TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.

CORRUPCIÓN, DE NUEVO

NO SE COMBATE CON BIENINTENCIONADOS ESFUERZOS AISLADOS, SINO CON UNA INSTITUCIONALIDAD FUERTE Y EFECTIVA

En el más reciente Índice de Percepción de Corrupción, la mayoría de países obtiene muy malas calificaciones. El índice, que califica de 0 a 100 puntos, mide los niveles percibidos de soborno en el sector público mediante el acopio de encuestas independientes de todo el mundo. Guatemala obtuvo una puntuación de 25 sobre 100, quedando en el puesto 150 de 180 países, habiendo declinado 8 puntos en los últimos 10 años, y bajado una casilla en comparación con el año previo.

Los países ricos tienden a tener menos corrupción, lo cual es lógico si se comprende que la corrupción y la pobreza se refuerzan mutuamente: el uso de cargos públicos para beneficio privado es una práctica que favorece a unos pocos al tiempo que impone costos a grandes sectores de la sociedad. Existen, además, numerosos estudios que demuestran la perversa correlación que existe mayores niveles de corrupción y menores niveles de desarrollo humano. El cáncer de la corrupción es tan perverso que puede provocar el colapso mismo del Estado -tal como recientemente ha sucedido en Afganistán o en Líbano-.

Pero, siendo un fenómeno complejo y fultifacético, la corrupción no se puede combatir con buenas intenciones ni con esfuerzos aislados. No es cierto lo que afirma el Presidente de México -y que mucha gente cree- que los pueblos son intrínsecamente honestos y que la corrupción ocurre “desde arriba, no de abajo hacia arriba”. Es doloroso reconocer que nuestras sociedades -la mexicana, pero también la guatemalteca- son muy permisivas hacia la corrupción (“es normal”, dijo un nuestro ex Presidente). Por eso AMLO prefiere soluciones basadas en medidas discrecionales y en sus propios actos heroicos, en vez de basarse en reglas e instituciones fuertes.

Tampoco es eficiente combatir la corrupción, como lo intentó en años recientes la CICIG en Guatemala, a pura persecución penal. Eso fue como querer combatir un cáncer extirpando los tumores a machetazos. Esos enfoques que no se basan en una institucionalidad fuerte equivalen, como dijo Denise Dresser, a encender fuegos artificiales para proporcionar iluminación en lugar de construir una red eléctrica.

Combatir la corrupción se trata, en efecto, de un esfuerzo nacional para construir un sistema institucionalizado, con un enfoque preventivo, para la fiscalización y control de los recursos públicos. Esto conlleva implementar mecanismos transparentes y eficaces para las compras, un marco adecuado de probidad de los funcionarios (incluyendo declaraciones de conflictos de interés), una red coordinada de Unidades de Aditoría Interna en todas las dependencias gubernamentales y, ante todo, una Contraloría de Cuentas proba, eficaz y bien gobernada para fiscalizar el gasto público, además de jueces y fiscales probos e independientes para cuando los casos, por excepción, trasciendan al ámbito penal. Solo así, por medio de una institucionalidad fuerte, será posible generar el cambio cultural necesario para sacarnos permanentemente del fondo de la lista de los países con mayor percepción de corrupción.

Cómo Exportar Más (y Mejor)

INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN, APERTURA COMERCIAL Y GOBERNANZA SON LOS FACTORES CLAVE

La semana pasada algunos lectores de esta columna expresaron cierta sorpresa por el hecho de que el crecimiento económico de Guatemala se basa en un modelo centrado en el consumo y no en uno basado en las exportaciones. Las economías basadas en las exportaciones lo son porque, o bien descansan en uno o dos bienes primarios -minerales o commodities agrícolas-, o bien en una base exportadora diversificada y sofisticada. En ausencia de un commodity dominante, ¿qué le falta a nuestro país para poder fortalecer su base exportadora?

Para los países en desarrollo es fundamental integrarse al mundo con un comercio más multifacético, pues este está asociado a una producción nacional menos volátil y un crecimiento más rápido a largo plazo. Una investigación reciente del FMI, basada en la experiencia de 201 países, encontró que ciertas políticas públicas -como la buena gobernanza y la educación- ayudan a fomentar, eficientar y diversificar las exportaciones más que las políticas industriales.

Esto es significativo porque desafía la creencia de que las políticas industriales -destinadas a favorecer con incentivos y ayudas a ciertas industrias específicas- ofrecían un atajo para ampliar las exportaciones. A la larga, las medidas de política industrial pueden ser menos efectivas o incluso dañinas, al afectar la capacidad fiscal del país y erosionar el potencial del multilateralismo comercial, amén de que no existe evidencia estadística de su efectividad en un número significativo de países. En cambio, las estrategias basadas en políticas más amplias son menos controversiales y apoyan más la diversificación y la sofisticación de las exportaciones.

El estudio del FMI muestra un vínculo claro de unas exportaciones más diversificadas y complejas con cuatro factores de la economía que ayudan a respaldarlas. El primero es una política de apertura comercial que reduzca las barreras al intercambio de bienes y servicios y facilite el comercio exterior. El segundo es una eficiente infraestructura física acorte la distancia geográfica y mejore la conectividad entre los países, incluyendo una mejor logística de transporte -vial y portuaria- para acortar efectivamente la distancia reduciendo los tiempos de tránsito de las mercancías, complementada con mayor inversión en tecnologías de la comunicación -como la banda ancha- que apoyan la economía digital. El tercero es un mejor nivel educativo de la población y, con él, una mayor capacidad productiva de los trabajadores que potencie su adaptabilidad a las nuevas realidades tecnológicas y mejore su productividad (y, con ella, su nivel de vida). Y el cuarto es la gobernanza del aparato estatal para brindar las reglas claras, la certeza jurídica y la eficiencia tramitológica que requiere un sector exportador pujante.

Mejorar esas áreas pasa por reformar y fortalecer las instituciones básicas del Estado (sistemas de infraestructura, educación, seguridad y justicia). Sin tales reformas será imposible crear las condiciones necesarias para impulsar unas exportaciones más complejas y de mayor valor agregado.

¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?

MÁS QUE EL “MODELO DE DESARROLLO”, LO QUE IMPORTA SON LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES Y DE GOBERNANZA

Las “economías en vías de desarrollo” o “emergentes” son muy disímiles unas de otras. Las definiciones existentes para categorizar estos países, basadas principalmente en el nivel de ingreso per cápita, no reflejan esas complejas diferencias: Guatemala está, según el Banco Mundial, en la misma categoría -de ingresos medios- que economías tan diferentes a la nuestra como las de Moldavia o Jamaica. Ante ello ha surgido recientemente un enfoque que busca clasificar las economías emergentes en tres categorías, en función del modelo de desarrollo que adoptan.

La primera incluye a las economías enfocadas principalmente a la exportación de manufacturas y -eventualmente- productos tecnológicos, tal el caso de los Tigres Asiáticos y, también ahora, de otros países como Bangladesh y Vietnam. Una segunda categoría incluiría aquellas economías que descansan principalmente en los servicios como base de su crecimiento: por ejemplo, India, Indonesia y Kenia. Y un tercer grupo incluiría las economías que crecen principalmente con base en sus exportaciones de productos primarios: Rusia, Chile y Sudáfrica caen en esta categoría.

Guatemala encaja muy fácilmente en la segunda categoría. No podría pertenecer a la tercera categoría porque las exportaciones de productos primarios representan menos de la cuarta parte del total exportado por el país. De hecho, nuestras exportaciones pesan muy poco en proporción al tamaño de la economía (menos de la quinta parte del PIB) como para poder calificar como una economía exportadora. El principal motor de nuestro crecimiento es el consumo de los hogares (85 por ciento del PIB), alimentado en gran medida con el abundante combustible de las remesas familiares que envían nuestros compatriotas desde el exterior. Nuestra economía está basada, claramente, en el sector terciario (comercio y servicios) que representa alrededor del 68 por ciento del PIB.

¿Es malo este modelo de crecimiento basado en los servicios? No necesariamente. En cada una de las tres categorías pueden encontrase casos de países que han crecido rápidamente y se han desarrollado exitosamente. Eso sí, en la primera categoría suelen haber más casos de éxito, y por eso es que en la opinión pública parece prevalecer la noción de que ese es el modelo a imitar; sin embargo, muchos países subdesarrollados han tenido durante mucho tiempo la esperanza de impulsar las exportaciones para acelerar su crecimiento, pero se han visto frustrados por una mala formulación y una pobre ejecución de sus políticas económicas. De aquí que una lección a extraer es que el tipo de “modelo” de crecimiento que se adopte es menos importante que la adecuada aplicación de las políticas correctas para impulsarlo, y para ello -según lo demuestran los casos de éxito- es indispensable contar con el ambiente adecuado de certeza jurídica, paz social, políticas de largo plazo e instituciones sólidas que garanticen la provisión de servicios públicos esenciales (justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura básicas). Esa es la (elusiva) clave del éxito.

Colapso en Cámara Lenta

MÁS QUE DINERO ADICIONAL, LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA NECESITA UNA PROFUNDA REFORMA INSTITUCIONAL

Recientemente Guatemala cayó al puesto 132 (entre 141 países) en el índice que mide la calidad de sus carreteras, evidenciando el colapso en cámara lenta que, desde hace años, está sufriendo el sistema de infraestructura pública y que lo está convirtiendo en uno de los obstáculos más graves que impide el crecimiento económico del país. Las carreteras que no existen y debieron construirse hace mucho tiempo, y las que se han construido pero colapsan a los pocos meses, imponen una carga pesada de ineficiencia productiva y subdesarrollo económico.

Este deterioro ha sido sostenido: en 1997 el gobierno destinabas un 34.5 por ciento de su presupuesto a obras de infraestructura; en contraste, el porcentaje correspondiente en el proyecto de presupuesto para 2022 es apenas de 17.6; es decir, que la proporción del gasto público que se destina a inversión es hoy la mitad que hace veinticinco años. Pero el problema no es solo de la cantidad de recursos que se destinan a infraestructura, sino del deficiente, opaco y disfuncional sistema de inversión pública en el país. No se trata de echar más dinero en una caja negra que simplemente no funciona, pues hacerlo seguiría dando como resultado una infraestructura cara y de mala calidad con beneficios limitados para las personas y la economía, especialmente porque se trata de proyectos que son grandes, de largo plazo y complejos, que configuran un terreno fértil para la corrupción, la ineficiencia y los sobrecostos.

Lo que en realidad se necesita es una sólida gobernanza de la infraestructura pública para reducir todo ese desperdicio: el gobierno debe gastar el dinero de los contribuyentes sabiamente en los proyectos correctos, para lo cual se necesitan, por encima de todo, instituciones y marcos sólidos para planificar, asignar e implementar una infraestructura pública de calidad. Una institucionalidad sólida es indispensable para controlar la corrupción en los proyectos de infraestructura, para mitigar y gestionar los riesgos fiscales asociados, para integrar la planificación y la presupuestación, y para adoptar prácticas sólidas en todo el ciclo de inversión pública, incluyendo las etapas de evaluación y selección de proyectos.

Por desgracia, la reforma institucional del sistema de infraestructura pública tiene poca viabilidad política, pues un sistema con sólida gobernanza significaría el final de los negocios turbios que sustentan el modo de vida de muchos de los involucrados. Pero, aunque se trata de una reforma difícil, no es imposible. Existen casos exitosos (como Chile y Corea del Sur) que lograron desarrollar sistemas de infraestructura con una gobernanza efectiva y transparente. El colapso en cámara lenta de nuestra infraestructura vial nos va a llevar, tarde o temprano, a plantearnos como país la ingente necesidad de reformas el sistema sabiendo que, si se hace correctamente, la inversión pública puede convertirse en la clave para impulsar un crecimiento económico más sostenido, mejorar la vida de los guatemaltecos, conectar mercados y mejorar la resiliencia del país ante desastres naturales y pandemias futuras.