LA MADRE DE LAS REFORMAS ELECTORALES

 LO MÁS IMPORTANTE ES FORTALECER EL TSE, QUE HOY VIVE SU HORA MÁS OSCURA

Si el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados, permite que profesionales con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente cooptable.

El TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia

Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- avanzan, pero con un enfoque superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos, sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda, pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia.

El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos -o, incluso, tentados hacia la corrupción- por gestiones puramente operativas; y, (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.

El colapso del sistema de partidos es una crisis paralela que preocupa y amerita atención, pero el colapso de la autoridad electoral es una amenaza aún más grave. Sin un TSE fortalecido, independiente y profesional, Guatemala corre el riesgo de perder lo que aún queda de su frágil democracia. La clase política debe entender que no se trata de preservar privilegios o de seguir administrando la crisis, sino de evitar que el país entre en una espiral de desconfianza institucional de la que difícilmente podrá salir.

El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestos a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS

 Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral

A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).

La existencia de un régimen democrático basado en elecciones libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos, hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.

Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo está mucho más.

Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala. 

La comunidad financiera internacional resiente que los indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010 al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial ganador) en pleno período eleccionario.

Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los mercados.

El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.

EL MERCADO POLÍTICO

LA DISFUNCIONAL LEY ELECTORAL HA DEGRADADO EL MERCADO POLÍTICO, CON UNA OFERTA POLÍTICA CADA VEZ MÁS MEDIOCRE Y UN ELECTORADO QUE, EN VEZ DE SOLUCIONES, DEMANDA ENTRETENIMIENTO

La campaña electoral que está a pocos días de concluir ha puesto en evidencia una de las más graves fallas de la ley electoral vigente: la prohibición que existe para que los políticos puedan expresar sus opiniones y propuestas antes del inicio oficial de la campaña. Esta absurda prohibición, exacerbada por la miope interpretación de la ley por parte de los magistrados del TSE que consideran cualquier pronunciamiento público de un político constituye “propaganda anticipada”, impide a los políticos hacer política, mutilando así, flagrantemente, uno de los órganos vitales de cualquier democracia: la libre expresión del pensamiento. Una de las consecuencias más graves de tan absurda regulación es que la campaña política ha degenerado en un circo mediocre carente de propuestas, nulo en debates y desprovisto de calidad.

A esto se agrega un cambio estructural en el que los nuevos medios y plataformas de comunicación están teniendo un impacto significativo en la forma en que los políticos llevan a cabo sus campañas electorales. Estas plataformas, como Twitter, Instagram y TikTok, han introducido nuevas vías para la comunicación, el compromiso y la divulgación, ofreciendo a los políticos oportunidades que, desafortunadamente y salvo escasas excepciones, no han sido aprovechadas para bien.

En vez de aprovechar las redes sociales para compartir contenido de calidad, con propuestas atractivas, compartibles y virales, los videos de esta campaña que han ganado mayor visibilidad son aquellos que destacan por lo chusco y por su capacidad de satisfacer, con el auxilio de los influencers y de las noticias fabricadas, las demandas más sórdidas de entretenimiento de los usuarios de estos medios, exponiendo las miserias humanas de los candidatos que, a falta de propuestas de solución a los problemas nacionales, se presentan con bailecitos y chabacanerías a la espera de lograr algún “me gusta” en las redes sociales.

Es posible establecer ciertos paralelismos entre un proceso electoral en una democracia y una economía de mercado. Ambos involucran el concepto de ofrecer bienes o servicios para satisfacer ciertas necesidades o preferencias. Entonces, en la actual campaña electoral, la combinación de una legislación inadecuada, un TSE miope y un cambio estructural en los medios de comunicación política da como resultado un mercado político en que la oferta y la demanda se han degradado simultáneamente. El problema es que, en esta campaña que está por finalizar, los satisfactores ofertados han tenido muy escasa calidad, mientras que las preferencias de los demandantes se han inclinado más por el entretenimiento y el chisme que por la búsqueda de estadistas. En el mercado electoral, una oferta mediocre y anodina se ha acomodado a satisfacer una demanda ramplona y ávida de soluciones demagógicas para evadir la compleja realidad cotidiana.

Esta situación atenta gravemente contra la salud de nuestra endeble democracia. Los líderes políticos deberían estar pensado cómo después de estas elecciones -cuanto más pronto, mejor- arreglan la disfuncional Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograr, al menos, dos propósitos fundamentales. Por un lado, recuperar la posibilidad de poder cumplir lo que les corresponde hacer como oferentes: ofertar las soluciones de política pública que permitan resolver los problemas económicos, políticos y sociales del país. Y, por otro, promover una mejor participación ciudadana y una mayor representatividad de los funcionarios electos. En tanto no lo hagan, y mientras sigan acomodados rehuyendo el debate y delegando sus obligaciones en los influencers y en los tiktokers, el mercado político continuará degradándose irremediablemente.

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CREDIBILIDAD ELECTORAL

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PUEDEN SER CAÓTICAS E INCIERTAS

Desde 1985 hemos tenido elecciones creíbles, basadas en reglas e instituciones que, hasta ahora, han permitido una sucesión legitima de gobiernos y ganarnos un lugar en el concierto de las naciones democráticas. No es poca cosa. La democracia contribuye al desarrollo: valores tales como la libertad de expresión, el estado de derecho, el multipartidismo, las elecciones libres, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes crean el contexto institucional requerido para que las interacciones económicas y el clima de inversión propicien la movilización de energías y recursos necesarios para el desarrollo.

Con el tiempo, el sistema electoral y de partidos políticos se ha deteriorado, al punto de poner en riesgo la credibilidad ganada en el último cuarto de siglo. El sistema exhibe hoy una evidente falta de representatividad ciudadana, impone severas restricciones a la participación política, limita gravemente la libertad de expresión y propicia el divorcio entre los ciudadanos y los candidatos y sus propuestas. Para revertir esta tendencia es necesario reformar aspectos de fondo, como el sistema de elección de diputados (para elegir por personas, no por listados cerrados), los requisitos para conformar un partido político, o el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Estos aspectos son cruciales, pero su reforma es políticamente compleja (no resulta atractiva para el statu quo). Debemos ser realistas y reconocer que tal reforma no solo es políticamente inviable, sino que cronológicamente es casi imposible, dada la cercanía del próximo proceso electoral.

Existen, empero, otras debilidades -más coyunturales- que sí pueden (y deben) ser corregidas pronto para evitar un posible colapso de la ya frágil credibilidad del sistema electoral. Al menos tres aspectos clave (que se agravaron tras la fallida reforma electoral de 2016) deben ser enmendados antes de las elecciones de 2023. Primero, debe definirse con claridad el concepto de campaña anticipada, de forma que no se impida a los partidos su derecho a opinar sobre temas nacionales en todo momento. Segundo, debe clarificarse (y fomentarse) la participación ciudadana mediante sus aportes financieros y en especie al partido de su simpatía, asegurando la transparencia y trazabilidad de tales aportes y la diferenciación entre proselitismo, funcionamiento y campaña. Y, tercero, debe precisarse la forma en que los medios de comunicación pueden cumplir libremente su labor informativa y ofrecer sus espacios publicitarios a los distintos proyectos políticos.

Sin estas reformas puntuales, las próximas elecciones entrañarán un grave riesgo reputacional para nuestra joven democracia. Sabemos que, aunque los temas estructurales son muy importantes, no hay condiciones ni tiempo para reformarlos; pero ello no implica que debamos resignarnos a unas elecciones caóticas e inciertas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: es necesario concentrarse en los tres temas urgentes señalados. Quizá todavía hay tiempo para que el Congreso recapacite y haga las reformas necesarias o, en todo caso, para que el TSE haga un control de daños por la vía reglamentaria e interpretativa.

DEMOCRACIA EN RIESGO: TEMAS DE FONDO

PROCURAD UN TSE EFICAZ E INDEPENDIENTE, Y TODO LO DEMÁS SE OS DARÁ POR AÑADIDURA

La semana pasada comentamos sobre las reformas urgentes que deben hacerse (ley o reglamentos) para superar las ambigüedades y zonas grises que podrían perjudicar el proceso electoral del 2023. Encima de esos temas, existen dos aspectos cruciales, de mucho más fondo, que deben abordarse para evitar que la credibilidad y la efectividad de nuestra frágil democracia continúen debilitándose en el imaginario colectivo. Uno tiene que ver con aumentar el involucramiento de las personas (factor clave del ejercicio de la ciudadanía) en las manifestaciones democráticas y en la gestión de la cosa pública y, el otro, con la aplicación y el cumplimiento de las reglas de juego que rigen el sistema.

En el primer caso, se trata de mejorar la representatividad, que sería un paso importante para lograr una democracia más funcional y serviría de sustento para aliviar los grandes conflictos sociales que aquejan a la sociedad guatemalteca. Ello implicaría, por un lado, modificar la forma en que se eligen los diputados, estableciendo que la votación sea nominal (no por listados cerrados) y, por otro, con la creación de nuevas circunscripciones electorales (más pequeñas que las actuales) que logren acercar al ciudadano con su representante. Una mayor cercanía entre el diputado y el votante permitiría, además, una mejor fiscalización ciudadana Una reforma así ya se encuentra bajo análisis en el Congreso.

La legitimidad y credibilidad del sistema pasan también por fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos y eso se logra eliminando los múltiples obstáculos que existen para organizarse política y cívicamente. Se necesita reducir drásticamente las barreras de entrada a nuevos partidos políticos (incluyendo distritales) para acabar con el actual esquema de partidos franquicia (en el que el comité nacional es propietario de la “marca” del partido y la cede temporalmente a líderes locales en cada elección). Es un mito creer que tener muchos partidos políticos compitiendo es algo indeseable (en Alemania o en España, por ejemplo, compiten más de treinta). Lo que en realidad se necesita en una autoridad fuerte, competente e independiente que haga cumplir las reglas del juego. Y esta sí es la madre de todas las reformas electorales.

Esa reforma debe enfocarse en hacer más independiente a la instancia superior del TSE (el pleno de magistrados) y, a su vez, reformar su gobernanza interna para hacer más eficaz su trabajo. Esto conlleva, por un lado, que los magistrados duren más tiempo en el cargo y el pleno de magistrados se renueve de forma escalonada para que, en un momento dado, las fuerzas políticas que los eligen no puedan influir en el nombramiento de todo el pleno; y, por otro lado, que los magistrados se liberen de (deleguen) las funciones administrativas y se concentren en los aspectos jurisdiccionales. Si la máxima autoridad electoral es fuerte, independiente y efectiva, será posible superar muchas de las dificultades que hoy día sufre nuestro alicaído sistema y darle un nuevo aliento a nuestra democracia, hoy en riesgo.

MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA

SE NECESITAN MEJORES INSTITUCIONES, DESDE EL ÁMBITO ELECTORAL HASTA EL DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Múltiples estudios alrededor del mundo demuestran el rol fundamental de las instituciones para mejorar la efectividad de los gobiernos, el funcionamiento de las sociedades y la calidad de vida de las poblaciones. Entre ellos, los de la economista Rohini Pande (de la Universidad Yale) aterrizan en lecciones prácticas que pueden resultar útiles para Guatemala.

Por ejemplo, que existe una asociación entre la calidad de las instituciones políticas y la probabilidad de éxito de las políticas para el desarrollo y para aliviar la pobreza. La profesora Pande evidenció recientemente que para reducir la pobreza es menos eficaz la ayuda directa (subsidios o transferencias de efectivo) que la creación de instituciones democráticas eficaces para que los ciudadanos en situaciones vulnerables puedan elegir directamente a sus representantes y empujarlos a aplicar políticas que favorezcan el empleo y la generación de ingresos. Pero, además, argumentó que la democracia funcional requiere mucho más que sólo institucionalizar elecciones periódicas que permitan a todos votar cada cuatro años sino que, además y principalmente, es necesario que los ciudadanos estén bien informados, bien representados y en capacidad de defender sus instituciones democráticas.

La lección para Guatemala bien puede ser que la tan necesaria reforma al sistema electoral y de partidos políticos no solo debe incorporar mecanismos que permitan a los ciudadanos votar directamente por sus representantes mediante listas abiertas (o voto preferente, tal como se propone en la iniciativa que actualmente se discute en el Congreso), sino también debe recuperar la autonomía, profesionalidad y eficacia del Tribunal Supremo Electoral.

En materia de combate a la corrupción, la profesora Pande subraya la importancia de un cambio de actitudes por parte de la sociedad. Su análisis sobre la corrupción cuestiona seriamente la noción de que los países más pobres son más proclives a la corrupción que los países ricos porque están más dispuestos a tolerarla. Por el contrario, Pande muestra que la gente es potencialmente igual de corrupta en los países ricos que en los pobres, pero lo que varía son, precisamente, las instituciones, en particular las que permiten mejorar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control. Es decir, para construir las instituciones contra la corrupción resulta más eficiente privilegiar la prevención (vigilancia, la supervisión y la fiscalización) sobre la sanción (persecución penal).

También aquí resulta clara la lección para Guatemala: la Contraloría de Cuentas, las unidades de auditoría interna de los entes gubernamentales, y el tratamiento de los conflictos de interés son instituciones que necesitan urgentemente una reforma profunda que las fortalezca y habilite para que la lucha contra la corrupción no tenga que recaer exclusivamente en la persecución penal cuyos resultados, hasta ahora, no solo han sido efímeros sino, a veces, contraproducentes.

Reformar el TSE

CONVENDRÍA EMULAR CÓMO FUNCIONAN LOS TRIBUNALES INDEPENDIENTES EN OTROS PAÍSES

Lo peor que le puede ocurrir a un juez es carecer de independencia respecto de los sujetos sobre quienes debe impartir justicia. El Tribunal Supremo Electoral -TSE- lleva   lustros de estar perdiendo gradualmente -por esa y otras razones- la credibilidad y la confianza que otrora inspiraba en la ciudadanía. Los recientes casos de magistrados   que acreditaron cargos académicos de dudosa veracidad para acceder a sus cargos o la decisión de ese tribunal de permitirle a los partidos políticos manejar dinero en efectivo, solo agregan a la pérdida de lustre y credibilidad de la máxima autoridad electoral del país.

Hace tiempo que se hace evidente la necesidad de reformar y fortalecer al TSE, el pilar más importante de nuestro aún joven -y hasta ahora exitoso- sistema electoral. Una reforma muy importante sería quitarle a los magistrados la tentación (a veces obsesión) de dedicarse a ser gerentes y administradores de los recursos (financieros, humanos y físicos) del TSE, cuando esas funciones operativas deberían corresponder a un ente administrativo. Los magistrados deberían concentrarse en ejercer las funciones fundamentales de administración de justicia electoral y establecimiento de estrategias para mantener y mejorar el sistema electoral y de partidos políticos. El TSE debería también estar obligado a rendir cuentas a la nación, lo que debería incluir el someterse, al menos anualmente, a un proceso profesional de auditoría externa.

Otra reforma, aún más importante, tiene que ver con la forma en que se configura el Tribunal: las altas cortes más exitosas en otros países tienen ciertas características que bien valdría la pena emular. Una es que los plazos en el ejercicio del cargo son largos: mientras más dure un magistrado en el cargo, más independiente puede ser respecto de quienes lo eligieron. Otra es la renovación parcial o escalonada del pleno: concentrar los focos de la opinión pública y de los entes electores sobre el nombramiento de un solo magistrado a la vez puede resultar clave para controlar y evitar que fuerzas oscuras se entrometan en el proceso. Y otra característica a emular es la adopción de modelos efectivos para evaluar y designar a los magistrados.

Aunque nuestro sistema de partidos políticos ha colapsado, nuestro sistema de realizar elecciones de forma periódica y democrática es, en contraste, aún funcional y le ha servido bien al país desde que empezó esta era democrática. Sin embargo, con cada elección sufre un deterioro cada vez más alarmante. Para evitar su colapso es imprescindible reforzar la base en la que dicho sistema se sostiene: el TSE. Lo más complejo del asunto es que el ente a cargo de realizar las reformas indicadas es el Congreso de la República, la mayoría de cuyos diputados difícilmente encuentren algún beneficio a corto plazo en tales reformas. En el largo plazo, sin embargo, si no se reforma el TSE nuestra frágil democracia entrará en un franco peligro de colapsar.

REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL

 LA INICIATIVA DEL TSE, AUNQUE PERFECTIBLE, TIENE VARIAS PROPUESTAS POSITIVAS

Tras el accidentado proceso electoral de 2019, resulta evidente que el sistema electoral necesita reformas aborden, al menos, tres temas fundamentales. Primero, la falta de representatividad (es decir, que el ciudadano no se siente representado por los candidatos electos). Segundo, el debilitamiento institucional (de los partidos y del propio Tribunal Supremo Electoral -TSE-). Y, tercero, la falta de certeza generada por varias normas aprobadas precipitadamente en la reforma de 2016.

Pese a la mala prensa que ha tenido la iniciativa de reforma presentada recientemente por el TSE (debido al poco feliz tratamiento que en ella se da al tema del transfuguismo), es de justicia reconocer que contiene varias propuestas que van en la vía correcta y que deberían preservarse durante el proceso de aprobación legislativa. Estas incluyen mejoras en la regulación de la campaña electoral (que aclaran la diferencia entre campaña y proselitismo e introducen mejoras a la regulación de la propaganda electoral); también incorpora importantes precisiones para separar las distintas fases del proceso político-electoral y para definir los distintos tipos de aportes que pueden recibir los partidos políticos.

Una de las mejoras más importantes es la de incluir el voto preferente para la elección de diputados: con esta reforma el votante podrá elegir individualmente a su candidato preferido de entre el listado que presente el partido político de su elección. Este cambio -de mucho fondo- acercará al votante con su diputado y hará que este rinda cuentas ante sus electores. Ojalá que el Congreso no enrarezca ni debilite esta reforma.

Por supuesto que otras propuestas del TSE deben ser mejoradas y corregidas, como la mencionada norma sobre el transfuguismo, o la limitación que se pretende introducir al alcance de la fiscalización de los partidos políticos por parte de la Contraloría de Cuentas, o los peligrosos, subjetivos e innecesarios requisitos que se proponen para integrar las Juntas Electorales, así como otros aspectos que, lejos de mejorar, podrían menoscabar la efectividad de nuestro sistema electoral.

En todo caso, la iniciativa del TSE, aunque perfectible, en un buen paso en el camino correcto para reformar el sistema. Sabemos que este tipo de reformas forman parte de un proceso continuo y gradual (la propia ley electoral contempla la obligación de revisarse periódicamente), por lo que para futuras ocasiones deben incluirse cambios en, al menos, cuatro áreas esenciales: el fortalecimiento del TSE; la recuperación de la proporcionalidad en la asignación de escaños para los distritos electorales; la facilitación de la participación ciudadana en la vida política; y, la creación de circunscripciones territoriales que acerquen a los electores con sus representantes.

NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA

LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL NO ES UN CAPRICHO; ES UNA NECESIDAD DE ESTADO

Revisando la evolución de los distintos índices publicados en meses recientes, para hacer balance del desempeño de Guatemala durante este aciago año, me encontré con los interesantes datos que arroja el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que busca medir el estado de la democracia en 165 países. Este índice mide cinco categorías: el proceso electoral; el funcionamiento del gobierno; la participación ciudadana; la cultura política; y las libertades civiles. Con base en los puntajes de los varios indicadores que conforman esas categorías, cada país se clasifica en uno de cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”.

Con un puntaje global de 5.26 sobre 10 posibles -para el indicador más reciente, calculado con datos de 2019-, Guatemala se ubicó en el puesto 93, más lejos del primer lugar del ranking (Noruega, 9.87 puntos) que del último (Corea del Norte, 1.08 puntos). Eso nos ubica en la categoría de “régimen híbrido”, sin caer en el autoritarismo, pero por debajo de las “democracias defectuosas”, lo que ya es una señal preocupante. En Latinoamérica solo punteamos mejor que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Bolivia. Más preocupante aún es comprobar que hace una década nuestra democracia era más sólida (con 6.07 puntos) que hoy.

El escenario podría ser peor, de no ser porque en dos de las categorías evaluadas nuestros resultados son relativamente buenos. Con 6.92 puntos, el proceso electoral (campaña política, votaciones, conteo de votos y asignación de resultados) fue bien valorado, lo que sugiere que las nuevas autoridades electorales deberían enfocarse en no debilitar los procesos que tanto ha costado conformar. De manera similar, la categoría de libertades civiles (de expresión, de organización), con 6.47 puntos, refleja aspectos que, con ahínco, se han ido arraigando entre los valores más preciados de la sociedad, pese a estar bajo continua amenaza.

Las que lastran el desempeño de la democracia guatemalteca son las otras tres categorías. El funcionamiento del gobierno obtiene una baja calificación (4.64), debido a la elevada precepción de corrupción y la poca transparencia y rendición de cuentas de los últimos años. Asimismo, las categorías de cultura política (4.38 puntos) y de participación ciudadana (3.89 puntos), epitoman todo lo que está mal en nuestro sistema de partidos políticos y en el consecuente desempeño de los candidatos electos: cacicazgo, exigua representatividad, inexistencia de ideologías, ausencia de propuestas, cortoplacismo, opacidad y búsqueda de rentas.

La tan anhelada reforma a la Ley Electoral debe poner atención a estos aspectos. No es solamente un reclamo de la sociedad civil; es una necesidad de Estado, puesta en evidencia por indicadores objetivos como los apuntados, y de cuya solución depende evitar que nuestra joven democracia continúe debilitándose.