miércoles, 28 de agosto de 2013

Paráfrasis de un Sueño

El 28 de agosto de 1963 se pronunció una de las alocuciones más célebres de la historia contemporánea. Me aventuro a elucubrar qué habría dicho Martin Lugher King si, en vez de ser el líder espiritual de la minoría afroamericana de Estados Unidos ese año, fuese el líder de un grupo víctima de la exclusión en la Guatemala actual. A sus 50 años, el discurso del reverendo King aún puede inspirar sentimientos de esperanza y de conciliación social... incluso entre nosotros 
En 1985, inspirados por el clamor ciudadano de vivir en una democracia y de poner fin al enfrentamiento fratricida, los representantes electos por el pueblo plasmaron en la Constitución de la República que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos; que deben tener iguales oportunidades y responsabilidades; que el estado, cuyo fin supremo es la realización del bien común, debe proteger a la persona y a la familia; y, que los guatemaltecos deben guardar una conducta fraternal entre sí.
Pero casi un cuarto de siglo después, debemos enfrentar el hecho trágico de que la igualdad de oportunidades es un espejismo lejano, que el estado no brinda protección a sus ciudadanos ni procura el bien común, y que la desconfianza y el recelo mutuos –contrarios a la conducta fraternal- definen las relaciones entre los guatemaltecos. Las promesas de la Constitución son el pagaré de una deuda que el pueblo ansía cobrar sin más demoras.
Los injustificables niveles de desnutrición infantil, la falta de oportunidades de empleo, la debilidad de nuestras instituciones políticas, de seguridad y de justicia, y la escandalosa corrupción en el manejo de la cosa pública, son todos factores que deprimen las posibilidades de un futuro mejor y que amenazan con perpetuar la sensación de frustración y desesperanza que invade hoy a los guatemaltecos.
No, no podemos estar satisfechos hasta que estas realidades dolorosas cambien. Pero tampoco podemos dejarnos vencer por el pesimismo: los guatemaltecos somos veteranos de la angustia creativa y nos hemos sobrepuesto muchas veces (sobre crisis, terremotos, dictadores y desastres), trabajando con la fe puesta en el poder redentor del sufrimiento inmerecido. Y con base en esa experiencia debemos ser capaces de creer que la situación actual puede cambiar y, sin dejar de ser realistas, soñar esperanzados en una Guatemala mejor.
Podemos soñar que un día el estado cumplirá su misión constitucional  de “garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Soñar que un día en los verdes llanos de Urbina, cerca de Xelajú, los hijos de los guerreros quichés y los hijos de los soldados castellanos y de sus aliados nahuas serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.
Podemos soñar que un día todos los territorios del país, incluyendo rincones como Camotán y Jocotán, hundidos hoy en un oprobioso abandono y en una hambruna inexcusable, se transformarán en oasis de justicia, abundancia y bienestar. Soñar que nuestros hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el dinero que posean, sino por el contenido de su carácter, por su honradez, su intelecto y su bondad. Soñar que un día el ser corrupto, ladrón o ventajista no será una aspiración política ni una causa de vanagloria, sino un motivo de vergüenza familiar, de escarnio público y de proceso penal.
Podemos soñar. Debemos soñar. Soñar como el profeta (Isaías 40, 4-5) para “que se eleven todos los valles, y las montañas y colinas se abajen; que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria de Dios y la verán juntos todos los hombres”. Esa es nuestra esperanza, que refleja el profundo anhelo de los guatemaltecos de vivir en libertad, igualdad y fraternidad; anhelo que surge de esta tierra anegada en una  sangre que no cesa de manar, dividida aún por la desconfianza, la descalificación, la exclusión y la discriminación mutuas. El día que ese anhelo se cumpla, ese día podremos cantar, sin sentir vergüenza, el hermoso himno de Alcántara: “Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del Centro puso Dios; es su suelo paraíso do anida la paz, ¡la libertad!”.
Cuando permitamos que aniden –y prevalezcan- entre nosotros- esa paz y esa libertad; cuando erradiquemos el rencor y la desconfianza; cuando luchemos juntos por generar prosperidad, igualdad de derechos y de oportunidades; ese día, todos los hijos de Dios y de esta tierra; mayas, ladinos, garífunas y xincas; protestantes, católicos o irreligiosos; acoplados en nuestra diversidad, podremos caminar hacia un destino común y exclamar: ¡Unidos, por fin! ¡Hermanos, por fin! ¡Guatemaltecos, por fin!

viernes, 23 de agosto de 2013

Errores Históricos

No hay política monetaria exitosa sin el apoyo de una política fiscal disciplinada. Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre la Historia Monetaria de Latinoamérica que tuvo lugar en Bogotá, organizado por el Liberty Fund, donde se analizó la evolución y experiencias de las instituciones monetarias en varios países de la Región a lo largo de 150 años. Algunas de esas experiencias llaman la atención sobre graves errores de política pública que bien vale la pena tener presentes porque pueden guardar lecciones útiles para nuestra realidad actual.
Muchos de esos errores –si es que no todos- tienen que ver con decisiones de naturaleza fiscal que, eventualmente, ocasionan distorsiones y crisis en el área monetaria. En Chile, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial se produjo una escasez aguda de divisas debido a que la industria del salitre, que representaba una proporción excepcionalmente alta de las exportaciones, se vio afectada por abrupta caída de la demanda mundial. El fisco chileno decidió apoyar mediante préstamos a la industria salitrera para que mantuvieran (artificialmente) su nivel de producción.
Para otorgar esos préstamos, el fisco emitió cantidades cada vez mayores de “vales de tesorería”, que se convirtieron paulatinamente en medios de pago que, inevitablemente, alimentaron una inflación indeseable que perduró entre 1919 y 1925. Este fue un caso típico en que una decisión fiscal, adoptada para favorecer a una industria particular, tenía consecuencias negativas sobre la mayoría de la población afectada por la inflación.
De manera similar, en Brasil, entre 1906 y 1912, el gobierno decidió que los productores de café necesitaban del apoyo estatal para superar una crisis generada por precios bajos; aprovechando la posición dominante del país como principal productor mundial de café, el Estado adquirió un préstamo externo por millones de libras esterlinas para retirar del mercado la producción de café y, así, elevar artificialmente sus precios internacionales.
Aunque fue efectiva en cuanto a beneficiar a los caficultores, esta medida de apoyo gubernamental provocó un súbito aumento en la oferta de dinero doméstico (debido al ingreso de divisas del empréstito externo) que, inevitablemente, ocasionó presiones inflacionarias. De nuevo, el beneficio fiscal para un sector particular provocaba un daño a la mayoría de la población.
Un ejemplo aún más espeluznante lo encontramos en Argentina, 1946, cuando el país sufría uno de sus ya recurrentes episodios inflacionarios. Haciendo gala de ingenio, el recién inaugurado presidente Perón decidió aplicar una solución drástica: incautó todos los depósitos bancarios; los bancos debieron registrar a nombre del Banco Central todos los depósitos de sus clientes; el Banco Central se convirtió en una dependencia de la presidencia de la República; y, se prohibió a los bancos efectuar préstamos sin autorización previa del Estado. Esa política redujo, claro está, la inflación, pero a costa de destruir completamente el sistema financiero y el flujo de crédito para la producción. Inevitablemente, Perón tuvo que dar marcha atrás tres años después.
Aunque estas experiencias parecen extremas, no está de más tenerlas presentes para evitar cometer errores parecidos en Guatemala. Vale la pena recordar que en nuestro país, aunque hemos logrado mantener unas condiciones monetarias remarcablemente estables desde hace un par de décadas, tenemos un sistema monetario que requiere de determinadas condiciones para seguir manteniendo la estabilidad. El régimen de libre negociación de divisas –vigente desde 2002, y que también fue objeto de análisis en el coloquio de Bogotá- implica que en el momento en que el público llegue a perder la confianza en la moneda nacional, la estabilidad que hemos disfrutado todo este tiempo empezará a desmoronarse.
Los errores fiscales tienen, inevitablemente, consecuencias nefastas en la estabilidad monetaria y financiera de cualquier país. Por esta razón, entre otras, es que resulta tan fundamental mantener el déficit fiscal bajo control y evitar aumentos abruptos en la deuda pública (vía emisión de bonos no presupuestados, por ejemplo), especialmente ahora que las condiciones de abundante liquidez en los mercados internacionales que vivimos en el último quinquenio, amenazan con empezar a revertirse más temprano que tarde.

viernes, 16 de agosto de 2013

La Contraloría en su Laberinto

La oposición de la Contraloría de Cuentas a las modificaciones a su Ley Orgánica podría impedir que se apruebe cualquier reforma a dicha ley. Sin embargo, han tenido eco en la opinión pública, quizá debido a que la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta una muy ineficiente Contraloría.
 Tenemos una Contraloría General de Cuentas –CGC- con una asombrosa inclinación a rehuir de sus responsabilidades. Dice no poder auditar las obras que han generado la vergonzosa “deuda de arrastre” (las cuales amenazan con costarle Q3,500 millones a las futuras generaciones de guatemaltecos), pese a que el Ministerio de Comunicaciones pregona tener un listado de las mismas.
También dice la CGC que no puede fiscalizar los fideicomisos que ejecutan obra pública, con todo y que manejan multimillonarias sumas de dinero proveniente del erario público, tanto a nivel de gobierno central como municipal. Tampoco se responsabiliza la Contraloría por la fiscalización de las obras que realiza una miríada de ONGs por delegación del gobierno, los consejos de desarrollo y las municipalidades. Ni siquiera se ha sabido de algún informe de la CGC que revele cómo se han empleado los millones de quetzales que, por años, los contribuyentes de todo el país hemos regalado a los transportistas urbanos de la Capital.
Estos son, apenas, unos ejemplos evidentes de la calidad de ente fiscalizador que tenemos en Guatemala. Y, con semejantes credenciales, viene ahora la máxima autoridad de la Contraloría a decirnos que si el Congreso osa cambiarle su Ley Orgánica de manera diferente a la que ella quiere, que mejor entonces “cierren la Contraloría”… como si hubiese estado operando eficientemente estos años.
El alboroto que armó la contralora en torno al dictamen de la Comisión de Legislación que –supuestamente- debilita las capacidades fiscalizadoras de la CGC, hizo (pese a la baja credibilidad de esta institución) que varios columnistas y editorialistas mordieran el anzuelo y repitieran en coro las quejas de la contralora, sin analizar la consistencia de las mismas; esta curiosa reacción se explica porque quizás la desconfianza que inspira un dictamen respaldado por el partido de gobierno es mayor que la que despierta la opinión de una Contraloría tan cuestionada.
Pero cuando se analiza objetivamente el referido dictamen en lo concerniente a las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría, lejos de apreciarse un conjunto de normas que mermen sus capacidades, se ve un grupo de reformas tendientes tanto a fortalecer la función fiscalizadora de la CGC respecto de todos los activos, pasivos, derechos, ingresos y egresos de todas las entidades que conforman el Estado, como a fortalecer la figura del Contralor dotándolo de mejores condiciones para ejercer su función de manera independiente.
El dictamen contiene reformas que mejoran la especificación de los objetivos de la CGC conforme a su mandato constitucional; que amplían sus atribuciones y competencias para que pueda fiscalizar a ONGs, organismos internacionales, fideicomisos y cualquiera que administre fondos públicos; que fortalecen la independencia del Contralor respecto del poder político; que fortalecen la profesionalización del recurso humano en la CGC; que obliga a la CGC a hacer público el resultado de su fiscalización, pero que también la dota de plenas facultades para el ingreso ilimitado y sin restricciones a cualquier entidad fiscalizada; que la obligan a evaluar la obra pública en cualquier etapa de su ejecución; y, que crea la falta de “resistencia a la fiscalización” para cualquier funcionario que obstaculice las labores de la CGC.
Seguramente hay algunos aspectos a fortalecer en el dictamen (como el tema de las multas y sanciones) pero, por lo demás, lo que parece molestar a la contralora es que se le quite su facultad de utilizar discrecionalmente (como lo ha hecho hasta ahora) los recursos provenientes de las arbitrarias multas que suele imponer a discreción y que han servido para otorgar prebendas, bonos y beneficios –sin control alguno- a sus trabajadores.
En lo que podrían tener razón la contralora es en que quizá debió haber habido más debate en el seno de las comisiones legislativas, en torno a unas propuestas de reforma que son positivas y que buscan fortalecer a la CGC. Pero oponerse a tales reformas sólo porque sí, únicamente contribuye a que se siga posponiendo el urgente fortalecimiento institucional que permita combatir el cáncer de la corrupción que carcome a todo el Estado y amenaza al sistema democrático: exactamente lo que anhelan las fuerzas más oscuras del país.

viernes, 9 de agosto de 2013

El FMI Nos Supervisa

El Fondo Monetario Internacional evalúa sistemáticamente el desempeño económico de Guatemala. En su más reciente revisión recomienda reducir gradualmente el déficit fiscal y erradicar de manera ordenada y transparente la “deuda flotante”
Con base en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó su consulta bilateral de cada año con Guatemala en mayo pasado, publicándose el correspondiente reporte el 9 de julio, donde señala aspectos positivos y negativos de la economía y de las políticas económicas del país. Entre los temas positivos, destaca que el desempeño económico ha sido sólido desde la crisis mundial de 2009, que la producción ha convergido hacia su nivel potencial, que la inflación está bajo control, que la política macroeconómica sigue siendo prudente, y que el sistema bancario se ha fortalecido.
El panorama económico en el corto plazo es relativamente benigno: el FMI espera que el crecimiento económico suba a 3.5% (su tasa potencial) en 2014, apoyado en el consumo privado y el crédito bancario. La inflación se mantendría cercana al límite superior del rango meta para 2014. El déficit de la balanza de pagos se reduciría gradualmente hasta un nivel de 2.5% del PIB, fácilmente financiable mediante los flujos de crédito e inversión extranjera.
Sin embargo, el reporte también señala debilidades estructurales y coyunturales. Del lado estructural, el FMI indica que el potencial de crecimiento económico es excluyente y con pocas posibilidades de aumentar sosteniblemente en el largo plazo, debido a la baja inversión en capital físico y humano, a la debilidad de las instituciones del Estado, y a la inseguridad. Del lado coyuntural, el Fondo destaca la vulnerabilidad de la economía nacional ante los vaivenes mundiales, así como el escaso margen de maniobra de las políticas macroeconómicas para amortiguar tales riesgos, debido a la debilidad de la política fiscal.
Se desprende del reporte que el principal reto de la política económica es mejorar la sostenibilidad fiscal. Aunque el Fondo reconoce que la deuda pública (como porcentaje del PIB) continúa siendo manejable, la capacidad de maniobra de la política fiscal es muy limitada debido a que la referida deuda es muy alta como proporción de los ingresos del gobierno. El logro de la sostenibilidad fiscal requeriría de un ajuste presupuestario que permita la reducción gradual del déficit fiscal. Según el FMI, el énfasis en dicho ajuste debe estar en aumentar los ingresos.
Tal ajuste se puede ver obstaculizado por tres aspectos que destaca el reporte. Primero, la incertidumbre asociada con la implementación de la reforma tributaria aprobada el año pasado que, de no ser dilucidada, puede erosionar los ingresos. Segundo, el proyecto de ley de competitividad enviado al Congreso, que concedería incentivos fiscales a las empresas que se constituyan fuera de la ciudad de Guatemala, podría generar costos fiscales significativos. Y, tercero, el tratamiento que se le dé a la llamada “deuda flotante” generada por obras públicas contratadas en el pasado extrapresupuestariamente.
Al FMI le preocupa que la “deuda flotante” y, aunque reconoce que se han hecho algunos esfuerzos para cuantificarla, señala que no existe ningún plan serio para eliminarla debido a que el debate se obscurece por las dudas respecto de la legitimidad de la “deuda”. El Fondo también señala que no ha habido avances en alguna estrategia para evitar que la “deuda flotante” se repita, dado que las enmiendas necesarias a la Ley Orgánica de Presupuesto se encuentran estancadas en el Congreso. El Fondo reiteró a las autoridades la necesidad de mejorar la gestión financiera gubernamental para evitar la “deuda flotante”, realizar una cuantificación fiable del verdadero saldo de dicha “deuda”, y establecer una estrategia viable para su erradicación.
En otras áreas de política económica, el FMI aconseja profundizar las mejoras al esquema de política monetaria y cambiaria basadas en las metas de inflación y la (mayor) flexibilidad del tipo de cambio. Insiste en que el fortalecimiento del sistema financiero es necesario, sobre todo para aplicar plenamente la supervisión consolidada basada en riesgos. Y, finalmente, enfatiza que las reformas estructurales son esenciales para lograr un crecimiento incluyente a largo plazo, lo cual dependerá, en buena medida, de elevar la carga tributaria a efecto de habilitar al gasto público para atender áreas prioritarias en materia de necesidades sociales, competitividad y desarrollo.

sábado, 3 de agosto de 2013

Moratoria y Protestas

Con o sin moratoria, el futuro del sector minería en los próximos cinco años se vislumbra con muy escaso dinamismo
Con el propósito de obtener algo de paz social y gobernabilidad, así como de comprar tiempo para fortalecer el marco regulatorio de la actividad minera, el gobierno ha anunciado un periodo de moratoria de dos años para cualquier nueva explotación minera. Aunque tal decisión pudo haberse quedado en el ámbito administrativo del Organismo Ejecutivo, el gobierno decidió enviarle otra papa caliente al Congreso con un proyecto de ley en el que se oficializaría la moratoria.
Eso sí, el proyecto de ley enviado el 10 de julio es muy cuidadoso en acotar la moratoria exclusivamente para el caso de la minería metálica (para la cual no se concedería ni renovaría ninguna licencia de exploración ni de explotación durante dos años), por lo que no afectaría otras actividades del sector, tales como canteras, petróleo o gas natural. En el corto plazo, la moratoria podría no tener mayor impacto sobre la economía del país, por varias razones.
Por un lado, el sector de minas es de los más pequeños de la economía (su peso dentro del PIB es inferior al 1%) y su aporte a las exportaciones, aunque llegó a ser superior al 6% del total, está en franco declive. Esto último obedece principalmente a que la mina Marlin ya alcanzó su estado de madurez y ahora está en su ciclo de declive productivo. Por otro lado, salvo el caso de la mina San Rafael, no existen nuevos proyectos significativos de minería en el país, lo cual se debe, en parte, a que el auge de la demanda de metales en los mercados mundiales se ha ralentizado y, en parte, a la inadecuada infraestructura de comunicaciones del país y a la falta de una adecuada normativa, lo cual dificulta cualquier nueva inversión. De manera que, con o sin moratoria, en el futuro del sector minería en los próximos cinco años no se vislumbra mayor dinamismo.
La moratoria, eso sí, entraña al menos dos riesgos. Por un lado, se puede estar enviando un mensaje de falta de certeza para los inversionistas, y por otro, se puede estar sentando un precedente peligroso que podría querer replicarse en otras áreas donde existen protestas públicas en contra de ciertas actividades (hidroeléctricas o plantas industriales, por ejemplo). El primer riesgo puede eliminarse si se aprovechan los próximos dos años para consensuar y aprobar una moderna ley de minería. La reducción del segundo dependerá de si el gobierno logra manejar la conflictividad y la protesta social.
Las autoridades calculan que la moratoria ayudará a minimizar uno de los principales focos de conflictividad social y de descontento, particularmente en el área rural. El plazo propuesto para la moratoria sugiere también que el gobierno estará tratando de posponer las protestas y los conflictos asociados a la actividad minera hasta después de las elecciones, para que sea el nuevo gobierno (en enero de 2016) quien deba resolver la problemática; esto en el caso de que en los próximos meses no se avance en el nuevo marco legal para a minería.
Pero por el bien del país, para evitar que siga escalando la conflictividad social, y por el potencial que tiene su sector minero, es necesario que los líderes nacionales logren discutir y consensuar dicho marco legal. Aunque nunca llegaremos a ser un país netamente minero (como, por ejemplo, Sudáfrica donde la minería aporta el 8% del PIB, el 50% del valor de las exportaciones y da empleo a medio millón de trabajadores), es importante contar con un marco regulatorio efectivo y acorde a los mejores estándares internacionales, que viabilice el aprovechamiento de nuestros vastos recursos naturales para combatir los males de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que impiden el bienestar de los guatemaltecos.
Con o sin moratoria, urge modernizar marco regulatorio de la minería para incentivar la inversión de calidad en el sector; para mejorar los ingresos del Estado (por vía de las regalías y el impuesto sobre la renta); para mejorar la distribución de ingresos a las comunidades y municipalidades donde se ubiquen las minas; para mejorar los parámetros y los controles ambientales; para facilitar el acceso de las comunidades para participar en esos proyectos; y, para fortalecer las capacidades técnicas de los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas. Tal es el desafío para el liderazgo nacional.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...