Trabajar Más Años

En los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro

El empresario mexicano Carlos Slim se pronunció hace algunos días, en la sede de la ONU en Ginebra, a favor de aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral a fin de incentivar el empleo. Su razonamiento se basa en que décadas atrás, cuando se estableció el límite actual de edad de retiro, el trabajo era más físico y la gente se moría mucho más joven,  mientras que hoy vivimos en la edad del conocimiento, donde la experiencia y sabiduría de los adultos resulta más valiosa y debe aprovecharse al máximo.

Estas razones suenan lógicas y pueden ser dignas de consideración. Pero hay, alrededor del mundo, otras razones más apremiantes y pragmáticas que están llevando a muchos países a aumentar la edad mínima de jubilación: los crecientes costos que para los gobiernos de muchos países representan los pagos de pensiones a los jubilados. Estos costos se han elevado en los últimos años por razones puramente demográficas.

La población mundial aumentará de unos 7 millardos de habitantes actualmente a unos 9 millardos en 2050, y continuará cambiando su composición: la tasa de personas mayores de 65, como proporción de las personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) en el mundo se ha elevado de 17 en 1970, a 24 en 2010, y se espera que aumente a 48 en 2050. Esto quiere decir que cada vez habrá menos personas activas sosteniendo con su trabajo el consumo de los jubilados.

Diversos análisis y experiencias demuestran que el aumento gradual de la edad de jubilación puede ayudar no sólo a contener el gasto en pensiones sino, como sostiene Slim, a aumentar el empleo y el crecimiento económico. Claro que, si de reducir los costos de las pensiones se trata, también están las opciones de disminuir el monto de los beneficios para los pensionados o de aumentar las cuotas laborales y patronales, opciones que, evidentemente, son más difíciles desde el punto de vista político y social.

Por tal razón, en los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se están implementando tales aumentos (la excepción notable es Francia, cuyo nuevo presidente, François Hollande, prometió revertir la decisión de aumentar la edad de jubilación a 62 años). Ello se debe a que la OCDE proyecta que el gasto de los gobiernos en pensiones aumentará de un 8% a un 11% del PIB entre 2010 y 2050, debido a que en la mayoría de países los pensionados viven cada vez más años: por ejemplo en 1970 un jubilado francés vivía, en promedio, diez años pensionado; ahora vive 23 años.

En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en 1970 el guatemalteco promedio vivía 54 años. En 1990 su esperanza de vida había aumentado a 63 años (tres más que la edad de jubilación para los afiliados al IGSS); para 2010 era ya de 72 años, y sigue en aumento. Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión.

Estos cambios tienen implicaciones clave tanto para las autoridades como para los contribuyentes, ya que el consumo de las personas mayores que ya no forman parte de la fuerza laboral debe ser financiado por los ciudadanos más jóvenes, ya sea por medio de las pensiones públicas o privadas, de subsidios del Estado, del apoyo de sus familias o de los ahorros que los adultos mayores hayan podido acumular durante su vida productiva. A medida que aumenta la proporción de personas mayores respecto de personas en edad de trabajar, se vuelve más costosa su financiación a través de transferencias públicas o privadas.

Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión (públicos y privados) existentes en el país deban aplicar ajustes en sus parámetros que implican elevar la edad de jubilación. Una de las decisiones más importantes de toda sociedad, a medida que aumentan sus miembros de la tercera edad, es cómo financiar su consumo en una forma sostenible: ya sea retrasando la edad de la jubilación, apoyándose más en la familia, aumentando las transferencias públicas, o acumulando más activos. Cualquier de estas opciones tiene sus costos. El reto consiste en reformar los sistemas de apoyo a los mayores sin afectar la sostenibilidad financiera de dichos sistemas a fin de evitar la pobreza en la vejez.