HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO
SÍ, ES CONVENIENTE READECUAR EL PRESUPUESTO 2024.
Existen al menos dos razones que justifican la necesidad de que el Congreso
apruebe una readecuación del Presupuesto del Estado para 2024 -razones que, no
está de más subrayar, se conocían desde antes de la toma de posesión del actual
gobierno, que pudo haber solicitado tal readecuación desde hace varios meses-.
La primera es que, como se recordará, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2024 que fue aprobado por el Congreso en noviembre pasado, quedó sin efecto en
diciembre por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad por lo que, en su
lugar, vuelve a regir el presupuesto que estaba vigente al término de 2023.
Ello exige adaptar un presupuesto que no responde a la realidad del año actual,
por lo que es necesario readecuarlo para que el gobierno pueda cumplir con los
pagos que, ya sea por mandato legal o para suplir los servicios públicos
esenciales, está obligado a realizar.
La segunda razón es que en el presupuesto de ingresos
vigente tiene cifras que corresponden a lo presupuestado para 2023, las cuales
son muy inferiores (por más de Q13 millardos) a lo que realmente se tiene
previsto recaudar de impuestos en 2024. Si se quieren utilizar esos ingresos
adicionales que se tendrán este año, es necesario incluirlos explícitamente en
el presupuesto, para lo cual se necesita de la aprobación del Congreso.
PERO, LA APROBACIÓN NO VA A SER FÁCIL. A punto de que
empiece su discusión en el Pleno del Congreso, la petición del Ejecutivo de que
se apruebe una readecuación y ampliación al presupuesto ya ha producido
múltiples reacciones de escepticismo y de crítica (dentro y fuera del
Hemiciclo) a la iniciativa oficialista que, dada la peculiar conformación de
fuerzas políticas en el Legislativo, hacen pensar que el proceso de aprobación podría
resultar complejo y desgastante.
Baja ejecución. La principal crítica que se escucha
es que, hasta ahora, el gobierno presenta un muy bajo porcentaje de ejecución
del presupuesto, por lo que resulta cuestionable si será capaz de ejecutar en
el último semestre del año lo que no ha podido en el primero. La verdad es que,
aunque ciertamente bajo (especialmente en ministerios como el de Comunicaciones,
el de Ambiente o el de Energía), el porcentaje de ejecución en 2024 no es muy
distinto al de cualquier primer año de gobierno en el pasado reciente (a todo
nuevo gobierno le cuesta aprender a gastar).
Eso sí, en los primeros cuatro meses del año el gobierno
siempre gastó menos de lo que percibió de ingresos, por lo que ha acumulado un
superávit de más de Q6 millardos que están listos en caja para gastarlos en el
resto del año, adicionales a los Q14 millardos que ha solicitado como
ampliación, cifras que, dados los antecedentes, hacen dudar que puedan ser
gastados en su totalidad durante el segundo semestre del año.
Destinos cuestionados. Otras críticas que se hacen a
la iniciativa de ampliación presupuestaria ponen en duda la idoneidad de algunos
gastos, como la ampliación al Ministerio de Educación por más de Q1,300
millones, que en gran medida se destinarían a pagar los beneficios del polémico
pacto colectivo (que se está negociando secretamente entre el sindicato magisterial
y las autoridades), o la ampliación por Q350 millones para el también controversial
Programa de Salud Escolar.
Notorias son las críticas a las ampliaciones propuestas para
los Consejos de Desarrollo (por más de Q2,000 millones) y las municipalidades
(por más de Q1,600 millones), entes ampliamente cuestionados por su opacidad e
ineficiencia en el gasto. Cabe comentar que dichas ampliaciones son inevitables
porque están amarradas (por ley) a la ampliación en el presupuesto de ingresos
(por la mayor recaudación esperada).
Algunos también señalan la contradicción de otorgarle generosas
partidas presupuestarias a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de
Constitucionalidad, al TSE (aunque no haya elecciones este año), a disfuncional
sistema deportivo (federaciones y comités), a la Universidad de San Carlos y al
mismísimo Ministerio Público, entes con quienes el gobierno ha tenido diferencias
políticas, pero a quienes por mandato legal debe asignarles parte de la mejora
esperada en los ingresos tributarios.
No es de vida o muerte. Otro argumento de quienes no
están convencidos de la ampliación presupuestaria es más pragmático, en el
sentido de que, si bien es cierto que los ingresos tributarios serán sustancialmente
mayores de lo que indica el presupuesto vigente, también lo es que esos ingresos
no se perderán en caso de no aprobarse la ampliación solicitada, porque se acumularían
en la caja fiscal, pudiendo ser asignados para el ejercicio fiscal del próximo
año. De tal manera que lo que se necesita, afirman, no es una ampliación (al
menos no de la magnitud solicitada) sino una readecuación que explicite los
rubros de ahorro que podrían obtenerse del combate a la corrupción y que defina
las prioridades del gobierno en materia de gasto, es decir, aquellas partidas
que tracen la ruta del legado histórico que el gobierno quisiera dejar en el
resto de su mandato.
SI SE METE BASURA, SALE BASURA. El concepto de “GIGO”
(garbage in – garbage out) se desarrolló inicialmente en las ciencias de
la computación y las matemáticas, se refiere a que la calidad del producto de
un sistema está determinada por la calidad de los insumos con que se alimente. Los
sistemas simplemente procesan lo que se les da, y eso sucede en nuestro sistema
de gasto público: el hecho solo de ingresar más dinero al sistema no garantiza
que habrá mejores resultados en materia de calidad y eficiencia.
De hecho, según las encuestas, la razón principal por la que
el electorado eligió al Presidente Arévalo fue por el hartazgo ciudadano con
respecto a la corrupción y a la incapacidad del Estado de proveer los servicios
públicos esenciales. Aunque algunos ingenuos puedan creer que solamente basta con
poner gente proba a administrar la cosa pública para resolver mágicamente los
problemas, la realidad es que el aparato estatal está tan contaminado de corrupción
e ineficiencia, que las buenas intenciones resultan claramente insuficientes
para revertir la situación.
Para justificar cualquier ampliación presupuestaria deben
incluirse los controles técnicos que eviten que los recursos de la ampliación
se destinen a obras o proyectos cuestionables, opacos o que se presten a malas
prácticas. Por ejemplo, las transferencias a entidades públicas, como
municipalidades o consejos de desarrollo, deben ser objeto de seguimiento y
fiscalización especiales, debiendo velar porque, sin excepción alguna, se
cumplan con su obligación de reportar sus cuentas mediante los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas que se tienen a disposición (SIAF,
SIAF-SAG, SIAF-MUNI, SICOIN, GUATENÓMINAS).
Otros controles que deberían incorporarse al presupuesto tienen
que ver con regular la suscripción de pactos colectivos de condiciones de
trabajo en las entidades públicas y velar porque dichos pactos tengan las
fuentes de financiamiento para cubrir esos gastos. Sería importante también obligar
a implementar un sistema orientado a mantener, en tiempo real, una
actualización del número de empleados públicos. Asimismo, sería conveniente evaluar
la conveniencia de continuar destinando recursos públicos a ONGs para que
presten un servicio que, en principio, le corresponde prestar al Estado y, de
considerarse necesaria la prestación de tales servicios por parte de dichas
organizaciones, velar porque estos se adquieran en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado.
ENTONCES, ¡PENSEMOS EN HACER COSAS CHINGONAS! Quizá estemos
ante una oportunidad única en la historia fiscal reciente del país: tenemos,
por un lado, un gobierno nuevo cuya mejor baza para mantener el respaldo ciudadano
es su compromiso con la transparencia en el gasto público y, por otro, la
ocasión excepcional de contar con abundantes ingresos tributarios, muy
superiores a lo originalmente presupuestado. En vez de estar pensando en verter
todos esos recursos extra al barril sin fondo del ineficiente y corrompido
aparato estatal, valdría la pena atreverse a pensar en canalizarlos hacia
destinos específicos mediante vehículos de propósito especial para su ejecución.
Algunos ejemplos:
Un fondo específico para el combate de la desnutrición.
No existe otro problema más apremiante y vergonzoso para Guatemala que el de la
desnutrición crónica infantil. Destinar unos Q5
millardos del presupuesto estatal para la creación de un fondo específico para
el combate a la desnutrición debería ser una obviedad como propuesta de
cualquier partido político, independientemente de su signo ideológico. La ley del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya plantea un marco
para ordenar las acciones estatales en este campo y tocaría al Congreso y al Gobierno
diseñar un mecanismo transparente y efectivo para la ejecución de un fondo en
dicho marco vigente.
Un fondo específico para infraestructura vial. El
colapso en cámara lenta de la infraestructura vial del país -y de la
institucionalidad que la gestiona- es evidente y amenaza a mediano plazo con dañar
permanentemente las capacidades productivas del aparato económico nacional. Destinar otros Q5 millardos del presupuesto estatal para
la creación de un fondo específico para la ejecución de obras de infraestructura
vial estratégicas y de gran calado tampoco debería ser políticamente
controversial, siempre y cuando dicho fondo se estructure con una gobernanza eficaz
que, al mismo tiempo de ser ágil y efectiva, sea también transparente y a
prueba de corrupción
Un fondo específico para generación y transmisión de
energía. La creciente demanda de energía eléctrica en Guatemala ha crecido a
mucha mayor velocidad que la capacidad de generación y transmisión, mientras
que los procesos de licitación de nuevas unidades se han quedado rezagados por
razones burocráticas. Destinar otros Q1,000 millones del presupuesto estatal
para un fondo específico que financie proyectos de pre-inversión y apoye la ampliación
de las unidades existentes podría ser un paso en la dirección correcta para conjurar
los peligros existentes de un déficit de suministro eléctrico en el país.
Etcétera. En la misma línea, puede pensarse en un
fondo (bien diseñado, eficiente y transparente) para infraestructura portuaria,
o para rescatar los aeropuertos o, incluso, para reestructurar los programas
sociales del gobierno como, por ejemplo, los que están a cargo del MIDES y que,
hasta ahora, solo han servido para el despilfarro y la corrupción.
Quizá este sea un buen momento para atreverse, con prudencia fiscal, a hacer “cosas
chingonas”, como dijo hace un par de años el canciller mexicano Marcelo Ebrard en
un foro latinoamericano (sí, también lo dijo el Chicharito, pero se le escuchó
más elegante al funcionario). El canalizar los recursos financieros extraordinarios
con que el gobierno cuenta hacia destinos específicos orientados al desarrollo
de largo plazo, sacándolos del incompetente aparato tradicional del gasto
público y blindándolos mediante mecanismos de ejecución eficientes y
transparentes aprobados por el Congreso, puede ser muy beneficioso para el
país.
Pudo haberse hecho en la
pandemia, pero no se quiso. Si el Ejecutivo y el Legislativo lograran ahora ponerse
de acuerdo en una visión como la planteada, podría lograrse que los limitados
recursos del Estado estén priorizados y mejor focalizados, blindados de la
corrupción y el derroche, utilizados más transparentemente, convertirse en obras
con un legado perdurable, coadyuvar a la gobernabilidad y la paz social y,
además, servir para ganar tiempo en tanto se hacen las reformas institucionales
que el Estado necesita para que la buena provisión de servicios públicos
esenciales no dependa de la buena voluntad de los funcionarios, sino de la
eficiencia de las instituciones.
