PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO

 EL APORTE DE LA PRODUCTIVIDAD AL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA SIDO CASI INEXISTENTE

 El potencial de crecimiento de cualquier economía está dado por sus factores de producción: tierra, trabajo, capital (maquinaria e infraestructura) y productividad (eficiencia con la que se combinan aquellos factores). En Guatemala, las dos terceras partes del crecimiento de la economía en los últimos treinta años se explica por el factor trabajo (debido al rápido crecimiento de la población en edad de trabajar), mientras que la otra tercera parte se explica por el factor capital; el aporte de la productividad al crecimiento económico ha sido casi inexistente.

 Aunque en el futuro cercano la contribución de la mano de obra seguirá siendo importante, es muy probable que a mediano plazo el crecimiento de la población en edad de trabajar disminuya drásticamente. Un aumento de la inversión en capital podría compensar esta caída, pero inevitablemente existirán rendimientos decrecientes sobre la acumulación de capital. Por ello, el crecimiento sostenible a largo plazo solo puede provenir de un aumento de la productividad, que resultará esencial para alcanzar la prosperidad, reducir la pobreza y crear empleos formales y bien remunerados. La pregunta fundamental de cara al futuro es, pues, ¿cómo logramos aumentar la productividad de nuestra economía?

 Un reciente estudio del Banco Mundial (“Desatando el Potencial de Crecimiento de América Central”) proporciona algunas respuestas. La incapacidad del país de generar un crecimiento sostenido de la productividad revela la necesidad de aplicar reformas no solo para fomentar las inversiones innovadoras que mejoren la productividad, sino que hagan que esa mejora sea sostenida, para lo cual se requiere de acciones en cuatro áreas que se complementan mutuamente y en las cuales nuestro país muestra enormes rezagos: la educación, la infraestructura, la eficiencia de los mercados y la calidad de las instituciones.

 El estudio del Banco Mundial identifica varias áreas clave en las que las reformas institucionales y de políticas públicas pueden ayudar a impulsar la productividad y el crecimiento a largo plazo. Las más relevantes para Guatemala son: la reducción de barreras al comercio regional (incluyendo con México); la inversión en capital humano (especialmente de la calidad de la educación); la reducción de rigideces en el mercado laboral (que requiere viabilizar el trabajo a tiempo parcial); el aumento masivo de la inversión en infraestructura (física y digital); la mejora del clima de negocios (que implica mejorar la seguridad física y el acceso a servicios financieros para la pequeña empresa); la creación de un ambiente propicio para la innovación; y, la mejora en la certeza jurídica, los derechos de propiedad y la transparencia (lo que implica reformas al sistema judicial, a la efectividad del gobierno y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción). Ahí hay elementos para una agenda de largo plazo que nos saque del laberinto cortoplacista en el que parece que estamos perdidos.

Fortalecer el IGSS

EL NOMBRAMIENTO DEL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA ES UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El sistema de seguridad social, cuyo rector es el IGSS, surgió en Guatemala como una de las conquistas más significativas y modernizadoras de la Revolución de 1944 que, con sus vaivenes y limitaciones, ha servido bien al país brindando una red de protección social que, por un lado, brinda protección a los trabajadores cotizantes en casos de enfermedad, maternidad, accidentes, jubilación y muerte y, por otro, contribuye tanto a la estabilidad macroeconómica, como a la paz social.

Sin embargo, el sistema mostraba muchas debilidades, incluso antes de que la pandemia nos golpeara. Precisamente, el shock generado por el Covid-19 no solo puso en evidencia esas debilidades, sino que hizo patente la necesidad de contar con una seguridad social más ágil y adecuada a nuestros tiempos. Un buen seguro social es clave para dar estabilidad y flexibilidad a los mercados, no solo en una pandemia: cuando las personas saben que existe una red de protección, pueden asumir riesgos saludables, como iniciar un negocio o cambiar de empleo. Además, la distribución rápida de efectivo en caso de crisis -por ejemplo, mediante un seguro de desempleo- puede ayudar a suavizar el consumo y disminuir la contracción económica.

Es necesario un IGSS con mucho mayor cobertura y que utilice la tecnología a fin de que su anquilosada burocracia se vuelva más eficiente, sus servicios estén mejor focalizados y su respuesta a los beneficiarios sea más rápida. Ciertamente, el IGSS no puede eliminar los riesgos que afectan a los trabajadores, pero sí puede ayudar a garantizar que, si ocurre una calamidad, ellos -y la economía- se recuperen. Es crucial aquilatar el papel del IGSS en la distribución y la suscripción de esos riesgos -en particular aquellos que las aseguradoras denominan "no asegurables"- a fin de propiciar un sistema de seguro social que dé suficiente flexibilidad para fomentar el empleo y la flexibilidad laboral, y aun así brindar protección cuando ocurre un siniestro.

Las crisis son las madres de las reformas. La necesaria modernización y fortalecimiento del IGSS demanda que sus dirigentes (Junta Directiva, Gerencia, directores y cuerpos técnicos) sean personas técnicamente capaces y conocedoras de la seguridad social. También demanda que la autonomía que al IGSS le confiere la Constitución de la República sea protegida y respetada por los tres poderes del Estado. Es esencial que el próximo nombramiento que el Presidente de la República debe hacer del futuro presidente de la Junta Directiva del IGSS y de su suplente recaiga sobre personas capaces e idóneas, que aprovechen la oportunidad de crear nuevas políticas de bienestar social que sean asequibles y que ayuden a los trabajadores a prosperar en una economía que enfrenta desafíos tecnológicos y culturales. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser nefastas para la economía y para la paz social.

Oportunidades y Amenazas para la Economía

LA INOPERANCIA DEL SISTEMA POLÍTICO IMPIDE QUE SE AVANCE EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

Hace pocos días, la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó la calificación (BB-) de Guatemala. Esa calificación, que es la mejor de cualquier país de Centroamérica -salvo Panamá-, está respaldada por el historial de estabilidad macroeconómica, el relativamente bajo nivel de deuda pública y la abundancia de reservas monetaria internacionales. Del lado negativo, Fitch señala como debilidades de nuestro país la muy baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad estatal, lo pobres indicadores de desarrollo humano, cuya solución se ve obstaculizada por la inoperancia del sistema político para abordar tales problemas.

Del reporte de Fitch se puede extraer una visión de las amenazas que se ciernen sobre nuestra economía y que podrían perjudicar en el futuro nuestra calificación de riesgo-país. Entre esas amenazas destacan tres. En primer lugar, la debilidad estructural de las finanzas públicas, afectadas no solo por una carga tributaria estructuralmente débil, sino también por el aumento que registra el déficit fiscal desde el año pasado. En segundo lugar, la disfuncionalidad del sistema político y parlamentario que limita la flexibilidad del financiamiento del gobierno y la formulación de políticas básicas (como no aprobar el presupuesto anual). Y, tercero, la probabilidad de que la incipiente recuperación económica se descarrile ante eventos políticos externos (que afecten, por ejemplo, el flujo de remesas familiares que hoy sustentan la demanda agregada de nuestra economía) o internos (que amenacen la gobernabilidad y la paz social).

De manera similar puede extraerse un diagnóstico de las oportunidades que, de aprovecharse, podrían fortalecer el desempeño económico y mejorar la calificación del país. Destacan tres oportunidades: primero, en el ámbito de las finanzas públicas, las reformas institucionales y legales que permitan una mejora gradual y sostenida en la recaudación de impuestos y una mejora en la sostenibilidad de la deuda pública. En segundo lugar, el amplio campo que existe para avanzar para generar más inversiones que aceleren el crecimiento a mediano plazo, donde destaca la necesidad de llenar la enorme brecha de infraestructura física que limita la productividad del país. Y, tercero, la posibilidad de elevar los indicadores de gobernanza y de desarrollo humano, lo que implica reformas profundas a las instituciones del Estado que corrijan, por ejemplo, la elevada percepción de corrupción y la falta de certeza jurídica.

Las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, Standard & Poor’s o Moody’s, no son infalibles, claro está. Pero sus reportes sintetizan con claridad la visión que del país se tiene en los mercados financieros internacionales y las posibles rutas para salir del mediocre desempeño económico de los últimos lustros. No hay que echarlos en saco roto.

Enorme Retroceso

 LAS RECIÉN APROBADAS REFORMAS A LA LEY DE COMPRAS CARECEN DE CUALQUIER FUNDAMENTO TÉCNICO

Para congraciarse con un grupo de alcaldes, el Congreso recién reformó la Ley de Contrataciones del Estado. Según la exposición de motivos del Decreto 4-2021, la justificación fue la necesidad de agilizar los procesos de adquisición (especialmente en las municipalidades). Sin embargo, lo único que se aprobó fue un desproporcionado aumento de los montos límite para comprar sin licitación, lo que implica que la mayor parte de procesos quedarán ahora fuera de los controles previstos en la ley, lo que abre las puertas a la discrecionalidad y a la opacidad. El Decreto 4-2021 es un auténtico retroceso en materia de transparencia y calidad del gasto público.

Con la reforma aprobada, el límite máximo para que las entidades públicas puedan realizar compras “de baja cuantía” se eleva en 400 por ciento (de Q25 mil a Q75 mil), y para realizar compras “directas”, en 222 por ciento (de Q90 mil a Q175 mil). Dado que la inflación acumulada en los cinco años transcurridos desde la última reforma la Ley de Contrataciones no supera el 25%, resulta evidente que los nuevos porcentajes aprobados por el Congreso carecen de cualquier fundamento técnico.

Si hasta ahora las municipalidades adquirían más del 50 por ciento de sus suministros y servicios fuera de los mecanismos de cotización y licitación, con esta reforma adquirirán así más del 90 por ciento de ellos. Lo que espanta es que en las compras de baja cuantía y en a compras directas se pierde la mayoría de mecanismos de control de la calidad y transparencia del gasto público: no hay competencia entre oferentes, no hay bases de oferta, no hay registro de proveedores, no se suscriben contratos para resguardar al Estado en caso de incumplimiento, ni existe la prohibición de realizar compras fraccionadas. El decreto aprobado contiene retrocesos graves en materia de resguardo de la calidad del gasto público y transparencia, con lo que la Ley de Contrataciones solamente servirá para las grandes licitaciones y el contrato abierto.

Las verdaderas causas de la ineficiencia en las compras y contrataciones de las municipalidades (y de las demás dependencias públicas) tiene menos que ver con la Ley de Contrataciones que con otros tres aspectos clave: primero, la incapacidad de los funcionarios de planificar su presupuesto (debido a la incorrecta aplicación de la Ley Orgánica del Presupuesto); segundo, su incapacidad de llevar a cabo procesos ordenados y transparentes de adquisiciones (debido a la baja calidad del servicio civil); y, tercero, la incertidumbre y temor de los funcionarios de incurrir en multas (muchas veces arbitrarias) por parte de la Contraloría (debido a la enorme debilidad institucional de dicha ente). El Presidente aún está a tiempo de vetar el Decreto 4-2021; esperemos que sus asesores en materia de Finanzas Públicas le den el consejo más adecuado.

Reformar el Servicio Civil

 MODIFICAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ES UNA CONDICIÓN NECESARIA, PERO NO SUFICIENTE

 Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un foro auspiciado por el G-13 (instancia de coordinación de los principales países y agencias donantes) acerca del fortalecimiento del sistema del servicio civil en nuestro país. De dicho foro, donde además del Ministro de Trabajo participaron algunos diputados y tanques de pensamiento, surgen dos buenas noticias. La primera es que resultó reconfortante escuchar de parte del Ministro de Trabajo un diagnóstico claro y completo de la situación del Empleo Público en Guatemala, así como una serie de propuestas pragmáticas, realistas y graduales para empezar a solucionar los múltiples problemas que aquejan al servicio civil, entendiendo que el mismo es un sistema cuya reforma requiere de acciones en múltiples frentes.

 La segunda buena noticia fue el interés manifestado por la comunidad internacional en apoyar la modernización del sistema nacional del servicio civil. Para ello, un paso clave es que los distintos liderazgos del país cobren conciencia de la importancia crucial de dicha reforma. Diversos estudios demuestran que el fortalecimiento del servicio civil impacta notablemente en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de los servicios públicos esenciales y la gestión de los recursos (financieros, físicos, técnicos e informáticos), además de mejorar la gobernabilidad y de reducir la corrupción.

 Uno de los temas destacados en el foro fue que la reforma a la Ley del Servicio Civil es solamente una pieza (clave, eso sí) de las múltiples acciones requeridas. La reforma legal es, podríamos decir, una condición necesaria pero no suficiente para reformar el sistema del empleo público, concebido como un conjunto de normas, estructuras, políticas y prácticas institucionales que propicien una administración pública profesional y eficaz. Si bien algunas de las reformas necesarias planteadas en el foro pueden empezar a aplicarse a nivel administrativo, muchas de ellas deben blindarse a nivel legislativo, lo que implica -entre otras- modernizar la actual Ley del Servicio Civil.

 La reforma debe enfocarse en ciertos objetivos esenciales: situar el mérito como norte del sistema; fortalecer y dotar de independencia a la actual Oficina Nacional del Servicio Civil; profesionalizar la carrera administrativa; crear un sistema especial para gestionar el recurso humano a nivel de directores y gerentes públicos; regular el marco de las negociaciones colectivas con los empleados públicos; privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad; y, sistematizar procesos de evaluación del desempeño de los trabajadores. La iniciativa del Ministerio de Trabajo y el apoyo de la comunidad internacional son un buen comienzo. Falta, sin embargo, la pieza más importante: el compromiso del Congreso de emprender un proceso legislativo de reforma serio y profesional que este tema amerita.