LECCIONES REGIONALES PARA ATRAER INVERSIÓN

La región ofrece señales claras sobre qué funciona —y qué no— para atraer inversión extranjera

Guatemala sigue siendo la mayor economía de Centroamérica, pero no la más exitosa atrayendo inversión extranjera directa -IED-. Mientras Panamá y Costa Rica captan cerca de la mitad de toda la IED que viene a Centroamérica, Guatemala apenas rasca los US$1,500 millones anuales. La región centroamericana ofrece lecciones valiosas sobre qué factores impulsan o ahuyentan la inversión.

Panamá, por ejemplo, convirtió su Canal y su plataforma logística en imanes de capital. Durante años recibió montos elevados de IED, atraídos por sus instituciones relativamente sólidas y un sector financiero dinámico y confiable. Sin embargo, la abrupta decisión judicial de cerrar la mina Cobre Panamá en 2023, dañó severamente su credibilidad y certeza jurídica. Desde entonces, la IED no ha recuperado sus niveles previos. El mensaje es claro: incluso un país con reputación favorable puede perder atractivo cuando se daña la certeza jurídica.

Costa Rica, por su parte, construyó un modelo exitoso basado en zonas francas, manufactura avanzada e instituciones creíbles. La estabilidad económica y un marco jurídico confiable han sido sus principales ventajas competitivas. Pero también enfrenta riesgos: la concentración de la IED en nichos muy específicos y la creciente incertidumbre comercial internacional. Aun así, los ticos siguen teniendo el caso más exitoso en cuanto a atracción de inversiones. La lección es contundente: instituciones fuertes y un clima de negocios predecible son activos más valiosos que cualquier paquete de incentivos.

Nicaragua, por su parte, es un caso paradójico: el país atrae montos significativos de IED, pero a un costo elevado. La discrecionalidad política, los privilegios otorgados por razones no técnicas y la concentración de inversiones mineras de cuestionable reputación explican los números aparentemente exitosos, pero también muestran la fragilidad de un modelo basado en los caprichos de su régimen político. No se trata de una estrategia replicable para un país que aspire a un desarrollo sostenido, estabilidad y previsibilidad.

Honduras y El Salvador comparten un problema común: la escasa certeza jurídica. Honduras oscila entre privilegios y regulaciones que cambian como una veleta con los vientos electorales. El Salvador, pese a mejoras recientes en materia de seguridad ciudadana y esfuerzos puntuales por atraer turismo, no despega debido a la debilidad de su marco institucional y su dependencia de la voluntad de su hombre fuerte. El FMI ha sido claro con ambos: sin gobernanza, competencia leal y reglas claras, la inversión no llega.

¿Y Guatemala? Paradójicamente, tiene ventajas que muchos vecinos envidiarían: estabilidad macroeconómica, sistema financiero sólido, economía diversificada y acceso preferencial a mercados. Pero carece de lo esencial: instituciones confiables, infraestructura moderna, protección efectiva de los derechos de propiedad y un marco regulatorio estable. El resultado es previsible: escasea la inversión extranjera.

Las lecciones de la experiencia regional muestran que no existen atajos. La IED responde, crucialmente, a la calidad institucional: certeza jurídica, Estado de derecho, reglas claras para las inversiones, eficiencia pública, infraestructura y capital humano adecuado. Todo lo demás —incentivos fiscales, promoción internacional, tratados comerciales— ayuda, pero no sustituye lo fundamental, que pasa por fortalecer la gobernanza, modernizar el Estado y recuperar la confianza. Es allí donde lograremos atraer la inversión que permita romper nuestro círculo vicioso de bajo crecimiento y lento desarrollo.

CENTROAMÉRICA: EL SANTO GRIAL DE LA INVERSIÓN

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto

En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de Santo Grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa -IED- y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

"Para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica"

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con "marca país" o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA QUE NO SIGAN DISPERSAS Y POSTERGADAS, ES NECESARIO FOCALIZARLAS Y PRIORIZARLAS

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo -especialmente- los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso, que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral) que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que a nivel mundial están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.

TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS

LA GOBERNANZA Y A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL SON CLAVES PARA LAS DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS

La semana anterior tuvo lugar una interesante conferencia impartida por Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington del Consejo de las Américas y de la Americas Society, donde promueve la importancia que Latinoamérica tiene para los intereses económicos, de seguridad y estratégicos de los Estados Unidos. La conferencia, organizada por GuateÍntegra, se enfocó en la importancia que la transparencia y la integridad en los negocios para favorecer un clima favorable al desarrollo de los países. Varios aspectos resaltan de la interesante (y, en gran medida, desafiante) plática de Farnsworth.

En el mundo actual, los aspectos relativos a la gobernanza y a la sostenibilidad social de los negocios son claves para determinar las decisiones de los inversionistas y, por ello, la transparencia y la integridad resultan esenciales, tanto a nivel macro como a nivel de las empresas. Para un país como el nuestro, que necesita integrarse a los mercados y flujos internacionales, tales aspectos resultan aún más relevantes ante el parteaguas que ha surgido en la post-pandemia: el nearshoring y el friendshoring. Estos no son otra cosa que la búsqueda de los negocios estadounidenses de nuevas ubicaciones, más cercanas y amigables que sus actuales emplazamientos en Asia, lo que plantea una oportunidad única para atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico, situación que ya están aprovechando Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Esa oportunidad solo durará un par de años, por lo que a Guatemala le urge actuar.

Para atraer inversiones no basta con estar bien situados geográficamente, con tener un clima primaveral ni con la riqueza cultural del país. Las inversiones solo vendrán, en la cantidad y la calidad necesarias, en función de que exista un clima de negocios adecuado, es decir, que exista certeza jurídica, respeto a los contratos, un sistema de justicia eficaz, buena calidad del capital físico (infraestructura) y humano (educación y salud), y estabilidad macroeconómica. El sector empresarial puede -y debe- jugar un rol de liderazgo promoviendo -e impulsando ante los estamentos políticos- políticas e instituciones conducentes a fortalecer ese clima de negocios.

Al enfatizar el sentido de urgencia de las acciones a emprender para aprovechar este parteaguas, Farnsworth sugirió algunas ideas audaces cuya adopción valdría la pena considerar. Por ejemplo, solicitar la incorporación de Guatemala al USMCA (que es el acuerdo de libre comercio que sustituyó al NAFTA), a fin de adoptar una agenda de acciones y reformas que permitan el ingreso de nuestro país a dicho club; o apostar decididamente por la digitalización del Estado, tanto en educación, como en los procesos gubernamentales o del propio sistema de justicia; o realizar una contribución financiera temporal y extraordinaria para combatir la delincuencia (como lo hizo Colombia en su momento); o la adopción de un código de conducta nacional hacia la transparencia. Estos esfuerzos pueden ser costosos a corto plazo, pero serían abundantemente redituables a largo plazo. El desafío inicial es atreverse.

CREDIBILIDAD ELECTORAL

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PUEDEN SER CAÓTICAS E INCIERTAS

Desde 1985 hemos tenido elecciones creíbles, basadas en reglas e instituciones que, hasta ahora, han permitido una sucesión legitima de gobiernos y ganarnos un lugar en el concierto de las naciones democráticas. No es poca cosa. La democracia contribuye al desarrollo: valores tales como la libertad de expresión, el estado de derecho, el multipartidismo, las elecciones libres, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes crean el contexto institucional requerido para que las interacciones económicas y el clima de inversión propicien la movilización de energías y recursos necesarios para el desarrollo.

Con el tiempo, el sistema electoral y de partidos políticos se ha deteriorado, al punto de poner en riesgo la credibilidad ganada en el último cuarto de siglo. El sistema exhibe hoy una evidente falta de representatividad ciudadana, impone severas restricciones a la participación política, limita gravemente la libertad de expresión y propicia el divorcio entre los ciudadanos y los candidatos y sus propuestas. Para revertir esta tendencia es necesario reformar aspectos de fondo, como el sistema de elección de diputados (para elegir por personas, no por listados cerrados), los requisitos para conformar un partido político, o el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Estos aspectos son cruciales, pero su reforma es políticamente compleja (no resulta atractiva para el statu quo). Debemos ser realistas y reconocer que tal reforma no solo es políticamente inviable, sino que cronológicamente es casi imposible, dada la cercanía del próximo proceso electoral.

Existen, empero, otras debilidades -más coyunturales- que sí pueden (y deben) ser corregidas pronto para evitar un posible colapso de la ya frágil credibilidad del sistema electoral. Al menos tres aspectos clave (que se agravaron tras la fallida reforma electoral de 2016) deben ser enmendados antes de las elecciones de 2023. Primero, debe definirse con claridad el concepto de campaña anticipada, de forma que no se impida a los partidos su derecho a opinar sobre temas nacionales en todo momento. Segundo, debe clarificarse (y fomentarse) la participación ciudadana mediante sus aportes financieros y en especie al partido de su simpatía, asegurando la transparencia y trazabilidad de tales aportes y la diferenciación entre proselitismo, funcionamiento y campaña. Y, tercero, debe precisarse la forma en que los medios de comunicación pueden cumplir libremente su labor informativa y ofrecer sus espacios publicitarios a los distintos proyectos políticos.

Sin estas reformas puntuales, las próximas elecciones entrañarán un grave riesgo reputacional para nuestra joven democracia. Sabemos que, aunque los temas estructurales son muy importantes, no hay condiciones ni tiempo para reformarlos; pero ello no implica que debamos resignarnos a unas elecciones caóticas e inciertas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: es necesario concentrarse en los tres temas urgentes señalados. Quizá todavía hay tiempo para que el Congreso recapacite y haga las reformas necesarias o, en todo caso, para que el TSE haga un control de daños por la vía reglamentaria e interpretativa.

EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS

LAS DEBILIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONALES SON LAS QUE IMPIDEN AL PAÍS ALCANZAR EL GRADO DE INVERSIÓN

Recientemente dos de las principales calificadoras de riesgo-país emitieron su evaluación sobre Guatemala. Standard & Poor’s -S&P- ratificó la calificación de BB- para nuestro país, pero la buena noticia fue que mejoró la perspectiva crediticia del país, de estable a positiva, destacando su prolongado historial de estabilidad macroeconómica, reflejado en una política monetaria ortodoxa que ha logrado mantener la inflación alrededor de la meta establecida por el Banco Central, así como por una política fiscal prudente, que ha logrado mantener un déficit fiscal moderado y un bajo nivel de endeudamiento público.

También la calificadora Fitch Ratings nos calificó con un BB- y mejoró la perspectiva crediticia de estable a positiva, subrayando los mismos factores positivos enfatizados por S&P. Ambas calificadoras destacaron la resiliencia de la economía guatemalteca ante los efectos del gran confinamiento de 2020. Estas calificaciones representan la opinión de los expertos de esas empresas respecto de la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros externos y su importancia radica en que, mientras mejor sea la calificación de riesgo más factible será que Guatemala pueda obtener financiamiento a un menor costo relativo y tener acceso a nuevos mercados financieros y de capitales.

Al analizar los reportes de las calificadoras es posible identificar qué factores son vistos como fortalezas de la economía guatemalteca, pero también cuáles son los factores que son considerados debilidades y que son los que impiden que nuestro país alcance el ansiado grado de inversión en los mercados financieros internacionales. Entre las fortalezas del país, ambas calificadoras destacan la estabilidad de las variables macroeconómicas, la moderada deuda pública, la política monetaria independiente, la resiliencia de las remesas familiares y la solidez del sistema bancario. En contraposición, las principales debilidades del país radican en la frágil gobernabilidad (débiles pesos y contrapesos; percepción de corrupción; débil implementación de políticas), las instituciones inefectivas, el ambiente político polarizado y la falta de medidas de largo plazo que impiden acelerar los mediocres ritmos de crecimiento de la inversión y de la producción nacional.

También la consultora nacional COPADES emitió su más reciente rating soberano y ubicó la calificación de riesgo-país en el equivalente a un BB+, es decir, un par de gradas por encima de las dos calificadoras entes mencionadas, pero similar a la calificación le dio al país en noviembre Moody’s (otra calificadora de las más reputadas internacionalmente). Esto se explica porque la calificación de COPADES, a diferencia de las de Fitch y S&P, no incorpora factores cualitativos tales como los referentes a la gobernabilidad, el sistema político, la eficacia de las instituciones públicas o los niveles de corrupción. De ello se puede deducir que son precisamente este tipo de factores (político-institucionales) los que están impidiendo, desde hace tiempo, que Guatemala pueda alcanzar -a pesar de su buen desempeño macroeconómico- el grado de inversión en su calificación de riesgo soberano.

Peligrosa Ecuación

AUNSENCIA DEL ESTADO, DESCONTENTO CIUDADANO Y UN EVENTUAL DETONANTE SOCIAL

Cuando el Estado carece de la capacidad de brindar los servicios esenciales de salud pública, seguridad ciudadana, educación primaria e infraestructura de comunicaciones, puede hablarse de la “ausencia del Estado”, un fenómeno que se observa desde hace tiempo en determinadas regiones del país, pero que también presenta síntomas a nivel de todo el territorio nacional, como cuando esa incapacidad de prestación de servicios se manifiesta en la inexistencia, por ejemplo, de un servicio de correos funcional, o en la imposibilidad de emitir pasaportes a sus ciudadanos, o en el injustificable  abandono de las personas afectadas por desastres naturales (como las tormentas Eta y Iota).

Por su parte (aunque relacionado con esa ausencia del Estado) cuando la sociedad empieza a cansarse de la mediocridad y corrupción de los funcionarios, surge un desencanto ciudadano generalizado con la democracia y con las instituciones de la República (tal como lo alertan diversas encuestas recientes en Guatemala), desencanto que se exacerba al sumársele los acontecimientos recientes ocurridos alrededor del manejo de la pandemia de Covid-19, en medio de esta ola interminable de contagios y muertes.

Si adicionamos a estos dos factores la posibilidad de un detonante (como, por ejemplo, lo fue el aumento en los precios del transporte en Chile o la embrollada aprobación del presupuesto estatal en Guatemala, ambos en 2020), se presenta un tercer factor que configura una ecuación que apunta hacia un potencial estallido social y una pérdida rápida de la gobernabilidad. Esa ecuación genera el ambiente idóneo para que surjan propuestas populistas y radicales, como las que triunfaron electoralmente este año en Chile y en Perú -o como las que acá mismo abanderó el Movimiento de Liberación de los Pueblos en las pasadas elecciones-, que plantean un salto al vacío de cambio total del “viejo sistema”, pero sin definir exactamente con qué instituciones y políticas se va a conformar el “nuevo sistema”.

La entronización de esos movimientos populistas radicales, por muy sexys que le resulten al principio a un electorado seducido por la promesa de un cambio, genera un vacío de políticas públicas y un clima de incertidumbre generalizada -como se está viendo ahora mismo en Perú-, tal que la economía se ve severamente perjudicada, la paz social se ve destruida y el bienestar mismo de las personas se ve completamente mermado.  Para conjurar esa ecuación (ausencia de estado, más descontento ciudadano, más detonante social, igual a radicalismo populista al poder) es necesario rescatar, reformar y fortalecer las instituciones clave del Estado (los sistemas justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de control del gasto gubernamental), es decir, rescatar el concepto mismo de Estado: uno que sea capaz de proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura). En eso se juega el futuro del país.

Políticas Sociales y Desarrollo

LA POLÍTICA SOCIAL NO DEBE ESTAR DIVORCIADA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Hace algunos días tuve el honor de participar en el panel foro “Guatemala doscientos años de historia: Cambios Estructurales necesarios para el desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Mi conferencia versó sobre la evolución de las políticas sociales en el país y su impacto en el desarrollo.  Luego de un recorrido histórico por las principales políticas sociales en el último siglo, una conclusión inicial fue que estas, con muy contadas excepciones, no solo han carecido de coherencia e integralidad, sino que casi nunca se han aplicado de manera sostenida y consistente.

Estos problemas de diseño y de implementación, comunes a casi todas las políticas púbicas, se deben a las enormes debilidades institucionales del Estado y a un pobre entendimiento respecto de la naturaleza de tales políticas.  Las políticas sociales son el instrumento para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales mediante el suministro de servicios de educación, salud, y protección social, con el fin de reducir la pobreza y promover el empleo y el desarrollo humano, con lo cual contribuyen también a generar mayor demanda interna y crecimiento económico. Derivado de lo anterior, una segunda conclusión fue que las políticas sociales no deben aplicarse aisladamente de las políticas económicas pues ambas interactúan, se refuerzan, se afectan y se complementan.

Una tercera conclusión fue que todas las políticas, directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que busquen mejorar los niveles de vida y de bienestar social deberían tener presente que, en el largo plazo, la única manera de lograr esos objetivos es aumentando la productividad sistémica del país. La pobreza y la baja productividad son las dos caras de la misma medalla. Según datos de The Conference Board la productividad laboral de Guatemala no solo es una de las más bajas del Hemisferio, con un nivel de US$ 22.2 miles por trabajador en 2019, sino que ha permanecido estancada durante los últimos quince años.

La conclusión final fue que, a fin de aumentar la productividad sistémica del país, es indispensable mejorar el entorno institucional. No es por casualidad que los migrantes guatemaltecos, a los pocos días de estar trabajando en el Norte, cuadrupliquen los ingresos que antes obtenían en Guatemala: en un entorno institucional favorable, la productividad se multiplica. Los índices de gobernanza, calidad institucional, competitividad y riesgo-país coinciden en señalar la precariedad institucional de nuestro país. En particular, las instituciones de justicia, del sistema político, de gestión pública y de gobernanza son percibidas en los mercados internacionales como las debilidades clave de Guatemala. De manera que la reforma y el fortalecimiento de estas instituciones también debe considerarse como un componente clave de las políticas sociales del país.

El Círculo Vicioso de la Mediocridad

LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA ES EL LEJANO NORTE QUE DEBERÍA GUIAR A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

Existe la percepción generalizada de que la calidad de los funcionarios públicos se ha deteriorado notablemente en las últimas décadas. Hace veinte, cuarenta años, el nivel académico, el grado de conocimiento del Estado, la capacidad de ejecución y la visión estratégica de los diputados, ministros o directores generales parecía ser, en promedio, mucho más elevada de lo que es ahora, independientemente del signo ideológico que los identificara. Silenciosa, pero consistentemente, la ineficiencia, la improvisación y el cortoplacismo se han ido instalando en las oficinas públicas. El resultado es un aparato estatal incapaz de proveer los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura), un ambiente de escasa certeza jurídica y una generalizada insatisfacción ciudadana, todo lo cual obstaculiza el crecimiento económico y desgasta nuestra -ya débil e incipiente- democracia liberal.

Simultáneamente, y no por casualidad, la percepción de corrupción ha ido incrementándose geométricamente. Cabe plantearse la posibilidad de que la generalizada corrupción que hoy consume al Estado sea simplemente un síntoma -el más doloroso- de una enfermedad más profunda: la mediocridad en la gestión pública. Si esta hipótesis es correcta, la solución de largo plazo al flagelo de la corrupción no recae tanto en la persecución penal de los contados casos que logran detectarse, sino en la construcción de un andamiaje institucional capaz de ejercer la debida vigilancia y control sobre la provisión eficiente de los servicios públicos esenciales.

El fortalecimiento institucional es clave para revertir la tendencia secular a la mediocridad que está minando mortalmente la administración gubernamental. En los países exitosos, la búsqueda de la excelencia en el servicio público es el norte que guía las actuaciones de políticos y funcionarios. En la medida en que existan buenas instituciones, más atraídos se verán los buenos profesionales para integrarse al servicio público; y mientras más profesionales capaces se integren al servicio público, las instituciones se verán cada vez más fortalecidas. No se trata de elegir entre tener buenas instituciones o buenas personas: las instituciones sólidas atraen buenos profesionales, y los buenos profesionales fortalecen las instituciones. 

Por el contrario, el continuo deterioro institucional configura el dramático círculo vicioso en que parece estar hundiéndose nuestro aparato estatal: las instituciones débiles solo logran atraer al servicio público a funcionarios mediocres y a personas propensas a la corrupción; mientras más personas mediocres o corruptas ocupan los espacios gubernamentales, más se debilitan las instituciones y más se arraiga la corrupción. La solución de fondo a este círculo vicioso de mediocridad y corrupción es la reforma de las instituciones fundamentales del Estado, es decir, sus sistemas de servicio civil, de control del gasto gubernamental, de justicia, de partidos políticos y de legislación. Cualquier otra solución no será más que un exiguo chapuz.

EMPRESAS Y GOBIERNOS

LAS VISIONES MANIQUEAS QUE LOS COLOCAN COMO ENEMIGOS NO CONTRIBUYEN AL PROGRESO DEL PAÍS 

En los últimos tiempos, la retórica a lo ancho del espectro político, no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica, parece sugerir que las relaciones entre las empresas y el gobierno deben ser de antagonismo o, al menos, de una estricta separación y amplio distanciamiento. Desde la derecha y el libertarianismo se afirma que los gobiernos, por naturaleza, interfieren demasiado en los procesos económicos y obstaculizan el libre comercio. Desde las izquierdas se afirma que las empresas son, por naturaleza, entes depredadores, explotadores de los trabajadores y de los consumidores, y evasores de impuestos. 

Esas visiones maniqueas han contribuido a que en las recientes crisis políticas, como la de Chile en los últimos meses, triunfen las propuestas que plantean destruir el sistema vigente para sustituirlo por un nuevo sistema, cuya naturaleza y alcances nadie conoce y que debe ser construido sobre la marcha. En ese afán de sustituir lo viejo conocido por lo nuevo por conocer, se pasan por alto los muchos éxitos del viejo sistema (en el caso chileno, los logros en cuanto a crecimiento económico e ingreso per cápita), y se magnifican sus innegables y notables fracasos (en términos de desigualdad, concentración de poder, abusos de empresarios y grandes conglomerados, y la promesa incumplida de un bienestar rápido para toda la población). El prevaleciente ánimo anticapitalista confunde el nefasto capitalismo de amigotes -que debe ser combatido- con el verdadero capitalismo -que florece cuando existe libertad y certeza jurídica-. 

En un capitalismo funcional y moderno (no el de amigotes), ambos lados (gobierno y empresas) se necesitan mutuamente. El gobierno necesita a las empresas para producir crecimiento económico, crear empleos y generar ingresos para pagar los compromisos del país con el resto del mundo. Las empresas, por su parte, necesitan de un gobierno que provea el sistema jurídico y de seguridad básica necesario para operar; que forme a los trabajadores de quienes dependen las empresas; y, que cree la infraestructura (carreteras, puertos) que permita intercambiar bienes y servicios eficientemente. Muchas empresas también necesitan al gobierno como comprador. Y todas las empresas necesitan un gobierno capaza de impulsar políticas públicas que fomenten la productividad y el bienestar.

La creciente polarización que se cierne sobre Latinoamérica busca poner a los gobiernos y a las empresas como antagonistas, lo cual no beneficia a ninguna de las partes. Las empresas deben contribuir (con sus actitudes y sus impuestos) a que exista un gobierno eficiente que provea los bienes públicos básicos y aplique reglas claras, generales y predecibles. Los gobiernos deben entender que las empresas necesitan un clima (político y económico) estable para operar, con paz social y coherencia en las políticas públicas. En los países prósperos, las empresas y los gobiernos actúan, cada quien desde su ámbito, como socios, no como enemigos.

MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO

EXISTEN MEDIDAS CONCRETAS QUE, A CORTO PLAZO, PUEDEN AYUDAR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

 La reactivación está en marcha: diversos indicadores económicos apuntan a una recuperación dinámica del nivel de producción. En gran medida, esta reactivación es inercial, ya que después de una recesión ocasionada por un shock exógeno (como la que ocurrió el año pasado a causa de la pandemia de Covid-19) casi siempre se produce un rebote como el que estamos experimentando. Si ese rebote no va acompañado de un aumento en la productividad, lo más probable es que, después de este año de recuperación, nuestra economía retorne a los niveles estables, pero muy mediocres de crecimiento, similares a los de los últimos lustros.

 La única forma en que nuestra economía crecerá más rápidamente de forma sostenible es mediante un aumento de la productividad, que solo puede obtenerse si se mejora el marco institucional -político y económico- y, con él, la certeza jurídica, el clima de negocios y la inversión en capital físico y humano. Por desgracia, ello solo es posible a mediano plazo. Sin embargo, a corto plazo es posible lograr algunas mejoras en la productividad si se identifican adecuadamente aquellos cambios que la pandemia ha provocado en la estructura y en las relaciones económicas, y se aprovechan para inyectar dinamismo y eficiencia a dichas relaciones.

 En efecto, la pandemia ha modificado la forma en que muchas personas obtienen y gastan sus ingresos: se ha acelerado el uso de medios digitales, así como la automatización de muchos procesos que ahora se hacen remotamente, y se ha generalizado el tele-trabajo en muchos sectores. Muchos de estos cambios vinieron para quedarse y pueden estar logrando aumentos de la productividad en diversos sectores de la actividad económica. Sin embargo, otros sectores se han visto fuertemente afectados por la crisis y por la automatización de procesos, y es probable que los empleos que se pierdan en estos sectores nunca lleguen a recuperarse.

 Por lo tanto, es imprescindible que las políticas públicas ayuden, por un lado, a que los sectores que están cobrando dinamismo en el nuevo entorno se reafirmen y fortalezcan pero, simultáneamente, a que los empresarios y empleados afectados en los sectores más golpeados puedan hacer una transición hacia nuevas actividades y empleos. Existe ya un conjunto de medidas -pendientes de aprobar o de aplicar- que las autoridades gubernamentales podrían estar impulsando para coadyuvar en ese proceso: un marco legal para regular las insolvencias y la restructuración de empresas; la reglamentación del trabajo a tiempo parcial; los programas de reentrenamiento y capacitación laboral en tecnologías informáticas; un seguro de desempleo (a cargo del IGSS); esquemas de garantía crediticia para las actividades con potencial productivo; o, el fortalecimiento de la resolución de conflictos mediante el arbitraje. Para todas estas medidas ya existen propuestas concretas. Lo que hace falta, como siempre, es que los encargados (en los tres poderes del Estado) les asignen la prioridad que se merecen.

PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO

 EL APORTE DE LA PRODUCTIVIDAD AL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA SIDO CASI INEXISTENTE

 El potencial de crecimiento de cualquier economía está dado por sus factores de producción: tierra, trabajo, capital (maquinaria e infraestructura) y productividad (eficiencia con la que se combinan aquellos factores). En Guatemala, las dos terceras partes del crecimiento de la economía en los últimos treinta años se explica por el factor trabajo (debido al rápido crecimiento de la población en edad de trabajar), mientras que la otra tercera parte se explica por el factor capital; el aporte de la productividad al crecimiento económico ha sido casi inexistente.

 Aunque en el futuro cercano la contribución de la mano de obra seguirá siendo importante, es muy probable que a mediano plazo el crecimiento de la población en edad de trabajar disminuya drásticamente. Un aumento de la inversión en capital podría compensar esta caída, pero inevitablemente existirán rendimientos decrecientes sobre la acumulación de capital. Por ello, el crecimiento sostenible a largo plazo solo puede provenir de un aumento de la productividad, que resultará esencial para alcanzar la prosperidad, reducir la pobreza y crear empleos formales y bien remunerados. La pregunta fundamental de cara al futuro es, pues, ¿cómo logramos aumentar la productividad de nuestra economía?

 Un reciente estudio del Banco Mundial (“Desatando el Potencial de Crecimiento de América Central”) proporciona algunas respuestas. La incapacidad del país de generar un crecimiento sostenido de la productividad revela la necesidad de aplicar reformas no solo para fomentar las inversiones innovadoras que mejoren la productividad, sino que hagan que esa mejora sea sostenida, para lo cual se requiere de acciones en cuatro áreas que se complementan mutuamente y en las cuales nuestro país muestra enormes rezagos: la educación, la infraestructura, la eficiencia de los mercados y la calidad de las instituciones.

 El estudio del Banco Mundial identifica varias áreas clave en las que las reformas institucionales y de políticas públicas pueden ayudar a impulsar la productividad y el crecimiento a largo plazo. Las más relevantes para Guatemala son: la reducción de barreras al comercio regional (incluyendo con México); la inversión en capital humano (especialmente de la calidad de la educación); la reducción de rigideces en el mercado laboral (que requiere viabilizar el trabajo a tiempo parcial); el aumento masivo de la inversión en infraestructura (física y digital); la mejora del clima de negocios (que implica mejorar la seguridad física y el acceso a servicios financieros para la pequeña empresa); la creación de un ambiente propicio para la innovación; y, la mejora en la certeza jurídica, los derechos de propiedad y la transparencia (lo que implica reformas al sistema judicial, a la efectividad del gobierno y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción). Ahí hay elementos para una agenda de largo plazo que nos saque del laberinto cortoplacista en el que parece que estamos perdidos.

CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO

 LA DEBILIDAD FUNDAMENTAL DE LA CC (Y DE OTRAS ALTAS CORTES) ES EL DISEÑO DE SU GOBERNANZA

La vorágine de las últimas semanas en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-, en uno de los procesos más salpicados de dudas, disputas y denuncias de la historia, no solo socava la credibilidad de esa altísima corte (con los efectos perversos que ello ejerce sobre la certeza jurídica en el país), sino que revela un problema de fondo que -pese a lo evidente- suele escapar de los debates políticos sobre el tema: el inadecuado conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de las cortes de justicia en el país (es decir, su deficiente estructura de gobierno corporativo).

Muchas de las debilidades del proceso de elección de magistrados de la CC tienen que ver con su gobernanza institucional: el despropósito de cambiar a todos los magistrados simultáneamente; los periodos muy cortos de ejercicio en el cargo; la falta de claridad respecto la acreditación de méritos de los aspirantes; y, la falta de claridad sobre sus funciones. Al corregir estos defectos de diseño sería posible mejorar sustancialmente la independencia y la excelencia (las dos características fundamentales) de los magistrados, sin evadir el hecho inevitable de que su elección y nombramiento es un acto eminentemente político.

En efecto, en virtud de la naturaleza inevitablemente política de los nombramientos, los magistrados no deberían ser electos simultáneamente, sino que en forma escalonada para garantizar que los entes (políticos) que participen en el proceso tengan ascendente sobre solo uno de los electos, ya que una elección focalizada (escalonada) potenciaría los frenos y contrapesos internos en cada cuerpo elector e impediría las dinámicas de repartición de cuotas que suelen darse cuando se eligen todos los magistrados a la vez. Por otra parte, ampliar los plazos de cada magistratura (como es común en la mayoría de países civilizados) permitiría distanciar a los jueces respecto de quienes los nombraron, potenciando su independencia.

Simultáneamente debe establecerse un método de elección de magistrados en que se califique su capacidad, experiencia y mérito profesional, de forma que solo pueda nombrarse a los mejor calificados. Igual de importante es restringir el mandato de los magistrados al campo jurisdiccional y específicamente constitucional: deben administrar justicia y no recursos, de manera que los temas administrativos y de gestión institucional deberían estar a cargo de instancias técnico-gerenciales que impidan caer a los magistrados en distracciones -y tentaciones- indebidas. Este es el tipo de reformas que deben discutirse y consensuarse para evitar que en futuro se repitan los bochornos de las últimas semanas.

Nubarrones en el Horizonte

 LA ANSIADA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ENFRENTA OBSTÁCULOS IMPREVISTOS

Tras un aciago 2020, las expectativas económicas para el presente año se pintaban optimistas, con un crecimiento del PIB repuntando a una tasa anual de 3.5% en 2021, luego de haber retrocedido en -1.5% el año previo. Detrás de ese optimismo estaba la perspectiva de una mengua en los contagios de covid-19, acompañada de una desescalada de las restricciones a la movilidad ciudadana y, con ella, una reactivación rápida de las actividades de producción y consumo. Todo ello, en un ambiente de mejora en las condiciones de la economía mundial que favorecería un aumento de nuestras exportaciones y de los flujos de remesas familiares hacia Guatemala.

Sin embargo, estas expectativas positivas se han empezado a ver amenazadas en las primeras semanas del año por una serie de nubarrones en el horizonte que están surgiendo de manera imprevista, lo cual podría perjudicar la actividad económica nacional, a pesar de seguir siendo nuestra economía una de las menos afectadas por la pandemia (en comparación con los países vecinos). Los efectos nocivos sobre la economía mundial, derivados de la segunda y tercera olas de la pandemia en un gran número de países, se ven exacerbados por el surgimiento de nuevas mutaciones del virus, así como por los problemas de fabricación y distribución de las distintas vacunas disponibles, todo lo cual compromete el desempeño de las exportaciones nacionales y mantiene deprimidas actividades como el turismo, cuya recuperación depende crucialmente de que, en algún momento, la pandemia retroceda.

A nivel doméstico también se están acumulando nubarrones. El aumento de los contagios detonó, por parte del gobierno, nuevas restricciones a la actividad comercial y a la provisión de ciertos servicios, lo cual ocasiona un impacto económico que puede verse agravado por la incertidumbre que existe respecto de la capacidad del país de adquirir, distribuir y aplicar un número suficiente de vacunas para inmunizar a la población. Por otra parte, la decisión del gobierno de no enviar al Congreso una iniciativa para readecuar el presupuesto estatal significa que, formalmente, el techo del gasto gubernamental seguirá siendo enorme (Q107 millardos, mientras no haya un acuerdo legislativo que lo reduzca), lo que no contribuirá a disipar las dudas existentes en los mercados financieros -nacionales e internacionales- respecto de la sostenibilidad fiscal del país.

A eso se suma el impacto negativo que sobre el clima de negocios pueden tener los elevados niveles de desempleo ocasionados por la pandemia, la incapacidad de que las más altas cortes se integren y funcionen con un mínimo de eficiencia y certeza jurídica, la creciente fragmentación partidaria en el Congreso, y el continuado deterioro institucional. Para que estos nubarrones no se conviertan en una tenebrosa tormenta, será necesario que las políticas públicas se re-enfoquen -cuanto antes- en acelerar la vacunación contra el covid-19, en fomentar la reactivación económica, en asegurar la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, en reformar las instituciones clave para asegurar un adecuado clima para generar inversión y empleo en el largo plazo.

¿Qué Pasó con el Presupuesto?

 UNA DECISIÓN CLAVE ES REDUCIR LOS GASTOS SUPERFLUOS

 Debido a que el Congreso no sancionó oportunamente el presupuesto del Estado para 2021, ha quedado vigente para el presente año el enorme y desproporcionado presupuesto de Q107 millardos con el que concluyó el año anterior, situación que genera mucha incertidumbre y confusión respecto de la senda macroeconómica del país. Por ello, el gobierno anunció desde noviembre su intención de presentar al Congreso -a inicios de enero- una iniciativa de readecuación presupuestaria.

 Hasta hoy, dicha readecuación aún no ha sido elevada al legislativo, lo cual no contribuye a atender dos preocupaciones que se agravan día tras día ante la ausencia de un presupuesto gubernamental adecuado a las realidades del año corriente. En primer lugar, existe una creciente incertidumbre entre los agentes económicos respecto de cuáles son las prioridades que guiarán el gasto público durante 2021 y sobre la capacidad del gobierno de ejecutarlos eficientemente. Esa incertidumbre ocasiona que las decisiones de inversión y de consumo carezcan de norte y se vean pospuestas, lo cual redunda en una menor producción y una menor generación de empleos.

 En segundo lugar, el enorme déficit fiscal que se producirían si no se reduce el techo presupuestario hace que aumente la desconfianza externa (particularmente por parte de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo-país) respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas guatemaltecas. Esa desconfianza impide que las condiciones crediticias (tasas de interés y pazos) que enfrentan el gobierno y las empresas nacionales puedan beneficiarse del clima favorable que hoy ofrecen los mercados mundiales.

 Por ello es clave que el gobierno concluya cuanto antes la propuesta de readecuación presupuestaria para 2021 -con un techo de gasto significativamente reducido- y que el Congreso la apruebe rápidamente (sin volverla a arruinar, como lo hizo en noviembre pasado). Hay que tener presente que al techo vigente deben deducírsele los recursos que extraordinariamente prestó el Banco de Guatemala (Q11 millardos) en 2020 -y que no estarán disponibles en 2021-, así como otros rubros (incluyendo algunos préstamos) del presupuesto del año pasado que solo se justificaban por la pandemia.

 Además, es imprescindible que se explicite el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal en 2021, 2022 y 2023, hasta llevarlo a un máximo de un 2% del PIB; este mensaje es esencial para dar tranquilidad a los mercados, y no perjudicar la calificación de riesgo-país. Conviene recordar que la mejor manera en que las finanzas públicas pueden cooperar con una recuperación y un crecimiento económico sostenibles es manteniendo un clima de estabilidad y certeza. Esto requerirá, ciertamente, de valentía para reducir la miríada de gastos superfluos contenidos en el presupuesto vigente y para emprender un diálogo fiscal integral que no se centre solo los ingresos sino, principalmente, en las reformas profundas que se necesitan para mejorar la calidad del gasto público y combatir la enraizada corrupción.

Certeza Jurídica, Instituciones y Crecimiento

 SIN CERTEZA JURÍDICA ES MUY DIFÍCIL PROGRESAR. PERO SIN INSTITUCIONES NO PUEDE HABER CERTEZA JURÍDICA

 La semana anterior participé como panelista en un foro sobre la el estado de derecho y la reactivación económica en el que se puso en evidencia que, desde una perspectiva económica, la certeza jurídica es una condición esencial para la eficiencia (productividad) del aparato económico. En efecto, en un estado de derecho donde impera la ley -lo que garantiza los derechos individuales y la igualdad ante la ley de los ciudadanos- se genera la certeza jurídica que indispensable para satisfacer las necesidades operativas del mercado. Las interacciones económicas en ese mercado florecen al estar basadas en normas (formales e informales) que son, a la vez, estables y adaptativas. Un entorno predecible y estable genera confianza, desencadena la inversión y favorece la eficiencia económica que eleva la productividad y, con ella, el crecimiento económico.

 Ese ambiente virtuoso, sin embargo, no puede surgir ni sostenerse sin que existan instituciones que lo nutran y protejan. Las instituciones (guardianes de la certeza jurídica) no son las entidades gubernamentales, sino que son el conjunto de normas oficiales y de convenciones oficiosas que conforman el marco para la interacción humana y que perfilan los incentivos que motivan a los miembros de la sociedad. Desde el punto de vista económico, la presencia de instituciones eficaces propicia igualdad en el acceso a las oportunidades económicas para todos, así como una compensación apropiada para el factor trabajo y una efectiva protección de los derechos de propiedad.

 En Guatemala, la evidente ausencia de certeza jurídica (y, consecuentemente, de progreso material) se debe, en gran medida, a la debilidad de las instituciones. Aunque contamos con unas pocas instituciones eficaces (como, por ejemplo, el sistema de banca central autónoma que ha coadyuvado a mantener la preciada estabilidad macroeconómica), la mayoría de las instituciones clave son muy débiles e ineficientes: la falta de un sistema de justicia independiente mantiene desprotegidos -entre otros- los derechos de propiedad; la ausencia de un servicio civil profesional genera desperdicio de recursos fiscales; y, la ausencia de un sistema electoral abierto y representativo genera corrupción y anomia ciudadana.

 Para que imperen la ley y la certeza jurídica es necesario fortalecer las instituciones. Sin embargo, estas son el resultado de una compleja interacción de factores económicos, políticos, culturales e históricos, por lo que tienden a ser persistentes y su reforma suele ser difícil. Pero no imposible. Reformar las instituciones es un proceso lento y dificultoso que requiere varias condiciones: un liderazgo político que las impulse; un buen diseño técnico que las estructure; una gestión efectiva y perseverante del proceso de reforma; una voluntad de enfrentarse a la oposición de los buscadores de rentas; y, a veces, un evento “disparador” -una crisis económica o política, por ejemplo- que les dé sustento en la opinión pública.

 En nuestro país están puestas sobre la mesa, desde hace tiempo, una serie de propuestas de reforma institucional, técnicamente bien logradas, que podrían ser -especialmente en razón de la crisis que estamos viviendo- el inicio de un proceso que nos lleve al estado derecho y de certeza jurídica indispensable para que la economía crezca y los guatemaltecos prosperen. Lo que hace falta es el liderazgo, la gestión y la opinión pública que las prioricen e impulsen.

La Mora Judicial Frena la Economía

La administración de justicia (al igual que la seguridad ciudadana o la salud pública) es un servicio público esencial que no debe suspenderse durante la pandemia

En reacción a la pandemia, las autoridades del Organismo Judicial -OJ- han reducido significativamente las actividades de los juzgados y han pospuesto los plazos legales mientras dure el estado de calamidad. Aproximadamente el 70% del sistema de justicia se encuentra paralizado. El porcentaje es cercano a 100% en el caso de los procesos civiles y mercantiles Si una persona desea ejecutar un contrato, una hipoteca, un préstamo, un divorcio, una demanda laboral, o un desalojo, difícilmente encontrará un tribunal que pueda conocer su caso.

La paralización de los juzgados agudiza los ya graves impactos económicos de la pandemia, ya que el sistema de justicia es esencial para el intercambio económico. El mercado inmobiliario, los contratos mercantiles y la creación de nuevos negocios se afectan por la paralización de los órganos judiciales. Sin un sistema de justicia eficiente, será imposible que aumente la inversión. En particular, el sistema bancario y el flujo de créditos puede verse muy afectado por la parálisis del sistema de justicia.

A diferencia de Guatemala, las cortes alrededor del mundo están innovando sus formas de trabajo para mantener al sistema funcionando, al tiempo que protegen la salud de las personas: utilizando videoconferencias para llevar a cabo audiencias; permitiendo a jueces, defensores y fiscales trabajar de forma remota; emitiendo leyes para evitar el colapso de los tribunales; autorizando la firma electrónica para iniciar demandas por internet; permitiendo a los jueces utilizar plataformas en línea para acceder a los expedientes, etcétera. Guatemala debería -con urgencia- seguir estos ejemplos para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a una justicia pronta y cumplida.

Cabe recordar, como antecedente, que la Corte de Constitucionalidad emitió en 2016 un reglamento para el funcionamiento de los servicios electrónicos que permite presentar memoriales de forma electrónica, digitalizar documentos, firmar electrónicamente las resoluciones, notificar electrónicamente a las partes, y contar con un archivo digital. Por alguna extraña razón, el OJ se ha quedado atrasado y, a pesar de la evidente necesidad, no ha sido capaz de emitir un reglamento que permita que las distintas actuaciones judiciales se lleven a cabo de forma electrónica.

Pareciera no haber conciencia de que la administración de justicia es un servicio público esencial: ante algún brote de contagios, la única solución que parecen ver las autoridades del OJ es cerrar más tribunales (es como si la policía decidiera suspender actividades con la excusa de que algunos agentes están contagiándose). La solución no es cerrar el servicio, sino adaptarlo a las circunstancias. Eso es precisamente lo que plantea la Iniciativa de Ley 5774 presentada hace algunas semanas al pleno del Congreso (donde tampoco parece existir conciencia de la importancia y urgencia de dictaminarla y aprobarla).

Esa ley obligaría al OJ a emitir medidas reglamentarias que den vida a una plataforma informática para presentar y dar seguimiento a todo tipo de escritos que deban presentarse ante los órganos jurisdiccionales de toda la República, así como para habilitar que los procesos en materia laboral o de familia puedan realizar audiencias telemáticamente. No se justifica que el OJ y el Congreso tarden tanto en tomar acciones en un tema cuya solución es relativamente sencilla y cuyos efectos positivos sobre el golpeado aparato económico pueden sentirse en el muy corto plazo.

Sector Justicia: Vacuna y Medicina

La falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios

El covid-19 ha obligado a familiarizarnos con las enfermedades catastróficas y con los remedios para enfrentarlas. En estas circunstancias puede ser ilustrativo comparar la precariedad de nuestro sistema de Justicia con las características de una pandemia. El sector justicia de Guatemala padece una grave enfermedad: muchos jueces no son imparciales ni independientes, muchos responden a compromisos personales o de grupo, otros son propensos a la corrupción y al tráfico de influencias, y un gran número de ellos carece de un nivel académico y profesional apropiado. El resultado es la precariedad de una justicia que ni es pronta, ni es cumplida.

Contrario a la creencia generalizada, esa precariedad no se debe tanto a la politización en la elección de jueces y magistrados (ese proceso es siempre -querámoslo o no- un acto político), como al rudimentario diseño de gobernanza institucional de las cortes, que las hace proclives a la mediocridad y a su captura por parte de grupos de interés. Del mismo modo que al covid-19 solo podremos vencerlo cuando apliquemos un medicamento idóneo y una vacuna específica, la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia debe ser combatida con mejoras en su diseño institucional que actúen como medicamento y como vacuna contra la subordinación de la justicia a intereses espurios.

Para el efecto, un medicamento idóneo es escalonar la renovación de los plenos; es decir, cambiar el sistema actual en que los plenos de magistrados de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) se eligen todos simultáneamente. Si los magistrados se eligieran uno por uno, se obligaría a los entes nominadores a llegar a acuerdos, se evitaría la “repartición de cuotas” entre nominadores, se fortalecería el proceso de escrutinio de los candidatos y se facilitaría la indispensable vigilancia de la opinión pública sobre el proceso de elección. Esto está demostrado en muchos países con sistemas judiciales sólidos, independientes, imparciales y eficaces.

Por otro lado, la vacuna para prevenir la captura del sistema judicial se obtiene ampliando el periodo del mandato de los magistrados. Los países con mayor independencia judicial son aquellos en los que el plazo de las judicaturas es mayor, debido a que el paso del tiempo (y la certeza de permanencia en el puesto) permiten que los jueces se distancien de quienes participaron en su nombramiento, así como de los grupos de interés involucrados en el proceso. Un nombramiento por 15 años o más, fomentaría el criterio independiente e imparcial de los jueces magistrados.

Se sabe que la propuesta de reforma constitucional al sector Justicia anunciada por el presidente Giammattei incluye propuestas tanto para escalonar la renovación de magistrados (aunque aparentemente solo de la Corte Suprema), como para ampliar los períodos de las magistraturas (aunque aparentemente solo hasta diez años). Si además incluyera una mejora al proceso de nominación de candidatos que privilegie los méritos y la carrera, podríamos decir que estaría bien encaminada. La duda, claro está, radica en el momento. San Ignacio de Loyola prescribía: "en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente”. De manera que, si bien la necesidad de fortalecer el sector justicia aconseja reformar la Constitución, la prudencia sugiere conducir el proceso de reforma con calma y sabiduría, permitiendo una sana discusión que genere un texto técnicamente bien logrado y favorezca el apoyo popular necesario para su aprobación final.

No es el Fin del Mundo

Esta pandemia no es el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando

Las cifras de la pandemia siguen empeorando alrededor del mundo. Mientras que en Europa lo peor de la crisis ya parece haber quedado atrás, en los países en desarrollo -incluyendo Guatemala- el covid-19 está en plena expansión, causando un enorme daño no solo en vidas humanas sino también sobre la capacidad productiva de las economías. La magnitud del daño, sin embargo, podría no ser tan grande al compararla con la ocasionada por otras pandemias en el pasado.

Hasta ahora, se registran más de 7 millones a afectados por el covid-19, con un saldo de más de 400 mil muertos. Se trata de una pandemia grave, pero menos letal que otras grandes plagas de los últimos siete siglos. Incluso si los aciagos números actuales del covid-19 se duplicaran en los próximos meses, el saldo sería significativamente más benévolo que en otras pandemias del pasado: la Peste Negra (año 1350) arrojó 75 millones de muertos; la Gran Peste de Sevilla (1650), dos millones; el cólera en Rusia (1860), un millón; la Gripe Española (1919), cien millones; la Encefalitis Alérgica (1925), 1.5 millones; y, la Gripe Asiática (1958), 2 millones.

La lección histórica es que, si bien este tipo de tragedias acarrea gran sufrimiento humano y deja heridas en el tejido económico y social, estas heridas no son mortales. Los costos del covid-19 podrían ser incluso menores que en otras pandemias gracias a que la atención médica moderna y las medidas de salud pública son más efectivas. Económicamente, el efecto económico también será distinto porque el covid-19 afecta principalmente a los ancianos, que ya no están en la fuerza laboral y tienden a ahorrar relativamente más que los jóvenes, una gran diferencia con respecto a los siglos pasados cuando las personas tenían expectativas de vida más cortas. Además, la agresiva expansión fiscal emprendida esta vez por los gobiernos, si se maneja razonablemente, podrá mitigar las consecuencias económicas de la pandemia.

No es, pues, el fin del mundo, pero muchas realidades económicas ya están cambiando (y lo seguirán haciendo en los próximos meses), lo cual demandará un esfuerzo de adaptación por parte de productores, consumidores, inversionistas y gobiernos. Muchos de los problemas que enfrentaremos en la próxima década no serán nuevos, sino simplemente versiones más extremas de los que ya enfrentamos hoy: la pandemia solo las exacerbará. El desafío es salir de esta crisis mejor que antes, en función de lo cual habrá que tomar medidas para resolver estos problemas y lograr un cambio de fondo.

Las empresas saben ahora que no es sano que sus cadenas de suministros dependan de una sola fuente. Los trabajadores deben comprender que no pueden depender de una sola habilidad técnica. Los países en vías de desarrollo deben resistirse ante (y combatir juntos) las crecientes tendencias proteccionistas y antiglobalizadoras. Los gobiernos deben aprovechar la expansión del gasto público -sabiendo que debe ser estrictamente temporal- para incrementar la inversión pública en infraestructura, tecnología, salud pública y educación.

La pandemia no es el fin del mundo, pero la nueva normalidad nos exigirá un renovado esfuerzo de adaptación. La innovación será esencial para buscar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de convivencia social con visión de largo plazo, nuevas capacidades productivas y una nueva ética empresarial, laboral y gubernamental.

Corregir Sobre la Marcha

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia, Pero debe ajustarse con rapidez.

El principal objetivo de las políticas públicas ante la crisis actual debe ser evitar que la pandemia rompa el tejido social, destruya la paz social y genere ingobernabilidad. Por eso, dichas políticas deben incluir medidas en los ámbitos sanitario, social y económico, algunas de las cuales han debido improvisarse de forma inmediata, mientras que otras deben diseñarse y aplicarse según corresponda a las cuatro fases de la crisis económico-sanitaria: contención, mitigación, reapertura y reactivación. La tarea es tan compleja que resulta inevitable (y más para un gobierno nuevo) que las medidas deban irse corrigiendo constantemente en función de la evolución de la pandemia y de la respuesta social e institucional a la misma.

El gobierno guatemalteco actuó prontamente en la etapa de contención: aplicó oportunas medidas de confinamiento parcial y obtuvo financieros por más de Q19 millardos para atender la emergencia. En cambio, en la actual etapa de mitigación la ejecución de dichos fondos ha resultado difícil de echar a andar. De los Q1.6 millardos asignados al Ministerio de Salud, al 28 de mayo solo se había ejecutado un 3 por ciento. La conformación de una comisión específica, integrada por médicos de reconocido prestigio, debe marcar un punto de inflexión para acelerar los procesos de compra de material y equipo médico. De manera similar, el programa de asistencia humanitaria, el más grande de todos, el del Bono Familia, a la misma fecha solo había ejecutado un 7 por ciento de los Q6 millardos asignados.

Otro programa crucial en la etapa de mitigación es el del fondo de Q2 millardos para apoyar a los empleados cuyos contratos de trabajo sean suspendidos. Luego de afrontar muchos obstáculos para arrancar, por fin ha logrado otorgar ayuda a más de 23 mil trabajadores, aunque ello equivale a solamente un 2 por ciento del monto disponible, Es muy probable que al finalizar el estado de calamidad este programa dejará recursos sobrantes que deberían ser redireccionados hacia programas más permanentes de acceso a licencias por enfermedad, prestaciones por desempleo y prestaciones de salud (cuya gestión debería estar a cargo del IGSS), que serán muy útiles para los más afectados por la pandemia, particularmente para las personas más pobres que carecen de un colchón de ahorros y, por lo tanto, viven al día.

También tardó en arrancar el Fondo de Créditos para Capital de Trabajo para financiar a empresas y mantener su capacidad productiva y la continuidad de sus operaciones. Hasta finales de mayo, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN, entidad a cargo de su ejecución) había desembolsado Q250 millones, es decir, menos del 8.5 por ciento de los Q2.7 millardos asignados a este Fondo. Para agilizarlo, más que una reforma a la Ley Orgánica del CHN (que pretende permitir que dicha entidad realice operaciones ajenas al giro bancario -lo cual puede poner en riesgo la salud de todo el sistema financiero-) lo que se necesita es usar esos fondos para constituir un vehículo financiero de propósito especial que no solo permita que otras entidades bancarias participen en (y agilicen) la asignación de los créditos, sino que también permita una gobernanza más versátil y transparente de dicho Fondo.

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia. Lo importante es hacer esos ajustes de forma técnica y transparente, previendo que algunos de estos programas (con los recursos que muy probablemente no serán ejecutados en la etapa de mitigación) puedan reconvertirse en programas más permanentes que serán de gran utilidad en la etapa de reactivación económica.