Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral
A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).
La existencia de un régimen democrático basado en elecciones
libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el
poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para
Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros
internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y
el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos,
hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras
sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el
crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.
Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos
sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos
crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios
de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de
riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos
financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el
exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo
está mucho más.
Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala.
La comunidad financiera internacional resiente que los
indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los
indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010
al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la
corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable
hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente
generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han
judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la
descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente
fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender
el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial
ganador) en pleno período eleccionario.
Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman
que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta
ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad
constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra
calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de
fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera
internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el
contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los
mercados.
El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.