Se Nos Escapa la Oportunidad

La economía de los Estados Unidos -el principal socio comercial de Centroamérica- está boyante. Pero los países de la Región (con sus comunes debilidades institucionales) hemos desperdiciado la oportunidad de engancharnos a ese carro

La economía estadounidense está en pleno auge, merced al estímulo fiscal y las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, así como a un dinámico optimismo de los consumidores y al creciente nivel de empleo que llevará a alcanzar tasas de crecimiento del PIB de 2.9% y 2.7% en 2018 y 2019, respectivamente. Esta bonanza debería ser aprovechada por los países que, como los centroamericanos, tienen un vínculo económico cercano con los Estados Unidos tanto por la vía de las exportaciones y de las remesas familiares, como por la vía de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, según se vio en el Seminario de Pronósticos Para las Economías de Centroamérica -organizado por Consultores para el Desarrollo, COPADES, la semana anterior-, ninguno de los cinco países centroamericanos (Panamá es un caso aparte) está aprovechando adecuadamente la oportunidad. Por diversas razones, las economías de la Región registrarán una desaceleración en su producción de bienes y servicios durante el presente año. El Triángulo Norte, con una demanda agregada hiper-dependiente de las remesas familiares –que empiezan a decelerarse- y con una inversión pública muy limitada. Costa Rica, bajo unas estrictas medidas de austeridad fiscal que son un amargo remedio a los previos años de derroche fiscal. Y Nicaragua, sumida en una grave crisis política que tiene paralizada la economía.

Lo peor es que las medidas de estímulo económico del gobierno de Trump tienen -por naturaleza- un efecto temporal que pronto llegará a su fin y la ventana de oportunidad para Centroamérica se cerrará: la economía estadounidense está alcanzando el pleno empleo, el déficit fiscal y la inflación están en aumento, en respuesta a lo cual la política monetaria se está endureciendo y, con ello, las condiciones financieras empezarán a restringir el crédito y la inversión. Además, las tendencias débiles de productividad y la reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo debido al envejecimiento de la población limitan las perspectivas a mediano plazo en las economías avanzadas.

Aunque disímiles en muchos aspectos, los países centroamericanos comparten dos características comunes que explican su incapacidad de aprovechar de mejor manera el buen entorno económico internacional. Por un lado, los cinco países muestran una debilidad fiscal estructural asociada a una institucionalidad pública obsoleta e ineficiente. Y por otro, todos padecen de un sistema electoral y departidos políticos frágil, propenso a crisis de gobernabilidad e incapaz de generar propuestas viables de desarrollo a largo plazo. El diagnóstico que las calificadoras de riesgo-país dan para cada país de Centroamérica es, básicamente, el mismo: si no fortalecen sus instituciones, mejoran su capacidad fiscal y renuevan sus sistemas políticos no podrán generar oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes. Un consejo recurrente que, aparentemente, a los centroamericanos nos cuesta asimilar.

Puentes, Corrupción e Instituciones

Cuando las instituciones de control del gasto público no funcionan, el combate a la corrupción solo puede venir (como última instancia) del ámbito penal; pero ello resulta casi siempre insuficiente. Así pasó, hace algunos años, en Italia

La semana pasada colapsó el puente Morandi en Génova, Italia, con la cauda de 38 fallecidos. Los dedos acusadores contra los posibles responsables de la tragedia apuntan a diversas direcciones: unos dicen que fue culpa del deterioro propio de las estructuras de concreto reforzado con acero (que alrededor del mundo han estado demostrando que son más vulnerables de que lo que se creyó cuando empezaron a construirse a mediados del siglo pasado); otros, que los responsables son las autoridades y empresas encargadas del mantenimiento de los puentes; y, otros, que fue culpa de la corrupción que afectó la calidad de la construcción desde su inicio en 1967.

Este hecho, inevitablemente, evoca similitudes (y despierta alarmas) con casos más cercanos a nosotros, como el del puente Belice (que ojalá sea reparado pronta, eficaz y oportunamente) o los muchos otros puentes y demás infraestructura vial del país que colapsan cada invierno con la caída de las lluvias habituales. Y las similitudes con Italia no quedan en eso.

A inicios de los años noventa se desarrolló allí el proceso conocido como Manos Limpias (en italiano Mani Pulite), llevado a cabo por el poder judicial italiano para combatir la arraigada corrupción, involucrando una intrincada red de los principales partidos políticos del momento y de diversos grupos empresariales, y ocasionando una enorme convulsión en la vida política italiana, que acabó con el Partido Socialista Italiano y con la carrera política de su Primer Ministro Bettino Craxi (quien murió en Túnez, prófugo de la justicia).

Manos Limpias surgió en el momento cúspide de la corrupción gubernamental italiana, en la que una perversa simbiosis entre la clase política y las contrataciones del Estado pervirtieron a las administraciones públicas, lo cual se manifestó en la desnaturalización y total inoperancia de las instituciones encargadas del control y la supervisión del gasto gubernamental. La degeneración de ese sistema de controles y prevención ocasionó un vacío que llevó a los jueces a asumir (por la vía penal) un rol de suplencia de lo que las instituciones de control (por la vía administrativa) no pudieron hacer en materia de combate a la corrupción.

Dos lecciones se derivan para Guatemala de ese episodio de la política italiana (que se describe lúcidamente en el ensayo “Aspectos de la Corrupción en Italia”, por Giovanni Salvi; Estudios Públicos No. 56, 1994). La primera es que resulta simplemente natural que en un Estado de derecho la persecución penal surja, como última ratio, cuando las instituciones de prevención y control (el sistema de contrataciones públicas, las auditorías internas y la Contraloría de Cuentas) han fracasado. Y la segunda -y más importante aún-, que el rescate y reconstrucción de dichos sistemas de prevención y control es absolutamente crucial (tanto o más que la persecución penal) para combatir efectivamente el cáncer de la corrupción. Y esa es una reforma esencial que tenemos aún pendiente de iniciar.

Nuevos Riesgos para la Inversión

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas: riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Para que aumente la inversión, convendría también que los encargados de las políticas públicas les concedan la prioridad que merecen.

La economía guatemalteca no podrá crecer de forma más rápida e incluyente si no ocurre un aumento en la inversión (es decir, en la generación de bienes de capital como las carreteras, las fábricas y la infraestructura). Alrededor del mundo, los grandes inversionistas, bien sean nacionales o extranjeros, tanto los que invierten en el sector real (inversión directa) como en el sector financiero (otorgando préstamos o invirtiendo en bonos), conceden una creciente importancia a los riesgos medio-ambientales, sociales y de gobernanza que puedan afectar el rendimiento y recuperabilidad de sus inversiones. Por tanto, para fomentar la inversión es necesario que las políticas públicas les asignen la necesaria atención a estos tres factores que, directa o indirectamente, inciden en el desempeño económico, la calidad institucional y la salud financiera del país.

Los riesgos medio-ambientales pueden afectar las decisiones de los inversionistas por diversas vías. Por ejemplo, pueden tener un impacto en las cuentas fiscales en el corto plazo como producto de desastres naturales inducidos por el cambio climático (de manera que la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño nos impacte a finales de este año debe ser una fuente de preocupación). También pueden tener un efecto sobre el clima de negocios en la medida en que haya un impacto medio-ambiental sobre, por ejemplo, el acceso a agua potable o sobre la contaminación urbana. A largo plazo, los factores medio-ambientales pueden perjudicar las perspectivas de crecimiento económico.

Los riesgos sociales incluyen, entre otros aspectos, los efectos económicos y políticos que se derivan de aspectos tales como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, el nivel educativo, la oferta de vivienda asequible, la capacidad de alcanzar acuerdos políticos y las tendencias demográficas. Todos estos aspectos inciden también en las decisiones de inversión de los grandes inversionistas internacionales.

Y los riesgos de gobernanza tienen que ver fundamentalmente con la calidad, transparencia y efectividad de las instituciones del Estado. Estas incluyen aquellas instituciones responsables de diseñar y aplicar las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial) y sociales del país, así como aquellas que se enmarcan más ampliamente en las tareas de dar certeza jurídica, propiciar el imperio de la ley y dar transparencia a los actos y datos públicos (es decir, las instituciones de control, seguridad y justicia) a fin de combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto público.

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas. De manera que cualquier diseño de política pública que busque atraer inversiones y generar mayor crecimiento económico para Guatemala pasa, inevitablemente, por reformar y fortalecer el marco político e institucional que atienda estas preocupaciones que determinan las decisiones de inversión (de calidad) en todo el mundo.

Presupuesto Público sin Control

El Congreso puede (y debe) aprobar (o improbar) la ejecución del presupuesto anual del Estado, tal como lo ordena la Constitución. Si no lo ha hecho es, simplemente, porque no ha querido hacerlo

En nuestro modelo republicano de separación de poderes, al poder Legislativo le corresponden tres cruciales funciones: la de representación (de los ciudadanos votantes), la de legislación (producción de leyes y decretos) y la de control (analizar, comprobar, verificar el funcionamiento de los otros dos poderes -Ejecutivo y Judicial-). Esta última función está siendo incumplida desde hace varios años por el Congreso, pues ha faltado al mandato constitucional de aprobar (o improbar) la liquidación del presupuesto que deben remitirle anualmente el Ministerio de Finanzas Públicas y las entidades descentralizadas o autónomas del Estado.

Esta injustificable omisión se debe a que el Congreso no ha sido capaz de establecer y sistematizar un procedimiento que, como está preceptuado en el artículo 141 de la Constitución, debería ser de lo más simple: primero, el Ministerio de Finanzas envía (al Congreso y a la Contraloría de Cuentas) el informe de liquidación del presupuesto anual dentro de los primeros tres meses de cada año; segundo, la Contraloría emita el dictamen correspondiente y lo envía al Congreso en un plazo no mayor de dos meses (es decir, al 31 de mayo); tercero, la Comisión de Finanzas del Congreso debe emitir dictamen sobre la liquidación presupuestaria en, digamos, un plazo de un mes (30 de junio); y, cuarto, el pleno del Congreso aprueba o imprueba la liquidación presupuestaria en un plazo que también podría ser de un mes, de manera que todo el proceso de control de la liquidación del presupuesto debería estar concluido el 31 de julio de cada año.

Algunos diputados en el pasado han esgrimido la excusa de que el Congreso carece de las capacidades técnicas para hacer el análisis de los informes de liquidación presupuestaria y que, en tanto no exista una unidad especializada en el Legislativo (con muchos empleados, se entiende), los diputados no pueden evaluar apropiadamente tales informes. Esta excusa no se sostiene: el órgano especializado que debe hacer la referida evaluación es la Contraloría de Cuentas (y así lo establece la Constitución). Lo que corresponde al Congreso es tomar como base el dictamen de la Contraloría y verificar que cumpla, como mínimo, con que se haya presentado en tiempo y que, especialmente, contenga un análisis de la evaluación de la ejecución presupuestaria establecida en la Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere tanto a la medición de los resultados físicos y financieros, como a las variaciones observadas, sus causas y la recomendación de medidas correctivas.

Por supuesto que, en este proceso, el Congreso debe vigilar, por una parte, que el Ministerio de Finanzas y las entidades autónomas tengan los reglamentos, procedimientos y manuales necesarios para la adecuada realización de los informes de ejecución presupuestaria y, por otra parte, que la Contraloría de Cuentas fortalezca su capacidad de evaluar dichos informes, tanto con un enfoque puramente contable, como con un enfoque de evaluación de los procesos en los servicios públicos. Con un poco de voluntad, el Congreso puede (y siempre ha podido) cumplir con su función fundamental de control del presupuesto público.