TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS

LA GOBERNANZA Y A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL SON CLAVES PARA LAS DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS

La semana anterior tuvo lugar una interesante conferencia impartida por Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington del Consejo de las Américas y de la Americas Society, donde promueve la importancia que Latinoamérica tiene para los intereses económicos, de seguridad y estratégicos de los Estados Unidos. La conferencia, organizada por GuateÍntegra, se enfocó en la importancia que la transparencia y la integridad en los negocios para favorecer un clima favorable al desarrollo de los países. Varios aspectos resaltan de la interesante (y, en gran medida, desafiante) plática de Farnsworth.

En el mundo actual, los aspectos relativos a la gobernanza y a la sostenibilidad social de los negocios son claves para determinar las decisiones de los inversionistas y, por ello, la transparencia y la integridad resultan esenciales, tanto a nivel macro como a nivel de las empresas. Para un país como el nuestro, que necesita integrarse a los mercados y flujos internacionales, tales aspectos resultan aún más relevantes ante el parteaguas que ha surgido en la post-pandemia: el nearshoring y el friendshoring. Estos no son otra cosa que la búsqueda de los negocios estadounidenses de nuevas ubicaciones, más cercanas y amigables que sus actuales emplazamientos en Asia, lo que plantea una oportunidad única para atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico, situación que ya están aprovechando Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Esa oportunidad solo durará un par de años, por lo que a Guatemala le urge actuar.

Para atraer inversiones no basta con estar bien situados geográficamente, con tener un clima primaveral ni con la riqueza cultural del país. Las inversiones solo vendrán, en la cantidad y la calidad necesarias, en función de que exista un clima de negocios adecuado, es decir, que exista certeza jurídica, respeto a los contratos, un sistema de justicia eficaz, buena calidad del capital físico (infraestructura) y humano (educación y salud), y estabilidad macroeconómica. El sector empresarial puede -y debe- jugar un rol de liderazgo promoviendo -e impulsando ante los estamentos políticos- políticas e instituciones conducentes a fortalecer ese clima de negocios.

Al enfatizar el sentido de urgencia de las acciones a emprender para aprovechar este parteaguas, Farnsworth sugirió algunas ideas audaces cuya adopción valdría la pena considerar. Por ejemplo, solicitar la incorporación de Guatemala al USMCA (que es el acuerdo de libre comercio que sustituyó al NAFTA), a fin de adoptar una agenda de acciones y reformas que permitan el ingreso de nuestro país a dicho club; o apostar decididamente por la digitalización del Estado, tanto en educación, como en los procesos gubernamentales o del propio sistema de justicia; o realizar una contribución financiera temporal y extraordinaria para combatir la delincuencia (como lo hizo Colombia en su momento); o la adopción de un código de conducta nacional hacia la transparencia. Estos esfuerzos pueden ser costosos a corto plazo, pero serían abundantemente redituables a largo plazo. El desafío inicial es atreverse.

LA CRISIS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

IMPLICA SUPERAR LAS DEBILIDADES DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y DE JUSTICIA

 El respeto y protección del derecho de propiedad de los individuos (sobre su fuerza de trabajo, sus conocimientos y sus bienes muebles e inmuebles) es fundamental no solo desde el punto de vista filosófico-moral, sino también desde el punto de vista pragmático-económico. Una sociedad donde abunden los propietarios y estos puedan disponer libremente de sus bienes puede garantizar que se tomen múltiples decisiones independientes respecto del intercambio de bienes y servicios, lo que aumenta la productividad y la eficiencia sistémica y, a fin de cuentas, favorece no solo al propietario sino a la sociedad en su conjunto porque viabiliza la economía de mercado.

 Por eso resulta preocupante que en el más reciente Índice Internacional de Derechos de Propiedad -IPRI-, la puntuación obtenida por Guatemala se haya deteriorado por sexto año consecutivo ocupando el puesto 103 de los 129 países evaluados, por lo que nos encontramos entre el 33 por ciento de países peor calificados. Tres sub índices componen el IPRI: derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad física y entorno político-legal; este último es el que más debilidades muestra en Guatemala (particularmente por la mala calificación en materia de Estado de Derecho y de control de la corrupción), aunque también se aprecian importantes debilidades en los registros de propiedad y en la protección de los derechos de autor.

 El IPRI fue presentado y analizado hace algunos días por el Observatorio de Derechos de Propiedad, entidad que también presentó un revelador y oportuno estudio sobre la crisis oculta de los derechos de propiedad en nuestro país. El estudio señala que dicha crisis se explica por tres aspectos clave. El primero es la falta de acceso a la Justicia, pues los ciudadanos le temen, consideran que las instituciones son ineficientes y perciben altos niveles de impunidad y falta de certeza. El segundo es la enorme debilidad institucional en materia de registros, tanto del Registro de la Propiedad (vulnerable, incluso, a estructuras criminales dedicadas al robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro), como en el Registro de Información Catastral -RIC- (que en sus 17 años de existencia apenas ha completado el proceso catastral en el 4 por ciento de los municipios del país). Y el tercer aspecto es el crimen organizado que, a través de invasiones de propiedades y del robo de fluidos, busca desestabilizar las regiones con el propósito ulterior de facilitar sus actividades delictivas.

 Para enfrentar esta crisis se requieren acciones urgentes, pero bien estructuradas, a fin de reformar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente, accesible e independiente para restaurar rápidamente los derechos de propiedad cuando sean vulnerados; de fortalecer, modernizar, coordinar y vincular al Registro de la Propiedad con el RIC; y, de crear una política criminal contra el despojo de bienes que mejore la coordinación de los garantes de propiedad (Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial). Estas acciones de política pública son esenciales si aspiramos alguna vez a tener un auténtico país de propietarios y una efectiva economía de mercado.

LOS DÉFICITS FISCALES SÍ IMPORTAN

ES ENORME LA TENTACIÓN DE AUMENTAR EL DÉFICIT FISCAL EN UN AÑO ELECTORAL

Después del enorme aumento del déficit fiscal que sufrió Guatemala en 2020 a raíz del gasto gubernamental extraordinario para combatir los efectos del confinamiento disparado por la pandemia, parece ser que en los círculos políticos e, incluso, en algunos círculos académicos se debilitó el tradicional respeto y temor -que solía ser generalizado- respecto de lo pernicioso que son los déficits fiscales. En el marco de la discusión de un nuevo proyecto de presupuesto del Estado para 2023, cunde sigilosa en los corrillos parlamentarios la peligrosa idea de que “un poquito más de déficit fiscal, no importa”. Aparentemente, las lecciones de la historia tienden a olvidarse.

Si bien es cierto que el uso del déficit fiscal como una herramienta anticíclica (para moderar los efectos recesivos de crisis mayores y específicas como, por ejemplo, lo fue la generada por la pandemia en 2020) está justificado, también lo es que la historia demuestra que esas expansiones del gasto gubernamental no solo son insostenibles a mediano plazo (una vez superada la crisis, el déficit debería volver a reducirse), sino que pueden resultar muy peligrosas si se mantienen en el tiempo. La historia, en todo el mundo, demuestra que aplicar una política fiscal expansiva (que implica sostenidos y elevados déficits fiscales) cuando no existe una recesión severa, va a resultar siempre en un aumento del costo del crédito y en fuertes presiones inflacionarias.

A raíz de los gigantescos estímulos fiscales que se dieron alrededor del mundo durante el primer año de la pandemia, se han realizado diversos análisis sobre el impacto de dichos gastos sobre la inflación. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional -FMI- confirma que la expansión fiscal contribuyó decisivamente a las tensiones de precios al alza que hoy afectan a todo el mundo. Incluso si nos centramos en la inflación hasta febrero de 2022, que no incluye las perturbaciones asociadas con la guerra en Ucrania, resulta que los países con un gran estímulo fiscal experimentaron estallidos de inflación más fuertes. Los déficits fiscales elevados siempre han sido, y siguen siendo, muy peligrosos.

Por esa razón es que, en el caso de Guatemala, resulta loable y meritorio que el enorme déficit fiscal en que se incurrió en 2020 -justificado por la pandemia- haya sido corregido rápida y efectivamente en 2021, lo cual fue motivo de elogios por parte de las calificadoras de riesgo-país y del propio FMI. Pero, por esa misma razón, es de crucial importancia que la meritoria corrección del déficit lograda el año anterior no se revierta en 2022 ni, especialmente, en 2023 que, además, es un año electoral. El proyecto de presupuesto para el próximo año (recientemente presentado por el Ejecutivo al Congreso para su discusión y aprobación) muestra, en general, cifras macroeconómicas razonables, con un déficit fiscal que apunta a mantenerse en límites tolerables. Ojalá que en el organismo legislativo no caigan en la tentación de trastocar esas cifras bajo la falsa premisa de que “un poquito más de déficit, no importa”.

LIBERTAD, SUBSIDIARIEDAD, SOLIDARIDAD

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO NO SOLO ES VIABLE; TAMBIÉN ES RECOMENDABLE

La semana pasada fui invitado por la Fundación Konrad Adenauer para disertar sobre la viabilidad de la Economía Social de Mercado -ESM- en Guatemala. La ESM es un sistema que, respetando al mercado y las libertades y controles que deben garantizarse para que este funciona adecuadamente, los combina eficazmente con un orden social que procura la equidad dentro de un orden político democrático. Se trata de que la sociedad se beneficie de la eficiencia del mercado para generar paz social.

De alguna manera, más o menos explícita, la Constitución Política de la República de Guatemala no solo es compatible, sino que orienta los quehaceres del Estado hacia el principio esencial de la ESM, que es la primacía y dignidad de la persona humana, así como hacia sus principios operativos básicos: la libertad individual y empresarial con responsabilidad y con acceso a un mercado competitivo; la certeza sobre la propiedad privada; la solidaridad (incluyendo redes de protección como el seguro social); y, la subsidiariedad (todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, por sí solo o en su círculo, no forma parte de las funciones del gobierno: las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o auxilian a las de cada individuo). 

En la práctica, la ESM no ha logrado establecerse en el país porque, entro otras razones, los políticos y funcionarios no han tenido claro cuándo y cómo aplicar adecuadamente las políticas económico-sociales. Atendiendo al principio de subsidiariedad, un Estado eficiente solo debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice las libertades básicas, para corregir las fallas del mercado (como las externalidades o la información asimétrica) y para procurar la paz social mediante instituciones que legitimen el sistema de mercado. Según la ESM las políticas económicas se pueden dividir en dos categorías: las políticas de procesos (como la política fiscal o la monetaria) que buscan influir sobre los procesos económicos y sus resultados; y, las políticas de ordenamiento que, a través de reglas e incentivos (es decir, de instituciones) buscan establecer el orden económico deseado.

En cuanto a la primera categoría de políticas (la de procesos), al parecer no lo hemos hecho tan mal como país, pues así lo demuestran los sólidos indicadores de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, reconocidos internacionalmente. En contraste, donde evidentemente hemos fallado es en las políticas de ordenamiento, como lo demuestran los precarios indicadores de calidad institucional y gobernanza de Guatemala. Esa precariedad institucional impide el establecimiento de un orden económico que, como lo persigue la ESM, constituya un marco de certeza jurídica, eficiencia económica y mayor productividad. Para revertir tales indicadores, es indispensable que los liderazgos del país -empezando por el estamento político- cobren conciencia de la necesidad de establecer ese orden económico basado en instituciones y, a partir de allí, emprender las reformas necesaria con voluntad política.