Remesas Bajo Amenaza

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares

No es que Donald Trump la tenga contra Guatemala. El recurso del garrote y la zanahoria lo ha empleado desde el día uno de su mandato para coaccionar a otros países -amigos o enemigos, ricos o pobres por igual- a acceder a sus deseos. Las amenazas y medidas contra la migración de guatemaltecos han sido numerosas: la construcción de un muro; la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); la suspensión de visas por lotería; la separación de menores de edad de sus padres; la ley que le obliga a informar a su Congreso sobre funcionarios del Triángulo del Norte involucrados en corrupción y narcotráfico; y, más recientemente, la amenaza de gravar las remesas, imponer aranceles y prohibir el ingreso de cualquier guatemalteco si no se firmaba el acuerdo para hacer de Guatemala un “tercer país seguro”.

Todas esas acciones representan un riesgo para nuestro país. Las remesas familiares que reciben los guatemaltecos equivalen al 12 por ciento del PIB y benefician a más de 1.5 millones de hogares, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos y el sustento del consumo privado, principal motor de nuestro crecimiento económico. Una caída abrupta del flujo de remesas acarrearía consecuencias muy negativas para la economía nacional. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional –FMI- realizó un cálculo de los efectos que se derivarían de una caída pronunciada en el flujo de remesas hacia Guatemala, que ocurriría si el gobierno estadounidense tiene éxito en obstaculizar el envío de remesas, en aumentar el número de deportados y en impedir el ingreso de nuevos migrantes. Según el FMI el impacto sería sustancial, permanente y negativo sobre la producción y el bienestar.

La caída de las remesas deprimiría el ingreso disponible y el consumo de los hogares; la menor demanda doméstica haría que las empresas redujeran sus inversiones. Si, por ejemplo, las remesas disminuyen en una tercera parte, la producción nacional sería menor en un 1 por ciento en los primeros 5 años, y en un 2 por ciento en el largo plazo, mientras que el consumo doméstico caería en más de 8 por ciento. Con menos divisas disponibles, sería necesario reducir la factura de importaciones y aumentar los ingresos por exportaciones, lo cual implicaría una rápida e importante depreciación del quetzal (de un 12 por ciento, que lo llevaría a unos Q8.80 por dólar) que, a su vez, elevaría la inflación importada. Y la prima de riesgo-país se elevaría, ocasionando un aumento de las tasas de interés domésticas que encarecerían el costo del crédito.

Aunque este escenario calamitoso todavía es improbable, no es imposible y subraya la importancia para el país de mantener relaciones positivas con los Estados Unidos. El horizonte se vislumbra complicado, con la lluvia de recursos legales que –tanto en Guatemala como en Estados Unidos- caerá sobre el convenio de Tercer País Seguro y sobre las demás medidas anti migratorias. Las tensiones migratorias entre ambos países persistirán, por lo que nuestro gobierno (el saliente y el entrante) debería cuanto antes aprender a negociar con dignidad y no solo hacer lo que nos dicen que hagamos –bajo amenazas- sin lograr nada a cambio.

Reactivación Económica: ¿Para Cuándo?

Más lejana aún se ve la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento del 6 por ciento

Se avizoran nubarrones en el horizonte económico -decíamos hace un par de semanas- debido a una confluencia de factores. En el ámbito internacional, el debilitamiento en el comercio mundial y menores flujos de inversión transfronteriza; y, en el ámbito doméstico, los elevados niveles de incertidumbre política y una caída en la confianza de consumidores e inversionistas. Las previsiones oficiales indican que la producción nacional -medida por el PIB- crecerá apenas arriba del 3% este año, y no se espera sino más de lo mismo en 2020. Este parsimonioso crecimiento (que se ha repetido por cinco años) está por debajo del 4% al que, en promedio, solía crecer nuestra economía en el lustro anterior. Así, parece cada vez más lejana la posibilidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico mayor al 6% que necesitamos para evitar continuar rezagándonos de la mayoría de economías en desarrollo que han crecido consistentemente a una mayor velocidad que Guatemala.

La respuesta ortodoxa de política económica para aumentar el crecimiento económico del mediocre 3% actual al histórico 4% sería aplicar medidas de aumento del gasto público (política fiscal) o de la oferta de dinero (política monetaria). En las actuales circunstancias del país, sin embargo, estas medidas no son fáciles de aplicar. Del lado fiscal, el gasto público está constreñido no solo por los modestos ingresos del gobierno (la recaudación de impuestos está cada vez más alejada de la meta), sino también por la extrema rigidez del presupuesto del Estado y, más aún, por la extrema incapacidad técnica e institucional que impide la implementación de proyectos -especialmente de infraestructura-.

Por el lado monetario, el Banco de Guatemala podría reducir su tasa líder de interés (para reducir el costo del crédito a las empresas y a los individuos) o inyectar quetzales a la economía adquiriendo parte de la sobreabundante oferta de dólares en el mercado (con lo que, al mismo tiempo, ayudaría al sector exportador -como lo hizo el año pasado- moviendo un tanto hacia arriba el tipo de cambio). Sin embargo, la poca penetración del sistema financiero en la economía real (el crédito bancario al sector privado representa menos del 38% del PIB, cuando ese porcentaje en Latinoamérica es del 49% y en Sudeste de Asia es del 150%) impide que las medidas monetarias se transmitan efectivamente a la economía real.

Más lejana aún se ve la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento del 6%, pues para ello no basta las medidas fiscales y monetarias, sino que se requiere de una profunda reforma del Estado y de sus instituciones que permita aumentar la productividad sistémica de la economía. En el corto plazo, el único factor que podría hacer variar este escenario lúgubre es un cambio en las expectativas de los agentes económicos. Esa inyección de optimismo (necesaria para el éxito tanto de las políticas de reactivación, como de la reforma institucional) solo puede venir del ámbito político. De allí la importancia de que las autoridades que resulten electas estén en capacidad, desde el mismo mes de agosto próximo, de transmitir un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y certeza que la economía nacional pide a gritos.

Hagamos grande a Centroamérica otra vez

“Si usted viviera allí”, le sugieren Shultz y Aspe a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”

George Shultz fue secretario de Trabajo y del Tesoro (finanzas públicas) de Richard Nixon, así como secretario de Estado (relaciones exteriores) de Ronald Reagan. Pedro Aspe fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas De Gortari. Ninguno de los dos, evidentemente, es un enemigo de la libre empresa ni del sistema capitalista. La semana pasada publicaron en el Wall Street Journal un artículo que titularon “Make Central America Great Again”, con la presumible intención de hacerlo llamativo para los funcionarios de la administración Trump.

Shultz y Aspe sostienen en su artículo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Trump para detener el flujo de migrantes ilegales del Triángulo Norte es invertir para mejorar esos países. Y es que los flujos de migrantes ilegales ocurren porque estos buscan en los Estados Unidos las oportunidades económicas y la seguridad personal que no encuentran en sus lugares de origen debido a la baja calidad de las instituciones de gobierno, a la violencia, a la falta de empleo y a la vulnerabilidad ante los desastres naturales. “Si usted viviera allí”, le sugieren a sus lectores estadounidenses, “también emigraría”.

Los países ricos necesitan de un flujo continuo -pero ordenado- de migrantes para renovar sus envejecidas poblaciones y dar sostenibilidad a sus economías. Pero en la realidad (como ocurre con los migrantes centroamericanos) esos flujos se dan por oleadas atropelladas que causan agobio y malestar en muchas sociedades industrializadas. Lo que es más grave es que esas oleadas vendrán en el futuro de países más grandes, y con más pobreza, que los del Triángulos Norte, tal el caso de Nigeria, Congo, India o Paquistán. Por ello el llamado a la acción es a los países avanzados, empezando por los Estados Unidos, para que, si quieren evitar las consecuencias de estas oleadas, contribuyan a cambiar la situación en los países emisores de migrantes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Y lo anterior solo se logra mejorando la calidad de sus gobiernos, fortaleciendo sus instituciones y aumentando su capacidad de proveer los servicios públicos básicos (educación, salud, seguridad y justicia). Entre las herramientas con las que, para el efecto, cuenta el gobierno estadounidense para contribuir al desarrollo de Centroamérica está su presupuesto de ayuda externa, su propia experticia y su músculo en organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo- para impulsar un programa profundo de fortalecimiento de capacidades en nuestra Región.

Por desgracia, ni el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Obama, ni el “Plan Marshall” del gobierno de López Obrador, ni -mucho menos- las políticas de construcción de muros y de separación de familias migrantes del gobierno de Trump se enfocan en atender los problemas de fondo del Triángulo Norte. Más bien parece que buscaran atender la conveniencia política y no soluciones de largo plazo, las cuales, aunque más difíciles de aplicar, resultan a la larga más efectivas. Ojalá los funcionarios del gobierno estadounidense pongan la debida atención a los consejos de Shultz y Aspe, por el bien de su propio país… y del nuestro.

Perspectivas económicas: nada mejor, no mucho peor

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han debilitado recientemente, a raíz de la absurda guerra comercial de los Estados Unidos contra China y otros países, en medio de una creciente incertidumbre política internacional. El panorama global es el de una expansión que se debilita: luego del sólido crecimiento en 2017 y principios de 2018, la producción mundial se desaceleró desde entonces. Tanto en los países ricos como en los países en desarrollo, las proyecciones de crecimiento para 2019-2020 se han reducido (tanto por parte del Fondo Monetario Internacional -FMI-, como de la OECD y la ONU). Además de una desaceleración prevista en el comercio internacional, los indicadores de confianza de las empresas se han deteriorado en todo el mundo, lo que ha plantado nubarrones sobre las perspectivas de inversión y los flujos de capital.

En respuesta al debilitamiento de la economía, y dadas las bajas presiones inflacionarias, los principales bancos centrales del mundo han suavizado sus posturas de política monetaria, pero la efectividad de estas medidas es aún incierta. Cómo afectará este panorama a la economía guatemalteca es algo que estaremos discutiendo este viernes en el seminario que sobre la situación económica realiza Consultores Para el Desarrollo –COPADES-, en donde veremos que ese panorama a la baja en la economía internacional impedirá que las exportaciones (que son uno de los motores de la producción nacional) se recuperen como era deseable después de la caída que registraron el año pasado.

La desaceleración internacional también afectará otro motor de nuestra economía: la inversión (construcción, maquinaria y equipo). Sin embargo, este segundo motor del crecimiento podrá contrarrestar el efecto negativo de los previsiblemente menores flujos de capital externo con un aumento en la inversión pública que se está dando este año y, quizá, por un aumento en la inversión privada que podría darse el año próximo, pero esto último dependerá crucialmente de cuán efectivo sea el nuevo gobierno para disipar la incertidumbre política y combatir la debilidad institucional.

Un tercer motor del crecimiento, el gasto del gobierno, seguramente aumentará este año (lo que normalmente ocurre cada año electoral) y, probablemente, se mantendrá relativamente expansivo el año próximo, debido a que los dos candidatos presidenciales que van a segunda vuelta han anunciado en sus planes de gobierno que incrementarán el gasto social y en infraestructura. Sin embargo, este motor de nuestra economía es muy pequeño como para ser determinante en cambiar el rumbo de la producción nacional.

El cuarto motor del crecimiento, el consumo de los hogares, es el más importante de todos y, dado su crecimiento vegetativo, es el que determinará que la economía guatemalteca continúe creciendo a un modesto ritmo apenas arriba del 3 por ciento anual. En el corto plazo, el potencial de este motor seguirá dependiendo en gran medida de las remesas familiares y estas, a su vez, dependerán en parte de cuán efectivas resulten las medidas anti-migrantes que impulsa el gobierno de Trump y que ahora parecen ser apoyadas por los propios gobiernos de México y de Guatemala.

¿Qué Hay de Malo con el TSE?

La injustificable incertidumbre post-electoral que estamos viviendo ha puesto al desnudo las debilidades institucionales del TSE. Con lo ocurrido en estas elecciones, no debería caber ninguna duda de que su reforma es imprescindible

Convengamos en que, dadas las características de nuestro aparato electoral -basado en el trabajo ciudadano de las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos-, las posibilidades de que se produzca un fraude en las urnas son casi nulas. Pero dicho esto (y sin ánimo de hacer leña del árbol caído), convengamos también en que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral han venido cometiendo, desde hace meses, una cadena de patéticos errores que ha llevado al borde del colapso todo el sistema electoral y ha generado un ambiente de caos e incertidumbre que solo beneficia a los enemigos de la democracia (incluyendo al crimen organizado).

¿Por qué en estas elecciones colapsó un sistema que había funcionado durante tres décadas? En realidad, lo que hoy presenciamos es el resultado de un proceso gradual de deterioro, determinado por las fallas de diseño institucional del TSE. Cuando esas fallas se conjugaron con un grupo de magistrados titulares académicamente grises, jurídicamente débiles y políticamente comprometidos, se reveló la vulnerabilidad de la institución que, finalmente, cayó víctima del asedio fraguado desde un régimen de partidos políticos en permanente descomposición. Peor aún, la mediocridad de los magistrados titulares se contagió a las instancias técnicas de la institución, dañando gravemente el prestigio y la credibilidad de una de las pocas reservas morales que quedaban en el aparato público guatemalteco.

La solución de fondo a esta tragedia en marcha no radica (como algunos piden) en que renuncien los magistrados titulares ni, mucho menos, en que se repitan las elecciones. Para que no vuelva a ocurrir un bochorno como el actual –y podamos rescatar nuestra frágil democracia-, la solución radica en una reforma institucional seria. Las dos fallas de diseño institucional más importantes a corregir son la falta de independencia de los magistrados y la ineficiencia funcional del TSE como organización.

La independencia de los magistrados es vital para que el TSE pueda ser el garante de la correcta aplicación de la ley, fijar jurisprudencia electoral y ejercer su autoridad fiscalizadora. Una forma efectiva de fortalecerla es aumentando el tiempo en el cargo de los magistrados y renovando el pleno de forma escalonada, de manera que las fuerzas políticas representadas en el Congreso no puedan influir en el nombramiento al unísono de todo el pleno de magistrados (como es el caso ahora).

La eficiencia funcional del TSE, por su parte, puede mejorarse radicalmente separando las funciones jurisdiccionales de las funciones de organización y de fiscalización electoral, de manera que los magistrados únicamente se dediquen a impartir justicia y fijar jurisprudencia, mientras que las demás instancias internas se encargan de la gestión de los procesos electorales. Con ello, los magistrados se liberarían no solo de las funciones cotidianas que no les son inherentes (y que deben ser manejadas por profesionales especializados), sino también de las decisiones relativas a compras y contrataciones que, desgraciadamente, siempre conllevan peligrosas tentaciones pecuniarias. Con lo ocurrido en estas elecciones, no debería caber ninguna duda de que estas reformas son imprescindibles.