La Economía No Es Como Solía Ser

Los estudiantes de Economía escogen esta disciplina porque aspiran a solucionar problemas de la vida real. ¿Es eso lo que se enseña actualmente en la academia?

Hace algunos días se difundió con rapidez una Iniciativa Internacional de Estudiantes por el Pluralismo en la Economía, suscrita por 65 grupos de estudiantes universitarios de 30 países, que expresaban mediante una carta abierta su desencanto con la forma en que se enseña la ciencia económica. Ese desencanto se suma a los de muchas personas del mundo de los negocios y de las finanzas que no se explican la incapacidad de los economistas de advertir sobre la crisis mundial de hace un quinquenio.

Algunas quejas de los estudiantes tienen que ver con sus sospechas de que el material de enseñanza refleja únicamente el pensamiento occidental. Lo anterior está relacionado con otras críticas mucho más radicales que cuestionan ya no sólo los enfoques tradicionales de enseñanza, sino que también (y especialmente) el sistema capitalista en el que se sustenta la mayor parte de la ciencia económica. Así, afuera de la profesión abundan los ataques contra –por ejemplo- los conceptos de cómo funcionan el mercado y los precios, o contra el valor informativo y práctico de las cuentas macroeconómicas (como el PIB).

Muchas de estas críticas y ataques están desenfocados porque caen fuera del ámbito de competencia de la ciencia económica. Por ello, lo primero que convendría aclarar es la naturaleza científica de la Economía. La definición estándar que se enseña desde hace mucho tiempo indica que es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios que, siendo escasos, tienen usos alternativos.

Claro está que no se trata de una ciencia “dura” (como podría serlo, por ejemplo, la Física). Una ciencia es una disciplina de pensamiento que hace hincapié en proponer hipótesis básicas y luego realiza experimentos controlados para comprobar la validez de las hipótesis. Los economistas no pueden hacer experimentos controlados en el laboratorio, sino que usan evidencia histórica y estadística para simular tales experimentos. La Economía es una ciencia en algunos aspectos y no en otros; pero lo mismo puede decirse de casi cualquier otra ciencia.

Si bien se trata de una disciplina relativamente joven que aún está en proceso de consolidar sus leyes e identificar las relaciones que la definen, a lo largo de su existencia ha generado un acervo de conocimiento (la oferta y la demanda, el análisis marginal, la importancia de la productividad, la ventaja comparativa, los rendimientos decrecientes, etcétera) alrededor del cual existe un aceptable nivel de consenso, que ha sido (y aún es) de utilidad para entender el comportamiento en sociedad y la manera en que éste puede ser utilizado para el bien común.

Ciertamente la disciplina de la Economía tiene muchas falencias, como el exagerado uso de los modelos matemáticos, o la propensión a la contaminación ideológica, o el privilegio excesivo que la academia (especialmente la dominante anglosajona) otorga a la investigación (cuantitativa) sobre la docencia, o el hecho de que en dicha investigación se ignora flagrantemente el análisis económico aplicado a los países con mayores niveles de pobreza.

El enfoque y la enseñanza de la Economía deben evolucionar con las circunstancias. Los estudiantes de Economía de hoy (y los que alguna vez lo fuimos) escogen esta disciplina porque tienen la expectativa de comprender, y quizá de solucionar, problemas económicos de la vida real: la pobreza, la inequidad, las crisis financieras, o la inflación. Es natural que se frustren cuando el pensum los obliga a memorizar modelos basados en el comportamiento de un agente económico que en teoría toma decisiones racionales. Lo importante es que la Economía no se empeñe en enseñar paradigmas metodológicos, sino en descubrir cómo las leyes esenciales y las relaciones básicas de la vida económica pueden usarse pragmáticamente para atender problemas del mundo real.

Todo el mundo, y especialmente los países pobres, se beneficiarían si hubiese más economistas tratando de descifrar los desafíos de la escasez. Con más y mejor investigación técnica, pragmática en vez de ideológica, sería más fácil diseñar políticas públicas basadas en evidencia objetiva –y no en los caprichos de los políticos-. La ciencia económica debe estar, pues, más dispuesta a abrirse al pragmatismo y a aventurarse fuera de sus torres de marfil.

Tijeras Contra la Corrupción

Las dos cuchillas del combate a la corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público

Para combatir eficazmente la corrupción, cortar de tajo sus nefastas raíces y revertir la imperante cultura de nihilismo ciudadano, es necesario contar con herramientas institucionales adecuadas. Pensando en herramientas podemos imaginar, por ejemplo, unas tijeras: dos cuchillas que giran sobre un eje respecto al cual se sitúan los filos de corte y que hacen palanca con el mango situado en el lado opuesto. Las dos cuchillas del combate a la corrupción son la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, en tanto que la potencia sobre el mango la debería ejercer la voluntad política de los tres poderes del Estado.

Para que estas tijeras funcionen necesitan apoyarse en el eje común de una tolerancia cero de la ciudadanía respecto de la corrupción. Ello requiere de una conciencia clara respecto de cuán perniciosa es la corrupción para el desarrollo y el bienestar de los guatemaltecos.

Existen diversos estudios que demuestran que la corrupción es un grave obstáculo al desarrollo porque impone cargas que desincentivan la realización de negocios lícitos y, por ende, afecta la inversión. Además, en la medida en que la corrupción se arraiga y permanece impune, muchas personas talentosas pueden verse incentivadas a dedicarse a buscar rentas ilícitas, por lo que los recursos económicos del país se asignan ineficientemente y el crecimiento económico sufre. También la eficiencia del gobierno, la recaudación fiscal, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos, así como las prioridades del gasto gubernamental, se ven gravemente afectadas por la corrupción.

La corrupción se manifiesta en múltiples actos anómalos en la administración pública tales como el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito; la estafa; el fraude; la defraudación fiscal (incluyendo el contrabando); o, la malversación de fondos. Todos estos pueden tener vínculos perniciosos con el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico). La cuantificación de los costos de tales actos es enorme.

Un estudio de la ONG Acción Ciudadana (“Impunidad y corrupción en el ámbito fiscal”, publicado en 2000) estimaba que Guatemala se encontraba entonces dentro del promedio latinoamericano de corrupción, lo que representaba un costo equivalente al 24% del Presupuesto del Estado (lo que, de continuar igual, significaría uno Q16,000 millones para 2014). Declaraciones de la propia vicepresidenta Roxana Baldetti, en 2012, estimaban que en 2011 las pérdidas por corrupción fueron de Q15,000 millones. Recientemente la diputada Nineth Montenegro estimaba que, sólo en inversión, el presupuesto del Estado sufría una fuga de 20% en sobreprecios, mala ejecución y “comisiones” que se pagan por la construcción de obra pública. Al respecto señaló que ese presupuesto corruptible se debía a que la Contraloría y el Ministerio Público eran en presupuesto y recurso humano y no tienen la capacidad de fiscalizar o investigar este tipo de delitos que al final no tienen consecuencias para el funcionario público o los particulares que facilitan tales actos.

Esta situación tiene repercusiones negativas en el clima de negocios y en la generación de inversión y empleo. El Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente elabora Transparencia Internacional ubicó a Guatemala en 2013 en el puesto 123 de 177 países, su peor posición desde 1998 cuando se empezó a incluir al país en la medición. Por otro lado, un informe del gobierno de  Estados Unidos sobre la situación mundial de los derechos humanos (en 2013), señala que una de las principales preocupaciones para el caso de Guatemala es la corrupción generalizada institucional, en particular en los sectores policial y judicial.

Ante gigantesco reto que para nuestro país significa la corrupción, quizá quepa ver como una gran oportunidad el hecho de que en 2014 se produce una renovación de las máximas autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría: sólo en la medida en que estas instituciones se fortalezcan, se coordinen y se enfoquen en luchar eficazmente contra la corrupción, será posible acelerar la urgente tarea de reducir sus nefastas consecuencias sobre el presupuesto del Estado y el desarrollo nacional. Además, la permanente vigilancia de la opinión pública sobre tales temas será crucial para avanzar en esta lucha.

Inseguridad: un Enfoque Económico

Desde el punto de vista de la teoría económica, el costo de la conducta criminal depende de la probabilidad de ser atrapado y de la severidad del castigo que se recibirá

La semana pasada se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Seguridad, organizado por las gremiales de empresas de servicios de seguridad. Como parte del evento, fui invitado por el Comité Organizador a participar en un panel de discusión (que también integraron Paola Hurtado, Phillip Chicola, y Rodolfo Muñoz Piloña, moderado por Juan Carlos Sandoval), con la encomienda de dar una visión de la (in) seguridad desde el punto de vista de la ciencia económica.

Con ese marco de referencia, se mencionaron las cifras que contundentemente evidencian los enormes costos que la inseguridad y la delincuencia imponen a las posibilidades de desarrollo del país. Diversos estudios demuestran que la inseguridad genera costos que representan una buena proporción de la actividad productiva nacional. Un estudio de PNUD mostraba que la violencia le cuesta a Guatemala alrededor de un 7.3% de su PIB: 2.8% por gastos asociados a la pérdida de salud de la población; 0.8% por gastos gubernamentales en seguridad y justicia; 1.8% por gastos en contratación de seguridad privada; 0.8% por pérdidas materiales; y, 1.2% por el deterioro del clima de inversión. 

Curiosamente, unos días antes del Congreso había fallecido el profesor Gary Becker, premio Nobel de Economía, quien entre su prolífica investigación había incursionado en campos que tradicionalmente se consideraban sociológicos, como por ejemplo los temas de discriminación racial, criminalidad, organización familiar, y adicción a las drogas. Becker sostuvo siempre que muchos tipos diferentes de comportamiento humano (incluyendo el criminal) pueden ser compatibles con la maximización racional de la utilidad individual. De manera que resultó oportuno compartir con el panel dicho enfoque, especialmente porque de él pueden derivarse conclusiones útiles en materia de políticas públicas de prevención y de combate a la criminalidad.

La teoría económica del crimen parte del supuesto (lúgubre, como es usual en la ciencia económica) de que los individuos sopesan racionalmente todas sus opciones, incluyendo los ilegales: si se presenta una oportunidad de obtener una utilidad sin riesgo de errores, la van a aprovechar. Con base en ello Gary Becker estableció en 1968 un marco teórico para analizar cómo los delincuentes sopesan los costos y beneficios de infringir la ley. El coste previsto de la conducta criminal depende de dos factores fundamentales: uno es la probabilidad de ser atrapado; y el otro es la severidad del castigo que recibirán en caso de ser atrapados.

Los aspirantes a criminales sopesan esos factores versus los beneficios del crimen. Si la probabilidad de ser atrapado o el nivel del castigo son demasiado bajos, entonces los costos esperados podrían ser compensados ​​por los beneficios y, en tal caso, el crimen sí paga y resulta racional. De aquí se deriva que los objetivos de la acción contra el crimen deben enfocarse tanto a aumentar la probabilidad de capturar a los delincuentes, como a aumentar la severidad de los castigos en proporción al crimen.

Esas son precisamente las metas a perseguir por parte de las políticas de prevención y combate a la delincuencia. Eso sí, tales metas deben perseguirse de forma equilibrada. Los castigos, aunque estrictos, deben ser proporcionales al crimen cometido pues, de lo contrario, pueden ser contraproducentes. Si son excesivamente rigurosos, tenderán a no ser aplicados, a acarrear costos muy elevados en caso de errores judiciales, o a inhibir el emprendimiento humano en caso de negocios naturalmente riesgosos. Por otra parte, aunque existan castigos severos, si existe una baja probabilidad de atrapar a los malhechores, en nada disuadirán el comportamiento criminal.

Una de las conclusiones del panel de discusión fue que, con base en lo apuntado, el combate a la inseguridad puede ser conceptualizado desde una perspectiva económica como una inversión; es decir que cualquier gasto que se realice en este campo, si está enfocado en los objetivos antes descritos, no será dinero desperdiciado sino que va a generar ingresos en el futuro. Asimismo, que dicha inversión social será más eficiente en la medida en que privilegie la prevención del crimen y se realice de manera coordinada y complementaria entre la autoridad estatal, el sector empresarial y las comunidades.

El Desafío del Nuevo Rector

Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima

La Universidad de San Carlos –USAC- culminó recientemente el proceso interno de elección de quien será su nuevo rector para el período 2014-2018. Quizá cuatro años sean muy pocos para enfrentar los innumerables retos que Carlos Alvarado Cerezo deberá enfrentar para revertir los graves problemas académicos, económicos y administrativos que aquejan a la universidad estatal, de donde se hace evidente que él y su equipo deberán priorizar sus acciones y enfocar sus esfuerzos en los temas más ingentes.

Una forma adecuada de establecer esas prioridades es partir del reconocimiento de que la USAC es una entidad pública que se sostiene fundamentalmente con el aporte que todos los guatemaltecos –pobres y ricos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos- hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. En efecto, los guatemaltecos le confiamos a la USAC más de Q1400 millones al año, principalmente para que le brinde educación a más de 180 mil estudiantes que, en su mayoría, pertenece a los estratos socioeconómicos medios del país.

En ese sentido, resulta incuestionable que uno de los principales desafíos (quizá el más importante de todos) de la nueva administración sancarlista sea el de poner en orden la casa, lo cual supone, antes que nada, rendirle cuentas claras a la sociedad de la cual se sostiene y a la cual se debe. El precio de la autonomía que la Constitución Política de la República le confiere a la USAC debe ser (como lo debió ser siempre) el uso eficaz y transparente de los recursos del erario público que se le confían anualmente. Sin una efectiva rendición de cuentas, la autonomía universitaria deviene ilegítima.

Los más denodados esfuerzos de las autoridades universitarias deberían entonces dirigirse a explicar cuán eficiente es esa casa de estudios en brindar educación superior de calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad guatemalteca; asimismo, y no menos importante, esos esfuerzos deben dirigirse a rendir cuentas respecto de cómo gastan o invierten los cientos de millones de quetzales que reciben del gobierno central. Para el efecto no hace falta inventar el agua azucarada, sino seguir el ejemplo de las mejores prácticas en materia de transparencia administrativa de otras universidades estatales de este Hemisferio.

Una manera pragmática de hacerlo sería que el nuevo rector persuada al Consejo Superior Universitario de que, en aplicación de las pautas exitosas de buen gobierno corporativo, conformen comités específicos especializados en los distintos temas estratégicos sobre los cuales la USAC debe responder ante la ciudadanía, especialmente en materia presupuestaria, administrativa y financiera. Un comité para administrar el patrimonio universitario y el manejo de los asuntos presupuestarios, y otro comité de auditoría, ambos conformado por personas de reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros, podría ser un gran avance.

El funcionamiento de dichos comités, que idealmente deberían ser independientes del rector y del Consejo, garantizaría un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Las autoridades también deberían adoptar la sana costumbre de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados por un auditor externo calificado, los cuales deberían estar disponibles como información pública junto con información mensual de los estados de situación financiera; el estado de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes instancias universitarias. La USAC también debería publicar un sistema de indicadores para medir su desempeño como, por ejemplo, cuánto es su gasto anual por alumno; qué porcentaje de quienes ingresan a la universidad se gradúan; cuántos artículos académicos en revistas internacionales o cuántos libros publican sus profesionales.

El desafío del nuevo rector pasa por comprender que la mejor y más decente manera de darle legitimidad y sostenibilidad a la autonomía universitaria consiste en rendirle cuentas claras a la población respecto del manejo de los millonarios recursos a su cargo y de los resultados académicos con ellos obtenidos. Ese sería el primer gran paso concreto en el rescate institucional de la universidad estatal.

Un Nuevo Escenario Mundial

La Reserva Federal (banco central) de los Estados Unidos ha empezado a reducir su política de expansión monetaria, lo cual va a revertir definitivamente la abundancia de liquidez monetaria mundial, con repercusiones para Guatemala. La pregunta relevante ahora no es si acaso subirán las tasas de interés, sino más bien cuándo comenzarán a hacerlo.

En su más reciente reporte (Perspectivas de la Economía Mundial, de abril de 2014) el Fondo Monetario Internacional –FMI- señala que, aunque la recuperación mundial aún es frágil, el crecimiento de la producción mundial se acelerará en alrededor de 0.6 puntos porcentuales al pasar de 3.0% en 2013 a 3.6% en 2014. En la medida en que los países desarrollados dan señales más sostenidas de recuperación, empiezan a retirar sus políticas de estímulo monetario, lo cual implicará una gradual reducción en los niveles de liquidez a nivel global que, a su vez, encarecerá el acceso al financiamiento en los mercados internacionales.

La gradual restricción en las condiciones monetarias y de liquidez en los mercados financieros mundiales tendrá el efecto adicional de revertir la dirección de las corrientes financieras, de manera que han empezado a aparecer presiones a la depreciación de las divisas en los mercados emergentes, dejando expuestos a los países que sufren de posiciones fiscales débiles y poco control sobre la inflación. La pregunta relevante no es si acaso subirán las tasas de interés, sino más bien cuándo comenzarán a hacerlo. En tal sentido, es de esperar que estas economías enfrenten crecientes dificultades para financiar sus déficits fiscales en los mercados externos debido a mayores costos por conceptos de tasas interés y una mayor depreciación de sus monedas.

Consecuentemente, es de crucial importancia que tanto el sector público como el sector privado guatemaltecos estén preparados para afrontar estos cambios en las condiciones de liquidez que significarán un encarecimiento del financiamiento externo y una reversión en la dirección de las corrientes de capital. En efecto, después de un largo periodo de flujos de capitales positivos hacia los mercados emergentes y las economías en desarrollo, el inicio de la reversión en la dirección de estos flujos implicará que economías como la guatemalteca deberán enfrentarse a condiciones financieras externas más volátiles y a mayores primas por riesgo, por lo que tendrán que lidiar con una serie de vulnerabilidades macroeconómicas y apuntalar una economía más sana y resistente ante los vaivenes externos.

En tal sentido, resulta positivo y muy oportuno que las autoridades económicas de gobierno y dirigentes del sector empresarial estén reactivando sus esfuerzos de coordinación para priorizar el seguimiento de la calificación de riesgo-país. Dicha calificación se refiere a las evaluaciones periódicas que sobre los principales factores de riesgo, retos y puntos fuertes de la economía nacional, elaboradas por las Agencias Calificadoras: Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch Rating, las cuales buscan medir la eventualidad de que el país incumpla sus obligaciones crediticias con algún acreedor extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación financiera.

Las principales fortalezas de nuestra economía, según dichas calificadoras, son que contamos con una estabilidad macroeconómica sostenida, un déficit fiscal manejable con un nivel relativamente bajo de endeudamiento, una reconocida estabilidad monetaria bajo un sistema creíble de metas de inflación, y un déficit externo (balanza de pagos) moderado (el más bajo de Centroamérica). El primer desafío para Guatemala ante el nuevo escenario económico mundial consiste, entonces, en sostener y apuntalar estas fortalezas, lo cual supone mantener aplicación prudente y disciplinada de las políticas fiscal y monetaria por parte del Ministerio de Finanzas y del Banco de Guatemala, respectivamente.

Una vez logrado lo anterior, el desafío pasa a ser el de revertir los factores que las referidas calificadoras han identificado como los más riesgosos: la falta de avances en el tratamiento de los factores estructurales que han contribuido a la disminución relativa de la capacidad económica del país, la ausencia de mejoras sustanciales en la recaudación de impuestos, el bajo nivel en los indicadores de desarrollo social, la debilidad de las instituciones públicas y los niveles de delincuencia asociada al crimen organizado. Estos son los retos que el nuevo entorno mundial impone para lograr las reformas estructurales que promuevan la inversión y proporcionen la base para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.