LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES

ES PRECISO DOTAR DE RECURSOS AL INE (Y FORTALECER SU GOBERNANZA) PARA QUE REALICE LAS ENCUESTAS BÁSICAS

Para cualquier país es de crucial importancia contar con información fidedigna en materia de cifras demográficas, de facturación de negocios, de ingresos de las familias, de empleo o de pobreza para poder tomar decisiones empresariales y de política económica. Sin estadísticas confiables, el gobierno dará palos de ciego en sus políticas económicas y sociales, los inversionistas desperdiciarán su dinero sin saber dónde enfocarse y los ciudadanos divagarán sin saber cómo ni cuánto exigirles a sus autoridades gubernamentales.

Por ejemplo, en medio del actual clima mundial de alzas de precios, resulta indispensable que la medición de la inflación en el país sea precisa y creíble, y para ello es necesario (y urgente) que el INE logre concluir la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-, sobre la cual se basará el cálculo de un nuevo índice de precios al consumidor -IPC-. Se sabe que esta encuesta empezó a realizarse desde el año pasado, pero que su conclusión está amenazada por falta de recursos financieros, pese a que el presupuesto anual del gobierno establece explícitamente la obligatoriedad de otorgar suficientes recursos para dicha encuesta.

Otra encuesta clave es la de Condiciones de Vida -ENCOVI- que podría dar indicadores sobre los niveles de vida y el bienestar de la población que son básicos para la aplicación de política pública. Pero en Guatemala solo se han hecho cuatro ENCOVIs en los últimos veinte años, y la última se realizó en el ya lejano 2014.

También es fundamental contar con información sobre la tasa de desempleo, que es uno de los indicadores más claros de cómo se está comportando la economía. No contar con datos de empleo de forma oportuna y fidedigna es condenar a la política económica del país a navegar sin brújula. Pero, recientemente, el Banco de Guatemala publicó las cuentas nacionales (ya revisadas) para 2021, y resulta que no fue posible actualizar la información sobre el sector informal ni la matriz de empleo e ingresos para 2020 debido a que (según lo aclara el propio Banguat en su sito web) el Instituto Nacional de Estadística -INE- no realizó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-para ese año.

Para contar con esas estadísticas tan importantes, lo primero y más urgente es dotar el INE de los recursos financieros y técnicos necesarios para realizar las encuestas clave (ENIGH, ENCOVI y ENEI) de forma periódica y oportuna, sabiendo que existen recursos presupuestarios de sobra. Pero también, paralelamente, es preciso dotar al INE de la fortaleza institucional que su rol amerita, lo cual implica dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria. Existe una buena oportunidad para hacerlo: la iniciativa 5917, que busca reformar la Ley Orgánica del INE fortaleciendo su gobernanza y capacidades técnicas, se encuentra desde febrero de este año en la Comisión de Economía del Congreso para emitir el dictamen correspondiente. El Pleno del Congreso debería priorizar su aprobación.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)

ESTRUCTURALMENTE, EL DESAFÍO MÁS GRANDE ES MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA DE LA ECONOMÍA

La semana pasada decíamos que, coyunturalmente, el principal desafío macroeconómico en 2022 será preservar la estabilidad y resiliencia, que son un activo invaluable para el país. Sin embargo, el problema de fondo de nuestra economía continúa siendo el secularmente lento ritmo de crecimiento, que dificulta mejorar los niveles de bienestar de la población. Detrás de este problema subyace el desafío estructural más grande que enfrentamos: mejorar la productividad sistémica de nuestra economía.

A pesar de la estabilidad macroeconómica (aunque, claro está, no a causa de ella), en los últimos cuarenta años el PIB por habitante de Guatemala ha sido el que menos ha crecido de todos los países centroamericanos, y en Latinoamérica solo Argentina y Venezuela han tenido un desempeño peor que el nuestro. Dos causas explican, principalmente, el mediocre crecimiento de la producción nacional. Por un lado, la escasísima inversión en infraestructura: la formación de capital en Guatemala es menos del 15 por ciento del PIB, cuando el promedio mundial es de casi un 25 por ciento. Y, por otro lado, la exigua productividad de los factores de producción: la productividad laboral en Guatemala es de las más bajas de Latinoamérica (solo en Bolivia y Venezuela es más baja) y ha permanecido casi estancada durante treinta años.

Una condición imprescindible para aumentar la productividad y la inversión es que impere un estado de derecho en el que se garanticen los derechos individuales y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La certeza jurídica es un requisito indispensable para satisfacer las necesidades operativas y las interacciones de mercado en la economía, de manera que estas se basen en reglas (formales e informales) que sean, a la vez, estables y adaptativas. Esas reglas conforman las instituciones que, como custodios de la certeza jurídica, permiten que surja entorno predecible y estable que genere confianza, desencadene la inversión y asegure que los intercambios económicos se produzcan de manera eficiente, todo lo cual permitiría elevar la productividad sistémica y, con ella, el crecimiento económico y el bienestar material.

La existencia de instituciones sólidas y eficaces es indispensable para lograr el ambiente de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, para promover la inversión (en personas y en infraestructura) y para lograr un buen clima de negocios. Desde una perspectiva económica es, pues, necesario reformar y fortalecer las principales instituciones del Estado (sistemas de justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de regulación de mercados, etcétera) para mejorar la productividad sistémica y habilitar a la sociedad para compartir riesgos, proveer redes de protección social y crear oportunidades para todos. Estas reformas no son fáciles de implementar, ni dan resultados inmediatos, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública, ni ningún crecimiento económico, podrán sostenerse en el tiempo.

Presupuesto 2021: una Oportunidad para la Recuperación Económica

El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios

Como cada año, el proceso de elaboración del Presupuesto del Estado para el año próximo está ya en marcha, pero esta vez las circunstancias demandan un reenfoque profundo. Cuando finalmente concluyan las etapas de mitigación de la pandemia y de reapertura de la economía, el país tendrá una oportunidad de relanzar la economía. El presupuesto debe convertirse en la herramienta central para dirigir las políticas públicas que aprovechen esa oportunidad única. El relanzamiento exitoso de la economía nacional dependerá en gran medida de que las prioridades del presupuesto se focalicen en cinco temas cruciales.

El primero es mejorar las redes de protección social. El desempleo ocasionado por la pandemia, así como la reducción en los flujos de remesas familiares al país, conllevarán una reducción en los ingresos de un segmento considerable de la población, que desafortunadamente se concentra en los grupos económicamente más vulnerables. Si bien durante la etapa crítica se aplicaron paquetes temporales de transferencias de efectivo y de bolsas de alimentos, es necesario que estos programas se restructuren con un carácter permanente, pero que estén mejor focalizados y diseñados para estabilizar automáticamente los ingresos de las personas en caso de crisis o catástrofes futuras.

Una segunda prioridad debe ser los sistemas sanitarios y de atención y prevención de desastres. La pandemia ha puesto de manifiesto que la salud pública es estratégica para preservar el funcionamiento de la economía y el desarrollo de las relaciones sociales, especialmente cuando se trata de una emergencia nacional ocasionada por epidemias o desastres naturales. El fortalecimiento de la sanidad pública resulta crucial para minimizar costos de una eventual segunda oleada de contagios, así como para reducir expectativas pesimistas de los agentes económicos y reducir el “confinamiento voluntario” que deprime la demanda agregada de la economía. Ello requiere invertir en infraestructura, equipamiento y recurso humano en salud.

Tercero, debe priorizarse la inversión en infraestructura física, tanto en sistemas de salud que protejan a las personas y minimicen los riesgos de epidemias en el futuro como en la infraestructura vial y tecnológica que requerirá la actividad productiva en la nueva normalidad. Al respecto, es esencial mejorar la eficiencia de la inversión pública para evitar que los fondos destinados a obras públicas de infraestructura se pierdan por ineficiencia o corrupción.

Una cuarta prioridad será la generación de empleos, algo en lo que el presupuesto estatal puede contribuir decididamente, no solo directamente a través del gasto público en actividades creadoras de puestos de trabajo, sino que -más importante- de manera indirecta a través de la transmisión de señales certeras que impulsen a los agentes económicos a invertir y consumir con más confianza respecto al rumbo futuro de la economía. Y, por último, el presupuesto debe formularse priorizando la sostenibilidad fiscal, lo que implica que el Presupuesto del Estado para 2021 debe esbozar la ruta del retorno gradual a los indicadores de solidez fiscal (déficits y endeudamiento moderados) de las décadas previas a la crisis. Esto es especialmente importante dada la reputación de prudencia y de solvencia que se le reconoce a Guatemala en los mercados financieros internacionales, la cual es menester preservar para mantener abiertos los canales de financiamiento internacional que tanto el sector público como el privado necesitarán durante la reactivación económica.

Corregir Sobre la Marcha

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia, Pero debe ajustarse con rapidez.

El principal objetivo de las políticas públicas ante la crisis actual debe ser evitar que la pandemia rompa el tejido social, destruya la paz social y genere ingobernabilidad. Por eso, dichas políticas deben incluir medidas en los ámbitos sanitario, social y económico, algunas de las cuales han debido improvisarse de forma inmediata, mientras que otras deben diseñarse y aplicarse según corresponda a las cuatro fases de la crisis económico-sanitaria: contención, mitigación, reapertura y reactivación. La tarea es tan compleja que resulta inevitable (y más para un gobierno nuevo) que las medidas deban irse corrigiendo constantemente en función de la evolución de la pandemia y de la respuesta social e institucional a la misma.

El gobierno guatemalteco actuó prontamente en la etapa de contención: aplicó oportunas medidas de confinamiento parcial y obtuvo financieros por más de Q19 millardos para atender la emergencia. En cambio, en la actual etapa de mitigación la ejecución de dichos fondos ha resultado difícil de echar a andar. De los Q1.6 millardos asignados al Ministerio de Salud, al 28 de mayo solo se había ejecutado un 3 por ciento. La conformación de una comisión específica, integrada por médicos de reconocido prestigio, debe marcar un punto de inflexión para acelerar los procesos de compra de material y equipo médico. De manera similar, el programa de asistencia humanitaria, el más grande de todos, el del Bono Familia, a la misma fecha solo había ejecutado un 7 por ciento de los Q6 millardos asignados.

Otro programa crucial en la etapa de mitigación es el del fondo de Q2 millardos para apoyar a los empleados cuyos contratos de trabajo sean suspendidos. Luego de afrontar muchos obstáculos para arrancar, por fin ha logrado otorgar ayuda a más de 23 mil trabajadores, aunque ello equivale a solamente un 2 por ciento del monto disponible, Es muy probable que al finalizar el estado de calamidad este programa dejará recursos sobrantes que deberían ser redireccionados hacia programas más permanentes de acceso a licencias por enfermedad, prestaciones por desempleo y prestaciones de salud (cuya gestión debería estar a cargo del IGSS), que serán muy útiles para los más afectados por la pandemia, particularmente para las personas más pobres que carecen de un colchón de ahorros y, por lo tanto, viven al día.

También tardó en arrancar el Fondo de Créditos para Capital de Trabajo para financiar a empresas y mantener su capacidad productiva y la continuidad de sus operaciones. Hasta finales de mayo, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN, entidad a cargo de su ejecución) había desembolsado Q250 millones, es decir, menos del 8.5 por ciento de los Q2.7 millardos asignados a este Fondo. Para agilizarlo, más que una reforma a la Ley Orgánica del CHN (que pretende permitir que dicha entidad realice operaciones ajenas al giro bancario -lo cual puede poner en riesgo la salud de todo el sistema financiero-) lo que se necesita es usar esos fondos para constituir un vehículo financiero de propósito especial que no solo permita que otras entidades bancarias participen en (y agilicen) la asignación de los créditos, sino que también permita una gobernanza más versátil y transparente de dicho Fondo.

Resulta normal que estos programas deban irse ajustando sobre la marcha a las cambiantes realidades que plantea la pandemia. Lo importante es hacer esos ajustes de forma técnica y transparente, previendo que algunos de estos programas (con los recursos que muy probablemente no serán ejecutados en la etapa de mitigación) puedan reconvertirse en programas más permanentes que serán de gran utilidad en la etapa de reactivación económica.

Debilidades de la Economía

Identificadas las debilidades, corresponde al país –y particularmente al gobierno entrante- combatirlas y encontrar las rutas para revertirlas.

En las horas finales de 2019 aprovecho para compartir un resumen de las nueve principales debilidades de nuestra economía, en seguimiento al análisis FODA (es decir, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que realizamos junto con algunos colegas, utilizando como base los reportes más recientes de las calificadoras de riesgo-país y de los organismos multilaterales que dan constante seguimiento a las condiciones económicas y de inversión en Guatemala.

(1) Los bajos niveles de desarrollo humano, que se reflejan en indicadores muy desfavorables en comparación con otros países de similar nivel de ingresos, especialmente en las áreas de desnutrición infantil, población en situación de pobreza, tasas de escolaridad y acceso a servicios básicos de saneamiento. (2) El lento ritmo de crecimiento de la producción nacional que ha significado que, en las últimas dos décadas, el crecimiento del PIB per cápita guatemalteco sea el segundo más lento en Latinoamérica -solo por delante de la devastada Venezuela-. (3) La irrisoriamente baja inversión privada y pública –especialmente en infraestructura-.

(4) La notoria debilidad de las instituciones estatales que impide la provisión de los servicios públicos básicos –seguridad, justicia, salud y educación primarias, infraestructura-. (5) Un sistema político en continua tensión, que genera incertidumbre e impide que se logren acuerdos respecto de las políticas públicas de largo plazo. (6) La endeblez del Estado de Derecho, que perjudica el clima de negocios. (7) La persistente corrupción en la cosa pública que resta eficacia al gobierno e impone costos a la actividad económica. (8) Las percepciones de desigualdad y exclusión, que dañan el tejido social y enrarecen el clima de negocios. Y, (9) Los ingresos tributarios persistentemente bajos, que impiden el Estado movilizar recursos para la inversión social y física.

Identificadas las debilidades, corresponde al país –y particularmente al gobierno entrante- combatirlas y encontrar las rutas para revertirlas. En general, el escaso ritmo de crecimiento económico, la baja inversión y la incidencia de la pobreza están vinculadas a una muy baja productividad (es decir, la poca capacidad de producir por cada factor utilizado -trabajador, capital, tierra, tecnología- durante un periodo determinado) y esta, a su vez, está ligada a la incapacidad del Estado de proveer los bienes públicos esenciales debido a su debilidad institucional.

En el corto plazo, la economía puede reactivarse mediante medidas de política macroeconómica (fiscal y monetaria) que incentiven la demanda agregada, así como mediante acciones de reforma que inoculen confianza a los agentes económicos. Pero en el largo plazo las debilidades económicas solo pueden revertirse sostenidamente mediante una cuidadosa reforma institucional que incremente la eficacia de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que estén en capacidad de atender la toda la población (incluyendo especialmente a quienes hoy sufren de exclusión), reducir sustancialmente la corrupción, generar confianza al contribuyente (para que el Estado pueda movilizar más recursos hacia la inversión física y social) y mejorar así la productividad sistémica de la economía nacional.

¿Hacer Caridad con Fondos Públicos?

La caridad, la beneficencia y la filantropía deben realizarse con recursos privados (de individuos o empresas); nunca deberían financiarse con fondos del erario público

Alrededor del mundo, las instituciones (ONGs, fundaciones, asociaciones) que se dedican a la caridad, al altruismo y a la beneficencia se sostienen mediante donaciones privadas, ya sea en forma de trabajo voluntario o de dinero provisto por el público en general, ya sea en forma de trabajo voluntario como de donaciones en especie y en dinero (incluyendo montos importantes donados por ricos filántropos). En Guatemala existen numerosas organizaciones de este tipo que prestan un servicio de gran beneficio para el país y sus comunidades.

Sin embargo, existe un creciente número de ONGs y fundaciones que, año con año, reciben fondos del erario público para realizar sus obras. Aunque esto es lícito, no debería ser normal: la provisión de servicios públicos debe estar a cargo del gobierno, ya sea de manera directa o mediante una transparente contratación de servicios. El darle dinero a una ONG (por muy bien intencionada que sea) equivale a una claudicación de las funciones gubernamentales. Las entidades de caridad no deberían suplantar al Estado (utilizando los recursos financieros de este), sino complementarlo (financiándose con donaciones privadas).

En el presupuesto gubernamental para 2020 (que el Congreso está en proceso de discutir y aprobar) se incluye un monto de más de Q660 millones a ser repartido a unas setenta ONGs y fundaciones para que -¿por delegación, aunque la función pública es indelegable?- ejecuten servicios (principalmente en las áreas de salud, educación, cultura y agricultura) que, en puridad, correspondería proveer al Estado. Muchas de esas entidades fueron elegidas arbitrariamente para recibir millones de quetzales del presupuesto sin que se sepan las razones de su escogencia. Otras son entidades muy respetadas que se han encargado por años de suplir la ausencia del Estado en la provisión de servicios tan loables como los de atención a enfermedades coronarios o renales. Pero incluso en el caso de estas, la aspiración debería ser que, idealmente, sean las instituciones del Estado las que provean tales servicios (ya sea directamente o mediante la contratación transparente del servicio).

Para alcanzar esa situación ideal, es necesario mejorar varios aspectos. Las ONGs, fundaciones y asociaciones deben adoptar mejores prácticas para modernizar su gobernanza, así como sus métodos de fondeo y evaluación de la eficiencia e impacto social de sus actividades. El gobierno puede ayudarlas fomentando la cultura de la donación (mediante medidas que podrían incluir exenciones fiscales a los montos donados).

Pero las mejoras más importantes son las que permitan que el gobierno no claudique de su obligación de prestar los servicios públicos esenciales, que cese paulatinamente de delegar tales servicios en ONGs y asociaciones elegidas arbitrariamente, y que gradualmente haga transparente la prestación de estos servicios (los que el Estado no esté en capacidad de proveer) por parte de ONGs, fundaciones y asociaciones mediante contrataciones realizadas conforme la ley. Aunque tal esfuerzo pueda resultar trabajoso, lento y exasperante, será algo sano y positivo para mejorar no solo la eficiencia del gasto público, sino también el desempeño y reputación de las propias ONGs, asociaciones y fundaciones involucradas.

La Trampa del Crecimiento Mediocre

La economía guatemalteca va ahí, creciendo siempre, pero despacio. Demasiado despacio...

Si algo caracteriza a la economía guatemalteca es su resiliencia (o sea, su capacidad de absorber y sobreponerse a las perturbaciones sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad): la crisis mundial de 2008 (que ocasionó severas recesiones en la mayoría de países) solo provocó una rápida desaceleración de la producción nacional que pronto se revirtió, para luego registrar en los nueve años posteriores tasas de crecimiento que han alcanzado, en promedio, un 3.5% anual, todo ello en un ambiente de notable estabilidad de las variables macroeconómicas (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, etcétera), que contrasta con la inestabilidad de la mayoría de las economías latinoamericanas.

Esta positiva realidad puede resultar peligrosamente engañosa y conducirnos a la complacencia, creyendo que esa resiliencia y esa estabilidad significan que nuestra economía está bien, que estamos progresando satisfactoriamente y que podemos estar satisfechos con los niveles de bienestar material generados por nuestro aparato productivo. Nada más lejos de la realidad.

Es verdad que debido a ese crecimiento económico resiliente y a los avances tecnológicos de la vida moderna, la calidad de vida del guatemalteco promedio hoy es muy superior a la de hace cincuenta años. También es cierto que los indicadores oficiales de pobreza del país –que señalan que no ha habido avances significativos en la reducción de la pobreza en la última década- son puestos en duda por muchas personas que creen que las cifras son técnicamente inconsistentes e institucionalmente poco confiables. Pero es igualmente cierto que otras cifras más confiables y estándar (de producción y crecimiento poblacional) arrojan resultados muy alarmantes: la economía guatemalteca está creciendo año con año, pero a una velocidad tan lenta que se está quedando muy rezagada en comparación con el resto de las economías latinoamericanas y, aún más, respecto de las economías de Asia.

Al comparar la evolución de nuestro PIB por habitante (medido según la paridad de su poder adquisitivo) con la de otros países, nos encontramos con la desagradable realidad de que entre 1980 y 2018 somos el segundo país con más lento crecimiento en toda Latinoamérica (el más lento ¡oh, sorpresa! es Venezuela). En esos 38 años el PIB per cápita en Guatemala creció acumulativamente un 211 por ciento, mientras que, por ejemplo, en Chile lo hizo en 653 y en Panamá, 623 (los dos más dinámicos); en Honduras lo hizo en 303 y en Costa Rica, 395; incluso los países más propensos a crisis como Argentina, Brasil y México crecieron más rápido de Guatemala. Y eso sin mencionar a países fuera de la Región que en ese mismo periodo crecieron en porcentajes vertiginosos (Indonesia y Vietnam lo hicieron a 952 y 1,616, respectivamente).

Venezuela, víctima de la destrucción sistemática y arrasadora de sus instituciones republicanas y de sus instituciones económicas, es el país latinoamericano que menos ha crecido (apenas 40 por ciento en 38 años). Los guatemaltecos deberíamos preguntarnos seriamente si la debilidad de nuestras instituciones republicanas y económicas no ha sido también el factor detrás de nuestro mediocre crecimiento.

PIB Per Cápita en algunos países
En Dólares (ppp)*  y  % de Crecimiento
Años 1980 - 2018
	1980	2018	Crecimiento
Panamá	3,704	26,794	623%
Chile	3,440	25,891	653%
Uruguay	4,253	23,266	447%
México	5,835	20,644	254%
Argentina	6,337	20,609	225%
Tailandia	1,609	19,126	1089%
Rep. Dominic.	2,372	18,323	672%
Costa Rica	3,561	17,644	395%
Brasil	4,899	16,111	229%
Colombia	2,761	15,021	444%
Perú	3,151	14,252	352%
Paraguay	3,376	13,471	299%
Indonesia	1,254	13,176	951%
Ecuador	3,255	11,732	260%
Venezuela	7,861	10,968	40%
Guatemala	2,701	8,413	211%
El Salvador	2,156	8,388	289%
Bolivia	2,096	7,943	279%
Vietnam	436	7,482	1616%
Honduras	1,445	5,817	303%
Nicaragua	1,240	5,683	358%
*/  Dólares de paridad de poder adquisitivo.
**/  El dato de 1980 se obtuvo de Google ya que los datos del WEO para Nicaragua inician en 1994.
Fuente: WEO - FMI. Octubre de 2018.

Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

La Crisis de los Migrantes

El drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, para atender las causas (principalmente económicas) de esa migración

Soy hijo de un refugiado. Mi padre emigró a la edad de nueve años, huyendo de una atroz guerra civil en su país natal que le costó la vida de más de un millón de personas. A esa corta edad, mientras cruzaba la frontera en medio de la una multitudinaria columna de desterrados, él y su hermano se apartaron del lado de mi abuela y se extraviaron; estuvieron deambulando desamparados durante semanas, padeciendo hambre y enfermedades, y sufriendo el angustiante trauma de no saber si algún día volverían a reunirse con su familia. A través de los relatos de mi padre quedó impresa en mi alma la imagen del terrible dolor que un niño migrante puede sufrir cuando es separado de su familia en un país extraño.

Esa imagen reaparece con las noticias de las crisis migratorias que hoy se viven en el Congo, Sudán del Sur, Siria o Europa. Pero se convirtió en dolor al escuchar los gritos y el llanto de los niños guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños separados cruelmente de sus padres en aplicación de las estrictas medidas de “cero tolerancia” contra los inmigrantes ilegales por parte de las autoridades estadounidenses. Las principales razones detrás de esa política es que los migrantes y refugiados representan una carga financiera para los Estados Unidos y una amenaza a su seguridad nacional.

Ambas razones, según la prestigiosa revista The Economist, no se sustentan para el caso de los refugiados que los Estados Unidos han acogido en años recientes. Las estadísticas demuestran que diez años después de su llegada, el ingreso monetario promedio de una familia de refugiados, así como el monto de impuestos que le pagan al fisco, es similar al de la familia estadounidense promedio, lo cual implica un costo cero para el Estado. Además, ninguno de los 3 millones de refugiados que Estados Unidos ha acogido desde 1980 ha estado involucrado en un ataque terrorista fatal, lo que implica que no representan una amenaza adicional a su seguridad nacional.

Claro que no todos los emigrantes son refugiados, pero los emigrantes centroamericanos, que arriesgan sus vidas (y las de sus hijos) cruzando todo el territorio mexicano bajo condiciones extremas, huyendo de condiciones de vida (económicas y sociales) en sus países que amenazan gravemente la viabilidad de sus familias, tienen muchas características que los asemejan con el perfil de los refugiados. Por ello, su tratamiento en el país de acogida se trata tanto de un asunto jurídico como de uno humanitario. Como dijo el Papa Francisco: “La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”

Ahora bien, el drama de nuestros connacionales en la frontera México-estadounidense no debe llamarnos solamente a exigir a aquellos países un trato digno a los migrantes, sino que debe ser, sobre todo, un llamado a nosotros mismos, como Estado, a emprender con urgencia las acciones necesarias para evitar que los compatriotas se vean forzados a emprender el peligroso rumbo de la migración ilegal. Las principales causas de esa migración (según lo certifican diversas encuestas de opinión) son la falta de empleo y de ingresos económicos que agobian a los guatemaltecos.

Lo anterior implica que la prioridad de políticas públicas para enfrentar el problema tienen que ver con generar un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleos. Y eso pasa, inevitablemente, por construir la institucionalidad pública necesaria para que el Estado provea los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, nutrición) para la actividad productiva y la convivencia social.

Consecuencias Económicas de la Política

Un mal entorno político perjudica el desempeño económico, y viceversa. Para romper este círculo vicioso es esencial rescatar la institucionalidad del Estado y priorizar las políticas públicas

Existe un vínculo entre el entorno político y el desempeño económico, que hace que ambos factores (el económico y el político) se afecten mutuamente. Cuando prevalece un clima de conflictividad social, o una sensación de falta de rumbo, o una debilidad institucional generalizada, se configura un ambiente poco propicio para los negocios, adverso para la inversión y causante de un escaso crecimiento de la producción de bienes y servicios. A su vez, una economía anémica genera malestar en la población y perjudica el entorno político.

A pesar de que actualmente las perspectivas de la economía mundial son, en general, positivas, la economía guatemalteca parece estarse resintiendo de un ambiente de confrontación (evidente, al menos, en la opinión pública) y de falta de rumbo en materia de políticas públicas, que se traduce en incertidumbre al momento de tomar decisiones económicas. Desde 2016 la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto –PIB-) está creciendo a una tasa promedio de 3.0% anual, velocidad mediocre que, aparentemente, no mejorará ni este año, ni el próximo. En los años previos el crecimiento del PIB había promediado una tasa superior al 4%: ese 1% de diferencia puede significar un abismo en términos de bienestar y de reducción de la pobreza.

El problema es que, con un crecimiento económico mediocre y con una población en continuo aumento, la generación de empleos y las condiciones de vida de la población se estancan. Y con los indicadores de pobreza estancados y los niveles de empleo sin mejorar, es posible que aumente la conflictividad social, lo que, a su vez, perjudicará el desempeño de la economía. Este círculo vicioso, a las puertas de un proceso electoral, genera un campo fértil para el surgimiento de líderes populistas que, de ser electos (sin importar si son de derechas o de izquierdas), pueden conducir al país hacia una dinámica socioeconómica que, en largo plazo, solo perjudicará las posibilidades de desarrollo. Y podríamos estar peor, pues el cóctel se torna más explosivo si se le agregan ciertos ingredientes que están sobre la mesa: tensiones ideológicas fabricadas por grupos de interés, diferencias étnicas que podrían exacerbarse, acciones de boicot en contra de proyectos de inversión privada financiadas por bien intencionados cooperantes extranjeros, prácticas corruptas enraizadas en la gestión pública, etcétera.

Si a todo esto sumamos la posibilidad de un desastre natural (recordemos que Guatemala es uno de los países más vulnerables a este tipo de eventos), nos encontraremos con una tormenta perfecta. Diversos estudios de economistas han identificado un vínculo entre los desastres derivados del clima -particularmente sequías o inundaciones en economías agrícolas- con brotes de conflictividad y violencia intercomunitaria en países en desarrollo. Uno de esos estudios encontró que, entre 1980 y 2010, el 23% de las guerras civiles coincidió con la ocurrencia de desastres asociados al clima en países con conflictividad étnicas o social. Que Dios nos agarre confesados.

La experiencia de otros países, y la lección aprendida de la historia, es que esas tensiones, y el consecuente círculo vicioso que va del mal entrono político al mal desempeño económico, puede evitarse con mejores instituciones políticas y gubernamentales. Por ello las calificadoras de riesgo y los organismos financieros internacionales insisten en que la viabilidad económica de Guatemala pasa por la reforma de sus instituciones estatales. Eso toma tiempo y, por tanto, debemos ponernos de acuerdo en iniciar –cuanto antes mejor- un proceso de reforma de instituciones políticas y gubernamentales para evitar un probable desastre.

El FMI y la Agenda Legislativa

Aunque para los políticos no sea evidente, las reformas a los sistemas electoral, de servicio civil, de compras gubernamentales, de infraestructura pública, de control del gasto, del sector justicia, etcétera, son fundamentales para activar el aparato productivo y generar empleos duraderos

Dejando por un lado la mal comprendida (por mal explicada) sugerencia de elevar la carga tributaria, realizada por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- en su más reciente evaluación de la economía guatemalteca, es importante tomar nota de las opiniones de estos expertos respecto de las prioridades de política pública para potenciar nuestro desempeño económico y, en consecuencia, de una eventual agenda legislativas que se deriva de tales prioridades.

El principal problema de la economía guatemalteca es, según los expertos, la extremada lentitud en su ritmo de crecimiento que, pese a contar con una sólida estabilidad macreconómica, imposibilita mejorar los niveles de vida y reducir los elevados índices de pobreza. Para revertir este problema resulta esencial aumentar sustancial y rápidamente la inversión –tanto pública como privada-, pero ello no ha sido posible en las últimas décadas debido a una serie de impedimentos estructurales.

En el caso de la inversión privada, tales impedimentos tienen que ver con un débil clima de negocios, deteriorado por la falta de certeza jurídica y agravado por la decreciente confianza de los agentes económicos en un ambiente de fragmentación política e inadecuada gobernanza. La inversión pública, por su parte, es la más baja del continente americano debido, a impedimentos tales como la incapacidad del Estado de movilizar recursos financieros, así como la muy pobre ejecución del gasto que se suma al enorme desperdicio y corrupción en el uso de los recursos fiscales.

Dado que los impedimentos a la inversión y, por ende, al crecimiento económico son de naturaleza institucional, se deduce que las reformas institucionales clave que el país debe emprender implican una serie de reformas legales, las cuales se mencionan explícita o implícitamente en el informe del FMI. Primero, la fragmentación política, y la consecuente dificultad de impulsar políticas públicas favorables al crecimiento, implica la necesidad urgente de una reforma al sistema electoral y de partidos políticos.

Por su parte, la necesaria reforma del clima de negocios conlleva, además de continuar con reformas como las del factoraje o garantías mobiliarias -que el FMI reconoce como logros de la actual legislatura, avanzar con reformas como la de simplificar los procedimientos aduaneros, la de regular los compromisos derivados del Convenio 169 dela OIT (incluyendo las consultas a las comunidades indígenas), la de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones y la de adoptar una ley general de competencia, aspectos que impulsarían la inversión local y mejorarían el atractivo para la inversión extranjera.

En cuanto a la inversión pública, las reformas planteadas por el FMI tienen que ver con mejorar la movilización de recursos, focalizar el gasto público en las áreas prioritarias (lo que implica una adecuada aprobación legislativa del presupuesto anual del Estado) y reformar el marco que rige la infraestructura vial.

Finalmente, tanto para la inversión pública como para la privada, el FMI hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza general, lo cual conlleva, entre otras reformas, la de consolidar el sistema financiero mediante la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos, restructurar el sistema de Servicio Civil, mejorar sustancialmente los procedimientos de la Contraloría General de Cuentas, legislar el tema de conflictos de interés en el marco de la Ley de Probidad de los empleados públicos y, crucialmente, fortalecer la integridad del Organismo Judicial a través de mejores procedimientos para el nombramiento de los Jueces y Magistrados. He aquí una agenda legislativa integral para mejorar la economía de Guatemala.

¿Ricos o Pobres?

Quizá no seamos tan pobres como creemos... ni tan ricos

Ser pobre o ser rico es, objetivamente hablando, una situación relativa. Cualquier guatemalteco cuyas posesiones materiales valgan unos Q16,500 (sumando sus depósitos bancarios, inversiones financieras y otras propiedades muebles e inmuebles, menos el monto de sus deudas) podría creerse poco afortunado; pero, en realidad, sería más rico que la mitad de la población mundial. Esto de acuerdo con un estudio reciente, el Global Wealth Report –GWR-, publicado por el Credit Suisse Research Institute a finales del año pasado.

Un guatemalteco que, por ejemplo, posea un apartamento en la zona 21 de la capital, un sedán coreano de diez años de antigüedad y una cuenta monetaria de Q3 mil, estará ubicado entre el 25% de las personas más ricas del mundo. Y el dueño de una riqueza neta superior a Q750 mil (dueño de, digamos, una casa en la zona 7, un rancho en la playa, cuentas bancarias por Q15 mil y un carro alemán modelo 2014) será un privilegiado más rico que el 92% de los humanos.

El GWR, a diferencia de otros estudios sobre prosperidad y desigualdad, calcula los activos netos de los hogares, en vez de centrarse en los ingresos. El estudio revela que existen diferencias de riqueza entre individuos y entre países que se explican por muchas razones. Aquellos individuos con poca riqueza se encuentran desproporcionadamente entre los más jóvenes (que han tenido pocas posibilidades de acumular activos) o entre quienes han sufrido pérdidas, o viven en regiones donde las perspectivas de creación de riqueza son limitadas, o pertenecen a alguna minoría. En el otro extremo del espectro, hay muchas personas con enormes fortunas adquiridas mediante una combinación de talento, trabajo duro o buena suerte.

La pirámide de riqueza presentada en el GWR tiene una gran base ocupada por unos 3,500 millones de personas (el 70% de todos los adultos del mundo) con una riqueza individual inferior a Q75 mil en 2017. Otros 1,100 millones de adultos (21% del total) caen en el rango de Q75 mil a Q750 mil. Estos dos conjuntos (el 91% del total de adultos), aunque tengan una modesta riqueza, en conjunto acumulan activos netos por casi Q300 millardos, lo que subraya el potencial económico de este grupo cuya importancia a menudo se pasa por alto.

En el tope de la pirámide están los millonarios (literalmente, los individuos cuya riqueza supera el millón de dólares). Son unos 36 millones de personas en el mundo (menos del 1% del total), cuya riqueza supera los US$128 billones (46% de la riqueza mundial). Esos millonarios residen principalmente en los Estados Unidos (43% del total de millonarios), aunque también habitan en países capitalistas como Japón (7% del total) y Gran Bretaña (6%), en países más igualitarios como Alemania (5%) o Francia (5%), y hasta en países socialistas como China (5%). En contraste, Latinoamérica –una de las regiones reputadamente más desiguales - no llega a cobijar ni el 1% de los millonarios del planeta.

Aunque las estimaciones del GWR tienen sus debilidades, resultan útiles para hacer comparaciones; por ejemplo, la riqueza promedio de un guatemalteco (de unos Q55 mil) resulta superior a la del ciudadano promedio de India (aproximadamente Q43 mil), pero muy inferior a la del estadounidense promedio (unos Q2.8 millones). Las cifras también ayudan a reflexionar que muchos de quienes se consideran adalides de la igualdad, y no pocos de quienes critican a los ricos, a la globalización y al libre mercado, pueden ser ellos mismos parte de la élite que tanto denostan. Y que, en contraposición, muchos de quienes en nuestro medio se consideran ricos, están muy lejos de formar parte del club de magnates del mundo.

El Ensueño de la Renta Básica Universal

Recurrentemente surgen propuestas de política pública que prometen atajos hacia el progreso y el bienestar. Del flanco derecho se aspira a que con rebajas impositivas, zonas económicas con privilegios especiales, o megaproyectos de inversión se logren efectos espectaculares de creación de empleos. Ahora, del flanco izquierdo, nos viene la promesa de la Renta Básica Universal, como la piedra filosofal que solucionará los problemas de pobreza y desigualdad. Siempre está presente la resistencia a reconocer que para lograr el desarrollo económico integral no existen atajos.

El concepto de renta básica universal –RBU- se refiere a un pago que el gobierno haría a todos los ciudadanos, sin ninguna condición de por medio, de un monto suficiente para cubrir las necesidades mínimas de cada uno. La idea no es nueva, pues desde el siglo XVI empezó a discutirse la aplicación de algo similar a la RBU y, desde entonces, han sido varios los pensadores, filósofos, académicos y políticos que han desarrollado propuestas al respecto, sin que sus impulsores puedan encasillarse en una corriente ideológica determinada, pues entre ellos se cuentan desde pensadores de izquierda, hasta libertarios, humanistas y populistas.

Últimamente, ONGs como Oxfam y Greenpeace han estado impulsando la idea en varios países europeos, y en Guatemala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- se les ha unido con entusiasmo proponiendo que se aplique una RBU universal como la política pública idónea para eliminar rápidamente la extrema pobreza y reducir la desigualdad, mostrando para el efecto una serie de asombrosos cálculos (que diversos analistas han puesto inmediatamente en duda) sobre los efectos positivos de tal medida.

En la práctica, la RBU no ha sido aplicada como tal en ningún país, aunque sí ha habido experimentos a nivel regional o municipal en varios países, con resultados ambiguos. Actualmente hay en marcha varios de estos experimentos en algunas ciudades o regiones de países como Canadá, Holanda, Italia, Kenya, o Uganda, pero en ninguno se trata de una RBU propiamente dicha, ya que o bien no se cubre a la totalidad de la población (en cuyo caso no es universal), o el monto otorgado no alcanza para cubrir las necesidades mínimas del individuo (en cuyo caso no es básica).

A nivel académico, la RBU tiene partidarios y detractores, así como aspectos en positivos y negativos pero, en todo caso, para que sea aplicable en el mundo real el factor crucial requerido es su financiamiento. Para el caso de Guatemala, una RBU implicaría el pago de unos Q600 mensuales a cada uno de los 16 millones de guatemaltecos (un monto menor no cubriría las necesidades alimentarias básicas), lo que generaría un costo presupuestario de más de Q116 millardos por año, lo que representaría más del 20% del PIB y más del 200% de los ingresos tributarios. Algo sencillamente impagable.

Por ello los proponentes de la idea en Guatemala han planteado reducir el monto y la cobertura, pero al hacerlo ya no estaríamos hablando de una RBU sino de una transferencia condicionada de efectivo glorificada. El problema es que las transferencias condicionadas (que en teoría son una magnífica idea) mostraron en el pasado reciente ser extremadamente vulnerables al clientelismo político, a la manipulación y a la corrupción, convirtiéndose lamentablemente en un sonoro fracaso de política pública en el país.

Dado que el Estado para cumplir sus funciones se enfrenta a restricciones financieras, la priorización del uso de sus limitados recursos reclama seriedad y responsabilidad. Para buscar la eficiencia y apoyar el crecimiento económico y desarrollo del país, el Estado debe priorizar su gasto en la realización de inversión social y económica básica (fundamentalmente educación, nutrición y salud), así como el financiamiento de la infraestructura, la provisión de servicios públicos de seguridad y justicia, y el fortalecimiento institucional. La RBU –por muy sexy que luzca como oferta de campaña electoral- no podría ir antes de cubrir esos rubros básicos. Por el contrario, mientras tengamos un Estado débil, con una institucionalidad porosa, politizada y alineada con el sistema político patrimonialista, el planteamiento de una RBU no será más que ensueño fantasioso.

El INE y la Credibilidad Institucional

Las estadísticas del país presentan graves problemas de confiabilidad; pero dudo mucho que ello se deba a un complot de fuerzas oscuras. Se debe, más probablemente, a la enorme debilidad institucional del INE, que se manifiesta en su falta de autonomía administrativa y financiera

Es lamentable que el Instituto Nacional de Estadística –INE-, cuyas funciones (poco valoradas en la opinión pública) juegan un rol fundamental para guiar las interacciones económicas, políticas y sociales del país, esté sufriendo –en gran parte por su propia culpa- de una andanada de críticas que ponen en entredicho su credibilidad, que es uno de sus principales activos.

Este año el INE decidió –después de muchos años de retraso y varios intentos fallidos- actualizar el conjunto de bienes de consumo de la canasta básica de alimentos (CBA). Dicha canasta generaba polémica porque arrojaba datos atípicos en las estadísticas de organismos multilaterales y porque no consideraba encuestas más recientes para su cálculo. Desde que la CBA se fijó en 1994 los hábitos alimenticios han variado, tanto en lo que se refiere a la selección de los productos, como en su ponderación. La nueva CBA se actualizó indirectamente con ayuda de otras encuestas como la Encuesta Condiciones de Vida o la Encuesta de Empleo e Ingresos, cuando lo correcto habría sido usar una encuesta de ingresos y gastos familiares –ENIGFAM- . El resultado, muy criticado por varios expertos, es que el importe mensual de la nueva CBA es ahora de unos Q3,500, cifra menor en Q800 a la de la antigua canasta.

Un segundo flanco de críticas y dudas sobre el trabajo de INE está en el índice de precios al consumidor –IPC-, cuyo componente de alimentos muestra incrementos de precios mucho más elevados que los datos que algunos expertos han cotizado en los supermercados de la ciudad capital. Esta discrepancia ha hecho pensar a varios analistas que el cálculo del IPC es inválido e, incluso, que podría estar siendo manipulado (con inconfesados propósitos) por parte de las autoridades políticas del país, todo ello ante la impasividad del INE que no ha sido capaz de dar una explicación convincente del porqué la inflación en los supermercados de las zonas residenciales de la capital es menor que la que reporta el IPC.

Empero cuando se ve el IPC desagregado por regiones, resulta que la inflación del área metropolitana es sustancialmente más baja que la del resto del país (y en todos los casos se usa la misma metodología), lo que indicaría que no necesariamente la metodología está mal, sino que pueden existir diversas razones lógicas (costos de transporte por el desastre vial del país, o excesos de demanda por flujo de remesas familiares hacia ciertas áreas geográficas) o metodológicas (el índice tipo Laspeyres del IPC sobrevalora la inflación cuando la encuesta base no se actualiza oportunamente) que explican la elevada inflación en algunas cabeceras departamentales.

Ciertamente en ambos casos –la CBA y el IPC- existen graves problemas, pero estos no obedecen a una confabulación política, sino a la enorme debilidad institucional del INE que se manifiesta tanto en su ineptitud para explicar técnicamente los problemas que presentan las estadísticas como, principalmente, en su incapacidad para realizar encuestas básicas (como la ENIGFAM) con la frecuencia necesaria, lo cual afecta la calidad de sus datos y termina minando su credibilidad.

Para que el INE pueda rescatar su credibilidad es necesario dotarlo de la autonomía operativa y financiera necesaria para que deje de distraer sus recursos (por presiones políticas) en temas secundarios y se centre en los temas prioritarios (como el censo de población que debe realizar el año próximo). Un primer paso en ese sentido es cambiar la forma de elegir a su gerente –para que responda ante su junta directiva, y no ante la presidencia de la República-, tal como lo plantea la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir y que ojalá pudiera aprobar con prontitud.

Más Crecimiento, Más Equidad

La desigualdad económica es un tema apasionante. En países como Guatemala, su discusión no puede ni debe separarse del desafío -sin duda el más importante- de reducir la pobreza el cual, a su vez, pasa por lograr un crecimiento económico más robusto. Son temas muy delicados en cuyo debate no se vale pretender descubrir el agua azucarada. Lo que hay que hacer está ya diagnosticado desde hace años.

A lo largo del presente año algunas entidades como la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- y la oenegé OXFAM han buscado posicionar en el debate nacional el tema de la desigualdad económica que, innegablemente, caracteriza a nuestro país. El tema, aunque para nada es novedoso, es especialmente importante pues es bien sabido que una sociedad con pobreza y desigualdad extremas es un campo fértil para la ingobernabilidad, la inestabilidad y, por consiguiente, la insostenibilidad del crecimiento económico.

Dicho esto, no deja de llamar la atención la vehemencia con que algunos de los ponentes buscan posicionar dicho desafío en la opinión pública, al extremo de afirmar que “el problema principal no es la pobreza, sino la desigualdad extrema” (¡válgame Dios!, que eso equivale a decir que no importa que todos seamos pobres, en tanto seamos iguales), o de recomendar soluciones para superar la desigualdad tan superfluamente redundantes como la de “distribuir mejor la riqueza ganada” (¡válgame de nuevo!, que eso significa que para no estar enfermo, lo recomendable es estar sano).

Lo que recomendaría a quienes estén genuinamente preocupados por la problemática de pobreza e inequidad que aqueja a Guatemala es que, en vez de pretender aparecer como descubridores del asunto y proponentes de novedosas soluciones a la misma, se refieran a los estudios técnicos que, desde hace muchas décadas, se han realizado por parte de expertos y organismos internacionales serios y que plantean respuestas de política pública realistas y viables que, por desgracia, los distintos gobiernos han sido incapaces de aplicar para reducir decididamente la pobreza y, complementariamente, la inequidad.

Viene a mi mente, en particular, el excelente estudio titulado “Más crecimiento, más equidad (Prioridades de desarrollo en Guatemala)”, que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó hace casi diez años y que contiene una de los más claros diagnósticos y propuestas de política que se hayan visto en los últimos años. Dicho estudio empieza reconociendo que no es posible reducir la pobreza sin crecimiento económico, e identifica al bajo nivel de inversión privada como el problema básico que restringe tal crecimiento y, a partir de allí, señala las tres áreas clave en las que debiese centrarse la acción del Estado.

Un área es la calidad del capital humano, que debe mejorarse particularmente en materia de educación y salud. Otra área clave es la inversión en infraestructura, que debe aumentar cuantitativa y cualitativamente, particularmente la relativa a carreteras y provisión de agua potable. Y la tercera es la de las instituciones, que se constituyen en la condición indispensable para fortalecer el estado de derecho y reducir la criminalidad, sin lo cual es imposible la inversión, el intercambio y una actividad económica más pujante.

Ese estudio del BID anticipaba desde hace años que el Estado guatemalteco no lograría aplicar políticas enfocadas en estas áreas prioritarias si no mejora su recaudación de impuestos y, al mismo tiempo, para que estos sean sostenibles, implementa medidas que le aseguren a los contribuyentes que el gasto público se concentra en los sectores clave (educación, salud, seguridad e infraestructura) y se ejecuta con eficiencia y sin corrupción, lo que requiere de serias reformas en la institucionalidad del Estado en cuanto a la ejecución presupuestaria y su rendición de cuentas. Y todo lo anterior no podrá lograrse sin un sistema político reformado e institucionalizado, que logre generar y mantener consensos duraderos en materia de orientaciones de política. Esas deberían ser las prioridades.

La Ilusión de Crecer al 6%

Todos quisiéramos que la economía guatemalteca creciera más y generara mayor bienestar para todos. Pero eso no se logra con sólo desearlo. Hay un trabajo profundo que debió emprenderse desde hace mucho tiempo, pero que -por querer buscar atajos, o por descuidar los temas importantes en beneficio de los urgentes- nunca se ha logrado.

Desde los Acuerdos de Paz, pasando por diversas propuestas para acelerar el crecimiento económico, se ha planteado la deseable meta de que la economía guatemalteca –medida por su Producto Interno Bruto, PIB- crezca a una tasa anual de 6%, a fin de reducir efectivamente la pobreza. Por desgracia, en la práctica, el PIB ha crecido solamente a un ritmo del 3.5% -en promedio- durante los últimos 15 años (similar a los anteriores 15 años) y parece poco probable que eso pueda cambiar en el corto plazo.

Nuestra economía se asemeja a una carabela impulsada por una enorme vela central y cuatro velas secundarias. La vela del mástil mayor es la del consumo privado: más del 85% del PIB es impulsado por el consumo de los hogares que, a su vez, crece por el aumento vegetativo de la población. Ello explica por qué el crecimiento de la economía se ubica normalmente en torno a ese 3.5%. Las velas secundarias que empujan al PIB son, en su orden, las exportaciones, la inversión en bienes de capital y el consumo del gobierno. Sólo cuando un viento favorable hincha estas velas secundarias es que el PIB logra crecer más allá del 3.5%.

Por ejemplo, en 2014 el barco del PIB creció encima de su tendencia, a 4.2%, debido a que los vientos provenientes del exterior soplaron sobre la vela de las exportaciones, que aumentaron casi 8% en términos reales. En 2015 la carabela también avanzó a una velocidad (4.1%) superior a su crecimiento vegetativo, esta vez impulsada por el viento que infló la vela mayor del consumo y la de la inversión física; en ambos casos, los vientos volvieron a provenir del exterior debido a la reducción de los precios de los productos primarios y de los bienes de capital en los mercados internacionales, lo que a los guatemaltecos comprar más bienes de consumo y más maquinaria y equipo.

Por desgracia, esos vientos favorables han cesado en 2016 y continuarán ausentes en 2017. Las exportaciones están deprimidas y los precios de los productos primarios están subiendo en los mercados internacionales. Nuestra carabela continuará avanzando, pero lo hará sólo con sus propias fuerzas sustentadas en el consumo privado (y este, a su vez, en el crecimiento poblacional y en las remesas familiares). Eso explica por qué el Banco de Guatemala redujo recientemente su proyección de crecimiento económico.

Para alcanzar el sueño de crecer a tasas de 6% debemos dejar de depender de los impredecibles vientos externos. Y eso solo se logra generando internamente tres elementos clave: la acumulación de bienes de capital (infraestructura y maquinaria), la eficiencia en el uso de los factores de producción (productividad del trabajo) y la innovación. Decirlo es fácil, pero lograrlo requiere de un esfuerzo sistemático, continuo y políticamente complejo.

Si bien ese esfuerzo requiere de medidas gubernamentales de largo plazo (en educación, salud, seguridad e infraestructura), en el corto plazo podría empezarse afrontando los retos que afectan más las decisiones de inversión y generación de empleo en Guatemala. Los cinco retos más apremiantes (según el World Economc Forum) que deberían ocupar un lugar prioritario en una agenda de políticas públicas son: la criminalidad; la corrupción; la mano de obra poco capacitada; la ineficiencia y excesiva burocracia gubernamental; y, la escasa e inadecuada infraestructura pública.

Mientras no se atiendan estos temas de fondo, pensar en que, por designio de los dioses marinos, soplarán vientos favorables que impulsen nuestra nave económica hacia tasas de crecimiento del 6%, será solamente una vana ilusión.

Para Lograr el Desarrollo Rural

Por muchas leyes (bien o mal intencionadas) que se impulsen, si no se aplican las políticas adecuadas, jamás se logrará el desarrollo del área rural.

La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente económico: la falta de productividad.

En efecto, de todos los sectores de actividad económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi el 40% de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14% de la producción nacional.

Abundantes estudios técnicos demuestran que la solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal; y, priorización de la política de seguridad alimentaria.

La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un motor esencial del desarrollo social y económico.

Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero, en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.

La iniciativa 4084 no solo confiere poca importancia a los cuatro elementos fundamentales de la política agrícola antes indicados, sino que los contradice y menoscaba, pues pretende inventar onerosas estructuras estatales paralelas al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a los propios Consejos de Desarrollo, en vez de hacer un mejor uso de los escasos recursos existentes mediante el rescate y coordinación de la institucionalidad ya existente. Así, en el torbellino de hiperactividad legislativa que ahora agobia al Congreso, el impulso de tal iniciativa parece tratarse de un distractor que solo obstaculiza y pospone las verdades soluciones que deben aplicarse para lograr el desarrollo rural.

Percepciones de la Economía

Las percepciones de los consumidores y de los inversionistas influye decididamente sobre el desempeño de la economía. Ante el lento ritmo del crecimiento económico existe una cierta fatiga social respecto de la situación económica. Y el pesimismo empeora ante la crisis generada por la corrupción generalizada.

A pesar de que la economía guatemalteca es una de las más estables, resistentes y adaptables de América (características que el anglicismo de moda unifica en el adjetivo “resiliente”), ante el lento ritmo del crecimiento económico y los elevados indicadores de pobreza existe una especie de fatiga social respecto de la situación económica. Esa fatiga, aunque justificada por la lentitud con la que el país camina hacia el desarrollo y el bienestar, es mala consejera pues induce –tanto a las masas como a los liderazgos- a preferir las soluciones inmediatas, instantáneas, casi mágicas a los problemas nacionales.

En ese contexto, resulta ilustrativo analizar las percepciones de la población sobre el desempeño económico en Guatemala, publicadas recientemente en el Barómetro de las Américas 2014. El primer gran hallazgo de esa encuesta (que se realizó a nivel nacional el año pasado) es que los hogares guatemaltecos no se sienten seguros desde el punto de vista económico.

La encuesta les preguntó a los consultados (en 25 países de América) qué tanto y con cuánta dificultad podían cubrir sus necesidades económicas con sus ingresos. Las respuestas se codificaron en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos representan una mayor capacidad de cubrir las necesidades económicas del hogar. Los cuatro países de la región con mejor punteo (es decir, con mejor percepción de seguridad económica en el hogar) en la encuesta fueron, en su orden, Panamá y Trinidad y Tobago (con 58 puntos), seguidos de Canadá (57 puntos) y Costa Rica (56).

Los cuatro países con peor punteo (es decir, mayor percepción de inseguridad económica en el hogar) fueron Haití (27 puntos), Honduras (35), República Dominicana (36) y Guatemala (37). Esa pobre calificación de nuestro país es consistente con otras encuestas que identifican a la situación económica como uno de los principales problemas personales que enfrentan los guatemaltecos. Esos elevados niveles de inseguridad en las finanzas del hogar sugieren que el consumo privado (que es el principal motor del crecimiento económico nacional) se ve muy limitado por las baja capacidad de gasto de los guatemaltecos.

La encuesta del Barómetro de las Américas también preguntó acerca de cómo percibían los encuestados el desempeño reciente de la economía nacional vista en su conjunto. De nuevo, las calificaciones más altas en una escala codificada de 0 a 100 indican que los encuestados perciben una mejora en la situación económica de su respectivo país. Los países con mejor punteo fueron Ecuador (60 puntos), Bolivia (53), Chile (51) y Canadá (47).

Por su parte, los países con más baja percepción de la situación económica nacional fueron Venezuela (11 puntos), Guatemala (17), Argentina (19) y México (20). Si tomamos en cuenta que los venezolanos están sumidos en una crisis económica gigantesca, con graves problemas de escasez y de inflación galopante, vemos justificación para sus percepciones negativas respecto de la economía. Pero en el caso de Guatemala, con un crecimiento estable (aunque reconocidamente insuficiente) y gran estabilidad de precios, el pesimismo imperante no deja de llamar la atención.

De hecho, cuando se correlacionan las percepciones sobre la situación económica con las cifras de crecimiento económico, los guatemaltecos se revelan como los más pesimistas de la región. En contraste, por ejemplo, Ecuador muestra una mejor percepción de la economía por parte de sus ciudadanos, pese a tener una tasa de crecimiento económico similar a la de Guatemala.

Ese pesimismo resulta perjudicial para el desempeño económico del país, no solo porque limita el consumo privado, sino también porque es indicativo de una muy escasa disposición a invertir y a emprender nuevos negocios. Existe, pues, un espacio para las políticas públicas llamadas a revertir las precepciones negativas sobre la economía. Sin embargo, situaciones de escándalo, corrupción e ineficiencia como el reciente caso de defraudación aduanera, que ha puesto en aprietos al gobierno, en nada contribuyen a generar optimismo. En tal sentido, una cruzada nacional de combate a la corrupción y de rescate de las instituciones clave (como la SAT, la Contraloría y los Tribunales) podría ser un gran primer paso para recuperar la esperanza en un mejor futuro económico.