Dialogar, Aunque Cueste

En periodos de crisis, de incertidumbre y de transición política, como los que ahora vivimos, es fácil caer en la tentación de ver al otro como enemigo, como el que no tiene la razón, como el que no merece ser tomado en consideración. Si no logramos superar esa tentación, será cada vez más difícil encontrar salidas a la crisis.

El país está viviendo desde hace varios meses un clima de crispación, confrontación y polarización que en nada contribuye a la convivencia social ni a la buena marcha de la economía. Aunque en el largo plazo se verán, sin duda, los frutos positivos de la transición política que se inició con la lucha contra la corrupción hace dos años, en el corto plazo esa lucha genera incertidumbres que, por desgracia, son poco propicias para el diálogo. Y es que en épocas de incertidumbre y transición resulta psicológicamente tranquilizante creer que uno está en el lado correcto de la historia y que es sobre los otros, los del bando opuesto, donde podemos descargar todos nuestros reproches y nuestra ira.

La incertidumbre respecto del rumbo que lleva la transición política (exacerbada por la ausencia de liderazgos políticos y de una agenda de Estado) conduce a antagonismos basados en la sobre-simplificación del pensamiento del rival y en caricaturizar al que no coincide con nuestras ideas, con lo cual se enfatizan las diferencias y se invisibilizan las coincidencias. Esa simplicidad conceptual agrava las desconfianzas entre individuos y grupos con opiniones encontradas: “no me junto con corruptos”, o “jamás me sentaré a la mesa con guerrilleros”, o “nunca dialogaré con explotadores” son las expresiones de quienes se refugian en su tribu para encontrar resguardos y apoyos ante la incertidumbre.

Pero ese refugio psicológico es, paradójicamente, el principal obstáculo para acabar con la incertidumbre, pues los posicionamientos extremos impiden pactar soluciones a la crisis. Lo que es peor: en el afán de excluir a quien no piensa como uno se atenta contra el principio del pluralismo –esencial para el funcionamiento de una república democrática- que sostiene que cualquiera que discrepe, aún siendo parte de una minoría, sigue perteneciendo a nuestra sociedad y, por ende, sigue teniendo el mismo derecho a expresarse y opinar como si formara parte de la mayoría. Los que se atrincheran en su tribu excluyente, por el contrario, solo tienen dos opciones: o logran imponer su verdad a toda la sociedad (incluso, si se requiere, por métodos violentos), o se refugian en la isla de los elegidos, donde preservan la pureza de su pensamiento, pero donde no logran cambiar ni un ápice la realidad que los incomoda.

Es menester salir de esas posiciones y establecer acuerdos que le permitan al país darle un propósito a la lucha contra la corrupción y un sentido a la transición política que hoy vivimos. Quizá convenga recordar que en nuestra experiencia como nación tenemos ejemplos de convivencia y de acuerdos en circunstancias tan difíciles como las actuales. La democracia y la paz de las que ahora disfrutamos los guatemaltecos, con todo y sus múltiples imperfecciones, son producto de acuerdos entre líderes que sufrieron los horrores del enfrentamiento fratricida y que comprendieron que el progreso pasaba por el diálogo y no por la aniquilación del adversario.

El terrible vacío de liderazgos que hoy sufre la clase política quizá sea una bendición disfrazada de tragedia. Quizá es mejor que sean los ciudadanos quienes llenen el vacío que hoy dejan los políticos tradicionales; que sean los ciudadanos quienes lideren los procesos de diálogo para alcanzar los acuerdos que el país necesita y quienes, mediante el voto consciente, devuelvan a la política su rol de servidora humilde de la ciudadanía. Vale la pena recordar lo que al respecto dijo el Papa Francisco hace casi dos años: “El mejor modo para dialogar no es el de hablar y discutir, sino hacer algo juntos, construir juntos (…) sin miedo de realizar el éxodo necesario en todo diálogo auténtico”.

Tiempos Conflictivos

La sociedad guatemalteca está peligrosamente dividida. En el umbral del enfrentamiento, es necesario recapacitar y enfocarse en los temas de fondo, lo cual implica un acuerdo nacional sobre la reforma institucional: sistemas de partidos políticos, de justicia, de servicio civil, de compras gubernamentales y de infraestructura pública. Sin esa reforma, no habrá desarrollo.

La semana pasada fui invitado por la Asociación de Gerentes de Guatemala a impartir una conferencia sobre la situación del país, en el marco de su programa Líderes en Contacto. El ambiente prevaleciente entre el público participante -que, sin duda, es un reflejo del sentir de las élites dirigenciales del país- era de una patente incertidumbre respecto de la situación económica, así como de un cierto temor respecto del clima de conflicto que parece haberse instalado en quehacer político nacional.

En cuanto a la situación política, es evidente que la problemática que estamos viviendo, aunque compleja, puede entenderse -y atenderse- mejor si reconocemos que  Guatemala está viviendo (desde abril de 2015) un típico periodo de transición política desde un antiguo régimen (donde las leyes y normas no eran obligatorias, donde el patrimonialismo definía el juego político-partidista y donde la corrupción y la impunidad eran una cotidianeidad socialmente tolerada) hacia un nuevo régimen (donde se aspira a contar con instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho).

Las transiciones, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, son procesos más o menos prolongados que generan una serie de tensiones sociales y de reacomodos políticos que en el largo plazo, si son bien conducidos, generan beneficios al país, pero que en el corto plazo ocasionan conflictos y enfrentamientos entre tres bandos: el que se resiste al cambio, el que anhela un cambio gradual y ordenado, y el que aspira a un cambio radical e inmediato.

En cuanto a la situación económica, a pesar de contar con un ambiente externo propicio (la economía mundial está en un periodo de auge) y de condiciones macroeconómicas estables (merced a nuestras políticas fiscal y monetaria ortodoxas), la muy baja -y malamente atendida- productividad del aparato económico, aunada a la conflictividad política, nos conduce a una permanente mediocridad del crecimiento económico y a muy escasos avances en materia de bienestar material.

Para superar la difícil coyuntura en los dos ámbitos (político y económico) se requiere de una agenda priorizada y de un liderazgo definido que den un aliento de esperanza ante la incertidumbre prevaleciente. Dicha agenda y dicho liderazgo deben enfocarse fundamentalmente en la reforma institucional: solo con instituciones más fuertes será posible darle sustento a la transición política (hasta ahora circunscrita al combate a la corrupción) y, simultáneamente, elevar la productividad del aparato económico (condición indispensable para lograr el desarrollo del país).

La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificada: sistema de justicia, sistema de servicio civil, sistemas de contratación e infraestructura pública, y sistema electoral y de partidos políticos. Si bien el contenido en detalle de las reformas puede y debe ser objeto de debate y discusión, la esencia y necesidad de las mismas debiese ser, más bien, motivo de unidad y consensos entre los distintos sectores organizados de la ciudadanía.

El reciente llamado al optimismo y al diálogo por parte del sector privado organizado en torno a una agenda mínima de país, o la apelación a la sensatez política por parte de las autoridades del banco central para minimizar la incertidumbre económica, o la exhortativa del a Conferencia Episcopal a procurar la cohesión y articulación de los sectores sociales empresariales, académicos y religiosos, son llamados que  ponen una luz de esperanza en la penumbra de conflictividad que se cierne sobre Guatemala. Sensatez política, madurez ciudadana y amor a la patria son los elementos esenciales para lograr acuerdos respecto de las reformas que el país reclama.

Un País Fragmentado

La sociedad guatemalteca está fragmentada en tribus -ideológicas, gremiales, económicas, intelectuales- que no se comunican entre sí. Quizá la única esperanza sean los jóvenes que (con menos taras del pasado) puedan estar en mejor disposición de dialogar y llegar a acuerdos mínimos sobre el país que anhelan

Existe la sensación de que Guatemala está polarizada; y, quizá en los ambientes de las élites urbanas, esa sea hoy la situación. Pero también parece que lo que mejor describe la actualidad política, económica y social del país es la fragmentación: un país dividido en grupos aislados unos de otros, en clanes que desconfían unos de los otros, en facciones verticalistas en las que los jefes prohíben a sus miembros comunicarse con los que piensan diferente y son considerados, por ello, rivales. Y cada grupo es reticente a colaborar con el rival en pro del bien común.

Están presentes muchos síntomas de una atomización tribal como lo atestiguan, por ejemplo, la proliferación en las ciudades de colonias cerradas, cuidadas por guardias fuertemente armados, incomunicadas del resto de la ciudad. O la búsqueda de atajos -aislados de lo que debería ser la dinámica social normal- para lograr la realización personal o la movilidad social (jóvenes que sólo ven su futuro viviendo en el exterior, o integrados en maras y grupos del crimen organizado).

La enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse legitimadas para tender puentes entre las distintas tribus. Tal debilidad y falta de legitimidad se ve en las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, que están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser no solo el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado, sino también la principal vía para canalizar el diálogo y las aspiraciones de los distintos colectivos sociales que, cada día, se atomizan más en procura de sus reivindicaciones particulares, al tiempo que se vacían (de personas, de ideas y de liderazgo) los partidos políticos.

La consecuencia de lo anterior es una enorme escasez de capital social que resulta altamente perjudicial para el desarrollo del país, ya que la confianza mutua entre los miembros de la sociedad (confianza que genera redes y valores compartidos que, a su vez, incentivan la cooperación social) es un elemento esencial para la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Y esa ausencia de objetivos comunes deja un vacío que se convierte en campo fértil para que florezcan el crimen organizado y la ingobernabilidad.

Para revertir esta situación es menester devolverle a la política su rol ético de obrar en la sociedad, mediante el ejercicio del poder, en procura del bien común. Ello requiere de una participación activa y comprometida de los ciudadanos (no hay democracia viable sin demócratas que la sostengan). Esa participación ciudadana hay que construirla desde las entrañas de la sociedad, lo cual implica recuperar la confianza mutua entre los diversos grupos que hoy la fragmentan.

Mediante una pedagogía de la ciudadanía -que debería ser liderada por el Ministerio de Educación- podrían formarse, desde niños, ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, y conocedores de los pesos y contrapesos que definen a nuestra república. Y mediante una pedagogía del encuentro -que debería ser liderada por las universidades del país- podrían construirse puentes entre los distintos grupos que hoy fragmentan nuestro país. Esto último implica un relevo generacional que se percibe indispensable: la generación que diseñó nuestro último gran pacto social (la Constitución de 1985) y la generación que no pudo a partir de éste construir una institucionalidad sólida, deben dar paso a los jóvenes. El necesario diálogo entre grupos -hoy fragmentados-, así como la construcción de puentes y el diseño del país que queremos para el futuro deben estar, principalmente, en manos de las nuevas generaciones.

Amenazas Contra la Libertad de Expresión

No sólo los dictadores atentan contra la libertad de emisión del pensamiento. A veces, también los adalides de lo políticamente correcto, en su afán de evitar "ofensas" contra las minorías y los desprotegidos, avalan que se aplique la censura. 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Eso dice el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e implica, en la práctica, que cualquier persona es libre de externar sus opiniones sin temor a sufrir represalias o censura del gobierno, ni sanciones sociales. Nuestra Constitución, en los artículos 5 (Libertad de Acción) y 35 (Libertad de Emisión del Pensamiento) lo refrenda ampliamente.

Sin embargo, con la proliferación de medios de comunicación electrónicos (cualquiera con acceso a internet puede hoy ser un emisor masivo de opiniones) se abre un debate respecto a la forma, condiciones y límites en que debe enmarcarse el ejercicio de ese derecho. Alrededor del mundo los gobiernos autoritarios buscan cómo restringir la emisión del pensamiento de sus ciudadanos y medios. Ya sea Putin mediante la oligopolización de la televisión, Correa mediante leyes restrictivas, o Xi Jinping mediante el uso directo de la censura informática son ejemplos de esta tendencia.

Pero no solo los gobiernos atentan contra la libre expresión del pensamiento. También ciertos intelectuales progres, bienintencionados promotores de lo políticamente correcto, convencidos de que las personas tienen el derecho a no ser ofendidas, claman porque alguna autoridad (¿la Fiscalía Contra el Insulto, el Procurador del Derecho a No Ser Agraviado, o la Policía de lo Políticamente Correcto?) supervise y limite las opiniones que sean potencialmente ofensivas hacia una persona o grupo (religioso, étnico, político o de cualquier otra categoría). El peligro es que interpretar si algo es o no ofensivo resulta muy subjetivo, y conferirle dicha interpretación a una autoridad gubernamental puede resultar escabroso y arbitrario.

Es cierto que debe haber ciertos límites a la libertad de expresión como, por ejemplo, la emisión de ideas o imágenes pedófilas, o las que provoquen un linchamiento, o las que violen la privacidad de las personas, o las que generen un ataque terrorista. Pero la regla general debe ser la de una libertad amplia para que todos los ciudadanos emitan su pensamiento; y las excepciones deben ser muy pocas.

Cuando algún intelectual posmoderno propugna porque se censure y castigue una expresión ofensiva hacia una persona o minoría, lejos de ayudar a quien pretende defender, termina validando los argumentos autoritarios y antidemocráticos que buscan limitar la libertad de expresión. Es cierto que todos debemos preocuparnos por defender a las víctimas de la discriminación; y, también, que en cualquier debate las buenas maneras son preferibles a las groserías. Pero ello no justifica que debamos coartar la libertad de expresión de quien no piensa como nosotros, aunque se exprese de manera grosera, impertinente o descortés.

La libertad de expresión es uno de los derechos más fundamentales del ser humano y es crucial para que una democracia funcione: la libre expresión del pensamiento es una herramienta eficaz para castigar a los malos gobernantes. Además, desde un punto de vista económico, la libre emisión del pensamiento es esencial para lograr una buena asignación de los recursos en el mercado (el Nobel en Economía, Amartya Sen, ha resaltado el hecho de que donde ha habido libertad de expresión nunca han existido hambrunas). La mejor defensa contra los argumentos ofensivos y discriminatorios no es la censura, sino el debate de ideas, el razonamiento y, en último caso, la protesta pacífica.