A Más Confrontación, Menos Inversión

Vivimos tiempos difíciles. La transición de una cultura de impunidad y corrupción a otra donde imperen la ley y el estado de derecho es complicada. Se requiere de madurez y disposición a dialogar, cualidades sociales muy escasas estos días.

El clima de polarización y confrontación en el país se ha acentuado peligrosamente. La comunicación entre personas de distinta opinión está rota. Esas son malas noticias para la economía porque un clima de negocios enrarecido por la hostilidad y la desconfianza entre diversos sectores de la sociedad es muy adverso para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, aspectos que, según varias encuestas, son los que más angustian al guatemalteco promedio.

Es preocupante también la forma en que los eventos políticos nacionales se están percibiendo en el exterior, según se recoge en medios tan diversos como el New York Times, The Economist o, incluso, el reciente comunicado de la calficadora Fitch Ratings que alerta sobre los efectos negativos que dichos eventos pueden tener sobre la calificación de riesgo-país. Todo ello perjuicio de los potenciales flujos de inversión (financiera y directa) hacia Guatemala.

Conviene recordar que en la década de los ochenta (la década perdida de nuestra economía) fueron precisamente el conflicto interno y el rompimiento del tejido social las causas principales que incidieron en el desplome de la inversión, la pérdida de la estabilidad económica y la ralentización severa de la actividad productiva.

En este momento crítico, y en aras del bien superior de la Nación, es imprescindible reducir la intensidad del enfrentamiento y restablecer la comunicación entre los grupos en conflicto. Ello requiere madurez por parte de los distintos liderazgos para ceder y aceptar compromisos que eviten el agravamiento de la crisis. Ceder y aceptar.

Aceptar, por ejemplo, que la salida y relevo del comisionado Velásquez (mejor si pronto y voluntario) aliviaría las tensiones (y daría una salida viable a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad tiene que emitir respecto de su expulsión del país). Aceptar que la CICIG es un experimento clave para la ONU y que su continuidad es necesaria para transferir capacidades y reformar el sector justicia (esencial para la eficiencia económica); pero aceptar también que debe ser reformada (en cuanto a la definición de su mandato, su gobernanza y su obligación de rendir cuentas) para fortalecer su credibilidad y eficacia.

Aceptar que el país estaba podrido de corrupción y que quienes cometieron faltas o delitos deben reconocerlos y redimir el daño causado. Aceptar que se necesitan herramientas jurídicas transicionales para viabilizar tal reconocimiento. Aceptar que si todos los transgresores fueran encarcelados, no alcanzarían todos los estadios de futbol del país convertidos en prisión para albergarlos.

El sistema político corrompió y debilitó al Estado, sus instituciones y sus relaciones con la ciudadanía. La transición necesaria para revertir esa situación no es fácil, pero sin una disposición a ceder y a aceptar madura y responsablemente por parte de los distintos liderazgos nacionales, no habrá una base para plantear la agenda mínima de reformas institucionales que el país y su economía necesitan desesperadamente.

Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.

Dialogar, Aunque Cueste

En periodos de crisis, de incertidumbre y de transición política, como los que ahora vivimos, es fácil caer en la tentación de ver al otro como enemigo, como el que no tiene la razón, como el que no merece ser tomado en consideración. Si no logramos superar esa tentación, será cada vez más difícil encontrar salidas a la crisis.

El país está viviendo desde hace varios meses un clima de crispación, confrontación y polarización que en nada contribuye a la convivencia social ni a la buena marcha de la economía. Aunque en el largo plazo se verán, sin duda, los frutos positivos de la transición política que se inició con la lucha contra la corrupción hace dos años, en el corto plazo esa lucha genera incertidumbres que, por desgracia, son poco propicias para el diálogo. Y es que en épocas de incertidumbre y transición resulta psicológicamente tranquilizante creer que uno está en el lado correcto de la historia y que es sobre los otros, los del bando opuesto, donde podemos descargar todos nuestros reproches y nuestra ira.

La incertidumbre respecto del rumbo que lleva la transición política (exacerbada por la ausencia de liderazgos políticos y de una agenda de Estado) conduce a antagonismos basados en la sobre-simplificación del pensamiento del rival y en caricaturizar al que no coincide con nuestras ideas, con lo cual se enfatizan las diferencias y se invisibilizan las coincidencias. Esa simplicidad conceptual agrava las desconfianzas entre individuos y grupos con opiniones encontradas: “no me junto con corruptos”, o “jamás me sentaré a la mesa con guerrilleros”, o “nunca dialogaré con explotadores” son las expresiones de quienes se refugian en su tribu para encontrar resguardos y apoyos ante la incertidumbre.

Pero ese refugio psicológico es, paradójicamente, el principal obstáculo para acabar con la incertidumbre, pues los posicionamientos extremos impiden pactar soluciones a la crisis. Lo que es peor: en el afán de excluir a quien no piensa como uno se atenta contra el principio del pluralismo –esencial para el funcionamiento de una república democrática- que sostiene que cualquiera que discrepe, aún siendo parte de una minoría, sigue perteneciendo a nuestra sociedad y, por ende, sigue teniendo el mismo derecho a expresarse y opinar como si formara parte de la mayoría. Los que se atrincheran en su tribu excluyente, por el contrario, solo tienen dos opciones: o logran imponer su verdad a toda la sociedad (incluso, si se requiere, por métodos violentos), o se refugian en la isla de los elegidos, donde preservan la pureza de su pensamiento, pero donde no logran cambiar ni un ápice la realidad que los incomoda.

Es menester salir de esas posiciones y establecer acuerdos que le permitan al país darle un propósito a la lucha contra la corrupción y un sentido a la transición política que hoy vivimos. Quizá convenga recordar que en nuestra experiencia como nación tenemos ejemplos de convivencia y de acuerdos en circunstancias tan difíciles como las actuales. La democracia y la paz de las que ahora disfrutamos los guatemaltecos, con todo y sus múltiples imperfecciones, son producto de acuerdos entre líderes que sufrieron los horrores del enfrentamiento fratricida y que comprendieron que el progreso pasaba por el diálogo y no por la aniquilación del adversario.

El terrible vacío de liderazgos que hoy sufre la clase política quizá sea una bendición disfrazada de tragedia. Quizá es mejor que sean los ciudadanos quienes llenen el vacío que hoy dejan los políticos tradicionales; que sean los ciudadanos quienes lideren los procesos de diálogo para alcanzar los acuerdos que el país necesita y quienes, mediante el voto consciente, devuelvan a la política su rol de servidora humilde de la ciudadanía. Vale la pena recordar lo que al respecto dijo el Papa Francisco hace casi dos años: “El mejor modo para dialogar no es el de hablar y discutir, sino hacer algo juntos, construir juntos (…) sin miedo de realizar el éxodo necesario en todo diálogo auténtico”.

La USAC en la encrucijada

Las nuevas autoridades de la USAC deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de los fondos (sufragados por todos los guatemaltecos), así como la mejora en la calidad académica de sus egresados.

La muy próxima elección de rector encuentra a la Universidad de San Carlos –USAC- en una encrucijada: el país está viviendo una compleja transición política -cuya piedra angular ha sido el combate a la corrupción-y, en esa encrucijada, la USAC está llamada a asumir, si no algún liderazgo, al menos un firme compromiso de esclarecer las múltiples críticas y sospechas que se han planteado en medios de comunicación en relación con malos manejos administrativos y financieros, que ponen en serio entredicho la credibilidad de la Carolingia.

Una forma directa de asumir ese compromiso sería reconocer que la USAC es una entidad pública que se debe a toda la sociedad (no solo a su comunidad educativa), pues se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Los guatemaltecos aportamos a la USAC casi Q1800 millones anuales, principalmente para que le brinde educación a más de 200 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenecen a los estratos socioeconómicos medios de la población. Este presupuesto representa más del 3% de los ingresos tributarios del país y es más elevado que el de muchos ministerios de gobierno (como los de Agricultura, Economía o Trabajo) y mayor que el de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo combinadas.

El principal desafío del próximo rector (o rectora) es el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad. Si la autonomía que constitucionalmente tiene la USAC le confiere derechos y privilegios para cumplir con sus funciones, le debería conferir también la obligación de usar de manera eficaz y transparente los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

El nuevo rector (o rectora) debería volver la vista hacia las mejores prácticas en materia de transparencia de otras universidades estatales (un viajecito a la UNAM, para copiar sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no le caería mal). Por ejemplo, debería persuadir al Consejo Superior Universitario de que aplique pautas de buen gobierno corporativo y cree comités independientes y especializados en los distintos temas sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, conformados por personas honorables y expertas en asuntos financieros, serian esenciales.

Las nuevas autoridades deberían publicar periódica y oportunamente los estados financieros dictaminados por un auditor externo calificado, así como los estados financieros mensuales; el estado de ingresos, gastos e inversiones; y, los reportes y observaciones de auditoría interna de las diferentes instancias universitarias. También  un sistema de indicadores para medir el desempeño: su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; y, cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El nuevo rector (o rectora) debe comprender que la mejor manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Y eso es lo que los electores deberían exigirle a sus candidatos a rector. Así darían un paso decisivo para el rescate institucional de la universidad estatal.

La Generación de los Treintañeros

En momentos de transiciones políticas trascendentales, los relevos generacionales pueden cobrar una importancia crucial. Se vislumbra en Guatemala una nueva generación de líderes capaces de darle rumbo y esperanza al futuro del país.

Guatemala está viviendo una importante transición política –la de pasar del antiguo régimen de corrupción e impunidad a uno nuevo de transparencia e imperio de la ley- que se está tornando lenta y costosa debido no solo a la inútil confrontación entre un bando de radicales (que quieren una “refundación” total del Estado) y otro de reaccionarios (que quieren retornar al status quo imperante antes de 2015) sino que, también, debido a una preocupante ausencia de liderazgos que conduzcan el proceso. ¿Quién puede conducir la transición e impulsar las reformas institucionales que le den sostenibilidad y propósito?

Décadas de conflicto armado interno dejaron un cierto talante autoritario y reacio al diálogo a la generación de los que ahora rondan la edad de setenta años, mientras que infundieron una actitud de desidia y evasión entre quienes estamos alrededor de los cincuenta. Afortunadamente, la generación de los treintañeros que ahora está tomando la estafeta, parece estar encontrando formas más novedosas y efectivas de expresarse e incidir en las esferas del poder.

He tenido el gusto de conocer e interactuar con muchos de estos treintañeros, genuinamente interesados es ser partícipes de la transformación del país. Se trata de una generación más urbana, más educada, más tecnológica y más cosmopolita que sus antecesoras. Una generación que cada vez se parece menos al cauto, discreto y reservado arquetipo del guatemalteco. Muchos de ellos le dieron vida y forma a las manifestaciones de la Plaza en 2015.

Esta generación puede darle rumbo y sentido a la transición que hoy vivimos, pues posee las herramientas y las actitudes necesarias para liderarla: su familiaridad con las tecnologías informáticas, su apertura a nuevas expresiones culturales, su tendencia a trabajar en redes y su búsqueda constante de nuevos conocimientos, experiencias y soluciones, son características que los hacen ser cada vez más ciudadanos del mundo, alejados de los aislacionismos obscuros que impiden el progreso económico y social de los países.

Para la naciente élite de treintañeros, el régimen patrimonialista que saqueó el Estado mediante corrupción y tráfico de influencias es un sistema arcaico que debe cambiarse; por ello está llamada a jugar un rol central en el esfuerzo de darle forma al país que anhelamos. No se trata, claro está, de un grupo homogéneo: existen entre ellos naturales diferencias, rivalidades y ánimos de protagonismo. Pero también tienen entre ellos más aspiraciones e ideas en común que las que tuvieron las generaciones anteriores con sus traumas de guerra y sus desconfianzas viscerales.

Como están bien informados, saben que en el mundo (hoy más accesible que nunca) existen experiencias de cambio exitosas que pueden emularse y, como saben que la corrupción y la debilidad del Estado y sus instituciones les han robado las oportunidades de vivir en una sociedad moderna y próspera, le apuestan decididamente a los beneficios que acarrean las reglas claras, el imperio de la ley y la transparencia. Muchos de ellos ya han tenido ocasión de participar en la función gubernamental y en puestos de elección popular; otros influyen en los tanques de pensamiento existentes o inciden desde las organizaciones de la sociedad civil, algunas creadas por ellos mismos.

Nada garantiza que vayan a tener más éxito que nosotros, los de generaciones anteriores, en construir un mejor país; pero ahora es su turno, inevitablemente. Nos corresponde cederles gradual, pero prontamente, la estafeta. Y aconsejar, acompañar y empoderar a esta nueva generación de líderes más enfocados en los valores y en las ideas, que en los antiguos órdenes e ideologías.

Tres Dimensiones de la Corrupción

En la lucha contra la corrupción, la persecución penal es importante; pero de poco o nada servirá si no se avanza simultáneamente en la reforma institucional del Estado y en la instauración de una cultura ciudadana de la integridad.

La corrupción acarrea nefastas consecuencias políticas, económicas y sociales que ponen en grave riesgo la viabilidad futura del país. Su grado de peligrosidad depende de la forma en que evolucionen la tres dimensiones que la determinan: la dimensión punitiva (es decir, la manera en que se persigue y se castiga la corrupción), la dimensión cultural (la manera en la que la sociedad percibe y tolera la corrupción) y la dimensión operacional (la manera en que las instituciones se ordenan para que opere –o no- la corrupción).

Durante muchos años, la dimensión punitiva estuvo tan desdeñada y menospreciada que Guatemala llegó a ser uno de los países más corruptos del Hemisferio. Afortunadamente en abril de 2015 la CICIG y el Ministerio Público salieron de su letargo y emprendieron una meritoria lucha contra el cáncer de la corrupción, que podría haber sido más efectiva si la Contraloría de Cuentas se hubiese sumado para detectar oportunamente las irregularidades, para aportar elementos y pruebas en los diversos casos e, idealmente, para contener muchos de esos casos en el campo administrativo y minimizar el desgastante proceso judicial. De cualquier modo, por meritorios que sean los avances en la dimensión punitiva, de nada van a servir si no se producen al mismo tiempo avances significativos en las otras dos dimensiones.

Transformar la dimensión cultural es mucho más complicado cuando, como en el caso de Guatemala, la sociedad involucionó progresivamente hasta llegar a tolerar la  corrupción como algo normal. El Premio Nobel de Economía de 2017, Richard Thaler, indica que la corrupción es “contagiosa”: un acto de corrupción que parece normal o que no es sancionado provoca un efecto de imitación o de repetición por parte de otros miembros de la sociedad, lo cual genera una cadena de comportamientos repetitivos. Para romper ese círculo vicioso se requiere que en el discurso público y en el imaginario colectivo deje de considerarse la corrupción como algo esperado, habitual y normal. Esta transformación cultural es lenta per se y porque requiere de acciones y programas de cultura ciudadana impulsados desde el gobierno (nacional o municipal), lo cual implica una previa renovación de la clase política.

Por su parte, la transformación de la dimensión operacional quizá pueda ser más rápida si se enfoca en una indispensable reforma institucional que altere el nefasto andamiaje de entidades estatales que hoy se ordenan para favorecer la corrupción e impedir su oportuna detección y prevención. Tales reformas incluyen la del sistema de servicio civil, a fin de que las plazas en la administración gubernamental dejen de ser un botín político o una fuente de coimas y tráfico de influencias. El sistema estatal de infraestructura vial también debe reformarse, junto con el de compras de insumos, para hacerlos competitivos, transparentes y bien supervisados.

El sistema de contraloría y fiscalización del gasto público debe reformarse para hacerlo no solo más objetivo, eficaz y oportuno, sino para hacerlo parte de una perdurable cultura de probidad. Asimismo, el sistema judicial debe reformarse para asegurar que los jueces de todas las instancias sean independientes y capaces. Y, lo más importante, el sistema electoral y de partidos políticos debe reformarse profundamente para facilitar la participación ciudadana, mejorar la representación de los electores y fortalecer la autoridad electoral. Estas reformas institucionales son imprescindibles para darle sentido y sostenibilidad a la lucha contra la corrupción. Y requieren de perseverancia, adecuada propuesta técnica, participación ciudadana y voluntad política. La tarea no es fácil, nadie dijo que lo sería; pero es impostergable.

Tiempos Conflictivos

La sociedad guatemalteca está peligrosamente dividida. En el umbral del enfrentamiento, es necesario recapacitar y enfocarse en los temas de fondo, lo cual implica un acuerdo nacional sobre la reforma institucional: sistemas de partidos políticos, de justicia, de servicio civil, de compras gubernamentales y de infraestructura pública. Sin esa reforma, no habrá desarrollo.

La semana pasada fui invitado por la Asociación de Gerentes de Guatemala a impartir una conferencia sobre la situación del país, en el marco de su programa Líderes en Contacto. El ambiente prevaleciente entre el público participante -que, sin duda, es un reflejo del sentir de las élites dirigenciales del país- era de una patente incertidumbre respecto de la situación económica, así como de un cierto temor respecto del clima de conflicto que parece haberse instalado en quehacer político nacional.

En cuanto a la situación política, es evidente que la problemática que estamos viviendo, aunque compleja, puede entenderse -y atenderse- mejor si reconocemos que  Guatemala está viviendo (desde abril de 2015) un típico periodo de transición política desde un antiguo régimen (donde las leyes y normas no eran obligatorias, donde el patrimonialismo definía el juego político-partidista y donde la corrupción y la impunidad eran una cotidianeidad socialmente tolerada) hacia un nuevo régimen (donde se aspira a contar con instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho).

Las transiciones, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, son procesos más o menos prolongados que generan una serie de tensiones sociales y de reacomodos políticos que en el largo plazo, si son bien conducidos, generan beneficios al país, pero que en el corto plazo ocasionan conflictos y enfrentamientos entre tres bandos: el que se resiste al cambio, el que anhela un cambio gradual y ordenado, y el que aspira a un cambio radical e inmediato.

En cuanto a la situación económica, a pesar de contar con un ambiente externo propicio (la economía mundial está en un periodo de auge) y de condiciones macroeconómicas estables (merced a nuestras políticas fiscal y monetaria ortodoxas), la muy baja -y malamente atendida- productividad del aparato económico, aunada a la conflictividad política, nos conduce a una permanente mediocridad del crecimiento económico y a muy escasos avances en materia de bienestar material.

Para superar la difícil coyuntura en los dos ámbitos (político y económico) se requiere de una agenda priorizada y de un liderazgo definido que den un aliento de esperanza ante la incertidumbre prevaleciente. Dicha agenda y dicho liderazgo deben enfocarse fundamentalmente en la reforma institucional: solo con instituciones más fuertes será posible darle sustento a la transición política (hasta ahora circunscrita al combate a la corrupción) y, simultáneamente, elevar la productividad del aparato económico (condición indispensable para lograr el desarrollo del país).

La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificada: sistema de justicia, sistema de servicio civil, sistemas de contratación e infraestructura pública, y sistema electoral y de partidos políticos. Si bien el contenido en detalle de las reformas puede y debe ser objeto de debate y discusión, la esencia y necesidad de las mismas debiese ser, más bien, motivo de unidad y consensos entre los distintos sectores organizados de la ciudadanía.

El reciente llamado al optimismo y al diálogo por parte del sector privado organizado en torno a una agenda mínima de país, o la apelación a la sensatez política por parte de las autoridades del banco central para minimizar la incertidumbre económica, o la exhortativa del a Conferencia Episcopal a procurar la cohesión y articulación de los sectores sociales empresariales, académicos y religiosos, son llamados que  ponen una luz de esperanza en la penumbra de conflictividad que se cierne sobre Guatemala. Sensatez política, madurez ciudadana y amor a la patria son los elementos esenciales para lograr acuerdos respecto de las reformas que el país reclama.