, han penetrado redes de financiamiento electoral y han tejido nexos con estructuras políticas que les garantizan impunidad. Tal y como lo vienen advirtiendo diversos analistas y entidades especializadas en la materia, Guatemala corre el riesgo de seguir el camino de otros países latinoamericanos donde las redes criminales se consolidan al amparo de un Estado debilitado, una sociedad fragmentada y una economía capturada. Esta no es una amenaza abstracta: ya estamos viendo abundantes casos de políticos bajo investigación por vínculos con narcotráfico, regiones enteras del país bajo dominio criminal, y un sistema judicial que ha perdido capacidad de respuesta.

La urgencia de actuar es enorme, como lo evidencia un reciente estudio del Banco Mundial (Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe), en el que se estima que el crimen y la violencia pueden costarle a un país hasta 8% de su PIB. La inversión se retrae, los negocios se encarecen por extorsiones y sobornos, y los costos de seguridad privada desplazan recursos productivos. Además, el crimen debilita la legitimidad de las instituciones: socava la confianza en la justicia, favorece la justicia por mano propia y erosiona el Estado de derecho. Pero el impacto más corrosivo del crimen organizado es político: infiltra partidos, financia campañas, captura gobiernos locales y distorsiona las prioridades del Estado. La debilidad institucional —reflejada en una justicia ineficiente, una policía desbordada y un sistema político disfuncional— facilita esa captura. Por eso, la lucha contra el crimen no puede limitarse al ámbito policial: requiere una estrategia nacional de reconstrucción institucional.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad

¿Qué hacer? Los expertos sugieren, primero, reformar profundamente el sistema de justicia: mejorar la investigación criminal, garantizar independencia judicial y modernizar la gestión de los casos. Segundo, profesionalizar y depurar las fuerzas de seguridad, apostando por modelos de policía comunitaria y prevención basada en evidencia. Tercero, impulsar políticas activas de empleo e inversión en territorios capturados por el crimen, para recuperar el control del Estado. Sin embargo, para un país como Guatemala la estrategia clave está en el ámbito político: sin reformas al sistema de partidos y al financiamiento electoral, la puerta seguirá abierta para que las mafias sigan capturando el poder. Guatemala necesita unas reglas electorales que garanticen más participación y representatividad ciudadana, una fiscalización efectiva y un tribunal electoral independiente y competente.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad. No podemos seguir actuando “como si todo estuviera normal”. Las mafias no solo trafican drogas o personas: trafican influencias, cooptan instituciones y paralizan la acción del Estado. La historia muestra que la impunidad no se vence con discursos, sino con acción coordinada. El crimen organizado no será derrotado solo por fiscales y policías: será derrotado cuando la ciudadanía y sus líderes (academia, empresarios, partidos y medios) exija y construya instituciones que funcionen. Esta batalla crucial por el futuro de Guatemala debe empezar ahora.